INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2009

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.        Hace 50 años, los Ministros de Relaciones Exteriores de 21 países del Hemisferio se congregaron en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros en Santiago de Chile y firmaron la Declaración de Santiago, en la cual se reconoció que "la armonía entre las Repúblicas americanas sólo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas". Los  Ministros acordaron la adopción de una Convención Americana sobre derechos humanos y crear órganos que se encargaran específicamente de velar por la tutela y observancia de estos derechos.  En este contexto nació la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el primer órgano de la OEA encargado de promover el respeto de los derechos fundamentales en la región.

2.        En estas cinco décadas, la CIDH ha impulsado reformas estructurales que han fortalecido la vigencia de los derechos humanos en toda la región. A través de sus pronunciamientos y recomendaciones, de sus informes y visitas, así como de la interacción con los demás actores del sistema, la Comisión Interamericana ha avanzado en la protección de derechos humanos de todos los sectores de la población.

3.        Entre algunos aportes cabe mencionar la derogación de las leyes de amnistía, así como la derogación de leyes de desacato que penalizan expresiones críticas a los funcionarios públicos. Asimismo, en cumplimiento de los informes de la Comisión Interamericana sobre casos individuales, y sobre situaciones generales, varios Estados miembros de la OEA han tomado medidas tales como la adopción de leyes que sancionan la violencia doméstica; la adopción de políticas públicas dirigidas a erradicar el trabajo forzado y la violencia contra la mujer; y a garantizar la participación política  y el derecho a la propiedad de sus tierras de los pueblos indígenas, entre otros.

4.        El marco del cincuentenario de la CIDH ha sido propicio para celebrar importantes logros en la protección de los derechos humanos en la región, y ha permitido renovar su compromiso por la defensa y promoción de estos derechos.  Durante la visita conmemorativa de la Comisión Interamericana a Chile, el 3 de septiembre de 2009 la CIDH firmó la declaración de Santiago de Chile, en donde  la Comisión  declara que el fortalecimiento del sistema "es posible mediante la renovación, consolidación y universalización de los ideales de derechos humanos", tarea que debe ser emprendida conjuntamente por los órganos del sistema interamericano, los Estados miembros y la sociedad civil. Asimismo, recalca la importancia de la democracia efectiva para el goce pleno de los derechos humanos y la necesidad de continuar el diálogo constructivo entre los usuarios y usuarias del sistema interamericano de derechos humanos para su fortalecimiento.  Por último, la Comisión Interamericana declara que "continúan vigentes los ideales del sistema interamericano de derechos humanos expresados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos, de asegurar el respeto por la dignidad de la persona humana y garantizar una vida libre de temor y de miseria, por lo que resulta fundamental consolidar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social en toda la región."

5.        Asimismo, como parte de sus actividades conmemorativas, la CIDH tuvo el honor de realizar una visita protocolaria a Argentina por invitación del gobierno de dicho país en el mes de septiembre, y de esta manera conmemorar los 30 años de la visita in loco realizada por la Comisión Interamericana cuando Argentina se encontraba en plena dictadura. Esta ocasión permitió a la CIDH reencontrarse con el pasado, recordar momentos cruciales de su historia y reflexionar sobre los desafíos hacia el futuro.

6.        Entre estos desafíos se encuentra el de ampliar el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos al sistema interamericano.  En este sentido, en 2009 se realizó un paso importante y que implica una profunda transformación en las dinámicas de acceso al sistema y de protección de los derechos humanos: la adopción del Reglamento del Fondo de Asistencia Legal para las Víctimas por parte del Consejo Permanente de la OEA.  La Comisión Interamericana ha insistido desde hace muchos años en la necesidad de proveer a las víctimas de violaciones de derechos humanos de las herramientas necesarias para que puedan acceder al sistema interamericano cuando no han podido obtener la debida protección de sus derechos en el ámbito nacional o interno. Sin embargo, aunque la adopción del Reglamento del Fondo es un importante paso, es a la vez mínimo si no se ve acompañado de los recursos financieros que respalden su puesta en funcionamiento y que lo traduzcan en un verdadero mecanismo que permita a cualquier habitante del Hemisferio, sin importar el lugar o las condiciones en las que se encuentre, acudir a los órganos interamericanos de protección.

7.        La necesidad de dotar de recursos suficientes al sistema de protección de los derechos humanos continúa siendo la principal deuda pendiente para fortalecer el sistema interamericano. La Comisión Interamericana viene cumpliendo su rol de promoción de la observancia y  defensa de los derechos humanos en el Hemisferio pese a los limitados recursos financieros y humanos con los que cuenta, y busca siempre llegar a la mayor cantidad posible de personas y dar respuestas efectivas a las víctimas de violaciones de derechos humanos.  Al mismo tiempo, la CIDH acompaña a los Estados miembros en sus procesos internos para proveer mayores garantías para los derechos fundamentales de sus habitantes y en la adopción de políticas públicas cada vez más inclusivas y acordes con los ideales interamericanos.  Esta respuesta podría ser aun más comprehensiva e integral si los recursos con los que cuenta la Comisión Interamericana fueran proporcionales a los mandatos que se le asignan y, en general, a las grandes necesidades de protección de los derechos humanos en la región.  Si el presupuesto de la OEA es un indicador de las prioridades de los Estados miembros en relación con las actividades que debe realizar la organización, el 5% que le corresponde a la CIDH del presupuesto regular de la Organización para el 2010 es un mensaje poco alentador respecto al interés de los Estados de fortalecer el sistema interamericano.

8.        No obstante lo anterior, son muchos los avances de los que han sido partícipes los órganos del Sistema Interamericano, fruto también de la tenacidad de la sociedad civil en su papel de veedor de los derechos de los más vulnerables, así como de los esfuerzos honestos de muchos Estados por implementar las decisiones de los órganos del Sistema.  Sin embargo, la realidad del continente americano sigue arrojando un panorama plagado de desigualdades sociales, problemas serios de acceso a la justicia, discriminación hacia las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes y a un importante número de la población por su orientación sexual.

9.        La inestabilidad democrática sigue siendo una amenaza imposible de ignorar, tal como lo demuestra el golpe de Estado perpetrado en Honduras en junio de 2009.  Este hecho demuestra la fragilidad de la democracia y la importancia de afianzarla en un proceso constante en el que deben participar todos los sectores de la sociedad. En este proceso es fundamental el respeto a los derechos humanos. Indudablemente, el derecho a la participación política, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la protección y garantías judiciales son esenciales para desarrollar una vida comunitaria pluralista y respetuosa de las diferencias, donde todas las voces sean escuchadas y no predomine la fuerza o los intereses de un sector de la sociedad en franco detrimento de otro, sino el bien de todas las personas.

10.       Por otro lado, la Comisión Interamericana ha recalcado desde hace muchos años que el respeto de los derechos humanos debe ser integral, pues no basta garantizar los derechos civiles y políticos si ello no comporta también la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes.  En este sentido, cabe resaltar que luego de 10 años de entrada en vigencia del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como  "Protocolo de San Salvador", tan solo 14 países lo han ratificado y aún no se ha integrado completamente el Grupo de Trabajo para analizar los informes periódicos de los Estados Parte del Protocolo.

11.       En esta ocasión, la Comisión Interamericana considera oportuno reiterar una vez más que la integridad y eficacia de la protección brindada a los habitantes del Hemisferio por el sistema depende, primordialmente, de los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar la universalidad del sistema mediante la ratificación de la Convención Americana y los demás instrumentos sobre derechos humanos y la aceptación de la jurisdicción de la Corte; del cumplimiento con la obligación de adaptar la legislación interna de los Estados partes a los derechos consagrados en los instrumentos adoptados en el marco del sistema y su debida interpretación y aplicación por sus órganos, en especial por los tribunales de justicia; y  por último, del cumplimiento de los compromisos internacionales y las recomendaciones de la CIDH y de la Corte Interamericana.

12.       Desde su creación, la Comisión se ha transformado y se ha adaptado a las necesidades de promoción y protección de derechos humanos en el sistema. En este marco, ha realizado varias reformas reglamentarias con miras a hacer más eficientes y efectivos sus procedimientos.  Este año, luego de un proceso de más de dos años que contó con la activa participación de los Estados, la sociedad civil y un diálogo continuo, sin precedentes con la Corte Interamericana, ambos órganos han realizado una profunda reforma que aborda aspectos relacionados con cuatro ejes esenciales del sistema de protección de los derechos humanos: el mecanismo de medidas cautelares, el trámite de peticiones y casos, el envío de casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y las audiencias sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Durante los debates, la CIDH consideró extensamente los valiosos comentarios formulados por los Estados, organizaciones de la sociedad civil, académicos y particulares de todo el Hemisferio, en respuesta a las consultas abiertas sobre el texto del proyecto preliminar de reforma, que tuvieron lugar entre mayo y agosto de 2009.  El objetivo central de la reforma es fortalecer el sistema interamericano mediante el afianzamiento de la participación de las víctimas en el sistema, una mayor publicidad en el procedimiento ante sus órganos y el establecimiento de más garantías al equilibrio procesal, entre otros.

13.       El informe anual de la Comisión Interamericana correspondiente al 2009, mantiene la estructura de los informes anteriores, recogiendo por un lado, las principales actividades desarrolladas por la CIDH a lo largo del año en cumplimiento de sus mandatos de promoción y protección de los derechos humanos, y por el otro, reflejando el análisis y el seguimiento a la situación de los derechos humanos en la región.

14.       El Capítulo II del presente informe hace referencia, en primer lugar, a las bases jurídicas, funciones y competencia de la Comisión Interamericana, y continúa con distintas secciones relativas a las actividades desarrolladas durante el 2009 y que comprenden, además de los periodos de sesiones, las visitas de la Comisión a distintos países de la región, las actividades desarrolladas por las relatorías temáticas durante el año, y las actividades de la CIDH en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, este capítulo recoge las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la OEA durante su trigésimo octavo período ordinario de sesiones y que otorgan un mandato específico a la CIDH.

15.       El Capítulo III del informe anual se refiere al sistema de peticiones y casos individuales, respecto al cual presenta las estadísticas del 2009, refleja el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la CIDH o los compromisos acordados en soluciones amistosas celebradas entre las partes. Sobre este punto, es importante resaltar que la CIDH mantiene su supervisión hasta que se de cumplimiento total a las recomendaciones o los acuerdos amistosos. Este capítulo también refleja las medidas provisionales y casos contenciosos sometidos por la CIDH  a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

16.       Como todos los años, el informe anual de la Comisión Interamericana incluye un capítulo que busca proporcionar a los Estados Miembros de la OEA información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en los países que fueron objeto de especial atención de la CIDH durante el período comprendido por el informe. El capítulo IV del informe anual correspondiente al 2009 analiza la situación de los derechos humanos en  Colombia, Cuba, Haití, Venezuela y Honduras.

17.       Respecto a Colombia, en este capítulo la CIDH aborda particularmente los avances y desafíos en el esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto incluyendo la participación de los líderes paramilitares extraditados a los Estados Unidos en los procesos tramitados en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos étnicos, y las actividades de inteligencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y operadores de justicia.

18.       Al analizar la situación de Cuba, la CIDH prestó particular atención a las situaciones estructurales que afectan gravemente el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, en especial respecto a los derechos políticos; las garantías del debido proceso legal e independencia del Poder Judicial; la privación de libertad de los disidentes políticos; las restricciones al derecho de residencia y tránsito; las restricciones a la libertad de expresión; la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, y; la libertad sindical. Además, se incluye una consideración sobre las sanciones económicas y comerciales impuestas contra el Gobierno de Cuba, reiterando que el embargo debe terminar por el impacto que generan tales sanciones en los derechos humanos de la población cubana, pero que éste no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana descritas en este informe.

19.       La Comisión continuó dándole un especial seguimiento a la situación de derechos humanos en Haití durante el 2009, y analizó las situaciones estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos fundamentales de sus habitantes y más específicamente, las graves situaciones de violencia que impiden la debida aplicación del Estado de Derecho; las serias crisis institucionales; los procesos de cambio institucional que pueden tener consecuencias negativas en los derechos humanos; y las graves omisiones en la adopción de normas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

20.       En relación a Honduras, la CIDH presenta como parte de su análisis del capítulo IV el resumen ejecutivo de su informe Honduras: Derechos Humanos en Relación con el Golpe de Estado, que se refiere a la situación de derechos humanos desde el 28 de junio de 2009, fecha en que se llevó a cabo el golpe de Estado en dicho país. Dicho informe se basó en gran medida en información recogida durante la visita in loco de la Comisión a Honduras que tuvo lugar desde el 17 al 21 de agosto de 2009. De este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país. La Comisión constató durante su visita que en Honduras, junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres,  serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.

21.       Por último, respecto a Venezuela la CIDH refleja en su capítulo IV el resumen ejecutivo de su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, mediante el cual la Comisión analiza la evolución de los derechos humanos en dicho país y en particular, una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela. La Comisión también observa que en Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno y que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. El informe de la Comisión establece que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. A juicio de la Comisión, todos estos aspectos han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.

22.       En el capítulo V del informe anual, la Comisión incluye el Informe de Seguimiento al informe publicado en el 2007 y titulado Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. El seguimiento aborda los mismos aspectos analizados en el informe de 2007, que incluyen tanto los desarrollos positivos como los principales conflictos que se han presentado en Bolivia durante los últimos años y su relación con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.  Asimismo, se analizan los temas de administración de justicia, derechos de las personas privadas de libertad, derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, derechos de las mujeres, derechos de los niños y niñas, y derechos de las personas refugiadas o solicitantes de la condición de refugiadas.  En cada sección del informe de seguimiento se indica el estado de cumplimiento de las recomendaciones, si se han adoptado medidas al respecto y, en caso afirmativo, sus resultados y desafíos actuales.

23.       El otro informe de seguimiento recogido por el capítulo V es el referido a las recomendaciones efectuadas por la CIDH en el Informe Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación derivadas del Conflicto Armado en Colombia, de 18 de octubre de 2006. En dicho informe, la Comisión analizó las principales manifestaciones de la violencia que afectan especialmente a las mujeres dentro del conflicto armado; así como el impacto que han tenido en sus cuerpos y sus vidas y en particular, analizó las formas de discriminación contra las mujeres afrocolombianas. Por otra parte, el informe de 2006 analizó los avances y desafíos de la respuesta del Estado colombiano al impacto del conflicto armado en las mujeres e incluyó una serie de recomendaciones orientadas al diseño de una política estatal integral que aborde estas problemáticas y avance la protección de los derechos humanos de las mujeres.

24.       El Informe de seguimiento inicia con un breve diagnóstico sobre el impacto del conflicto armado colombiano en las mujeres en el periodo de tiempo estudiado, partiendo de las recomendaciones emitidas por la Comisión en su informe anterior.  El informe realiza también un análisis de la situación actual de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres y de las distintas formas de discriminación que continúa afectando a las mujeres indígenas y afrocolombianas. Por otra parte, se analiza la respuesta estatal, desde octubre de 2006 a la fecha, en el diseño e implementación del marco normativo y las políticas públicas para proteger los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia y discriminación en el marco del conflicto armado; el diagnóstico y prevención de la violencia; la administración de justicia; la atención humanitaria y los servicios de apoyo a las víctimas del desplazamiento forzado. Asimismo, se abordan los avances estatales y los obstáculos que todavía persisten para la realización de los derechos de las mujeres a la verdad, la justicia y la reparación. Finalmente, las conclusiones recogen los principales obstáculos y avances en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para proteger los derechos humanos de las mujeres y en la adopción de una política estatal integral que ofrezca una respuesta satisfactoria a los actos de violencia y discriminación que viven las mujeres en este contexto. 

25.       Por último, es preciso mencionar que en el 2009 concluyeron sus mandatos los Comisionados Sir Clare K. Roberts, Florentín Meléndez, Paolo G. Carozza y Víctor E. Abramovich, quienes cumplieron una destacada labor durante sus respectivos periodos en la CIDH.  Durante el año se llevó a cabo la elección de los nuevos miembros de la CIDH que reemplazarán a los referidos Comisionados: Rodrigo Escobar Gil, nacional de Colombia; María Silvia Guillén, de El Salvador; José de Jesús Orozco Henríquez, de México; y Dinah Shelton, de Estados Unidos. 

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