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INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2007 CAPÍTULO IV (CONTINUACIÓN...) HAITÍ
I. INTRODUCCIÓN
158. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o "la Comisión") ha decidido incluir en este capítulo consideraciones relacionadas con la República de Haití, un Estado miembro de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen especial atención debido a que se encuentra en la situación contemplada por el quinto criterio del Informe Anual de la CIDH de 1997, es decir,
situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo, situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional, con graves incidencias negativas para los derechos humanos, u omisiones graves en la adopción de las disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales.
159. La Comisión ha elaborado esta sección del Capítulo IV de su Informe Anual de conformidad con el artículo 57(1) (h) de su Reglamento y basó su análisis en la información obtenida en sus visitas in loco y sus audiencias públicas, como también sobre información pública confiable. El 27 de noviembre de 2007 la CIDH transmitió al Estado un proyecto preliminar de la sección sobre Haití para el Capítulo IV de su Informe Anual 2007, de conformidad con el artículo previamente mencionado, y le otorgó un plazo de treinta días para presentar sus observaciones. El Estado presentó observaciones dentro de dicho plazo.
160. En sus recientes informes sobre Haití,[185] la Comisión examinó la situación de los derechos humanos en el país y, más particularmente, la evolución de la situación política, la seguridad pública, la administración de justicia, la impunidad, los grupos vulnerables y las condiciones socioeconómicas. Durante este período (2003-2006), la Comisión expresó sistemáticamente su preocupación por la grave situación de derechos humanos del país, a saber, la pérdida de vidas de civiles por los enfrentamientos armados y la violencia conexa de las bandas armadas, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública, la falta de responsabilización de los autores de delitos y la falta de remedios legales a las victimas, los períodos excesivamente prolongados de detención preventiva, las deficientes condiciones de detención y la incapacidad del Estado para brindar servicios sociales básicos a la mayoría de la población. Además, la Comisión ha subrayado sistemáticamente el impacto de esa situación sobre los grupos vulnerables, en especial las mujeres, los niños, los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
161. El año 2007 fue el segundo año del gobierno de René Preval luego de la finalización del gobierno provisional de transición de dos años (2004-2006) que continuo a la rebelión armada de febrero de 2004, la cual llevó a la expulsión del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide y la interrupción del orden constitucional. En comparación con años anteriores, la Comisión observó una mejora notable en la situación de Haití, específicamente respecto de la reducción de la violencia letal y el secuestro de civiles. Asimismo, la Comisión reconoce una serie de iniciativas del Estado para enfrentar desafíos fundamentales que permitan lograr una paz y una seguridad duraderas. En particular, la Comisión observa un esfuerzo concertado del Estado, con participación de la sociedad civil y la comunidad internacional, para superar las fragilidades de la administración de justicia, incluida la incorporación de una respuesta especializada al problema de la prolongada detención preventiva, medidas legislativas destinadas a asegurar la independencia del poder judicial y el fortalecimiento de la policía nacional. En tal sentido, el año 2007 se caracteriza por signos de progreso. Al respecto, la Comisión exhorta al Estado a mantener su compromiso y su empeño en la consecución de los objetivos y prioridades declarados, en especial el fortalecimiento del Estado de derecho y de las instituciones encargadas de la administración de justicia, y de la promoción del desarrollo económico y social del país. Pese a los signos de progreso de este año, la situación de Haití sigue siendo precaria y las instituciones del Estado siguen siendo frágiles y deficientes, lo que exige reformas estructurales y una asistencia técnica sustancial tanto inmediata como a largo plazo. Además, la situación social y económica del país sigue siendo sumamente frágil para la mayoría de los haitianos, lo que plantea graves riesgos para la seguridad social y económica de la ciudadanía y constituye un obstáculo adicional al acceso de los haitianos a los recursos legales.
162. En este sentido, la Comisión continúa preocupada por las deficiencias en las esferas fundamentales de la administración de justicia y la seguridad ciudadana, a saber, la seguridad pública y la capacidad del Estado para garantizar el acceso de la población a servicios sociales básicos. Es por ello que la Comisión estima que es preciso estimular programas e iniciativas pertinentes del Estado, asignarse recursos adicionales y una asistencia financiera y técnica sostenida a dichos sectores para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los haitianos. Habida cuenta el rol fundamental del sistema judicial para garantizar el respeto por los derechos fundamentales y la plena realización de la democracia y el Estado de derecho[186], la Comisión sigue realizando observaciones de seguimiento, como consta en el presente informe, en relación con las conclusiones y recomendaciones ampliadas de su informe de 2006 sobre este tema y reitera la importancia de la capacidad del Estado para administrar una justicia efectiva y rápida, con las debidas garantías judiciales, de modo de asegurar el respeto por los derechos humanos en Haití.
163. Durante 2007, la Comisión siguió supervisando la situación de derechos humanos y prestando especial atención a los empeños del Estado por brindar una seguridad pública adecuada a sus habitantes y a las medidas tomadas para fortalecer y reformar a la Policía Nacional de Haití, a la vez que observaba de cerca la evolución del diseño e implementación de planes destinados a promover el fortalecimiento y/o la reforma de las entidades e instituciones del Estado responsables de la administración de justicia y del Estado de derecho. Las principales fuentes de información que ha utilizado la Comisión para su evaluación fueron sus visitas al país, incluida la de abril de 2007[187] efectuada por el Relator para Haití, Sir Clare K. Roberts, y una visita de junio de 2007[188] realizada por el Relator Especial sobre los derechos de las Personas Privadas de Libertad y Presidente de la Comisión, Sr. Florentín Meléndez, así como varias visitas de trabajo de los integrantes de la Secretaría Ejecutiva, con el fin de celebrar seminarios de capacitación y reuniones con entidades gubernamentales y miembros de la sociedad civil. Asimismo, la Comisión celebró varias audiencias sobre Haití en el curso del 127º, 128º y 130º períodos ordinarios de sesiones, en las cuales defensores de los derechos humanos y representantes del Estado intercambiaron información sobre las condiciones y la evolución actuales del país.
II. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HECHOS REGISTRADOS EN HAITÍ EN 2007 EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS
164. Con el fin de poner en contexto el análisis de la situación de derechos humanos de Haití en 2007, la Comisión presenta a continuación un breve panorama general de los acontecimientos principales registrados durante el año que han afectado a los derechos humanos.
165. Haití celebró elecciones municipales en diciembre de 2006 y concluyó la segunda vuelta de las mismas en abril de 2007. El 10 de octubre de 2007, el vocero del gobierno Joseph Jasmin anunció la decisión de disolver el Consejo Electoral Provisional (CEP) ante alegaciones de corrupción. Este órgano tenía el mandato provisional de organizar las elecciones presidenciales y legislativas, que concluyeron en febrero y abril de 2006, respectivamente. Sin embargo, conforme a lo dispuesto, la segunda etapa de elecciones legislativas deberá tener lugar a fines del año 2007, y por ello el gobierno todavía tiene que determinar el mecanismo que se encargará de organizarlas. Al respecto, el presidente de la República ha anunciado que convocará a los partidos políticos a una reunión para decidir cómo se llevaran adelante las próximas elecciones, teniendo en cuanta la terminación del mandato del CEP y la inexistencia de un mecanismo electoral permanente para organizar esta segunda etapa de las elecciones legislativas en Haití.
166. El Gobierno del Presidente René Preval definió una serie de prioridades para el país, incluida la paz y la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento económico y la necesidad específica de adoptar medidas destinadas a mejorar las condiciones económicas y sociales del pueblo haitiano. Al respecto, el Sr. Preval también señaló los principales obstáculos para la consecución de esos objetivos, como el de eliminar o reducir el comercio ilícito de drogas y la criminalidad organizada, que fomentan la corrupción y los delitos violentos en el país y atraen a muchos desempleados y jóvenes de clases desfavorizadas. Al respecto, el gobierno desplegó esfuerzos para enfrentar el problema a nivel nacional y regional, por ejemplo, con la organización de una conferencia en la República Dominicana, en marzo de 2007, para analizar estrategias de abordaje del problema y, a nivel nacional, mediante el fortalecimiento de la Policía Nacional de Haití y la adopción de medidas encaminadas a la creación de una guardia costera funcional y bien equipada. En este sentido, el gobierno también emprendió iniciativas de combate a la corrupción en las instituciones públicas.
167. La Comisión observa que, en el anterior gobierno de transición, las condiciones de Haití eran sumamente frágiles y los esfuerzos del gobierno y la comunidad internacional se centraron sobre todo en la organización de las elecciones y en la seguridad pública. En consecuencia, la situación del país en materia de condiciones sociales y económicas y del Estado de derecho, se deterioró sustancialmente en los últimos años, habiéndose destinado muy escasos recursos y atención a esos aspectos. Es así que en 2007, pese a la reanudación de la asistencia internacional y al relanzamiento de proyectos de desarrollo, persistían buena parte de las condiciones observadas en el país en años anteriores (como consta en los informes anuales anteriores de la Comisión[189]), en especial las precarias condiciones de vida de los haitianos, que empeoraron considerablemente debido a la crisis política y de seguridad pública.
168. En general, la situación en materia de seguridad y de derechos humanos de 2007 mejoró respecto a años anteriores. Este año se registraron menos casos de secuestros, violaciones u homicidios y de tratamiento abusivo por parte de las pandillas, en relación con años anteriores, aunque se produjeron una serie de casos graves, lo que confirma que la situación, pese a haber mejorado, sigue preocupando a la Comisión y amerita una supervisión y una evaluación sistemáticas.[190] Aunque la Policía Nacional de Haití, con el apoyo de la fuerza de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), adoptó a comienzos de 2007 un criterio más agresivo para desmantelar las bandas delictivas violentas y arrestar a sus miembros principales, la justicia no pudo responder con la misma efectividad y rapidez, por falta de recursos, apoyo y de una planificación suficiente, que le permitan gestionar el flujo de personas en el sistema de justicia penal. Debido a las frecuentes intervenciones conjuntas de la Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH, la tasa de delitos pareció disminuir sustancialmente a mediados de 2007, pasándose de relatos cotidianos de múltiples secuestros a dos casos por semana, lo que dio un alivio a los residentes de Port-au-Prince y les permitió reanudar sus actividades cotidianas sin el temor constante por su seguridad personal. Si bien se requieren medidas permanentes para fortalecer a la PNH, la sostenibilidad de la situación de seguridad dependerá también de la capacidad de la justicia para responder eficazmente.
169. El año pasado, la evolución a nivel nacional también estuvo acompañada de la presencia de la MINUSTAH, presencia que fue inicialmente autorizada por seis meses, a partir del 1º de junio de 2004, y que luego ha sido objeto de numerosas prorrogas, siendo la más reciente, la del 15 de octubre de 2007 que prolonga la presencia hasta el 15 de octubre de 2008.[191] Más recientemente, la Resolución de la ONU dispone el reajuste de la integración de la MINUSTAH y el reordenamiento de sus actividades, a fin de tener en cuenta las nuevas circunstancias y prioridades existentes en el terreno. Ello incluiría el mantenimiento del apoyo a la Policía Nacional de Haití, el fomento de la capacidad institucional en general y la prestación de asistencia especializada a los principales ministerios, así como seguir brindando apoyo a la reforma de las instituciones encargadas de mantener el orden. Además, la resolución dispone que las fuerzas de la MINUSTAH incluirán un componente militar de hasta 7.060 efectivos de todos los rangos y un componente policial con un total de 2.091 agentes. De acuerdo con informes sobre la actividad pública, la MINUSTAH emprendió una serie de iniciativas para implementar su mandato. Asimismo, hubo varias visitas al país para evaluar la situación en materia de paz y seguridad, a cargo de diversos funcionarios de las Naciones Unidas, como el Experto Independiente sobre Haití, Sr. Louis Joinet, quien también presentó un informe sobre la situación de Haití a la Secretaría General de las Naciones Unidas, a comienzos de 2007 y, en septiembre de 2007, el Consejo de Derechos Humanos decidió renovar el mandato del Experto Independiente sobre Haití por otro año.[192]
170. Con respecto a la participación de Haití en la CARICOM, y tras la decisión de la organización de 2006, de renovar la condición de Haití como miembro, fue reabierta la Representación de la CARICOM el 19 de octubre de 2007, a tres años de su clausura. La Oficina estará encargada de promover la plena integración de Haití en la CARICOM, especialmente en el Mercado y la Economía Unicos, para detectar y movilizar recursos internos, financieros y de otra índole y promover relaciones con los medios de comunicaciones, así como para realizar campañas de educación pública. Además, del 15 al 19 de octubre de 2007, Haití fue sede de la 15ª Reunión de Ministros de África, el Caribe y el Pacífico, el CARIFORUM, para debatir las negociaciones comerciales entre la organización regional y la Unión Europea. Finalmente, en una declaración de la CARICOM de principios de octubre, se subraya la importancia de mantener la asistencia internacional a Haití y, específicamente, la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, a efectos de asegurar la estabilidad y la paz en Haití y en la región.
171. Por su parte, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución AG.RES.2306 (XXXVII)-O/07,[193] durante su trigésimo sexto período ordinario de sesiones, celebrado del 4 al 6 de junio de 2007 en la Ciudad de Panamá, Panamá. En esa resolución, la Asamblea General anunció el compromiso de la Organización de apoyar la profesionalización de la Policía Nacional haitiana y de seguir promoviendo el proceso de desarme, a la vez que exhortaba a los Estados miembros a mantener el apoyo y la cooperación para el desarrollo de Haití, en particular en las áreas de la reducción de la pobreza, el desarrollo económico y social y la consolidación de las instituciones democráticas.[194] La resolución marca la terminación de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití y confiere la representación de la OEA en el país a la Oficina Nacional de la OEA, “dada la evolución positiva de Haití y la necesidad de contribuir a su desarrollo económico y social”. Finalmente, la resolución reconoce los esfuerzos del Grupo de Trabajo sobre Haití de la Secretaría General, el cual está encargado de la coordinación de la labor de la OEA en ese país y de fomentar la cooperación entre la OEA y otras instituciones regionales e internacionales. Los órganos e instituciones de la OEA emprendieron numerosas iniciativas a lo largo del año para implementar los términos de la resolución de la Asamblea General.
172. El Marco de Cooperación Interino (MCI) establecido para asegurar la coherencia y la coordinación de la asistencia internacional durante el Gobierno de Transición de Haití (2004-2006) fue ampliado hasta septiembre de 2007, en tanto se han emprendido nuevas iniciativas para respaldar a las autoridades del gobierno de Preval a efectos de garantizar una transición ordenada del MCI a un nuevo mecanismo de coordinación y apoyo al Gobierno haitiano. La estrategia nacional de crecimiento económico y lucha contra la pobreza deberá culminar con un documento de estrategia de crecimiento económico nacional y lucha contra la pobreza, que constituirá el mecanismo principal para establecer los objetivos de desarrollo y las políticas estratégicas nacionales en los sectores económico, de gobernabilidad y social. La elaboración del Documento de Estrategia es sustancial para el futuro desarrollo de Haití y para asegurar la consiguiente y adecuada canalización de la asistencia.[195] Al respecto, Haití recibió importantes contribuciones bilaterales de los Gobiernos de Estados Unidos de América, la Unión Europea y Canadá, y espera recibir apoyo de las instituciones financieras internacionales, una vez concluido el documento de estrategia de crecimiento económico y lucha contra la pobreza.[196]
173.
En
conclusión, este año, existen signos visibles de progreso en el país, en
especial, en la situación de seguridad pública y el reconocimiento y
esfuerzos gubernamentales para enfrentar problemas de larga data. Al
respecto, la Comisión quiere estimular el apoyo de la comunidad
internacional al compromiso expresado por el Gobierno de Haití de alcanzar
el progreso y el desarrollo nacional, promover los derechos humanos y
revertir las antiguas deficiencias de las instituciones del Estado. Sin
embargo, la Comisión reitera la importancia de mantener e impulsar los
empeños patrocinados por el Estado para asegurar la paz y la estabilidad
durables en el país, una justicia eficaz y el acceso a los recursos
judiciales y los servicios sociales básicos. Con estos antecedentes, la
Comisión realizará una actualización sobre la situación general de los
derechos humanos en Haití descrita en el informe anual del año pasado.[197]
III. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EN RELACIÓN CON HAITÍ EN 2007
174. Durante 2007, la Comisión siguió supervisando de cerca la situación de derechos humanos y subrayando la importancia del papel del Estado para superar las antiguas fragilidades en el área de la administración de justicia, la seguridad pública y el respeto por los derechos sociales y económicos. Además, también fue objeto de supervisión, análisis e informes la situación de los grupos vulnerables, como las mujeres, los niños y los defensores de los derechos humanos. En tal sentido, la Comisión realizó una serie de visitas a Haití, organizó varios seminarios de capacitación para entidades gubernamentales y miembros de la sociedad civil, y recibió información sobre la situación de derechos humanos en sus audiencias públicas, en el curso de sus tres períodos ordinarios de sesiones anuales.
175. Del 16 al 20 de abril de 2007, el Relator sobre Haití, Sir Clare K. Roberts, efectuó una visita a Haití para observar la evolución de la situación de derechos humanos del país desde la instalación del Gobierno de Preval, en 2006. Los objetivos de la visita incluían reuniones con los nuevos miembros de la administración de Preval y recibir información sobre las prioridades del Gobierno para el mandato de seis años, así como asegurar el seguimiento de la situación de la administración de justicia en Haití, tras la divulgación de su informe de 2006 sobre el tema, y, finalmente, recibir información sobre la situación de derechos humanos en el país, con acento en la situación de las mujeres y niñas. Para ello, la Comisión se reunió con representantes del Gobierno haitiano y miembros de la sociedad civil, así como con representantes de las organizaciones internacionales. El Relator también se reunió con las víctimas de abusos de los derechos humanos y con grupos de víctimas. En el marco del seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del informe de 2006 sobre administración de justicia, se organizó durante la visita una mesa redonda sobre la situación de la administración de justicia y la reforma del sistema judicial, a efectos de impulsar el diálogo entre los diversos sectores e identificar las eventuales áreas a reformar para mejorar la capacidad del sistema judicial haitiano de impartir justicia.
176. Entre el 17 y el 20 de junio de 2007, el Relator Especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Presidente de la Comisión, Sr. Florentín Meléndez, efectuó una visita a Haití para observar la situación de las personas privadas de libertad en algunos centros de detención de Port-au-Prince y para recibir información respecto de esta situación que fuera analizada en su estudio de 2006 sobre la administración de justicia en Haití y, a la vez, realizar observaciones de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión sobre el tema de las personas privadas de libertad.[198] Con este fin, el Relator Especial se reunió con representantes del Estado, miembros de la sociedad civil y organizaciones internacionales, y realizó visitas a los siguientes centros de detención: la Penitenciaría Nacional en Port-au-Prince, la cárcel de Petionville para mujeres y niñas, la cárcel de Delmas para niños y celdas del destacamento policial de Delmas.
177. Del 26 al 28 de septiembre de 2007, la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión realizó una visita a Haití a fin de examinar la evolución y recibir información sobre la situación actual de la libertad de expresión en el país.[199] Durante la visita, el Relator Especial se reunió con representantes del Estado, miembros de la recientemente creada Comisión Independiente de Apoyo a las Investigaciones Relativas a los Asesinatos de Periodistas, miembros de la sociedad civil, y de los medios de comunicaciones.
178. En un empeño por mantener la activa participación de Haití, divulgar más el sistema de la CIDH y fomentar la protección de los derechos humanos, la Comisión siguió realizando visitas y reuniones de trabajo con miembros del gobierno haitiano y celebrando seminarios de capacitación para funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, en 2007 se organizaron cuatro seminarios de capacitación en derechos humanos, a saber, en abril (capacitación para funcionarios gubernamentales sobre el sistema de peticiones de la CIDH), junio (capacitación sobre los derechos de las personas privadas de libertad y el sistema de la CIDH), agosto (capacitación para organizaciones de la sociedad civil sobre el proceso de peticiones de la CIDH) y diciembre de 2007 (capacitación para funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil sobre los mecanismos universales y regionales de derechos humanos). A este respecto, han sido organizados eventos públicos durante la visita del Relator para Haití y la visita del Relator Especial sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad. Con el fin de asegurar el seguimiento de las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de 2006 sobre la administración de justicia, en abril, el Relator para Haití organizó una mesa redonda sobre la reforma y la administración de justicia en Haití, con miembros de la Suprema Corte, la Secretaría de Estado para la Justicia y un representante de la red de ONG que impulsa la reforma de la justicia, Forum de Citoyen. Tras la mesa redonda, en junio, el Relator Especial sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad realizó una conferencia pública sobre las normas y los principios internacionales de derechos humanos relativos a las personas privadas de la libertad, sobre las condiciones de las personas privadas de la libertad en Haití y en la región, y el mandato y las funciones de la Relatoría Especial.
179. La Comisión examinó la situación de Haití durante su 127º, 128º y 130º períodos ordinarios de sesiones, llevados a cabo en febrero, julio y octubre de 2007 respectivamente. Al concluir dos de los tres períodos de sesiones, la Comisión emitió comunicados de prensa que incluían una sección específica sobre la situación de Haití.[200]
180. Sobre la base de sus visitas y demás actividades en relación con Haití en el curso de 2007 y tomando nota de sus observaciones sobre la situación de derechos humanos de Haití en años anteriores, la Comisión siguió monitoreando las principales esferas de preocupación, como la seguridad pública, la administración de justicia y el Estado de derecho, la impunidad, los derechos de los grupos vulnerables y las condiciones sociales y económicas, que implican consecuencias directas para el ejercicio de los derechos fundamentales de los haitianos. Es importante señalar que muchos de estos problemas son muy antiguos y están hondamente arraigados, pues derivan de deficiencias estructurales y carencias institucionales como consecuencia de un pasado caracterizado por las crisis políticas, los regímenes autoritarios y las instituciones corruptas y que han llevado a las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos fundamentales de los haitianos. Es por ello, que las instituciones del Estado se beneficiarían de una evaluación seria, una planificación estratégica a largo plazo y de reformas estructurales para reducir el número y atenuar la naturaleza de las violaciones de derechos humanos que se perpetran a diario en el país. En tal sentido, este sigue siendo uno de los aspectos de máxima preocupación, análisis y supervisión de la Comisión. Si bien estas cuestiones han sido materia de informes y comunicados de prensa anteriores de la Comisión, el presente capítulo sirve como instrumento para efectuar una evaluación y un balance actualizados de la situación en esas áreas.[201]
IV. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE HAITÍ EN 2007
181. En 2007, la Comisión observó los primeros signos de progreso en el país, tras las elecciones presidenciales y legislativas y la posterior instalación del gobierno constitucional, a comienzos de 2006. En este sentido, la Comisión tomó nota del compromiso de la comunidad internacional de apoyar a Haití en su proceso pos transición y de las contribuciones de ciertos donantes internacionales al Estado haitiano para promover el desarrollo social y económico y la reconstrucción. Más especialmente, la respuesta del gobierno al aumento de delitos violentos permitió avanzar en el desmantelamiento de las bandas armadas, el arresto y la detención de sospechosos y la reducción de esos delitos hacia mediados de año. Además, el Jefe de Estado haitiano también reconoció varios obstáculos importantes al desarrollo nacional y económico y anunció que su gobierno consideraría la elaboración de una respuesta del Estado al tráfico ilícito de drogas y el consiguiente problema del frágil control fronterizo, así como el enfrentamiento de la corrupción en las instituciones del Estado y el refuerzo de las instituciones del Estado de derecho. Entre los hechos positivos figura una mejora en la seguridad pública, en relación con años anteriores, y una serie de iniciativas impulsadas por el Estado, como la creación de una comisión especial para analizar los casos de prolongadas detenciones preventivas, la mayor frecuencia en la organización de juicios penales, la presentación y aprobación de proyectos de ley sobre la justicia, la creación de una comisión especial para investigar la muerte de periodistas y la elaboración de planes de reforma y demás iniciativas para erradicar la corrupción, el tráfico de drogas y la proliferación de armas. Además, Haití ratificó una serie de tratados internacionales.
182. Con respecto a la seguridad pública, en los primeros tres meses de 2007, la Policía Nacional de Haití y las fuerzas de la ONU realizaron una serie de intervenciones represivas en Cité Soleil para arrestar a jefes de bandas sospechosos de estar involucrados en una ola de secuestros en la ciudad. Por un lado, esas intervenciones permitieron arrestar a una serie de sospechosos y el eventual procesamiento y condena de algunos, lo que muchos observadores señalan como algo raramente observado y como causa de la merma de los delitos violentos en Haití desde que se iniciaron las intervenciones. Por otro lado, las consecuencias inmediatas de las intervenciones armadas de la PNH y la MINUSTAH habrían sido los arrestos masivos de sospechosos sin órdenes de arresto y el uso excesivo de la fuerza contra civiles, causando una serie de víctimas.[202] Al mismo tiempo, parecería que estos hechos produjeron efectos en cadena que plantean preocupaciones que se explican más adelante en cuanto a los derechos humanos. Los propios arrestos masivos determinaron que un número de personas sin precedentes ingresara al sistema de la justicia penal en un breve período, a un sistema ya sobrecargado y no dotado para procesar o investigar la cantidad de casos que recibe. Esta situación resultó en numerosas irregularidades, como las capturas masivas y la no remisión de pruebas a las autoridades competentes por parte de los captores. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2007, la policía habría procedido al arresto masivo de 30 o 40 personas por semana. Esta práctica dio lugar a un aumento de los casos de personas bajo detención arbitraria o con prolongados períodos de detención en condiciones extremadamente deficitarias y/o en instalaciones (celdas policiales) no equipadas para mantener detenidas a las personas por períodos prolongados. Además, los arrestos masivos de sospechosos y su posterior detención determinó un hacinamiento extremo de los centros de detención, lo cual plantea riesgos adicionales para la seguridad personal de la población carcelaria (riesgos para la salud, por la falta de saneamiento, alimentación y abastecimiento de agua adecuados) y amenazas a la seguridad pública para la población nacional, debido a una combinación de factores, como la falta de seguridad y la construcción de las instalaciones, la falta de capacidad de las instalaciones y el hecho de que a menudo se encuentren en zonas densamente pobladas.
183. Al respecto, en razón del desequilibrio en la asignación de recursos, el apoyo financiero y la asistencia y capacitación técnica entre la policía nacional y la justicia (la policía nacional recibe la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública), el poder judicial carece de la capacidad y los recursos suficientes para responder con prontitud y efectividad a la situación, lo que provoca una acumulación de casos y un número de detenidos sin precedentes en los centros de detención del país, la mayoría de los cuales ha sido arrestada arbitrariamente o por períodos excesivos. Al respecto, la Comisión está preocupada por las consecuencias inmediatas para los derechos humanos de las operaciones de seguridad armadas y recomienda otorgar las garantías judiciales a las personas arrestadas y detenidas por la Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH, en tanto se suministran recursos, equipo y una infraestructura adecuada al poder judicial para funcionar debidamente y para manejar las causas penales con prontitud y efectividad.
184. Con respecto a la situación general de derechos humanos de Haití, la Comisión entiende que la debilidad de la administración de justicia, la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y las condiciones sociales y económicas extremadamente deficientes que imperan siguen siendo las preocupaciones primordiales. Asimismo, persisten obstáculos sustanciales para que el gobierno asegure condiciones de paz y seguridad a largo plazo en el país. De acuerdo con el Presidente de la República, René Preval, la combinación del tráfico de drogas, la corrupción de las instituciones del Estado y las condiciones sociales y económicas deficientes es el factor principal detrás de la gran criminalidad y la impunidad.[203] En este sentido, el gobierno actual ha priorizado estos aspectos en sus políticas públicas, para lo cual elaboró programas que apuntan a enfrentar cada uno de ellos. Uno apunta a evaluar la diversidad de factores que fomentan la violencia en el país y preparar medidas adecuadas para prevenir la repetición de los actos de violencia. La Comisión encuentra promisorias las medidas del Estado para enfrentar estos problemas y subraya la necesidad de asignar recursos al planeamiento e implementación de las políticas, la legislación y los mecanismos estatales necesarios en estas esferas. Al respecto, la Comisión alienta a las instituciones estatales pertinentes y a las organizaciones internacionales que trabajan en Haití, en especial la MINUSTAH y los organismos afines de la ONU, a mantener su empeño por fortalecer a la Policía Nacional y a la justicia y, especialmente, a elaborar un enfoque amplio e integral para asegurar una paz y una seguridad sostenibles, incluida la creación de empleos y el fomento de los distintos sectores de la economía nacional.
185. A lo largo de todos estos años en que viene supervisando la situación de Haití, la Comisión ha observado la naturaleza singularmente compleja y difícil de la situación de derechos humanos del país, caracterizada por repetidos períodos de crisis políticas y unas de las condiciones sociales y económicas más inquietantes del Hemisferio. Esas condiciones han estado acompañadas por deficiencias extremas en las instituciones del Estado y problemas arraigados en las áreas de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos. En consecuencia, esas cuestiones, que siguen impidiendo que el país avance sustancialmente en su desarrollo, no podrán resolverse cabalmente con soluciones de corto plazo, sino que requieren reformas institucionales y una asistencia internacional sostenida a largo plazo para abordar una serie de problemas esenciales definidos en el presente capítulo y señalados por la Comisión en declaraciones e informes anteriores sobre la situación de Haití.
A. Seguridad y desarme
186. Entre las principales preocupaciones de la Comisión, en especial desde 2004, corresponde señalar la situación de seguridad de Haití. En particular, la Comisión ha expresado sistemáticamente su preocupación por el grave deterioro de la seguridad pública causado por la violencia generalizada de las bandas armadas y el control insuficiente de ciertos sectores de Port-au-Prince y de las provincias. Los secuestros, violaciones, homicidios, palizas y destrucción masiva de bienes son hechos comunes de los últimos años, que dieron lugar a cifras sin precedentes de víctimas civiles en 2005, con un mayor aumento de los delitos violentos en 2006. En el período de transición, la capacidad de la fuerza policial para responder a la ola de delitos demostró ser insuficiente y el vacío de seguridad fue rápidamente llenado por la proliferación de grupos armados que actuaban con impunidad, organizaciones delictivas y la perpetuación del tráfico de drogas, lo que determinó que los grupos armados estén mejor equipados y organizados, que empleen la fuerza y la intimidación para obtener el control de partes de la capital. En consecuencia, aunque se restableció el gobierno democrático en Haití a comienzos de 2006 y se adoptaron las medidas iniciales para contener los delitos violentos, las autoridades y la comunidad internacional tendrán que adoptar medidas preventivas adecuadas para asegurar la estabilidad y la paz a largo plazo mediante la aplicación de una política, una estrategia y un plan de seguridad pública que apunte a enfrentar los factores fundamentales que contribuyen a la perpetuación de los delitos violentos en el país.
187. Como se indicó antes, en 2007, la Comisión observó una mejoría visible en la situación de seguridad pública de Haití, en comparación con años anteriores. La Comisión recibió información de numerosos arrestos entre enero y abril de sospechosos de estar involucrados en la ola de secuestros y en otros delitos violentos. En sus visitas a Haití de abril y junio, la Comisión observó patrullas y destacamentos policiales en distintas partes de la ciudad. Además, fuentes gubernamentales y miembros de la población confirmaron que la presencia policial en Port-au-Prince había aumentado sustancialmente desde comienzos de 2007 y que la policía había redoblado sus esfuerzos por detener a los sospechosos de delitos.
188. Sin embargo, pese a que se informa que las intervenciones armadas han contribuido a la reciente reducción de los delitos violentos en la capital, informes de observadores de los derechos humanos, la prensa y residentes de Cité Soleil indican que los operativos realizados en ese barrio densamente poblado incluyeron allanamientos domiciliarios irregulares sin un debido procedimiento policial, sin control ni garantías, y causaron daños colaterales, a saber, transeúntes civiles heridos o muertos a raíz de los intercambios de disparos y de las tácticas agresivas de las fuerzas de seguridad contra los residentes. En casos en que participaron efectivos de la MINUSTAH, los informes de uso abusivo de la fuerza y de arrestos ilegales han provocado desconfianza y animosidad en la población. Por último, los observadores de los derechos humanos critican la estrategia de las fuerzas de seguridad para estas intervenciones represivas, señalando que son miopes y tienen sólo resultados temporales. Los observadores subrayan que es preciso adoptar medidas de largo plazo y amplias para asegurar la sostenibilidad de la nueva situación de relativa calma, incluido el refuerzo de la justicia y la necesidad de hacerla operativa y efectiva, y la promoción de la justicia social y la creación de oportunidades económicas para el pueblo haitiano.[204] En respuesta a los alegados actos de abuso de la fuerza o de arrestos ilegales de parte de las fuerzas de seguridad, la Comisión recuerda que la obligación de garantizar la seguridad pública debe estar unida al deber de proteger la vida y la integridad física de las personas en todo momento, y de respetar las garantías judiciales durante el arresto y la posterior detención de personas.
189. En el curso de la visita de la CIDH a Haití, en abril, el Presidente de la República reconoció que la cuestión de la seguridad pública depende de la capacidad del Estado para responder al comercio ilegal de armas y drogas, de la capacidad del Estado para enfrentar el delito organizado a través de la creación de una fuerza policial robusta y un sistema de justicia funcional y equitativo para asegurar que se responsabilice a los autores de delitos, y para crear oportunidades económicas y empleo, así como para desarrollar industrias nacionales que brinden a la población alternativas económicas constructivas. Al respecto, la Comisión toma nota de la iniciativa del Estado de marzo de 2007 encaminada a organizar una conferencia regional en la República Dominicana, con la participación de representantes de los gobiernos de la región, y la divulgación de la Declaración de Santo Domingo por la que los Estados se comprometen a adoptar medidas para combatir el narcotráfico. La Comisión espera que esta iniciativa marque el comienzo de una relación de estrecha colaboración y coordinación para elaborar un criterio multifacético que permita enfrentar este problema regional.
190. Más precisamente, el aspecto esencial para garantizar la seguridad es la necesidad de reforzar a la Policía Nacional de Haití y brindar suficientes recursos, capacitación y equipo al poder judicial para que pueda actuar también en forma eficiente. Durante 2007, la PNH mostró signos positivos de progreso y crecimiento, a la vez que recibió asistencia financiera y técnica del exterior. Especialmente, la iniciativa de la PNH de crear una unidad antisecuestros parece haber producido resultados positivos en términos de investigación, arresto y procesamiento de sospechosos. Asimismo, la academia de policía, tras incorporar un componente de derechos humanos a la capacitación, produjo por lo menos la graduación de dos clases de nuevos reclutas y el programa de selección de funcionarios siguió adelante con el apoyo técnico de la MINUSTAH. El programa de selección es especialmente importante para eliminar la corrupción de la fuerza, dado que fuentes policiales confirman la participación de un porcentaje sustancial de la fuerza en actividades delictivas, lo que le impide hacer cumplir la ley y daña la integridad y credibilidad de la policía como institución.
191. El otro aspecto vital para garantizar la seguridad pública y evitar la recurrencia de delitos es la capacidad del sistema judicial para funcionar efectivamente y garantizar la responsabilización de los autores de delitos. Al respecto, dado el creciente número de arrestos, las cifras consiguientes de personas en espera de juicio y la crítica superpoblación de la cárcel de Port-au-Prince, la Comisión comprueba que el tribunal de primera instancia de Port-au-Prince y los tribunales de primera instancia de otras ciudades del país se esforzaron especialmente para celebrar más audiencias diarias y, más frecuentemente, juicios penales (sin jurado) durante 2007, a efectos de atender la acumulación de casos en el sistema de la justicia penal. Pero estos esfuerzos no contaron con un apoyo sustancial ni con la asistencia financiera y técnica necesaria. De modo que el sistema sigue siendo frágil y sigue careciendo de recursos, equipo y personal, como se indica en el informe de la Comisión sobre la administración de justicia, divulgado en marzo de 2006.[205] En este sentido, la Comisión sigue preocupada por la falta de recursos asignados al poder judicial para implementar programas que mejoren la administración de justicia y el acceso a la justicia, incluida la reconstrucción y reorganización de los tribunales, la asignación de material y equipo y la capacitación permanente, y, al mismo tiempo, el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los integrantes del poder judicial.
192. Finalmente, la Comisión reconoce que la Misión de Estabilización de Haití ha demostrado un firme compromiso para asegurar condiciones de paz y seguridad en el país desde el establecimiento de su mandato en 2004, que se ha empeñado en mejorar la situación de seguridad pública mediante el apoyo a la PNH en su esfuerzo por prevenir el delito y el mayor acento en el fortalecimiento y la reforma institucionales de la policía y la justicia. Esos esfuerzos complementan los programas a más largo plazo emprendidos por los organismos de la ONU, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el área del régimen de derecho y el apoyo a la administración penitenciaria. En efecto, la MINUSTAH mantiene una presencia robusta en el país y sigue brindando apoyo al programa de desarme de Haití.
B. Administración de justicia
193. Las fuentes de que dispone la Comisión indican que, en 2007, el Estado, con apoyo de la comunidad internacional, adoptó las medidas iniciales para abordar de inmediato algunas deficiencias del sistema judicial. Entre ellas, la introducción de un conjunto de proyectos de ley sobre la independencia de la justicia, la creación de una comisión especial para ocuparse del problema de la detención prolongada antes del juicio, la decisión del Presidente de la República de crear una comisión especial sobre la reforma judicial y la designación relacionada del cargo de Secretario de Estado de Justicia , así como la creación de una comisión especial de apoyo a la investigación de los casos de asesinatos de periodistas. Además, los informes indican que pronto reabrirá la escuela de jueces; entretanto, se inició la capacitación de jueces y abogados con la cooperación de la MINUSTAH. Pese a estos hechos, el sistema judicial en general sigue siendo gravemente ineficiente y lento, y sigue padeciendo carencias fundamentales, incluida la falta de independencia, la corrupción y la aplicación indebida de la ley. Ello incluye una grave escasez de recursos para jueces, magistrados, tribunales y la policía, lo que da lugar a la prevalencia de violaciones del debido proceso, como la prolongada detención de personas sin llevarlas ante un juez. Aunque la Comisión informó anteriormente que la corrupción del sector público está generalizada[206], espera que las recientes iniciativas del Estado para presentar y aprobar tres proyectos de ley sobre la creación del Consejo Superior de Magistrados, la Escuela de Jueces y el Estatuto de los Magistrados, permitan mejoras importantes en el funcionamiento del poder judicial y un procedimiento para hacer cumplir un código de conducta profesional y sancionar los actos de corrupción o el quebrantamiento de la integridad judicial.
194. La Comisión sigue preocupada por los informes de arrestos y detenciones arbitrarias, y el uso abusivo de la fuerza en el momento del arresto. En particular, a comienzos de 2007, la policía realizó múltiples arrestos masivos en sectores de la ciudad, con redadas en algunos lugares para apresar a grupos de personas. Muchos de estos arrestos se efectuaron sin orden judicial y, en muchos casos, eran infundados.[207] Además, después del arresto, la mayoría de las personas, pese a la insuficiencia de pruebas en sus expedientes, esperan períodos excesivos para ser oídas por un juez. La Comisión observa que los arrestos y detenciones arbitrarias no es un problema nuevo en Haití, pero ha sido objeto de críticas de la Comisión en el pasado.[208] De manera que, pese a reconocer la necesidad de aprender a delincuentes peligrosos para garantizar la seguridad pública a la población, la Comisión una vez más subraya la prohibición de los arrestos y detenciones arbitrarias consagrada en el artículo 7 de la Convención Americana, y reitera la obligación del Estado de asegurar que sus empeños por investigar y procesar los delitos se basan en procedimientos demostrablemente imparciales y efectivos, que estén de acuerdo con las normas internacionales del debido proceso, incluido el derecho del detenido a ser notificado sin demora de los cargos que se le imputan y a ser llevado sin demora ante un juez.
195. A este respecto, el problema de las personas bajo detención preventiva prolongada en Haití sigue siendo una preocupación primordial de la Comisión con respecto a los derechos de las personas privadas de libertad. A la fecha de la visita del Relator sobre las Personas Privadas de Libertad, éste expresó una extrema preocupación por las persistentemente elevadas cifras de personas en detención preventiva prolongada, quienes en muchos casos son detenidas por períodos superiores al posiblemente sentenciado por los delitos de que se les acusa. En junio, el Relator visitó las cárceles de Port-au-Prince, especialmente la Penitenciaría Nacional, y comprobó que “la población carcelaria de los 17 establecimientos de Haití había aumentado de 2.586 a 6.047 personas entre julio de 2005 y junio de 2007”; que “en junio de 2007, 84% de la población carcelaria no había sido acusada formalmente; que el porcentaje de personas sin condena se calcula en 98%, en el caso de los jóvenes detenidos en la Cárcel de Niños de Delmas, 95%, en el caso de las mujeres privadas de libertad en Petion-ville, y 96%, en el caso de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional.[209]
196. Asimismo, durante la visita del Relator, las fuentes indicaron que se había creado la comisión especial sobre la detención prolongada previa al juicio, a iniciativa del Ministro de Justicia y con la participación y el apoyo técnico de la MINUSTAH y otros actores. El mandato de la comisión especial es reducir el número de personas bajo detención preventiva prolongada mediante el examen de los expedientes de los detenidos y descartando casos, especialmente los casos menores o flagrantes (los casos infundados o los casos en que el período de detención supera la amenaza de pena correspondiente al delito de que se le acusa al detenido) en la cárcel más grande del país, la Penitenciaría Nacional, y repitiendo esa tarea en las demás cárceles. La Comisión espera que el proceso de revisión incorpore las garantías del debido proceso necesarias para los detenidos y que se trabaje con celeridad para aliviar el problema de las detenciones prolongadas antes del juicio y el problema de la superpoblación de las prisiones. Finalmente, la Comisión reconoce el valor de adoptar medidas urgentes como la creación de la comisión especial sobre las detenciones preventivas prolongadas y, al mismo tiempo, exhorta al gobierno a que, con el apoyo de la comunidad internacional, investigue las carencias estructurales y factores afines que contribuyen a ese problema, y que adopte las medidas de largo plazo pertinentes para evitar que este problema se torne sistemático y generalizado.
197. Al respecto, el Relator planteó preocupaciones con respecto al gran número de personas en espera de juicio, la mayoría sin acceso a representación letrada y sin conocimiento de su condición jurídica en relación con los cargos que se les imputan, lo que imposibilita el acceso a las garantías judiciales y la protección judicial. En tal sentido, la Comisión destaca los esfuerzos del gobierno para crear una comisión especial para estudiar y reducir la situación de detención preventiva. A pesar de su creación, la comisión tuvo varias dificultades para cumplir con su tarea durante el ano. En tal sentido, la Comisión desea resaltar la necesidad de reforzar medidas en relación con la supervisión judicial de las personas detenidas por períodos prolongados en espera de juicio y con el examen de la situación jurídica de las personas privadas de libertad, a fin de garantizar el derecho a la defensa letrada y a las garantías judiciales. En tal sentido, la Comisión fue informada por el Estado que el Fiscal General acerca del Tribunal Civil de Puerto Príncipe hizo esfuerzos para liberar mas de 100 personas en detención preventiva durante el ano.
198. Con respecto a las condiciones carcelarias, la Comisión observó las condiciones en las principales cárceles de Port-au-Prince y recibió información sobre las condiciones de las prisiones de todo el país. Si bien la visita del Relator a las penitenciarías de Haití confirmó conclusiones anteriores de la Comisión en cuanto a las condiciones carcelarias (véase el Informe Anual de la CIDH de 2006), también reveló que dichas condiciones y el hacinamiento en la más grande cárcel de Haití, la Penitenciaría Nacional, se habían deteriorado sustancialmente desde el año anterior. La CIDH fue informada sobre las acciones sostenidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja para mejorar las condiciones carcelarias, y en particular, las condiciones de salud de los detenidos. A pesar de estas intervenciones importantes y los de otras organizaciones de desarrollo, el Relator emitió una declaración en junio 2007 en que consideraba absolutamente precarias las condiciones sanitarias y de abrigo de los detenidos, a la vez que señaló la falta de acceso al agua potable y a la atención médica en las instalaciones visitadas. El Relator expresó alarma, específicamente, con respecto a la deplorable situación de la Penitenciaría Nacional, caracterizada por condiciones de hacinamiento sin precedentes, agravadas por una estructura obsoleta en estado ruinoso, con condiciones de salud y sanitarias absolutamente deficientes, y con falta de acceso al agua potable, a una alimentación adecuada y a cuidados médicos. Estos factores determinaron frecuentes muertes de personas privadas de su libertad en esta cárcel. Al respecto, una organización de derechos humanos haitiana publicó recientemente un informe sobre el sistema penitenciario de Haití en que documenta los casos de veinte muertes de reclusos en la Penitenciaría Nacional debido a las condiciones carcelarias deficientes.[210] Aunque los problemas de la violencia y las condiciones deficientes de las cárceles no son nuevos para Haití, la Comisión reitera con firmeza su exhortación al Estado para que garantice a las personas detenidas o encarceladas que no serán víctimas de la violencia o de otro maltrato a manos de agentes del Estado o de otros reclusos, y que no serán sometidas a condiciones que no satisfacen las reglas mínimas para el tratamiento de detenidos, incluidas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
199. Debido, en parte, al aumento del número de arrestos desde comienzos de 2007 y a la falta de una respuesta rápida y efectiva del sistema judicial, ello ha generado una crisis en la capacidad del Estado para alojar a un número sustancialmente mayor de detenidos en sus instalaciones, la mayoría de las cuales no han sido objeto de una reconstrucción o reparación significativa en los últimos años, y muchas de las cuales no fueron construidas ni adaptadas para los fines a los que se les destina ahora. Durante la visita de junio, el Relator sobre las Personas Privadas de Libertad confirmó las conclusiones de observadores internacionales y nacionales de los derechos humanos de que, debido a la superpoblación de las prisiones haitianas, existe una reciente y alarmante tendencia de parte de los jueces a instruir órdenes de detención en las celdas de los destacamentos policiales, y no en las cárceles como lo establece el mandato legal. Entretanto, el período promedio que se mantiene a una persona en detención antes del juicio no ha disminuido, por lo cual, las personas ahora son mantenidas entre varias semanas y dos meses en instalaciones sin de servicios de agua y alimentación adecuados (construidas para mantener a las personas durante el plazo constitucional de 48 horas). En consecuencia, el Relator observó las condiciones de las celdas del destacamento policial de Delmas, en que mujeres, hombres y niños compartían una celda común, sin agua, alimentos y demás servicios básicos. También durante la visita al destacamento policial de Delmas, la Comisión fue informada del caso de 13 personas que estaban detenidas en el destacamento de Delmas desde el 23 de mayo de 2007, sin juicio, antes de lo cual, las personas habían estado tres meses detenidas en el destacamento policial de Carrefour. La delegación fue informada de que esas personas habían sido originalmente arrestadas por soldados de la MINUSTAH por posesión de armas de fuego ilegales, las que fueron confiscadas en el momento del arresto. De acuerdo con la Policía Nacional de Haití, la investigación de este caso no podía efectuarse sin acceso a las pruebas fundamentales del caso.
200. En cuanto a las condiciones dentro de las celdas policiales, estas son pequeñas, sin ventanas, sin luz natural o artificial, y sin espacio para camas. Los destacamentos policiales carecen de recursos presupuestarios para mantener a los detenidos por períodos prolongados, y para suministrarles agua potable, alimentos, condiciones de higiene y servicios sanitarios. Las fuentes indican que los destacamentos policiales no cuentan con medidas de seguridad adecuadas para mantener a los detenidos por períodos prolongados, por lo cual, las personas son habitualmente contenidas en las celdas, sin tiempo para ejercicios. La mayoría de los destacamentos cuentan con no más de dos celdas, a veces usadas para separar a los hombres adultos de las mujeres adultas, o para separar a los hombres adultos de los niños. Se entiende que los detenidos son alojados en las celdas policiales en tanto las autoridades judiciales realizan las investigaciones penales, pero, de acuerdo con el código del proceso penal, las investigaciones penales pueden durar dos meses, aunque no existe límite para extender este plazo y, en la práctica, las investigaciones pueden durar bastante más de dos meses. Las consecuencias de la reciente práctica policial de detener a las personas por períodos prolongados en las celdas puede tener graves efectos para la vida y la integridad física de los detenidos. En consecuencia, esas condiciones están por debajo de las normas internacionales mínimas de detención de personas y constituyen una grave amenaza para la integridad física de los detenidos, por lo cual, las autoridades pertinentes deben abordar esta situación de inmediato, para que se respeten debidamente los derechos protegidos por la Convención Americana, incluidas las garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a no ser sometido a un castigo o tratamiento cruel o inusual.
201. Con respecto al problema más vasto de la reforma judicial y al antiguo problema de la falta de independencia del poder judicial, la Comisión siguió recibiendo información sobre las iniciativas del Estado para promover la reforma en el área de la administración de justicia. La Comisión recibió información de que, tras la elaboración de un plan de acción por parte del Ministerio de Justicia, en 2007, dicho Ministerio creó una comisión especial sobre la reforma judicial, la cual se ha reunido periódicamente y ha emitido desde su creación dos informes. La comisión incluye la participación de la sociedad civil y constituye un signo de progreso hacia el objetivo gubernamental de promover una imperiosa reforma judicial. Más específicamente, el Ministerio de Justicia presentó tres proyectos de ley al parlamento en relación con la independencia judicial, el estatuto de los jueces y los procedimientos constitucionales para su designación, su mandato y su exoneración del cargo. La información recibida indica que el proyecto de ley sobre la creación de un Consejo Superior del poder judicial fue aprobada recientemente en el parlamento y que los otros dos proyectos pronto correrían igual suerte. La Comisión expresa su satisfacción de recibir información sobre la presentación de proyectos de ley sobre el poder judicial y espera que su aprobación e implementación sean rápidas, y que se asignen recursos suficientes para la debida ejecución de estas leyes. La Comisión reconoce la importancia de las iniciativas del Ministerio de Justicia de fomentar la reforma judicial en Haití y exhorta a la comunidad internacional en particular a apoyar las iniciativas nacionales con la necesaria idoneidad técnica y recursos para implementar cambios profundos en el sistema de justicia que permitan superar deficiencias de larga data, a fin de tornarlo eficiente, imparcial y capaz de responder con rapidez y eficacia.
C. Impunidad
202. De máxima preocupación para la Comisión es el persistente problema de la impunidad por los abusos contra los derechos humanos y los delitos del pasado. A lo largo de los años en que la Comisión viene supervisando de cerca la situación de derechos humanos de Haití, ha comprobado que la impunidad por los abusos contra los derechos humanos y los actos delictivos en términos más generales, es sistemática y generalizada. La Comisión considera importante subrayar la responsabilidad del Estado de investigar y procesar los abusos contra los derechos humanos de acuerdo con las normas internacionales, quienquiera que sea responsable y toda vez que ocurran dichos abusos. Al respecto, la Comisión reconoce el juicio y las recientes sentencias de dos personas condenadas a cadena perpetua, el 30 de agosto de 2007, por el asesinato del prominente periodista Jacques Roches, en julio de 2005, presuntamente, la primera sentencia penal en la historia de Haití por el asesinato de un periodista. El Gobierno haitiano informó a la Comisión sobre el juicio en relación al asesinato de la periodista Brignol Lindor que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2007, pero la Comisión también recibió información de que el juicio tuvo varias irregularidades y faltó de asegurar las garantías judiciales. Además, los tribunales demostraron intentos iniciales de abordar esta cuestión mediante la celebración de juicios penales durante el año, como resultado de lo cual una serie de personas fueron efectivamente procesadas y condenadas por su participación en secuestros y otros delitos graves. La información recibida indica que el tribunal de primera instancia de Port-au-Prince, que tiene una lista de casos especialmente nutrida, y la Suprema Corte de Haití han desplegado recientemente ingentes esfuerzos para celebrar mayores audiencias y juicios penales. El juicio penal más reciente (sin jurado) fue celebrado en febrero de 2007 e incluía casos de robo, violación, asociación delictiva, secuestro, homicidio y posesión ilegal de armas. La Comisión encomienda a los funcionarios judiciales y, en particular, al Decano del Tribunal de Primera Instancia de Port-au-Prince y al Presidente (a.i.) de la Suprema Corte, por su diligencia y empeño por dar vista y resolver rápidamente los casos, pese a la limitación de recursos, para garantizar el derecho al debido proceso, el derecho a un juicio imparcial y sin demora y el derecho de las víctimas a un recurso legal. Por último, la Comisión celebra los recientes esfuerzos de la justicia por abordar los numerosos casos penales en espera de juicio y espera que esta iniciativa reciba mayor impulso y apoyo para examinar rápida y adecuadamente los numerosos casos pendientes.
203. Con respecto a ciertos casos de derechos humanos, la Comisión reconoce la decisión de crear una comisión especial para respaldar la investigación de los asesinatos de periodistas, designada por el Presidente de la República el 13 de agosto de 2007. Esta comisión especial está compuesta por nueve miembros y tiene el mandato de asistir a las autoridades haitianas en la investigación de los asesinatos de varios periodistas ocurridos en Haití de 2000 en adelante, incluido el caso de Jean Dominique y Brignol Lindor. Si bien la creación de esta comisión es un signo del reconocimiento y la voluntad del actual gobierno de responsabilizar a los autores de delitos no resueltos de asesinato de periodistas, la Comisión desea subrayar que el deber de investigar, procesar y sancionar efectivamente los delitos cometidos en su territorio corresponde al Estado. Por tal razón, es especialmente importante adoptar medidas para reforzar a las principales instituciones del Estado encargadas de la administración de justicia, especialmente el poder judicial, para que funcione efectivamente y haga justicia sin demora.
204. Por otro lado, la Comisión siguió recibiendo información sobre graves abusos de los derechos humanos que no han merecido una atención y un seguimiento adecuados de parte de las autoridades judiciales. Asimismo, la justicia haitiana todavía no resolvió cientos de casos de secuestros y violaciones cometidos con total impunidad y en los que se sospecha estuvieron involucrados miembros de la PNH. La Comisión expresa su preocupación por la persistente impunidad en estos casos. Como lo sugirió en su informe de 2005 sobre la administración de justicia en Haití, a juicio de la Comisión, los numerosos casos no resueltos tal vez requieran enfoques innovadores, no sólo para permitir la rendición de cuentas y reparaciones, sino también para evitar la reiteración de tales actos en el futuro.
205. Con respecto a estas cuestiones, la Comisión reitera su preocupación en cuanto a la obligación del Estado de poner fin a la impunidad por los abusos de los derechos humanos a través de procedimientos imparciales y efectivos, que se conformen con las normas internacionales y con los derechos de todas las personas al debido proceso y a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, sin discriminación de ninguna clase. La Comisión ha observado que el Estado está obligado a asegurar la realización de la investigación, el procesamiento y el castigo por las violaciones de los derechos humanos de acuerdo con las normas internacionales. Teniendo en cuenta la tarea que hay por delante, la Comisión desea resaltar el importante papel de la comunidad internacional de apoyar el refuerzo del sistema judicial haitiano, y espera que se brinde un apoyo vital a la justicia haitiana, especialmente mediante recursos financieros y equipo en donación, la reconstrucción de las salas de los tribunales, la capacitación de los jueces, la asistencia técnica y la implementación de reformas para transformar un sistema judicial arcaico en un sistema que refleje los actuales estándares de justicia.
D. Situación de algunas personas y grupos
206. La preocupación de la Comisión durante 2007 también se centró en la situación de los grupos que merecen particular atención, como las mujeres, los niños, los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
207. En el curso de 2007, las mujeres haitianas siguieron enfrentando la discriminación y la violencia por razones de género, en tanto la respuesta del Estado a estas violaciones de los derechos humanos sigue siendo deficiente. Los trabajadores de la salud denuncian que el número de víctimas de violaciones aumentó constantemente a comienzos de 2007. En consecuencias Médicos sin Fronteras, que opera tres centros médicos en Haití, informó del tratamiento de 70 víctimas de violación en enero (26 casos) y febrero (44 casos) de 2007, en tanto otros informes indican que entre febrero de 2006 y febrero 2007, fueron tratadas más de 800 víctimas de violaciones.[211] La Comisión está especialmente preocupada por la respuesta del Estado ante la prevalencia de la discriminación y la violencia contra las mujeres y adolescentes en la sociedad haitiana. Las carencias de los sectores de la salud, la educación y la justicia siguen afectando particularmente a las mujeres y adolescentes. Aunque los actos de secuestro, violación, asesinato e intimidación de años recientes han afectado a la mayoría de la población de Port-au-Prince, distintas fuentes revelaron que las mujeres y las adolescentes son particularmente vulnerables a los actos de violencia y abuso en la sociedad haitiana debido a arraigadas normas, modalidades y prácticas socioculturales discriminatorias basadas en el concepto de que la mujer es inferior. La aprobación por el Estado de instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (“CEDAW”) reflejan el reconocimiento del tratamiento discriminatorio que la mujer ha recibido tradicionalmente en esta sociedad, lo que la ha expuesto a diversas formas de violencia y trato abusivo de su cuerpo, así como el compromiso del Estado de actuar con la debida diligencia para evitar, investigar, sancionar y reparar estos actos.
208. Como se señaló en los informes anuales anteriores, la Comisión estima que la incidencia de las violaciones de mujeres y niños sigue siendo elevada y, compartiendo la opinión de numerosos trabajadores sociales y observadores de los derechos humanos, en la medida que los agresores no sean llevados ante la justicia por sus crímenes, la incidencia de la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes continuará. Si bien las tasas de persecuciones entabladas en caso de violaciones sigue siendo sumamente reducida, las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer que realizan el seguimiento de las causas en los tribunales indican que al menos dos casos de violación fueron juzgados y sentenciados en 2007, los que constituyen unas de las primeras condenas por violación en la historia de Haití.[212] Sin embargo, la Comisión observa el abismo entre los casos registrados y los que llegan a la etapa de investigación y sanción. Con respecto a estos problemas, la Comisión ha reiterado la necesidad de que el Estado tome medidas concretas para fomentar y proteger los derechos de la mujer, que incluyen la realización de investigaciones y persecuciones judiciales efectivas de las denuncias de violencia sexual perpetrada contra mujeres y niñas, como lo dispone la Convención Interamericana sobre la Protección, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por Haití el 2 de junio de 1997. En este sentido, la Comisión insta al Estado a asegurar que los proyectos de ley sobre trabajo doméstico (restavek), cohabitación y paternidad sean conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y que sean aprobados rápidamente. Asimismo, aunque la Comisión fomenta otros proyectos de ley sobre formas especificas de violencia contra la mujer e igualdad de género que deben ser sometidas próximamente al parlamento, la Comisión consideraría constructiva la adopción de nuevas medidas para la materialización de estas iniciativas.[213]
209. Por otro lado, la Comisión alienta las iniciativas del Ministerio de la Mujer para adoptar una política y un plan de erradicación de la violencia contra la mujer y garantizar servicios adecuados a las víctimas de violencia sexual. Asimismo, la Comisión reconoce y valora los esfuerzos del Ministerio en pro de la eliminación de los estereotipos discriminatorios de la mujer, como las medidas adoptadas en el contexto de la celebración del Carnaval, en febrero de 2007, incluida una campaña pública contra la violencia contra la mujer y la explotación de los cuerpos de las mujeres como objetos sexuales por razones comerciales.[214] Sin embargo, pese a estos esfuerzos, se informó de 50 violaciones de mujeres y adolescentes registradas en los tres días de carnaval, en marzo de 2007.[215]
210. Además, la Comisión se siente alentada por las diversas medidas adoptadas a comienzos de 2007 por el Ministerio de la Mujer para el avance de las políticas gubernamentales respecto de cuestiones de género, como parte del plan de acción para 2006-2011. Esas medidas incluyen el fomento del diálogo con las ONG y los organismos internacionales de cooperación y el fortalecimiento de la capacidad orgánica e institucional del Ministerio de la Mujer para su adecuado funcionamiento; la promoción de la inclusión de los aspectos de género en otros sectores de la administración pública haitiana, la implementación de iniciativas para recabar indicadores de género en los demás poderes del Estado y en otros sectores de la sociedad, el fortalecimiento del diálogo interministerial, la implementación de iniciativas que aseguren el cumplimiento por el Estado de las obligaciones internacionales y regionales sobre los derechos humanos y los derechos de la mujer, el fortalecimiento de la cooperación con el Instituto Nacional de Formación Profesional[216] para la incorporación de la mujer en las áreas de empleo tradicionalmente ocupadas por los hombres y la implementación del Plan Nacional contra la violencia de género,[217] entre otras.[218] Asimismo, la Comisión manifiesta su satisfacción por la creación de una unidad, dentro del Ministerio de la Mujer, con el mandato específico de apoyar a las víctimas de violación.
211. La información recibida en 2007 sobre la situación de los niños y niñas se basa en las conclusiones de 2005 del Relator sobre la situación de los niños[219]. Dicha información indica que los niños y niñas siguen siendo víctimas del trabajo precoz, el tráfico organizado, el secuestro, el abuso y el arresto y la detención arbitrarias por las fuerzas policiales. Las cifras sugieren que hay unos 2.500 niños en situación de calle (80% en Port-au-Prince); 173.000 en tareas domésticas; 2.000 traficados anualmente a la República Dominicana; 300.000 huérfanos enfermos del SIDA y 9,000 infectados con VIH.[220] Aunque la violencia de las pandillas contra los niños y niñas puede haber disminuido en los centros urbanos, muchos aspectos, como el fenómeno de los niños de la calle, persisten y requieren atención inmediata de las autoridades pertinentes para asegurar la debida protección de los niños vulnerables. En Haití, los niños de la calle constituyen uno de los grupos más vulnerables por la falta de acceso a abrigo, alimento, educación, empleo y servicios de salud adecuados. Estos niños son sumamente susceptibles de participar en actividades delictivas y se ha denunciado que en el pasado han sido blanco del reclutamiento de las bandas armadas.
212. El tráfico de niños también fue señalado como una tendencia inquietante y una amenaza para la protección de los niños. Las cifras indican que 300.000 niños son víctimas del tráfico en Haití, 2.000 de los cuales son traficados por año a la República Dominicana. Los defensores de los derechos del niño señalan también que, en algunos casos, los orfanatos son utilizados con fines ilícitos de tráfico de niños, prostitución y otras formas de explotación sexual de niños. Al respecto, las autoridades haitianas, junto con la Organización Internacional para las Migraciones y organizaciones de derechos humanos, están preparando legislación interna para controlar el tráfico de personas. La Comisión espera que este proceso de evaluación y aprobación del texto por el parlamento, al igual que el Código del Menor que espera consideración parlamentaria, sea rápido y contribuya a fomentar la protección del niño.
213. La Comisión desea manifestar su preocupación por la situación de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, en particular la detención de niños y adolescentes en una penitenciaría y no en un servicio de rehabilitación dispuesto por ley. El marco jurídico de Haití en relación con la protección del niños y adolescentes en conflicto con la ley se limita prácticamente a la ley de 1961 sobre delincuencia de niños y adolescentes en conflicto con la ley, que tiene un enfoque rehabilitador en el tema de la delincuencia juvenil y dispone la protección especial de los niños y adolescentes en conflicto con la ley. En particular, la ley establece un centro de rehabilitación para los niños y adolescentes responsables de la comisión de delitos. Los niños de 16 años son considerados inimputables y se prevé que cumplan su pena en un centro de rehabilitación y no en un centro de detención. En reuniones con autoridades gubernamentales e integrantes del poder judicial y de la sociedad civil, se expresó una preocupación generalizada por la detención de niños y adolescentes en conflicto con la ley y la falta de un centro de rehabilitación adecuado y previsto legalmente para este grupo, así como la falta de un refugio para los niños abandonados y víctimas de abuso. Esa situación contraviene las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las normas internacionales de protección del niño y del adolescente bajo detención contenidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia juvenil, las que disponen que la detención de niños en espera de juicio debe ser el último recurso. Estas disposiciones exigen que los niños mantenidos en detención reciban atención, protección y toda la asistencia individual necesaria en materia social, educativa, vocacional, psicológica, médica y física para su edad, sexo y personalidad.
214. Con respecto a los niños detenidos, en el curso de la visita de la Comisión realizada en abril, había 125 niños en la prisión de Delmas y 29 niñas en la prisión de Petion Ville. Las fuentes contactadas indicaron que se ofrecían muy escasos servicios a los niños, como clases de alfabetización y programas de recreación, pero no se disponía de servicios de educación y de otro tipo para las niñas. Las condiciones de las instalaciones son deficientes. Una preocupación clave de los defensores de los derechos del menor, de las autoridades del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo y de los jueces de los tribunales de niños es el grado de prolongación de la detención de niños y adolescentes antes del juicio y la falta de servicios letrados adecuados para los niños y adolescentes en conflicto con la ley. En algunos casos, se les acusa de delitos niños y, en otros, habrían sido arrestados ilegalmente, sin una orden judicial o bajo cargos falsos. Asimismo, a abril de 2007, en el caso de los niños, sólo dos de un total de 125 detenidos habían sido condenados, en tanto en el caso de las niñas, sólo una de 28 había sido condenada.
215. En este sentido, en el curso de la visita que realizó la Comisión en abril de 2007, el Ministerio de Asuntos Sociales indicó que se estaban realizando reparaciones en el Centre d’Accueil (un refugio para niños sin hogar y niños en conflicto con la ley, operado por el Estado) en Carrefour, y, por tanto, los niños y adolescentes habían sido temporariamente trasladados a un lugar fuera de Port-au-Prince. La Comisión observa desde hace tiempo la situación de los niños y adolescentes en Haití, habiendo tomado nota con particular preocupación de la situación de los niños de la calle, los niños en conflicto con la ley y los niños sometidos a abuso físico y sexual, por lo que subraya la extrema importancia de diseñar un plan y una política amplios sobre protección de niños y adolescentes y de asegurar la asignación de recursos suficientes para su efectiva implementación.
216. Como lo ha señalado la Comisión en ocasiones anteriores, los niños son uno de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, por lo que tienen derecho a una protección especial del Estado para salvaguardar efectivamente sus derechos. La Comisión reitera su preocupación por la situación gravemente precaria de los menores en Haití, señala la casi nula protección ofrecida a los menores de edad. En particular la Comisión observó irregularidades serias no vistas en otros países, como el encarcelamiento de niños desde los 6 años de edad, una política de encierro en las celdas y el encarcelamiento de niños de muy corta edad con adolescentes de mayor edad en las mismas celdas. Por lo cual la Comisión exhorta al Estado a adoptar las medidas necesarias para dar plena vigencia a los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana, a las medidas de protección que requiere su edad de parte de las familias, la sociedad y el Estado, así como a los derechos y libertades consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Haití el 8 de julio de 1995.
217. Con respecto a la libertad de expresión, la Comisión observó una mejoría general en la situación; sin embargo, existen áreas que siguen exigiendo medidas para la protección efectiva de este derecho. En particular, el aspecto de la libertad de expresión que es de principal preocupación para la Comisión en Haití es la impunidad por los casos de asesinato de periodistas, que contribuye a una actitud de tolerancia y puede alentar otros actos de violencia e intimidación contra periodistas, creando además una limitación a la libertad de expresión. Una mayoría de las organizaciones de periodistas y de derechos humanos confirmaron la situación de impunidad generalizada en lo que hace a los delitos contra periodistas.[221] Entre las medidas que se sugirió adoptar, tras la visita de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión en septiembre de 2007, se cuentan el deber de asegurar la efectiva y pronta investigación, procesamiento y sanción de los casos de asesinato de periodistas y determinar si el delito se relacionaba con la actividad profesional; adoptar medidas para asegurar que la legislación interna sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo que hace a la libertad de expresión, incluida la despenalización del desacato, y, por último, crear leyes en la esfera del acceso a la información para asegurar que el acceso a la información pública esté garantizado como un derecho humano.
218. En comparación con años anteriores, la Comisión recibió menos denuncias relacionadas con la violencia y las amenazas como represalia contra los defensores de los derechos humanos por el ejercicio de su profesión. En estas esferas, los defensores son una de las pocas fuentes de información sobre abusos de los derechos humanos cometidos en el país. La Comisión valora la labor de los defensores que, en circunstancias difíciles, siguen promoviendo y protegiendo los derechos de los haitianos. En este sentido, la Comisión recuerda al Estado su deber de asegurar las condiciones necesarias que faciliten la labor de los defensores. En 2007, la Comisión supo de dos casos de amenazas a defensores de los derechos humanos, con respecto a uno de los cuales la Comisión formuló un pedido de información al Estado. En este sentido, la Comisión expresa su preocupación por la falta de respuesta al pedido de información y la no aplicación del pedido de medidas cautelares a favor de los defensores de Haití, desde 2005. A la fecha, la Comisión no ha recibido información alguna del Estado que indique qué medidas fueron adoptadas para proteger la vida y la integridad de los peticionarios en los casos con medidas cautelares, observando específicamente que la información sobre la investigación de estas cuestiones todavía tiene que ser remitida a la Comisión. En consecuencia, la Comisión subraya los riesgos extremos que pesan sobre los peticionarios, que siguen ejerciendo su profesión sin medidas de seguridad adoptadas por el Estado para garantizar su derecho a la vida y a su integridad física.
V. CONCLUSIÓN
219. Sobre la base de su observación de la situación de derechos humanos de Haití durante los últimos años, la Comisión registró una mejoría notable en la situación del país en 2007, específicamente la reducción de los delitos violentos, y reconoce los empeños e iniciativas del Gobierno de Rene Preval para enfrentar problemas críticos del país. Además, la Comisión reconoce el valioso apoyo de la comunidad internacional al gobierno haitiano en la consecución de sus objetivos de desarrollo. Al mismo tiempo, la Comisión observa que la situación de paz y estabilidad sigue siendo frágil y reconoce que la tarea de reforzar las instituciones nacionales y elaborar medidas para superar antiguas deficiencias es un proceso que llevará tiempo y exigirá recursos financieros y humanos suficientes y un compromiso a largo plazo del gobierno y de la comunidad internacional. En consecuencia, la Comisión sigue subrayando la importancia de que el Estado mantenga como prioridad el fortalecimiento del Estado de derecho y la administración de justicia, los esfuerzos por fortalecer y reformar las fuerzas de seguridad pública y medidas amplias para lograr un progresivo desarrollo social y económico, a fin de asegurar a los haitianos el ejercicio de sus derechos sociales y económicos, en particular, el acceso a oportunidades de empleo. Específicamente, las áreas más importantes de preocupación para la Comisión en relación con la situación de derechos humanos de los haitianos sigue siendo el grado de generalización de la impunidad por los abusos y delitos contra los derechos humanos, la falta de protecciones efectivas para las víctimas de estos abusos y las condiciones económicas y sociales extremadamente deficientes que imperan, que privan a la mayoría de la población del acceso a servicios sociales básicos, como un refugio adecuado, agua potable, atención de la salud, educación y empleo.
220. Si bien la Comisión reconoce que 2007 estuvo marcado por una serie de iniciativas patrocinadas por el Estado para hacer frente a las deficiencias que afectan a algunas esferas, también subraya la importancia de mantener esos esfuerzos a largo plazo, de asegurar una gestión eficiente de los recursos para la implementación de proyectos y, fundamentalmente, elaborar una estrategia a largo plazo y una política de reforma que aborde las deficiencias estructurales y legislativas en estas áreas. Al respecto, la Comisión reitera la importancia del papel de la comunidad internacional en la prestación de una asistencia financiera y técnica vital para que Haití pueda superar problemas de larga data y alcanzar un cambio y una estabilidad a largo plazo y, en particular, reitera la necesidad de elaborar programas en colaboración y coordinación, primordialmente con el gobierno haitiano, y con otros actores claves. Teniendo en cuenta estas conclusiones, la Comisión recomienda que la República de Haití adopte las medidas siguientes:
1. Con respecto a la seguridad pública, elaborar un plan de seguridad amplio para el país, que incluya estrategias para controlar el aumento del delito organizado y el tráfico ilícito y, específicamente, adoptar medidas a largo plazo y sostenidas para garantizar la adecuada prevención y sanción de los delitos penales violentos, en particular, reformar los mecanismos de responsabilización para hacer responsables efectivamente a los autores de delitos. Asimismo, mantener la asistencia financiera y técnica a la fuerza policial para el desarrollo profesional de la Policía Nacional de Haití y, específicamente, adoptar medidas de fomento del plan de estudios de la academia de policía, haciendo cumplir, al mismo tiempo, la cadena de mando de la fuerza, incluida la supervisión y el control efectivos de la conducta de los funcionarios, y adoptar las medidas disciplinarias que correspondan cuando sea necesario y conforme a un debido proceso.
2. Con respecto al sistema carcelario y a las personas privadas de libertad, adoptar medidas urgentes encaminadas a mejorar las condiciones de vida y de seguridad de las instalaciones penitenciarias y los centros de detención de Haití para asegurar que los mismos cumplan con las mínimas normas internacionales de derechos humanos y, aparte de crear la comisión especial sobre detenciones, adoptar prácticas óptimas y medidas preventivas a largo plazo, que pueden incluir las necesarias reformas institucionales, para reducir los períodos en que las personas permanecen detenidas en prisión preventiva. A tal fin, de mejorar el mecanismo de coordinación entre los donantes internacionales y las organizaciones que implementan programas de asistencia humanitaria y social en los centros de detención en Haití.
3. Aprobar sin demora legislación que proteja adecuadamente a las mujeres y las niñas contra actos de discriminación y distintas formas de violencia –física, sexual y psicológica- en las esferas privada y pública. Al respecto, brindar a las víctimas mujeres servicios letrados accesibles y efectivos, en forma gratuita, para iniciar acciones ante la justicia, y crear centros especializados que brinden servicios multidisciplinarios a las víctimas de la violencia, inclusive letrados, médicos y psicológicos.
4. Mantener su compromiso de asegurar una paz y una seguridad sostenibles mediante las iniciativas recientemente emprendidas para erradicar la corrupción en las instituciones del Estado, elaborar una política para combatir el narcotráfico, el delito organizado y la proliferación de armas, seguir invirtiendo en proyectos de desarrollo social y económico y, más específicamente, seguir fortaleciendo las instituciones del Estado, en especial a las responsables de la administración de justicia y del estado de derecho.
Voto Salvado por el Comisionado Gutiérrez
No estoy de acuerdo con la inclusión de Haití en el Capítulo lV del informe 2007 por las razones que enseguida expongo:
1. La Comisión, al conocer hechos que se hubiesen dado entre el primer trimestre de 2004 y la relegitimación de la democracia durante estos dos años 2006 y 2007, no puede pasar por alto, a mi entender, el contexto en el cual se desarrollaron esos hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos, y la situación atípica de los acontecimientos que se plantearon.
2. En efecto, no es posible omitir que el Presidente Jean Bertrand Aristide, electo en comicios libres y democráticos y el gobierno que lo respaldaba, fueron objeto de una conspiración de diferentes sectores de Haití con la cooperación de factores internacionales que impulsaron y concretaron el desplazamiento del primer mandatario y la implantación de un estado de facto. El estado de derecho, aun cuando se pudiera considerar precario, era preferible a la situación fáctica y calamitosa que le sucedió. Las fuerzas que actuaron dentro de Haití, estaban compuestas, según se sabe, por bandas paramilitares y parapoliciales que fueron armadas en la frontera con República Dominicana y marcharon paulatina pero agresivamente hacia la capital Puerto Príncipe, con la ayuda, además, de medios de comunicación que hicieron apología de la violencia e instigaron a delinquir. Los ex-relatores de Libertad de expresión, entre otros factores externos, le dieron un franco y definido apoyo a los medios informativos que exhibieron estas conductas que coliden con normas expresas de la Convención Americana.
3. Bajo estas condiciones, el Presidente Aristide, según él mismo comentó, fue privado ilegítimamente de la libertad por elementos armados de los Estados Unidos de América, secuestrado, montado en un avión, y trasladado por la fuerza del país con destino a África. Enseguida, fuerzas de ocupación concertadas e impulsadas desde Naciones Unidas que se conocieron formal y socialmente como MINUSTAH entraron en territorio Haitiano. Nada de lo ocurrido en Haití desde ese momento en adelante, es ajeno a las fuerzas de ocupación. Haití fue territorio ocupado. ¿Quien responde por las violaciones a los derechos humanos durante una ocupación?
4. Durante la ocupación, que aun no ha cesado del todo, ha sido del dominio público la atmósfera de terror que vivió la población, y las condiciones infrahumanas que rodearon el desenvolvimiento de la vida de mujeres, hombres, niños y adolescentes, en definitiva, del pueblo de Haití, de la sociedad haitiana. Falta de agua potable, de alimentación, de techo, y de las provisiones mínimas necesarias para satisfacer las necesidades básicas. La propia Comisión conoció de estos hechos y además, de la persecución que se desencadenó contra sectores políticos como el partido político LAVALAS. Se supo de ejecuciones extrajudiciales y masacres en barrios de Puerto Príncipe, como Bel-Air, Cite Soleil, Delmas, Fort National, Grand Ravine y Martissant, entre otros.
5. Las noticias recibidas y los expedientes que reposan en la Comisión dan cuenta de actos de barbarie ejecutados por la MINUSTAH y el involucramiento de esta fuerza de ocupación en hechos de violencia sistemática. Se afirmó categóricamente que los ocupantes le dieron soporte a quienes llevaron a cabo persecuciones, secuestros, tratos crueles y degradantes, privaciones ilegítimas de la libertad, irrespetos a la integridad física, psíquica, y moral de la gente, y ausencia de garantías para ejercer cualquier derecho. También se planteó ante la Comisión que la fuerza de ocupación en diferentes circunstancias, no actuó para impedir que hechos como los descritos antes se pudieran perpetrar.
6. Dadas estas circunstancias, ¿podemos calificar en abstracto al estado haitiano de quebrantador de los Derechos Humanos? sabemos quienes son las víctimas, pero sabemos, sin lugar a dudas ¿ quiénes son los victimarios?. La respuesta más sencilla sería decir que es el estado, pero ¿Es que acaso ese estado no estaba y aun está ocupado y desmantelado? Intentando con el Dr. Rene Preval rehacerse. Mutatis Mutandi, tengamos presente el caso actual de Irak. Tal vez podamos aproximarnos a la identidad de las víctimas, pero podemos estar satisfechos con la respuesta: El victimario es Irak ¿Es que acaso Irak es una abstracción? ¿Quién responde?. Volviendo al hemisferio, regresando a Haití, ¿Contribuye la Comisión en medio de las circunstancias descritas, incorporándolo al Capítulo lV del informe, al renacimiento de Haití?, ¿Quién resarcirá el espantoso daño causado? será el estado que se reconstruye ocupando paulatinamente su espacio?, o ¿será el ocupante que en buena medida ha sido causante del quebrantamiento de los derechos Humanos y que ahora desocupa el espacio que nunca debió ocupar?
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[185] Véase CIDH, Informe Anual 2006, Capítulo IV sobre Haití; véase también Informe Anual 2005, Capítulo IV sobre Haití. [186] Véase Informe CIDH Haití ¿Justicia frustrada o Estado de derecho? Desafíos para Haití y la comunidad internacional, OEA/Ser/L/V/II.123 doc.6 rev. 1 (26 de octubre de 2005) párrafo 9. [187] Véase Comunicado de Prensa Nº 22/07 de la CIDH “CIDH realizará visita in situ a Haití” (13 de abril de 2007); Véase también Comunicado de Prensa Nº 24/07 de la CIDH “La CIDH destaca los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en Haití” (20 de abril de 2007) Disponible asimismo en: http://www.cidh.org/Comunicados/ English/2007/24.07eng.htm. [188] Véase Comunicado de Prensa Nº 31/07 de la CIDH “La Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad realiza una visita a Haití” (15 de junio de 2007); Véase también Comunicado de Prensa de la CIDH, No.32/07 “La Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad concluye su visita a la República de Haití” (21 de junio de 2007) Disponible asimismo en: http://www.cidh.org/Comunicados/English/2007/32.07eng.htm. [189] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo IV, disponible en http://www.cidh.org/annualrep/ 2005eng/chap.4.htm; Informe Anual 2004, Capítulo IV, disponible en http://www.cidh.org/annualrep/2004eng/chap.4.htm. [190] Véase Comunicado de Prensa Nº 40/07 de la CIDH “La CIDH concluye su 128º período ordinario de sesiones” (1 de agosto de 2007), disponible asimismo en: http://www.cidh.org/Comunicados/English/2007/40.07eng.htm; véase también, Comunicado de Prensa Nº 54/07 de la CIDH “La CIDH culmina su 130º período de sesiones” (19 de octubre de 2007), disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/English/2007/54.07eng.htm. [191] Véase Resolución 1780 del Consejo de Seguridad de la ONU (2007), ONU Doc. S/RES/1780 (2007) (15 de octubre de 2007). [192] Véase Informe del Experto Independiente sobre Haití al Secretario General de las Naciones Unidas “Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos: Situación de los derechos humanos en Haití”, E/CN.4/2006/115, 62º período de sesiones de UNCHR (26 de enero de 2006) disponible en http://daccessdds.un.org/doc/ UNDOC/GEN/G06/104/54/PDF/G0610454.pdf?OpenElement.
[193]
Resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES.2215 (XXXVI)-O-06,
“Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Socioeconómico en
Haití” (6 de junio de 2006), que puede consultarse en
http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/ [194] Ibid. [195] Véase Informe del Grupo Asesor Especial sobre Haití del Consejo Económico y Social; Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (E/2007/78) 13 de junio de 2007, párrafos 34-37. [196] Ibid párrafo 38. [197] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 2006, Capítulo IV, disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/ 2006eng/chap.4.htm. [198] Véase CIDH, Comunicado de Prensa Nº 31/07 “La Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad realiza una visita a Haití” (15 de junio de 2007); Véase también CIDH, Comunicado de Prensa Nº 32/07 “La Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad concluye su visita a la República de Haití” (21 de junio de 2007). Disponible asimismo en: http://www.cidh.org/Comunicados/English/2007/32.07eng.htm. [199] Véase Comunicado de Prensa No.178/07 de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión “La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión concluye su visita a Haití y formula recomendaciones” (4 de octubre de 2007), también disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=711&lID=1. [200] Véase Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 14/07 “La CIDH culmina su 127º período ordinario de sesiones” (9 de marzo de 2007) también disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/English/2007/14.07eng.htm; véase también Comunicado de Prensa Nº 40/07 de la CIDH “Ia CIDH finaliza su 128º período ordinario de sesiones” (1º de agosto de 2007), también disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/English/2007/40.07eng.htm; véase, asimismo, Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 54/07 “La CIDH culmina su 130º período de sesiones” (19 de octubre de 2007), también disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/English/2007/54.07eng.htm. [201] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo IV, disponible en http://www.cidh.org/annualrep/ 2005eng/chap.4.htm; Informe Anual 2004, Capítulo IV, disponible en http://www.cidh.org/annualrep/2004eng/chap.4.htm; Informe Anual 2003, Capítulo IV, disponible en http://www.cidh.org/annualrep/2003eng/chap.4.htm; Informe Anual 2002, Capítulo IV, disponible en http://www.cidh.org/annualrep/2002eng/chap.4d.htm; Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 24/03 (22 de agosto de 2003); Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 11/00 (25 de agosto de 2000): Véase también Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 20/05 (6 de junio de 2005). [202] Informaciones recibidas de observadores de los derechos humanos y trabajadores humanitarios de Cité Soleil recibidas en abril de 2007; véase también, “US Embassy in Haití Acknowledges Excessive Force by UN,” Haití Action Committee, también disponible en: http://haitisolidarity.live.radicaldesigns.org/article.php?id=138; véase también “Haitií, Heavy Fighting Erupts in Cite Soleil. MSF keeps assisting those wounded in the clashes,” Reuters Newswire, disponible asimismo en: http://www.alertnet.org/thenews/fromthefield/msfbelgium/117015225057.htm. [203] Véase Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 22/07 “CIDH realizará visita in situ a Haití” (13 de abril de 2007); Véase también Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 24/07 “La CIDH destaca los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en Haití” (20 de abril de 2007) Disponible asimismo en: http://www.cidh.org/Comunicados /English/2007/24.07eng.htm y declaraciones públicas a la prensa. [204] Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 54/07 “La CIDH culmina su 130º período de sesiones” (19 de octubre de 2007), también disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/English/2007/54.07eng.htm. [205] Véase Informe de la CIDH, Haití ¿Justicia frustrada o estado de derecho? Desafíos para Haití y la comunidad internacional, OEA/Ser/L/V/II.123 doc. 6 rev. 1 (26 de octubre de 2005) también disponible en http://www.cidh.oas.org/countryrep/HAITI%20ENGLISH7X10%20FINAL.pdf. [206] Véase Informe Global de la Corrupción 2007, Transparencia Internacional, también disponible en: http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr. [207] Entrevista con el Fiscal Público en el Tribunal de Primera Instancia de Port-au-Prince (abril de 2007). [208] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 2004, Capítulo IV, disponible en http://www.cidh.org/annualrep/ 2004eng/chap.4.htm; Informe Anual 2003, Capítulo IV, disponible en http://www.cidh.org/annualrep/2003eng/chap.4.htm; Informe Anual 2002, Capítulo IV, disponible en http://www.cidh.org/annualrep/2002eng/chap.4d.htm; Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 24/03 (22 de agosto de 2003); Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 11/00 (25 de agosto de 2000). [209] Véase Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 32/07 07 “La Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad concluye su visita a la República de Haití” (21 de junio de 2007) Disponible asimismo en: www.cidh.org. [210] Véase Informe RNDDH : Día Internacional de los Detenidos : RNDDH realiza relevamiento en centros de detención de Haití (28 de octubre de 2007). [211] Véase “HaitI Kidnap Wave Accompanied by Epidemic Rape”, 8 de marzo de 2007, Reuteurs, disponible en http://www.peacewomen.org/news/Haití/Mar07/kidnap_rape.html. [212] Véase “Rapport BilanV: Femmes-Filles Victimes de Violence Accueillies et Accompagnees dans les Centres Douvanjou de la SOFA de Janvier a Juin 2007”, Solidarite Fanm Ayisyen (Agosto de 2007). [213] Los proyectos de ley son parte de un plan de acción más vasto del Ministerio de la Mujer fijado para los años de 2006 a 2011, el cual incluye el fomento de los derechos de la mujer, el fomento de la conciencia pública acerca del problema de la violencia contra la mujer, el análisis de las disparidades entre hombres y mujeres en varios sectores y la lucha contra la pobreza. MCFDF/Priorités 2006-2011, Proposition/Document de travail, Septiembre de 2006. [214] Véase République D’Haití, « Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), Carnaval 2007 : Impact de la Campagne de sensibilisation menée par le MCFDF contre les stéréotypes sexuels et les violences faites aux femmes », disponible at http://www.haitivisions.com/mcfdf/; véase también « Haití – Carnaval et genre : Le ministère à la condition féminine s’insurge contre l’exploitation commerciale du corps de la femme », AlterPresse, miércoles 7 de febrero de 2007, disponible en http://www.haitivisions.com/mcfdf/alterpresse.htm. [215] Véase Radio Canadá, L’arme de la Terreur, 7 de marzo de 2007, disponible en http://www.mcfdf. gouv.ht/presse.htm. [216] Instituto Nacional de la Formación Profesional. [217] Plan Nacional contra las formas específicas de violencia contra la mujer. [218] Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de la Mujer (MCFDF), Bilan enero-marzo 2007, marzo de 2007, páginas 5-15. [219] Paulo Sérgio Pinheiro también actúa como “Experto Independiente de las Naciones Unidas, Estudio de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños” [220] Agence Haitienne de Presse, “Lancement à Port-au-Prince d’un symposium de 2 jours autour de la validation d’un plan national de la protection de l’enfant en Haïti”, 26 de octubre de 2006. [221] Véase Comunicado de Prensa Nº 178/07 de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión “La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión concluye su visita a Haití y formula recomendaciones” (4 de octubre de 2007), disponible también en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=711&lID=1. [222] El artículo 57 del Reglamento de la CIDH establece "1. El Informe Anual a la Asamblea General de la OEA deberá incluir lo siguiente: [...] h. los informes generales o especiales que la Comisión considere necesarios sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y, en su caso, informes de seguimiento, destacándose los progresos alcanzados y las dificultades que han existido para la efectiva observancia de los derechos humanos; [..]2. En la preparación y adopción de los informes previstos en el párrafo 1(h) del presente artículo, la Comisión recabará información de todas las fuentes que estime necesarias para la protección de los derechos humanos. Previo a su publicación en el Informe Anual, la Comisión transmitirá una copia de dicho informe al Estado respectivo. Éste podrá enviar a la Comisión las opiniones que considere convenientes, dentro del plazo máximo de un mes a partir de la transmisión del informe correspondiente. El contenido de dicho informe y la decisión de publicarlo serán de la competencia exclusiva de la Comisión. "Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Aprobado por la Comisión en su 109º período extraordinario de sesiones celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000, modificado en su 116° período ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002 y en su 118º período ordinario de sesiones, celebrado del 6 al 24 de octubre de 2003). |
