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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1. Al hacer un balance, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006 destaca positivos avances y compromisos políticos alentadores que dan cuenta de la voluntad política de asegurar la plena vigencia de las libertades fundamentales en el hemisferio. En particular, la CIDH resalta las declaraciones de la Presidenta de Chile en el sentido de que el Estado cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la no aplicabilidad de la ley de amnistía por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para el cumplimiento de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce la grave situación por la que atraviesa el sistema penitenciario en una provincia. Otro importante ejemplo de aplicación de normas internacionales de derechos humanos a la normativa interna es la resolución del Tribunal Constitucional de Ecuador que declara inconstitucional, siguiendo la recomendación que la CIDH formulara, la llamada “detención en firme” (figura utilizada para prorrogar la detención preventiva más allá del límite permitido por la Constitución) y recomienda al Congreso Nacional que adecue en forma urgente el Código de Procedimiento Penal según los efectos del citado fallo. También la Comisión destaca la ratificación por parte de Bolivia del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Brasil verificó un avance considerable en la adecuación de su legislación interna a las normas internacionales de derechos humanos en virtud de la sanción de la Ley de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, conocida con el nombre de “Lei Maria da Penha”, que mejora los mecanismos de protección para las víctimas, ley que fue adoptada en atención a las recomendaciones de la CIDH en el caso del mismo nombre. Asimismo, la CIDH señala que la inauguración en República Dominicana de nuevos centros penitenciarios y el empleo de personal civil ha mejorado la situación de un importante número de personas privadas de libertad. Asimismo, durante el año 2006 se continuaron produciendo avances importantes en procesos de soluciones amistosas y de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión.
2. El Informe que se presenta, además demuestra cómo la Comisión continuó siendo un foro regional de especial importancia donde se expresan los desafíos que aún confrontan los Estados Miembros de la OEA: cómo la seguridad ciudadana, la inequidad social, el acceso a la justicia y la consolidación democrática continúan representando las áreas que requieren mayor atención en materia de derechos humanos. A través de sus informes en casos individuales, presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebración de audiencias, preparación de informes especiales, trabajo de sus relatorías temáticas, visitas a los Estados miembros, la Comisión fue una caja de resonancia y un actor central en la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. La Comisión verificó la consolidación de los procesos electorales con la renovación presidencial en 12 países del hemisferio en el último bienio. Pero también los temas tratados durante el año 2006, dejan en claro las debilidades estructurales de las instituciones democráticas así como las brechas y contrastes propias de la región más inequitativa en términos socio-económicos. En particular, la fragilidad del Poder Judicial en la mayoría de los países de la región, y en algunos países los ataques contra la independencia e imparcialidad de dicho poder del Estado representa una de las dificultades más grandes que confrontan los Estados Miembros de la OEA para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Ello se traduce en problemas de acceso igualitario a la justicia, procesos judiciales lentos, impunidad en casos de graves violaciones a los derechos fundamentales y violaciones al debido proceso.
3. Más allá de la consolidación de los procesos electorales como signo positivo, la marginación y exclusión social siguen siendo los rasgos característicos de la región, que no solamente impiden la vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de grandes sectores, sino que repercuten y se reflejan en las modalidades de abuso y violencia estatal a la par de impedir el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En el presente informe es posible identificar algunos aspectos de esta relación entre exclusión y degradación institucional: la tortura, las muertes violentas y el intolerable hacinamiento que caracterizan el colapso de los sistemas carcelarios; las detenciones arbitrarias, golpizas y ejecuciones policiales de jóvenes de barrios populares; el abuso de la prisión sin juicio como mecanismo de control de los sectores excluidos; el atropello violento de pueblos indígenas que resisten la expulsión de sus tierras; la actuación discriminatoria por motivos étnicos y raciales de policías y fiscales.
4. Paralelamente, la Comisión resalta nuevamente la impostergable necesidad de una discusión y definición pública sobre la irrenunciable obligación del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a cualquier tipo de violencia, crimen y agresiones, en el marco del pleno respeto a las libertades fundamentales. En el año 2006 se volvió a presenciar la creciente inseguridad ciudadana por el aumento de la criminalidad, así como la insuficiente respuesta institucional compatible con los principios de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos y libertades fundamentales ya que suele poner en práctica políticas de "mano dura" sin atender debidamente a las causas del problema, y sin considerar la aplicación de políticas de prevención y readaptación. No es casualidad que durante el año 2006 la Comisión en múltiples comunicados de prensa, visitas a países, solicitudes de medidas cautelares y medidas provisionales, convocatoria de audiencia haya debido tratar los derechos de las personas privadas de su libertad. Ello es el reflejo de un agravamiento de la situación estructural de hacinamiento y violencia que caracteriza a la gran mayoría de los sistemas carcelarios de la región. Lamentablemente en ese ámbito las autoridades desoyeron las numerosas señales de alerta que indican el increíble descalabro de la situación penitenciaria que es una consecuencia de múltiples factores.
5. La desigualdad continúa siendo un eje central del diagnóstico sobre la vigencia de los derechos humanos en la región. A pesar de ello, no es una cuestión que ocupe un espacio destacado en las políticas públicas de los Estados. Si bien durante los últimos años se consolidó un proceso de recuperación económica y en algunos países se redujeron los indicadores de pobreza e indigencia, siguen existiendo millones de personas que confrontan problemas de desempleo estructural, marginación social e inaccesibilidad a servicios sociales básicos. Tampoco ha variado la situación de desigualdad fáctica y jurídica que afecta a las mujeres así como a grupos tradicionalmente discriminados, tales como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y homosexuales.
6. Los Estados miembros de la OEA deben aumentar colectivamente la gobernabilidad en la región y la calidad de la gestión pública como requisitos indispensables para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos. Insistentemente, la Comisión ha señalado que las debilidades estructurales de muchas instituciones básicas de sociedades democráticas, sumadas a importantes crisis coyunturales que generan inestabilidad política, impiden la formación de consensos amplios y perdurables que permitan identificar e implementar políticas públicas inclusivas necesarias para el respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos. Para ello es necesario, ampliar y fortalecer la libertad en las Américas, construir sociedades más libres, con plena expresión y participación de todos sus ciudadanos y ciudadanas, con más justicia independiente, imparcial y rápida, con mayor transparencia en la gestión pública, con más libertad de expresión y de asociación, con pleno respeto por la igualdad de género, con garantía de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y de otros grupos en situación de vulnerabilidad.
7. Frente a este cuadro, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana constituyen el marco normativo del que se ha provisto la OEA para fortalecer una comunidad de naciones libres, en la que sus gobiernos no sólo sean elegidos democráticamente, sino que también gobiernan con pleno apego al Estado de derecho y garanticen cabalmente los derechos humanos de todos sus habitantes. La Comisión Interamericana, como órgano principal del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos está a disposición de los ciudadanos americanos y de sus Gobiernos. La Comisión en este sentido aprecia la colaboración y cooperación de los Estados de la Organización y resalta particularmente los gestos de voluntad política y compromiso con el respeto a los derechos humanos de numerosos Gobiernos. En especial, la CIDH aprecia la importancia de la conclusión de acuerdos de solución amistosa, el reconocimiento de la responsabilidad internacional en casos ante la Comisión y la Corte así como las invitaciones abiertas de varios países para que la Comisión los pueda visitar. Todos ellos son demostraciones de un entendimiento cabal que los órganos del sistema y los procesos que se llevan ante ellos son simples coadyuvantes de la función primordial del Estado como garante de las libertades fundamentales. Por lo tanto, el cumplimiento de su mandato, exige a la Comisión ante todo, trabajar no contra los Gobiernos, no a pesar de los Gobiernos, sino con los gobiernos. Y es en este entendido que la Comisión valora la apertura al diálogo de numerosos Estados.
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