D.      Actividades de las relatorías

Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas

37.      Para los órganos del sistema interamericano la protección y el respeto de los  derechos de los pueblos indígenas es un asunto de especial importancia. La Comisión Interamericana en el año 1972 sostuvo que por razones históricas, principios morales y humanitarios, era un compromiso sagrado de los Estados proteger especialmente a los pueblos indígenas. En el año 1990 creó la Relatoría Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, con el objeto de brindar atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área.

38.      Desde la década de los ochenta la Comisión Interamericana se ha pronunciando en forma sistemática sobre los derechos de los pueblos indígenas en sus informes especiales[2] y a través del sistema casos, en informes de admisibilidad, informes de fondo, informes de solución amistosa, el mecanismo de medidas cautelares, como también a través de demandas y solicitudes de medidas provisionales interpuestas ante la Corte Interamericana.  

39.      En este sentido, la Comisión Interamericana ha expresado la necesidad de exigir una especial protección al derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, porque su goce efectivo implica, no sólo la protección de una unidad económica, sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. En el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala del año 1993, la Comisión Interamericana expresó:

Desde el punto de vista de los derechos humanos en tanto propiedad de una persona, un pequeño plantío de maíz merece el mismo respeto que una cuenta bancaria o una fábrica moderna.[3]

40.      Durante el 2005, la Relatoría de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión, ha continuado colaborando en el procesamiento de peticiones y solicitudes de  medidas cautelares recibidas por la Comisión, concernientes a derechos de los pueblos indígenas. Se ha notado un incremento de las denuncias de carácter colectivo sobre presuntas violaciones al derecho a la vida, la integridad personal, la propiedad colectiva y la identidad cultural de los pueblos indígenas. Además del trabajo ante la Comisión, la Relatoría ha participado en audiencias de casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo el Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, el Caso YATAMA en marzo de 2005 y el caso Alfredo López Álvarez en junio de 2005.

41.      Al respecto, la Relatoría destaca que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha desarrollado en una línea progresiva de jurisprudencia[4] a través de sus decisiones, dando forma a la diversidad de derechos colectivos de los pueblos indígenas, y estableciendo métodos especiales de reparación en casos donde la víctima es una persona indígena o un pueblo indígena. En el año 2005 destacan las siguientes resoluciones de la Corte en asuntos sometidos por la Comisión para su decisión: Resolución medida provisional del “Caso pueblo indígena de Sarayaku” de fecha 15 junio 2005; Sentencia de fondo y reparaciones en el “Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname” de fecha 15 de junio de 2005; Sentencia de fondo y reparaciones en el “Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay” de fecha 17 de junio de 2005 y; Sentencia de fondo y reparaciones en el “Caso YATAMA vs. Nicaragua” de 23 de junio de 2005.

42.      Asimismo, la Comisión Interamericana ha apoyado desde sus inicios el proceso del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por esto, la Relatoría ha continuado asesorando al Grupo de Trabajo de la OEA responsable de preparar el Proyecto de Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, asesoría que incluye la participación en las reuniones de negociación para la búsqueda de consensos, en las sesiones especiales y en las reuniones ordinarias del grupo de trabajo. En las reuniones de negociación participan representantes de los Estados miembros de la OEA y representantes de los pueblos indígenas del continente. La Comisión Interamericana valora el esfuerzo de los Estados miembros en el proceso de elaboración del Proyecto y celebra asimismo los logros alcanzados, tanto en lo que se refiere a los avances sustantivos en torno a la discusión del texto, como a la consolidación de la participación de los representantes de los pueblos indígenas. En el 2005, la Relatoría participó en la quinta reunión de negociación y en la reunión especial, realizadas entre el 7 y el 11 de febrero en Washington, D.C., y en la sexta reunión de negociación realizada entre el 10 y el 14 de octubre en Antigua, Guatemala.

43.      Además, durante el 2005 la Relatoría de los Pueblos Indígenas ha participado en visitas de la Comisión a Colombia en junio de 2005, Guatemala en julio de 2005 y México en agosto de 2005, donde se reunió con representantes de los pueblos indígenas de esos Estados y obtuvo información sobre la situación de los pueblos indígenas. La Relatoría también ha participado en una variedad de conferencias y seminarios sobre derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la presentación del tema de los derechos de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la conferencia anual de la Asociación de Escuelas Americanas de Derecho, en enero de 2005 y el seminario sobre Justicia de los Pueblos Indígenas, organizado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEPHAPI) bajo el auspicio de la Comisión de Estado de los Derechos Humanos y del Sub-Secretario para los Derechos Humanos de la Gobernación de Oaxaca en noviembre de 2005.

Relatoría sobre los derechos de la mujer

Introducción

44.      Durante los últimos dos años, el programa de trabajo de la Relatoría se ha centrado en una tarea prioritaria para los derechos de la mujer en el continente: cómo asegurar el acceso efectivo de la mujer a la justicia, en particular cuando ha sido sometida a la violencia y a la discriminación.  El carácter importante de esta tarea ha quedado ampliamente demostrado en la labor temática de la Relatoría y en el sistema de casos y los informes de países de la Comisión.  El programa de trabajo de la Relatoría ha tomado como punto de partida el acceso expedito a protección y a garantías judiciales efectivas como la primera línea de defensa para la protección de los derechos básicos.  Asimismo, se enfrenta a la problemática de que las víctimas de la violencia y la discriminación por género con frecuencia no obtienen acceso a dicha protección, quedando desprotegidos sus derechos.

45.      Con el apoyo del gobierno de Finlandia, la Relatoría ha llevado a cabo durante el 2005 un proceso de recoger información para identificar los mayores logros y desafíos para las mujeres acceder efectivamente a la justicia en las Américas, con el objetivo de diseñar recomendaciones prácticas a los Estados Miembros de la OEA sobre cuáles medidas legislativas, de política pública e institucionales son necesarias para mejorar el cumplimiento con sus obligaciones bajo el derecho internacional.  El proceso ha incluido a todos los sectores relevantes, especialmente el gobierno, la administración de la justicia, la sociedad civil, las agencias internacionales y el sector académico, entre otros, y mujeres pertenecientes a diferentes grupos étnicos, raciales, niveles socioeconómicos y experiencia profesional.  Las actividades que han sido implementadas son la distribución de un cuestionario a Estados Miembros de la OEA y expertos de la sociedad civil, agencias internacionales y el sector académico y la organización de cinco reuniones de expertos en Washington, DC (abril 19-20), Perú (agosto 1-2), Costa Rica (agosto 11-12), Argentina (septiembre 12-13) y Jamaica (septiembre 29-30),  a nivel regional y subregional.   La Relatoría actualmente está elaborando un informe que expone y analiza los resultados y conclusiones de este proceso, el cual incluirá recomendaciones específicas para los Estados Miembros de la OEA sobre qué medidas pueden ser adoptadas para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y  lograr un cumplimiento efectivo con sus obligaciones regionales de los derechos humanos. 

46.      Durante las reuniones regionales y subregionales, las y los participantes exploraron en profundidad el tema de acceso a la justicia desde diferentes puntos de vista, incluyendo la violencia contra la mujer y la discriminación, el sesgo de género en la administración de la justicia, resultados y lecciones aprendidas sobre estudios en el tema, el grado de impacto de instrumentos legales internacionales y regionales, la necesidad de un acercamiento multisectorial para lograr un acceso efectivo y real y el uso del sistema interamericano como una segunda avenida para las víctimas.  Se identificaron y analizaron las barreras existentes al acceso a la justicia de las mujeres, incluyendo las institucionales, presupuestarias, geográficas, culturales, lingüísticas y económicas y estrategias comprehensivas y multidisciplinarias para eliminarlas.  

47.      Como parte de este proceso de recoger información, la Relatoría también culminó una visita a la República de Colombia en junio a fin de evaluar el impacto del conflicto armado sobre las mujeres y niñas colombianas y recabar información sobre las medidas legislativas, políticas e institucionales adoptadas por el Estado para proteger los derechos de la mujer.  Durante su estadía, la Relatora visitó las ciudades de Bogotá, Valledupar y Quibdó, donde sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno, así como con víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y agencias intergubernamentales vinculadas a la defensa y promoción de los derechos de la mujer. 

48.      La Relatoría confirmó que las mujeres colombianas viven en un contexto en donde el conflicto armado limita gravemente el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.

49.      Los testimonios recibidos confirman que mujeres de diferentes sectores en Colombia son victimas de múltiples formas de violencia y discriminación por parte de los actores armados.  Asimismo, el sufrimiento de las mujeres indígenas y afrodescendientes se ve agravado por las diferencias sociales y la estigmatización que las comunidades a las que pertenecen han sufrido históricamente.

50.      Aún en la presencia de esfuerzos por parte del Estado colombiano en la adopción de políticas públicas para abordar las necesidades específicas de las mujeres dentro del conflicto armado, se encuentra ausente una política estatal integral que tome en cuenta el impacto del conflicto armado en los derechos humanos de las mujeres y este contexto de impunidad perpetúa que las mujeres sean tratadas como botín de guerra por los actores armados.   El Estado colombiano está obligado a actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres agravada por el conflicto armado, aunque el conflicto presente desafíos a esta respuesta.  Las observaciones, conclusiones y recomendaciones de la Relatora serán incluidas en un informe especial a ser presentado ante el pleno de la CIDH.

Resultados preliminares del proyecto sobre acceso a la justicia

51.      Durante las reuniones regionales y subregionales, más de 100 expertos de las Américas analizaron el tema del acceso a la justicia desde una perspectiva de los derechos humanos, como una obligación que requiere mecanismos de implementación y monitoreo a nivel nacional.  Se identificaron una serie de barreras que las mujeres todavía confrontan para efectivamente acceder a la justicia en las Américas, incluyendo las institucionales, presupuestarias, geográficas, culturales, lingüísticas y económicas.  La Relatoría confirmó que el acceso a la justicia es un problema complejo que requiere acciones más allá del sistema de justicia, abarcando los ámbitos de salud y educación, entre otros. 

52.      Los expertos identificaron y comunicaron a la Relatora logros en materia de legislación, políticas públicas e instituciones.  La mayoría de los Estados de las Américas han adoptado legislación y políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación.    Asimismo, un número de mecanismos institucionales y programas estatales han sido creados a nivel nacional y local para implementar las leyes y políticas públicas existentes.

53.      Sin embargo, un número de desafíos fueron destacados en torno a la implementación de compromisos adoptados por los Estados en materia de legislación, políticas públicas e instituciones.   Sobre estos temas, la Relatora explorará en profundidad en su informe la armonización entre legislación internacional y nacional, el contenido de la legislación y políticas públicas existentes y su implementación, esfuerzos de capacitación para oficiales de la administración de la justicia (jueces, fiscales, policías, abogados y médicos forenses, entre otros),  la efectividad de asignaciones presupuestarias e instituciones para implementar los compromisos adquiridos y la situación especifica de las mujeres que habitan en zonas rurales.    Otros problemas claves que fueron mencionados son en el área del diagnóstico y prevención de la violencia y la discriminación, en particular la ausencia y escasez de sistemas de recoger información, protocolos y estudios de prevalencia sobre estos asuntos, y la falta de indicadores y sistemas de monitoreo sobre la aplicación real y el impacto de las leyes y las políticas públicas.   La Relatoría también ha recibido amplia información sobre mujeres que sufren diferentes formas y capas de discriminación en base a su etnia, raza y clase social, como las indígenas y afrodescendientes y como éste problema está generalmente ausente de las políticas públicas y legislación orientadas a proteger los derechos de las mujeres.

54.      La Relatoría planifica emitir una serie de recomendaciones cuyo objetivo es asistir a los Estados Miembros de la OEA a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en la esfera del acceso a la justicia de las mujeres.  Las recomendaciones abordarán las áreas de reforma legal y armonización, el diseño de políticas publicas multisectoriales, la capacitación de funcionarios públicos, la respuesta pública a múltiples formas de discriminación contra la mujer, el rol de los hombres, el abordaje de esta problemática en sociedades enfrentando diferentes etapas sociopolíticas, acciones sostenibles para eliminar patrones socioculturales que promueven la violencia y la discriminación, y el mejoramiento de sistemas de recoger información, indicadores y mecanismos de verificación de estos incidentes, entre otras áreas.  

55.      La Relatoría ha confirmado mediante este proceso de recabar información que el próximo escalón en el avance de los derechos de las mujeres y su acceso efectivo a la justicia es pasar del reconocimiento formal de sus derechos al disfrute real y efectivo de éstos.  Para lograr esta meta, se necesita la colaboración y el compromiso de una amplia gama de actores y entidades.  Entre ellos, se destacan la importancia y los esfuerzos de las organizaciones y redes de la sociedad civil, las agencias internacionales y regionales, los gobiernos y los tomadores de decisión, el sector académico y los medios de comunicación, entre otros.

Actividades adicionales

56.      En adición a su trabajo en el ámbito del acceso a la justicia, la Relatoría ha continuado ofreciendo apoyo técnico a abogados de la Secretaria Ejecutiva en el procesamiento de peticiones y medidas cautelares.  Asimismo, en el Día Internacional de la Mujer, la Relatoría publicó un comunicado de prensa en conmemoración de los 10 años de la adopción de la Plataforma de Beijing y la entrada en vigor de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará), instrumentos que reafirmaron la igualdad de género y el derecho humano de toda mujer a vivir libre de violencia.  La Relatora reiteró su compromiso de promover el avance de los derechos de las mujeres y la equidad de género en la región, utilizando para ello los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos. 

57.      La Relatoría también participó en un número de actividades organizadas por agencias colaboradoras en diferentes capacidades, incluyendo el Encuentro Latinoamericano de Magistradas organizado  por el Programa de Justicia y Género del ILANUD, talleres de capacitación para oficiales de la administración de la justicia en Uruguay organizados por el Banco Mundial, un panel en conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y un panel sobre violencia contra la mujer en Guatemala organizado por el Washington Office on Latin America.  La Relatoría también fue invitada a exponer y ofrecer asistencia técnica al desarrollo de una ley modelo para abordar la violencia doméstica diseñada por una serie de agencias y sectores, incluyendo, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, el Banco Mundial, la Comisión Interamericana de la Mujer, el Centro de Derechos Reproductivos, y el Grupo Interamericano de Desarrollo, entre otras entidades.  Finalmente, la Relatoría participó en un panel organizado por el Banco Mundial sobre la relación entre la violencia contra la mujer y el desarrollo equitativo, junto con la Relatora de las Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk y el Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz.

Relatoría especial sobre los derechos de la niñez

58.      Durante el año 2005 la Relatoría de la Niñez prosiguió sus actividades en favor de los derechos de los niños y las niñas del hemisferio, tanto en su sede como en visitas y actividades en diferentes países.

59.      Entre las diferentes violaciones a derechos humanos que afectan a la niñez en muchos países de la región, la CIDH ha destacado la “pobreza extrema, asesinatos, violaciones a la integridad personal, detenciones arbitrarias, malos tratos, estigmatización y discriminación”,[5] así como “uso de niños por bandas armadas, torturas, secuestros, abusos, agresiones y explotación sexual, abandono, trata, tráfico y castigo físico”.[6]

60.      La CIDH ha expresado asimismo su preocupación por la tendencia en muchas políticas públicas vigentes a abordar lo relativo a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley únicamente desde la perspectiva de la seguridad pública, a través de las instituciones represivas y sancionadoras de los Estados. [7]

61.      Las actividades de la Relatoría de la Niñez en el año 2005 incluyeron la realización de un seminario en Brown University, Providence, Rhode Island, USA, en marzo de 2005. Como parte de tal seminario, hubo un fructífero intercambio entre los miembros de la CIDH respecto a las actividades futuras de la Relatoría de la Niñez. 

62.      Asimismo, durante el mes de marzo de 2005, la CIDH envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  el primer caso relativo a niños soldados en el hemisferio. Se trata del caso “Gerardo Vargas Areco”, niño que murió por disparos recibidos mientras prestaba servicio militar obligatorio en Paraguay. La Relatoría de la Niñez impulsó dicho caso en sus distintas etapas, por considerar que, además de proveer justicia en el caso específico, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente establecerá importantes precedentes aplicables para todos  los países del  hemisferio en relación con el tema. 

63.      En junio de 2005 la Relatoría participó en la Consulta para América Latina, efectuada en el marco del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y los Adolescentes, que se efectuó en Buenos Aires, Argentina. En dicha oportunidad, los Ministros, Ministras y Altas Autoridades Nacionales e Internacionales en Materia de Derechos Humanos reunidos en Buenos Aires  con ocasión a tal consulta formularon  la “Declaración de Buenos Aires sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes”. La Relatoría tuvo un importante rol en la preparación del borrador de dicha Declaración.

64.      En septiembre de 2005 la Relatoría participó y presentó una ponencia en la VII Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables de Infancia y Adolescencia, que se llevó a cabo en León, España. Dicha conferencia proveyó importantes insumos para la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en España, en Octubre de 2005.

65.      Asimismo, durante el año 2005 la Relatoría de la Niñez organizó y apoyó la realización de audiencias sobre derechos de la niñez ante la CIDH, incluyendo, entre otras, audiencias sobre castigo corporal a niños y niñas; sobre la situación de los integrantes de pandillas o “maras” en países de Centroamérica; y sobre situación de la niñez en Paraguay y en Brasil. La Relatoría sugirió asimismo a la CIDH el otorgamiento de medidas cautelares a favor de niños y niñas, y dio opinión sobre decenas de medidas cautelares y peticiones individuales presentadas a la CIDH que involucran derechos de la niñez.

66.      También durante el año 2005 la Relatoría presentó un proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo sobre fortalecimiento de las actividades de la Relatoría, que durante los años 2006 y 2007 le permitirá desplegar actividades adicionales a las que ha venido efectuando.

Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en las Américas

67.      En cumplimiento de su mandato, durante el año 2005, el Relator Especial para los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, Comisionado Florentín Meléndez, participó en numerosas actividades promocionales, de observaciones y de asesoría. Asimismo, el Relator expresó su preocupación sobre las condiciones de detención y tratamiento de las personas privadas de la libertad en el hemisferio.

68.      En particular, ante distintos hechos de violencia que calificó de extrema gravedad y que de manera recurrente se registraron en diversos centros de detención de la región, con la pérdida lamentable de cientos de vidas humanas, la Relatoría emitió comunicados de prensa y, en algunos casos, solicitó información a los Estados sobre las medidas adoptadas para que hechos de tal naturaleza no se volvieran a repetir. Concretamente, en los comunicados públicos se recordó a los Estados su responsabilidad de garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad. A juicio del Relator, los graves problemas estructurales que afectan muchos de los sistemas penitenciarios de la región, como son las precarias condiciones de detención y en particular, los elevados índices de hacinamiento y de maltrato, constituyen factores determinantes de los brotes de violencia que caracterizaron el 2005. En la medida en que las autoridades no adopten medidas preventivas efectivas para evitar y controlar la violencia, continuarán perdiéndose vidas humanas con el consecuente desconocimiento de las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.

69.      Asimismo, el Relator Especial viajó a numerosos países de la región, incluyendo Brasil y Colombia, con el objeto de analizar en el terreno las condiciones de detención de personas privadas de la libertad en esos países. Durante su viaje a Brasil, el Relator Meléndez realizó una visita al Centro de Internamiento de Menores Infractores de la Ley “Tatuapé” de FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor de São Paulo), el 23 de junio de 2005, con el objetivo de dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en beneficio de los jóvenes detenidos en dicho complejo carcelario. Con ocasión a la visita, el Relator se reunió tanto con los peticionarios de las medidas cautelares y otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y de la División de Derechos Humanos del Gobierno y altas autoridades de FEBEM. También se entrevistó de manera individual y colectiva a varios  adolescentes internos en dicho centro.

70.      El centro Tatuapé tiene una población de 1,600 adolescentes internados. En todo el año 2004 se registraron aproximadamente 28 actos de rebelión en distintas unidades de Tatuapé, y en los cinco primeros meses de 2005 tuvieron lugar 15 rebeliones. Si bien el Relator fue informado sobre la falta de investigación sobre el motivo de dichas rebeliones de los adolescentes, algunas de las cuales fueron violentas y conllevaron a la destrucción de las unidades donde permanecen internos, se considera que podrían estar vinculadas a intentos de fuga y, en particular, a las condiciones de detención y los malos tratos. El 8 de octubre de 2005, la CIDH presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales, con el propósito de que el Estado de Brasil proteja la vida e integridad personal de los niños y adolescentes internos en el Complexo do Tatuapé y de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro de internamiento en cuestión. Dichas medidas fueron otorgadas por la Corte mediante Resolución de 17 de noviembre de 2005, y reiteradas mediante Resolución de 30 de noviembre de 2005.

71.      La observación en Colombia tuvo lugar del 13 al 18 de noviembre de 2005, en conjunto con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el objetivo de constatar las condiciones carcelarias y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Inicialmente, se visitó la cárcel de mujeres de El Buen Pastor de Bogotá, que reúne más de 1,000 detenidas. Posteriormente, el Relator visitó la cárcel de Palo Gordo en la municipalidad de Girón, Santander, donde se encuentran privados de la libertad miembros  de grupos armados al margen de la ley, en particular de autodefensas y de la guerrilla. En dicho establecimiento carcelario el Relator enfocó su visita a la verificación del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH en favor de 106 internos autodenominados presos políticos. La observación terminó con una visita al Centro Penitenciario de Vista Hermosa en Cali, así como comisarías policiales de dicha ciudad.

72.      Entre las buenas prácticas observadas por el Relator Meléndez durante la visita a Colombia, se destacan la creación de los Comités departamentales interinstitucionales de seguimiento penitenciario; el establecimiento de los Cónsules de derechos humanos, de los comités de derechos humanos, y de las mesas de trabajo, creadas en los centros penitenciarios por el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC), con participación de los internos y del personal penitenciario; la capacitación en derechos humanos de 18 formadores del INPEC, con el apoyo del proyecto de cooperación técnica de la OACNUDH; la creación y funcionamiento de la guardería infantil en el centro de El  Buen Pastor para atender a los hijos de las internas; la realización de ciertas actividades educativas, culturales, laborales y deportivas al interior de los centros de detención; y la aprobación del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65/93), el cual es compatible con los estándares internacionales sobre derechos humanos.

73.      Al mismo tiempo, el Relator observó serios problemas que afectan a las personas recluidas en los centros de detención visitados, entre los que se destacan el hacinamiento; la falta de alimentación suficiente y adecuada; la atención médica deficiente; la lentitud en la asistencia jurídica del INPEC y de los jueces de ejecución de la pena, para tramitar y resolver peticiones sobre beneficios penales y redención de las penas; así como las deficiencias en la infraestructura y servicios sanitarios. En el caso de las comisarías de policía, preocupó particularmente al Relator, además de los elevados índices de hacinamiento y falta de infraestructura, la carencia de alimentos proporcionados por el Estado.

74.      En el curso de la visita a Colombia, el Relator Meléndez se reunió con altas autoridades del Gobierno de Colombia y con organizaciones de la sociedad civil. La CIDH le extendió a dicho Gobierno agradecimientos por la invitación para que el Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad realizara su primera visita de observación a ese país, así como por toda la colaboración y la información brindada por las autoridades colombianas durante la misma.

75.      Adicionalmente, en ejercicio de sus funciones de promoción, el Relator Florentín Meléndez participó en el seminario organizado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Teotônio Vilela sobre “El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Implementación en Brasil y otros Estados Federales y Descentralizados”, que tuvo lugar del 22 al 24 de junio de 2005 en São Paulo, Brasil.

76.      Asimismo, junto con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Argentina auspició y participó en las “Jornadas sobre las Buenas Prácticas en Justicia Penal Juvenil”, celebradas en el mes de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. En ese mismo mes, participó en el seminario “Construyendo la Justicia Restaurativa en América Latina”, que se llevó a cabo en San José, Costa Rica, con el auspicio del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Confraternidad Carcelaria Internacional. 

77.      Posteriormente, el Relator Meléndez participó en las Jornadas Académicas sobre la Prisión en Colombia organizadas por la Oficina del Alto Comisionado y la Universidad Nacional de Colombia, que tuvieron lugar del 9 al 11 de noviembre en Bogotá. Finalmente, el 6 de diciembre de 2005, con el auspició de la Fundación Konrad Adenauer, la Relatoría sobre Personas Privadas de la Libertad realizó un Taller sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Santo Domingo, República Dominicana, dirigido a organizaciones de la sociedad civil.

78.      Por otra parte, el Relator Especial preparó un proyecto de Declaración de Principios sobre el Tratamiento de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, cuya metodología para el proceso de consulta con expertos fue sometida a la consideración de la CIDH durante su 123º período de sesiones, en octubre de 2005. Dicho proceso de consulta está teniendo curso en la actualidad.

79.      Finalmente, el Relator Meléndez participó en calidad de delegado de la CIDH en las audiencias públicas sobre medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Penitenciarias de Mendoza, Argentina, y en el Caso de los Niños y Adolescentes Privados de la Libertad en el “Complexo Tatuapé”, Brasil, celebradas el 11 de mayo y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente. Asimismo, el Relator actuó como delegado de la CIDH en la audiencia pública del Caso Damião Ximenes Lopes vs. Brasil ante la Corte Interamericana, sobre la muerte de una persona portadora de discapacidad mental que se encontraba bajo custodia del Estado en un hospital psiquiatrico, celebrada el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2005.

80.      En la actualidad, la Relatoría está preparando un cuestionario especializado que someterá a los Estados Miembros, con el objeto de reunir información sobre la situación de las personas privadas de la libertad bajo su jurisdicción, así como sobre los respectivos regímenes penitenciarios. La información recogida por dicho medio, así como la obtenida directamente en las diferentes visitas de observación realizadas por el Relator y la enviada por organizaciones de la sociedad civil de la región, será utilizada en la preparación del primer informe sobre la situación penitenciaria en las Américas.

Relatoría especial sobre los derechos de las personas afrosdescendientes y sobre la discriminación racial

81.      La Comisión Interamericana creó la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes y contra la Discriminación Racial en su 122º Período de Sesiones.  Las funciones del Relator Especial fueron encomendadas al Comisionado Clare K. Roberts, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Se encargó a la Relatoría Especial de los Derechos de las Personas Afro-Descendientes y contra la Discriminación Racial que se dedicara a estimular, sistematizar, reforzar y consolidar el actuar de la Comisión Interamericana a favor de las Personas Afro-Descendientes y contra la Discriminación Racial.  Los principales objetivos de la Relatoría Especial incluyen trabajar con los países miembros de la OEA para crear una conciencia entre los Estados de su obligación de respetar los derechos humanos de las personas Afro-Descendientes y de eliminar todas las formas de discriminación racial, analizar los retos actuales que confrontan los países de la región en esta área, formular recomendaciones dirigidas a superar los obstáculos, e identificar y compartir las lecciones aprendidas en la región con respecto a esta materia, y proveer con la asistencia técnica solicitada por los estados miembros en la implementación de las recomendaciones tanto en la legislación como en la práctica nacional.

82.      En los últimos años la región ha dado pasos agigantados hacia la democracia, sin embargo, la mayor parte de los países de la región todavía confrontan un montón de retos que deben lograrse para ahondar y sostener la política democrática y el Estado de Derecho.  Una de las tareas que más presionan y que tienen que encarar los gobiernos de la región consiste en terminar con la discriminación racial y encontrar la forma de incorporar plenamente a los ciudadanos Afro-Descendientes (que constituyen más del 30% de la población de la región) a la vida nacional.  La Comisión, a través de su Relator Especial trabajará para superar estos retos.

83.      La Relatoría señaló en el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que la promoción de la igualdad y la eliminación del racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia racial son esenciales para la realización de los derechos humanos y para la consolidación de la democracia y, el Estado de Derecho en el hemisferio.  La Relatoría exhorta a que se implemente plenamente el Programa y Plan de Acción que emanan de las Conferencias Mundial y Regional en contra del Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancia relacionada, que tuvieron lugar en Santiago de Chile y Durban respectivamente.

84.      El Gobierno de Brasil proporcionó financiamiento para el funcionamiento del primer año de la nueva Relatoría.  Al reconocer este apoyo, el Comisionado Roberts señaló que la Comisión está muy agradecida al Gobierno de Brasil, no sólo por su contribución económica sino también por su liderazgo en la promoción de iniciativas concretas y por traer a discusión política esta materia a la OEA.

85.      Como parte de sus actividades, del 30 de junio al 7 de julio de 2005, el Relator realizó una visita de trabajo a Brasil, en respuesta a una invitación oficial del Gobierno de la República Federal de Brasil.  Durante esta visita, el Relator Especial participó en la Primera Conferencia Nacional de Promoción de Igualdad Racial y, se reunió con autoridades y distintos representantes de la sociedad civil, concretamente, el Movimiento Social Negro.  El Relator Especial visitó la capital Brasilia,  Salvador y Sao Paulo.

86.      Durante esta visita, el Comisionado Roberts fue informado de las distintas formas en que la discriminación se manifiesta en Brasil.  A pesar de que la legislación prohíbe la discriminación racial, étnica y de género, todavía persiste la discriminación contra la gente de color.  Tanto las organizaciones de la sociedad civil como autoridades públicas destacaron las desigualdades sociales, económicas y políticas que la mayoría de afro-brasileños enfrentan.  El Comisionado Roberts tuvo la oportunidad de visitar algunas comunidades marginales y en particular, de ver de primera mano la dureza de la vida en una favela.  El Relator fue también informado de los grandes cambios que el Gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba realizando en el área de la promoción de igualdad racial.

87.      Adicionalmente, durante el mes de agosto de 2005, el Relator participó en la creación del Parlamento Negro de las Américas en San José de Costa Rica.  El Comisionado Roberts reconoció durante la reunión que mejorar la participación política y la representación son un imperativo para el avance de los movimientos de los descendientes africanos en toda la región.

88.      Además, durante el 123 periodo regular de sesiones de la Comisión, el Relator Especial realizó una presentación al Grupo de Trabajo del Comité del Consejo Permanente de la OEA sobre Asuntos Jurídicos y Políticos, que es responsable de preparar una nueva Convención Interamericana contra la Discriminación Racial.  En su presentación, el Comisionado Roberts destacó la importancia que la Convención tendrá en la lucha más efectiva contra la discriminación en el hemisferio.  El Secretariado Ejecutivo de la Comisión se encuentra asesorando técnicamente al Grupo de Trabajo.

89.      También durante la misma sesión, el Relator realizó una presentación a la Consulta Inter-Agencial sobre Raza y Pobreza en América Latina, que además de la CIDH incluye el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno Británico, la Organización Pan-Americana de la Salud, la Fundación Ford, y la Fundación Interamericana, así como el Diálogo Interamericano que sirve de Secretariado de la Consulta Interagencial.

90.      La Comisión también anunció la convocatoria de una beca para un abogado afro decenciente para trabajar un año en la Relatoría.  Esta beca es parte de las actividades de promoción dirigidas a entrenar a abogados afro-descendientes que la Relatoría realizará en un futuro próximo.  

Unidad de defensores de derechos humanos

91.      Las defensoras y defensores de derechos humanos, desde distintos sectores de la sociedad civil y, en algunos casos, desde las instituciones estatales, brindan aportes fundamentales para la vigencia y fortalecimiento de las sociedades democráticas. De allí, que el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático dependa, en gran medida, de las garantías efectivas y adecuadas que gocen las defensoras y defensores para realizar libremente sus actividades. 

92.      Pese a esta importancia, durante el 2005 la Comisión continuó recibiendo información relativa a varios países de la región sobre los problemas que impiden o afectan los esfuerzos para defender los derechos humanos, que van desde amenazas y asesinatos, hasta restricciones indebidas y otras formas de hostigamiento. Preocupa a la Comisión el aumento de denuncias respecto de controles financieros y administrativos abusivos que impiden el libre desarrollo de las actividades de las defensoras y defensores.

93.      Durante 2005 La Unidad continuó analizando y promoviendo el trabajo esencial que realizan las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. En esta labor, la Unidad continuó brindando apoyo al personal de la  Secretaría en la labor sustantiva de tramitación de casos y medidas cautelares relativas a la situación de las defensoras y defensores.

94.      La Unidad participó en varias visitas a países del Hemisferio con el objeto de recibir información y reunirse con defensoras y defensores. Entre el 25 y el 27 de mayo, la Unidad participó del Seminario sobre Defensores de Derechos Humanos en Oslo, Noruega, organizado por el Norwegian Centre for Human Rights. En este evento se presentó el trabajo de la Comisión en la materia y se intercambiaron opiniones con la Representante Especial de Naciones Unidas para Defensores, la Relatora sobre defensores de la Comisión Africana y el Representante Personal del Secretario General del Consejo de Europa. Este encuentro proveyó un excelente espacio de coordinación y de intercambio de información entre los tres órganos.

95.      Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre del 2005, la Unidad participó del I Primer Encuentro Centroamericano de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Ciudad Antigua, Guatemala. Además de escuchar las necesidades y denuncias de las organizaciones participantes del encuentro, las cuales representaban a organizaciones de ocho países de la región, la Unidad realizó un taller acerca del mecanismo de medidas cautelares y su importancia para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos. La Comisión resalta la importancia de la creación de redes internacionales que promuevan y apoyen la labor que las defensoras y defensores realizan a niveles nacionales. 

96.      La Unidad Asistió al “Seminário Metodológico para a Definição do Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos”, realizado en la ciudad de Brasilia, Brasil, entre el 28 y 30 de noviembre de 2005. El propósito del seminario fue compartir ideas y propuestas para políticas, estrategias, programas y acción destinadas a atender las necesidades de protección de los defensores de derechos humanos en Brasil. La Comisión valora esta iniciativa, de la cual hará seguimiento permanente.

97.      La Unidad participó activamente de la visita de la Vicepresidenta de la Comisión Sra. Susana Villarán a Guatemala, realizada entre el 18 y el 21 de julio de 2005. Durante la visita, la abogada a cargo de la Unidad se entrevistó con representantes de organizaciones de derechos humanos, de operadores de justicia, de líderes indígenas, campesinos y sindicales y de periodistas para recibir información acerca del impacto en ellos del fenómeno de la violencia en Guatemala. En la visita, la CIDH pudo constatar que las defensoras y defensores de derechos humanos atraviesan por una crítica situación de seguridad. Esta se agrava por la falta de medidas de protección adecuadas y la impunidad que rodea las amenazas y los ataques. 

98.      Entre el 3 y 5 de noviembre, la Unidad acompañó la visita a Haití realizada conjuntamente por el Comisionado Relator para derechos de la infancia y la UNICEF. En dicha visita se realizó un taller de capacitación sobre el uso del sistema interamericano, en especial del mecanismo de medidas cautelares, para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. La Comisión también conoció de la falta de protección de las defensoras y defensores en las zonas sin ley, en las que cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas.

99.      Una de las principales tareas de la Unidad durante el presente período fue la conclusión de un Proyecto de Informe Integral sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas. Además, la Unidad ha intensificado su contacto con organizaciones de la Sociedad civil para tener acciones más rápidas de respuesta en casos de apremios y amenazas. Para tales efectos, a partir de julio de 2005, la Secretaría Ejecutiva vinculó a un abogado consultor para que apoye las labores que realiza la Unidad de Defensores de Derechos Humanos.

E.     Otros eventos y actividades

Tratados interamericanos de derechos humanos

100. En el período que comprende el presente informe la Comisión tuvo el placer de tomar nota de la ratificación por ciertos Estados miembros de la OEA de los tratados pertinentes para la protección de los derechos humanos en las Américas.

101. El 12 de abril de 2005, la República de Colombia depositó su instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y el 11 de julio de 2005 la República de Honduras entregó su documento de ratificación de ese mismo tratado, con lo que llega a 12 el número de Estados partes de esa Convención.  Además, el 15 de diciembre de 2005, Jamaica depositó su instrumento de ratificación de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, en que se reafirma el hecho de que el tratado constituye el instrumento sobre derechos humanos que ha sido objeto de mayor número de ratificaciones en el sistema interamericano, ya que cuenta con 32 Estados partes.

Becas y pasantías

102. La Comisión continuó en 2005 con su programa de “Becas Rómulo Gallegos”.  El programa brinda capacitación en el sistema interamericano para la protección y promoción de los derechos humanos a abogados jóvenes de países del Hemisferio, que son seleccionados anualmente por concurso, en el que deben demostrar su compromiso con los derechos humanos y sólidos antecedentes académicos.  En el curso de 2005, 12 becarios trabajaron con la Comisión:  siete en el segundo semestre del período 2004-2005 y cinco en el primer semestre del período 2005-2006.  Las becas concedidas en el período 2004-2005 incluyeron una dedicada a candidatos del Caribe angloparlante, así como una beca para personas de habla francesa, centrada en la labor de la Comisión en Haití.

103. Además de su programa de becas, la Comisión continuó y amplió su programa de pasantías.  Éstas, que son administradas en cooperación con el Programa de Estudiantes Internos de la OEA, están destinadas a estudiantes universitarios de ambos ciclos y egresados, así como a jóvenes profesionales, para permitirles trabajar dentro de sus campos de estudio.  El objeto de las pasantías es brindar a los estudiantes y recientes egresados de derecho u otras disciplinas conexas la oportunidad de conocer la labor de la Comisión.  También ofrece a los profesionales una oportunidad de adquirir capacitación práctica en el área de los derechos humanos y trabajar junto a los abogados de la Secretaría Ejecutiva en las distintas actividades que desempeña la CIDH.  En 2005 la Comisión recibió un total de 24 pasantes.  Se puede acceder a información adicional sobre los programas de becas y pasantías de la Comisión en el sitio de internet, www.cidh.org.

Actividades de promoción

104. A lo largo de todo el año 2005, los miembros de la Comisión y la Secretaría participaron en numerosas conferencias internacionales, seminarios y sesiones de capacitación sobre la protección internacional de los derechos humanos y temas afines.  Las cuestiones abordadas en estos eventos en que la Comisión participó incluyen el funcionamiento del sistema interamericano, la aplicación de la pena de muerte, la protección de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo y contribuciones del sistema interamericano de derechos humanos a los esfuerzos tendientes a poner fin a la impunidad por delitos graves en el marco del derecho internacional.

105. También en 2005, la Comisión mantuvo sus esfuerzos por fortalecer sus actividades con los Estados miembros del Caribe angloparlantes y con Haití.  Con este fin, el Presidente de la Comisión, Clare K. Roberts, visitó numerosos países del Caribe, como Jamaica y la República de Haití, donde también participó de seminarios.

106. El Secretario Ejecutivo y abogados de la Comisión también participaron en el Décimo Concurso interamericano de derechos humanos, en mayo de 2005, organizado por la Facultad de Derecho de Washington de la American University.  El concurso se convoca anualmente desde 1996 y ha contado con la participación de más de 1.000 estudiantes y docentes que representan a 100 universidades de más de 20 países del Hemisferio.

   F.        Situación financiera

107. A lo largo de todo el año 2005 la Comisión reiteró el hecho de que seguía estando gravemente afectada por la seria crisis financiera experimentada por la Organización de los Estados Americanos, ya que el volumen de las peticiones y otros ámbitos de responsabilidad de la Comisión sigue incrementándose, a la vez que la Comisión dispone de menos personal y su presupuesto se reduce.  Por lo tanto la Comisión hizo un llamamiento a los Estados miembros para que resuelvan prontamente la insostenible situación que sigue enfrentando.

108. También con respecto a la situación financiera experimentada en 2005, la Comisión señaló con beneplácito los significativos aportes financieros efectuados por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, México, y Suecia y el financiamiento proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, Fundación Rights and Democracry, la Fundación McCormick y la Universidad de Notre Dame, entidades todas que contribuyeron concretamente a reforzar el sistema interamericano de derechos humanos.

G.        Actividades de la Comisión Interamericana en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos

109. En 2005 la Comisión continuó el litigio de una serie de materias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

110. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005, la Comisión presentó diez casos ante la Corte Interamericana: Nogueira de Carvalho (Brasil), Cuatro Puntos Cardinales (Honduras), Comunidad Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay), Trabajadores del Congreso (Perú), Bernabé Baldeón-García (Perú), Retén de Catia (Venezuela), Vargas Areco (Paraguay), Goiburú, Mancuello y Villalta (Paraguay), Claude Reyes y otros (Chile), y Almonacid Arellano (Chile).  También presentó a la Corte siete solicitudes de medidas provisionales en los casos: Fermín Ramírez (Guatemala), Gutiérrez Soler (Colombia), López Álvarez (Honduras), Ramírez Hinostrosa y Rivera Paz (Perú), Febem Tatuape (Brasil), Castañeda Gutman (México) y Centro Penitenciario de La Pica (Venezuela).

111. También en 2005, la Comisión participó en numerosas audiencias públicas ante la Corte.  En el LXVI período ordinario de sesiones de la Corte, del 28 de febrero al 15 de marzo de 2005, la Comisión participó en audiencias sobre las siguientes materias y casos: Comunidad Indígena Yakye Axa c. Paraguay (4 y 5 de marzo de 2005), Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia (7 y 8 de marzo de 2005), Yatama c. Nicaragua (9 y 10 de marzo de 2005), Gutiérrez Soler c. Colombia (10 y 11 de marzo de 2005), el Caso de Yean y Bosico c. República Dominicana y audiencias sobre las medidas provisionales en los asuntos de Jiguamiando y Curbarado y Comunidad de Paz San José de Apartado, ambos referentes a Colombia (14 de marzo de 2005).  En el XXVI período extraordinario de sesiones de la Corte, que tuvo lugar en Asunción, Paraguay, del 9 al 13 de mayo de 2005, la Comisión compareció ante la Corte en los casos de Palamara Iribarne c. Chile (9 de mayo de 2005), García-Asto y Ramírez-Rojas c. Perú (10 de mayo de 2005), y en relación con las medidas provisionales adoptadas en los asuntos de las Penitenciarías de Mendoza (Argentina, 11 de mayo de 2005) y de la Comunidad Indígena Sarayaku (Ecuador, 11 de mayo de 2005).  En el LXVII período ordinario de sesiones, del 13 al 30 de junio de 2005, la Comisión compareció ante el Tribunal en los casos de Blanco-Romero y otros c. Venezuela (27 y 28 de junio de 2005), López-Álvarez c. Honduras (28 y 29 de junio de 2005), y en la audiencia pública convocada para oír a las partes sobre el tema de las medidas provisionales en el caso Barrios y otros, referente a Venezuela (29 de junio de 2005).  En el LXVIII período ordinario de sesiones, del 7 al 24 de septiembre de 2005, la Comisión compareció ante la Corte en las audiencias públicas del Caso de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia (19 y 20 de septiembre de 2005), el Caso de Sitramun c. Perú (20 y 21 de septiembre de 2005), y el Caso de la Masacre de Ituango c. Colombia (22 y 23 de septiembre de 2005).  Finalmente, durante su LXIX período ordinario de sesiones, que tuvo lugar del 17 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, la Comisión compareció en la audiencia pública del Caso de Ximenes Lopes c. Brasil (30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005), y en el caso de las medidas provisionales adoptadas en relación con el centro de detención Febem Tatuape, también en Brasil (29 de noviembre de 2005).

112. En el curso del período que comprende el presente informe, la Comisión también tomó nota de varias sentencias dictadas por la Corte en 2005 en relación con casos a su consideración, incluidas las siguientes: sentencia sobre méritos en el Caso de las Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador, dictada el 1 de marzo de 2005; sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Huilca Tecse c. Perú (3 de marzo de 2005); sentencia sobre méritos, excepciones preliminares y reconocimiento de responsabilidad en el Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, dictada el 7 de marzo de 2005; sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Winston Caesar c. Trinidad y Tobago (11 de marzo de 2005); sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de la Comunidad Indígena Moiwana c. Suriname, dictada el 15 de junio de 2005; sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa c. Paraguay (17 de junio de 2005); sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Fermín Ramírez c. Guatemala, dictada el 20 de junio de 2005; sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Yátama c. Nicaragua (23 de junio 2005); sentencia sobre solicitud de interpretación de sentencia en el Caso de Berenson Mejía c. Perú, dictada el 23 de junio de 2005; sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Acosta Calderón c. Ecuador (24 de junio de 2005); sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Yean y Bosico c. República Dominicana, dictada el 8 de septiembre de 2005; sentencia sobre solicitud de interpretación de sentencia en el Caso de Serrano Cruz c. El Salvador (9 de septiembre de 2005); sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Gutiérrez Soler c. Colombia, dictada el 12 de septiembre de 2005; sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Raxcaco Reyes c. Guatemala (15 de septiembre de 2005); sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, dictada el 15 de septiembre de 2005; sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Palamara Iribarne c. Chile (22 de noviembre de 2005); sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Gómez Palomino c. Perú, dictada el 22 de noviembre de 2005; sentencia sobre méritos y reparación en el Caso de García-Asto y Ramírez-Rojas c. Perú (25 de noviembre de 2005); sentencia sobre méritos y reparaciones en el Caso de Blanco-Romero y otros c. Venezuela, dictada el 28 de noviembre de 2005; y finalmente la sentencia sobre excepciones preliminares en el Caso de Ximenes Lopes c. Brasil (30 de noviembre de 2005).

113. La Corte emitió declaraciones en tres procedimientos consultivos en 2005: el 28 de noviembre de 2005, dictó su Opinión Consultiva OC-19, referente al control de legalidad de las atribuciones cuasijurisdiccionales de la Comisión Interamericana.  En el curso del año se dictaron otras dos resoluciones en relación con las actuaciones consultivas, OC-20, iniciada por la Comisión y referente a la aplicación de la pena de muerte, y OC-21, presentada por Costa Rica y referente a la compatibilidad de determinada legislación interna con la Convención Americana.  En el primer procedimiento la Corte consideró innecesario dictar una opinión consultiva, en el segundo consideró que no era posible dictarla.

continúa...