CAPÍTULO V
 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH EN
SUS INFORMES SOBRE PAÍSES

          INTRODUCCIÓN

1.       La práctica de la CIDH de efectuar el seguimiento de sus informes sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros tiene como propósito evaluar las medidas adoptadas por los Estados para el cumplimiento de las recomendaciones que la CIDH haya formulado en dichos informes. Esta práctica se funda en las funciones de la CIDH, órgano principal de la OEA encargado de la protección y promoción de los derechos humanos, previstas en los artículos 41(c) y (d) de la Convención Americana, concordantes con los artículos 18(c) y (d) del Estatuto y 57(h) del Reglamento de la Comisión. 

2.       La iniciativa de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de tales informes en un capítulo separado del Informe Anual de la CIDH se originó en 1998, con el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de Ecuador de 1997. Posteriormente, la CIDH en su Informe Anual de 1999 incluyó los informes de seguimiento sobre el cumplimiento de sus recomendaciones contenidas en los Informes de Brasil de (1997), México (1998) y Colombia (1999).  En su Informe Anual de 2002, la CIDH realizó el seguimiento de las recomendaciones efectuadas en su Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. 

3.       Los informes incluidos en el presente capítulo tienen el propósito de evaluar las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones que la CIDH formuló en sus informes Justicia e Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala (2003) e Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (2003). A tal efecto, se solicitó a los Estados de Guatemala y Venezuela toda la información que considerase pertinente, con arreglo a las disposiciones arriba citadas. Además de la información oficial recibida o de acceso público, también se utilizaron documentos e informes de los órganos universales de protección de los derechos humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR EL ESTADO DE GUATEMALA DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA CIDH EN EL INFORME

JUSTICIA E INCLUSIÓN SOCIAL:  LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN GUATEMALA

I.        INTRODUCCIÓN

4.       El 12 de noviembre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la CIDH") aprobó el informe Justicia e Inclusión Social: Los desafíos de la Democracia en Guatemala (en adelante "Informe sobre Guatemala” o “Justicia e Inclusión Social”). En dicho Informe la Comisión, con fundamento en la información recogida en la visita in loco celebrada del 24 al 29 de marzo de 2003, consignó sus observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, particularmente en relación con la administración de justicia y la seguridad ciudadana, así como la situación de los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la niñez y de la libertad de expresión.

5.       En el entendido de que uno de los factores que afecta la situación del Estado de Derecho en Guatemala  es la debilidad de la administración de justicia, la Comisión centró inicialmente su atención en la ineficacia del sistema judicial, la impunidad, el consecuente auge de la criminalidad y la violencia  ante la falta de una política estatal adecuada. Asimismo, en el aumento de la inseguridad pública, la corrupción y el crimen organizado; la influencia que ejercen las fuerzas paralelas de poder en la administración pública, así como sus respectivos efectos; y la violencia registrada en el marco del proceso electoral. La Comisión comprendió que esa situación tiene graves consecuencias para la labor de los defensores de derechos humanos y de los operadores de justicia, así como en ciertos sectores de la población que son de especial preocupación; esto es, en la situación de los pueblos indígenas, de las mujeres, y de los niños y niñas, y para el ejercicio de la libertad de expresión.

6.       En el informe, la Comisión notó con profunda preocupación que las acciones emprendidas por el Estado para reformar la administración de justicia, mejorar la seguridad ciudadana, desmilitarizar el Estado y la sociedad, proteger a los defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y demás líderes sociales; eliminar la discriminación y marginación social contra los pueblos indígenas; fomentar participación igualitaria de la mujer en la sociedad; otorgar especial protección a los niños y niñas; y permitir el amplio ejercicio de la libertad de expresión, no cumplían con los estándares internacionales sobre derechos humanos ni con los objetivos planteados en los Acuerdos de Paz.

7.       Con el propósito de asistir al Estado en su trabajo y en su relación con la sociedad guatemalteca para avanzar en las iniciativas emprendidas y superar los serios desafíos y dificultades que enfrentan, la Comisión formuló recomendaciones específicas con relación a cada conjunto de temas abordados. El informe fue entregado al Presidente Oscar Berger por la Comisionada y Relatora para Guatemala, Susana Villarán, en un acto público que tuvo lugar en el Palacio Nacional el 22 de marzo 2004. En dicho acto, el Presidente Berger expresó su voluntad de “analizar las recomendaciones formuladas en el informe y de diseñar la estrategia nacional para su efectivo cumplimiento”.[1] Esta expresión de voluntad, altamente valorada la Comisión en su oportunidad,[2]  se reitera en la respuesta del Estado, según la cual el informe constituye “un compromiso serio que debe ser cumplido con el esfuerzo y participación de todos los sectores de la sociedad y el Estado en su conjunto”.[3]

8.               En adición a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró los siguientes gestos como muestras claras de la voluntad del Gobierno de Guatemala de realizar una agenda seria y firme en materia de derechos humanos: Primero, las palabras del Presidente Berger en el aniversario de la entrega del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico el 25 de febrero de 2004, en las que pidió perdón en nombre del Estado Guatemalteco a las víctimas del conflicto armado interno, así como las dirigidas a la familia Mack Chang en el acto público de reconocimiento a la memoria de la antropóloga Myrna Mack, el pasado 22 de abril.

9.               Segundo, el Programa de Modernización del Ejército que preveía una reducción del 50% tanto del número de efectivos como en el presupuesto general del Ministerio de Defensa. En ese sentido, la CIDH valoró las acciones emprendidas por el Gobierno guatemalteco para la desarticulación de cinco zonas militares que comprenden seis comandos militares.

10.          Tercero, el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en los casos de la Masacre de Plan de Sánchez, de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y de la ejecución de Jorge Carpio Nicolle y otros. La CIDH destaca la importancia de dichos reconocimientos como una medida de satisfacción crucial para la dignificación de las víctimas y de sus familiares, de especial connotación en los procesos de reconciliación nacional y de resarcimiento de las víctimas del conflicto armado interno. La posición adoptada por el Estado en dichos casos, de suyo, constituyen acciones concretas que redundan en el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos,[4] así como contribuciones positivas a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo indicara la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[5]

11.          Finalmente, la Comisión valoró como un gestó positivo del Gobierno del Presidente Berger, la entrega, en calidad de usufructo, de la finca presidencial Santo Tomás como parte de un proyecto de atención dirigido a adolescentes y jóvenes de escasos recursos, en riesgo, cuyo objetivo es promover mediante un proceso educativo y técnico, la formación de una nueva ciudadanía y la prevención de la delincuencia.[6]

12.          En el presente Informe de Seguimiento se analiza el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión en cada capítulo de su Informe sobre Guatemala. El principal interés de la Comisión mediante este ejercicio es colaborar en el fortalecimiento de un Estado democrático en Guatemala, del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos fundamentales. 

13.          El 16 de diciembre enero de 2004 la Comisión se dirigió al Estado con el fin de solicitar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe sobre Guatemala, la cual fue remitida por éste mediante nota del 14 de enero de 2005. En dicha comunicación el Estado reiteró a la CIDH “su compromiso con los derechos humanos, y particularmente con el fortalecimiento de la Justicia y Seguridad como elementos fundamentales para un ambiente propicio en el cual los otros derechos fundamentales también puedan ser ejercidos con libertad y eficacia”. Asimismo, informó que por medio de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), impulsó una serie de medidas para dar cumplimento a las recomendaciones emitidas por diferentes instancias internacionales de supervisión de derechos humanos, entre las que destacó la reinstalación del Foro Interinstitucional Permanente en Derechos Humanos.[7]  

14.          El 18 de enero de 2005, la CIDH aprobó un “Proyecto de Informe de Seguimiento” el cual fue debidamente trasmitido al Estado con un plazo de un mes para presentar sus observaciones. El 18 de febrero de 2005, el Estado de Guatemala presentó sus observaciones a dicho proyecto, en las que agradeció a la Comisión su valioso aporte mediante las recomendaciones contenidas en su informe; y  reconoce que existen áreas, como justicia y seguridad ciudadana, en las cuales se hace necesario continuar una ardua tarea para lograr resultados tangibles, toda vez que los logros obtenidos resultan aunque satisfactorios aun incipientes para un país que recién supera una dura etapa de conflicto armado interno. Asimismo, informó a la Comisión sobre la puesta en funcionamiento de un Comité de Impulso, en el que se están proponiendo acciones y medidas concretas para fortalecer la capacidad de incidencia en los casos de violaciones de derechos humanos.  

II.       ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

15.          En el primer capítulo del informe Justicia e Inclusión Social: Los desafíos de la Democracia en Guatemala, la Comisión se refiere a la situación del Estado de Derecho en Guatemala y a las debilidades de la administración de justicia, que se traducen en una impunidad generalizada y en denegación de justicia. En el informe la CIDH concluye que el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala no podrán consolidarse mientras continúe existiendo un Poder Judicial ineficiente que no investiga debidamente las gravísimas violaciones a los derechos humanos del pasado, así como las violaciones del presente y permite que la impunidad siga imperando. El sistema de administración de justicia guatemalteco debe asegurar un efectivo acceso a la justicia de todos los individuos, de manera independiente e imparcial, y continuar con las iniciativas de modernización y reformas que permitan un mejor funcionamiento de la administración de justicia.

16.          En el informe la Comisión concluye que si bien las instituciones que administran justicia en Guatemala juegan un rol fundamental en el proceso de democratización del Estado, la situación observada demuestra que el Estado no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones en esta materia. El Poder Judicial no ha asegurado aún a la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas el respeto de los derechos humanos de los individuos a través de la investigación de las denuncias y la individualización y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos del presente y del pasado. La falta de capacidad del Estado guatemalteco de proveer un sistema de administración de justicia adecuado y eficiente, y una justicia independiente e imparcial, impide el acceso de los guatemaltecos a la justicia.  Asimismo, que el deterioro de la administración de justicia en Guatemala lleva a una violación continua de los derechos individuales de sus habitantes y pone en jaque la institucionalidad democrática en el país.  Ello se ve agravado por la impunidad sistémica y estructural que afecta a todo el sistema de justicia guatemalteco.

17.          Con el fin de contribuir en la búsqueda de soluciones que permitan revertir el estado actual de esta situación, la Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

       1.         Tomar las medidas necesarias para combatir la impunidad estructural que afecta al sistema de justicia guatemalteco. En este sentido, recomienda implementar medidas destinadas a impedir el encubrimiento de autoridades involucradas en investigaciones sobre crimen organizado y violaciones de derechos humanos. Asimismo, reforzar las medidas adoptadas con el fin de destituir de cargos públicos y de las Fuerzas Armadas a personas que hubieren participado de violaciones a los derechos humanos fundamentales ocurridas durante el conflicto armado.

      2.         Continuar con el proceso de modernización del Poder Judicial a través de métodos informáticos, particularmente con el avance en el archivo de casos y control de expedientes, para disminuir la demora y la corrupción en el manejo de casos. Complementar la modernización con otras iniciativas tales como avanzar en el proceso de ampliación y remodelación de las instalaciones judiciales en todo el país. A su vez, complementar estas medidas con aquellas destinadas a la protección, capacitación, recursos y legitimidad necesarias a los Juzgados de Paz, a los Centros de Administración de Justicia y a los Centros de Mediación creados en el interior del país para asegurar su efectividad.

      3.         Continuar con las iniciativas de capacitación de los miembros del Organismo Judicial, y plantear programas de capacitación sostenidos en el tiempo, que tengan un mayor alcance en cuanto a temáticas abordadas y a las personas que participan en ellos, y que cuenten con un adecuado seguimiento institucional. En particular, que estos programas de capacitación prevean educación sobre la cultura y la identidad indígenas. Además, capacitar a los defensores públicos y a los fiscales para que puedan ejercer su rol en el sistema judicial.

4.         Aumentar los esfuerzos dirigidos a facilitar un acceso a la justicia igualitario a todos los individuos, en especial que provea intérpretes en lenguas indígenas para resguardar su derecho a las debidas garantías judiciales.  En el mismo sentido, adoptar las medidas y la regulación necesarias para que las comunidades indígenas puedan aplicar su derecho comunitario en casos en los cuales no habría violación del derecho internacional y ello respondiere a sus necesidades locales.

      5.         Establecer mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración interinstitucional entre los diversos órganos de la administración de justicia, especialmente entre el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Poder Judicial, con el fin de evitar la superposición de funciones; y adoptar las medidas que sean necesarias para que sean puestas en práctica.

      6.         Mejorar los mecanismos de reclutamiento y capacitación de los miembros del Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, y otorgarles los recursos materiales necesarios para desempeñar su labor investigativa, fortaleciendo sus capacidades para proteger la escena del crimen y la prueba recabada en ella. Para este fin, disponer el cese inmediato y total de la intervención de las Fuerzas Armadas en esta materia.

7.         Asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces y operadores de justicia. Para ello, diseñar mecanismos tendientes a evitar presiones internas y externas sobre los jueces y los operadores de justicia, particularmente aquellos que trabajan con casos sobre violaciones de derechos humanos, corrupción y narcotráfico. Asimismo, aplicar sanciones penales y disciplinarias a los operadores de justicia que cometen actos de corrupción; a quienes ejerzan presiones indebidas tendientes a asegurar la resolución de los casos presentados ante el sistema judicial de acuerdo a sus intereses; y a los miembros de otros órganos del Estado y de la sociedad civil que interfieran de manera indebida en la administración de justicia en favor de intereses particulares. A su vez, adoptar medidas para evitar que estos hechos ocurran nuevamente. 

            8.         Investigar las denuncias de amenazas y ataques contra jueces y operadores de justicia, sancionar a los responsables, y proveer la protección adecuada para que los jueces y operadores de justicia ejerzan sus funciones sin temor a sufrir represalias. Aplicar adecuada y transparentemente la Ley de Carrera Judicial, y fomentar una aplicación coherente y efectiva de los procedimientos disciplinarios y de promoción y remoción de los jueces. Aplicar correctamente las políticas de reclutamiento, remoción y promoción legalmente establecidas para el Instituto de Defensa Penal y el Ministerio Público. Adoptar las medidas legislativas y constitucionales necesarias para extender el mandato de los jueces de cinco años a un plazo mayor, que sea compatible con el principio de independencia judicial.

      9.         Incrementar el presupuesto asignado al Poder Judicial, a la Defensa Pública Penal y al Ministerio Público, con el fin de que sea viable la implementación de un sistema judicial acorde a los estándares internacionales y a los Acuerdos de Paz.

      10.       Otorgar mayores fondos al Instituto de Defensa Pública, y capacitar a los defensores públicos y a los fiscales para que puedan ejercer su rol en el sistema judicial local.

      11.       Evitar la tramitación inoficiosa  de recursos legales tendientes a obstruir la justicia. Para ello, asegurar que los jueces evalúen debidamente los requisitos de admisibilidad de los recursos, respeten los plazos establecidos para la tramitación de los recursos, y verifiquen que los recursos no hayan sido interpuestos sobre la misma base jurídica y/o sobre los mismos hechos que recursos decididos previamente. Asimismo, aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios judiciales por la tramitación indebida de dichos recursos legales dirigidos a obstruir la correcta administración de justicia y asegurar la impunidad.

      12.       Permitir el acceso de los operadores de justicia a la información en poder del Estado que es necesaria para la tramitación de casos que se encuentran bajo su jurisdicción. En este sentido, adoptar medidas que prohíban a los organismos del Estado ampararse en el “secreto de Estado”, salvo en aquéllos casos en los cuales sea realmente necesario para la protección de la seguridad nacional.

15.              Esclarecer las violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado que aún permanecen impunes, sancionar a los responsables e indemnizar a las víctimas.

18.          En cuanto a las medidas necesarias para combatir la impunidad, en su informe final sobre derechos humanos, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) concluyó que pese a los esfuerzos desplegados para fortalecer el sistema de administración de justicia la impunidad continua siendo un fenómeno sistemático y transversal que afecta tanto hechos del pasado como delitos actuales, lo que a su juicio evidencia que “no existe proporcionalidad entre esa inversión y los resultados obtenidos”.[8]

19.          Aun cuando la Comisión comparte la apreciación de MINUGUA en relación con los resultados de la lucha contra la impunidad de las violaciones derechos humanos del presente y del pasado, considera de crucial importancia destacar los esfuerzos desplegados por el Estado, en particular, por el Organismo Judicial tanto en los procesos de modernización como de capacitación. Esfuerzos, que conforme a la respuesta del Estado, obedecen al propósito del Organismo Judicial de brindar mayor acceso a la justicia, por medio de proyectos, infraestructura y programas que benefician a toda la población guatemalteca.

20.          De acuerdo a la Memoria de Labores 1999 – 2004 publicada por el Organismo Judicial a finales de este último año, en lo referentes a modernización se ha avanzado en diferentes aspectos, entre los cuales se encuentran la adecuación de las instalaciones de los juzgadores en todo el territorio nacional, dotando a los jueces de infraestructura renovada, con herramientas adecuadas para la administración de justicia. Asimismo, se amplió el acceso a la justicia, a través de tribunales móviles, utilizando la mediación como un método alternativo de solución de controversias. Se han creado tribunales de alto impacto, con el propósito de fortaleces la lucha contra el crimen organizado y contra los delitos de grave impacto social.

21.          De igual forma, se ha realizado la construcción de 36 juzgados de paz, 4 centros de Administración de Justicia, CAJ, 4 Complejos judiciales, la adquisición y  remodelación de la Torre de Marfil en donde se trasladaron la mayoría de Salas de la Corte de Apelaciones de la Capital; la adquisición y remodelación del Edificio Jade para dotar de infraestructura adecuada a las unidades que operaban en condiciones precarias, tales como: Archivo General de Protocolos, Consejo de la Carrera Judicial, Gerencia de Recursos Humanos, unidad de Carencia de Antecedentes penales y la unidad de Resolución Alternativa de Conflictos; el alquiler y remodelación del edificio de la 23 calle para dotar de instalaciones adecuadas al juzgado Décimo de Paz Penal, Secretaría de planificación y desarrollo institucional, Departamento Jurídico y a los proyectos de justicia Penal de UNICEF y PNUD; los Juzgados de diferentes ramos e instancias de la Torre de Tribunales fueron remodelados;  se remodelaron los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia en conflictos con la Ley Penal en el interior de la República y el Edificio de la Sala de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia, y los juzgados de naturaleza capital y se legalizo  47 inmuebles donados por las Municipales en el interior del país.

22.          En el mismo sentido, se aprobó la creación de instalaciones idóneas para el resguardo de testimonios especiales y otros documentos notariales, mediante acuerdo 10-2002 de la Corte Suprema de Justicia y se creó la delegación departamental del Archivo General de Protocolos: Delegación Departamentos de Huehuetenango (Acuerdo 8-2003), Delegación Regional de Chiquimula (Acuerdo 40-2003) Delegación Departamental de Alta Verepaz (Acuerdo 2-2004) y Delegación Regional de Quetzaltenango (Acuerdo 16-2004).

23.          En lo referente a descentralización y desconcentración de actividades, se institucionalizaron los Centros de Gestión Penal en Zacapa, Santa Cruz del Quinché, Escuintla, Petén, Chimaltenango, Baja Verapaz y Villa Nueva; se creó también, un total de 28 Centro de Mediación en todo la República (9 en Quetzaltenango, 6 en Petén, 5 en Alta Veraaz, 2 en Escuintla, 2 en el Quinché y 1 en Izabal, así como en Huehuetenango, Chiquimula y San Marcos respectivamente). Con el apoyo del Banco Mundial, se crearon dos Juzgados de Paz Móviles en Guatemala y Quetzaltenango para experimentar un nuevo tipo de justicia itinerante.

24.          Con respecto a la infraestructura judicial, por medio de la unidad de mantenimiento del Organismo Judicial se construyeron 36 Juzgados de Paz en todo el país, con recursos propios; se construyeron seis Centros de Administración de Justicia (CAJs) en el interior del país, siendo éstos: Santa Eulalia, Huehuetenango; Playa Grande y Nebaj, Quiché; Poptún; Ixchiguán, San Marcos y Santiago Atitlán, Sololá. Igualmente, se contruyeron cuatro Complejos judiciales en las cabeceras departamentales de: Huehuetenango, Chiquimula, Quetzaltenango y en el municipio de San Benito, Petén, a través de la Unidad de Modernización. Así como la construcción y remodelación de 13 Juzgados de Paz con el apoyo del Programa de Fortalecimiento del Estado del Derecho (PROFED) y con recursos del PNUD, a través de los proyectos GUA/00/010 y GUA/98/034.[9]

25.          En materia de capacitación, de acuerdo al información publicada por el Organismo Judicial, se puede establecer que se fortaleció la carrera judicial con la implementación de la Ley propia de la Carrera Judicial y la Ley del Servicio del Organismo Judicial; al amparo de estas leyes se implemento un intenso programa de capacitación periódica y constante. La Escuela de Estudios Judiciales, ha realizado programas de capacitación nacional e internacional. Específicamente, se llevaron a cabo  609 Programas de Capacitación, 360 de ellos en la ciudad capital y 240 en el interior de la República, dirigidos a todos los empleados del Organismo Judicial, incluyendo magistrados, jueces, auxiliares judiciales y personal administrativo. Igualmente, se realizaron Programas de Capacitación Continuo, con la asistencia de todos los jueces del país a diferentes cursos, con un total de 9.221 participaciones. Asimismo, se inició el programa de capacitación continua y permanente a magistrados, jueces y auxiliares de justicia, por medio de talleres y seminarios, en forma virtual (vía Internet).

26.          Dentro de los programas de capacitación a nivel nacional, que contaron con la cooperación de otras entidades, se logró capacitar a 6.853 auxiliares de la justicias. Igualmente, se evaluaron 3.639 Auxiliares de la Justicias y personal aspirantes con la aplicación de una prueba técnica-jurídica. En lo referente, al personal administrativo en servicio, se realizaron 143 programas de capacitación con un total de 4.627 participaciones; en el mismo sentido, se capacitaron 8.377 hombres y 6.595mujeres en diversos cursos, se impulsaron 21 Maestrías para jueces en servicio y se capacitó y entrenó al personal de seguridad.

27.          Entre la temática de los cursos de capacitación se pueden resaltar los de: oralidad en procesos judiciales, mediación y conciliación, ética judicial, derechos humanos, justicias de paz, procedimientos judiciales, procedimientos civiles, resolución de conflictos, interculturalidad, multiculturalidad, pluralismo jurídico, aplicación del convenio 169, etc. En lo referentes a este ultimo punto, es decir la aplicación del convenio 169, e importante destacar que se estableció el diplomado en derecho indígena.

28.          En relación con al establecimiento de un derecho indígena, la Comisión observa que la administración de justicia llega a los pueblos y comunidades indígenas en proporción muy inferior a su peso demográfico. En cuanto a la formulación de jueces bilingües e interpretes judiciales se encuentra aún en curso, resultando todavía insuficiente, pues solo se cuanta con 571 empleados, entre operadores de justicia y personal administrativo, que hablan el español y mas de un idioma maya, ubicados en judicaturas de 21 departamentos del país; entre el personal que habla idiomas mayas estas: 98 jueces, 3223 auxiliares de justicia, 43 interpretes y 86 administrativos bilingües. 

29.          En cuanto al establecimiento de mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración interinstitucional entre los órganos encargados de la investigación y juzgamiento de los delitos, la Comisión valora como un paso positivo el convenio suscrito entre el Fiscal General y el Ministerio de Gobernación, firmado el 25 de junio de 2004. El objetivo de dicho convenio es, justamente, mejorar la coordinación entre el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) y para asegurar que la investigación criminal garantice una eficiente persecución del delito que sea objetiva, moderna, ágil y científica. Es de destacar, que con el objetivo de dejar constancia de los deberes y de las obligaciones que cada parte tiene de conformidad con la ley, en el convenio se estipulan los procedimientos que deben observarse en la investigación de hechos delictivos.

30.          En lo que se refiere específicamente a la cooperación interinstitucional, el convenio contempla la realización de reuniones periódicas de coordinación entre el Ministerio Público y la PNC, así como de evaluación de la ejecución del plan de coordinación, con el objeto de realizar los ajustes necesarios. Igualmente determina que cada Institución deberá designar un funcionario de superior jerarquía para evaluar la eficacia y continuidad del proyecto de coordinación interinstitucional.

31.          La Comisión espera recibir información sobre la forma como se ha venido implementando el citado convenio de coordinación, así como sobre los resultados obtenidos en la investigación criminal.

32.          En cuanto al incremento del presupuesto asignado al Poder Judicial, a la Defensa Pública Penal y al Ministerio Público, recomendado por la CIDH con el fin de que sea viable la implementación de un sistema judicial acorde a los estándares internacionales y a los Acuerdos de Paz, la información recibida es desalentadora.

33.          En relación con el Ministerio Público la Comisión recibió información según la cual en el año 2004 el Congreso de la Republica aprobó para el ejercicio fiscal siguiente 400 millones de quetzales. Lo que en la práctica significa que el presupuesto de funcionamiento de dicha institución sólo se incrementó en dos millones de quetzales para el año 2005. Conforme a los datos suministrados por el Ministerio Público, del monto aprobado el 80% (320 millones) se destina al pago de salarios y el 20% restante al mantenimiento general de oficinas y equipos. El Ministerio Público indicó a la CIDH que dadas las necesidades operativas de la institución se verá compelido a solicitar una adición presupuestaria de por lo menos 200 millones de quetzales para asegurar su funcionamiento durante el año 2005 y ampliar su cobertura.

34.          Con respecto al presupuesto aprobado al Organismos Judicial, en la legislatura del 2004 el Congreso aprobó para el ejercicio fiscal correspondiente al 2005 tan sólo el 50% de lo solicitado para asegurar su funcionamiento adecuado. Conforme la información remitida a la CIDH, a pesar de que para el año 2005 el Organismo Judicial presentó un presupuesto de 1 millón 300 mil quetzales, sólo le fue asignado la suma de 622 millones de quetzales. Es de anotar que parte de los fondos con los que cuenta el Organismo Judicial para su funcionamiento provienen de proyectos específicos.

35.          En relación con el Instituto de Defensa Pública Penal, la Comisión tuvo noticia de que a pesar de la crisis financiera reportada en el Informe Justicia e Inclusión Social, el presupuesto asignado en el 2004 para el año siguiente fue aumentado tan solo en 8 millones de quetzales en relación con el presupuesto correspondiente a los dos últimos años, el cual se limitó a la suma de 60 millones.

36.          Finalmente, en cuanto a la tramitación inoficiosa de recursos tendientes a obstruir la administración de justicia, la Comisión ha recibido información según la cual esta practica no ha cesado.