CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1. El
importante avance de la democracia experimentado en la región en las últimas
décadas ha determinado un cambio en la naturaleza de las labores de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del carácter de sus relaciones
con los Estados del hemisferio. Hoy día, el movimiento (o proceso)
continental hacia una democracia --acorde con las normas de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre-- ha avanzado hasta el punto en que las
dictaduras configuran una anomalía y son estigmatizadas como una patología
política. Consideramos sin embargo que los problemas de derechos humanos no
terminan cuando un gobierno se torna democrático. Abusos policiales,
violaciones a las garantías del debido proceso, restricciones indebidas de
la libertad de expresión, carencia de independencia, imparcialidad e
ineficiencia en los poderes judiciales, entre otros, continúan constituyendo
problemas estructurales en la región que no se han superado con el
advenimiento de regímenes democráticos. Las elecciones periódicas y la
expansión de los regímenes democráticos no han logrado una
institucionalidad y cultura democrática suficientes para darle estabilidad y
cohesión a nuestras sociedades, obstaculizando el imperio de la ley,
afectando la vigencia de los derechos fundamentales de los habitantes y
generando un clima apto para la ocurrencia de crisis sociales con impacto
político-institucional.
2.
Durante los últimos años la región ha sido testigo de graves tensiones
institucionales en diversos países por la recurrencia de intentos de golpes
de Estado, y quiebres constitucionales. Esta situación continúa postergando
el logro de la estabilidad necesaria para hacer posible un sostenido
desarrollo político, social, económico y cultural de la región. La Comisión
ha venido observando con preocupación un progresivo deterioro del Estado de
Derecho, tendencia que no se ha revertido en el año 2003. En esta
oportunidad, la CIDH hace nuevamente un llamado a los Estados miembros a que
incrementen sus esfuerzos para la consolidación del Estado de Derecho,
evitando retrocesos que afecten la legitimidad y la legalidad de las
instituciones.
3. En la región continuaron ocurriendo violaciones a derechos
fundamentales como la vida, la libertad y la integridad personal como
consecuencia, tanto de abusos de autoridad como de tolerancia por parte de
agentes del Estado. La situación se agrava por el retraso y/o ineficacia en
el juzgamiento de estas violaciones. La impunidad constituye uno de los
principales obstáculos para la vigencia efectiva del Estado de Derecho. La
gobernabilidad democrática depende de la adopción impostergable de medidas
para mejorar la administración de justicia. Al mismo tiempo, la Comisión
desea resaltar que durante el año 2003 se han producido avances
significativos en la lucha contra la impunidad en los Estados miembros de la
Organización, incluyendo la derogación de las leyes de amnistía en un
Estado, la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación en otro, así como decisiones judiciales dadas por altos
tribunales que entre otras materias permitieron la extradición de una
persona acusada de cometer graves crímenes internacionales a un país
diferente de aquel en el que se habrían cometidos tales crímenes, así como
la decisión permitiendo la reapertura de procesos penales para dar
cumplimiento a recomendaciones y sentencias de los órganos del sistema.
4. A
pesar de estos signos alentadores y esfuerzos realizados, el año 2003 no ha
visto un mejoramiento sustancial en el funcionamiento de la justicia que se
ve seriamente afectado por deficiencias de tipo estructural, tales como
presupuesto inadecuado, la imposibilidad de acceso de las personas de
escasos recursos o que los defensores oficiales no se encuentran, en
condiciones de ejercer sus funciones con eficacia. La falta de estabilidad
de los jueces en varios países y las remociones de magistrados sin respetar
garantías mínimas del debido proceso constituyeron serios ataques a la
independencia del Poder Judicial en varios países. A esto se suma el
incremento de amenazas contra jueces, fiscales y testigos que se produjeron
en varios Estados acompañadas de insuficientes medidas de protección
adoptadas por el Estado en respuesta a tales amenazas.
5. La
situación económica y social de la región no experimentó mejorías
destacables en el último año para garantizar los derechos económicos,
sociales y culturales. No hay posibilidad de fortalecer la gobernabilidad
democrática si no hay una política que propicie el pleno reconocimiento de
los derechos económicos, sociales y culturales, el crecimiento económico, la
reducción de las brechas sociales y el ejercicio pleno de la ciudadanía por
todas y todos los habitantes de la región (artículos 11, 12 y 13 de la Carta
Democrática Interamericana, Convención Americana, Preámbulo y Pacto de San
Salvador, Preámbulo). Solamente asegurando el éxito en el combate contra la
exclusión social se logrará alcanzar el objetivo central de la democracia, a
saber, el pleno desarrollo del potencial humano y la incorporación de los
aportes de todos y cada uno de los habitantes al progreso colectivo. La
puesta en marcha de estrategias de inclusión social indisolublemente unidas
a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos debe ser la
prioridad fundamental para los Estados. Los Estados deben brindar especial
protección y estimular el desarrollo de quienes se encuentran en especial
situación de vulnerabilidad, en particular, los niños, los pueblos
indígenas, los miembros de comunidades afrodescendientes en ciertas regiones
y los trabajadores migratorios y sus familias, mediante la creación o
fortalecimiento de los mecanismos legales e institucionales destinados a
combatir la discriminación. Asimismo, promover activamente la no
discriminación, la equidad y protección de los derechos humanos de las
mujeres
6. En reiteradas oportunidades la CIDH ha indicado que las personas
dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y las
organizaciones a las que muchas de ellas se encuentran afiliadas cumplen un
papel crucial tanto en el litigio de casos vinculados a la vigencia de los
derechos humanos, así como en los procesos de control de las instituciones
democráticas por parte de la sociedad civil. En el año que concluye
lamentablemente los actos de amedrentamiento, desapariciones, atentados y
asesinatos perpetrados contra personas y organizaciones dedicadas a la
defensa de los derechos humanos continuaron produciéndose. Los Estados
miembros tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para
proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión y
asociación de quienes trabajan por el respeto de los derechos fundamentales.
7. La Convención Americana, la Declaración de Principios de Libertad
de Expresión así como la Carta Democrática Interamericana resaltan la
importancia de la transparencia de las actividades gubernamentales y la
libertad de expresión y de prensa como componentes fundamentales en el
ejercicio de la democracia. A pesar de ello, los actos de hostigamiento,
persecución, represalia e instigación a la violencia contra la prensa
independiente, lejos de disminuir, han aumentado. El derecho a difundir
ideas de interés público mediante la prensa merece la especial protección de
la justicia y la falta de investigación efectiva de los crímenes cometidos
contra periodistas y otros actos que pretenden restringir indirectamente la
libertad de expresión generan temor de expresar críticas contra quienes
detentan el poder o denunciar abusos e ilícitos, socavando las bases mismas
de la democracia.
8. La existencia de luchas internas afectan seriamente a sociedades en
la región y continúan verificándose graves violaciones al derecho
internacional, además de serios problemas humanitarios, tales como los
padecidos por los refugiados y desplazados internos. Existe la urgente
necesidad de dar pleno cumplimiento al derecho internacional de los derechos
humanos y observar las normas básicas del derecho internacional
humanitario. Toda vez que se verifique la comisión de crímenes
internacionales, los Estados deben asegurar la vigencia del principio de
responsabilidad penal individual en el orden internacional y su complemento,
el principio de jurisdicción universal, con el fin de juzgar y sancionar a
los responsables.
9. A continuación, la Comisión enumera las recomendaciones de carácter
general que considera oportuno formular a los Estados del Hemisferio y
espera que éstas sirvan como instrumento para el cumplimiento con los
objetivos de lograr la plena vigencia del Estado de Derecho:
I.
Continuar con sus esfuerzos para consolidar el imperio de la ley y el Estado
de Derecho a la luz de los estándares del sistema regional, evitando
retrocesos que afecten la legitimidad y la legalidad de las instituciones.
II.
Adoptar las medidas necesarias para asegurar la independencia e
imparcialidad de los jueces, administrar justicia conforme a las normas del
debido proceso y fortalecer sus sistemas judiciales de modo de asegurar la
protección de la justicia para quienes se encuentran bajo su jurisdicción.
III.
Adoptar medidas en favor de la vigencia de los derechos sociales, económicos
y culturales de los habitantes del hemisferio, tanto en forma individual
como colectiva.
IV. Colaborar en la consecución de las metas
establecidas en los Planes de Acción de las Conferencias Mundiales
celebradas en la última década en el marco de las Naciones Unidas tales como
Tercer Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer,
Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Conferencia
Mundial de Derechos Humanos,
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, Cumbre Mundial en favor de la Infancia.
V.
Derogar las normas que permitan la discriminación y combatan de manera
decidida estas prácticas.
VI.
Ratificar todos los instrumentos del sistema interamericano de derechos
humanos. En particular, urge a los diez Estados miembros que aun no lo han
hecho a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
VII.
Adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal
y la libertad de expresión de los defensores de derechos humanos.
VIII.
Adecuar el marco normativo conforme al cual se ejerce la libertad de
expresión en su territorio a la luz de los estándares de la Convención
Americana y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión; a
desterrar las restricciones indirectas y en particular el hostigamiento
contra periodistas y otras personas que ejerzan su derecho a expresarse
libremente, así como asegurar la protección de la justicia en la difusión de
información y en la investigación y juzgamiento efectivos de crímenes contra
profesionales de la información.
IX.
Adoptar medidas eficaces para proteger el derecho a la vida, la integridad
física y la libertad de sus habitantes y garantizar que las violaciones
cometidas sean investigadas y reparadas.
X.
Reforzar la integridad y eficacia del sistema interamericano de derechos
humanos mediante el cumplimiento con la obligación de adaptar la legislación
interna a los derechos consagrados en los instrumentos adoptados en el marco
del sistema y su debida interpretación y aplicación por sus órganos, en
particular por los tribunales, el cumplimiento con los compromisos
internacionales y las decisiones y órdenes de la Comisión y de la Corte y la
dotación de los recursos financieros necesarios.
XI.
Asumir las obligaciones y abordar de manera urgente los desafíos plasmados
en estas recomendaciones con el fin de garantizar los derechos humanos de
los habitantes de la región y desarrollar las instituciones sobre las cuales
descansan la paz, la prosperidad, y el funcionamiento exitoso de la
democracia como forma de gobierno.
La Comisión
cumplirá el próximo año sus primeros cuarenta y cinco años de labor. En
estos años, la CIDH ha acompañado a las sociedades de las Américas en su
búsqueda de mejorar la situación de los derechos humanos de los habitantes
de nuestro hemisferio y la consolidación de la democracia. Empero, el camino
que queda por recorrer es aún amplio ya que aún no se ha logrado la
estabilidad democrática necesaria que permita la plena vigencia de todos los
derechos humanos, para todas y todos los habitantes de nuestra región.
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