|
1.
Derecho a la propiedad
44.
Los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la
violación de los derechos de la Dann a la propiedad en virtud del
Artículo XXIII de la Declaración en razón de la limitación que el
Estado ha impuesto a la ocupación y uso por las Dann de las tierras
ancestrales Western Shoshone. El
Artículo XXIII de la Declaración dispone lo siguiente: Toda
persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las
necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la
dignidad de la persona y del hogar.
45.
En particular, los peticionarios sostienen que las Dann y otros
integrantes de los Western Shoshone han establecido debidamente un derecho
a las tierras ancestrales Western Shoshone a través de modalidades
tradicionales de uso y ocupación de estas tierras y de sus recursos
naturales. Los peticionarios
se refieren a esto como "sistema consuetudinario de tenencia de la
tierra" y afirman que esta es una forma de propiedad que está
reconocida como título original o indígena por la ley de Estados Unidos
y por otras jurisdicciones del derecho común, como los son el libre
derecho a la pesca, la caza, la recolección y otros usos de los recursos
o el acceso a las tierras.
[3]
46.
En este contexto, e independientemente del derecho común de las
jurisdicciones internas, los peticionarios afirman que el derecho a la
propiedad consagrado en el Artículo XXIII de la Declaración, considerado
a la luz del principio fundamental de la no discriminación, debe
interpretarse en el sentido de que comprende esas formas de tenencia de la
tierra y uso de los recursos que derivan de modalidades tradicionales de
uso y ocupación de la tierra de un pueblo indígena como los Dann.
En apoyo de esta afirmación, los peticionarios citan la
Convención de la Organización Internacional del Trabajo (No. 169) en
relación con los pueblos indígenas y tribales,
[4]
el Artículo 14
del cual dispone lo siguiente:
1.
Deberá
reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia. A este
respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2.
Los
gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.
3.
Deberán
instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por
los pueblos interesados.
47.
Los peticionarios análogamente se basan en el Artículo XVIII de
la proyectada Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas
[5]
y el Artículo 26 del Proyecto de Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
[6]
proyectos de instrumento que afirman que los pueblos
aborígenes tienen derecho al pleno reconocimiento de sus leyes,
tradiciones y costumbres, a los sistemas de tenencia de la tierra y a las
instituciones para el desarrollo y la gestión de los recursos, y el
derecho a medidas efectivas de parte de los Estados para evitar toda
interferencia, alienación o incautación de esos derechos.
48.
En las circunstancias de Mary y Carrie Dann, los peticionarios
sostienen que han establecido hechos que demuestran la existencia de los
derechos de propiedad de los Western Shoshone sobre la base
del uso y la ocupación tradicionales de la tierra y que las Dann
son beneficiarias de esos derechos como miembros del pueblo Western
Shoshone. Los peticionarios
también afirman que han establecido hechos que indican que el Estado ha
interferido con esos derechos, inclusive a través de medidas de
organismos gubernamentales federales y estaduales que han impedido que las
Dann y otros integrantes del pueblo Western Shoshone utilicen y ocupen las
tierras ancestrales Western Shoshone de acuerdo con modalidades
tradicionales. Sobre esta
base, los peticionarios sostienen que el Estado ha violado el derecho de
propiedad de las Dann, consagrado en el Artículo XXIII de la Declaración
Americana, conforme a una interpretación y aplicación adecuadas de ese
derecho en relación con los sistemas de tenencia de la tierra aborígenes
y otros sistemas consuetudinarios.
49.
Los peticionarios también señalan a este respecto que el Estado
no ha impugnado la historia de tenencia de tierras tradicional que se
afirma dio lugar al título aborigen Western Shoshone ni que sus agentes y
los del Estado de Nevada hayan cometido actos que impiden la capacidad de
las Dann para seguir ocupando y utilizando las tierras en cuestión, sino
que, por el contrario, afirman que los derechos de propiedad de los
Western Shoshone caducaron a raíz de procedimientos de reivindicación de
base legal. Los peticionarios
cuestionan la pertinencia de esta afirmación en base a que los derechos
de propiedad de los Western Shoshone no han caducado, inclusive como
cuestión de derecho en Estados Unidos y, más aún, impugnan la validez
de la propia presunta caducidad, como violación de los derechos humanos
fundamentales de las Dann.
50.
Los peticionarios sostienen en particular que los tribunales
estadounidenses nunca han dictaminado en forma concluyente sobre la
caducidad de los derechos de propiedad de los Western Shoshone, sino que
han decidido acerca de las reivindicaciones internas de las Dann en base a
las interpretaciones de esos tribunales acerca de la ley de la Comisión
de Reivindicaciones indígenas de manera tal que impidieron que las Dann
afirmen su título Western Shoshone en las acciones judiciales internas.
De acuerdo con los peticionarios, esta conclusión puede derivarse
de la historia judicial de las actuaciones ante la justicia interna
llevadas a cabo por las Dann.
51.
A este respecto, los peticionarios señalan que la Corte de
Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, que es la instancia
superior para examinar y dictaminar sustantivamente en torno a los
derechos de tierras de los Western Shoshone, en realidad llegó a la
conclusión de que estos derechos "no habían caducado como cuestión
de derecho por imperio de la ley de tierras del Estado, por la creación
de la Reserva de Duck Valley o por la inclusión de la tierra en disputa
en un distrito de pastoreo y el otorgamiento de un permiso de pastoreo de
acuerdo con la Ley de Pastoreo de Taylor". Si bien la Corte Suprema de Estados Unidos posteriormente
revirtió este dictamen, no lo hizo sobre la base de una conclusión de
caducidad real del título Western Shoshone, sino sobre una
interpretación estatutaria de la Ley de la ICC que prohibía la
afirmación del título Western Shoshone debido a la existencia de una
compensación monetaria de dicha Comisión por la presunta caducidad del
título Western Shoshone en procesos colaterales.
[7]
52.
Con respecto a la afirmación del Estado de que las Dann no
reclamaron "un título
aborigen individual" de las tierras en cuestión ante los tribunales
internos, los peticionarios explican que no han seguido esa vía debido a
que ello las habría separado de la reivindicación de la nación Western
Shoshone en base al tratado, posición que preservaría la tierra y la
cultura del pueblo Western Shoshone como un todo.
Básicamente, argumentan que interponer esa reivindicación
socavaría los derechos
aborígenes y el fundamento reconocido en el tratado para el título que
configura la esencia histórica, cultural y política del
pueblo y las tribus indígenas Western Shoshone y otras.
[8]
2.
Derecho a la igualdad ante la ley
53.
Los peticionarios también impugnan la interferencia del Estado con
la ocupación y el uso por las Dann de las tierras ancestrales Western
Shoshone como discriminatoria y contraria al Artículo II de la
Declaración, que protege el derecho a la igualdad ante la ley.
[9]
En particular,
los peticionarios afirman que el Estado está obligado a proteger los
derechos de propiedad aborígenes de las Dann y a otorgar a esos derechos
el mismo grado de protección que brinda para la protección de los
derechos de propiedad de los no indígenas, pero que no lo ha hecho.
54.
Los peticionarios afirman que existen varios fundamentos para su
denuncia de discriminación. Primero,
sostienen que la teoría en base a la cual la ICC dictaminó la caducidad
del título de los Western Shoshone, a saber, "el emplazamiento
gradual" de colonos no indígenas, mineros y otros, constituye una
transferencia no consensual y discriminatoria de los derechos de propiedad
de la tierra quitándoselos a los pueblos indígenas que siguen en
posesión de su tierra y en favor de intereses no aborígenes.
Sostiene que este es un "concepto ilegal que simplemente
recompensa a los intrusos y libera a los Estados Unidos de su propia
obligación legal de defender los derechos indígenas a la tierra."
[10]
Los peticionarios
respaldan sus argumentos en parte esgrimiendo las conclusiones de un
seminario de expertos convocado por las Naciones Unidas, que identificó
las transferencias de bienes de esta naturaleza como parte de una
modalidad más generalizada de discriminación racial de que fueron
víctimas los pueblos indígenas.
[11]
55.
Los peticionarios identifican como otra fuente de discriminación
la inexistencia de protecciones sustanciales de los derechos de propiedad
de los indígenas, incluyendo los derechos derivados del título aborigen
de los Western Shoshone, que son iguales a las protecciones acordadas a
las formas de propiedad no indígena. En particular, indican que, según la legislación de Estados
Unidos, incluida la Quinta Enmienda de la Constitución de ese país y
otras leyes federales y estaduales, la toma en posesión de bienes por el
gobierno comúnmente requiere un propósito público válido y el derecho
de los propietarios a ser notificados, a una audiencia judicial y a una
compensación justa basada en el valor real de mercado de la propiedad que
se toma.
[12]
Los peticionarios
argumentan en forma contrastante que las tierras ancestrales de los
Western Shoshone fueron tomadas sin cumplir ninguno de estos requisitos
previos, circunstancia que los peticionarios sostienen es congruente con
el patrón discriminatorio aplicado por Estados Unidos a los bienes de los
pueblos indígenas en general, como lo reflejan decisiones judiciales
tales como las de los indígenas Tee-Hit-Ton c. Estados Unidos.
[13]
En las
circunstancias de las Dann, los peticionarios afirman haber establecido
hechos que indican que no se ha establecido propósito público alguno
para la presunta caducidad del título Western Shoshone a las tierras y
que la compensación monetaria de 1979 resultante de las reivindicaciones
ante la ICC fue calculada sobre la base de una valuación de la tierra al
1 de julio de 1872, la presunta fecha de caducidad, y que no se calculó
ningún interés para fijar la compensación.
[14]
Sobre esta base,
los peticionarios sostienen que no se otorgó a los Western Shoshone una
justa compensación como se exige en los casos de expropiación de bienes
de no indígenas.
56.
También de acuerdo con los peticionarios, el tratamiento
discriminatorio de los bienes indígenas está indicado asimismo por los
hechos vinculados a los procedimientos conforme a los cuales los Estados
Unidos determinaron la caducidad del derecho a las tierras ancestrales de
los Western Shoshone y la compensación, que los peticionarios sostienen
no ha protegido ni respaldado los derechos a las tierras indígenas en la
misma medida en que protege otros derechos de propiedad.
En las circunstancias de las Dann y de otros integrantes de los
Western Shoshone, los peticionarios afirman que durante las actuaciones de
la ICC por las cuales el Estado afirma prescribieron los derechos de los
pueblos Western Shoshone, sólo un pequeño grupo estuvo representado ante
la ICC y posteriormente ante la Corte de Reivindicaciones de Estados
Unidos. También afirman que
otros Western Shoshone, incluidas las Dann, se vieron impedidos de
intervenir en las actuaciones de la ICC.
Además, los reclamantes Western Shoshone que estuvieron
representados ante la ICC se vieron impedidos de suspender los servicios
de su abogado cuando decidieron que no estaba actuando en favor de sus
intereses.
57.
Los peticionarios contrastan esta situación con los requisitos de
la ley de propiedad de Estados Unidos en general, de acuerdo con la cual
los derechos de propiedad comúnmente sólo pueden caducar o suspenderse a
través de "procedimientos cuidadosos y rigurosos en los que se
escuchen los intereses de todas las partes a través de un asesor de su
elección".
[15]
Por lo tanto, los
peticionarios denuncian que el gobierno de Estados Unidos está tratando
ahora de someter a las Dann y a otros integrantes del pueblo Western
Shoshone a las condiciones negociadas por un abogado en un procedimiento
en que se les negó a aquellos el derecho a participar, en violación de
la norma internacional de igualdad ante la ley.
58.
En respaldo de esta afirmación de que este tratamiento constituye
una discriminación a los efectos del Artículo II de la Declaración, los
peticionarios citan decisiones y proclamaciones de órganos internos e
internacionales, que incluyen una decisión de la Alta Corte Australiana
en la que una mayoría de esa Corte concluyó que una medida legislativa
que específicamente disponía la caducidad de un título nativo,
excluyendo los derechos de propiedad de los no indígenas, era racialmente
discriminatoria y, por tanto, nula.
[16]
Los peticionarios
también citan declaraciones de la Comisión de la ONU para la
Eliminación de la Discriminación Racial, exhortando a los Estados partes
de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación
racial a "reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas
a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y
recursos comunales."
[17]
Señalan una
decisión en particular de acuerdo con los procedimientos para acciones de
alerta temprana y urgentes de la Comisión, expresando preocupación por
las enmiendas a la ley de títulos nativos de Australia, que la Comisión
consideró había creado una certeza jurídica para los gobiernos y para
terceros a expensas del título indígena y por no haber
previsto una participación efectiva de las comunidades indígenas
en la formulación de las enmiendas legislativas.
[18]
Con respecto a
esta última decisión, los peticionarios argumentan que la falta de
protección procesal y sustantiva para las Dann configura un "caso
igualmente elocuente de discriminación denigrante que exige atención
inmediata."
3. Derecho a la integridad cultural
59.
Los peticionarios afirman que las acciones del Estado en relación
con las tierras de las Dann y las tierras ancestrales de los Western
Shoshone en términos más generales violan el derecho de las Dann a la
protección de la integridad cultural que, por su parte, sostienen está
afirmada en la Declaración Americana, en el Artículo XXII (derecho a la
propiedad), el Artículo III (derecho a la libertad religiosa), el Artículo
VI (derecho a la familia y a su protección) y el Artículo XIV (derecho a
formar parte de la vida cultural de la comunidad). Los peticionarios sostienen en particular que la Comisión ha
reconocido el libre ejercicio de estos derechos como "esencial para el
goce y la perpetuación de la cultura de los pueblos indígenas".
[19]
60.
En las circunstancias de las Dann en particular, los peticionarios
afirman que los Estados Unidos intentan activamente privar a las Dann de sus
tierras tradicionales. Como la
cultura Western Shoshone depende de la tierra y los recursos naturales que
contiene, los peticionarios argumentan que la acción del Estado amenaza
directamente el goce por las Dann de la cultura Western Shoshone.
Entre los actos que señalan amenazan con esta privación, se cuentan
la publicación de avisos de sanciones administrativas y penales contra las
Dann por el uso de sus tierras tradicionales, amenazas de confiscación del
ganado de las Dann, impedimentos a la recolección de alimentos para la
subsistencia, límites a su acceso a los lugares sagrados y el otorgamiento
de concesiones mineras a privados y actividades militares perjudiciales en
las tierras tradicionales de los Western Shoshone, actividades que han
amenazado el medio ambiente y destruido los recursos disponibles.
61.
De acuerdo con los peticionarios, estas acciones, sumadas a la
insistencia del Estado de que el título de los Western Shoshone ha
caducado, amenazan con destruir la cultura Western Shoshone, en violación
de la Declaración Americana, según lo informa en particular el Artículo
27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Artículo 27 de este instrumento establece que "en los
Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no
se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que
les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear
su propio idioma." Los peticionarios argumentan que la propia Comisión
se ha basado en el Artículo 27 del Pacto para afirmar que la legislación
internacional protege a los
grupos minoritarios, incluidos los pueblos indígenas, en el goce de todos
los aspectos de sus diversas culturas e identidades grupales,
[20]
y que para los pueblos indígenas en particular, el derecho a la
integridad cultural abarca "los aspectos vinculados a la organización
de la producción, que incluye, entre otras cosas, el uso de las tierras
ancestrales y comunales."
[21]
También a este
respecto, los peticionarios citan los comentarios generales y decisiones del
Comité de Derechos Humanos de la ONU que incluyen sus opiniones en el caso
Ominayak, Jefe del grupo de Lubicon Lake de Cree c. Canadá, en el que
llegó a la conclusión de que este país era responsable de la violación
del Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
por permitir que el gobierno provincial de Alberta otorgase arrendamientos
para la exploración de petróleo y gas y para la explotación maderera
dentro del territorio ancestral del grupo indígena de Lubicon Lake.
De acuerdo con el Comité, esta actividad de explotación de los
recursos naturales comportaba una inequidad histórica que "amenazaba
el estilo de vida y la cultura del grupo de Lubicon Lake."
62.
Sobre la base de estos argumentos, los peticionarios sostienen que el
Estado es responsable de la violación del derecho de las Dann a la
integridad cultural, protegido en los Artículos III, VI, XIV y XXIII de la
Declaración Americana.
4.
Derecho a la libre determinación
63.
Los peticionarios argumentan que Estados Unidos también es
responsable de la violación del derecho de las Dann a la libre
determinación prescrito en el derecho internacional.
De acuerdo con los peticionarios, el principio de libre
determinación significa que "los seres humanos, individual y
colectivamente, tienen derecho a controlar sus propios destinos en
condiciones de igualdad".
[22]
Los peticionarios
sostienen que el Estado es responsable de la violación de este principio en
dos aspectos, al privar a las Dann de su tierra y sus recursos y, por tanto,
de sus medios de subsistencia, y por excluir a las Dann de la participación
en decisiones que afectan a sus tierras y a sus recursos naturales.
64.
En particular, los peticionarios argumentan que para los pueblos
indígenas el principio de libre determinación establece un derecho a
controlar sus tierras y sus recursos naturales y a participar
auténticamente en todo el proceso de decisiones que los afecten.
En respaldo de esta afirmación, los peticionarios refieren a las
declaraciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con la
situación de los pueblos indígenas de Canadá, en la que el Comité ha
subrayado "que el derecho de libre determinación exige, entre otras
cosas, que todos los pueblos puedan disponer libremente de sus riquezas y
recursos naturales y que no puedan ser privados de sus propios medios de
subsistencia."
[23]
65.
Sin embargo, en el caso de las Dann, los peticionarios sostienen que
Estados Unidos ha interferido activamente con el usufructo
por las Dann de sus tierras ancestrales y está privando
voluntariamente a las Dann y a otros integrantes de los Western Shoshone de
sus medios de subsistencia al retirar
o intentar retirar su ganado de sus tierras tradicionales.
Los peticionarios también argumentan que Estados Unidos no ha
consultado debidamente con las Dann y con otros integrantes de los Western
Shoshone en relación con las decisiones que afectan el usufructo de sus
tierras ancestrales. De acuerdo
con los peticionarios, el derecho a la propiedad afirmado en el Artículo
XXIII de la Declaración Americana tendría escaso sentido para los pueblos
indígenas si sus bienes pudieran ser afectados sin debida consulta y
consideración y, en las circunstancias apropiadas, una compensación justa
por parte del Estado. Si no
existe una oportunidad plena y justa de ser oídos y de incidir
verdaderamente en las decisiones que los afectan, los peticionarios
argumentan que las Dann y otros grupos Western Shoshone no pueden ejercer su
derecho a la libre determinación como lo garantiza el derecho
internacional.
[24]
66.
En base a estas argumentaciones, los peticionarios sostienen que el
Estado ha violado, en relación con las Dann y con otros integrantes de los
Western Shoshone, sus derechos a la consulta, el usufructo de su desarrollo
social y económico y su propia subsistencia y, por tanto, su derecho a la
autodeterminación.
5.
Derecho a la protección judicial y al debido proceso de la ley
67.
Los peticionarios sostienen que el Estado ha negado a las Dann sus
derechos a la protección judicial y al debido proceso de la ley conforme lo
consagran el Artículo XVIII de la Declaración Americana y otros numerosos
instrumentos internacionales. Los
peticionarios argumentan que está implícito en el Artículo XVIII de la
Declaración el derecho al proceso judicial de acuerdo con principios
fundamentales de justicia y el debido proceso de la ley.
En respaldo de su posición, citan varias determinaciones de esta
Comisión y de la Corte Interamericana a los efectos de que el derecho a la
protección judicial va más allá del libre acceso y el ejercicio del
recurso judicial, al punto de que, por ejemplo, es necesario que el órgano
judicial interviniente llegue a una conclusión sobre la base de los
méritos de la reivindicación, que establezca la validez o invalidez de la
posición legal que dio lugar al recurso judicial, para que el recurso
judicial se considere efectivo.
[25]
68.
En las circunstancias del presente caso, los peticionarios sostienen
que las Dann y otros integrantes de los Western Shoshone que procuraron
afirmar la validez del título Western Shoshone a las tierras, vieron negada
su participación o carecieron de representación adecuada en las
actuaciones ante la ICC, actuaciones que dieron lugar a una determinación
de que el título Western Shoshone había caducado sin que tuvieran
oportunidad de litigar o contestar la teoría de la caducidad sostenida por
Estados Unidos.
69.
Más particularmente, los peticionarios indican que las actuaciones
de los años de 1970 se llevaron a cabo ante la ICC respecto de la
determinación de toda reivindicación que los Western Shoshone pudieran
plantear en relación con sus tierras ancestrales.
En estas actuaciones, los Estados Unidos y el abogado que
presuntamente representaba a todos los Western Shoshone "aceptaron y
establecieron formalmente" que los derechos de los Western Shoshone a
las tierras habían "caducado" el 1 de julio de 1872, según una
teoría de "establecimiento gradual" de estadounidenses no
nativos. Las Dann afirman no
haber autorizado ni participado en estas actuaciones y que no tuvieron
derecho a intervenir para impugnar la estipulación del abogado de los
Western Shoshone. Los
peticionarios también argumentan que no ocurrió nada sustancial respecto a
los derechos de las tierras de los Western Shoshone el 1 de julio de 1872 y
que la estipulación de esta fecha de caducidad es puramente ficticia y, en
esencia, sólo sirvió para llegar a una transacción entre el deseo del
gobierno de minimizar todo pago por las tierras y el deseo del abogado de
maximizar el pago y los honorarios pertinentes.
[26]
70.
Las actuaciones de la ICC dieron lugar a un dictamen final el 12 de
diciembre de 1979, en el cual ese órgano calculó un monto para la
compensación del pueblo Western Shoshone en base a la valoración del bien
en la fecha previamente estipulada de 1872. Los peticionarios sostienen también que el abogado que
entendió en la materia ante la ICC era en efecto un adversario de las Dann
y de los demás Western Shoshone, que pretendía representar y que
estableció esa determinación en 1966 sin la autorización de los Western
Shoshone; que en realidad representaba los intereses de Estados Unidos y sus
propios intereses de obtener "abultados honorarios".
[27]
También afirman
que el abogado, el gobierno de Estados Unidos y los tribunales de Estados
Unidos engañaron a los Western Shoshone en relación con el efecto de sus
sentencias en los derechos de los Western Shoshone a las tierras.
[28]
71. En respuesta a la afirmación del Estado de que el abogado organizó "reuniones en consejo abierto" para consultar a los demás miembros de los Western Shoshone, los peticionarios argumentan que esas reuniones no fueron democráticas ni controladas por el pueblo Western Shoshone y que fueron celebradas ocho años después de la audiencia de 1957 sobre la cuestión del título de tierras y tres años después del dictamen de la ICC sobre la cuestión de la caducidad del título. [29]
72.
Otras acciones legales tuvieron lugar contemporáneamente y
posteriormente al dictamen de la ICC. Estas
incluían una acción interpuesta por Estados Unidos en 1974 contra las Dann
en la Corte Federal del Estado de Nevada reivindicando que era propietario
de las tierras en cuestión y procurando indemnización por daños de parte
de las Dann por invasión y una orden de suspensión que impidiera que las
Dann pastoreasen su ganado en lo que el Estado consideraba tierras
públicas. En el curso de este
litigio, el Estado argumentó que las Dann estaban obligadas por la
estipulación establecida entre Estados
Unidos y el abogado en las actuaciones de la ICC.
El Tribunal de Primera Instancia posteriormente dictó una sentencia
en abril de 1980, cuatro meses después del dictamen de la ICC sobre la
compensación, concluyendo que el título de los Western Shoshone a sus
tierras ancestrales había caducado el 12 de diciembre de 1979, tras la
sentencia definitiva de la ICC. En
la instancia de apelación, la Corte del Noveno Circuito llegó a la
conclusión de que el título de los Western Shoshone no podía haber
caducado en las actuaciones de la ICC porque, pese a que ese órgano había
pronunciado una sentencia definitiva, los Western Shoshone no habían
recibido la compensación monetaria. Sin
embargo, en otra apelación, la Suprema Corte de Estados Unidos concluyó
que los Western Shoshone habían sido "indemnizados" con el monto
monetario fijado en las actuaciones de la ICC y que este pago se había
producido cuando el Congreso de Estados Unidos asignó los fondos y los
colocó en una cuenta de la Tesorería controlada por el Secretario del
Interior. Los peticionarios
observan que la Suprema Corte de Estados Unidos no consideró sus
afirmaciones en relación con la pertinencia y justicia de las actuaciones
de la ICC ni de sus resultados. La
materia fue devuelta al Tribunal Federal, que en última instancia adoptó
la fecha estipulada de
caducidad de 1872 a los efectos de dar por concluidas las actuaciones.
73.
A la luz de estos antecedentes judiciales, los peticionarios señalan
que los tribunales internos en última instancia desestimaron las
actuaciones en relación con los intereses de las Dann a las tierras
ancestrales Western Shoshone sin determinar la existencia real de hechos
históricos de caducidad y sin considerar las alegaciones de fraude en las
actuaciones colaterales. Por el
contrario, mientras que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito
decidió en la acción por invasión iniciada por Estados Unidos contra las
Dann que el título de los Western Shoshone en realidad no había caducado,
[30]
la Corte Suprema
revirtió esta decisión en base a otros fundamentos y dictaminó que, como
consecuencia de la sentencia de la ICC y la posterior compensación
monetaria por la Corte de Reivindicaciones, las Dann no podían afirmar el
derecho a ese título.
[31]
Los peticionarios
argumentan que el dictamen de la Suprema Corte impidió que las Dann
afirmasen una defensa del título aborigen Western Shoshone contra las
acciones federales por invasión y otros obstáculos al uso y usufructo de
las tierras ancestrales Western Shoshone y, por tanto, ha privado a las Dann
de una protección judicial adecuada.
74.
Los peticionarios también sostienen a este respecto que, de acuerdo
con una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso
posterior del Consejo Nacional Western Shoshone c. Molini, esa instancia
extendió la decisión de la Corte Suprema en el caso Dann para impedir que
éstas afirmaran sus derechos de caza y pesca como parte del título
aborigen, pese al hecho de que en el proceso de la ICC obviamente no se
abordó la caducidad de todos los derechos aborígenes y contractuales de
los Western Shoshone.
[32]
Además, los
peticionarios rechazan toda
sugerencia del Estado de que la reparación "básicamente
teórica" de un posible
reconocimiento judicial de los "derechos aborígenes individuales"
por ineficiente e inadecuada. Los peticionarios subrayan a este respecto que las Dann se
encuentran entre los indígenas Western Shoshone que, como un todo, existen
como nación indígena en el sentido de que comprenden una comunidad
discreta unida por factores etnográficos, culturales y políticos. De manera que es el sistema consuetudinario de tenencia de la
tierra generada por el pueblo Western Shoshone en su conjunto a lo largo de
siglos, y no el propio derecho individual de las Dann a modalidades de uso
de la tierra, lo que configura el fundamento de los derechos a la tierra que
afirman las Dann. Sobre esta
base, los peticionarios argumentan que "los derechos aborígenes
individuales" no pueden servir de base para que las Dann afirmen los
derechos al uso y la ocupación que derivan del título Western Shoshone.
75.
En consecuencia, los peticionarios sostienen que el Estado no ha
brindado a las Dann una reparación judicial efectiva, en violación de su
obligación internacional de proteger los derechos fundamentales.
B.
Posición del Estado
76.
Con respecto a los méritos de la denuncia de los peticionarios, el
Estado niega haber violado los derechos de las Dann consagrados en la
Declaración Americana. En efecto, el Estado argumenta que las materias planteadas
por los peticionarios no involucran una violación de los derechos humanos,
sino un litigio prolongado por el título a las tierras y cuestiones
vinculadas al uso de la tierra, que han sido y siguen siendo materia de
cuidadosa consideración por los tres poderes del gobierno de Estados
Unidos. A este respecto, el Estado sostiene que el título de las
Dann a las tierras en cuestión ha caducado por prolongación del litigio
ante los tribunales estadounidenses, incluida la Suprema Corte de Estados
Unidos, y que la compensación por la pérdida del título ha sido colocada
en un fondo fiduciario en favor de las Dann y de otros miembros del pueblo
Western Shoshone, a la espera de formular un plan para la distribución de
dichos fondos.
77.
El Estado primero impugna la afirmación de los peticionarios de que
se han visto privadas de la propiedad y el uso de las tierras de Nevada.
El Estado argumenta que las Dann poseen el título, la propiedad y la
posesión de las tierras que constituyen su hacienda en Nevada, que fue
registrada por su padre y que nunca el Estado intentó desalojarlas de su
hacienda.
[33]
El Estado también
indica que, en tanto las Dann cumplan con los requisitos de la BLM, tienen
derecho a un permiso de pastoreo en tierras públicas.
78.
El Estado afirma a este respecto que el fallecido padre de las Dann,
Dewey Dann, se estableció en una zona de Nevada, organizó una hacienda y
adquirió el título a la tierra de los Estados Unidos a través de una
patente de uso de la tierra para agricultura y ganadería.
El Estado también sostiene que otorgó al Sr. Dann un permiso de
pastoreo para su ganado en tierras públicas hasta su fallecimiento en los
años 60, el cual autorizaba al pastoreo de 170 vacunos y 10 equinos en
tierras de propiedad federal cercanas a su hacienda, tierras que eran
compartidas con otros hacendados de la zona. El Estado sostiene que el Sr. Dann cumplió con el permiso y
que nunca interfirió con la cría de ganado por las Dann en conformidad con
el permiso.
[34]
Sin embargo,
tras el fallecimiento de su padre, el Estado sostiene que las hermanas Dann
empezaron a pastorear un número mayor de cabezas que las autorizadas en el
permiso y que este pastoreo excesivo perjudicó la cría e interfirió con
los usos de las tierras públicas por otros hacendados.
El Estado sostiene que la BLM procuró resolver la cuestión
administrativamente con las Dann, pero que estos esfuerzos fracasaron y
exigieron por tanto que la BLM adoptara medidas de incautación y de otra
índole para poner fin al pastoreo no autorizado.
[35]
79.
También en el contexto de las reivindicaciones de los peticionarios,
el Estado alega que en realidad no existe una entidad "nación Western
Shoshone," sino que existen grupos de indígenas Western Shoshone que
son reconocidos como tribus. De
acuerdo con un proceso establecido, los Estados Unidos reconocen a ciertos
grupos estadounidenses nativos como "tribus", como naciones
soberanas y, en consecuencia, considera que esas tribus tienen su propia
dirigencia o gobierno y mantienen relaciones de gobierno a gobierno con
ellas. Los grupos o tribus
Western Shoshone con este estatuto reconocido incluyen a la tribu Ely
Shoshone de Nevada y la tribu Temoak de la Reserva de Yamba, pero, según el
Estado, no incluye al grupo Dann.
[36]
80.
Con respecto al estatuto de las tierras en cuestión en este caso, en
términos más generales, el Estado confirmó que los tribunales
estadounidenses reconocen la doctrina del título aborigen que permite que
los estadounidenses nativos como tribu, o, en algunos casos, como
individuos, utilicen y ocupen sus tierras tradicionales.
[37]
Pero, en el
presente caso, el Estado subrayó que los tribunales de Estados Unidos
llegaron en última instancia a la conclusión de que el título Western
Shoshone había caducado y había quedado proscrito tras las actuaciones de
la ICC. Además, Estados Unidos
reconoce que los Western Shoshone históricamente ocuparon una zona que
cubre una gran parte de lo que es hoy el Estado de Nevada.
Esta tierra fue cedida a los Estados Unidos por México en 1848,
según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sujeto a la ocupación por
estadounidenses nativos, y en 1863, Estados Unidos firmó el "Tratado
de Ruby Valley" con los Western Shoshone.
De acuerdo con los términos de ese Tratado, Estados Unidos y los
Western Shoshone acordaban poner fin a las hostilidades y vivir
amigablemente y, de acuerdo con el Estado, el Tratado no tenía el
propósito de reconocer el título Shoshone a las tierras que el instrumento
comprendía.
[38]
Con posterioridad a
este Tratado, Estados Unidos sostiene que empezó a considerar a ciertas
tierras dentro de la zona en cuestión como tierras públicas de Estados
Unidos.
81.
También en los años de 1960, el Estado sostiene que otros
habitantes de Estados Unidos empezaron a trasladarse hacia el oeste y a
establecerse en nuevas tierras en el oeste, incluyendo las zonas del Estado
de Nevada tradicionalmente habitadas por los Western Shoshone.
Esto se realizó en parte a través de la concesión de patentes a
colonos si los colonos residían con permanencia, establecían una granja o
hacienda y cumplían ciertos otros requisitos.
82.
A la luz de estos antecedentes, el Estado sostiene que las Dann y
otros Western Shoshone perdieron todo interés en las tierras en cuestión a
raíz de este establecimiento de estadounidenses no nativos y que esta
determinación fue formulada debidamente a través de actuaciones ante la
ICC, órgano cuasi judicial creado con el propósito preciso de determinar
en torno a cuestiones de reivindicaciones de tierras indígenas.
De acuerdo con el Estado, era necesario que el Congreso estableciera
por ley la ICC en parte porque la doctrina de la inmunidad soberana
históricamente impedía que los indígenas entablaran juicio contra el
gobierno federal por la pérdida de tierras ancestrales.
El Estado aclaró a este respecto que, de acuerdo con la legislación
que creó la ICC, la Comisión tenía jurisdicción para escuchar, entre
otras, "reivindicaciones derivadas de la toma de posesión por el
Estado, sea a raíz de un tratado de cesión o por otra vía, de tierras
propiedad del reclamante u ocupadas por el reclamante sin el pago por tales
tierras de una compensación acordada por el reclamante."
[39]
De acuerdo con el
Estado, el término "o por otra vía" en esta disposición incluye
la toma de posesión de tierras mediante el establecimiento gradual de
colonos o mineros.
83.
A este respecto, el Estado, en respuesta a la cuestión planteada por
la Comisión en el curso de la audiencia del 10 de octubre de 1996 en torno
a esta cuestión,
[40]
aclaró que, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos,
existían dos métodos por los cuales el gobierno obtiene el título de
propiedad a través del ejercicio del poder soberano:
"expropiación directa" y "expropiación
inversa". De acuerdo con el primer proceso, el Estado interpone una
acción de expropiación de un bien de un individuo para servir un
propósito público, como la construcción de una carretera.
En el segundo proceso, alguna acción oficial de Estados Unidos para
un propósito público distinta de la interposición de una acción
judicial, por ejemplo, la inundación del bien en relación con la
construcción y el llenado de una represa, determina que se prive a una
persona del uso de su bien. En
ambas instancias, Estados Unidos otorga una compensación justa.
[41]
De acuerdo con el
Estado, la ICC fue creada específicamente para entender en litigios y
dictaminar en relación con reivindicaciones indígenas con fundamentos que
incluían las expropiaciones inversas.
El Estado indicó también que la ICC en general lo haría en tres
etapas: determinando si la tribu poseía un título aborigen o de otro tipo
de la zona y si ese interés había caducado; determinando el valor de la
zona en la fecha de la confiscación, y compensando todo recurso que hubiera
gastado Estados Unidos para la tribu.
[42]
84.
En el caso de los Western Shoshone, la ICC efectivamente determinó
que existía una expropiación inversa basada en la colonización del oeste.
Esta expropiación se hizo efectiva para el propósito público de
estimular la colonización y el desarrollo agrícola y constituía una
privación del uso de las tierras por parte de los Western Shoshone que
exigía una justa compensación, que en última instancia fue otorgada.
85.
En cuanto a la compensación, el Estado aclaró que el monto otorgado
a los Western Shoshone era de US$ 26.145.189,89, en base a valores de 1872
de unos 15 centavos por acre, más la pérdida de oro y otros recursos.
[43]
A la fecha de
la sentencia definitiva de la ICC en agosto de 1977, el estatuto de esa
Comisión disponía que la compensación se depositaría en el registro,
donde generaría intereses hasta que se acordara y aprobara por el
Departamento del Interior un plan de distribución, si este acuerdo se
lograba dentro de los seis meses, o por el Congreso, si pasaba de ese plazo.
A la fecha de las observaciones del Estado de setiembre de 1973, no
se había elaborado plan de distribución alguno.
Según el Estado, ello se debía a la falta de acuerdo en torno al
plan entre los distintos participantes.
Entre tanto, el Estado indica que los fondos se mantienen en una
cuenta que genera intereses y que, una vez aprobado un plan de
distribución, se presentará al Congreso de Estados Unidos para su
aprobación, tras lo cual se distribuirá la compensación y los intereses
generados.
[44]
86.
De acuerdo con los mismos escritos, el Estado contesta la afirmación
de los peticionarios de que los procedimientos realizados ante la ICC fueron
"falsos" y que las Dann han sido objeto de violaciones de sus
derechos humanos porque personalmente no contaron con
un "juicio" pleno en torno a la cuestión de si los Western
Shoshone aún poseen las tierras que actualmente constituyen el Estado de
Nevada. De acuerdo con el
Estado, el proceso de la ICC transcurrió en los siguientes términos.
En 1951, el grupo Temoak de los Western Shoshone interpuso una
petición ante la ICC procurando una compensación por la expropiación de
grandes zonas de las tierras de los Western Shoshone en California y Nevada.
En 1962, la ICC dictaminó que el título aborigen de los indígenas
que otorgaba la propiedad de California había caducado en marzo de 1853 y
que el monto de la compensación podría establecerse en base a esa fecha. También dictaminó en 1962 que los indígenas habían usado
y ocupado continuamente 22 millones de acres de tierras de Nevada hasta que
su estilo de vida fue distorsionado y se vieron privados de sus tierras por
"establecimiento gradual" de colonos blancos y otros y
por la adquisición, disposición o expropiación de sus tierras por
Estados Unidos, para su uso y beneficio y el de sus ciudadanos.
Durante setiembre y octubre de 1965, los asesores letrados de los
grupos Temoak mantuvieron reuniones en consejo abierto en cuatro localidades
del territorio Western Shoshone. Todos
los Western Shoshone tuvieron oportunidad de asistir y votar para elegir un
comité de reivindicación de ocho miembros, que utilizó un préstamo del
gobierno de Estados Unidos para contratar un evaluador experto que diera
testimonio ante la ICC en relación con la valoración de las tierras
expropiadas. La votación
para crear el comité y contratar al experto evaluador fue de 219 a
favor y 17 en contra. El
experto fue posteriormente contratado y brindó testimonio ante la ICC.
87.
El Estado también afirma que, dado que el establecimiento de colonos
fue gradual, no existe un hecho específico histórico, legal o
administrativo que marque la caducidad del título aborigen tribal Western
Shoshone a las tierras en cuestión. Por lo cual, en 1966, el asesor de los
Western Shoshone y del gobierno de Estados Unidos acordó estipular la fecha
del 1 de julio de 1872 como fecha de valoración de las tierras Shoshone en
Nevada. La ICC empezó entonces
a determinar el valor de la tierra a la fecha en que la había expropiado y
después de una evaluación determinó que los indígenas tenían derecho a
unos US$ 26 millones de compensación, incluyendo aproximadamente US$ 4,6
millones en compensación por los minerales que habían sido extraídos de
la tierra antes de 1872. En
marzo de 1974, los valores de indemnización fueron examinados y sometidos a
la ICC. A esta altura de las
actuaciones, en abril de 1974, otro grupo Western Shoshone, la Asociación de defensa y educación Western Shoshone, que incluía a las
Dann, intentó intervenir en las actuaciones y argumentó que la tribu
todavía tenía derecho a unos 12 millones de acres de tierras de Nevada,
título que la ICC sostenía había caducado.
[45]
88. El Estado sostiene además que, independientemente de que haya existido un juicio sobre la condición del título de las tierras ancestrales Western Shoshone, se llegó a una decisión definitiva en la ICC en el sentido de que los Western Shoshone habían sido privados de sus tierras a partir de 1872. El Estado también argumenta que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció esta decisión y sobre esta base impidió que las Dann recurrieran a la no caducidad de los derechos por las tierras shoshone como defensa en el proceso interpuesto contra ellas por Estados Unidos. [46] El Estado argumenta que por el mero hecho de que las Dann discordaran con la decisión definitiva de la ICC y la consideraran errónea no puede deducirse que la decisión fuera incorrecta.
89.
Con respecto a las denuncias de los peticionarios en cuanto a la
falta de representación de las Dann ante la ICC, el Estado sostiene que
esta cuestión fue planteada antes y considerada por esa Comisión y que la
legislación de la propia ICC tenía en cuenta
quiénes de los numerosos indígenas Shoshone estaba calificado para
representar los intereses de toda esa comunidad.
En particular, la ley de la ICC preveía la representación de una
organización tribal reconocida por el Secretario del Interior cuando
existiera, a menos que se demostrara fraude o colusión,
y que los Western Shoshone estuvieron representados por esa
organización, a saber, el grupo Temoak.
[47]
Como se
sugirió antes, el Estado sostiene que las Dann estaban perfectamente
informadas a través de reuniones periódicas con los miembros de la tribu,
incluidas las Dann, y por notas a este respecto, de que la Corte de
Reivindicaciones rechazaba toda alegación de
inequidad por parte de los abogados que representaron al grupo
Temoak, en base a la ausencia de toda prueba concreta que los respaldara.
El Estado también argumenta que, de acuerdo con la Corte de
Reivindicaciones de Estados Unidos, el procedimiento de la ICC no tenía
carácter de acción colectiva, en el que debieran considerarse todos los
intereses individuales, sino que la actuación involucraba una
reivindicación grupal y que si existían alegaciones de que el grupo había
estado indebidamente representado, "por lo menos, los miembros que
sostienen representar los intereses mayoritarios tienen que hacer conocer
formalmente su posición a la Comisión y a las demás partes lo antes
posible –y no después de haberse avanzado en la labor y de haber
transcurrido años".
[48]
El Estado sostiene
además que, si bien la ICC no estaba en libertad para otorgar compensación
alguna que no fuera por daños, tenía libertad de determinar que el título
de los Shoshone a las tierras no había caducado.
Sin embargo, según el Estado, la ICC llegó a la conclusión de que
los indígenas ya no ejercían una ocupación y un control suficientes de
las tierras en cuestión para retener el título aborigen y que el gobierno
de Estados Unidos había afirmado suficiente autoridad en las tierras para
constituir una caducidad directa de todo derecho preexistente.
[49]
90.
Además, si bien el Estado reconoce que el propio grupo Temoak
posteriormente despidió a su abogado, impugnó el dictamen de caducidad de
la ICC en base a un argumento de colusión y procuró suspender las
actuaciones en base a ese
fundamento, la ICC rechazó esta demanda y la Corte de Reivindicaciones lo
afirmó, sobre la base de que el abogado no había engañado a los
indígenas en cuanto a la naturaleza y el alcance del proceso de la ICC y
que las denuncias de colusión no estaban debidamente fundadas.
[50]
El Estado
también argumentó a este respecto que, aunque las Dann y otros Western
Shoshone no pudieron sostener ante el proceso de la ICC que las tierras
debían seguir a nombre de la tribu y que ésta aún poseía dichas tierras,
ese impedimento no era singular de las reivindicaciones de los
estadounidenses nativos en ese momento y que estadounidenses no nativos que
interponían acciones reclamando una interferencia con sus bienes
enfrentaban el mismo dilema. Si
bien hoy Estados Unidos permite que se interpongan acciones en su contra
para retener el título por tierras, estas reivindicaciones siguen
sujetas a limitaciones, pese a lo cual las tierras de los estadounidenses
nativos están específicamente exceptuadas.
[51]
91.
Por lo tanto, el Estado argumenta que en efecto los peticionarios
procuran que la Comisión interprete decisiones adoptadas hace muchos años
por los propios Western Shoshone y su abogado en procura de una
compensación y no de un litigio por derechos de propiedad de la tierra, por
la ICC en el manejo de estas cuestiones y por los tribunales estadounidenses
que respaldaron la decisión de la ICC.
[52]
92.
Otro argumento planteado por el Estado afirma que las Dann podían
interponer una acción ante los tribunales internos en base a "un
título aborigen tribal individual".
El Estado observa a este respecto que la Corte Suprema de Estados
Unidos, al desestimar las demandas de las Dann en 1985, indicó que las Dann
podrían haber reivindicado sus derechos a algunas tierras afirmando una
teoría de derechos aborígenes individuales y que, si bien las Dann
inicialmente siguieron este rumbo de acción, en 1991 voluntariamente
retiraron esta reclamación.
[53]
93.
Específicamente con respecto a las alegaciones de los peticionarios
de que Estados Unidos es responsable de la violación del derecho a la
propiedad amparado en el Artículo XXIII de la Declaración Americana, el
Estado sostiene que esta disposición de la Declaración refiere a los
derechos del individuo y no de una entidad gubernamental separada como lo es
una tribu indígena.
[54]
El Estado también
argumenta en términos más generales que la Declaración se basa en
derechos individuales por oposición a los de grupos como los Western
Shoshone y, por tanto, no constituye una base adecuada para fundamentar las
denuncias de los peticionarios.
94.
En la medida en que los peticionarios sostienen basarse en la
Convención Americana, el Estado subraya que Estados Unidos no es parte de
la Convención y, por tanto, no está obligado por ella y que, en todo caso,
la Convención, al igual que la Declaración, abarcan derechos de individuos
y no de entidades como las tribus Western Shoshone.
Análogamente, en la medida en que los peticionarios se basan en el
proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos
indígenas, el Estado argumenta que la declaración no ha sido aprobada, que
está y seguirá estando sujeta a comentarios de los gobiernos, no es
obligatoria y, por tanto, no constituye un fundamento adecuado para las
reivindicaciones de los peticionarios. El Estado adopta un criterio similar ante el recurso de los
peticionarios al Convenio de la OIT (N° 169) en relación con los pueblos
indígenas y tribales de países independientes, que Estados Unidos tampoco
ha ratificado.
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[3]
Nota
informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos,
Marzo de 2000, pág. 8, n.24, donde se cita entre otros a F. Cohen,
Handbook of Federal Indian Law 442-443, 491 (1982 ed.); Estados Unidos
ex rel. Hualapai
Indians c. Santa Fe Pacific Railroad, 314 U.S. 339 (1941); R. c Adams
91996) 110 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.) (Can.); Amodu Tijani c. Secretary,
Southern Nigeria, 2 A.C. 399 (P.C.1921).
[4]
Convenio
de la Organización Internacional del Trabajo (N°169 de 1989) en
relación con los pueblos indígenas y tribales en los países
independientes, que entró en vigencia en setiembre de 1991.
[5]
Proyecto
de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
aprobada por la CIDH e el 133° período
de sesiones. 26 de febrero de 1997, OEA.Ser.L/V/II.95, doc. 7 rev.,
1997, 654-676.
[6]
Proyecto
de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, aprobado por la Subcomisión de la ONU sobre Prevención de
la Discriminación y
Protección de las Minorías, 26 de agosto de 1994,
E/CN.4/Sub.2/1994/45, 105.
[7]
Nota
informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos,
supra, pág. 9, donde se cita a Estados Unidos c. Dann, 706 F. 2d
919, 927-933 (9° Cir. 1983), revertida con otros fundamentos, 470 U.S.
39 (1985).
[8]
Observaciones de los peticionarios del 25 de enero de 1995, págs. 6 y
7.
[9]
El
Artículo II de la Declaración Americana establece: "Todas las
personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma,
credo ni otra alguna".
[10]
Petición
de los peticionarios de 2 de abril de 1993, pág. 21.
[11]
Nota
informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos,
supra, pág. 10, donde se cita el Informe del seminario de las
Naciones Unidas sobre los efectos del racismo y la discriminación
racial en las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados,
E/CN.4/1989/22, HR/PUB/89/5, 5 (1989).
[12]
Petición
de los peticionarios del 2 de abril de 1993, pág. 21.
[13]
Indígenas Tee-Hit-Ton c. Estados Unidos, 348 U.S.272, 281, 285 (1955)
(donde se afirma, entre otras cosas, que ningún caso de la Suprema
Corte "ha llevado alguna vez a sostener que quitar el título o el
uso indígena por parte del Congreso exigía una compensación",
porque "la ocupación indígena de las tierras sin
reconocimiento gubernamental [explícito previo] de la propiedad no
establece derecho alguno en contra o caducidad por los Estados Unidos
protegida por la Quinta Enmienda o por algún otro principio del
derecho").
[14]
Petición
de los peticionarios del 2 de abril de 1993, págs. 16 y 17.
[15]
Nota
informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos,
supra, pág. 12.
[16]
Ibid,
pág. 13, n.40, citando a Mabo c. Queensland (N°1) (1988) 166 C.L.R.
186.
[17]
Ibid,
citando CERD Recomendación General XXIII sobre los pueblos indígenas,
aprobada el 18 de agosto de 1997, CERD/C51/Misc.13/Rev.4 (1997).
[18]
Ibid,
págs. 13 y 14, citando la Decisión de CERD (2)54 sobre Australia:
Australia, CERD/C/54/Misc.40/Rev.2, párr.6 (18 de marzo de 1999);
Información adicional de acuerdo con la decisión de la Comisión:
Australia CERD/C/347 (22 de enero de 1999).
[19]
Ibid,
pág. 14, citando a la CIDH, Informe sobre la situación de los
derechos humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, doc. 10 rev., 24
de abril de 1997, 103.
[20]
Ibid,
pág. 14 y 15, citando el caso de los Miskito, Caso 7964
(Nicaragua), CIDH, Informe sobre la situación d eun segmento de
la población nicaragüense de origen miskito, OEAA/Ser.L/VII.62,
doc. 10 rev.3, 76 y 78, 81 (1983); el caso Yanomani, Caso 7615
(Brasil), CIDH, OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 10 rev.1, 24, 31 (1985);
Informe sobre Ecuador,
supra, 103-4.
Los peticionarios también recurren al Artículo VII del
proyecto de declaración de la Comisión sobre los derechos de los
pueblos indígenas, que vincula a las culturas indígenas al uso y
usufructo
de las tierras.
[21]
Caso de los miskito, supra, 81.
[22]
Nota informativa complementaria de los peticionarios sobre los
méritos, supra, párr.16,
donde se cita el PIDCP, Artículo 1(1), que dispone que
"todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.
En virtud de este derecho establecen libremente su
condición política y proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural".
[23]
Ibid,
pág. 17, donde se citan las observaciones finales del Comité de
Derechos Humanos, Canadá, CCPR/C/79/Add.105, párr. 8 (7 de abril
de 1999).
[24]
Ibid,
pág. 28, citando, entre otros, el Convenio Internacional del
Trabajo N° 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, cuyo
Artículo 15.2 dispone:
"En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de
los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección
o explotación de los recursos existentes en sus tierras".
[25]
Ibid,
21, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Godinez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989 (Ser.C), N°5
(1989), párrs. 69 a 71; Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Garantías Judiciales en los Estados de Emergencia (Arts. 27(2),
25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, (Ser.A) N°9
(1987); Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fairen
Garbi y Solis Corrales, Objeciones preliminares, Sentencia del 26
de junio de 1987, (Ser.D) N°2 (1994), párrs. 90-93.
[26]
Petición de los peticionarios del 2 de abril de 1993, pág. 15.
[27]
Petición de los peticionarios del 2 de abril de 1993, pág. 19.
[28]
Petición de los peticionarios del 2 de abril de 1993, págs. 19 y
20.
[29]
Respuesta de los peticionarios a las Observaciones del Estado, 22
de diciembre de 1993, pág. 13, n.6.
[30]
Estados Unidos c. Dann, 706 F. 2d 919 (9° Cir. 1983), revisado
con otros fundamentos, 470 U.S. 39 (1985).
[31]
Ibid.
[32]
Nota informativa complementaria de los peticionarios sobre los
méritos, supra, pág.
21, citando
Consejo Nacional Western Shoshone c. Molini, 951 F. 2d 200
(9° Cir. 1991), cert. denegado, 506 U.S. 822(1992).
[33]
El
Estado ha argumentado a este respecto que, aunque los
peticionarios afirman que su tierra no tiene un volumen adecuado
para permitir una explotación ganadera, "esto es obviamente
fundamento insuficiente para alegar una violación de los derechos
humanos".
Observaciones del Estado del 14 de julio de 1997, pág. 17.
[34]
Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 7.
[35]
Ibid,
pág. 1.
[36]
Observaciones del Estado del 14 de julio de 1997, pág. 4.
[37]
Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 2.
[38]
IIbid,
pág. 3.
[39]
Observaciones del Estado del 14 de julio de 1997, 10 y 11, citando
25. U.S.C.
párr. 70ª(4)
(desestimado).
[40]
El
Estado planteó en particular tres cuestiones en el curso de la
audiencia del 10 de octubre de 1996 ante la Comisión, para que
ésta posteriormente respondiera:
1) ¿cuál es la condición actual de la compensación
otorgada a los Western Shoshone? 2) ¿qué procedimiento existe en
la legislación estadounidense para la toma de posesión de
bienes? ¿cuál es la justificación para la toma de posesión? 3)
¿cuál es la condición actual de las tierras de los
peticionarios? ¿cuál es la situación actual?.
[41]
Observaciones del Estado del 28 de febrero de 1997.
[42]
Observación del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 4.
[43]
Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 6.
[44]
Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 6.
[45]
Observaciones del Estado de fecha 9 de setiembre de 1993, págs. 4
y 5.
[46]
Observaciones del Estado de fecha 14 de julio de 1997, pág.10.
[47]
Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 5.
[48]
Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, págs. 5 y 6,
citando la Asociación de Defensa Legal y
Educación Western Shoshone c. Estados Unidos, 531 F.2d
495, 504 (Ct.Cl.).
[49]
Ibid.
[50]
Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, 5;
Observaciones del Estado de fecha 14 de julio de 1997, 13, citando
la Asociación de Defensa Legal y Educación Western Shoshone c.
Estados Unidos, 35 Ind. Cl. Comm.
457 (1975), aff'd 531 F.2d 495 (Ct.Cl.1976), cert.denegado, 429
U.S.885 (1976)
[51]
Observaciones del Estado del 28 de febrero de 1997.
[52]
Observaciones del Estado del 18 de abril de 1994, pág. 7.
[53]
Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 2.
[54]
Observaciones del Estado del 14 de julio de 1997, 4. sión
en su informe con respecto al proceso de la Comisión de
Reivindicaciones Indígenas. |