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...continuación
b.
Las detenciones preventivas ad
infinitum de personas que son encarceladas sin ser llevadas a juicio
son otras de las irregularidades de la administración de justicia en
Cuba. Osvaldo Díaz Palacio,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Martí,
denunció en el mes de mayo de 2000 que ocho reclusos de la cárcel
provincial de Villa Clara permanecen detenidos más de dos años sin ser
sometidos ante un tribunal competente, independiente e imparcial.
La señora Mayra Rodríguez Martín, madre de uno de los presos
manifestó: “Mi hijo, Lázaro Carbajal Rodríguez y otros siete presos
han efectuado varias huelgas de hambre, algunas de las cuales se han
prolongado hasta 15 días. Ellos
reclaman que los procesen o que los dejen en libertad, pero sus demandas
no han sido escuchadas”. La
prisión de Villa Clara es conocida popularmente con el nombre de “La
Pendiente”. Las detenciones
provisionales de carácter indefinido son una práctica común del sistema
judicial cubano, ya que como se recuerda los cuatro integrantes del Grupo
de la Disidencia Interna (GDI), Marta Beatríz Roque Cabello, Félix Bonne
Carcasés, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca Antúnez estuvieron recluídos
sin ser juzgados durante un año y cinco meses.
c.
La valoración de la prueba por parte de los tribunales cubanos es
otro de los serios problemas que enfrentan los acusados por delitos políticos
o comunes. Desde la prisión
de Valle Grande, ubicada en el municipio habanero de La Lisa, el preso común
Ernesto Pérez Ramírez, solicitó a la opinión pública internacional
que interceda en su caso. Según
el reporte, Ramírez, fue arrestado el 14 de agosto por agentes del
Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de la policía criminal
capitalina que lo condujo hacia la sede central del Ministerio del
Interior ubicada en 100 y Aldabó. Allí
fue acusado de haber robado un cerdo tres meses atrás.
De nada sirvió que testigos declararan a su favor en el acto del
juicio oral señalando que el día de los hechos Ramírez se encontraba en
un lugar distinto al del “violento robo del cerdo”.
La sanción fue treinta años de prisión.
En su misiva Ramírez considera que esa pena es excesiva aún en el
supuesto caso de que él hubiese robado el cerdo, pero que tales castigos
se vienen imponiendo por los llamados Tribunales Populares en juicios
parcializados y sin ninguna garantía procesal para los acusados.
“El mío no es un hecho aislado” enfatizó en su nota.
No obstante, Ramírez se declara inocente del delito por el cual se
encuentra encarcelado. Otro
caso ocurrido durante el período cubierto por el presente informe es el
de Eduardo Ricardo Arabí Jiménez, cuya esposa presentó un recurso de
habeas corpus a su favor en virtud de que su cónyuge fue acusado de ser
prófugo de una granja penitenciaria.
“Este recurso quedó sin lugar.
Quiero significar que esta vista oral fue celebrada rodeada de
personal de la policía política, y una vez más se puso de manifiesto la
mentira y el engaño. Un
supuesto oficial del Ministerio del Interior alegó que las huellas
digitales que constaban en la referida granja coinciden con las de mi
esposo. Una mentira más.
Mi esposo nunca ha estado preso, nunca ha estado detenido, nunca ha
sido registrado en las oficinas de investigación del gobierno.
Su único delito es ser opositor al totalitarismo gobernante y por
supuesto, lo más grave: es ser cristiano”.
d.
La Comisión Interamericana también fue informada que sólo 50
minutos de vista oral y 15 minutos para deliberar bastaron al Tribunal
Municipal de Rancho Boyeros para condenar a Lázaro Planes Farías, de 34
años de edad, a tres años y medio de cárcel por el presunto delito de
desacato. Según la Fiscalía,
Planes Farías gritó en la madrugada del 10 de octubre, “¡¡Abajo
Fidel!! y ¡¡Abajo Comunismo!!”, lo cual constituye el delito de
desacato previsto en el artículo 144 del Código Penal de Cuba.
Para avalar la acusación, el fiscal presentó tres testigos:
Regina Matos, Rosa Hernández y Rafael Ramos, los que cayeron en evidentes
contradicciones a la hora de narrar lo sucedido.
La defensa, representada por el abogado Antonio Pilli fue
amonestada en acta al tratar de poner de relieve las incongruencias de los
testigos de la acusación, al hacerles preguntas que el fiscal y la
presidenta del tribunal calificaron de “capciosas”.
Al comenzar el juicio se produjo un pequeño incidente, cuando la
madre del acusado, Marta Farías, tuvo que reclamar en forma un tanto enérgica
que la dejaran pasar a la sala, ya que extrañamente el local se
encontraba totalmente lleno, y ninguno de los familiares o amigos de
Planes Farías había podido ocupar un asiento.
Lázaro Planes Farías ya había sido condenado un día antes a
seis meses de prisión por ese mismo tribunal, por un supuesto delito de
resistencia a la autoridad, y tiene pendiente otro juicio por igual causa.
Este joven fue uno de los presos políticos indultados tras la
visita a Cuba en 1998 de Su Santidad Juan Pablo II.
La presencia de la Seguridad del Estado era manifiesta, tanto
dentro de la sala como en los alrededores del tribunal.
El juicio que empezó a las 10:30, concluyó a las 11:35.
e.
Otra de las irregularidades procesales cometidas por los tribunales
cubanos es la modificación de la sentencia después de condenado un
individuo. René Pérez Vega,
de 29 años de edad, integrante de la Liga Cívica Martiana (LCM), fue
condenado a tres años de cárcel por el supuesto delito de desacato a la
figura del Presidente Fidel Castro. Pérez
Vega fue condenado el 7 de septiembre y conducido a la prisión 1580,
conocida como El Pitirre. Según
trascendió, en el mes de marzo en la calzada de Bejucal y Penichet, en el
reparto Capri, municipio Arroyo Naranjo de La Habana, Pérez Vega,
indignado por la crisis imperante en el país e impotente por la fatal
enfermedad del cáncer que padece una hija suya dio gritos de “¡¡Abajo
Fidel!!”, lo que provocó la detención de Pérez, su traslado a la
Novena Unidad Policial de esa región y una posterior golpiza que recibió
por parte de siete agentes del orden público. Debido a los golpes, el activista de derechos humanos perdió
el conocimiento en dos ocasiones. En
el mes de julio, Pérez fue sometido a un juicio en el Tribunal Popular
Municipal de Arroyo Naranjo donde lo condenaron a tres años de privación
de libertad sin internamiento, aún cuando la petición fiscal era de sólo
dos años. No obstante, en el
mes de agosto le cambiaron la pena por la de tres años con internamiento
en un penal.
f.
El 21 de julio de 2000 Néstor Rodríguez Lobaina y Eddy Alfredo
Mena González, Presidente y Coordinador del Movimiento Cubano de Jóvenes
por la Democracia, fueron juzgados --bajo los cargos de desorden
público, y desacato a la figura
del Comandante en Jefe-- por el Tribunal Popular Provincial de
Santiago de Cuba. Las
acusaciones estaban basadas en un incidente en el que miembros de la
organización oficialista Comités de Defensa de la Revolución trataron
de golpear a Mena González luego de que éste junto a Néstor Rodríguez
hablaron en plena calle sobre el respeto a los derechos humanos.
Durante el proceso judicial, las Brigadas de Acción Rápida
y agentes de la seguridad del Estado impidieron a los familiares
estar presentes en la sala. Por
otra parte, trascendió que a la defensa sólo se le permitió presentar
un testigo, el cual manifestó ante la prensa independiente que:
El último en atestiguar fui yo, que fui el único que
permitió la Fiscalía. A los
testigos de la Fiscalía, a los que supuestamente Rodríguez Lobaína y
Mena González habían ocasionado daños y lesiones, les preguntaron de
forma amenazante….tenían que responder obligatoriamente.
No concretaron el juicio sobre la base de los hechos sino que
buscaron una forma de culpar a toda costa a los acusados.
La Fiscalía solicitó 4 años y medio de condena para Néstor Rodríguez
Lobaina y 10 años para Eddy Alfredo Mena González. El 10 de agosto de 2000 se pudo conocer que Rodríguez fue
condenado a 6 años de prisión --un año y medio más que la petición
fiscal-- y Mena González a 5 años.
g.
Otras de las irregularidades cometidas por las autoridades cubanas
son las detenciones sin orden judicial de arresto.
El 3 de diciembre de 2000 fue detenido el activista Leonardo Bruzón
Ávila, Presidente del Movimiento 24 de Febrero y Director de la
biblioteca independiente que lleva ese mismo nombre.
Los supuestos delitos de los que se le acusa son desacato
y asociación ilícita.
De acuerdo a informaciones proporcionadas, la primera acusación
está basada en que Bruzón Ávila se negó a que lo arrestaran ya que no
le fue presentada una orden oficial de arresto.
La segunda acusación responde a que en su vivienda cada domingo de
noviembre se ofrecieron cultos religiosos, presididos por el pastor
Ibrahim Pina Borges, Presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Cuba,
en los cuales se rezó por los presos políticos y de conciencia y se
solicitó una amnistía para los mismos.
h.
El juicio seguido en el mes de enero de 2000 contra el periodista
independiente Víctor Rolando Arroyo Carmona, miembro de la “Unión de
Periodistas y Escritores Cubanos Independientes” quien fue condenado a
seis meses de prisión por la presunta comisión de un delito de
especulación y acaparamiento
también estuvo rodeado de serias irregularidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada
que dos días antes del juicio, oficiales de la Seguridad del Estado y de
la Policía Nacional Revolucionaria que operan en los municipos pinareños
de Cabañas y Mariel intentaron disuadir al testigo de la defensa Moisés
Rodríguez Valdés a fin de que éste no demostrara la inocencia del
periodista independiente. Ante
la negativa de Rodríguez Valdés, los oficiales optaron por mantenerle
detenido en una unidad policial de Mariel bajo el pretexto de estar
sometido a investigación en virtud de un presunto hurto y sacrificio
ilegal de ganado. El testigo
fue liberado después de terminado el juicio contra Arroyo Carmona.
55.
Los tribunales cubanos actúan y juzgan con criterios ideológicos
y políticos por oposición a procedimientos judiciales correctos.
Es más, las sentencias pronunciadas han sido siempre a favor de la
idea del Ejecutivo sobre la justicia adecuada.
La principal limitación está en la propia Constitución, la cual
estipula que ninguna de las libertades reconocidas puede ser ejercida “contra
la existencia y fines del Estado socialista”. La relevancia de esta norma radica en que ella regula, al más
alto nivel, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la
Constitución a los ciudadanos cubanos, en sus relaciones con los órganos
estatales. Resultan,
asimismo, inaceptables las limitaciones constitucionales a derechos y
libertades en función de criterios tan subjetivos e imprecisos como lo
son, por ejemplo, “la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y
comunismo”. Está claro
que estos criterios escapan del ámbito jurídico para situarse en el
campo político. En consecuencia, el único partido gobernante en Cuba será
quien decida finalmente, en cada caso particular, si el ejercicio de una
libertad o un derecho se opone a este postulado.
Se elimina así toda posibilidad de defensa del individuo frente al
poder político, amparándose constitucionalmente el ejercicio arbitrario
del poder frente al pueblo cubano.
IV. LOS DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
56.
La Resolución de la Novena Conferencia Internacional Americana
celebrada en Bogotá, Colombia, en 1948, y que dio lugar a la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala en sus
considerandos, inter alia, que
los pueblos americanos “tienen como fin principal la protección de los
derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le
permitan progresar espiritual y materialmente…”.
La Declaración Americana consagra no solamente derechos civiles y
políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales.
57.
Uno de los derechos económicos y sociales a los cuales la Comisión
le otorga suma importancia es el derecho a la salud.
Este derecho está consagrado en el artículo XI de la Declaración
Americana, el cual dispone que “Toda persona tiene derecho a que su
salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad”.
58.
El marco legal del derecho a la salud en Cuba es su Constitución
Política, la cual garantiza que “no haya enfermo que no tenga atención
médica”.
El artículo 43, por su parte, estipula que “El Estado consagra
el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin
distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen
nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana….reciban
asistencia en todas las instituciones de salud”.
Finalmente, el artículo 50 de la Constitución dispone:
Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su
salud. El Estado garantiza
este derecho:
- con la prestación de
la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de
instalaciones de servicio médico rural, de los policlínicos, hospitales,
centros profilácticos y de tratamiento especializado;
- con la prestación de
asistencia estomatológica gratuita;
- con el desarrollo de
los planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes
médicos periódicos, vacunación general y otras medidas preventivas de
las enfermedades. En estos
planes y actividades coopera toda la población a través de las
organizaciones de masas y sociales.
59.
En relación con el derecho a la salud, durante el período
cubierto por el presente informe la Comisión fue informada de la
celebración en Cuba de la Primera Jornada Iberoamericana de
Telecomunicaciones y Sociedad, la cual dio a conocer que Cuba cuenta con
una red nacional de Telemedicina que incluye a seis provincias y 27
instituciones de salud. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la telemedicina es el uso de
información y tecnología de telecomunicaciones para el diagnóstico,
tratamiento y prevención de enfermedades a través de la educación
continuada de los proveedores de salud pública.
En el evento, que tuvo lugar en el Hotel Nobotel, el Ingeniero Juan
Enríquez Landeiro, especialista coordinador de dicha red, manifestó que
los territorios con ese avance tecnológico son Holguín, Ciudad de La
Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Cienfuegos y Villa Clara.
Actualmente se trabaja en las áreas de radiología general,
educación (Biblioteca y Universidad Virtual), genética, patología y
oftalmología. Según las informaciones proporcionadas, este sistema ha
beneficiado a más de dos mil pacientes, y se han reducido los costos
hospitalarios. Se ha señalado,
asimismo, que Cuba se prepara para el paso cualitativo de trabajar la
telesalud como un programa más, y en ese sentido tiene diseñado un
proyecto nacional. También dentro del derecho a la salud, trascendió que
durante el año 2000 las plantas de llenado, Iiofilización y envase del
Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN) de La Habana procesaron y
terminaron 15 medicamentos, entre los que se encuentra la vacuna para la
Hepatitis-b, recombinante elaborada en la institución con el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología.
Otros medicamentos fueron los interferones Alfa y Gamma, el factor
de transferencia y la estreptoquinasa recombinante contra los infartos del
miocardio y varios hemoderivados. También
se procesaron la vacuna contra la garrapata y otros productos veterinarios
en colaboración con el Centro Nacional para la Producción de Animales de
Laboratorio (CENPALAB). Cabe
señalar que BIOCEN posee la certificación de calidad ISO 9002 para sus
producciones y a fines del año pasado fue evaluado por la Organización
Mundial de la Salud como parte del proceso de aceptabilidad de la vacuna
antihepatitis-b recombinante. La
Comisión Interamericana también fue informada que como parte de su
programa de salud, el Estado cubano gasta alrededor de tres millones
quinientos mil dólares anuales en comprar medicamentos anticancerígenos
para salvarle la vida a casi 25 mil cubanos que cada año padecen de esta
enfermedad. En Cuba, el cáncer
constituye la segunda causa de fallecimiento, sólo precedida por las
enfermedades del corazón. Se
ha comprobado que la tercera parte de los tumores es prevenible, una
cantidad similar curable y que se puede aspirar a mejorar la calidad de
vida del paciente. Desde los
años 60 las entidades de salud se esfuerzan por controlar este
padecimiento. A partir de
1986 se dio inicio al Programa Nacional contra el Cáncer con el fin de
disminuir su incidencia y mortalidad.
Las terapias oncológicas están subvencionadas por el Estado.
60.
También en el período cubierto por el presente informe, Carlos
Lage, Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, reinauguró
en las afueras de La Habana el Centro Nacional de Capacitación 26 de
Julio, nueva sede de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores
(ACLIFIM) en donde sus integrantes aprenderán diferentes oficios.
Totalmente remodelada por trabajadores de la construcción, el
inmueble está situado en la carretera del Cacahual y no sólo será
escuela-taller; también se efectuarán allí reuniones, actividades
culturales y deportivas y servirá de estancia en ocasión de congresos y
eventos internacionales. En
el acto de apertura del local, Lage instó a todos los organismos de la
Administración Central del Estado responsables de la atención a las
asociaciones de discapacitados a continuar el trabajo para que el centro
disponga de condiciones óptimas de comodidad y recursos para que cumpla
su programa de capacitación.
61.
La protección a la
infancia es otro de los derechos protegidos por la Declaración Americana
en su artículo VII, el cual señala que “todo niño tiene derecho a
protección, cuidados y ayuda especiales”.
La Constitución cubana dispone, al respecto, que:
Artículo 40.- La niñez y la
juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la
sociedad. La familia, la
escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales
tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de
la niñez y la juventud.
62.
Con respecto al derecho a la niñez, la Comisión Interamericana
fue informada que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) calificó a Cuba en su informe anual como país ejemplar en la
atención a la primera infancia, que comprende a los menores de cinco años.
En el Estado Mundial de la Infancia 2001, el organismo de las
Naciones Unidas destaca que, en Latinoamérica, sólo la isla se sitúa en
el nivel de los países industrializados, con un índice que fija en ocho
por cada mil nacidos vivos. El
documento destaca a Cuba junto a países desarrollados con tasas que
establece entre siete y seis fallecidos por cada millar de alumbramientos.
Con respecto a la atención desde el nacimiento hasta los tres años,
período que ejerce una influencia enorme en el desarrollo ulterior, la
UNICEF clasifica a Cuba como ejemplar.
Asimismo, dicho organismo señala que Cuba estableció un exitoso
sistema de guarderías diurnas y programas de educación que hoy abarca al
98.3 por ciento de los menores de seis años.
Al respecto cita un estudio realizado en 1998 entre 11 países
latinoamericanos, con alumnos de tercero y cuarto grados, entre los cuales
los cubanos obtuvieron resultados superiores en matemáticas y español.
El informe considera que un capítulo estrechamente vinculado a la
esperanza de vida es la mortalidad infantil, pues resulta un indicador
fundamental para medir el bienestar de los niños.
En su apartado sobre Latinoamérica y el Caribe, la UNICEF fija
para los infantes nacidos en los años 1999 y 2000 una esperanza de vida
de 70 años, seis más que la media mundial y ocho menos que los países
industrializados.
63.
El derecho a la cultura también está consagrado en la Declaración
Americana cuando señala en su artículo XIII que “Toda persona tiene el
derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las
artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos
intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
Tiene, asimismo, derecho a la protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras
literarias, científicas y artísticas de que sea autor”.
64.
La Constitución del Estado cubano, en su artículo 39(d), dispone
que “el Estado, a fin de elevar la cultura del pueblo, se ocupa de
fomentar y desarrollar la educación artística, la vocación para la
creación y el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo”.
Sobre este derecho, y también relacionado a los niños en Cuba, la
Comisión Interamericana fue informada que durante el período cubierto
por el presente informe un grupo de 19 niños de las provincias de Ciudad
de La Habana, Matanzas, Villa Clara y Holguín resultaron ganadores del
premio al III Concurso del Programa Mundial de Alimentos (PMA) Creación
Plástica Infantil 2001. Germán
Valdivia, representante del Programa Mundial de Alimentos en Cuba,
manifestó que este evento cultural, que se desarrolla desde 1998,
persigue el propósito de apoyar y elevar la cultura nacional en función
de una de las características vitales del ser humano: su alimentación.
En este evento participaron en total 126 trabajos, y se contó con
la participación de las representaciones en La Habana del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Los galardones especiales del concurso lo merecieron los niños
Manuel Andrés Basallo y Dorianne Martel, de Ciudad La Habana y Yasel Gonzáles
de Villa Clara. Seguidamente
el Representante en la Isla del Programa Mundial de Alimentos y Ricardo
Pascoe, Embajador de México en Cuba, inauguraron en la galería de la
Casa Benito Juárez, la Exposición de este III concurso en la cual se
muestran 36 obras de 31 niños participantes en este certamen cutural.
65.
Con relación al derecho al bienestar y al desarrollo socio-económico,
el cual está consagrado en el artículo XI de la Declaración Americana,
la Comisión considera pertinente citar una síntesis de los avances
logrados en ese campo por el Estado cubano, elaborado por el Buró de
Información del Movimiento Cubano de Derechos Humanos:
1) Inicio de la generación de electricidad por medios eólicos;
2) Disminución del hurto y sacrificio ilegal de ganado en 52%; 3) Primera
central fotovoltaica en Santa María de Loreto; 4) Zafra azucarera de 3.78
millones de toneladas con mejoras en la eficiencia aunque aún no es
rentable; 5) Redacción de un proyecto de Ley de Control Constitucional;
6) La acuicultura produjo 80.000 toneladas de pescado y mantiene un
incremento sostenido; 7) Destinados 215 millones de pesos y 125 millones
de dólares a la recuperación de las cuencas hidrográficas; 8) Inicio de
la aplicación del Decreto Ley 185, que instaura los Registros de
Propiedad; 9) Tendencia a la baja de los precios de los productos
agropecuarios; 10) Reducción en el fondo de viviendas de las que se
encuentran en regular o mal estado del 54% al 47%; 11) Ampliación de los
préstamos bancarios a la población y creación de las cuentas de ahorro
a plazo fijo con interés máximo de 7%; 12) Ampliación del servicio
telefónico a la población; 13) Notable reducción de los apagones; 14)
Unas 580.000 donaciones de sangre voluntarias que mantienen el indicador
en 1 por 19 habitantes demandado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS); 15) Reducción del promedio de estudiantes universitarios sin
acceso a computadoras: de una computadora por cada 18 estudiantes, a una
por cada 12; 16) Número de casos de deficiente peso al nacer más bajo de
la historia: 5.9 por cada mil; 17) Reducción de la intensidad energética
en 5.4 y generación del 55% de la electricidad por medio de portadores
energéticos nacionales; 18) Reinicio de la producción de refrigeradores
domésticos después de diez años sin producirse; 19) Aumentos salariales
a médicos, maestros y policías en el orden de unos 620 millones de
pesos; 20) Incremento general de las producciones agrarias no cañeras,
excepto carnes, leche y arroz; 21) Más de 780 mil trabajadores asociados
a los resultados finales de la producción; 22) Reducción del déficit
presupuestario a 2.4 % del PIB y estabilización de la tasa de cambio del
dólar en 1 por 20; 23) Lucha antidrogas: Cuba firmó 24 convenios de
colaboración con naciones de varias regiones del mundo.
Entre ellos se destaca el programa de adiestramiento acordado con
la Policía Montada del Canadá, ya en marcha; 24) Reducción de la
mortalidad infantil; 25) La población adquirió casi 800.000 equipos
electrodomésticos en 1999 y se inició con gran éxito la venta de
equipos de fax, cuya demanda en el mercado ha sorprendido a todos, no
obstante costar no menos de 200.00 dólares un equipo; 26) Récord de
intervenciones quirúrgicas: 927.000; 27) La tenencia de divisas aumentó
hasta el 62% de la población, aunque en este proceso se da una
estratificación notable de dicha tenencia; 28) Inicio de venta de
computadoras a la población; 29) Discreta recuperación de las ediciones
de libros; 30) Reanimación observable de la vida nocturna de La Habana;
31) Desarrollo observable del mercado en moneda nacional para la población;
y 32) Recuperación observable de la circulación de vehículos
automotores en La Habana.
66.
Con respecto al derecho al trabajo, la Declaración Americana
establece que:
Artículo XIV. Toda
persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir
libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades
existentes de empleo. Toda
persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en
relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida
conveniente para sí misma y su familia.
67.
Tal como puede advertirse, la Declaración Americana especifica las
modalidades asociadas al ejercicio concreto del derecho al trabajo: el
mismo debe ser realizado en
condiciones dignas, de acuerdo con la vocación de quien lo ejecuta y
retribuído con una remuneración adecuada.
En relación directa con el derecho al trabajo y a las condiciones
en que él debe ser ejecutado, se encuentra el derecho de asociación
"para promover, ejercer y proteger (…) intereses legítimos de
orden (…) sindical”.
Si bien en el caso de Cuba, en teoría, existe una total
identificación de intereses entre los trabajadores y su empleador estatal
debido a la naturaleza misma del “Estado socialista”, es importante el
análisis de la práctica de los sindicatos en su función específica: la
defensa de los derechos concretos de los trabajadores.
Ello conduce a considerar los medios de los cuales se valen los
sindicatos para obtener respuestas a sus reclamos: el derecho de huelga y
a la negociación colectiva.
68.
La Constitución Política de Cuba consagra el derecho al trabajo
en su artículo 45:
El trabajo en la sociedad socialista es un derecho,
un deber y un motivo de honor para cada ciudadano. El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al
proporcionarlo se atienden las exigencias de la economía y la sociedad,
la elección del trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el
sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y
social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado
para siempre el paro estacional llamado “tiempo muerto”.
Se reconoce el trabajo voluntario, no remunerado, realizado en
beneficio de toda la sociedad, en las actividades industriales, agrícolas,
técnicas, artísticas y de servicio, como formador de la conciencia
comunista de nuestro pueblo. Cada
trabajador está en el deber de cumplir cabalmente las tareas que le
corresponden en su empleo.
69.
El artículo 46 de esa Carta otorga, por su parte, al trabajador el
“derecho al descanso, que se garantiza por la jornada laboral de ocho
horas, el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas.
El Estado fomenta el desarrollo de instalaciones y planes
vacacionales”. También se garantiza un sistema de seguridad social para
“la protección adecuada a todo trabajador impedido por su edad,
invalidez o enfermedad. En
caso de muerte del trabajador [el Estado] garantiza similar protección a
su familia”.
El Estado cubano también “protege, mediante la asistencia
social, a los ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no
apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle
ayuda”.
Asimismo, mediante el artículo 49 de la Constitución se
“garantiza el derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo,
mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de
accidentes y enfermedades profesionales.
El que sufre un accidente en el trabajo o contrae una enfermedad
profesional tiene derecho a la atención médica y a subsidio o jubilación
en los casos de incapacidad temporal o permanente para el trabajo”.
70.
En sus artículos 42, 43 y 44, la Constitución cubana proscribe la
discriminación en el empleo por sexo o raza; con el objeto de garantizar
este principio, promueve la incorporación de la mujer al trabajo mediante
el otorgamiento de una serie de facilidades como guarderías infantiles,
internados escolares, licencia por maternidad --antes y después del
parto--, atención a ancianos, y opciones laborales temporales compatibles
con su función materna. “El
Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la
realización del principio de igualdad”.
71.
Este último aspecto ha sido cumplido por el Estado cubano en la práctica,
ya que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia
contra la mujer ha constatado in
situ que “[e]l régimen comunista en Cuba proporciona a las mujeres
una red de seguridad socioeconómica que las coloca estadísticamente en
una mejor posición que la mayoría de las mujeres en América Latina.
En términos de enseñanza (95% de alfabetización femenina),
participación en las fuerzas de trabajo (42.5%) y capacitación
profesional y técnica, están mucho más adelantadas que en la mayoría
de los demás países. Por otro lado, se informó a la Relatora Especial que el
55.16% de los dirigentes sindicales en los centros de trabajo son mujeres.
Las mujeres dirigen 5 de los 19 sindicatos (los de ciencia,
administración pública, cultura, comercio y comunicación).
La no discriminación de la mujer en el lugar de trabajo es un
derecho constitucional. (…) Las trabajadoras gozan de igualdad de
derechos en virtud de la Ley de seguridad social y están protegidas por
leyes de maternidad y leyes específicas relativas a la mujer que trabaja.
Las leyes de maternidad disponen 18 semanas de licencia de
maternidad con sueldo, después de lo cual existe la posibilidad de tomar
otros seis meses de licencia con el 60% de la remuneración y el derecho
de volver al trabajo hasta un año después del parto.
También hay programas especiales para madres solteras que
trabajan. La Relatora
Especial tomó nota de que las trabajadoras disponen de servicios
sociales”.
72.
La Comisión toma nota de los avances logrados por el Estado cubano
en materia de derechos económicos de la mujer y la vigencia de mecanismos
legales, económicos, y sociales para la realización práctica del
derecho laboral. No obstante,
la Comisión no puede dejar de manifestar que ha recibido testimonios y
denuncias en los que se señala que existen diversas formas de
discriminación en el otorgamiento de trabajo por motivos ideológicos u
otras razones conexas. Así,
se ha informado a la Comisión que las personas que demuestran
discrepancias políticas con el régimen son las que en mayor proporción
se encuentran desempleadas. Asimismo,
los familiares de los presos políticos sufren discriminación en el
empleo, al igual que éstos una vez que son liberados.
La Comisión también ha recibido denuncias de que ese tratamiento
es otorgado a familiares de emigrados cuando éstos han asumido en el
extranjero actitudes antagónicas al sistema político cubano.
La discriminación en el empleo resulta un mecanismo fácil de
aplicar en una economía en la cual el Estado es el único empleador.
73.
La organización Human Rights Watch/Américas confirma lo señalado sobre el control
del Estado así:
El monopolio virtual del Gobierno cubano del empleo le
permite ejercer un control estrecho de la mano de obra nacional.
Las autoridades cubanas mantienen expedientes laborales, en los que
se registra cualquier conducta políticamente sospechosa.
Con frecuencia, la primera medida gubernamental contra los posibles
disidentes es despedirlos de su trabajo.
La mayoría de los disidentes destacados de Cuba perdieron su
empleo cuando se involucraron más en organizaciones independientes o se
reinsertaron en la sociedad tras cumplir una condena de cárcel impuesta
por criticar al Gobierno. Dado que son escasos los empleos en sectores sin control
estatal, y casi nunca incluyen el beneficio de una vivienda, la pérdida
de empleo suele resultar económicamente desastrosa para los trabajadores
y sus familias. Los
disidentes que no pueden contar con envíos de dinero desde el extranjero
lo pasan especialmente mal y corren peligro de tener más problemas con el
Gobierno si la necesidad económica les fuerza a violar el reglamento del
empleo. Cuba limita las
posibilidades de trabajo independiente, tales como la venta de productos,
el trabajo de taxista y pequeños restaurantes, que están fuertemente
reguladas.
74.
Este control del Estado también se manifiesta a través de la
prohibición de sindicatos independientes de la oficial Central de
Trabajadores de Cuba (CTC) y del hostigamiento sistemático contra toda
persona que intente formar una asociación para proteger sus derechos
laborales. La Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), dentro del marco de la aplicación del
Convenio Nº 87 (Libertad Sindical y Protección del Derecho de
Sindicalización) se ha referido en numerosas oportunidades a las
relaciones entre la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y el Partido
Comunista señalando que “la Comisión [de la OIT] insiste en que en un
contexto unipartidista y de una central sindical podría favorecer en la
práctica injerencias externas en perjuicio de la autonomía sindical.
La Comisión [de la OIT] solicita al Gobierno de Cuba que garantice
en la legislación y en la práctica el derecho de todos los trabajadores
y empleadores sin ninguna distinción de constituir libremente
organizaciones profesionales independientes, y fuera de toda estructura
sindical existente si así lo desearen (artículo 2 del Convenio Nº 87),
así como la libre elección de sus representantes (artículo 3 del
Convenio)”.
75.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia
contra la mujer pudo constatar, asimismo,
esta situación cuando estuvo en Cuba.
Ella manifestó que “[e]l Ministerio de Justicia informó a la
Relatora Especial que, para formar una asociación, hay que presentar una
solicitud a [ese despacho] en virtud de la Ley de Asociaciones.
Luego, se examina el proyecto de estatutos para decidir si los
objetivos de la asociación están acordes con la legislación.
A este respecto, a la Relatora Especial le preocupa que la Ley de
Asociaciones Nº 54 (1985) y su Reglamento (1986) exigen que todas las
asociaciones y organizaciones cooperen y coordinen sus actividades con las
organizaciones estatales pertinentes y, (…) prohíben efectivamente la
legalización de toda organización realmente independiente, exigen que
las asociaciones acepten una amplia interferencia del Estado y disponen la
facultad arbitraria de éste de interrumpir sus actividades”.
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