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...
continuación
95.
En el caso de El Estado contra Makwanyane y McHunu,[72]
el Tribunal Constitucional de Sudáfrica eliminó la disposición sobre
pena de muerte de la Ley de Proceso Penal Nº 51[73]
por ser incongruente con la Constitución de Sudáfrica de 1993. Como
parte de su análisis, el Tribunal sugirió también que la
discrecionalidad orientada otorgada a los jueces sudafricanos para
considerar las circunstancias personales y los factores subjetivos del
acusado al aplicar la pena de muerte satisfacía parcialmente el requisito
de que ese castigo no se imponga arbitraria o caprichosamente, y razonó
como sigue (incluidas las notas al pie):
Basando
su argumento en las razones que encontraron eco en la mayoría de la Corte
Suprema de los Estados Unidos en Furman c. Georgia, el Sr. Trengove
sostuvo en nombre del acusado que la redacción imprecisa de la Sección
277 y la ilimitada discreción otorgada por ésta a los tribunales,
tornaba inconstitucional sus disposiciones. [74]
[…]
En
nuestro sistema judicial, las cuestiones de la culpabilidad y la inocencia
y la adecuada sentencia que debe imponerse a quienes son declarados
culpables de un delito, no son decididas por los jurados. En los casos de
pena capital, en que es posible que se imponga una sentencia de muerte,
los jueces actúan con dos asesores que tienen igual voto que el juez en
torno a la cuestión de la culpabilidad y a todo factor atenuante o
agravante vinculado a la sentencia; pero la imposición de la sentencia es
prerrogativa única del juez. La Ley de Proceso Penal permite un pleno
derecho de apelación a los sentenciados a muerte, incluido el derecho a
impugnar la sentencia sin establecer una irregularidad o vicio de parte
del juez litigante. La División de Apelaciones está facultada para
revocar la sentencia si dicha División no la hubiera impuesto y ha
establecido criterios para el ejercicio de esta facultad por la propia
División y por otros tribunales.[75]
Si la persona sentenciada a muerte no apela, la División de Apelaciones
está no obstante obligada a revisar el caso y revocar la sentencia de
muerte si opina que no es adecuada.[76]
El
Tribunal debe identificar los factores atenuantes o agravantes, teniendo
en cuenta que corresponde al Estado la carga de probar más allá de toda
duda razonable la existencia de factores agravantes y negar fuera de toda
duda razonable la presencia de todo factor atenuante que esgrima el
acusado.[77]
Es preciso prestar la debida atención a las circunstancias personales y
los factores subjetivos que puedan haber incidido en el comportamiento del
acusado,[78]
y estos factores deben ser ponderados con los objetivos principales del
castigo, que se ha sostenido son: la disuasión, prevención, reforma y
retribución.[79] En este proceso, “toda consideración
relevante debe merecer el más escrupuloso cuidado y atención”,[80]
y sólo se debe imponer la sentencia de muerte en los casos más
excepcionales en que no existen perspectivas razonables de reforma y el
objetivo del castigo no podría conseguirse mediante otra sentencia.[81]
Me
parece que existe escasa diferencia entre la discrecionalidad orientada
exigida para la imposición de sentencias de muerte en Estados Unidos y el
criterio establecido por la División de Apelaciones para la imposición
de la sentencia de muerte. El hecho de que la División de Apelaciones, un
tribunal de jueces experimentados, adopte la decisión final en todos los
casos es, a mi juicio, más proclive a dar lugar a una sentencia
congruente que cuando la sentencia queda en manos de jurados a los que se
da una orientación estatutaria sobre cómo ejercer la discrecionalidad.[82]
96.
Análogamente, en el caso Bachan Singh c. el Estado de Punjab,[83]
el apelante argumentó ante la Corte Suprema de la India que la sección
354(3) del Código Penal de la India de 1973 contravenía el requisito
consagrado en el artículo 21 de la Constitución de ese país, de que
"nadie será privado de su vida ni de su libertad personal excepto de
acuerdo con el proceso establecido por la ley", puesto que la
disposición otorgaba a los jueces demasiada discrecionalidad en la
determinación de la sentencia de muerte.[84]
La Corte Suprema de la India rechazó la afirmación del apelante porque a
su juicio no era congruente con los requisitos del artículo 21 de la ley
de librar la imposición de la pena de muerte a la "discrecionalidad
judicial de los tribunales que están integrados por personas de razón,
experiencia y prestigio en la profesión", que ejercen la discreción
para pronunciar sentencias "judicialmente", de acuerdo con
principios ampliamente reconocidos y cristalizados en decisiones
judiciales orientadas de acuerdo con los lineamientos generales de la política
legislativa hacia los puntos de referencia promulgados en la sección
354(3)”.[85]
Para llegar a esta conclusión, la Corte articuló los siguientes
postulados encaminados a orientar a los jueces de la India en el ejercicio
de la discrecionalidad para la determinación de las sentencias de muerte:
(a)
la regla
normal es que el delito de homicidio será sancionado con una pena de
cadena perpetua. La Corte puede apartarse de esta regla e imponer la
sentencia de muerte únicamente si existen razones especiales para ello.
Esas razones deben quedar registradas por escrito antes de imponer la
sentencia de muerte.
(b)
al considerar la cuestión de
la sentencia de muerte que impondrá por el delito de homicidio en virtud
de la sección 302 del Código Penal, la Corte debe tener en consideración
todas las circunstancias relevantes vinculadas al delito y al delincuente.
Si la Corte concluye, y sólo si así concluye, que el delito es de un carácter
excepcionalmente perverso y constituye, por su forma y por la manera de su
ejecución, fuente de grave peligro para la sociedad en su conjunto, puede
imponer la sentencia de muerte[86]
97. La Corte también
subrayó la incidencia crucial de factores atenuantes en la imposición,
ajustada a parámetros humanitarios, de la pena capital. La Corte afirmó
que "el alcance y el concepto de los factores atenuantes en la esfera
de la pena de muerte debe merecer una interpretación liberal y amplia de
parte de los tribunales, de acuerdo con la política prevista en la sección
354(3) sobre pronunciamiento de sentencias", y opinó que:
[a]
una preocupación real y permanente por la dignidad de la vida
humana postula la resistencia a quitar la vida de una persona mediante la
instrumentalidad de la ley. Ello no debe ocurrir excepto en el caso
excepcionalísimo en que resulte incuestionablemente inviable toda otra
alternativa.[87]
98.
La experiencia de otras jurisdicciones internacionales y nacionales,
por lo tanto, sugiere que el tribunal debe tener discreción para tener en
consideración las circunstancias individuales del delincuente y del
delito al determinar si la pena de muerte puede y debe imponerse, si la
sentencia se considera racional, humana y conforme a los requisitos del
debido proceso. Se ha determinado que las circunstancias individuales que
deben considerarse incluyen el carácter y los antecedentes del
delincuente, los factores subjetivos que pueden haber incidido en su
comportamiento, la forma y la manera de la ejecución del delito en
particular, y la posibilidad de reforma y readaptación social del
delincuente.
99.
Las autoridades de estas jurisdicciones han sugerido que, para
ejercer una discreción racional y no arbitraria en la formulación de las
sentencias, dicha discreción debe estar orientada por principios y normas
legislativas o judicialmente prescritos y debe ser objeto de una revisión
judicial efectiva, todo ello con miras a garantizar que la pena de muerte
se impone únicamente en las circunstancias más excepcionales y
pertinentes. La Comisión considera que deben tenerse en cuenta estos
principios al interpretar y aplicar los artículos 4, 5 y 8 de la Convención
a fin de exigir sentencias individualizadas para implementar la pena de
muerte. Aceptar una norma menos estricta equivaldría, a juicio de la
Comisión, a no brindar protección suficiente para salvaguardar los
derechos más fundamentales consagrados en la Convención Americana.
iv.
El caso ante la Comisión
a.
Pena de muerte obligatoria
100. Como se indicó,
el Sr. Knights fue declarado culpable de homicidio de acuerdo con la Sección
234 del Código Penal de Grenada y fue sentenciado a una pena de muerte
obligatoria en la horca. La Sección 234 del Código Penal estipula específicamente
que "quien cometa homicidio será castigado con la muerte". Con
respecto a los elementos del delito de homicidio en Grenada, el juez que
entendió en el juicio instruyó al jurado en el sentido de que "la
parte acusatoria tiene que probar que el acusado actuó intencionalmente y
que ese acto que cometió el acusado causó intencionalmente la muerte de
Cherrie-Ann Matthew por daño ilegítimo”.[88]
101. Las pruebas
presentadas por el Sr. Knights y sus testigos en el juicio parecen sugerir
que el Sr. Knights fue atacado por el asesino de la fallecida y sufrió
heridas en el proceso. El
testimonio no jurado del Sr. Knights fue que después de pasar la noche
del 8 de septiembre de 1993 con la fallecida, ambos, él y la fallecida,
fueron atacados por un hombre vestido de negro con un arma en su mano y
una máscara en su cara. El Sr. Knights también testificó que él y la
fallecida corrieron, se separaron y después él fue atacado por un hombre
con una mascara que le apuñaló con un cuchillo. Además, el Sr. Knights
testificó que tras ser apuñalado, no podía recordar que ocurrió después,
y que despertó en el Hospital General.
102. En el juicio,
la Dra. Mary Courtenay, testigo del Sr. Knights, declaró bajo juramento
ser médico practicante colegiado en Grenada y prestar servicios en el
Hospital Princesa Alicia. La Dra. Courtenay testificó que, tras haber
examinado al Sr. Knights, determinó que había recibido tres puñaladas
de 3 cm. y una de 2 cm., y que las heridas podían haber sido causadas por
un instrumento afilado con una punta parecida a la de un cuchillo. La Dra.
Courtenay también declaró que el Sr. Knights tenía un pequeño rasguño
en la mejilla izquierda, y que la fuerza utilizada para infligir esas
heridas habría sido moderada. Durante las repreguntas, la Dra. Courtenay
declaró que había la posibilidad de que las heridas hubieran sido auto
infligidas.89
El Sr. Knights también llamó a Evelyn Peters como testigo, la cual
declaró bajo juramento trabajar en el “banco de sangre” del Hospital
General, y que normalmente hace pruebas de sangre. La Sra. Peters testificó
que analizó la sangre del Sr. Knights y que su tipo de sangre es “Grupo
ORH positivo y presentó un certificado como prueba que mostraba lo mismo.”
Losl peticionarios mantienen que el tipo de sangre que se encontró en el
cuchillo que estaba en manos del Sr. Knights en la escena del delito era
del ”Grupo AB”.90
103. En consecuencia,
la Comisión concluye que una vez que el Sr. Knights fue declarado
culpable de homicidio, la ley de Grenada no permitió que el tribunal
celebrase una audiencia para determinar si la pena de muerte era una sanción
admisible y adecuada para el Sr. Knights. No hubo la oportunidad de que el
juez que entendió el juicio o el jurado considerasen factores tales como
el carácter o los antecedentes del Sr. Knights, la naturaleza o gravedad
del delito o los factores subjetivos que pudieran haber motivado el
comportamiento del Sr. Knights. Éste se vio asimismo impedido de formular
declaraciones sobre esta materia. El Tribunal sentenció al Sr. Knights únicamente
sobre la base de la categoría del delito por el que había sido condenado.
104. Sin embargo,
como indica el análisis anterior, la legislación de Grenada no permite
que el tribunal que sentencia a una persona a muerte considere
circunstancias atenuantes de esta naturaleza. La Comisión reconoce que,
si el tribunal en este caso hubiera tenido por ley discrecionalidad para
considerar factores de esta naturaleza al determinar la sentencia adecuada,
bien podría haber impuesto igualmente la pena de muerte. La Comisión no
puede y, en realidad, no debe especular sobre cuál hubiera sido el
resultado. Esta determinación compete al tribunal nacional. Lo que es
crucial en la determinación de la Comisión de que la sentencia de muerte
del Sr. Knights contraviene la Convención, sin embargo, es el hecho de
que el Sr. Knights no tuvo oportunidad de presentar estos y otros factores
atenuantes en el contexto de la sentencia, ni se permitió que el Tribunal
considerase indicios de esta naturaleza en la determinación de si la pena
de muerte era un castigo adecuado en las circunstancias del caso del Sr.
Knights.
b.
Comité Asesor sobre la prerrogativa de clemencia
105. La Comisión no
considera que el Comité Asesor del Estado sobre la Prerrogativa de
Clemencia, creado por los artículos 73 y 74 de la Constitución de
Grenada, pueda brindar una oportunidad adecuada congruente con los
requisitos de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención Americana para una
adecuada implementación de la pena de muerte mediante sentencia
individualizada. La autoridad del Ejecutivo de Grenada para ejercer la
prerrogativa de clemencia está establecida en las Secciones 72, 73 y 74
de la Constitución de Grenada, que establece lo siguiente:
72(1) El Gobernador General puede, a nombre o en nombre de Su Majestad:
(a) Conceder el indulto, libre o sujeto a
condiciones legales, a toda persona condenada por cualquier delito;
(b)
Conceder a toda persona una
suspensión indefinida o por un plazo específico de la ejecución de todo
castigo que se le haya impuesto por un delito;
(c)
Sustituir por una forma menos
severa de castigo el castigo impuesto a una persona por un delito; o
(d)
Revocar total o parcialmente
todo castigo que se haya impuesto a una persona por un delito o toda sanción
o confiscación ante la Corona por razón de un delito.
(2) Las facultades del Gobernador General en virtud de la subsección
(1) de la presente sección serán ejercidas por él de acuerdo con el
asesoramiento del Ministro que transitoriamente pueda designar el
Gobernador General, el cual actuará de acuerdo con el asesoramiento del
primer Ministro.
73(1) Habrá
un Comité Asesor sobre la Prerrogativa de Clemencia que estará integrado
por:
(a) El Ministro designado transitoriamente en virtud de la sección 72(2)
de la presente Constitución, el cual lo presidirá;
(b) El Procurador General;
(c) El funcionario médico jefe del Gobierno de Grenada; y
(d)
Otros tres miembros designados
por el Gobernador General por instrumento escrito de su puño y letra.
(2) Un miembro del Comité designado en virtud de la subsección (1)(d)
de la presente sección ocupará su cargo por el período que se
especifique en el instrumento de designación, estableciéndose que su
cargo quedará vacante –
(a)
en caso de que una persona que,
a la fecha de su designación, fuera Ministro, si deja de ser Ministro;
(b) Si el Gobernador General, por instrumento escrito de su puño y
letra, así lo decide.
(3) El Comité puede actuar pese a que existan vacantes o pese a la
ausencia de alguno de sus miembros y sus actuaciones no resultarán inválidas
por la presencia o la participación de una persona sin derecho a estar
presente o a participar en sus actuaciones.
(4) El Comité determinará sus propios
reglamentos.
(5) En ejercicio de las funciones de acuerdo con la presente sección,
el Gobernador General actuará de acuerdo con el asesoramiento del Primer
Ministro.
74(1) En los
casos en que una persona haya sido sentenciada a muerte (con excepción de
los casos de sentencia por corte marcial) por un delito, el Ministro
designado transitoriamente en virtud de la sección 72(2) de la presente
Constitución instruirá la preparación del informe escrito sobre el caso
a cargo del juez que entendió en el juicio (o, si no se puede obtener un
informe del juez, un informe sobre el caso que será preparado por la máxima
autoridad judicial), conjuntamente con toda otra información que surja
del expediente del caso o de otro origen, conforme pueda requerirse, la
cual se tendrá en cuenta en la sesión del Comité Asesor sobre la
Prerrogativa de Clemencia; y, una vez obtenido el asesoramiento del Comité,
decidirá ante sí si asesora al Gobernador General a efectos de ejercer
algunas de las facultades previstas en la sección 72(1) de la presente
Constitución.
(2) El Ministro
designado transitoriamente en virtud de la sección 72(2) de la presente
Constitución puede consultar con el Comité Asesor sobre la Prerrogativa
de Clemencia antes de brindar su asesoramiento al Gobernador General al
amparo de la sección 72(1) de la presente Constitución en todos los
casos no comprendidos en la subsección (1) de la presente sección, pero
no estará obligado a actuar de acuerdo con las recomendaciones del
Comité.
106. La legislación
de Grenada, por tanto, dispone un proceso conforme al cual el Ejecutivo
puede ejercer la autoridad de conceder amnistía, indultos o conmutaciones
de las sentencias. Sin embargo, la Comisión no conoce ningún criterio
prescrito que se aplique en el ejercicio de las funciones o de la
discrecionalidad del Comité Asesor, excepto el requisito para los casos
de pena de muerte en que el Ministro instruye la confección de un informe
escrito del caso por parte del juez que entendió en el juicio y
posiblemente el aporte de toda otra información que considere conveniente
el Ministro, la que se tendrá en cuenta en la sesión del Comité Asesor.
Tampoco conoce la Comisión de ningún derecho de parte del delincuente a
apelar ante el Comité Asesor, a que se le informe de la fecha en que se
reunirá el Comité para examinar el caso del delincuente, a formular
declaraciones orales o escritas ante el Consejo Privado o a presentar,
recibir o impugnar las pruebas examinadas por el Consejo Privado. Los
escritos de los peticionarios confirman que el ejercicio de la facultad de
indulto en Grenada comporta un acto de clemencia que no es objeto de
derecho legal y por tanto no está sujeto a revisión judicial.91
107. En este
sentido, sin embargo, la Comisión ha recibido información de que el 12
de septiembre de 2000 la sentencia en el caso Neville
Lewis et al. contra El Procurador General de Jamaica, el Comité
Judicial del Consejo Privado, el Tribunal de Apelación de Grenada de más
alto nivel, dictaminó que la petición de clemencia de un individuo de
conformidad con la Constitución de Jamaica está abierta a revisión
judicial.[18]
El Consejo Privado también resolvió que el procedimiento para la
clemencia debe ejercerse a través de procedimientos imparciales y
adecuados, que requiere, por ejemplo, que un condenado sea notificado de
la fecha en que el Consejo Privado de Jamaica considerará su caso, que se
le brinde la oportunidad de hacer presentaciones en apoyo a su caso y que
reciba copias de los documentos que considerará el Consejo Privado de
Jamaica a la hora de dictaminar sentencia.93
108.
La Comisión considera que el procedimiento para el otorgamiento de
clemencia en Grenada es
incongruente con las normas dispuestas en los artículos 4, 5 y 8 de la
Convención que son aplicables a la imposición de sentencias de muerte
obligatorias. Como se señaló
anteriormente, estas normas incluyen principios y normas legislativas o
judicialmente prescritas para orientar a los tribunales en la determinación
de la pertinencia de la pena de muerte en casos individuales y un derecho
efectivo de apelación o revisión judicial de la sentencia impuesta. El
proceso de prerrogativa de clemencia de Grenada, incluso con la información
de la sentencia en el caso Neville
et al,94
no satisface esas normas y, por lo tanto, no puede servir como sustituto
de una individualización de las sentencias en la imposición de la pena
de muerte.
109. Además, en la medida de que
en el caso del Sr. Knights, considerado en este momento por la Comisión,
no se otorgaron las garantías procesales consideradas por el Consejo
Privado en el caso Neville Et Al, la
Comisión concluye, como lo hizo con anterioridad a la sentencia sobre
Neville Et Al, que el
procedimiento para el otorgamiento de clemencia en Grenada no garantiza a
los condenados una oportunidad efectiva o adecuada de participar en el
proceso de clemencia y por tanto no garantiza debidamente el derecho del
Sr. Knights consagrado en el artículo 4(6) de la Convención de solicitar
una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
110. A juicio de la
Comisión, el derecho a pedir una amnistía, un indulto o la conmutación
de la sentencia dispuesto en el artículo 4(6) de la Convención, leído
conjuntamente con las obligaciones que impone al Estado el artículo 1(1)
de la misma Convención, debe entenderse que abarca cierta protección
procesal mínima para los condenados para que se respete y goce
efectivamente el derecho. Estas protecciones incluyen el derecho de los
condenados a pedir una amnistía, el indulto o la conmutación de la
sentencia, a ser informados de cuándo la autoridad competente considerará
el caso del delincuente, a formular declaraciones en persona o por vía de
un asesor letrado ante la autoridad competente y a recibir una decisión
de dicha autoridad dentro de un plazo razonable, antes de su ejecución.
También conlleva el derecho a que no se le imponga la pena capital en
tanto esté pendiente de decisión esa apelación ante la autoridad
competente. A efectos de brindar a los condenados una oportunidad efectiva
para ejercer este derecho, el Estado debe establecer y ofrecer un
procedimiento conforme al cual los condenados puedan interponer una petición
de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia y formular
declaraciones en respaldo de su petición; si no existen protecciones y
procedimientos mínimos de esta naturaleza, el artículo 4(6) de la
Convención Americana pierde sentido, transformándose en un derecho sin
recurso. Esta interpretación no puede sostenerse a la luz del objetivo y
el propósito de la Convención Americana.
111. A este
respecto, el derecho a pedir una amnistía, el indulto o la conmutación
de la sentencia en virtud del artículo 4(6) de la Convención puede
considerarse similar al derecho consagrado en el artículo XXVII de la
Declaración Americana de que "toda persona tiene el derecho de
buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución
que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la
legislación de cada país y con los convenios internacionales", y el
correspondiente artículo 22(7) de la Convención que establece el derecho
de toda persona a "buscar y recibir asilo en territorio extranjero en
caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos".95
La Comisión ha interpretado la primera disposición, conjuntamente
con la Convención de 1951 sobre la Condición de Refugiado y el Protocolo
de 1967 relacionado con la condición de refugiado, en el sentido de que
da lugar a un derecho en el derecho internacional a que la persona que
busca asilo tenga acceso a una audiencia para determinar si está
calificada para la condición de refugiado.96
Otros requisitos internacionalmente articulados que rigen el derecho de
asilo reflejan normas mínimas similares, a saber, el derecho del
individuo a pedir asilo a las autoridades pertinentes, a formular
declaraciones en apoyo de su pedido y a recibir una decisión.97
112. En forma
congruente con la interpretación del derecho a pedir asilo establecida
por la Comisión y por otras autoridades internacionales, la Comisión
concluye que el artículo 4(6) de la Convención debe interpretarse en el
sentido de que abarca ciertas garantías procesales mínimas de los
condenados para que el derecho se respete y aplique efectivamente. La
Comisión observa a este respecto que algunas jurisdicciones del derecho
común que mantienen la pena de muerte han establecido procedimientos
conforme a los cuales el condenado puede iniciar un proceso para pedir la
amnistía, el indulto o la conmutación de la pena.98
113. La información
que consta en poder de la Comisión indica que el proceso en Grenada para
la concesión de una amnistía, el indulto o la conmutación de la
sentencia no garantiza al Sr. Knights ninguna protección procesal. Por
sus términos, la Sección 74 de la Constitución de Grenada no dispone
para los condenados ninguna participación en el proceso de clemencia.
114. Los
peticionarios han sostenido que el Sr. Knights no tiene derecho a formular
declaraciones ante el Comité Asesor. La presentación de un pedido de
amnistía, indulto o conmutación de la sentencia por parte de los
reclusos y la oportunidad de formular ese petitorio queda enteramente a la
discreción del Comité Asesor y no existe ningún procedimiento ni
mecanismo que especifique la manera en que los reclusos pueden presentar
un pedido de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia, formular
declaraciones en apoyo de su petición o recibir la comunicación de una
decisión. En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que el
Estado no ha respetado el derecho del Sr. Knights consagrado en el artículo
4(6) de la Convención Americana a solicitar una amnistía, el indulto o
la conmutación de la sentencia.
115. Sobre la base
de los hechos que anteceden y los principios interpretativos ya
delineados, la Comisión llega a la conclusión de que, con la imposición
de una sentencia de muerte obligatoria contra el Sr. Knights, el Estado ha
violado los derechos consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1)
de la Convención..
116. Más
particularmente, la Comisión concluye que el juez que entendió en el
juicio impuso una pena de muerte obligatoria contra el Sr. Knights sin
ninguna discrecionalidad orientada para considerar las características
personales y las circunstancias particulares de su delito a los efectos de
determinar si la pena de muerte era un castigo adecuado, lo cual
constituye una violación de los derechos establecidos en los artículos
4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención Americana. Tampoco se otorgó al
Sr. Knights una oportunidad para formular declaraciones y presentar
pruebas en torno a si la pena de muerte era un castigo adecuado en las
circunstancias de su caso. Por el contrario, la pena de muerte se le
impuso sobre la base de la categoría del delito por el que fue condenado
y sin ninguna distinción de principios ni racionalización en base a las
circunstancias particulares de su personalidad o del delito cometido. Además,
la pertinencia de la sentencia impuesta no estuvo expuesta a ningún tipo
de instancia de revisión judicial y su ejecución es ahora inminente,
habiéndose mantenido su condena por homicidio en el dictamen de la Corte
de Apelaciones de Grenada. Por lo tanto, la Comisión concluye que el
Estado ha violado los derechos del Sr. Knights consagrados en el artículo
4(1) de la Convención a no ser privado arbitrariamente de su vida y, por
lo tanto, su sentencia de muerte obligatoria es ilegítima.
117. La Comisión
concluye, además, que el Estado, al sentenciar al Sr. Knights a una pena
de muerte obligatoria sin considerar las circunstancias individuales del
caso, no ha respetado el derecho a la integridad física, mental y moral
del detenido, en contravención del artículo 5(1) de la Convención
Americana, y lo ha sometido a un castigo o tratamiento cruel, inhumano o
degradante en violación del artículo 5(2). El Estado sentenció al Sr.
Knights a muerte únicamente porque fue condenado por un delito de una
categoría predeterminada. En consecuencia, el proceso al que fue sometido
lo privaría del derecho más elemental, el derecho a la vida, sin
considerar sus circunstancias personales ni las del delito cometido. El
trato que se ha dado al Sr. Knights abroga el respeto fundamental por la
humanidad que informa los derechos protegidos en la Convención por los
artículos 5(1) y 5(2) en particular.
118. La Comisión
concluye también que el Estado ha violado el derecho del Sr. Knights
consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana al no
garantizarle el derecho efectivo a pedir una amnistía, el indulto o la
conmutación de la sentencia, a formular declaraciones, en persona o por
la vía de un asesor letrado, ante el Comité Asesor sobre la Prerrogativa
de Clemencia, y a recibir una decisión del Comité Asesor dentro de un
plazo razonable, con anterioridad a su ejecución.
119. Por último, la
Comisión concluye que el Estado ha violado el derecho del Sr. Knights a
una audiencia con las debidas garantías, ante un funcionario judicial
competente, independiente e imparcial, como lo establece el artículo 8 de
la Convención Americana. No se brindó al Sr. Knights oportunidad de
formular declaraciones y presentar pruebas ante el juez que entendió en
el juicio acerca de si el delito por él cometido merecía la pena capital
y, por tanto, se le negó el derecho a responder plenamente y a defenderse
de la acusación penal que se le imputó.
120. De las
conclusiones de la Comisión se desprende que si el Estado ejecuta al Sr.
Knights por sentencia de muerte obligatoria, estaría cometiendo una
violación flagrante e irreparable de los artículos 4 y 5 de la
Convención.
121. Dadas las
conclusiones que anteceden en cuanto a la legalidad de la sentencia de
muerte impuesta contra el Sr. Knights, en virtud de los artículos 4, 5 y
8 de la Convención, la Comisión no considera necesario determinar si la
sentencia de muerte obligatoria contra el Sr. Knights violó los derechos
a igual protección ante la ley, en contravención del artículo 24 de la
Convención.
c.
Artículos 4 y 5 – Condiciones de detención
122. Los
peticionarios alegan que el Estado ha violado el derecho del Sr. Knights
al respeto por su integridad física, mental y moral, y el derecho a no
ser sometido a un castigo o tratamiento cruel, inusual o degradante, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención
Americana, en razón de las condiciones de detención a las que fue
sometido. Argumentan, además, que estas condiciones hacen ilegítima la
ejecución, según lo dispuesto por el artículo 4 de la Convención.
123. En apoyo de sus
argumentos, los peticionarios han presentado a la Comisión una declaración
jurada del Sr. Knights, del 9 de junio de 1998, en la que describe las
condiciones de detención desde su arresto y posteriores a su condena por
homicidio, el 12 de agosto de 1995, en los siguientes términos:
Me
encuentro actualmente recluido en espera de la ejecución, en una serie de
celdas que alojan cada una a un recluso. Las celdas de los que están a la
espera de ejecución se encuentran debajo del edificio principal de la
penitenciaría en una zona denominada "Jonestown" (en referencia
a la matanza de Jonestown, en Guyana, en Sudamérica, hace algunos años).
Mi celda
es de aproximadamente 9 por 6 pies y paso unas 23 horas por día solo. Se
me ha dado un colchón para dormir, pero no hay ningún otro mueble en la
celda. Se me dio un balde que uso para mis necesidades elementales. Se me
permite verter fuera el contenido del balde una vez por día. Una vez
usado, se me obliga a soportar el olor y las condiciones antihigiénicas
hasta que se me permite vaciarlo. La iluminación de mi celda es
insuficiente. La celda no tiene ventana ni luz natural y en consecuencia
no tiene ventilación. Toda la luz de la celda proviene de una única
lamparita situada en el corredor, enfrente a la celda.
Se me
entregan tres comidas por día. A veces me traen la comida a la celda, en
la que como solo. La comida, en general, es de mala calidad. Se me da agua
para beber. Se me permite una hora de ejercicios por día; no existen
instalaciones para hacer ejercicio y mi hora habitualmente la paso de pie,
en el patio.
Se me
permite una visita por mes durante 15 minutos. Se me permite escribir y
recibir una carta por mes.
Como
recluso en espera de ejecución, no se me permite el acceso a los
servicios de la cárcel. No se me permite utilizar la biblioteca ni se me
permite el acceso al capellán y a los servicios religiosos.
Recibo
una atención médica inadecuada. Las visitas del médico no son periódicas
y no siempre resulta claro si podré ver al médico cuando sea necesario.
No existe un mecanismo o procedimiento de denuncias
para canalizar las quejas que pueda tener.
124.
Como se describió en la Parte III del presente Informe, los
peticionarios también se basan en fuentes generales de información en
relación con las condiciones carcelarias de Grenada y de otros países
del Caribe. Esta información incluye los informes preparados en 1990 y
1991 por la organización no gubernamental "Caribbean Rights".
Aunque algo atrasados, los informes tienden a respaldar las alegaciones
del Sr. Knights en relación con las condiciones en que se encuentra
recluido desde su arresto.
125. A juicio de la
Comisión, estas condiciones de detención no satisfacen la norma de
tratamiento humano estipulada en el artículo 5(1) y 5(2) de la Convención.
En este sentido, la Corte Interamericana consideró condiciones de
detención similares en el caso Suárez-Rosero.99
En ese caso, la víctima alegó, entre otros, que había estado detenido
incomunicado durante más de un mes en una celda indebidamente ventilada
que medía cinco metros por tres, juntamente con otras dieciséis
personas. En su sentencia de que la víctima había estado sujeta a un
tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante, contrariamente a lo
estipulado en el artículo 5(2) de la Convención, la Corte declaró lo
siguiente:
La sola constatación de que la víctima fue privada durante 36 días
de toda comunicación con el mundo exterior y particularmente con su
familia, le permite a la Corte concluir que el Sr. Suárez Rosero fue
sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando ha
quedado demostrado que esta incomunicación fue arbitraria y realizada en
contravención de la normativa interna del Ecuador. La víctima señaló
ante la Corte los sufrimientos que le produjo verse impedido de la
posibilidad de buscar un abogado y no poder ver o comunicarse con su
familia. Agregó que, durante su incomunicación, fue mantenido en una
celda húmeda y subterránea de aproximadamente 15 metros cuadrados con
otros 16 reclusos, sin condiciones necesarias de higiene y se vio obligado
a dormir sobre hojas de periódico y los golpes y amenazas a los que fue
sometido durante su detención. Todos estos hechos confieren al
tratamiento a que fue sometido el Sr. Suárez Rosero la característica de
cruel, inhumano y degradante.100
126.
Mientras que el Sr. Knights no alega haber estado detenido incomunicado,
está detenido en confinamiento solitario en las celdas para los reclusos
en espera de ejecución, y las condiciones de la cárcel en la que ha
estado detenido son extraordinariamente similares a aquellas a las que la
víctima en el caso Suarez-Rosero
estuvo sujeta. El Sr. Knights ha estado detenido en condiciones de
confinamiento, con servicios de higiene, ventilación y luz natural
inadecuados, y pocas veces se le permite salir de su celda. Tampoco se ha
proporcionado al Sr. Knights la atención médica adecuada. Estas
observaciones sugieren que el tratamiento del Sr. Knights mientras está
detenido no satisface las normas mínimas establecidas de conformidad con
los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, que se aplican sin tener en
cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la persona en cuestión
ha sido encarcelada101
e independientemente del nivel de desarrollo de un Estado en
particular parte de la Convención.102
127. La Comisión
considera que las alegaciones de los peticionarios deben evaluarse a la
luz de las normas mínimas articuladas por las autoridades internacionales
para el tratamiento de los detenidos, incluidas las prescritas por las
Naciones Unidas. Más particularmente, las Reglas 10, 11, 12, 15, 21, 24,
25, 40, 41 y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos103
(Reglas Mínimas de la ONU) disponen las normas básicas mínimas en
relación con el alojamiento, la higiene, el ejercicio, el tratamiento médico,
los servicios religiosos y los servicios de biblioteca para los detenidos,
en los siguientes términos:
10.
Los locales destinados a los
reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los
reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la
higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al
volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y
ventilación.
11.
En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar,
(a)
Las ventanas tendrán que ser
suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz
natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire
fresco, haya o no ventilación artificial;
(b)
La luz artificial tendrá que
ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de
su vista.
12.
Las instalaciones sanitarias
deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus
necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.
15.
Se exigirá de los reclusos
aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de
aseo indispensables para su salud y limpieza.
21. (1)
El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá
disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de
ejercicio físico adecuado al aire libre.
(2)
Los reclusos
jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán
durante el período reservado al ejercicio una educación física y
recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las
instalaciones y el equipo necesario.
24.
El médico deberá examinar a
cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente
tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la
existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las
medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de
sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas
y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y
determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.
25. (1)
El médico estará encargado de velar por la salud física y mental
de los reclusos. Deberá
visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se
quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su
atención.
(2) El médico presentará un
informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de
un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una
modalidad cualquiera de la reclusión.
40. Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de
todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros
instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se
sirvan de la biblioteca lo más posible.
41. (1) Si el establecimiento
contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma
religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese
culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias
lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter
continuo.
(2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo
1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios
religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales
particulares a los reclusos de su religión.
(3)
Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el
representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un
recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se
deberá respetar en absoluto su actitud.
42. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los
preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios
organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de
instrucción religiosa de su confesión.
128.
Es evidente, a partir de la información presentada por los
peticionarios, que las condiciones de detención a que ha sido sometido el
Sr. Knights no cumplen con varias de las normas mínimas para el
tratamiento de los reclusos en esferas tales como la higiene, el ejercicio
y la atención médica.
129. El Estado no ha
aportado información alguna respecto de las condiciones carcelarias de
Grenada, ni en general ni en lo que se refiere al Sr. Knights. Sobre la
base de la información que consta en el expediente, la Comisión concluye
que el Estado no ha tratado al Sr. Knights con respeto por su integridad física,
mental y moral, y ha violado por tanto el artículo 5(1) de la Convención,
y en todas las circunstancias, constituye una pena cruel, inhumana o
degradante, contrariamente a lo estipulado en el artículo 5(2) de la
Convención, La Comisión, por lo tanto, concluye que el Estado ha violado
estas disposiciones de la Convención con respecto al Sr. Knights junto
con las obligaciones del Estado de conformidad con el artículo 1(1) de la
Convención.
d.
Artículos 8 y 25 – Indisponibilidad de asistencia jurídica para
plantear recursos de inconstitucionalidad
130. Los
peticionarios argumentan que no existe una asistencia letrada efectiva
para presentar recursos constitucionales ante los tribunales de Grenada y
que esto constituye una violación del derecho a un juicio imparcial
previsto en el artículo 8 de la Convención. Aunque los peticionarios no
se han referido específicamente al artículo 25 de la Convención
Americana sobre el derecho a una reparación efectiva, la Comisión
considera que sus alegaciones en relación con la negativa de una reparación
efectiva legal abarca también el artículo 25 de la Convención. Por
tanto, la Comisión también ha analizado sus denuncias en relación con
la no disponibilidad de asistencia letrada para la presentación de
recursos constitucionales en virtud del artículo 25 de la Convención, en
conformidad con el artículo 32(c) del Reglamento de la Comisión.
131. Los
peticionarios sostienen que el hecho de que el Estado no proporcione
asistencia letrada niega al Sr. Knights el acceso a los tribunales de
hecho y de derecho. Los peticionarios argumentan que la interposición de
una impugnación de carácter constitucional ante los tribunales
nacionales comporta con frecuencia cuestiones sofisticadas y complejas de
derecho que requieren la asistencia de un abogado. Además, los
peticionarios sostienen que el Sr. Knights es indigente y que no dispone
de asistencia letrada efectiva para recorrer la vía constitucional en los
tribunales de Grenada. Afirman también que existe escasez de abogados en
Grenada que estén dispuestos a representar al Sr. Knights pro
bono.
132. Sobre la base
del material que tuvo ante sí, la Comisión reconoce que los recursos
constitucionales vinculados a aspectos jurídicos de la naturaleza que
plantea el Sr. Knights en su petición, como el derecho al debido proceso
y a condiciones carcelarias adecuadas, son procesal y sustantivamente
complejos, por lo cual, el recluso no los puede plantear ni presentar en
forma efectiva sin contar con representación letrada. La Comisión
concluye también que el Estado no ofrece asistencia letrada a los
individuos en Grenada para presentar recursos de carácter constitucional
y que el Sr. Knights es indigente y, por tanto, no puede obtener por otra
vía la representación legal para presentar una impugnación
constitucional.
133. La Comisión
considera que, en las circunstancias del caso del Sr. Knights, las
obligaciones del Estado en relación con la asistencia letrada para
presentar recursos de carácter constitucional derivan de los artículos 8
y 25 de la Convención. En particular, la determinación de los derechos a
través de un recurso constitucional en la Suprema Corte debe conformarse
con los requisitos de un juicio imparcial de acuerdo con el artículo 8(1)
de la Convención. En las circunstancias del caso del Sr. Knights, la
Suprema Corte tendría que determinar si la condena de la víctima en un
juicio penal viola los derechos consagrados en la Constitución de
Grenada. En tales casos, la aplicación de un requisito de un juicio
imparcial en la Suprema Corte debe ser congruente con los principios del
artículo 8(2) de la Convención.105
En consecuencia, cuando un condenado procura una revisión constitucional
de irregularidades del juicio penal y carece de los medios para contratar
asistencia letrada para la impugnación constitucional y cuando así lo
requiera el interés de la justicia, el Estado debe proporcionar
asistencia letrada.
134. Al no disponer
de asistencia letrada, se ha negado al Sr. Knights una oportunidad
efectiva de impugnar las circunstancias de su condena al amparo de la
Constitución de Grenada en una audiencia imparcial. Esto constituye a su
vez una violación de su derecho consagrado en el artículo 8(1) de la
Convención Americana.
135. Además, el artículo
25 de la Convención dispone el derecho de las personas a un recurso
sencillo y rápido ante un tribunal competente para la protección contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución
o las leyes del Estado afectado o por la Convención. La Comisión ha
declarado que el derecho al recurso previsto en la Sección 25, leído
conjuntamente con la obligación del artículo 1(1) y las disposiciones
del artículo 8(1) "debe entenderse como el derecho de todo individuo
a presentarse ante un tribunal cuando hayan sido violados sus derechos (ya
sea un derecho protegido por la Convención, la Constitución o la
legislación interna del Estado afectado), a una investigación judicial a
cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente, que establezca
si ha existido o no una violación y a que determine una compensación
adecuada”.
Además, la Corte Interamericana ha sostenido que si se requieren
servicios letrados como cuestión de derecho o de hecho para que se
reconozca un derecho garantizado por la Convención y la persona no puede
obtener estos servicios por causa de su indigencia, esa persona queda
eximida del requisito de la Convención de agotar los recursos internos.
Si bien la Corte formuló esta opinión en el contexto de las
disposiciones de la Convención sobre admisibilidad, la Comisión
considera que los comentarios de la Corte también son ilustrativos en el
contexto del artículo 25 de la Convención, en las circunstancias del
presente caso.
136. Al no poner a
disposición del Sr. Knights asistencia letrada para recorrer la vía
constitucional en relación con su proceso penal, el Estado ha impedido
que el Sr. Knights recurra a una corte o tribunal competente en Grenada
para obtener protección contra actos que pudieran violar sus derechos
fundamentales consagrados en la Constitución de Grenada y en la Convención
Americana. Además, en los casos de pena capital, en que los recursos
constitucionales se vinculan a los procedimientos y condiciones mediante
los cuales se ha impuesto la pena de muerte y, por tanto, se relacionan
directamente con el derecho a la vida y al trato humano de un acusado, es
opinión de la Comisión que la protección efectiva de esos derechos no
puede quedar librada aleatoriamente a la posibilidad de que un abogado esté
dispuesto a representar gratuitamente al acusado. El derecho a la protección
judicial de estos derechos fundamentales debe estar garantizado mediante
una disposición efectiva que garantice la asistencia letrada para
recorrer la vía constitucional.109
No puede decirse que el
Estado haya garantizado dicha protección al Sr. Knights. En consecuencia,
el Estado no ha cumplido las obligaciones que le impone el artículo 25 de
la Convención Americana en relación con el Sr. Knights.
137. Por lo tanto,
la Comisión concluye que el Estado no ha respetado los derechos del Sr.
Knights que le otorga el artículo 8(1) de la Convención, al negarle la
oportunidad de impugnar las circunstancias de su condena al amparo de la
Constitución de Grenada en una audiencia imparcial. La Comisión concluye
también que el Estado ha negado al Sr. Knights un recurso sencillo y rápido
ante una corte o tribunal competente para obtener protección contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y
las leyes de Grenada y por la Convención, con lo cual ha violado los
derechos del Sr. Knights a la protección judicial, dispuestos en el artículo
25 de la Convención Americana.
V. ACTUACIONES
POSTERIORES AL INFORME Nº 88/00
138.
El 5 de octubre de 2000, la CIDH, en el 108º período de sesiones,
aprobó el informe Nº 88/00 en este caso sobre la base del artículo 50
de la Convención y lo remitió al Estado con sus conclusiones y
recomendaciones, el 20 de octubre de 2000. En sus recomendaciones al
Estado, la Comisión le solicitó informarle dentro de los dos meses de
las medidas que hubiera adoptado para dar cumplimiento a las
recomendaciones de la Comisión, a fin de que ésta pudiera contar con
toda la información necesaria para decidir si dichas medidas son
adecuadas y si publica el informe en virtud del artículo 51 de la
Convención Americana. El período de dos meses ha expirado y la Comisión
no ha recibido una respuesta del Estado de Grenada sobre las
recomendaciones relativas al caso.
VI.
CONCLUSIONES FINALES
139. La Comisión,
sobre la base de la información presentada y del análisis pertinente en
virtud de la Convención Americana, reitera sus conclusiones sobre lo
siguiente:
140.
Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del
Sr. Knights consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1), en
conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención
Americana, al sentenciar al Sr. Knights a una pena de muerte obligatoria.
141.
Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del
Sr. Knights en virtud del artículo 4(6) de la Convención, en conjunción
con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, al no
otorgar al Sr. Knights un derecho efectivo a solicitar una amnistía, el
indulto o la conmutación de la sentencia.
142. Que el Estado
es responsable de la violación de los derechos del Sr. Knights
consagrados en los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención Americana, en
conjunción con una violación del artículo 1(1) de la Convención, en
razón de las condiciones de detención a que ha sido sometido.
143. Que el Estado
es responsable de la violación de los derechos del Sr. Knights
consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en conjunción con
la violación del artículo 1(1) de la Convención, al no poner a su
disposición asistencia letrada para recorrer la vía constitucional.
VII.
RECOMENDACIONES
144. Sobre la base
del análisis y las conclusiones del presente Informe,
LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA QUE EL ESTADO DE GRENADA:
1. Otorgue al Sr.
Knights una reparación efectiva que incluya la conmutación de la
sentencia y una compensación.
2. Adoptar las
medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar
que la pena de muerte no se imponga en violación de los derechos y
libertades garantizados conforme a la Convención, incluidos los artículos
4, 5 y 8 y, en particular, para asegurar que ninguna persona sea
sentenciada a muerte de conformidad con una ley de sentencia obligatoria.
3. Adopte las
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar
la efectividad en Grenada del derecho consagrado en el artículo 4(6) de
la Convención Americana a solicitar una amnistía, el indulto o la
conmutación de la sentencia.
4. Adopte las
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar
la efectividad en Grenada del derecho a un juicio imparcial consagrado en
el artículo 8(1) de la Convención Americana y el derecho a la protección
judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, en
relación con los recursos de carácter constitucional.
5. Adoptar las
medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar
que el derecho al trato humano conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la
Convención Americana en lo que se refiere a las condiciones de arresto de
la víctima tenga plena vigencia en Grenada.
VIII.
PUBLICACIÓN
145.
El 21 de febrero de 2001, de conformidad con los artículos 51(1) y
51(2) de la Convención Americana, la Comisión remitió al Estado de
Grenada el Informe Nº 13/0 sobre este caso, el cual fue aprobado el 20 de
febrero de 2001, y otorgó al Estado un plazo de un mes para adoptar las
medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones anteriormente
mencionadas y resolver la situación bajo análisis.
146.
El plazo de un mes ha vencido y la
Comisión no ha recibido una respuesta del Estado de Grenada respecto a
sus recomendaciones en este caso.
IX.
ANÁLISIS
FINAL Y CONCLUSIONES
147.
Por estos motivos, la Comisión decide que el Estado no ha
tomado todas las medidas apropiadas para cumplir con las recomendaciones
establecidas en este informe.
148.
En virtud de las consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto
en los artículos 51(3) de la convención Americana y 48 del Reglamento de
la CIDH, ésta decide reiterar las conclusiones y recomendaciones del
presente informe, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual a la
Asamblea General de la OEA. De
acuerdo con su mandato, la Comisión continuará evaluando las medidas
adoptadas por Grenada con respecto a las recomendaciones indicadas, hasta
que se haya demostrado su pleno cumplimiento.
Dado y firmado en la ciudad
de Santiago de Chile a los 4 días del mes de abril de 2001. (Firmado):
Claudio Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta
Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta, Comisionados Hélio Bicudo, Robert
K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo,
Inmediatamente
después de este informe se incluye la opinión concurrente del Dr. Hélio
Bicudo.
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(a) una vez que el juez que preside conjuntamente con los asesores -–si
los hay-- , sujeto a las disposiciones de la sección 145 (4)(a), o,
en el caso de un juicio a cargo de un tribunal superior especial, ese
tribunal, teniendo debidamente en cuenta toda prueba y argumentación
sobre la sentencia en los términos de la sección 274, haya llegado a
un dictamen sobre la existencia o no de factores atenuantes o
agravantes; y
Véase, por ejemplo, Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
Manual de Procedimientos y Criterios para la Determinación de la
Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y del
Protocolo de 1967 relacionado con la Condición de Refugiado, Párr.
189-219 (en el que se prescriben los requisitos básicos para los
procedimientos encaminados a determinar la condición de refugiado,
incluido el derecho del peticionario a contar con las facilidades
necesarias para presentar su caso ante las autoridades pertinentes y
que se permita al peticionario permanecer en el país hasta tanto se
adopte una decisión sobre su pedido inicial de condición de
refugiado); Consejo de Europa, Resolución sobre las Garantías Mínimas
para los Procedimientos de Asilo, Bruselas, 21 de junio de 1995, artículos
10, 12, 14, 15, 23 (en los que se prescriben garantías procesales
comunes para los Estados Miembros de la Unión Europea en la tramitación
de los pedidos de asilo, incluido el derecho de quienes buscan asilo
en la frontera o por otra vía, a tener oportunidad de presentar
cuanto antes su pedido de asilo, a permanecer en el territorio del
Estado en que ha presentado la petición o en el que se esté
examinando la misma, hasta tanto haya sido objeto de una decisión, a
tener oportunidad de una entrevista personal con un funcionario
calificado por la ley nacional antes de que se adopte una decisión
final sobre su pedido de asilo y a que se le comunique por escrito la
decisión que merezca su pedido de asilo).
Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas el 30 de agosto
de 1955 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la
Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, ONU Doc. A/CONF/611, anexo I, E.S.C. res. 663C,
24, U.N.ESCOR Supp. (Nº1), pág.11, ONU Doc. E/3048 (1957), enmiendas
E.S.C. res. 2076, 62 ONU ESCOR Supp. (Nº 1) Pág. 35, ONU Doc. E/5988 (1977).
Véase también Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Loren Laroye Rieba Star y otros c. México,
Informe Nº 49/99 (13 de abril de 1999), Informe Anual de 1998, Párr.
70 (interpretando el artículo 8(1) en el contexto de los procesos
administrativos que dan lugar a la expulsión de extranjeros y que
requieren ciertas garantías procesales mínimas, incluida la
oportunidad de ser asistido por un asesor letrado u otro
representante, a contar con tiempo suficiente para considerar y
refutar las acusaciones que se le imputen y a procurar y aducir las
pruebas pertinentes.
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