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continuación
IV.
ANÁLISIS SOBRE LA ADMISIBILIDAD
A.
Competencia de la Comisión
49. La Convención
entró en vigor en el Estado de Grenada el 18 de julio de 1978, tras el
depósito de su instrumento de ratificación. Los peticionarios alegan
violaciones de los artículos 4, 5, 7, 8 y 24 de la Convención con
respecto a los actos u omisiones que ocurrieron en Grenada después de que
la Convención entrara en vigor en ese país. Además, la petición en
este caso fue registrada por los peticionarios, Abogados de Londres, Reino
Unido, en nombre de Donnason Knights, ciudadano del Estado de Grenada. Por
consiguiente, la Comisión tiene jurisdicción en la materia del caso,
jurisdicción temporal y jurisdicción personal para considerar las
violaciones de la Convención alegadas en este caso. Por lo tanto, la
Comisión considera que tiene competencia para examinar las alegaciones
del Peticionario relativas a violaciones de la Convención.
B. Otras
razones de admisibilidad
a.
Agotamiento de los recursos internos
50. El artículo
46(1) de la Convención Americana dispone que: “Para que una petición o
comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida
por la Comisión, se requerirá: (a) que se hayan interpuesto y agotado
los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del
Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Los peticionarios
argumentan que el Sr. Knights agotó los recursos internos de Grenada el
21 de mayo de 1998, fecha en que el Consejo Privado desestimó la apelación
del Sr. Knights de su condena y su sentencia. El Estado no ha aportado
observación alguna respecto a la admisibilidad o los méritos de la
petición. En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado renunció
tácitamente a su derecho a objetar el agotamiento de los recursos
internos.
La Comisión no considera, por lo tanto, que el caso de los peticionarios
sea inadmisible en razón del artículo 46(1)(a) de la Convención.
b. Presentación
de la petición en plazo
51.
De conformidad con el artículo 46(1)(b) de la Convención, una
petición debe ser presentada dentro de un plazo de seis meses, a partir
de la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada de la
sentencia definitiva a nivel interno. En los casos en que dicha sentencia
no haya sido pronunciada por no haber sido posible agotar los recursos
internos, el artículo 46(2) de la Convención dispone que no se aplica el
requisito de los seis meses. En este caso, los peticionarios argumentan
que el Consejo Privado emitió su sentencia definitiva, desestimando el
recurso de apelación del Sr. Knights, el 21 de mayo de 1998. Esta petición
fue presentada el 29 de mayo de 1998 y, por lo tanto, fue presentada
dentro del plazo requerido.
52.
En este caso, el Estado no ha proporcionado observación alguna
respecto a la admisibilidad o méritos de la petición y no ha demostrado
ante la Comisión que la petición no fuera presentada en la forma
oportuna.
c. Duplicación de
trámites
53.
Los peticionarios han indicado que la materia de la petición del
Sr. Knights no ha sido sometida a examen en ninguna otra instancia de
investigación internacional. El Estado no ha proporcionado comentario
alguno en relación con la admisibilidad y los méritos de la petición y,
por lo tanto, no ha impugnado la cuestión de la duplicación de trámites.
La Comisión considera, por lo tanto, que el caso del Peticionario no es
inadmisible en virtud de los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención.
d.
Demanda aparente
54.
Los artículos 47(b) y 47(c) estipulan que la Comisión considerará
inadmisible cualquier petición o comunicación que se presente al amparo
de los artículos 44 y 45 si la misma no establece hechos que tienden a
presumir una violación de los derechos garantizados por la Convención y
si las afirmaciones del propio peticionario o del Estado indican que la
petición o comunicación es manifiestamente infundada o sea evidente su
total improcedencia. Los peticionarios han alegado que el Estado ha
violado los derechos del Sr. Knights consagrados en los artículos 4, 5, 8
y 24 de la Convención. Además, los peticionarios han proporcionado
alegaciones de hecho que tienden a establecer que las presuntas
violaciones pueden estar fundadas. Por lo tanto, la Comisión concluye,
sin prejuicio de los méritos del caso, que puede considerar la petición,
de conformidad con los artículos 47(b) o 47(c) de la Convención.
e. Conclusiones
sobre la admisibilidad
55. Como se indica
anteriormente, El Estado no ha respondido a las comunicaciones de la
Comisión del 2 de julio de 1998, el 18 de agosto de 1999, y el 4 de mayo
y 13 de septiembre de 2000, a efectos de aportar a la Comisión información
que el Estado considerase pertinente en relación con el agotamiento de
los recursos internos y con las denuncias planteadas en la petición. El
Estado tampoco ha respondido a la carta de la Comisión del 13 de
septiembre de 2000 respecto a la posibilidad de una solución amistosa en
el caso, de conformidad con el artículo 48(1) (f) de la Convención. Por
lo tanto, al considerar la admisibilidad de este caso, la Comisión ha
presumido que los hechos alegados en la petición son ciertos, siempre que
las pruebas no den lugar a una conclusión diferente, de conformidad con
el artículo 42 del Reglamento de la Comisión.
56. De acuerdo con
el análisis que antecede de los requisitos de los artículos 46 y 47 de
la Convención y las disposiciones aplicables del Reglamento de la
Comisión,
ésta decide declarar admisible la petición del Sr. Knights.
C.
Méritos de la petición
1.
Norma de examen
57. Antes de
abordar los méritos de este caso, la Comisión considera conveniente
articular su norma de examen en los casos de pena capital. Al respecto, la
Comisión opina que debe aplicar el máximo nivel de escrutinio en estos
casos. El derecho a la vida es ampliamente reconocido como el derecho
supremo del ser humano y conditio
sine qua non para el goce de todos los demás derechos.
Por lo tanto, la Comisión considera que tiene una mayor obligación de
asegurar que toda privación de la vida perpetrada por un Estado Parte
mediante la pena de muerte cumple estrictamente con las disposiciones de
la Convención, incluyendo, en particular, las disposiciones sobre el
derecho a la vida del artículo 4, las garantías de un trato humano
consagradas en el artículo 5 y el debido proceso y las protecciones
judiciales garantizados en los artículos 8 y 25 de la Convención. Esta
prueba de un mayor escrutinio es congruente con el criterio restrictivo
que otras instancias internacionales aplican a las disposiciones sobre
pena de muerte de los tratados sobre derechos humanos.
En particular, la Corte Interamericana ha concluido que la Convención
Americana ha adoptado un criterio respecto de la pena de muerte que es
"incremental" en su carácter y, de acuerdo con el mismo,
"sin llegar a abolir la pena de muerte, la Convención impone
restricciones destinadas a limitar estrictamente su aplicación y alcance,
a fin de reducir la aplicación de la pena y lograr su desaparición
gradual”.
58. La Comisión
también observa que la prueba del mayor escrutinio no está obstaculizada
por la fórmula de la cuarta instancia adoptada por la Comisión. De
acuerdo con la "fórmula de la cuarta instancia", la Comisión,
en principio, no examinará las sentencias pronunciadas por los tribunales
internos que actúen dentro de su competencia y con las debidas garantías
judiciales.
La fórmula de la cuarta instancia, sin embargo, no impide que la Comisión
considere un caso en que las alegaciones del peticionario comportan una
posible violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención
Americana. En el caso de Clifton Wright, por ejemplo, un ciudadano
de Jamaica que alegó que un error judicial dio lugar a una sentencia de
muerte contra él, la Comisión llegó a la conclusión de que la condena
y la sentencia estaban viciadas pero que el proceso de apelaciones de
Jamaica no permitía una corrección de la situación. En consecuencia, la
Comisión llegó a la conclusión de que Jamaica había violado el derecho
del peticionario a la protección judicial consagrado en el artículo 25
de la Convención y recomendó que el Gobierno de Jamaica ordenara una
investigación de la cuestión y permitiera que el Sr. Wright tuviera
acceso a un recurso judicial que corrigiera la incongruencia. Dado que se
había negado al Sr. Wright una protección judicial interna efectiva y
era víctima de una violación discreta de los derechos humanos
consagrados en la Convención Americana, no se aplicó en ese caso la fórmula
de la cuarta instancia.
59. Por lo tanto,
la Comisión examinará las alegaciones del Sr. Knights vinculadas a la
imposición de la pena capital con un escrutinio más riguroso para
asegurar el debido respeto por el derecho a la vida prescrito en la
Convención Americana. Además, la fórmula de la cuarta instancia no
impedirá que la Comisión dictamine en torno a los derechos del Sr.
Knights toda vez que las denuncias revelen una posible violación de la
Convención.
2.
Presuntas violaciones de la Convención
Americana
60.
Como se detalló anteriormente, los peticionarios alegan: (i) la
violación de los artículos 4, 5, 8, y 24 de la Convención, en relación
con el carácter obligatorio de la pena de muerte y el proceso para el
otorgamiento de una amnistía, un indulto o la conmutación de la
sentencia en Grenada; (ii) la violación del artículo 5 de la Convención
en relación con las condiciones de detención del Sr. Knights; y (iii) la
violación del artículo 6 de la Convención en relación con la
inexistencia de asistencia jurídica para interponer recursos de
inconstitucionalidad en Grenada.
61. Como se indicó
anteriormente, el Estado no ha respondido a las comunicaciones de la
Comisión del 2 de julio de 1998, el 18 de agosto de 1999, y el 4 de mayo
y 13 de septiembre de 2000, respecto a proporcionar a la Comisión
información que el Estado considerara pertinente en relación con el
agotamiento de los recursos internos y con las denuncias planteadas en la
petición. El Estado tampoco ha respondido a la comunicación de la Comisión
del 13 de septiembre relacionada con la posibilidad de una solución
amistosa en el caso. Por consiguiente, al determinar los méritos de las
alegaciones del Peticionario, la Comisión ha presumido que los hechos
expuestos en la petición son ciertos, siempre que las pruebas no den
lugar a una conclusión diferente, de conformidad con el artículo 42 del
Reglamento de la Comisión.
a.
Artículos 4, 5, 8 y 24 – Pena de muerte obligatoria
i.
El Sr. Knights fue sentenciado a una pena de muerte obligatoria
62.
El Sr. Knights fue condenado por homicidio de acuerdo con la Sección
234 del Código Penal de Grenada, que dispone que "cualquier persona
que cometa homicidio será responsable con la muerte y sentenciada a
muerte".[42]
El delito de homicidio en Grenada puede, pues, considerarse sujeto a
"sentencia de muerte obligatoria", es decir, una sentencia de
muerte que la ley obliga a imponer a la autoridad que pronuncia la
sentencia sobre la base únicamente de la categoría del delito del que se
considera responsable al acusado. Una vez que un acusado es hallado
culpable del delito de homicidio, debe imponerse la pena de muerte. En
consecuencia, el tribunal no puede tener en cuenta, al imponer la
sentencia de muerte, ninguna circunstancia atenuante.
63.
La Comisión analizará primero la compatibilidad de la sentencia
de muerte obligatoria por el delito de homicidio con los artículos 4, 5 y
8 de la Convención, en vista de los términos de esas disposiciones, los
principios que las sustentan y los precedentes internacionales y
nacionales pertinentes. La Comisión determinará entonces si el Estado ha
violado los derechos del Sr. Knights de conformidad con la Convención por
la manera en que éste fue sentenciado a muerte.
ii.
Artículos 4, 5, y 8 de la Convención Americana y la pena de
muerte obligatoria
64.
A la luz de las alegaciones planteadas por el Sr. Knights, la
Comisión debe primero determinar si la práctica de imponer la pena de
muerte por el delito de homicidio mediante una sentencia obligatoria es
compatible con el artículo 4 (derecho a la vida), el artículo 5 (derecho
a un trato humano), y el artículo 8 (derecho a un juicio imparcial) de la
Convención Americana y con los principios que sustentan estas
disposiciones:
El
artículo 4 de la Convención Americana dispone lo siguiente:
Artículo
4. Derecho a la vida
(1) Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
(2) En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá
imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia
ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que
establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.
Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la
aplique actualmente.
(3) No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han
abolido.
(4) En
ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni
comunes conexos con los políticos. No se impondrá la pena de muerte a
personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de
dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las
mujeres en estado de gravidez.
(5) Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía,
el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos
en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la
solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.
65. El artículo 4
de la Convención permite a los Estados Parte que no han abolido la pena
de muerte que la sigan imponiendo. Al mismo tiempo, la Convención regula
de forma estricta la manera en que los Estados Partes pueden imponer la
pena de muerte en sus respectivas jurisdicciones. Este criterio
restrictivo de la perpetuación de la pena de muerte refleja el
tratamiento que esta sanción ha merecido en general en la práctica
internacional contemporánea y, como se indica en la Parte IV de este
Informe, también en la práctica interna.
66. Más
particularmente, en base parcialmente a la experiencia de los órganos
internacionales de derechos humanos, se pueden identificar varios
principios generales de interpretación respecto de las disposiciones
sobre pena de muerte consagradas en los instrumentos internacionales de
derechos humanos en general y en el artículo 4 de la Convención en
particular. Primero, los órganos supervisores de los instrumentos
internacionales de derechos humanos han sometido las disposiciones sobre
pena de muerte de sus instrumentos rectores a una norma de interpretación
restrictiva. En la opinión consultiva sobre las restricciones a la pena
de muerte conforme a los artículos 4(1) y 4(4) de la Convención, por
ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó un criterio
restrictivo del artículo 4 de la Convención, llegando a la conclusión
de que "el texto del artículo en su conjunto revela una clara
tendencia a restringir el alcance de este castigo, tanto en lo que se
refiere a su imposición como a su aplicación”.
67. Otros órganos
internacionales de supervisión de los derechos humanos han aplicado una
interpretación análogamente estricta de las disposiciones contenidas en
los tratados de derechos humanos en relación con la pena de muerte. El
Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido, en el contexto del artículo
6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es
paralelo al artículo 4 de la Convención en ciertos aspectos,
que la ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en
que las autoridades del Estado pueden privar de la vida a una persona.
El Comité ha determinado en consecuencia que la imposición de una
sentencia de muerte al cabo de un juicio en que no se han respetado las
disposiciones del Pacto constituye, si no es posible ninguna otra apelación
de la sentencia, una violación del artículo 6 del Pacto. Las
reparaciones que ha recomendado en estos casos incluyen la puesta en
libertad,
y la conmutación de la sentencia de muerte.
El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extra-Judiciales, Sumarias
o Arbitrarias ha subrayado análogamente que los procedimientos que
conduzcan a la imposición de la pena capital deben ser congruentes con
las normas más estrictas de independencia, competencia, objetividad e
imparcialidad de los jueces y jurados y con otros requisitos estrictos del
debido proceso.
Esta Comisión ha examinado estrictamente en términos similares las
circunstancias de los casos de pena de muerte para garantizar el estricto
cumplimiento de los requisitos del debido proceso y la protección
judicial.
68. Asimismo, se
reconoce en general que la pena de muerte es una forma de castigo que
difiere sustancialmente y en grado de otras formas de castigo. Es la forma
absoluta de castigo que da lugar a la confiscación del derecho más
valioso, el derecho a la vida y, una vez implementada, es irrevocable e
irreparable. Como lo ha observado la Corte Suprema de los Estados Unidos,
"la pena de muerte es cualitativamente diferente de una sentencia de
prisión, por prolongada que sea. La muerte, en su finalidad, difiere más
de la cadena perpetua que lo que difiere una condena de 100 años de una
condena de sólo uno o dos años. Dada esa diferencia cualitativa, existe
una diferencia consiguiente en la necesidad de confiabilidad en la
determinación de que la muerte sea el castigo adecuado en cada caso específico.”[50]
A juicio de la Comisión, el hecho de que la pena de muerte sea una forma
de castigo excepcional también debe tenerse en cuenta al interpretar el
artículo 4 de la Convención.
69. Por último,
con respecto a las restricciones dispuestas en el artículo 4 de la
Convención Americana en particular, la Corte Interamericana ha
identificado tres limitaciones principales explícitamente prescritas por
el artículo 4 en torno a la capacidad de los Estados Partes de la
Convención para imponer la pena de muerte:
De
modo que pueden observarse tres tipos de limitaciones aplicables a los
Estados Partes que no han abolido la pena de muerte. Primero, la imposición
o aplicación de esta sanción está sujeta a ciertos requisitos
procesales cuyo cumplimiento debe observarse y revisarse estrictamente.
Segundo, la aplicación de la pena de muerte debe limitarse a los delitos
comunes más graves no relacionados con delitos políticos. Finalmente,
es preciso tener en cuenta ciertas consideraciones respecto de la persona
del acusado, que podrían impedir la imposición o aplicación de la pena
de muerte.[51]
[Énfasis agregado]
70. Por lo tanto,
las observaciones de la Corte acentúan el significado del estricto
cumplimiento y revisión de las garantías del debido proceso al
implementar la pena de muerte, de acuerdo con el artículo 4 de la
Convención. Además, como parte de ese proceso, la Corte sugiere que
ciertas circunstancias de un delito en particular y de un acusado en
particular podrían impedir la imposición o aplicación de la pena de
muerte y, por tanto, deben tenerse en cuenta al pronunciar una sentencia
de muerte contra una persona.
71. Es teniendo en
cuenta estas normas y principios interpretativos que hemos mencionado que
la Comisión debe determinar si la práctica de imponer la pena de muerte
por sentencia obligatoria es compatible con las disposiciones de los artículos
4, 5 y 8 de la Convención y con los principios en que éstas se sustentan.
72. A juicio de la
Comisión, varios aspectos de la imposición de la pena de muerte
obligatoria por el delito de homicidio son problemáticos en el contexto
de una debida interpretación y aplicación de la Convención. Primero, es
ampliamente reconocido que el delito de homicidio puede perpetrarse en el
contexto de una amplísima variedad de circunstancias atenuantes o
agravantes, con diferentes grados de gravedad y culpabilidad.[52]
Esta conclusión está ilustrada por la amplia definición de homicidio
prevista en la legislación de Grenada, al señalar que se trata de la
muerte ilegítima de otra persona con intención de matarla o causarle
lesiones o heridas graves.[53]
También está ilustrada por las circunstancias del caso del Sr. Knights.
Pese a la existencia de estas disparidades, la pena de muerte obligatoria
procura imponer un castigo capital en todos los casos de homicidio, sin
distinción alguna. Este tipo de sentencias somete a una persona que, por
ejemplo, comete un homicidio en un acto espontáneo de pasión o de ira,
al castigo equivalente y excepcional contra una persona que ejecuta un
homicidio tras una detenida planificación y premeditación.
73. La sentencia
obligatoria, por su propia naturaleza, impide que el Tribunal considere si
la pena de muerte es una forma de castigo apropiada e inclusive admisible
en las circunstancias de un delincuente y un delito en particular. Además,
por su aplicación compulsiva y automática, la sentencia obligatoria no
puede ser objeto de una revisión efectiva en una instancia superior. Una
vez impuesta una sentencia obligatoria, todo lo que puede hacer un
tribunal superior es determinar si el acusado fue hallado culpable de un
delito para el cual la sentencia era obligatoria.
74. A juicio de la
Comisión, estos aspectos de las sentencias de muerte obligatorias no
pueden conciliarse con el artículo 4 de la Convención en numerosos
aspectos. Como se señaló antes, la pena de muerte obligatoria en Grenada
impone la muerte a todos los individuos condenados por homicidio, pese a
que el delito de homicidio puede ser cometido con distintos grados de
gravedad y culpabilidad. Esta práctica no sólo no refleja el carácter
excepcional de la pena de muerte como forma de castigo, sino que, a juicio
de la Comisión, da lugar a la privación arbitraria de la vida, en
contravención del artículo 4(1) de la Convención.
75. Más
particularmente, la imposición de una pena de muerte obligatoria por
todos los delitos de homicidio prohíbe una consideración razonada de
cada caso individual para determinar la pertinencia del castigo en las
circunstancias, pese a que el homicidio puede cometerse en una amplia
variedad de circunstancias. Por su naturaleza, entonces, este proceso
elimina todo fundamento razonado para sentenciar a una determinada persona
a muerte y no permite una conexión racional y proporcionada entre cada
delincuente, los delitos cometidos y el castigo que se les impone. La
implementación de la pena de muerte de esta manera da lugar, por lo tanto,
a la privación arbitraria de la vida, dentro del sentido común del término
y en el contexto del objeto y el propósito del artículo 4(1) de la
Convención.
76. Principios
reconocidos de la interpretación de los tratados sugieren que sentenciar
a personas a la pena de muerte por sentencia obligatoria y sin tener en
cuenta las circunstancias individuales de cada delincuente y de cada
delito da lugar a la privación arbitraria de la vida dentro del contexto
del artículo 4(1) de la Convención. El artículo 31(1) de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que los tratados deben
interpretarse "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo
en cuenta su objeto y fin". El sentido corriente del término "arbitrario"
connota una acción o decisión que se basa en una selección u opción
aleatoria o conveniente y no en la razón o la naturaleza.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sugirió un sentido similar
para el término arbitrario en el contexto del artículo 6(1) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso Kindler c.
Canadá.
En ese caso, el peticionario, un ciudadano de los Estados Unidos, fue
extraditado de Canadá para enfrentar una posible sentencia de muerte en
el Estado de Pennsylvania por la condena de homicidio. El Comité llegó a
la conclusión de que Canadá no había violado el derecho del
peticionario consagrado en el artículo 6(1) del Pacto Internacional a no
ser privado arbitrariamente de su vida por ser extraditado a los Estados
Unidos sin procurar garantías del Gobierno de este país de que no se
impondría la pena de muerte. Al mismo tiempo, el Comité sugirió que
debe demostrarse que la decisión de no negar la extradición ni procurar
garantías debe basarse en una consideración razonada de las
circunstancias del caso del Sr. Kindler:
Si
bien los Estados deben ser conscientes de las posibilidades de protección
de la vida cuando ejercen su discreción en la aplicación de los tratados
de extradición, el Comité no concluye que las disposiciones del artículo
6 del Pacto necesariamente exijan que Canadá niegue la extradición o
procure garantías. El Comité observa que la extradición del Sr. Kindler
hubiera violado las obligaciones de Canadá en virtud del artículo 6 del
Pacto si la decisión de extraditarlo sin garantías se hubiera adoptado
en forma arbitraria o sumaria. Las pruebas ante el Comité revelan, sin
embargo, que el Ministro de Justicia llegó a una decisión tras escuchar
el argumento a favor de procurar garantías. El Comité toma nota, además,
de las razones brindadas por Canadá para no procurar garantías en el
caso del Sr. Kindler, en particular, la inexistencia de circunstancias
excepcionales, la disponibilidad del debido proceso y la importancia de no
brindar un refugio seguro a los acusados o declarados culpables de
homicidio.[56]
77. Por lo tanto,
el Comité ha sugerido que una decisión arbitraria incluye aquella que se
adopta sin consideración razonada de las circunstancias del caso respecto
del cual se adopta la decisión. A este respecto, la pena de muerte
obligatoria puede considerarse arbitraria dentro del sentido corriente del
término. La decisión de sentenciar a muerte a una persona no se basa en
la consideración razonada del caso particular de un acusado, ni en normas
objetivas que orienten a los tribunales en la identificación de las
circunstancias en que la pena de muerte podría o no ser un castigo
adecuado. Por el contrario, la pena deriva automáticamente de la
determinación de los elementos del delito de homicidio,
independientemente del grado relativo de gravedad del delito y de la
culpabilidad del delincuente.
78. La pena de
muerte obligatoria no puede conciliarse con el artículo 4 de la Convención
en otro aspecto sustancial. Como se señaló antes, la Corte
Interamericana ha subrayado varias restricciones a la implementación de
la pena de muerte que derivan directamente de las disposiciones del artículo
4 de la Convención. Éstas incluyen consideraciones vinculadas a la
naturaleza del delito en particular, por ejemplo, si se puede considerar
un delito político o un delito común, así como los factores que se
relacionan con las circunstancias del delincuente en particular, por
ejemplo, si el o la delincuente tenía menos de 18 años o estaba
embarazada en el momento de cometer el delito por el que se impone la pena
de muerte. El propio artículo 4 de la Convención presume que antes de
poder imponer legítimamente la pena capital, debe existir la oportunidad
de considerar ciertas circunstancias individuales del delincuente y el
delito. Por su propia naturaleza, sin embargo, las sentencias obligatorias
imponen la pena de muerte por todos los delitos de homicidio e impide con
ello la consideración de éstas y otras circunstancias de un delincuente
o un delito en particular al sentenciar a muerte a la persona.
79. De forma
similar, en razón de su carácter compulsivo, la imposición de una
sentencia de muerte obligatoria impide toda revisión efectiva en una
instancia superior para determinar la pertinencia de la sentencia de
muerte en las circunstancias de cada caso en particular. Como se indicó
anteriormente, una vez impuesta una sentencia de muerte obligatoria, todo
lo que puede determinar un tribunal superior es si el acusado fue
debidamente declarado culpable de un delito para el cual era obligatorio
imponer la sentencia de muerte. No existe oportunidad de que un tribunal
de alzada considere si la pena de muerte era el castigo adecuado en las
circunstancias del delincuente y el delito en particular. Esta
consecuencia no puede conciliarse con los principios fundamentales del
debido proceso consagrados en los artículos 4 y 8 de la Convención que
rigen la imposición de la pena de muerte, lo cual, como lo ha reconocido
la Corte Interamericana, incluye la estricta observancia y
revisión de los requisitos procesales que rigen la imposición o
aplicación de la pena de muerte. La inexistencia de una revisión
efectiva ilustra una vez más el carácter arbitrario de la implementación
de la pena de muerte por sentencia obligatoria y lleva a la Comisión a
concluir que esta práctica no puede conciliarse con lo dispuesto en el
artículo 4 de la Convención ni con los principios en que éste se
sustenta.
80. La Comisión
también opina que la imposición de la pena de muerte en todos los casos
de homicidio es incongruente con las disposiciones del artículo 5 de la
Convención y con los principios en que éste se sustenta. El artículo 5
de la Convención dispone lo siguiente:
Artículo
5 – Derecho a la Integridad Personal
(1) Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral.
(2)
Nadie debe ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
(3)
La pena no puede trascender de
la persona del delincuente.
(4)
Los procesados deben estar
separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán
sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no
condenadas.
(5)
Cuando los menores puedan ser
procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
(6)
Las penas privativas de la
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación
social de los condenados.
81. Entre los
principios fundamentales en los que se basa la Convención Americana se
encuentra el reconocimiento de que los derechos y libertades protegidos
por la misma derivan de los atributos de la persona humana.
De este principio deriva el requisito básico que sustenta a la Convención
en su conjunto, y al artículo 5 en particular, de que los individuos
deben ser tratados con dignidad y respeto. En consecuencia, el artículo
5(1) garantiza a toda persona el derecho a que se respete su integridad física,
mental y oral, y el artículo 5(2) establece que toda persona privada de
su libertad será tratada con
el respeto inherente a la dignidad del ser humano. Estas garantías
presuponen que las personas protegidas por la Convención serán
consideradas y tratadas como seres humanos individuales, particularmente
en las circunstancias en que el Estado Parte propone limitar o restringir
los derechos y libertades más fundamentales de un individuo, como el
derecho a la libertad. Según el punto de vista de la Comisión, la
consideración del respeto por la dignidad y el valor inherente a las
personas es especialmente crucial al determinar si una persona debe ser
privada de su vida.
82.
La imposición obligatoria de la sentencia de muerte, sin embargo,
tiene la intención y el efecto de privar a la persona de su derecho a la
vida sobre la base exclusivamente de la categoría del delito del que es
hallado culpable el delincuente, sin tener en cuenta sus circunstancias
personales ni las circunstancias del delito en particular. La Comisión no
puede conciliar el respeto esencial por la dignidad del individuo que
consagra el artículo 5(1) y (2) de la Convención con un sistema que
priva a la persona de los derechos más fundamentales sin tener en cuenta
si esta forma excepcional de castigo es adecuada a las circunstancias del
caso particular.
83. Por último, la
Comisión considera que la imposición de la sentencia de muerte
obligatoria no puede conciliarse con el derecho del delincuente al debido
proceso, tal y como lo disponen los artículos 4 y 8 de la Convención. Es
bien reconocido que las actuaciones que dan lugar a la imposición de la
pena capital deben ser congruentes con las máximas garantías del debido
proceso. Las normas del debido proceso que rigen las acusaciones de carácter
penal contra una persona están prescritas por los artículos 8(1) y 8(2)
de la Convención, que incluyen el derecho a una audiencia ante un
tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho del acusado a
defenderse personalmente o por la vía de un representante letrado y el
derecho a apelar la sentencia en una instancia superior. Además, como se
señaló anteriormente, el artículo 4 de la Convención dispone que la
pena de muerte debe imponerse únicamente por los delitos más graves y
prevé que ciertos factores atribuibles a un delincuente o un delito en
particular pueden impedir la imposición de la pena de muerte en las
circunstancias de un caso en particular.
84. Por lo tanto, a
juicio de la Comisión, cuando se leen las garantías del debido proceso
consagradas en el artículo 8 de la Convención conjuntamente con los
requisitos del artículo 4 de la misma, se presupone, como parte de la
defensa de una persona frente a una acusación que comporta la pena
capital, la oportunidad de formular declaraciones y presentar pruebas en
torno a la posibilidad de que la sentencia de muerte pueda no ser un
castigo admisible o adecuado en las circunstancias de su caso. Ello podría
basarse, por ejemplo, en el hecho de que el delito por el cual la persona
ha sido condenada deba considerarse un delito político o un delito común
conexo con un delito político dentro del significado de la Convención.
También debe entenderse que las garantías del debido proceso incluyen el
derecho a una revisión o apelación efectivas de la determinación de que
la pena de muerte es una sentencia adecuada en el caso dado.
85. La imposición
obligatoria de la pena de muerte es intrínsecamente la antítesis de
estos prerrequisitos. Por su naturaleza, elimina la oportunidad de que el
delincuente formule declaraciones y presente pruebas –-y que el tribunal
las considere-- en cuanto a si la pena de muerte es una forma de castigo
admisible o adecuada, en base a las consideraciones previstas en el artículo
4 de la Convención o en base a otro fundamento. Asimismo, como se señaló
antes, impide una revisión efectiva en una instancia superior de la
decisión de sentenciar a muerte a una persona.
86. Contrariamente
a lo que es la práctica corriente en Grenada, la Comisión considera que
la imposición de la pena de muerte en forma congruente con lo dispuesto
en los artículos 4, 5 y 8 de la Convención exige un mecanismo efectivo
conforme al cual el acusado pueda formular declaraciones y presentar
pruebas al tribunal que dicta la sentencia en torno a si la pena de muerte
es una forma de castigo admisible o adecuada en la circunstancia de su
caso. A juicio de la Comisión, esto incluye, sin limitarse a ello,
declaraciones y pruebas en torno a si alguno de los factores previstos en
el artículo 4 de la Convención podría prohibir la imposición de la
pena de muerte.
87. A este
respecto, como surgirá de la consideración que sigue de lo actuado en
las jurisdicciones nacional e internacional, se ha elaborado un principio
común de derecho en las jurisdicciones democráticas que han mantenido la
pena de muerte, conforme al cual ésta sólo debe implementarse mediante
sentencias "individualizadas". Por la vía de este mecanismo, el
acusado tiene derecho a formular declaraciones y presentar pruebas
respecto de toda posible circunstancia atenuante que se relacione con él
o con el delito que ha cometido y el tribunal que impone la sentencia
tiene discreción para considerar estos factores al determinar si la pena
de muerte es un castigo admisible o adecuado.
88. Los factores
atenuantes pueden estar vinculados con la gravedad del delito en
particular o al grado de culpabilidad del delincuente en particular y
pueden incluir factores tales como el carácter y los antecedentes del
delincuente, factores subjetivos que pudieran haber motivado su
comportamiento, la forma y la manera de ejecutar el delito en particular y
la posibilidad de reforma y readaptación social del delincuente. De
acuerdo con el examen que antecede, la Comisión considera que debe
interpretarse que las normas estrictas del debido proceso y el trato
humano previstas en los artículos 4, 5 y 8 de la Convención, que rigen
la imposición legítima de la pena de muerte, exigen una sentencia
individualizada en los casos de pena capital. A juicio de la Comisión,
esto es congruente con la interpretación restrictiva que debe hacerse del
artículo 4 de la Convención y, en particular, con el punto de vista de
la Corte Interamericana de que el artículo 4 de la Convención debe
interpretarse en el sentido de que "impone restricciones destinadas a
delimitar estrictamente el alcance y la aplicación de la pena de muerte,
a fin de reducir la aplicación de este castigo hasta lograr su desaparición
gradual”.
89. A la luz del análisis
que antecede, la Comisión considera que la imposición de la
pena de muerte obligatoria por el Estado por el delito de homicidio
es incongruente con las disposiciones de los artículos 4(1), 5(1), 5(2),
8(1) y 8(2) de la Convención y con los principios que los sustentan.
iii.
Sentencias individualizadas en otras jurisdicciones internacionales
y nacionales
90. La experiencia
de otras autoridades internacionales de derechos humanos, así como la de
los tribunales superiores de varias jurisdicciones del derecho común que,
al menos hasta hace poco mantenían la pena de muerte, sustancia y
refuerza una interpretación de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención
que prohíbe la imposición obligatoria de la sentencia de muerte. A este
respecto, opina la Comisión, sobre la base de un estudio de estas
diversas jurisdicciones internacionales y nacionales, que se ha formulado
un precepto común conforme al cual el ejercicio de una discreción
orientada por parte de las autoridades que dictan la sentencia para
considerar posibles circunstancias atenuantes de cada delincuente y cada
delito, es una condición sine qua
non para la imposición racional, humana e imparcial de la pena
capital. Se ha determinado que las circunstancias atenuantes que deben
considerarse incluyen, entre otras, el carácter y los antecedentes del
delincuente, los factores subjetivos que puedan haber incidido en el
comportamiento del delincuente, la forma y la manera de la ejecución del
delito en particular y la posibilidad de reforma y readaptación social
del delincuente.
91.
En el caso de Lubuto v. Zambia,[60]
por ejemplo, el peticionario había recibido una sentencia de muerte
obligatoria por robo a mano armada. El Comité de Derechos Humanos de la
ONU no consideró la cuestión de si las sentencias de muerte obligatorias
per se contravienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, el Comité concluyó que la inexistencia de discrecionalidad
de parte de la autoridad que impone la sentencia para considerar las
circunstancias particulares de un delito al determinar si la pena de
muerte es un castigo adecuado podría en ciertas circunstancias
contravenir las condiciones prescritas internacionalmente para la aplicación
de la pena capital. En este caso, el Comité concluyó que la inexistencia
de discrecionalidad contravenía los requisitos del artículo 6(2) del
Pacto Internacional[61] de que la pena de muerte debe imponerse
"únicamente para los delitos más graves". El Comité llegó a
la siguiente conclusión:
Considerando
que en este caso el uso de armas de fuego no produjo la muerte ni lesiones
de persona alguna y que el tribunal no pudo por ley tener en cuenta estos
elementos al imponer la sentencia, el Comité opina que la imposición
obligatoria de la sentencia de muerte en esas circunstancias es violatoria
del artículo 6 párr. 2 del Pacto.
92. El Relator
Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ha sugerido en términos
más generales que las normas del debido proceso aplicables a las
actuaciones sobre la pena de muerte requieren, entre otras cosas, que al
imponer sentencia se tengan en cuenta todos los factores atenuantes:
Las actuaciones que den lugar a la imposición de la
pena capital deben conformarse con las normas más estrictas de
independencia, competencia, objetividad e imparcialidad de jueces y
jurados. Todos los acusados en casos de pena capital deben contar con
plenas garantías de una defensa adecuada en todas las etapas del proceso,
incluyendo el adecuado otorgamiento de asistencia letrada financiada por
el Estado, de parte de abogados defensores competentes. Debe presumirse la
inocencia de los acusados hasta probarse su culpabilidad sin lugar a
ninguna duda razonable, en aplicación de las normas más estrictas para
la obtención y evaluación de pruebas. Deben
tenerse en cuenta todos los factores atenuantes. Debe garantizarse un
proceso conforme al cual puedan revisarse los aspectos de hecho y de
derecho del caso en una instancia superior integrada por jueces distintos
de los que entendieron en el caso en primera instancia. Además, debe
garantizarse el derecho del acusado a solicitar el indulto, la conmutación
de la sentencia o la clemencia.[62]
[énfasis agregado]
93. Los tribunales
superiores de diversas jurisdicciones del derecho común en los que, al
menos hasta hace poco, se mantenía la pena de muerte, han considerado análogamente
que la imposición racional, humana e imparcial de la pena de muerte exige
una discreción orientada de parte de la autoridad que impone la sentencia
para considerar las circunstancias atenuantes de cada delincuente y cada
delito. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Woodson c.
el Estado de Carolina del Norte[63]
concluyó que una sentencia de muerte obligatoria por homicidio en
primer grado de acuerdo con la legislación de Carolina del Norte violaba
la Octava[64]
y Decimocuarta[65] Enmiendas de la Constitución de los
Estados Unidos. Entre los fundamentos de la decisión de la Corte se
encontraba la conclusión de que la pena de muerte obligatoria no satisfacía
un requisito constitucional básico y que el proceso para imponer una
sentencia de muerte no debe ser arbitrario sino que debe incorporar
"normas objetivas" que orienten y normalicen el proceso,
permitiendo una revisión judicial.[66]
94. La Corte también
concluyó que la sentencia de muerte obligatoria no permitía la
consideración particularizada de aspectos relevantes del carácter y los
antecedentes de cada acusado antes de imponer contra ellos una sentencia
de muerte y que, por tanto, era incongruente con el respeto fundamental de
la humanidad que informaba la prohibición de la imposición de un castigo
cruel e inusual prevista en la Octava Enmienda. Con respecto a este último
fundamento, la Corte formuló las siguientes elocuentes observaciones:
En Furman, los miembros de la Corte reconocieron que
no puede razonablemente negarse que la muerte es un castigo diferente a
todas las demás sanciones cualitativamente y no por grado.[67]
Un proceso que no atribuye significado alguno a facetas relevantes del carácter
y los antecedentes de un determinado delincuente ni a las circunstancias
de un delito en particular excluye de la consideración al determinar el
castigo definitivo de la muerte la posibilidad de considerar factores de
compasión o atenuantes derivados de las distintas fragilidades del ser
humano. Trata a todos los condenados por determinado delito, no como seres
humanos individuales únicos, sino como miembros de una masa sin rostro e
indiferenciada que será sometida a la ciega aplicación de la pena de
muerte.
Esta Corte ha reconocido anteriormente que "para
la determinación de las sentencias, la justicia requiere en general la
consideración de elementos que van más allá de los actos particulares
por los que se cometió el delito y que se tengan en cuenta las
circunstancias del delito conjuntamente con el carácter y la propensión
del delincuente[68].
Se ha entendido que la consideración de los aspectos vinculados al
delincuente y al delito para llegar a una sentencia justa y adecuada
constituye un hecho progresista y humanizante [69]
Si bien la práctica prevaleciente de individualización de las sentencias
en general refleja simplemente una política progresista más que un
imperativo constitucional, creemos que en los casos de pena capital el
respeto fundamental por la humanidad que informa la Octava Enmienda,[70]
exige considerar el carácter y los antecedentes del delincuente en
particular y las circunstancias particulares del delito como parte
constitucionalmente indispensable del proceso para la aplicación de la
pena de muerte.
Esta
conclusión descansa en el postulado de que la pena de muerte es
cualitativamente diferente de una sentencia de penitenciaría, por
prolongada que ésta sea. En su finalidad, existe más diferencia entre la
muerte y la cadena perpetua que entre 100 años y uno o dos años de prisión.
Dada esa diferencia cualitativa, existe una consiguiente diferencia en la
necesidad de confiabilidad de la determinación de que la muerte es el
castigo adecuado en cada caso específico.[71]
continúa...
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42 La Sección 234 del Código Penal,
Título XVIII, Cap. 76, pág. 790, incluye una disposición
restrictiva de la pena de muerte por el delito de homicidio. La
disposición restrictiva estipula lo siguiente:
Excepto
que no se pronunciará ni registrará una sentencia de muerte contra
una persona condenada por homicidio y a juicio de la Corte en el
momento de cometerse el delito la persona tenía menos de 18 años; no
obstante, en lugar de ese castigo, la Corte sentenciará al
delincuente juvenil a ser detenido durante el plazo que decida Su
Majestad y, si así fuera sentenciado, no obstante lo dispuesto en
otras disposiciones, será detenido en un lugar en condiciones que el
Gobernador decidirá y durante su detención le considerará bajo
tutela legal.
57 El Preámbulo de la Convención reconoce
que "los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los
atributos de la persona humana".
58 La Comisión se refiere a este respecto
al criterio interpretativo sostenido por la Corte Europea de Derechos
Humanos en el sentido de que la Convención que la rige es "un
instrumento vivo que... debe ser interpretado a la luz de las
condiciones del momento presente". Véase Corte Europea de
Derechos Humanos, Tyrer c. Reino Unido (1978) 3 E.H.R.R. 1, Párr.
31.
59 Opinión Consultiva sobre la Pena
de Muerte, supra, Párr. 57.
60 Comité de Derechos Humanos de la
ONU, Lubuto c. Zambia, Comunicación Nº 390/1990, ONU Doc.
CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.1, Párr. 7.2.
61 Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 6, supra.
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