COMUNICADO DE PRENSA

No. 10/02

LAS TRES RELATORAS SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER

EXPRESARON SU PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

 

          La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea informar sobre la firma de una declaración por las tres Relatoras sobre los derechos de la mujer.  En ocasión del Día Internacional de la Mujer, Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de las Naciones Unidas, Marta Altolaguirre, Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Organización de los Estados Americanos, y Angela Melo, Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos emitieron una declaración conjunta que reafirma el derecho de la mujer de ser libre de la violencia y discriminación, y condena el hecho de que “[e]n todos los países del mundo se cometen actos de violencia contra las mujeres y las niñas”.  La declaración es el resultado de la primera reunión conjunta de las relatoras que se realizó la semana pasada en Montreal, Canadá, organizada por Rights & Democracy.

 

          Las Relatoras destacan en su declaración que los derechos de la mujer son derechos humanos, y que los instrumentos nacionales y regionales brindan amplias garantías contra la violencia por motivos de sexo y la discriminación contra la mujer.  Las relatoras exhortan a todos los Estados a velar por el cumplimiento de los estándares internacionales.

 

          En especial, subrayan que violencia contra la mujer incluye todo acto de violencia perpetrado por cualquier persona en el hogar, en la familia o en la comunidad, así como los actos perpetrados o tolerados por el Estado.  Como está reflejado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, dicha violencia es una manifestación de discriminación basada en el sexo.

 

          Las Relatoras enfatizan que los Estados están obligados a aplicar la diligencia debida para prevenir la violencia contra la mujer, y enjuiciar y sancionar a quienes perpetren actos de este índole, y a adoptar medidas para erradicar tal violencia en sus sociedades.  Sin embargo, la declaración destaca que debido a que los agentes estatales y las personas y entidades privadas no están obligados a rendir cuenta de sus acciones, se produce un clima de impunidad que fomenta la persistencia de esas violaciones de derechos.  Las Relatoras exhortan “a los Estados a que adopten medidas de inmediato para poner fin a esa impunidad”.  Se adjunta copia de la declaración.

 

          Tras su encuentro en Montreal, las tres Relatoras expresaron su plena satisfacción con los resultados obtenidos y manifestaron su voluntad de continuar reuniéndose periódicamente para hacer conocer a la comunidad internacional las amenazas principales al libre ejercicio de los derechos de la mujer.

 

Washington, D.C., 8 de marzo de 2002