Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R92/10
COMUNICADO DE PRENSA
R92/10
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO
DE PERIODISTA EN ARGENTINA
Washington D.C., 10 de septiembre de 2010 – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por el asesinato del periodista y dirigente comunal Adams Ledesma Valenzuela, ocurrido el sábado 4 de septiembre en la barriada 31 Bis de Buenos Aires, Argentina. La Relatoría Especial solicita a las autoridades una investigación oportuna y efectiva que revele las causas del crimen e identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales.
De acuerdo con la información recibida, Ledesma habría recibido en la madrugada del sábado una llamada para ayudar a un vecino a reparar un desperfecto eléctrico, pero al salir de su casa fue asesinado. Familiares del periodista fueron amenazados por personas desconocidas cuando intentaban ayudarlo, así como durante el funeral, conminándolos a salir de la localidad.
Ledesma era corresponsal del periódico Mundo Villa y preparaba la apertura del canal de televisión Mundo TV Villa, que emitiría su señal por cable a hogares de la comunidad. El periodista tenía también una larga trayectoria como dirigente comunal.
En declaraciones ofrecidas a un periódico argentino, en junio pasado, Ledesma anunció el lanzamiento del canal de televisión y adelantó que pretendía hacer periodismo de investigación para "filmar a los famosos" que llegaban a comprar droga a la villa.
Según la información recibida, la labor comunitaria de Ledesma estaba estrechamente relacionada con su tarea como periodista. Es esencial que el Estado brinde protección adecuada a la familia del periodista y haga todo lo posible para esclarecer el asesinato e impedir la impunidad del crimen cometido.
La Relatoría Especial recuerda que, tal como lo establece el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "el asesinato, secuestro intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".