CAPITULO II EL DERECHO A LA VIDA Y EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
1. El sistema legal interno de la República de Suriname, así como las normas internacionales a las cuales está sujeta la República, reconocen el derecho de toda persona a la vida y a la integridad personal. 2. el Artículo 3 del Decreto General A-11, que establece el Estatuto de los Derechos y Deberes Básicos del Pueblo de Suriname, promulgado por la Autoridad Militar el 25 de marzo de 1982, dispone lo siguiente:
El Artículo I de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre a la cual Suriname está sujeto en virtud de su calidad de miembro de la Organización de los Estados Americanos, dispone que "Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
3. La investigación de la Comisión Especial, concerniente a los Derechos a la Vida y a la Integridad Personal en la República de Suriname, se centró en los sucesos de diciembre de 1982, las detenciones y ejecuciones a que se hizo referencia en la Introducción. Considerando que en este hemisferio hay países donde se ha masacrado a miles de personas, la muerte de quince ciudadanos, por grande que sea como tragedia humana, podría parecer un suceso relativamente menor en la historia contemporánea de la delincuencia en materia de derechos humanos. Pero cuando este hecho se ubica dentro de su propio contexto, adquiere significancia adicional. La población de la República de Suriname es de aproximadamente 250,000 habitantes. La mayoría de los habitantes del país vive en la capital, Paramaribo, o sus alrededores. Además, Paramaribo es el centro de la vida política e intelectual y de los medios de comunicación. Todo grupo u organización de importancia tiene su sede allí. Por otra parte, la ciudad de Paramaribo es lo suficientemente pequeña como para que cualquier hecho que ocurra en ella se sienta en toda la comunidad y, nuevamente debido a la importancia y centralismo de la ciudad, en todo el país. Pero aún en un país con una gran población y muchos centros urbanos importantes, la captura y muerte súbitas de quince ciudadanos prominentes el Presidente de la federación sindical más importante, el Presidente del Colegio de Abogados, el propietario de una de las principales estaciones de radio, el Decano de Economía de la Universidad Nacional y otras personas destacadas del paísconmovería a la nación entera y tendría serias consecuencias para la vida política y social. 4. Como se señaló en la Introducción, poco después de los sucesos en cuestión, el 4 de diciembre, para ser precisos, las autoridades militares de Suriname dieron a conocer los nombres de quince personas que según ellas, fueron muertas a balazos por fuerzas de seguridad cuando intentaban escapar de sus custodias. Los nombres de los quince muertos y sus ocupaciones son:
5. cuando la Comisión decidió redactar un informe general sobre la situación de los derechos humanos en Suriname, comenzó sistemáticamente a acumular datos sobre los hechos ocurridos en diciembre, las circunstancias que los produjeron y sus efectos posteriores. La información que llegó a manos de la Comisión, de una serie de fuentes, configuró un patrón de hechos inmediatamente anteriores a la matanza de los quince ciudadanos del cual era posible inferir que se había tomado en los más altos niveles de las fuerzas armadas la decisión de eliminar la oposición efectiva. De particular significación en este respecto fue la evidencia de que tropas del gobierno participaron en la noche del 7 de diciembre en el incendio, de la sede de Moederboond, dos estaciones de radio privadas (ABC y Radika) y las oficinas de un periódico antigubernamental, el Vrije Stem, destruyéndolas. La Comisión también recibió información, de fuentes responsables, de que los cuerpos de quince ciudadanos tenían huellas de torturas atroces, quijadas, brazos y piernas rotos; dientes rotos a golpes; en un caso, una cadera dislocada; y otros indicios de malos tratos horribles. 6. A fin de corroborar estos datos la Comisión autorizó al doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión, a visitar Holanda y tomar testimonio de personas relevantes, incluidas aquellas que habían visto los cadáveres. 7. En Leiden, Holanda, el doctor Padilla tomó declaraciones a un número de parientes de los fallecidos, quienes solicitaron que sus nombres no aparecieran en este Informe por temor a que parientes y amigos que residen en Suriname pudieran ser objeto de represalias. El siguiente es, en esencia, el testimonio de estos testigos;
Además de la descripción general de las heridas encontradas en los cuerpos de los muertos mencionados antes, aparecieron en los diversos cadáveres las siguientes condiciones específicas: John Boboeram, abogado. Cruel y brutalmente golpeado en la cara. El maxilar superior roto, todos los dientes con la excepción de uno en la parte superior derecha aplastados hacia adentro y los labios triturados; una herida horizontal que le cruzaba la frente, una herida de bala en la parte izquierda al costado de la nariz que había sido cubierta posteriormente con yeso, heridas y cortes en las mejillas y sangrado en la cara. Una fuente reportó un corte en la lengua. Bram Bahr, periodista, director del semanario MKRO. Heridas en la cara y heridas de bala en el pecho y en los pies. Cyrill Daal, Presidente del sindicato más grande de Suriname, el Sindicato Madre. Heridas de bala en el abdomen y varias heridas en la cara. Dos fuentes informaron sobre heridas en los ojos, en general, y una mencionó el nombre de Daal en relación con ello. Dos fuentes mencionaron que uno de los cadáveres tenia el escroto arrancado a balazos; otra fuente dijo haber visto que Daal había sido castrado y aún otra, informó sobre fracturas en los brazos y piernas. Kenneth Gonsalves, Decano del Colegio de Abogados de Suriname. Lesiones en el rostro, en particular, la nariz rota. Una fuente informó haberle encontrado doce balazos en el pecho. Andre Kamperveen, Comerciante, ex Ministro de Cultura y Deportes, propietario de la estación de radio ABC. La cara hinchada y lesiones en la mandíbula, probablemente una dislocación; unos 18 balazos en el pecho y también se dijo que un muslo roto. Una fuente informó sobre un brazo roto y otra sobre un tiro en la sien derecha. Gerard Lecke, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de Suriname. Hemorragias en la cara y una fuente informó sobre balas en el pecho. Suchrim Demrawsingh, Profesor de la Universidad de Suriname, Director del Centro de Computación. Dadas las circunstancias, su rostro se mostraba razonablemente bien; un pequeño agujero en la mejilla derecha y uno grande en la sien derecha, con pelo alrededor. Este agujero fue posteriormente cubierto con yeso. Leslie Rahman, Periodista de la agencia de prensa CPS. Rasguños y cortes en el rostro. Hematomas en la frente y una fuente informó haber visto que de un muslo le habían arrancado lonjas de piel. Surindre Rambocus, Oficial de las Fuerzas Armadas, condenado a 12 años de prisión por haber tomado parte en el intento de golpe de marzo de 1982. Desgarraduras y pequeños rasguños en los labios y encías del ojo izquierdo. Había sido acribillado a balazos desde el pie izquierdo hasta el cuello y a lo largo de la cintura. Su cara estaba hinchada. Harold Riedewald, Abogado. Un balazo en la sien derecha y la sangre en la parte izquierda del cuello acusaba lesiones serias. Una fuente informó sobre docenas de balazos en el pecho. Jiwaslingh Sheombar, Soldado. Condenado por haber tomado parte en el intento de golpe de marzo de 1982. Cara hinchada y de color muy oscuro debido a los múltiples hematomas; una lesión seria en la mandíbula, del lado derecho; una herida de bala que le había atravesado la cabeza, entrando por el cuello, y una herida de bala en el cráneo. Balazos en el pecho y el abdomen formando una cruz. Josef Slagveer, Periodista. Propietario de la agencia noticiosa INFORMA. Cara hinchada con muchos hematomas, especialmente en el lado izquierdo, y una lesión en la mandíbula. Somradj (Robbie) Sohansing, Comerciante. Lesiones en la cara, en particular, los dientes partidos hacia adentro a golpes y un pómulo fracturado. También heridas de bala en el pecho y el abdomen. Frank Wijngaarde, Periodista de ABC, holandés de origen surinamés. La mandíbula rota, los dientes partidos hacia adentro a golpes, balas en el pecho y heridas de bala en la cara.1 8. Durante la investigación in loco la Comisión pudo obtener testimonio adicional que confirmaba la cruel tortura a la cual se había sometido a las quince víctimas antes de que se las ejecutara. Las fuentes de este testimonio insistieron en permanecer anónimas. Sobre la base de otras evidencias y de su percepción de la situación general, los miembros de la Comisión Especial concluyeron que esa solicitud no desmerecía la veracidad del testimonio. 9. En su explicación inicial de las muertes, el Gobierno y las fuerzas armadas parecían justificarlas como resultado de un intento legal de impedir la huida de personas debidamente detenidas. Posteriormente adoptaron una variante según la cual las muertes ocurrieron como consecuencia del nerviosismo de unos pocos soldados que erróneamente creyeron que los detenidos tramaban escapar. Pero en las conversaciones con los miembros de la Comisión Especial mantenidas durante la investigación in loco, ni los funcionarios civiles ni el Teniente Coronel Bouterse argumentaron una justificación estrictamente jurídica de las muertes. Más bien parecieron estar decididos a demostrar que había sido un exceso infortunado, mitigado por las circunstancias que lo rodeaban, es decir, la conspiración contra la Revolución. El siguiente extracto del largo y franco intercambio de opiniones entre la Comisión Especial y el Teniente Coronel Bouterse es ilustrativo:
10. Es un hecho histórico que en marzo de 1982 hubo un intento de golpe. Sin embargo, el Gobierno no ofreció a la Comisión evidencia alguna de que las personas ejecutadas estuvieran implicadas en una conspiración armada. El Teniente Rambocus y el Sargento Sheombar estaban prisioneros desde hacía mucho tiempo como consecuencia de su participación en el golpe de marzo. Las otras personas ejecutadas eran líderes de la oposición abierta a la perpetuación de un gobierno no democrático. Pero aunque hubieran estado envueltos en algún esfuerzo clandestino para derrocar por vía de las armas a quienes ejercen el poder, ello no justificaría su arresto, su sometimiento a torturas atroces y su ejecución sumaria. Como ha declarado la Comisión muchas veces y como lo ha resuelto oficialmente la Asamblea General de la OEA, no hay justificativo alguno para que un gobierno aplique métodos terroristas. 11. El 30 de enero de 1983, el Mayor Roy Horb, segundo en la línea de mando de las Fuerzas Armadas hasta ese momento, fue arrestado y acusado de conspirar para asesinar al Teniente Coronel Bouterse. Cinco días después del Gobierno anunció que el Mayor Horb se hacía suicidado, ahorcándose en la celda. Durante la investigación in loco la Comisión investigó las circunstancias de la muerte del Mayor Horb. Entrevistó a sus guardaespaldas, quienes testificaron no saber nada del asunto dado que al momento del hecho ellos estaban detenidos en otra parte del Fuerte Zeelandia. La Comisión entrevistó a un oficial de la policía militar que controla las instalaciones de detención del Fuerte e inspeccionó la celda del Mayor Horb. Ni la inspección de la celda, ni las entrevistas y otras actividades desarrolladas en Suriname, produjeron evidencia alguna que corroborara o negara la afirmación del Gobierno de que el Mayor Horb se había suicidado. 12. Con base en los testimonios recibidos y en su propia investigación, la Comisión Especial no puede dejar de concluir que la masacre de diciembre --reforzada por medidas tales como la ampliación de las Fuerzas Armadas, la creación de una milicia armada y el anuncio de leyes con amenazantes penalidades criminales para la distribución de literatura que se considere subversivaha silenciado completamente aquellos sectores de la población opuestos a la continuación de un gobierno no democrático, con poderes centralizados en las manos del Teniente Coronel Bouterse, y en general, ha creado un ambiente en el que reina intenso miedo. El ambiente mismo socava cualquier protección institucional, que pueda existir todavía del derecho a la integridad física y del funcionamiento vinculado al derecho a proceso regular. No existen ya en Suriname organizaciones efectivas de la profesión legal. Las víctimas Eddy Hoost, ex Ministro de Justicia y Kenneth Gonsalves, Presidente del Colegio de Abogados de Suriname, así como John Babperam y Harold Riedewald, eran abogados. En la defensa de los perpetradores del intento de golpe de marzo de 1982 argumentaron en el tribunal que nadie podía ser inculpado de crimen por el intento de derrocar a un gobierno ilegal, es decir, un gobierno que había tomado el poder por vía de las armas. Parece que al presente no hay abogado que defienda a una persona acusada de cometer delitos contra la seguridad del Estado. Ilustra el problema el caso del señor Hardjoprajitno, detenido desde el 30 de enero de 1983 bajo acusación de haber cooperado con el Mayor Horb en el complot de asesinato del Teniente Coronel Bouterse. El Mayor Horb y el señor Hardjoprajitno ocupaban, respectivamente, el segundo y el cuarto lugar en la cadena de mando del grupo de 16 hombres que tomó el poder el 25 de febrero de 1980.2 La familia y los amigos del señor Hardjoprajitno le han pedido a siete abogados que suman su defensa pero todos se han negado a hacerlo, alegando falta de garantías. Se dice que un abogado que aceptó defenderlo, fue amenazado. Sea lo que fuere, abandonó el caso. 13. En casos como éste, en el cual la Comisión, después de evaluar exhaustivamente las evidencias de que dispone, está absolutamente convencida de que ha habido serias violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, normalmente prosigue recomendando la investigación de los delitos cometidos por funcionarios, el enjuiciamiento de los responsables y su castigo con todo el rigor que permita la ley. La Comisión ha tendido a hacer recomendaciones aún después de llegar a la conclusión de que los más altos funcionarios eran responsables directos o indirectos. Las personas familiarizadas con los informes de la Comisión y la tradición legal del Hemisferio reconocen que una recomendación de investigación, enjuiciamiento y castigo hecha en esas circunstancias es, en realidad, un llamado a la conciencia de los responsables, una condena implícita de su conducta y una declaración de la responsabilidad moral, de gobiernos futuros, de tomar medidas que, en la práctica, no pueden aplicarse mientras los perpetradores del estado de terror permanecen en el poder. No obstante, la Comisión reconoce que los neófitos acaso encuentran cierta inconsistencia entre la conclusión de que los más altos funcionarios, o al menos los más poderosos, sean responsables de graves violaciones de los derechos humanos y la recomendación de que el gobierno, que son esos mismos funcionarios, enjuicie y castigue a las personas responsables. [ Índice | Anterior | Próximo ]
1 Report of ICJ Mission to Suriname. Comisión Internacional de Juristas. 2 El señor H. A. Fernández, que ocupaba el tercer lugar, falleció en un accidente aéreo en 1982. |