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ANEXO IX COMUNICADO
DE PRENSA Nº
8/92 La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento con
profunda consternación sobre el atentado ejecutado en el distrito de
Miraflores, Uma,
Perú,
el 16 de julio pasado que ha dejado como saldo más de veinte muertos, muy
numerosos heridos y cuantiosos daños materiales. Según la información
recibida por la Comisión, tal atentado habría sido acompañado de otros
atentados en diversos sectores de las ciudades de Uma
y
Callao y también se habría ejecutado junto con ataques a puestos
policiales, acciones que han continuado en los días posteriores. La
Comisión se siente en la necesidad de reiterar nuevamente en esta ocasión,
su más enérgica condena a este tipo de acciones criminales que siembran
el sufrimiento y la destrucción entre la población y que provocan un
estado de terror absolutamente inaceptable. La Comisión Interamericana
ratifica los conceptos vertidos en su comunicado de prensa del 31 de
octubre de 1991 cuando señaló que ninguna persona, grupo o Estado puede
actuar de manera que lleve a lesionar los derechos reconocidos en la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La
Comisión insiste, asimismo, en la invocación formulada por su
Presidente, luego de su visita al Perú del 11 y 12 de mayo pasado, cuando
señaló que encontraba imprescindible realizar el más enérgico de los
llamados para que se termine con la violencia como forma de dirimir
conflictos sociales y, de manera especial, que se elimine todo medio que
pueda causar el terror y la intimidación, particularmente el uso de armas
y explosivos que, por sus efectos indiscriminados, tienen un doloroso y
gravísimo costo sobre toda la población, en especial la población
civil. La
Comisión Interamericana continuará observando con particular atención
la forma en que evolucione la situación en el Perú en materia de
derechos humanos y espera que los peruanos puedan superar las situaciones
de violencia que los afectan y restaurar en el más breve plazo las
instituciones de una auténtica democracia representativa que, como lo ha
señalado repetidamente la Comisión, son la mejor garantía de la
vigencia de los derechos humanos. Washington,
D.C., 22 de julio
de
1992
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