INFORME DE LA MISION A PERU
23 y 24 de abril de 1992

A raíz de la ruptura de la institucionalidad democrática en Perú, ocurrida el 5 de abril pasado, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió numerosas comunicaciones dando cuenta de diversas medidas de fuerza adoptadas y aplicadas por el nuevo gobierno, entre las que deben citarse la ocupación y clausura del Palacio Legislativo y del Palacio de Justicia; el arresto domiciliario de los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso y de otros parlamentarios; el allanamiento de viviendas particulares, requisas y arresto de conocidos dirigentes políticos, en su mayoría del Partido Aprista; y la detención de un periodista y de otros dirigentes políticos de oposición, quienes permanecieron privados de su libertad por varios días sin que se conociera su paradero. Asimismo la Comisión fue informada sobre la clausura de al menos dos órganos de información y del envío de personal militar a las instalaciones de diarios, revistas, estaciones de radio y televisoras. El martes 7 de abril se informó que tropas combinadas del Ejército y la Policía Nacional habían ocupado las instalaciones del Centro Penal "Miguel Castro Castro" del que había sido retirado todo el personal civil del Instituto Nacional Penitenciario, generándose un clima de gran tensión, dada la experiencia ocurrida en el pasado reciente que involucraron gravísimas violaciones a los derechos humanos. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión procedió a dar trámite a las comunicaciones recibidas, remitiéndolas al Gobierno. También realizó otras gestiones que son propias de estas situaciones.

El Consejo Permanente de la Organización convocó a una reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores conforme a lo previsto en' la Resolución AG/RES. 1080 (XXI-0-91) y el Compromiso de Santiago con la democracia, a fin de considerar "la grave situación por la que atraviesa" el Perú. La Reunión ad-hoc se celebró el 13 de abril en Washington y resolvió "hacer un llamado para que se restablezca urgentemente el orden institucional democrático en el Perú y se ponga fin a toda acción que afecte la vigencia de los derechos humanos, evitándose la adopción de nuevas medidas que continúen agravando la situación." Resolvió también "expresar su honda inquietud por la actual situación de los derechos y libertades en el Perú, demandando a sus autoridades que garanticen el pleno respeto y ejercicio de los derechos de reunión y asociación, libertad de expresión, pensamiento y libertad de prensa." En la Resolución se decidió, asimismo, enviar una misión de Cancilleres, acompañada por el Secretario General de la OEA a Perú, con el propósito de promover un diálogo entre las autoridades y las fuerzas políticas "dirigido a establecer las condiciones y el compromiso entre las partes para el restablecimiento del orden institucional democrático, dentro del pleno respeto a la separación de poderes, -los derechos humanos y el Estado de Derecho."

En el párrafo 5 de su Resolución, la Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores urgió al Gobierno del Perú "a que formalice su invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue la situación de los derechos humanos en el Perú, sobre lo cual deberá informar al Consejo Permanente." En esa misma Reunión ad-hoc el Gobierno del Perú, a través del Ministro de Relaciones Exteriores invitó a la Comisión a viajar a su país "en el más corto plazo."

La misión fue cumplida por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Edith Márquez, y por el abogado de Secretaría, señor Luis F. Jiménez, por expresas instrucciones del señor Presidente de la Comisión, doctor Marco Tulio Bruni Celli, previa consulta con el primer y segundo vicepresidentes de la Comisión, doctor Oscar Luján Fappiano y profesor Michael Reisman respectivamente. El Presidente de la Comisión había decidido no viajar a Perú hasta tanto se esclareciera el malentendido ocasionado por la tergiversación de declaraciones que efectuara a la prensa de Caracas en las que informaba que la Comisión viajaría a Lima en cumplimiento de lo acordado por la Reunión de cancilleres y con el propósito de estudiar la situación de los derechos y libertades en el Perú. Debe señalarse que esta situación fue debidamente esclarecida tal como informó a la opinión pública el entonces canciller del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del comunicado de prensa, que se adjunta.

La misión permaneció en Lima los días 23 y 24 de abril de 1992 y, en el curso de la misma, se entrevistó con funcionarios del Gobierno y con miembros de las Fuerzas Armadas. También visitó el local del Partido Aprista_. Peruano, allanado por fuerzas de seguridad luego de la ruptura de la institucionalidad constitucional; visitó la casa de habitación del expresidente Alan García, entrevistándose con su esposa, doña Pilar Nores de García; se reunió asimismo con el señor Máximo San Román, designado Presidente de la República por el Congreso, con el doctor Felipe Osterling, Presidente del Senado, y con otros parlamentarios peruanos. Debe señalarse aquí que el cambio de fecha de último momento en que la misión de la Comisión debía viajar a Lima, así como otros inconvenientes de diversa naturaleza encontrados en el curso de la misma, imposibilitaron que se cumplieran otras actividades tales como una reunión con senadores y diputados de diversas tendencias políticas. La misión también se reunió con representantes de los organismos que conforman la Coordinadora Nacional de organismos de Derechos Humanos, de la Comisión Episcopal de Acción Social y de la Comisión Andina de Juristas. También se reunió con representantes de organismos sindicales y laborales, con altos funcionarios públicos destituídos o que han renunciado a raíz de la situación creada por el Gobierno a partir del 5 de abril de 1992 y con otras personas que han denunciado la violación a sus derechos humanos. La misión se reunió con representantes de organismos de medios de comunicación, También visitó el establecimiento penal "Miguel Castro Castro."

Motivo de especial preocupación fue el informe recibido sobre la desaparición del señor Andrés de los Ríos Bernardini, hecho ocurrido el 14 de abril de 1992 cuando fuera detenido por la Policía Nacional en el curso de una manifestación pacífica de protesta. La misión entregó la información correspondiente al Gobierno del Perú y espera recibir a la brevedad noticias sobre la reaparición con vida del señor de los Ríos.

En lo que se refiere al derecho a la libertad personal, la misión recibió informaciones de personas que habían sido detenidas el 5 y 6 de abril por fuerzas de seguridad, detenciones que se habían realizado sin cumplir con las formalidades legales, basadas en una orden abierta suscrita por el Jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada con indicación verbal de las personas que debían ser detenidas. De acuerdo con la información recibida, no se comunicó a los afectados los cargos en su contra ni a su familiares el destino a los que eran conducidos manteniéndose así a los detenidos en un grave estado de incertidumbre y zozobra lo cual constituye una violación del derecho a la integridad personal. Salvo estas serias irregularidades, los detenidos con que se entrevistaron los integrantes de la misión manifestaron no haber sido maltratados durante el procedimiento de arresto y en el lapso de la privación de su libertad.

A la fecha de elaboración de este informe, dos casos continúan pendientes de resolución: el del expresidente Alan García y el del exministro del Interior señor Agustín Mantilla. En ambos casos, según la información recibida, las autoridades militares encargadas de los operativos procedieron con violencia y desconocimiento de toda norma legal y humanitaria. En el caso de la familia del expresidente Alan García tanto su esposa como sus hijos de corta edad fueron objeto de un trato en extremo negativo. La misión pudo comprobar los daños dejados por disparos de arma de fuego contra la residencia familiar del expresidente en la que al momento del allanamiento se encontraban sus menores hijos. También recibió detalles de los infructuosos intentos de la señora de Garcia por interponer recursos judiciales a fin de cautelar los derechos de su esposo. En el caso del ex-ministro Mantilla ya se le habrían formulado cargos judiciales, concretamente la acusación de posesión ilegal de armas de fuego. La Comisión continuará observando con atención el desarrollo de ambos casos.

La decisión del Gobierno de intervenir el Poder Judicial, cesando a 13 miembros de la Corte Suprema, destituyendo a más de un centenar y medio de jueces e inhibiendo el funcionamiento del Ministerio Público, ha dificultado seriamente la posibilidad de interponer recursos judiciales con miras a la protección de los derechos de las personas. La situación así creada es en extremo grave y violatoria de normas internacionales, pues los recursos instituidos para cautelar los derechos básicos de la persona no pueden ser suspendidos en ninguna circunstancia de conformidad con lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la opinión consultiva emitida al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La misión de la Comisión escuchó el parecer de personas calificadas en el sentido de que muchos de los jueces destituidos se caracterizaban por su alta competencia profesional y por la probidad de su conducta. Todas las opiniones recogidas de personas independientes coinciden en señalar que la manera como han sido destituidos los jueces, sin la

más elemental forma de proceso, y la incertidumbre de las posibles medidas respecto a los jueces que aún mantienen sus cargos, reducen de manera sustancial la independencia de que deben gozar quienes están llamados a resguardar los derechos de las personas. De esa manera, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana estarían siendo seriamente afectados. Esta situación ha creado un generalizado sentimiento de incertidumbre en relevantes segmentos de la población peruana.

Tal carencia de protección se acentúa respecto a quienes han sido privados de toda forma de protección personal establecida por la ley o por las circunstancias. Teniendo en cuenta que muchas de esas personas son importantes políticos, expuestos a posibles ataques terroristas que como bien se sabe son muy frecuentes dada la situación de violencia en Perú, la Comisión estima que es un deber del Estado peruano restituir la protección personal a la que tienen derecho esas personas, entre las que se encuentran, ciertamente, los parlamentarios y otros dirigientes sociales.

Durante la visita al Establecimiento Penal "Miguel Castro Castro" la misión pudo comprobar la normal relación que existe entre las autoridades de la Policía Nacional y los internos, caracterizada por el diálogo y el respeto mutuo. La misión fue informada, tanto por las autoridades como por los internos de la inspección minuciosa realizada por la Policía Nacional en algunos pabellones, en especial el lA y el 4B, el 14 de abril pasado. La misión pudo visitar esos y otros pabellones sin incidentes de ninguna naturaleza y pudo trasmitir a las autoridades del Centro Penitenciario los reclamos formulados por los internos. La misión recibió la seguridad de las autoridades del Centro Penal que se respetarían los derechos de los detenidos. La Comisión debe reiterar la necesidad de que se respete el derecho a la defensa de los detenidos y se concedan a sus abogados las condiciones de trabajo que requieren y de las que fueran privados por los arrestos que sufrieron; espera, asimismo, una muy pronta resolución de las denuncias judiciales de que han sido objeto algunos de ellos.

La misión escuchó de numerosas y calificadas personas la opinión de que la presencia de organismos internacionales como la CIDH es muy importante y decisiva para restablecer en Perú, a la brevedad posible, la total vigencia de los derechos políticos y para cautelar el ejercicio de otros derechos humanos igualmente afectados por las medidas puestas en ejecución por el Gobierno a partir del 5 de abril pasado. Según fuentes confiables y por las opiniones recogidas, existe el peligro de una mayor polarización política y social en una situación ya afectada por la tensión, la violencia y el terror. Dadas tales circunstancias, la protección internacional de los derechos humanos hoy es más necesaria y urgente que nunca en Perú. Esa situación podría verse agravada si se reprodujeran las medidas tomadas y ejecutadas por el Gobierno y las Fuerzas Armadas contra los opositores políticos e integrantes de otros poderes públicos a partir del pasado 5 de abril. La reciente promulgación de diversos dispositivos legales constituyen un signo especialmente preocupante. Por ejemplo, el incremento de las penas de 4 a 7 años de prisión por el delito de "usurpación de funciones", estaría dirigida a sancionar a los parlamentarios y otras personas cuyos cargos tienen su origen en legítimos procesos electorales y que han resultado afectados por la ruptura de la institucionalidad democrática.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa a la Secretaria Ejecutiva, Dra. Edith Márquez Rodríguez y al abogado Luis Fernando Jiménez su agradecimiento por haber cumplido, en circunstancias especialmente difíciles, la delicada misión que les encomendara el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En función de la realidad observada, la Comisión ha decidido aceptar la nueva invitación del Gobierno del Perú y se prepara a viajar a ese país tan pronto como sea posible.