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ANEXO
V N°
7/91 COMUNICADO
DE PRENSA El
día
de hoy, 31 de octubre de 1991, finalizó la visita que, por invitación
del Gobierno, ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
a fin de observar la situación de los derechos humanos en el Perú. La
visita fue realizada por el pleno de la Comisión, participando en ella el
doctor Patrick
Robinson,
Presidente de la Comisión; el doctor Marco Tulio Bruni
Celli,
Primer Vicepresidente; el. doctor Oscar Luján Fappiano,
Segundo Vicepresidente y los miembros, doctora Gilda M.C.M. de Russomano,
doctor Leo Valladares Lanza y el Profesor Michael
Reisman.
El
Embajador
Oliver Jackman, por razones de fuerza mayor, no pudo participar en la
visita. La Comisión estuvo asistida por la Secretaria Ejecutiva, doctora Edith
Márquez
Rodríguez, los abogados de la Secretaría Ejecutiva doctores Luis F. Jiménez,
Bertha Santoscoy-Noro, Jorge Seall-Sassian y el señor Marcelo Montesinos,
intérprete
de la Comisión. Asimismo, contó con el apoyo administrativo de las señoras
Gabriela Hageman, Elsa
Ergueta
y Nora
E.
Anderson. Durante
la visita la Comisión Interamericana se reunió con el ingeniero Alberto
Fujimori, Presidente de la República, con el doctor Carlos Torres y
Torres Lara, Ministro de Relaciones Exteriores y
Presidente del Consejo de Ministros; con el doctor Augusto Antonioli
Vasquez, Ministro de Justicia; con el General de División EP
Victor Malca
Villanueva, Ministro del Interior, con el General de División EP
Jorge
Torres Aciego, Ministro de Defensa, con el Comando Conjunto de la Fuerza
Armada, bajo la Presidencia del General del Aire Arnaldo
Velarde
y los Comandantes generales de la Marina Almirante Alfredo Arnaíz
Ambrossiani y General EP
Pedro
Villanueva Valdivia del Ejército; con el doctor César Fernández Arce.
Presidente de la Corte Suprema, con el doctor Pedro Méndez Jurado, Fiscal
de la Nación y con el doctor Clodomiro Chávez, Fiscal para Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo. Durante
la visita, dos subcomisiones viajaron al interior del país, la una a
Tarapoto y Tocache y la otra a
las ciudades de Ayacucho y Huancayo.
En Tarapoto la subcomisión se reunió con el señor Comandante Político-Militar
de la zona de emergencia, con representantes de la Oficina Prelatural de
Acción Social de Moyobamba y con miembros de la Comisión de Paz de San
Martín, con familiares de detenidos desaparecidos y con religiosos del
Centro Pastoral. También visitó Cordesan, a la Policía Nacional y la
Penitenciaría de Tarapoto, entrevistándose con algunos detenidos. En
Tocache, la Subcomisión se reunió con las autoridades militares, políticas,
judiciales y policiales. En Ayacucho y Huancayo,
la subcomisión se reunió con autoridades gubernamentales, militares y
del Poder Judicial y con
representantes de la iglesia y de
instituciones de defensa y promoción de los derechos humanos. También
se reunió la Comisión con miembros del Congreso y con instituciones de
defensa de los derechos humanos: la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos, la Comisión Andina de Juristas y la Comisión Episcopal de Acción
Social. La Comisión Interamericana recibió, asimismo, a personas y
miembros de institucíoes representativas de la sociedad peruana, a la
Comisión de Familiares de Desaparecidos (COFADER), a periodistas y
directivos de órganos de prensa, a la Asociación de Abogados Democráticos
del Perú y visitó el Centro Penal de Castro Castro. Esta
visita de la Comisión ha sido precedida por una anterior, realizada en
mayo de 1989 por una subcomisión integrada por dos miembros, y es
complementada con la tramitación de casos individuales que han dado lugar
a la adopción de decisiones sobre ellos. Los intensos contactos
realizados durante esta visita han permitido a la Comisión Interamericana
tomar contacto con la compleja y delicada situación de los derechos
humanos en el Perú y le ha servido para recopilar valiosa información
que será empleada para elaborar el Informe Especial en el que se
encuentra trabajando. +
La Comisión pudo comprobar las agudas manifestaciones de la violéncia qúe
caracteriza el conflicto que aflige al Perú. La Comisión ha recibido
abundantes testimonios del profundo sufrimiento causado en la población
y, especialmente, en aquellas personas que han quedado atrapadas entre los
principales actores del conflicto. La Comisión ha sido informada, en este
proceso, sobre los métodos desde todo punto de vista condenables que
emplean para dirimir el conflicto aquellas personas, grupos o
instituciones que subordinan los derechos inalienables de la persona
humana a la consecución de sus fines políticos. Tal subordinación es lo
que concede una identidad esencial a quienes proceden de esa forma y
permite a la Comisión Interamericana reafirmar lo que señalara en el
comunicado final de su visita a Perú de 1989 cuando afirmó que ni la
lucha para superar la pobreza y construir un nuevo Estado ni la defensa de
las instituciones democráticas pueden justificar, en modo alguno, el
recurso al asesinato selectivo, a la ejecución sumaria, a la destrucción
de la infraestructura productiva, a la tortura, a la desaparición forzada
de personas y al empleo del terror como método de control social. El
recurso a tan condenables métodos dificulta la necesaria solución política,
y con el menor costo para la población que debe encontrar este conflicto
entre quienes estén dispuestos a encaminarse por esa vía. En
tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra que
existe la necesidad imperiosa de humanizar el conflicto. La Comisión
Interamericana, cuyo marco normativo fundamental es el que le proporciona
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, continuará considerando de manera cada vez más
precisa los actos de violencia perpetrados por los grupos armados
irregulares y las responsabilidades que de ellos se derivan. La Comisión
tiene en cuenta, al respecto, que ninguna persona, grupo o Estado puede
actuar de manera que lleve a lesionar los derechos reconocidos en la
Declaración Americana y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La Comisión hace un llamado a todos los peruanos a respetar los
derechos garantizados en tales instrumentos. La
Comisión escuchó con especial atención reflexiones referidas al
profundo deterioro que vienen sufriendo las condiciones de vida de la
población peruana y su negativo impacto en el goce de los derechos económicos,
sociales y culturales. También escuchó con preocupación las referencias
al efecto que tal situación tiene en la agudización de las condiciones
sociales vinculadas al desarrollo del actual conflicto. La Comisión
Interamericana considera que las políticas de saneamiento de la situación
económica del país deben integrar como elemento central la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial de los
sectores más afectados. La Comisión expresa su total apoyo a las tareas
que vienen realizando los organismos humanitarios para reducir las
negativas condiciones sociales hoy existentes y que son objeto de una
cruel campaña de carácter terrorista. La
Comisión ha recibido información sobre las medidas adoptadas en tiempos
recientes por el Gobierno a fin de superar los graves problemas existentes
en materia de derechos humanos. La Comisión tiene la esperanza de que
tales medidas sean aplicadas de manera efectiva y complementadas con otras
medidas a fin de desarrollar una positiva política, integral y coherente, de reconocimiento y
garantía de los derechos humanos. La Comisión estima que un elemento
fundamental de esa política debe ser el reconocimiento de las meritorias
y a veces hasta arriesgadas tareas que cumplen las instituciones que se
dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos. En ese sentido,
considera la Comisión que deben proporcionarse a tales instituciones y a
sus miembros todas las garantías para el desempeño de sus funciones, tal
como ha sido reclamado insistentemente por la Comisión y ha sido
recomendado por la Asamblea General de la Organización Americanos. Tal
deber de garantizar el ejercicio de las funciones de esas organizaciones
corresponde al Gobierno del Perú y es una obligación de sus más altas
autoridades. La Comisión continuará cooperando con todas las
instituciones y con el Gobierno
del Perú a fin de lograr el avance y
profundización de las medidas adoptadas en defensa de los derechos
humanos. La
Comisión Interamericana ha encontrado una actitud receptiva a sus
planteos por parte de altas autoridades militares. Ha sido informada,
asimismo, de recientes modalidades de cooperación establecidas por
algunos institutos armados con grupos no gubernamentales de derechos
humanos. La Comisión espera que tal cooperación sea reforzada y
contribuya a incorporar, de manera definitiva, el respeto a los derechos
humanos en el desarrollo de las acciones concretas que deben ser
realizadas a raíz del conflicto que afecta al país. La Comisión está
consciente de las dificultades que conlleva la aplicación de una seria
política de defensa de los derechos humanos por parte de las
instituciones armadas en un conflicto en el cual hay quienes se consideran
liberados de la sujeción de ley alguna. Tal como señalara el Presidente
de la Comisión en 1989 al entonces señor Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú, las Fuerzas Armadas están llamadas a defender la
Constitución y las leyes y tan alta función no puede ser desvirtuada por
el empleo de métodos específicamente vedados por ese orden normativo. A
juicio de la Comisión, asimismo, resulta imprescindible que un elemento
de la política de derechos humanos sea la identificación y sanción
ejemplar de los responsables de violaciones a tales derechos. En este
sentido, resulta alentador que en tiempos recientes se esté
proporcionando la identificación de quienes actúan en las zonas de
emergencia y puedan estar implicados en violaciones a los derechos
humanos. Ello ayudaría a eliminar la preocupante impunidad que, según la
información proporcionada a la Comisión, ha caracterizado el accionar de
los cuerpos de seguridad en el Perú y que se refleja en la ausencia de
personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Al respecto la
Comisión escuchó con atención los argumentos que sustentan la necesidad
de sustraer los delitos referidos a las violaciones a los derechos humanos
del Foro Militar y someterlas al Fuero Común. Según
pudo constatar la Comisión, los Estados de Emergencia continúan rigiendo
en diversas regiones del país y aún en los lugares en que han sido
levantados, persisten ciertos problemas que están asociados a la
preponderancia del poder militar. También pudo constatar la Comisión que
se ha constituido un creciente número de rondas campesinas, presentadas
como un método voluntario que permite la autodefensa de la población
rural. La Comisión recibió información según la cual algunas de esas
rondas habrían sido integradas de forma no voluntaria y que la constitución
de otras rondas habría dado lugar a la violación de los derechos de la
población. En
materia de derecho a la vida, la Comisión ha sido informada de que se
estaría produciendo una disminución del número de violaciones a tan
esencial derecho pero que persiste un nivel preocupante de violaciones al
mismo bajo la forma de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, fenómeno
respecto al cual el Perú continúa teniendo el más alto número de
desaparecidos en el mundo, de acuerdo con bien fundada información. La
observación de la forma en que evolucione este fenómeno en el futuro
inmediato será un indicador importante de los efectos que tengan en la práctica
las medidas adoptadas por el Gobierno. Respecto
a la situación del derecho a la libertad personal y al debido proceso,
que se encuentran estrechamente vinculados a la protección del derecho a
la integridad personal, la Comisión ha recibido información según la
cual persisten aún serios problemas referidos a la ausencia de
formalidades con que se ejecutan los arrestos, a la inoperancia de los
recursos de amparo o de habeas corpus y a la lentitud de los
juicios, lo cual se traduce en que una alta proporción de la población
penal se encuentre sin sentencia definitiva. Al respecto, la Comisión
espera que la directiva que autoriza el ingreso de los fiscales a los
cuarteles militares a los que se haya ingresado personas al momento de ser
detenidas, se traduzca en una mejora sensible de los problemas que han
caracterizado la situación de los derechos mencionados en el Perú. Dicha
medida deberá ser complementada, según fue planteado a la Comisión, con
un reforzamiento de la independencia y efectividad del Poder Judicial y
con la imprescindible dotación de recursos que requiere el accionar del
Ministerio Público y de los jueces del país, a fin de superar la aguda
crisis que pudo ser constatada de manera especial en regiones del interior
del país. También fue señalado a la Comisión que existe un verdadero
clamor público respecto a la urgente necesidad de restituir a la Policía
Nacional el carácter de custodio de los derechos de los ciudadanos, tarea
en la cual ya está abocado el Gobierno. La
Comisión Interamericana pudo observar las difíciles condiciones en que
la población penal cumple su privación de la libertad y tomó nota con
satisfacción de las más altas autoridades penitenciarias el compromiso
de trabajar por el mejoramiento de las condiciones carcelarias. La Comisión
fue informada, asimismo, sobre recientes medidas adoptadas con respecto a
los penales de la ciudad de Lima, en especial la referida a la declaración
del estado de emergencia en los mismos y al consiguiente sometimiento a la
autoridad del Comando Político Militar, lo cual conlleva serios riesgos a
la luz de la experiencia reciente del Perú. También escuchó con atención
los planteos referidos a los eventuales efectos de la información
recientemente publicada por diversos medios de prensa sobre inexistentes
amotinamientos o conflictos. La Comisión ha tomado debida nota del
compromiso expresado por altas autoridades del sistema penal de garantizar
los derechos fundamentales de la población penal, dentro del clima de
orden y respeto que debe garantizar a todo sistema penitenciario. La
Comisión espera asimismo, que se garantice a cabalidad el ejercicio del
derecho a la defensa y las actividades que en tal sentido cumplan los
abogados. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos finaliza hoy su visita, la
que será continuada con otras visitas' de seguimiento en el futuro
cercano. Desea expresar en esta oportunidad su especial agradecimiento a
las personas e instituciones que dedicaron su tiempo a presentar los
problemas referidos al quehacer de la Comisión. También desea expresar
su reconocimiento al Gobierno del Perú por las facilidades brindadas para
que la Comisión pudiese desarrollar las actividades que ha cumplido. La
Comisión está convencida de contribuir con sus actividades al
fortalecimiento de la democracia en el Perú que, como ha sido
repetidamente señalado, constituye el régimen que mejor garantiza el
ejercicio de los derechos humanos. Lima,
31 de octubre
de
1991
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