ANEXO I

N° 9/89

Hoy finaliza la visita que, por invitación del Gobierno del Perú, ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el pasado lunes 8 de mayo.

La Comisión Especial fue presidida por la señora Elsa Kelly, Primera Vicepresidente dela CIDH; e integrada además por el señor John Stevenson, miembro de la CIDH; el señor Edmundo Vargas Carreño, Secretario Ejecutivo; los abogados de la Secretaría, Christina Cerna y Luis Jiménez, y las señoras Gabriela Hageman y Nora Anderson.

Durante su estadía la Comisión se entrevistó en Lima con el Presidente del Senado, doctor Romualdo Biaggi Rodríguez; el Presidente de la Corte Suprema, doctor Oscar Alfaro Alvarez; el ex-Presidente de la República doctor Fernando Belaúnde Terry; los Ministros de Relaciones Exteriores y Justicia, doctores Guillermo Larco Cox y César Delgado; los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados, doctores Javier Valle Riestra y Flavio Núñez Yzaga, respectivamente, así como diversos parlamentarios; con el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Artemio Palomino Toledo, el Fiscal de la Nación, doctor Manuel Catacora González, el Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Durán Flores, el ex-Alcalde de Lima y dirigente político señor Alfonso Barrantes, el Rector de la Universidad de San Marcos, doctor Jorge Campos Rey de Castro y con representantes de organismos de derechos humanos. Recibió asimismo testimonios de diversas personas en relación con situaciones particulares y visitó el penal de Canto Grande.

También la Comisión se trasladó a Ayacucho donde mantuvo reuniones con el General Héctor Rodríguez, Jefe del Comando Político-Militar de Ayacucho, el Fiscal Superior, doctor Iván Enrique Tello Mondoñedo, el Fiscal Provincial, doctor Gilberto Berrocal, el Rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Dr. Alberto Morote Sánchez, el Sr. Guy Mellet, Jefe de la Subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ayacucho, el Teniente Alcalde de Ayacucho, así como con otras autoridades civiles, militares, eclesiásticas y universitarias, y con abogados dirigentes de organizaciones de derechos humanos y otras personas interesadas en la situación de tales derechos.

El resultado de las observaciones realizadas en estos días de intensa actividad será puesto en conocimiento de la Comisión cuando ésta se reúna en pleno en su próximo período de sesiones, en el curso del mes de septiembre próximo, a fin de que adopte una decisión sobre el curso de acción a adoptar.

Sin perjuicio de lo señalado, la Comisión Especial considera necesario compartir con la opinión pública peruana ciertas observaciones preliminares.

En primer término, la experiencia recogida en esta visita permite a la Comisión Especial reafirmar la importancia que reviste el mantenimiento y fortalecimiento del régimen democrático de gobierno para la vigencia de los derechos humanos.

En tal sentido, la Comisión Especial debe manifestar su profunda preocupación por el persistente recurso al terror y la violencia indiscriminada como instrumentos para dirimir los conflictos sociales y políticos, que ciertamente amenaza la consolidación del régimen democrático e impide el desarrollo económico, sustentos de la vigencia plena de los derechos humanos.

La exacerbación del conflicto y de los métodos violentos escogidos para dirimirlo ha conducido a una preocupante situación que afecta derechos fundamentales como son el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. La dinámica desatada corre el peligro de conducir a que otros derechos puedan paulatinamente llegar a ser afectados. En ese sentido, la Comisión Especial considera imprescindible revertir las tendencias observadas, tarea que también convoca a todos los sectores políticos e instituciones fundamentales del Perú. Al respecto la Comisión Especial debe manifestar que percibe la urgente necesidad de que las medidas que se adopten para combatir la subversión tengan en cuenta los derechos humanos de la población que podría resultar afectada.

Igualmente la Comisión Especial estima que resulta imperioso poner término a la actividad de grupos irregulares que están agudizando la generalización de la violencia con gravísimos resultados en vidas humanas y afectando las instituciones básicas del país. Ni la pretendida lucha para superar la pobreza y construir un nuevo estado ni la necesidad de hacer justicia por su propia mano pueden justificar, en circunstancia alguna, el recurso al asesinato selectivo, a la ejecución sumaria, a la destrucción de la infraestructura productiva, a la tortura, a la desaparición forzada de personas o al empleo del terror como instrumento de control social.

La Comisión Especial manifiesta su agradecimiento al Gobierno y pueblo peruanos por las facilidades que le concedieran para realizar sus actividades y por la colaboración recibida durante la visita realizada. Al hacerlo debe manifestar su esperanza que las relaciones establecidas se fortalezcan y profundicen en el futuro cercano con miras a lograr una cada vez mayor vigencia de los derechos humanos, que es la base sólida sobre la que se sustenta toda convivencia social.

Lima, 12 de mayo de 1989