|
CAPÍTULO
III
EL
DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD PERSONAL E INTEGRIDAD PERSONAL1
A.
CONSIDERACIONES GENERALES
1.
Los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad personal
son los más fundamentales de todos los derechos humanos.
Como manifestó un editor: “De ellos dependen todos lo demás y sin
ellos, poco o nada valen los demás”.2
Estos
derechos están protegidos por el Artículo 3 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y el Artículo I
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos están estipulados en
los Artículos 4, 5 y 6. Estas
disposiciones de la Convención Americana forman parte de la legislación
nacional de Haití.
2.
Los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad personal
en Haití, han estado en peligro. Para
muchos haitianos, la era Duvalier representó la ausencia del estado de derecho
y, consecuentemente, el desagravio por la violación de estos derechos no podría
ser apelado dentro del sistema judicial interno.
Puede considerarse que el Consejo Nacional de Gobierno (CNG), a pesar de
los incipientes, y ambiguos, intentos de someter a la justicia a algunos altos
ex funcionarios, ha protegido a los duvalieristas.
Con la constitución de 1987 se intentó erradicar a los duvalieristas de
la vida política de Haití por un
período de diez años pero la masacre del 29 de noviembre de 1987 y el
derrocamiento del Presidente Leslie Manigat demostraron que el gobierno militar
está dispuesto a proteger a los duvalieristas en su cronograma político.
3.
Las violaciones de los derechos humanos y la represión
institucionalizada durante el régimen de François Duvalier (Papa Doc)
fueron notorias.3
Las matanzas
ocurridas en Haití no causaron indignación en el ámbito internacional.
Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturas no
existían. Haití ha sido
considerado el caso perdido del continente y muchos organismos internacionales
la han comparado más con naciones africanas que americanas.
La consecuencia, en términos humanos, ha sido el éxodo de casi un millón
de haitianos que componen la “diáspora”, como la llaman los haitianos a su
población en el exilio. Durante
los años de dictadura, muchos de estos haitianos asumieron cargos importantes
en los gobiernos de países africanos nacientes.
En un momento dado se estimó que eran alrededor de 1.000 los haitianos
que ocupaban cargos oficiales en el Congo.4
Dado que la población de Haití no llega a los seis millones, la relación
del gobierno más la diáspora es de gran importancia, especialmente porque
entre esos exiliados se encuentra un importante sector de la gente educada del
país. El éxodo de haitianos, en particular el fenómeno de los que se lanzaban
al mar en botes, constituye un barómetro útil para medir el clima político.
El número de solicitudes de visados para los Estados Unidos en 1986 fue
tres veces mayor que el registrado en 1987, lo que indica la desilusion y la
desesperación de la población ante una nueva dictadura.5
4.
La caída del Presidente Vitalicio Jean-Claude Duvalier, el 7 de febrero
de 1986, creó grandes expectativas en torno al fin de la era Duvalier.
Los haitianos consideraron el 7 de febrero de 1986 el día de su segunda
independencia y “Haiti Libéree” se convirtió en la expresión pública del
momento, reproducida en las paredes, camisetas y hasta en el nombre de uno de
los diarios. Pero implícita en
esta liberación se encontraba la predecible demanda de justicia mezclada con
venganza. El llamado a dechoukaj,
es decir, a la erradicación, significaba el deseo de extirpar el duvalierismo.
5.
Ya el 20 de marzo de 1986, el Sr. Gérard Gourgue, el miembro más
popular del CNG, y también Ministro de Justicia, por haber sido el único
miembro del nuevo gobierno en oponerse activamente a Duvalier, renunció a modo
de protesta porque el CNG no satisfacía las demandas de justicia del pueblo
haitiano. A los colaboradores de
Duvalier, como el General Albert Pierre, conocido como Ti Boulé, jefe de
la policía secreta, se les había permitido exiliarse subrepticiamente.
Estos sucesos fueron discutidos en detalle por la Comisión en su Informe
Anual 1985-1986. Sin embargo, tanto
entonces como ahora, preocupa más a la Comisión el hecho de que el CNG no ha
sometido a la justicia a los responsables de los numerosos asesinatos ocurridos
el 7 de febrero de 1986.
a.
Violaciones al derecho a la vida y fracaso del gobierno en investigar y
castigar a los responsables
6.
Entre 1985 y 1987 hubo numerosos asesinatos, cuya intensidad creció en
el período que culminó con las elecciones presidenciales y legislativas del 29
de noviembre de 1987. El último
período del gobierno del Presidente Manigat, desde aproximadamente mediados de
abril hasta el 20 de junio de 1988, fecha del golpe, también estuvo
caracterizado por una ola de violencia –asesinados, robos armados, secuestros
y tiroteos nocturnos en distintos lugares, pero de rutina, cuyos resultantes cadáveres
se encontraban en las calles al día siguiente- violencia que cesó al asumir el
poder los militares.
7.
En un informe sobre la índole ejecutoria de los asesinatos se declaraba
que:
De
acuerdo con los registros oficiales del hospital estatal, durante un período de
dos semanas, entre mediados de abril y comienzos de mayo de 1988, ingresaron 17
cadáveres después de los tiroteos habidos.
Cabe señalar que esta cifra no incluye ni las personas que fallecieron
de heridas de bala después de ser admitidas en el hospital, ni los cuerpos que
fueron trasladados por sus atacantes después de ser baleados ni aquellos que
fueron sacados de sus casas, por la noche, por civiles armados y jamás han
vuelto a ser vistos.
Poco
se sabe de los asesinados, y menos de los asesinos.
Pero las muertes perpetradas a modo de ejecución dieron pie a la
sugerencia de que podrían tener carácter políticos o constituir ajustes de
cuentas pendientes y de viejas enemistades.6
8.
No fue sino hasta hace poco que grupos locales de derechos humanos
comenzaron a compilar datos precisos sobre el número de muertes ocurridas
mensualmente y los nombres de las víctimas, pero no se dispone de esos datos
para el período que se considera en este informe.
El Sr. Robert Duval, Jefe de la Liga de Ex Prisioneros Políticos de Haití
(LAPPH), testificó en marzo de 1988 ante la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU que la Liga estimaba que desde el 7 de febrero de 1988, unos 1.500
ciudadanos habían muerto a manos de las Fuerzas Armadas y los Macoutes.7
9.
Según se informa, algunas víctimas de las matanzas fueron Macoutes
relacionados con militares que estaban saldando cuentas, y otras, personas
seleccionadas por haber participado en las operaciones de dechoukaj.
La prensa informó sobre el siguiente caso:
Un
cuerpo encontrado el 1 de abril de 1988 en la Ruta 1, cerca de Laffiteau, resultó
ser el de Jean Richard Alphonse, de 25 años, residente del barrio de Fontamara.
Alphonse había sido líder de un grupo que, en noviembre de 1987, se vio
implicado en el dechoukaj de la casa de Lafontaine Dominique, muy
conocido duvalierista y sacerdotes vudú. Durante
el incidente había resultado herido un oficial de un cercano destacamento
naval.
Justo
antes de su muerte, Alphonse había recibido la solicitud de personarse en la
base naval, solicitud que cumplió pero nunca regresó a su hogar.
Un
amigo de Alphonse, Charles Edouard Desgrottes, junto con otros dos amigos,
Adrien Berthol y Jean Fleurant, fueron detenidos por la brigada de
investigaciones criminales en relación con el asesinato de Alphonse.
Desgrottes
fue puesto en libertad dos semanas después, y se refugió de inmediato en Nueva
York, pero Berthol y Fleurant permanecen detenidos sin habérseles acusado de
ningún crimen.
Aunque
Desgrottes admite que Alphonse, Berthol y Fleurant participaron en el saque de
la casa de Lafontaine, negó haber tenido nada que ver con la muerte de
Alphonse, aduciendo que unos macoutes relacionados con los militares
estaban haciendo ajustes de cuentas y matando a quienes habían participado en
la operación de dechoukaj.8
10.
La índole política de esta ola de violencia queda demostrada por el
hecho de que las autoridades militares pueden comenzarla o pararla.
La campaña de terror que caracterizó al período que culmino con las
elecciones del 29 de noviembre de 1987, incluido el mismo 29, contrasta
marcadamente con la ausencia de violencia durante el período que culminó en
las elecciones del 17 de marzo de 1988, incluido el mismo 17.
Durante ambos períodos, el gobierno era militar pero, en el primero, el
terror sirvió para que los militares alcanzaran su objetivo de cancelar las
elecciones. De igual manera, tan
pronto como el Presidente Manigat dejó de servir los propósitos de los
militares, nuevamente se desató una campaña de terror para desestabilizarlo, y
una vez que el Presidente Manigat hubo sido derrocado, el terror cesó.
Con excepción del controvertido arresto hecho por el Coronel Jean-Claude
Paul en mayo de 1988, de once individuos (diez militares y un civil) supuestos
integrantes de los escuadrones de la muerte, nadie ha sido arrestado por actos
cometidos en estas campañas de terror. Tampoco
se sabe cuál ha sido el destino de esos once individuos.
11.
La Comisión, durante las conversaciones mantenidas con el General de
División Williams Regala, Ministro del Interior y Defensa Nacional, durante la
visita de agosto de 1988 a Haití, mencionó el asunto de los escuadrones de la
muerte, el estado de inseguridad y la aparente impunidad otorgada a los
terroristas. El General Regala negó
que fueran los macoutes quienes perpetraban esos actos de terror y expresó
que quien visita Haití puede sentirme más seguro en las calles de Puerto
Principe que en las de Nueva York, Washington, D.C. o Kingston, en Jamaica.
A juicio del Ministro, los militares garantizaban la seguridad de la
población y Haití se encontraba entonces en calma. La seguridad de la Comisión, dijo, estaba garantizada.
La Comisión le recordó que había ofrecido las mismas garantías justo
antes de las elecciones del 29 de noviembre de 1987.
12.
El hecho de que el CNG no haya investigado y castigado a las personas
responsables de estas muertes ocurridas con la impronta de los escuadrones de la
muerte ha sido una preocupación constante de la Comisión y la conduce a
concluir que esos escuadrones operan por la impunidad que les conceden los
militares. A continuación se
discuten ciertos casos presentados a la Comisión y sobre los cuales del
Gobierno de Haití ha respondido. Se trata de muertes ocurridas durante el período del primer
gobierno militar, 1986-1988, el CNG y durante el lapso en el que el Gobierno no
hizo investigaciones o, si las hizo, no encontró a los responsables.
Martissant
13.
La Comisión declaró en su Informe Anual 1985-1986 que:
El
19 de marzo de 1986 cinco civiles resultaron muertos de bala por miembros de una
tropa “élite” del ejército, denominada Leopardos, y 48 horas más tarde
dos personas murieron durante la realización de una manifestación pacífica.
El 26 de abril 6 civiles resultaron muertos por agentes de seguridad y 48
heridos, muchos de ellos de gravedad, durante una celebración de ex presos políticos
de Fort Dimanche. La Comisión no ha tomado conocimiento de que estos actos,
cuya responsabilidad ha sido atribuida a las fuerzas de seguridad, hayan sido
investigados.
14.
En cuanto concierne a las muertes ocurridas en Martissant el 19 de marzo
de 1986, la Comisión abrió el caso Nº 9699 y solicitó del Gobierno de Haití
que le proporcionara cualquier información que juzgara adecuada.
El Gobierno respondió lo siguiente:
El
conductor de un vehículo de transporte público, llamado Jean-Claude Roc,
provocó un atasco de transito en la ruta a Martissant por querer, ilegalmente,
adelantarse al coche del Capitán del Ejército Lyonel D. Sylvian. De conformidad con el Artículo 31 del Manual de Justicia y 6
– 3 de los Reglamentos de las Fuerzas Armadas, el Capitán estaba autorizado a
desempeñar las funciones un oficial de policía. El conductor habiéndose negado a aceptar las órdenes
impartidas por el Capitán y habiéndolo insultado, era responsable, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el Artículo 51 del Decreto 4 de abril de
1979 sobre el tránsito de vehículos. La
oposición de la gente presente al arresto del conductor, su agresión contra el
militar utilizando palos, piedras y otras armas improvisadas y la reacción del
militar causaron:
1.
Dos muertes y tres heridos en el bando civil
2.
La hospitalización de 7 militares
3.
Daños a los vehículos, de los cuales uno era una ambulancia
15.
Este caso ilustra el alto grado de frustración social y de animosidad
sentido contra los militares en Haití a sólo un mes de haber abandonado el país
Jean-Claude Duvalier. Asimismo, el
Gobierno desconfía de la población civil y favorece a los militares en cuanto
se refiere a adjudicar responsabilidades acerca de las muertes.
16.
La Comisión tuvo muchas oportunidades de hablar con militares durante su
visita en agosto de 1988. En esas
conversaciones se puso de manifiesto que los miembros de las Fuerzas Armadas se
consideran superiores a los llamados líderes políticos, quienes, a sus ojos,
carecen de seguidores y de apoyo popular. También
fue evidente que los militares se sintieron amenazados por la campaña de rache
manyiok (solicitando el derrocamiento del CNG durante el verano de 1987) y
que no volverían a permitir que las circunstancias alcanzaran un grado de
amenaza tal que pudieran quitarles el poder.
el comandante de un centro de detención expresó su desprecio por los
grupos de derechos humanos y la prensa, indicando que las víctimas de varios
asesinatos atroces habían sido elevadas al nivel de mártires por estos grupos
cuando, en realidad, éstas habían sido responsables de delitos peores.
Los grupos de derechos humanos eran claramente sospechosos para estos
militares y, en algunos casos, aunque ambiguamente, los tomaban como enemigos.
El
Sr. Charlot Jacquelin (Caso Nº 9784)
17.
En 1986, el caso de la “desaparición” del Sr. Charlot Jacquelin,
maestro de la campaña de alfabetización MISYON ALFA de la iglesia Católica,
fue puesto en conocimiento de la Comisión.
18.
El caso fue presentado a la Comisión en octubre de 1986, abriendo la
Comisión de inmediato el expediente con el número 9784.
Se informó a la Comisión que el Sr. Charlot Jacquelin había sido
arrestado el 18 de septiembre de 1986 en su casa particular, situada en Cité
Soleil. Dos individuos, uno vestido
de civil y el otro luciendo el uniforme caqui del ejército, entraron a su casa
a eso de las 22 horas, mientas dos oficiales de policía, vistiendo el uniforme
azul, montaban guardia afuera. El
Sr. Jacquelin fue sacado de la cama, ordenado a vestirse y conducido a la
comisaría local de Cité Soleil y se dice que, posteriormente, ocho oficiales
de policía fueron a buscarlo y lo llevaron a un destino desconocido.
Desde entonces se desconoce su paradero.
19.
En el transcurso de la visita realizada en enero de 1987 a Haití, la
Comisión pudo confirmar que había habido varios testigos oculares del arresto
del Sr. Charlot Jacquelin y que una multitud había seguido a las autoridades
que lo conducían a la comisaría de Cité Soleil.
Las autoridades, a modo de respuesta, lanzaron tiros al aire para
dispersar al grupo que, de hecho se disolvió.
20.
Otro testigo ocular alegó haber visto que el Sr. Jacquelin escoltado por
ocho soldados, era sacado de la comisaría de Cité Soleil en un jeep
verde, reconocido como el jeep que normalmente viaja de la comisaría a
Fort Dimanche.
21.
Otro testigo atestiguó que el arresto obedeció a dos razones.
Cuando hay un ataque contra los militares o la policía –y la misma
semana del arresto del Sr. Jacquelin había habido uno contra la comisaría
local- las autoridades arrestan a una gran cantidad de personas como
“venganza” o “para quitarles dinero”.
Este testigo manifestó que toda persona arrestada debe pagar dinero para
salir en libertad y el arresto le permite a las fuerzas de seguridad extorsionar
a la familia de los arrestados. En
consecuencia, afirmó el testigo, “una muerte ocurrida en un barrio puede
permitir que el gobierno obtenga $10.000, extorsionando a 100 personas mediante
el ofrecimiento de protección obligada”.
22.
El Gobierno de Haití respondió a la solicitud de información que sobre
este caso le hiciera la Comisión, declarando que “Charlot Jacquelin jamás
había sido arrestado por la policía”, a pesar de los numerosos testigos
oculares del hecho. La Comisión no
ha recibido información adicional sobre este caso a pesar de que el Gobierno
expresó su intención de investigar los hechos conducentes a esta desaparición.
Las
muertes ocurridas en 1986-1987
23.
En su Informe Anual 1986-1987, la Comisión analiza nuevamente el
creciente estado de violencia generalizado en Haití y los ataques sistemáticos
al derecho a la vida. En el, la
Comisión destaca la incapacidad del gobierno militar de poner fin a la
violencia que constituía una amenaza para el proceso democrático y, en
particular, para el movimiento de los candidatos por todo el país en la
realización de sus campañas políticas. La
Comisión declara en ese Informe:
En
lo que se refiere a las violaciones al derecho a la vida ocurridas desde la
aprobación del último Informe Anual de la Comisión, cientos de personas habrían
muerto en manos de agentes de las fuerzas armadas a partir del 29 de junio de
1987. Asimismo, cientos de personas
habrían resultado heridas. Informaciones
procedentes de la Comisión Gubernamental de Investigación de Haití dieron la
cifra de 255 muertos en el pueblo de Jean Rabel.
Por su parte, la prensa haitiana ha informado recientemente que en las
calles de Puerto Principe la aparición de cadáveres en las calles se ha
tornado una práctica rutinaria. La
Comisión considera que Haití vive en la actualidad en un estado de violencia
generalizado.
El clima de violencia se manifiesta en el
hecho de que la población de Puerto Principe no sale a la calle después de las
9 de la noche. Tanto personas como
vehículos son atacados, especialmente en los barrios populares de Bolosse, Cité
Soleil y Ber Air de la capital. En
la mañana del 2 de septiembre de 1987, por ejemplo, fueron encontrados los
cuerpos de Rony Ambroise y Frequenz Charles, acribillados a balazos. Un testigo ocular declaró que habían sido sacados de sus
hogares durante la noche por la policía, muertos y sus cuerpos arrojados en una
ruta hacia el aeropuerto. La Comisión
ha sido informada de que la aparición de cuerpos en las calles de Puerto
Principe se ha tornado un espectáculo rutinario.
Este clima de violencia ha afectado el panorama político del país.
Aunque las elecciones están fijadas para el próximo mes de noviembre,
ningún candidato osa organizar una campaña electoral y viajar a las provincias
desde que le dieron muerte a Louis Eugene Athis, a principio del mes de agosto
próximo pasado, durante un encuentro político.
El 3 de agosto, Louis Eugene Athis, de 46 años, fundador y coordinador
general del Movimiento Democrático para la Liberación de Haití (MODEHL) fue
asesinado junto con dos de sus compañeros, Oscar Dorgevil y François Jean.
Athis había viajado a Leogane, un pueblo a 20 millas de distancia de
Puerto Principe, a los efectos de participar en un encuentro político. Athis había escrito al comandante de la región con dos
semanas de antelación solicitando protección.
Un grupo de personas armadas con machetes, picos y piedras, los atacó a
pedradas y machetazos hasta darles muerte acusándoles de comunistas.
Otro acompañante, Dominique Mercena, fue golpeado en la cabeza, los
brazos y la pierna izquierda, pero escapó y pudo atestiguar los hechos.
La Comisión ha tenido conocimiento de que los cuerpos de Athis y sus
compañeros fueron rociados con gasolina y prendidos fuego.
Athis, quien había fundado su partido en 1964 en la República
Dominicana, había sido un activo defensor de los derechos humanos de los
braceros haitianos quienes cortaban caña de azúcar en ese país.
También había sido una de las personas que más contribuyeron al
surgimiento del centro democrático en Haití que hoy cuenta con importantes
candidatos presidenciales como Dejoie, Manigat y Bazin.
Su muerte puede ser interpretada como una señal dirigida a los políticos
de Haití y ha tenido como resultado que sean muy pocos en el país quienes estén
conduciendo una campaña política.
En conclusión con respecto al derecho a la vida, en relación a los
actos de violencia imputados a autoridades del gobierno, la Comisión ha
recibido, en general, información del Gobierno de Haití exonerando a sus
agentes de toda responsabilidad. La
convicción y sentencia del oficial de las fuerzas armadas Robes Metellus por la
muerte de un obrero del transporte, Jules Louis, constituye una excepción a lo
anterior, aunque debe señalarse que los trabajadores del transporte hicieron
una huelga de cinco días, en noviembre de 1986, para asegurar que Metellus sería
injuiciado.
24.
En cuanto se refiere al caso del Sr. Louis Eugene Athis, a pesar de que
uno de los testigos oculares vivió para contar este brutal triple asesinato,
nadie, hasta la fecha, ha sido sometido a la justicia.
El chef de section9 de esta área fue detenido a fin de ser
interrogado acerca del crimen pero después fue puesto inesperadamente en
libertad. El aparato judicial se ha
mantenido mudo, nadie ha sido investigado ni acusado.
En cuanto al sistema legal de Haití se refiere, pareciera no haberse
cometido ningún crimen.
25.
Es ahora evidente que el clima de temor generalizado de Haití era creado
sistemáticamente por el gobierno militar y las fuerzas auspiciadas por éste.
La diaria aparición de cadáveres en las calles constituye un mensaje
potente a la población para que no desafiara ni a las autoridades ni al status
quo. La incapacidad del
gobierno de investigar estas muertes y conducir a algún responsable ante la
justicia concede impunidad a los perpetradores y evidencia la complicidad del
gobierno en estos actos.
Las
muertes ocurridas los días 28 y 29 de noviembre de 1987
26.
Las muertes ocurridas los días 28 y 29 de noviembre de 1987 fueron
necesarias para que el CNG rescatara el control del proceso electoral de manos
del Consejo Electoral Provisional. El
3 de diciembre de 1987, el CNG creó una Comisión Investigadora Especial
destinada a investigar los hechos ocurridos en las elecciones del 29 de
noviembre (véase el capítulo II). Esta
Comisión, integrada por Luc Michel (presidente), Ives Decady, Ivan Richard
Maurasse, Lous Thony Fils (coronel), Fritz Coudet (coronel) y Ulrick Noel,
sometió ostensiblemente su informe a las autoridades el 15 de enero de 1988,
aunque no se dio a publicidad en esa fecha.
Radio Metropole anunció el 4 de abril de 1988, que la Comisión había
emitido su informe.
27.
El Informe de la Comisión Investigadora Especial tiene 25 páginas y es
el primero de su género con apariencia de seriedad.
El mandato de este cuerpo era examinar las causas y las circunstancias en
torno a los hechos acaecidos el 29 de noviembre de 1987 e identificar a sus
autores.10
28.
La Comisión cumplió su mandato entrevistando a testigos tanto en Puerto
Principe como en las provincias, visitando el hospital de la universidad estatal
para hablar con las víctimas de la masacre ocurrida en la fecha en cuestión,
entrevistándose con líderes políticos para escuchar sus puntos de vista sobre
la situación nacional y visitando el hospital de Canapé-Vert.11
29.
El informe en particular en cuanto a su voluntad de criticar las fuerzas
Duvalier-Macoutes y a su análisis de las causas y circunstancias que rodearon
los sucesos citados pero su examen de las fuerzas envueltas obedece al implícito
mandato gubernamental de no implicar a los militares.
En cuanto se refiere al Ejército, en el se dice:
El Ejército no participó en la contienda por el poder puesto que no
tiene ambiciones políticas…12
30.
En cuanto concierne al papel de los duvalieristas dice:
Los duvalieristas, por ser los herederos de la conquista revolucionaria
de 1946, están decididos a conquistar el poder…13
31.
En el Informe se declara que es imposible identificar a los autores
individuales de los actos de violencia y sabotaje.
En muchas provincias, muchos de ellos eran individuos procedentes de
otras regiones y la mayoría tenía puestas máscaras para proteger la
identidad. Además, “la estrategia adoptada por los autores de los actos de
violencia y sabotaje, objeto de la presente investigación, parece haber sido la
de no dejar pista alguna.14
32.
El informe atribuye responsabilidad al Commissaire de Gouvernement cuya
tarea consiste en investigar los delitos cometidos; a la Policía, por no haber
establecido un cordón de seguridad; al Ministerio de Información y Coordinación,
por no haber elevado el nivel educativo de las masas mediante programas sobre
educación cívica; a las Autoridades Públicas, por no haber tenido una política;
y, por último, al Consejo Electoral Provisional, por haber permitido la
injerencia de poderes extranjeros en los asuntos internos y por no haber
reconocido “la imposibilidad de realizar estas elecciones antes de la masacre
que tuvo lugar en la calle Vaillant.15
33.
El Informe concluye que es posible creer que (il est permis de croire)
las fuerzas Duvalier-Macoute hayan sido las autoras de estas atrocidades.
No obstante, intenta justificar los actos atribuyéndolos a la defensa
propia, al decir que:
Decapitados, acosados, perseguidos y quemados vivos después del 6 de
febrero de 1986 y, ante la inminente resurgencia de tales actos después de los
resultados de las elecciones de noviembre pasado, como consecuencia de su
voluntad de vivir, los macoutes, se encontrarían obligados a defenderse.16
34.
En lo que se refiere a la acusación de que también habían participado
fuerzas integradas por macoutes y soldados del ejército, en el informe
se expresa que no es posible “establecer que las fuerzas integradas por
macoutes y soldados estuvieran implicadas en los actos de noviembre”, aunque
se evita una negativa categórica explicando que es “inapropiado acusar al Ejército
en general, a pesar del continuo conflicto entre éste y el CEP, de la violencia
electoral de la cual son culpables algunos elementos cuya identificación ha
sido muy difícil.17
35.
La Comisión concluye que no ha podido identificar a los culpables porque
los testigos, tales como los miembros del CEP, se negaron a testificar ante la
Comisión, y las víctimas, temiendo represalias, rehusaron decir la verdad.
Dado que dos coroneles formaban parte de la Comisión Investigadora, es fácil
entender la reticencia de los miembros del CEP y de las víctimas.
La Comisión Investigadora expresa en su informe que aunque no ha podido
identificar a los culpables de forma individual, si ha podido identificarlos
“colectivamente” y pide al Commissaire du Gouvernement que investigue
y castigue estos crímenes.18
36.
Esta raza traza de “legalismo” endosando el problema al Commissaire
du Gouvernement, está en curiosa contradicción con anteriores conclusiones
contenidas en el Informe acerca de que el sistema judicial había sido “pusilánime
e impotente” en cuanto a someter a la justicia a los participantes en el dechokaj
que quemaron vivos a conocidos macoutes.
37.
En el Informe se recomienda que la investigación quede abierta y que se
compense a aquellas personas que sufrieron daños materiales y físicos el 29 de
noviembre de 1987.
38.
Durante la visita de agosto de 1988 a Haití, la Comisión hizo al
Ministro de Justicia algunas preguntas relacionadas con ciertas conclusiones y
recomendaciones contenidas en ese Informe, en particular, con las causas por las
cuales no se había procesado a los responsables de las muertes ocurridas el 29
de noviembre y acerca de sí se había instituido alguna política de compensación
para las víctimas y sus familiares que hubieran sufrido daños materiales
corporales en los sucesos del 29 de noviembre.
El Ministro respondió que no se habían iniciado procesos contra los
perpetradores de las muertes y otros actos de violencia el día de las
elecciones porque el Ministerio “no puede encontrar a las víctimas”.
En lo que concierne a la política de compensación, el Ministerio no había
visto el Informe de la Comisión Investigador ay no estaba familiarizado con sus
recomendaciones. El Sr. Ivan
Richard Maurasse, Presidente del
Departamento de Detenciones del Ministerio de Justicia estaba presente en la
reunión de la delegación de la Comisión con el Ministro de Justicia, por lo
cual pudo preguntársele cómo era posible que un miembro del Ministerio de
Justicia que también había sido miembro de la Comisión Investigadora, no
hubiera comunicado los resultados de ese Informe al Ministro de Justicia.
El Sr. Maurasse respondió que la Comisión Investigadora había sometido
su Informe al CNG y que este no lo había
comunicado aún a los ministros respectivos.
La delegación de la CIDH le proporcionó al Ministro su ejemplar de ese
Informe, el cual se hizo una fotocopia. La
delegación preguntó al Ministro si él daría su apoyo a una política de
compensación para las víctimas de la violencia registrada el 29 de noviembre,
respondiendo el Ministro que el asunto no era de su competencia.
39.
En el Informe también se recomiendan algunas medidas radicales para
tratar los problemas de seguridad, a saber, que “la Policía tome medidas enérgicas
y apropiadas a fin de eliminar a toda persona perturbadora del orden público, o
susceptible de perturbarlos, y de desmantelar los reconocidos centros donde se
engendra el crimen, que sirven como medio de cultivo para la conducta
antisocial.19 Esta recomendación constituye, a todas luces, una carta
blanca para las autoridades a fin de que puedan eliminar toda reunión de grupos
de obreros sindicalizados, estudiantes, trabajadores de órdenes religiosa, y
otros similares, que están contra el gobierno.
Otra medida excesiva contenida en el Informe es la que recomienda la
realización de “registros periódicos” en todo el país para localizar o
incautar armas ilegales.20
Los
registros hechos no se han ajustado a las disposiciones pertinentes de la
Constitución de 1987 (infra).
40.
Si bien el Brigadier General Hérard Abraham, Ministro de Relaciones
Exteriores, estado vestido de civil cuando se reunió con la delegación de la
CIDH, en agosto de 1988, el Ministro de Justicia Brigadier General Fritz
Antoine, lucía uniforme. El Ministro de Justicia relató a la Comisión sus esfuerzos
por mejorar la administración de justicia en Puerto Principe y en las
provincias, entregándole copias de dos discursos pronunciados el 26 de agosto
de 1988, uno en Saint-Marc y el otro en Gonaivez, en los que solicita de los
funcionarios del Ministerio de Justicia en la región de Artibonite que sirvan a
la ley y la justicia, diciendo: “Es hora de que la justicia haitiana sea
transparente en todos los niveles de nuestras instituciones judiciales”.
El Ministro de Justicia manifestó que piensa visitar las 15
jurisdicciones judiciales del país y que dada la “violencia endémica” de
la región de Arbonite, el Teniente General Namphy piensa poner fin a las
“bajezas de ciertos funcionarios y agentes del Ministerio de Justicia” de
modo que vuelva a reinar la paz en la región.
41.
En realidad, como se comenta detalladamente en el Capítulo IV (infra),
el Gobierno del Presidente Manigat destituyó al Capitán Ernst Ravix del cargo
de Comandante del distrito de St. Marc, en la región de Arbonite, y después de
derrocado Manigat, el Teniente General Namphy lo reintegró a ese cargo.
Lo mismo sucedió con el Suboficial Gabriel Finasse, quien después de
derrocado Manigat fue reintegrado a su cargo de Comandante del Subdistrito de
Thomonde.
42.
En Resumen, la Comisión es de la opinión que para el Ministerio de
Justicia mejore la administración de la justicia en Haití, el sistema judicial
debe ser desmilitarizado. Al presente, el Ministro de Justicia pronuncia discursos
relativos a sus buenas intenciones de hacer una purga en los niveles bajos del
funcionariado del Ministerio de Justicia mientras los comandantes militares de
esas regiones, cuyas poblaciones los consideran “tiranos”, son reintegrados
a sus cargos y continúan aterrorizando a los habitantes.
Para que la tarea de las comisiones investigadoras tenga algún
significado, sus conclusiones deben ser comunicadas a los ministerios
pertinentes a fin de que tomen las acciones apropiadas.
43.
Es difícil no llegar a la conclusión de que estas medidas de
“reforma” se toman para apaciguar la opinión internacional y no por un
verdadero interés en mejorar la situación.
El
asesinato del Sr. Lafontant Joseph (Caso Nº 10.209)
44.
El 11 de julio de 1988 se encontró el cuerpo del Sr. Lafontant Joseph
detrás del volante de su coche, cerca de la ruta que conduce al aeropuerto
internacional. El Sr. Joseph, de 54
años, era un destacado abogado en cuestiones de derechos humanos que había
defendido a las figuras políticas de la oposición, arrestadas durante los dos
años de gobierno del CNG. Su asesinato es el primer ataque aparentemente político
ocurrido desde el golpe militar del 20 de junio de 1988 y el primer asesinato de
un individuo cuyo nombre consta en una lista de condenados a muerte a manos de
los escuadrones de la muerte.
45.
Esta supuesta lista fue entregada a la Comisión durante su visita de
agosto de 1988. Está fechada el 25
de mayo de 1988 y su título, en créole, es: “OPERASYON BALEWOUZE TOUT
KOMINIS ANACHIS MACHAN’N PEYI” (OPERACIÓN LIMPIEZA DE TODOS LOS COMUNISTAS
Y ANARQUISTAS QUE ESTÁN VIENDIENDO EL PAÍS).
La lista consta de 164 nombres, aunque en algunos se incluye también a
la familia, como, por ejemplo “XX, su esposa e hijos” (XX, sa femme et
enfants). En vista de que ciertos ministros han dicho desconocer esta lista, se
la publica para alertar a las autoridades competentes a fin de que protejan a
las víctimas potenciales:
Jean Bertrand Aristide
Antoine Adrien
William Smarth
Jean-Marie Vincent
Liliane Pierre-Paul
Willy Romulus
Anthony Pascal (Konpé Filo)
Vénel Rémarais
Thony Bélizaire
Marcus Plaisimont
James Rosefort
Ardy Jean-Gardy
Jean Max-Blanc
Marie Laurence Lassèque
Ben Dupuis
Evans Paul (Konpè Plim)
Jean Dominique
Jean-Robert Aupont
Dominique Levanti
Konpè Moloskòt
Hailé
Alix Damour
Suzy
Castor
Claudette Wourley
Joseph Senat
Georges Honorat
Odette Fonbrum
Gladys Lauture et son mari
Mme. Lina MacNally et son mari
Yves Déjean-Los
Michel Soucar
Rénald Trouillot
Jean Claude Pierre-Louis
Cajuste Lexius
Joubert François
Carl Henri Guito
Lafontant Joseph
Joseph Manicy Pierre
Jean-Jacques Honorat
Daniel Narcisse
Eddy Volel
Rose-Marie Biamby-Volel
Michel Hector
Guy Pierre
Max Chancy
Gérard Jean-Juste
Manno Charlemagne
Didier Dominique et Rachelle
Alain Rocourt
Emmanuel Ambroise
Jean Robert Sabala
Michel Roy
Louis Roy
André Arcelin
Chavannes Jean-Baptiste
Jean-Paul Duperval
Elie Cantave
Paul Latortue
Edzer Dprsaomvoñ
Konpè Zòbey
Patrix Dacius
Suzette Fan’m Vanyan
Mme. Cathérine Roley
Joseph Maxi
Paola
Tet. Ansan’m Jean Rabael
Agustin Feneh
Marcel Mondesir
Sylvain Jolibois
Abner François
Cliford Larose
Mésidor Gérard
Jean-Marie Salvant
Jean-Laurent Nelson
Mirabeau Louis
Ogesse St. Jean
Sylvio C. Cluade
Louis Déjoie II
Gerard Gourgue
Marc L. Bazin
Hubert De Ronceray et femme
Luc B. Innocent
Paul Arcelin
Benard
Sançarig, femme et enfants
René Théodore
Max
Bourjolly
Alexandre Azard
Pasteur
Desarmes
Joachin Pierre
Jean
Marie Benoit
Serge Gilles
Victor
Benoit
Jean Claude Bajeux
Félix
Paul
Arnold Antonin
Turneb
Delpé
Gilles Hendrick
François Pierre-Louis
Frantz L. Jean
Jean
Robert Lalane
Paul Déjean
Robert
Duval
Yves Antoine Richard
Gerard
Pierre Charles
Gerard Troussaint
Claude
René
Yves Champagne
Auguste
Mesyeux
Maire-Paul Jeune
Mme.
Lafontant Joseph
Rockfeller Guerre
Idly
Cameau
Blain Kennedy
Jean-Baptiste Hilaire
Gabriel Miracle
Eddy
Jeune
Jonas Pierre-Louis
Yves
Sanon
Lesly Ambroise
Michelle
Montas
Raymond Joseph
Frantz
Jean-Marie
Jude L. Jean-Jacques
Jacques
Pascal-Zet
Ronald St. Jean
Roselaine Gilbert
Rénald Clérismé
Frantz Grandois
Ernst Verdiu
Roméo
– Radio Lumière
Monique Jean Baptista
Maria
Terentia Dehoux
Karline Champagne
Joel
Lorquet
Harry Louis
René
Exumé
Absalon-Radio Centre ville
Robert
Angalde
Clitandre Piedrre
Cajuste
Linhardt
Roger Gaillard
Nègre
Lakay
Duly Brutus
Sincius Deli (Milo)
Dutel Lamour
Carlo
Désinor
Alex Ettiene
Eilson
Désir
Mécène Richemond
Guy
Gilbert
Marc Garcia
Nicole
Magloire
Kyle Richemond
Jacquelin
(Prensa Latina)
Point du jour yves (kamokin nan péyi blanc)
Pasteur
Porris Jean-Baptiste
Gérad Dormévil (Gonaives)
Serge
Jovein
Moises Senatus
Franck
Tomas
Larneck Hurbon
(continúa...)
[ Índice
| Anterior | Próximo ]
1.
El Artículo 4 de la Convención Americana dispone: 1. Toda
persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En
los países que no han abolido la pena de muerte, éste sólo podrá imponerse
por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de
tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena,
dictada con anterioridad a la comisión de delito. Tampoco se extenderá su
aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No
se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En
ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delito político ni comunes
conexos con los políticos.
5. No
se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del
delito tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le
aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda
persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o
la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.
No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté
pendiente de decisión ante autoridad competente.
El Artículo 5 dice: 1.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral. 2.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
3. La
pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los
procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de
personas no condenadas. 5.
cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad
posible, para su tratamiento. 6.
Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la
reforma y la readaptación social de los condenados.
El
Artículo 7 dispone: 1.
Toda persona tiene derecho a la liberta y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y
en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los
Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie
puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda
persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda
persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá
derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad,
sin perjuicio de que continué el proceso.
Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
6. Toda
persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su
arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran
ilegales. En
los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada
de ser privada de su libertad tiene
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste
decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recursos no puede ser
restringido ni abolido.
Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie
será detenido por deudas.
Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente
dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.
2.
Yoram Dinstein: “The Right to Life, Physical Integrity and Liberty”,
en The International Bill of Rights, Ed. Louis
Henkin (1981).
3.
Véase por ejemplo, Bernard Diederich y Al burt:
Papa Doc and the Tontons Macoutes, (edición 1986).
4.
Id. p. 370.
5.
Comunicado de USIS “Procedures à suivre pour l’obtention du visa de
non’immigrant”, en Le Petit Samedi Soir, No. 723, agosto 6-12, 1988.
6.
Jean-Pierre Cloutier: “Crime or politics”, Haiti Times, el
periódico de habla inglesa de Haití, junio, 1988.
7.
LAPPH: Le Militant, No. 8, mayo, 1988.
8.
Véase la nota 6 (supra).
9.
El chef de section en la estructura política de Duvalier era el
jefe del sector territorial más pequeño.
Estos chefs eran elegidos por el propio presidente.
10.
Véase Rapport de la Commission d’Enquête, enero, 1988.
11.
Id.
12.
Id. en p. 6.
13.
Id.
14.
Id. en p. 17.
15.
Id. en pp. 19-20.
16.
Id. en p. 21.
17,
Id. en p. 22.
18.
Id. en p. 24.
19.
Id. en p. 25.
20.
Id.
|
