A.
Consideraciones Generales
1. El Estatuto Fundamental consagra la libertad de conciencia y
religión al establecer que el ejercicio de todas las religiones es libre, y reconocer
como personas jurídicas las iglesias de todos lo cultos, las cuales podrán adquirir y
poseer bienes y disponer de ellos siempre que los destinen exclusivamente a fines
religiosos, de asistencia social o a la educación.2
2. la disposición antes transcrita reemplazó las normas que
consagraban este derecho en la Constitución guatemalteca de 1965. La Constitución
derogada disponía, en su Artículo 66, que se garantizaría la libertad para el ejercicio
de todas las religiones, agregando que toda persona tenía derecho a practicar su
religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el
culto y la observancia, sin más límite que la paz, la moral, el orden público y el
respeto debido a los símbolos patrios. A las asociaciones y agrupaciones religiosas se
les prohibía intervenir en política partidista y militar en dicha política a los
ministros de los cultos.
Por otra parte, la Constitución en su Artículo 67, reconocía como
personas jurídicas a la Iglesia Católica y a las de los otros cultos, las que podrían
adquirir y poseer bienes y disponer de ellos "siempre que los destinaran a fines
religiosos, de asistencia social o de educación". Esta disposición señalaba,
además, que los bienes inmuebles de las iglesias gozarían de exención de impuestos,
contribuciones y arbitrios. Expresaba también que la personería de las iglesias se
determinarían por las reglas de su institución o bases constitutivas; y que el Estado
extendería a la Iglesia Católica títulos de propiedad de los bienes inmuebles que
actualmente y en forma pacífica poseerían para sus propios fines. Se prescribía,
asimismo, que "no podrían ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras
personas, ni los inscritos a favor del Estado, que hubiesen sido destinados para sus
servicios."
B.
La Libertad de Conciencia y Religión en la Práctica
1. En Guatemala los habitantes gozan de libertad para el ejercicio
de la religión de su preferencia y la norma contemplada en el Estatuto Fundamental, en
términos generales, se respeta y acta, aún cuando se suscitaron bajo el Gobierno del
General Ríos Montt delicados problemas en las relaciones entre la Iglesia Católica y el
Estado.
2. La religión católica, es la mayoritaria de la población
guatemalteca. Sin embargo, sus sacerdotes y religiosos han sufrido en el pasado reciente
las consecuencias del clima de violencia que ha azotado a este país en los últimos
años.3 Con la llegada al gobierno del General Ríos
Montt, las dificultades entre la Iglesia Católica y el Estado, inicialmente decrecieron,
y de acuerdo con los testimonios recibidos por la Comisión durante su observación in
loco, las tensiones existentes comenzaron a disminuir, en los sectores urbanos, pero
subsistiendo serios problemas en las llamadas zonas rurales de conflicto.
3. Desde el Golpe de Estado de marzo de 1982, la Comisión no ha
recibido ninguna denuncia sobre el asesinato, secuestro, o tortura de sacerdotes o monjas.
Sin embargo, durante la visita del Papa Juan Pablo II se dio a conocer a la opinión
pública el arresto, tortura y asesinato, en la provincia de Izobol, en el poblado de Las
Canas, del sacerdote catequista Felipe Caal.
4. En la entrevista realizada con prelados de la Iglesia Católica, la
Comisión conoció algunos de los programas que adelantó la Iglesia, entre ellos, la
creación de centros de formación de catequistas (dirigentes religiosos laicos), lo que
ha conducido a la creación en zonas rurales de 70 centros de acción social católica,
cuya misión fundamental consiste en enseñar la religión católica y trabajar en
programas de acción social, en favor de los porbres y las comunidades indígenas.
Estos programas despertaron gran resistencia entre los estamentos
militares de las regiones y los terratenientes, lo que, unido al clima de violencia y
amenaza, dificulta su propósito. Fue debido precisamente al conocimiento de lo anterior
que la Iglesia retiró en 1982 a todos sus religiosos de la zona del Quiché, excepto un
sacerdote que permaneció en Santa Cruz de Quiché, la cabecera departamental.
5. La Iglesia Católica denunció en el mes de mayo de 1982, los abusos
que se venían cometiendo en las comunidades indígenas. En tal sentido, la Conferencia
Episcopal señaló "la masacre de numerosas familias campesinas e indígenas",
en los siguientes términos:
LOS HECHOS
1. Con profundo dolor no hemos enterado y hemos pedido constatar el
sufrimiento de nuestro pueblo por estas masacres, de las cuales ha dado ya información
los medios de comunicación social. Numerosas familias han perecido vilmente asesinadas.
Ni siquiera se han respetado la vida a ancianos, a mujeres encinta ya niños
inocentes.
2. Las consecuencias de esta violencia irracional no pueden ser más
funestas en los sobrevivientes: orfandad, viudez prematura, inseguridad, terror, hambre
debida a terrenos sin cultivo y aldeas destruídas o abandonadas.
3. Tenemos la impresión que al ciudadanía no tiene idea exacta de lo
que significa el número de refugiados dentro y fuera del país, así como la contínua
deserción escolar, tanto de maestros como de alumnos en el interior de la República.
REFLEXIÓN CRISTIANA
Ante este dura realidad, los Obispos de Guatemala nos sentimos
llamados a hacer las siguientes reflexiones:
1. Jamás en nuestra historia nacional se ha llegado a extremos tan
graves. Estos asesinatos se ubican ya en el campo del genocidio. Tenemos que reconocer que
estos hechos son la contradicción mayor al mandamiento divino: "No matarás".
2. "Dios, que mira por todos con paterno cuidado, ha querido que
todos los hombres formen una sola familia y se traten unos a otros con espíritu de
hermanos". (G.S.,24). El más elemental de los derechos humanos es el derecho a la
vida y a la propia integridad física. Si no se respeta, tutela y protege eficazmente este
derecho fundamental, será imposible que los guatemaltecos podamos vivir en un orden
social justo y fraterno, como Dios lo quiere. Hacemos nuestras las palabras del Papa Juan
Pablo II: "Hay que llamar al homicidio por su propio nombre: el homicidio es
homicidio y las motivaciones políticas o ideológicas, lejos de cambiar su naturaleza,
pierden por el contrario su dignidad propia". (Juan Pablo II, Jornada de La Paz, 1 de
enero de 1980)
3. Nos apena que ya haya sectores de extrema derecha e izquierda, que
pretendan justificar el asesinato. Recordamos lo que ya señalábamos el 15 de mayo de
1980 en su comunicado: "Ni el temor al comunismo ni el ansia exasperada de cambiar
las actuales e injustas estructuras, pueden ser pretexto o justificación para asesinar al
hermano". (CEG, 15 de mayo de 1980, 3.2)
4. Siendo Guatemala un país mayoritariamente cristiano resulta
inconcebible que los mismos guatemaltecos se destruyan recíprocamente en un
enfrentamiento absurdo en irracional, pervirtiendo el orden maravilloso querido por Dios
mismo. La verdadera paz --lo hemos repetido ininterrumpidamente en todos nuestros
comunicados y cartas pastorales de los últimos años-- solamente puede ser fruto de la
justicia y del amor. Sería verdaderamente penoso que pudieran aplicarse a nuestra Patria
las palabras del Señor inspiradas al profeta Isaías: "Este pueblo me honra con los
labios, pero su corazón está lejos de mí".
CONCLUSIONES
1. Como guatemaltecos y obispos sentimos la grave obligación de
condenar una vez más la violencia que ha llegado a extremos tan graves, como esta masacre
de campesinos. Esperamos que todo guatemalteco honesto condene estos hechos de
incalificable barbarie.
2. Sintiendo como nuestro el dolor de tantas familias golpeadas
inmisericordemente por esta violencia, pedimos e instamos en el nombre de Dios, que se
respete la vida humana y la integridad física de nuestros campesinos. Pedimos a las
autoridades, encargadas de velar eficazmente por la seguridad de las personas y del bien
común, que se investiguen estos hechos tan dolorosos, evitando que los hechores
permanezcan en la más absoluta impunidad.
3. Pedimos a nuestros feligreses católicos y a todos los hombres de
buena voluntad que contribuyan, con sus actitudes, a crear un clima de verdadera
fraternidad y de efectiva justicia. Creemos que todavía es tiempo de reiniciar un nuevo
camino hacia la convivencia social justa y fraterna, y hacia la paz que todos los
guatemaltecos honestos deseamos. En el momento histórico que nos ha tocado vivir
--cargado de luces y de sombras, de angustias y de esperanza-- confiamos en que una
concepción cristiana de la vida sustituya las ideologías de odio que tanto daño nos han
causado. Esperamos que, a pesar de estos hechos dolorosos, jamás perdamos la esperanza de
saber descubrir el valor del sufrimiento como paso previo a una convivencia de
hermanos.
6. La iglesia, según las informaciones que obran en poder de la
Comisión, ha sido objeto de hostigamiento en el cumplimiento de su misión pastoral,
particularmente en las zonas campesinas e indígenas. Esos mismos documentos señalan que
ministros, monjas y misioneros extranjeros que abandonaron el país durante el gobierno
anterior, en la mayoría de los casos, como único medio para salvar sus vidas, y a pesar
del anuncio gubernamental en contrario, no han recibido permiso para regresar al país, o
bien consideran que aún no existen las garantías para reiniciar su labor pastoral. La
Comisión reconoce la potestad del Gobierno para regular el que el trabajo de los
misioneros radicados en Guatemala, ha sido obstaculizado por las autoridades de
inmigración que solamente conceden permisos para vivir y trabajar por lapsos de tres
meses, manteniendo así también a sus superiores. Cabe señalar que varios miembros de
las órdenes Maryknoll y Jesuíta han sido perseguidos con particular rigor.
C. El Caso de
la Región de El Quiché
1. En el departamento de El Quiché, como se ha mencionado
anteriormente, tan sólo un sacerdote permaneció en su parroquia; ni los religiosos
nativos, ni los extranjeros volvieron a sus conventos e iglesias sino hasta el 5 de enero
de 1983, cuando el Obispo Pablo Uriyar y otros tres sacerdotes recibieron sus oficinas
diocesanas en Santa Cruz del Quiché.
2. Se explicó a la Comisión que lo anterior se debía al ambiente de
terror en que sirven las comunidades religiosas en este departamento, y a lo que, en
opinión de la Comisión, es más grave: al hecho de que muchos de sus templos,
rectorías, conventos y otras propiedades religiosas, han sido incendiadas y a veces
físicamente confiscadas y ocupadas por el Ejército.
A continuación se incluye, a modo de ejemplo, una lista de propiedades
de la Iglesia en el Departamento de El Quiché, ocupadas por el Ejército:
- Chupol - la iglesia ha sido convertida en un cuartel
militar.
- Chichicastenango - la escuela comunal indígena de varones ha sido convertida en
dormitorios militares.
- Santa Cruz del Quiché - el Colegio Rosario que antes tenía las monjas dominicanas, ha
sido totalmente destruido por tropas guatemaltecas.
- Chiche, Chinique y Zacualpa - todas cabeceras municipales; sus iglesias y casas
parroquiales son usadas periódicamente por el ejército guatemalteco, en cuyas manos
están las llaves de dichas propiedades eclesiásticas.
- Jallobah - la casa parroquial actualmente es un cuartel militar. La casa de las monjas
ahora sirve de cárcel.
- San Pedro Jacopilas, San Andrés Sajcabaja y Canillá - el Ejército mantiene las llaves
de las iglesias y casas parroquiales y usa las facilidades periódicamente.
- Sacapulas - la casa parroquial se ha convertido en edificio municipal.
- Cunen - la iglesia y el convento están ocupados por un destacamento
militar.
- San Miguel Ospartán - el centro parroquial de una manzana ahora sirve de cuartel
militar.
- Nebaj - la iglesia, el centro educativo y la casa de las monjas actualmente sirven de
cuartel militar.
- Chajul y Cotzal - lo mismo.
- Ixcan Grande e Ixcan Chiquito - en la zona selvática de El Quiché, casi todas las
capillas, escuelas, cooperativas y clínicas han sido destruidas por el Ejército.
4. La Comisión no tiene conocimiento hasta la fecha de que el Gobierno
haya atendido los reclamos y peticiones de devolución de estas propiedades a sus
legítimos dueños y que, con la seriedad que el hecho demanda, se hubiesen esclarecido
las anteriores denuncias.
D. La Polarización Religiosa
1. La Comisión pudo observar durante su visita in loco en
Guatemala, un fenómeno significativo que ha surgido en el transcurso del último año, el
cual incide en la libertad de conciencia y de religión, y sobre el que ha venido
recibiendo diversas informaciones: la utilización de la religión como elemento de la
confrontación política.
2. De acuerdo con los informes, pareciera que se está produciendo una
polarización de la fe religiosa entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes
tradicionales por un lado y las sectas fundamentalistas, en especial la Iglesia del Verbo,
la cual estaba llegando a ocupar un lugar proponderante en la sociedad guatemalteca. Tal
actitud se reflejaba en la práctica común entre pobladores rurales de escasos recursos,
de convertirse a una u otra secta protestante fundamentalista, por la conveniencia de
demostrar su fe a través de cédulas de identidad.
3. Estrecha relación con lo anterior tiene el establecimiento de los
llamados comisarios militares presentes en los poblados, los que en una porcentaje de
alrededor del 60% o 70% pertenecían a sectas protestantes fundamentalista al igual que la
mayoría de los alcaldes municipales. La práctica de los miembros de las sectas de llevar
consigo cédulas, tenía el evidente propósito de lograr un cierto grado de seguridad
frente a los anteriores funcionarios para la eventualidad de interrogatorios por efectivos
militares. Esto ha conducido, como se anotó anteriormente, al fácil tránsito de una
religión a otra y más por fines de seguridad que de convicción, lo que ciertamente
encierra una amenaza para la tradicional tolerancia de cultos que ha existido en
Guatemala.
4. Obispos católicos expresaron a la Comisión que los comandantes de
las zonas militarizadas concedían permiso para reuniones a las sectas evangélicas pero
no a los catequistas católicos y también que ministros fundamentalistas frecuentemente
motivaban sus sermones con acentuado tono anticatólico. Así, por ejemplo, el Obispo
Mario Enrique Ríos Montt ha sostenido públicamente que esa polarización y manipulación
de los sentimientos religiosos puede tener graves consecuencias en la vida de los
guatemaltecos y podría convertirse en una guerra de carácter religioso más seria que
los conflictos políticos actuales.5
5. La Comisión confía en que el Gobierno adopte una conducta de
absoluta neutralidad y vigile el comportamiento de sus funcionarios subalternos, con el
fin de evitar que se agrave la situación descrita en los numerales anteriores, lo que
ciertamente constituiría una limitante para el ejercicio pleno de la libertad de
conciencia y religión y acentuaría el clima de temor y amenaza con que actualmente se
desenvuelve este derecho.
