CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. Conclusiones
1. A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos
precedentemente, como conclusión general la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señala la alarmante violencia que se ha manifestado en los últimos años en Guatemala,
la que ha sido instigada o tolerada por el Gobierno, el cual tampoco ha adoptado las
medidas necesarias para reprimirla. Esa violencia se ha traducido en un número demasiado
alto de vidas y ha significado un deterioro generalizado de los derechos humanos
establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Si bien el número de víctimas producido por esa violencia ha
alcanzado a todos los sectores de la sociedad –incluyendo a las propias Fuerzas
Armadas y a quienes detentan el poder político y económico—no cabe duda alguna que
ella ha afectado mayormente a los dirigentes de los partidos políticos de la oposición,
a sindicalistas, sacerdotes, abogados, periodistas, profesores y maestros, así como a los
miles de campesinos e indígenas que han sido asesinados.
3. En la gran m mayoría de esos casos, las muertes originadas por esa
violencia se han debido a las ejecuciones ilegales y a las desapariciones practicadas por
las fuerzas de seguridad o por grupos paramilitares de civiles que han actuado en estrecha
colaboración con las autoridades gubernamentales, sin que esas autoridades hayan
procedido a una adecuada y eficaz investigación de la autoría de esos crímenes.
4. Tales ejecuciones ilegales y desapariciones, además de violar
principalmente el derecho a la vida, han creado un clima endémico de total inseguridad e
incluso de terror, lo que ha significado subvertir el Estado de Derecho y, en la práctica
inhibir la gran mayoría de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
5. La generalizada violencia existente en Guatemala ha significado, tal
como se ha expuesto en los diferentes capítulos de este Informe, que los derechos a la
libertad personal, a la seguridad e integridad, a la justicia y al proceso regular, a la
libertad de conciencia y religión, a la libertad del pensamiento y de la expresión, a la
libre reunión y asociación, así como los derechos políticos, se encuentran en los
hechos seriamente afectados y limitados, no obstante el formal reconocimiento que de ellos
hacen la Constitución y las leyes guatemaltecas.
6. Las grandes disparidades socio-económicas existentes entre los
diversos sectores de la población guatemalteca han contribuido, asimismo, a la
generalizada violencia del país. Tales disparidades, entre otros aspectos, se manifiestan
por la notable falta de correspondencia entra las tasas de crecimiento que Guatemala ha
experimentado en los últimos años y la calidad de la vida de aproximadamente la mitad de
la población del país, cuyos derechos económico-sociales –especialmente en lo que
respecta a las necesidades básicas en materia de salud, nutrición y educación—no
han sido realizados.
B. Recomendaciones
En consideración a las conclusiones expuestas, la CIDH formula al
Gobierno de Guatemala las siguientes recomendaciones:
1. Tomar las medidas necesarias para prevenir el acaecimiento de graves
violaciones al derecho de la vida; terminar con la participación y tolerancia de las
autoridades gubernamentales y grupos paramilitares en la violencia y el terrorismo; e
investigar y sancionar con todo el rigor a los responsables de tales actos.
2. Investigar y castigar con todo el rigor de la ley a los responsables
de las ejecuciones ilegales, de las desapariciones, detenciones arbitrarias y de las
torturas.
3. Garantizar efectivamente la libertad de asociación, el derecho de
reunión y la libertad sindical consagrados en la Constitución de Guatemala y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Efectuar una profunda y total reorganización del Poder Judicial que
permita a éste, una vez que posea los recursos humanos y materiales, contar con una
efectiva autonomía y suficientes poderes para investigar con eficacia y prontitud las
violaciones de derechos humanos y sancionar, sin temor a represalias, a quienes resulten
responsables de tales atropellos, quienes quieran que ellos sean.
5. Iniciar un amplio diálogo con la participación de todos los
sectores de la sociedad guatemalteca que pueda contribuir a terminar con la violencia y
permitir la solución de los problemas sociales y económicos a través de vías y
procesos democráticos y pacíficos.
