CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA SITUACIÓN DEL ESTADO
DE DERECHO EN GUATEMALA

429.          La Comisión reitera su apoyo al proceso de paz que puso fin a 36 años de enfrentamiento armado interno en Guatemala. La Comisión es consciente de las dificultades de esta tarea y de lo que falta aún lograr.  El desarrollo de una cultura de tolerancia, de respeto a la ley y de rechazo a la impunidad requiere un esfuerzo de todos y todas, empeño en el que han sido y serán acompañados solidariamente por la comunidad internacional.

430.          El presente informe temático identifica las debilidades del Estado de Derecho en Guatemala y se concentra en cómo fortalecer su vigencia porque la Comisión considera que ello es indispensable para el restablecimiento de la paz, y de una cultura, un Estado y una sociedad democráticas. Un Estado de Derecho fuerte permite, a su vez, una mejor y más efectiva protección de los derechos individuales en Guatemala.

431.          Tras el análisis realizado en los capítulos precedentes de la información recibida, la CIDH no puede ocultar su seria preocupación sobre la falta de avances en asuntos cruciales para la preservación y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala. Es más, la Comisión nota un deterioro significativo en varios aspectos analizados precedentemente. Cabe resaltar que la sociedad civil y los organismos internacionales concuerdan en que la situación de derechos humanos en Guatemala se ha deteriorado. La Comisión considera que la impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia y la violencia política, así como la exclusión social de diversos sectores representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos que la Convención Americana reconoce a toda persona.

432.          El Estado de Derecho y la democracia en Guatemala no podrán consolidarse mientras continúe existiendo un Poder Judicial ineficiente que no investiga debidamente las gravísimas violaciones a los derechos humanos del pasado, así como las violaciones del presente, y permita así que la impunidad siga imperando. El sistema de administración de justicia guatemalteco debe asegurar un efectivo acceso a la justicia de todos los individuos, impedir que los cuerpos ilegales actúen impunemente al margen de la ley, e impedir que los defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, sindicalistas y otros líderes sociales sean objeto de asesinatos, amenazas e intimidaciones. El Poder Judicial debe ser independiente e imparcial, y continuar con las iniciativas de reforma y modernización  que conduzcan  a un mejor funcionamiento de la administración de justicia.

433.          Es imperativo mejorar la seguridad de la ciudadanía, dotando a la Policía Nacional Civil, institución democrática establecida para tal fin, de los recursos y las capacidades necesarias para llevar adelante esa tarea. Es indispensable que las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia militar no participen en actividades de seguridad ciudadana y que cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a las autoridades civiles. Es prioritario que el Estado demuestre voluntad política para lograr estos objetivos.

434.          El Estado debe asegurar, a su vez, que los pueblos indígenas, las mujeres y los niños y niñas no sufran distintas formas de discriminación y marginación social. La exclusión social que la Comisión constata en Guatemala comprende la falta de acceso a la justicia, así como al ejercicio efectivo de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de estos sectores de la sociedad.  La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación por razón de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Por lo tanto, la puesta en marcha de estrategias de inclusión social indisolublemente unidas a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos de estos sectores debe ser una prioridad  para el Estado y la sociedad guatemalteca.  El Estado de Derecho en Guatemala sólo podrá consolidarse cuando estos sectores históricamente marginados logren una participación más igualitaria en la sociedad y en las decisiones que afectan sus vidas.

435.          Por otra parte, el Estado de Guatemala debe adoptar las medidas necesarias que permitan el libre ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información de la sociedad guatemalteca porque ello es indispensable para la consolidación de la democracia. En este sentido, el Estado debe superar la marginación de ciertos sectores de la sociedad y garantizar su libre expresión y acceso a los medios; permitir y fomentar la crítica a la administración pública; y asegurar que la publicación de información sobre casos de violaciones a derechos humanos y temas sensibles no lleve a asesinatos e intimidaciones de comunicadores sociales.

436.          La CIDH resalta nuevamente la importancia de los Acuerdos de Paz como instrumentos para avanzar en la tarea de construcción de un país más democrático, justo, tolerante y respetuoso de los derechos humanos. La Comisión hace un llamado al Estado y a la sociedad civil para que redoblen sus esfuerzos para la plena implementación de estos Acuerdos. La CIDH comprende la frustración de diversos sectores de la sociedad guatemalteca por el escaso avance del proceso en ciertos aspectos, muchos de los cuales fueron analizados en el presente informe. De todas formas, la CIDH enfatiza que dichas dificultades no deben conducir al desaliento. Por el contrario, se deben preservar y fortalecer los espacios de cooperación y participación existentes. En este sentido, la Comisión recibió información sobre el traspaso de funciones de MINUGUA a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).[477] La Comisión reconoce la importancia de las actividades de verificación y confía en que el Estado dotará a la PDH de los recursos necesarios para que pueda continuar con la labor que realizó MINUGUA desde la firma de los Acuerdos de Paz.

437.          La CIDH reconoció a lo largo del presente informe las iniciativas estatales destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos en Guatemala. La Comisión expresa su profunda preocupación porque estos resultados incipientes aún son insuficientes, en su mayoría no han sido debidamente implementados, y quedan muchos desafíos pendientes. Por ello, la Comisión seguirá observando de manera muy atenta el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Guatemala. A su vez, la CIDH reitera su ofrecimiento de colaborar con el Gobierno de Guatemala, así como con la sociedad guatemalteca en su conjunto, a fin de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático.

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