CAPITULO II

 

EL FENOMENO DE LA VIOLENCIA

 

 

          A.            ORIGENES DE LA VIOLENCIA

 

          En el escenario de América Latina, Colombia ha sido el país de mayor crecimiento económico en los últimos 30 años, superado solamente por Brasil; en la década de 1980 fue el país surame­ricano con mayor crecimiento.  Por otra parte, en términos demográ­ficos se ha producido una acelerada disminución de las tasas de crecimiento.  A pesar de que muchos indicadores sociales han mejorado substancialmente, como la expectativa de vida, la tasa de mortalidad infantil, el alfabetismo y la escolaridad, y de que ha disminuído el número de personas con necesidades básicas insatisfe­chas, todavía subsisten desigualdades sociales y existe una importante concentración de la riqueza.  Colombia sigue siendo un país de grandes contrastes, en el que conviven sectores de gran bonanza económica y sectores de extrema pobreza.

 

          Según datos actualizados la situación de los derechos económicos y sociales en Colombia es la siguiente:

 

                   Entre 1970 y 1986, los niveles de pobreza en Colombia disminuyeron, pero en los últimos años no ha habido mejoras sensibles en este aspecto.  Según un estimativo conservador, basado en el criterio de necesidades básicas insatisfechas (vivienda, educa­ción servicios públicos, etc.), el porcentaje de pobres en 1990 era de 36% de la población (11.960.000 personas).  Pero esta cifra sube a 49% (16.116.000 personas), si tenemos en cuenta como criterio la llamada línea de pobreza, a saber los niveles de ingreso necesarios para adquirir el mínimo de alimentos y satisfacer otras necesidades básicas (Ver Libardo Sarmiento.  "La revolución pacífica:  una mirada premoderna sobre los derechos sociales en Colombia" en Economía Colombia­na. Bogotá, No. 188, p. 33).  Actualmente, la seguridad social sólo cubre al 20% de la población colombiana cuando, según un estudio del BID,  el promedio de cobertura en América Latina para el período 1985-1988, era de 43% (Ver BID, Progreso económico y social en América Latina.  Informe especial:  segu­ridad social.  Washington, 1992, citado por Coyuntura Social, No. 7, p. 23).

 

                   Esta situación no tiene como causa la falta de recursos sino otros factores.  La concentración del ingreso sigue siendo elevada:  mientras el 50% más pobre sólo recibe el 17.6% del ingreso, el 20% más rico recibe el 55% (Libardo Sarmiento. Op-cit, p. 35).  A nivel agrario, mientras menos del 2% de los propie­tarios posee el 40% de los predios, el 63% de los campe­sinos es propietario de solamente el 5% de la superficie (Ver CEGA.  Reforma agraria:  elementos para el debate.  Bogotá, 1987, pp. 11-12).  Igualmente, el gasto social público ha dismi­nuído considerablemente.  Si en 1984 representó el 9.4% del PIB, en 1989 había descendido a 7.6%, mientras que el pago cumplido por el servicio de la deuda pasaba de representar el 3.1% del PIB a 7.5% en esos mismos años.  (Ver Contraloría General de la República. Informe Financiero, mayo 1990, p. 9) Igualmente, según el DANE, la participación en el PIB de la remuneración al trabajo ha bajado de 44% en 1983 a 39% en 1990.  (Libardo Sarmiento. Op-Cit, p. 29).  Todo esto podría explicar ese estan­camiento de los indicadores sociales desde mediados de la década pasada.[1]

 

          Las contradicciones intrínsecas del desarrollo económico, del movimiento demográfico, de las desigualdades, así como las emanadas del debate ideológico-político, se han convertido en fuente permanente de los conflictos que ha padecido la nación colombiana en el período analizado.  Los actores del conflicto son especialmente la guerrilla y el crimen organizado, protagonistas ilegales que operan a través de una confusa amalgama de alianzas y de enfrentamientos simultáneos que se realizan en un mismo sitio o en diferentes lugares del territorio nacional.

 

          El crimen organizado ha contribuído en los últimos años a grandes transformaciones de la sociedad colombiana en todos sus aspectos, en particular por el grave impacto que ha tenido sobre los valores éticos y sobre el funcionamiento de la justicia.  La guerrilla, por su parte, ha ido perdiendo su influencia ideológica por la utilización habitual de procedimientos propios de la delincuencia común, como la extorsión, el secuestro y el asesinato de civiles.

 

          Paradójicamente, las zonas de mayor enfrentamiento y violencia se encuentran en regiones con un gran nivel de desarrollo económico y de riqueza, pero pobres en desarrollo social, y con un alto nivel de concentración de la propiedad rural y del ingreso, y con una presencia estatal que se ha concentrado en el gasto militar.

                  

          B.            ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA CONTEMPORANEA EN COLOMBIA

 

          Porque la violación de los derechos humanos en Colombia es, entre otras razones, producto de la violencia, el presente informe contiene un capítulo dedicado exclusivamente a la consideración de este fenómeno.  Pocos entienden y se preocupan del problema de la violencia como los propios colombianos.  En Colombia se han estudiado e investigado desde hace muchos años las causas de la violencia.  Sin pretender ser exahustivos cabe citar que en el año 1958, el Gobierno del General Rojas Pinilla conformó la Primera Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia.  En enero de 1987, casi 30 años después, el Ministerio de Gobierno, en ese entonces a cargo del Dr. Fernando Cepeda Ulloa, creó una nueva comisión de estudio sobre la violencia con la finalidad de que actualizase las investigaciones sobre la violencia, formulase hipótesis sobre las perspectivas de este fenómeno y recomendaciones sobre la clase de medidas que se podrían adoptar para controlar su desarrollo.  De acuerdo con esta comisión, la violencia ha sido empleada en Colombia persistentemente como herramienta de acción política.  El estudio distingue 3 etapas en la violencia política del país:  la primera de guerras civiles, que se referían fundamentalmente a problemas o rivalidades de las clases dirigentes del país, durante gran parte del siglo XIX; la segunda, que se conoce históricamente en Colombia como "La Violencia", que tiene lugar a mediados del siglo XX, y finalmente, una tercera etapa constituida por la violencia insurreccional.

 

          C.            PRINCIPALES FACTORES Y FUENTES DE LA VIOLENCIA POLITICA

 

          El Frente Nacional, que se inicia con la caída del Gral. Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957, abre sin duda un espacio de reconciliación que dura aproximadamente 16 años.  Esto constituye una etapa nueva y diferente en la vida política de Colombia, dentro de la cual liberales y conservadores se alternan en el poder y reparten paritariamente los cargos administrativos del país, tratando de mantener una situación de estabilidad que permitiese un proceso de desarrollo en lo económico y en lo social.

 

          Consolidado el Frente Nacional, se produjo la desintegración y desarme de los grupos de resistencia armados correspondientes al partido liberal con lo que, concluida esta etapa de violencia fundamentalmente civil, las Fuerzas Armadas reasumieron otra vez el liderazgo de la fuerza para empezar a enfrentar a los grupos de guerrilleros que empezaban a formarse especialmente en las zonas del campo, y correspondían a personas que no se habían acogido a la amnistía o que habían escogido el camino de mantenerse en la lucha en defensa de sus intereses y principios.  Entre las razones o factores que determinan la movilización y violencia a partir de estos momentos, pueden citarse entre otros, las de principios morales, políticos, económicos.  No puede descartarse, igualmente, entre los factores y fuentes de la violencia guerrillera en Colombia, la influencia que ejerció la revolución cubana.

 

          Conviene aclarar que la guerrilla de los años 50's se inicia, como se había indicado, como una respuesta a las persecuciones oficiales contra el partido liberal en el campo.  La persecución de los campesinos liberales sirvió de pretexto tanto para la expansión de la agricultura capitalista como para la formación y consolidación del latifundio tradicional.  Estanislao Zuleta, uno de los principales violentólogos que analiza la situación política de esa época,[2] sostiene que no se trataba solamente de matar, sino de expulsar a la gente por el terror para lo cual, "se emplearon los métodos más sádicos y espantosos".

 

          Pese a los acuerdos de paz a que dio lugar la formación del Frente Nacional, las gentes que se quedaron en el campo y que no pudieron acogerse a las amnistías conformaron una segunda violencia de lo que se vino a denominar como la etapa del bandolerismo, movimiento que se prolongó durante muchos años y que tomó importantes dimensiones al punto que, en el año 1964, iniciada su crisis, "había más de 100 bandas activas, constituidas por grupos de campesinos armados que, más o menos organizadamente y desconociendo los acuerdos de paz entre las directivas oficiales de los partidos tradicionales, prolongaron la lucha bipartidista".[3] Precisamente cuando este bandolerismo empieza a desaparecer, es que en la década de los 60's aparecen, como ya se ha indicado, grupos de guerrilleros con motivaciones políticas y diferentes enfoques ideológicos, generando el inicio de una guerra verdaderamente revolucionaria y no contra el Gobierno sino contra el sistema de distribución de la tierra, de injusticia social y también contra el monopolio bipartidista excluyente de las demás fuerzas políticas del país.

 

          Frente a la insurgencia guerrillera de los años 60's a 80's en los que surgen las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el M-19 (Movimiento 19 de Abril), el EPL (Ejército Popular de Liberación), ADO (Autodefensa Obrera), Ricardo Franco y Quintín Lame (Grupo Guerrillero Indígena), aparece, para confrontarlo, lo que se conoce como la doctrina de la Seguridad Nacional.

 

          Los Grupos Guerrilleros

 

          FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)

 

          Las FARC constituyen el grupo guerrillero más antiguo, con más tradición y sin duda el mejor organizado no solamente de Colombia sino del continente.  Según Estanislao Zuleta sus raíces están no sólo en las guerrillas de los años 50 sino incluso más atrás en las luchas campesinas de los años 30's y 40's, cuando se fundaron las primeras ligas y sindicatos agrarios.  Las FARC han sido siempre vinculadas al partido comunista y de hecho, consideradas como el brazo armado del partido comunista colombiano, vinculadas además al movimiento internacional comunista que provenía de Moscú y posteriormente de La Habana, fuentes de su apoyo ideológico, militar, y de abastecimiento y entrenamiento hasta fines de los años 80's en que se produce el desmoronamiento del mundo comunista.  Se señala que sus orígenes datan del año 1947, cuando el comité central del partido comunista colombiano acordó la organización de una autodefensa popular contra el entonces régimen conservador de Ospina Pérez iniciado en el año 1946.  Las FARC se encontraban estrechamente vinculadas al campesinado colombiano en el cual tuvieron su principal apoyo.  Este grupo de autodefensa de masas, que posteriormente se consolida como un movimiento guerrillero, tenía como táctica adentrarse en las zonas selváticas, lo que hacía sumamente difícil y costoso para el Ejército regular combatirla, perseguirla, y eliminarla.[4] 

 

          Las FARC lograron el apoyo de importantes sectores campesinos en ciertas zonas del país al asumir su defensa frente a la arbitrarie­dad de los propietarios y autoridades locales.  Sin embargo, no lograron obtener un apoyo campesino muy amplio.  Posteriormente, al empezar a perder dicho apoyo, trataron de mantenerlo en muchos casos sobre la base de la amenaza y el terror.  Las FARC forman parte de la estrategia de toma del poder del Partido Comunista de Colombia, el cual ha mantenido una política de "combinación de todas las formas de lucha", mediante la cual mantienen organismos políticos legales que buscan el apoyo electoral o actúan en organizaciones sociales, mientras las FARC operan militarmente.

 

          Las FARC llegaron a convertirse no solamente en el movimiento guerrillero de mayor presencia en el territorio colombiano sino, inclusive, en el de mayores recursos materiales y económicos para la lucha armada, todos ellos productos de actos delictivos consistentes en secuestros, extorsiones, cobro de dineros denominados "vacunas", asaltos a instituciones bancarias y comerciales, etc.  Más adelante las FARC extendieron sus fuentes de recursos económicos mediante una asociación ilícita con los grupos del narcotráfico.  Con posterioridad la alianza entre los narcotraficantes y los grupos paramilitares hace que se produzcan enfrentamientos con los grupos guerrilleros que en la actualidad persisten.

 

          ELN (Ejército de Liberación Nacional)

 

          El ELN fue creado por disidentes de las FARC influídos por las teorías del foco revolucionario promovidas por la revolución cubana.  Este grupo logró el apoyo de algunos sectores obreros del departamento de Santander, y a él se vincularon jóvenes provenientes de los sectores universitarios y algunos sacerdotes católicos, estimulados por el ejemplo del padre Camilo Torres, quien se enroló en este movimiento y murió en 1966 en un enfrentamiento con el Ejército.

 

          El ELN se ha convertido en un grupo guerrillero muy inflexible, probablemente como resultado de la combinación de una ideología marxista con los elementos fanáticos y mesiánicos de origen religioso aportados por los sacerdotes que se han vinculado a él, como su dirigente actual, el padre español Manuel Pérez.  Desde un comienzo, este grupo ha hecho un gran esfuerzo por mantener la unidad y la pureza ideológica del movimiento, y ha fusilado y ejecutado a muchos de sus miembros, acusados de desviaciones ideológicas o traición.

 

          EPL (Ejército Popular de Liberación)

 

          El Ejército Popular de Liberación se organizó y se dio a conocer en el año 1965 como el brazo armado del Partido Comunista de la línea China Maoísta, esto es, dentro de la más ortodoxa doctrina de la lucha armada guerrillera.  Originalmente se opuso a participar en los esfuerzos de paz iniciados por el Presidente Belisario Betancur.  Finalmente uno de sus líderes, William Calvo, modificó esta tendencia y firmó los acuerdos de paz en el año 1980 acogiéndose una parte de sus miembros a la amnistía política.  Posteriormente, muchos de los reincorporados fueron volviendo a la guerra de guerrillas por el asesinato de William Calvo el 20 de noviembre de 1985 en una calle de Bogotá.  El EPL hizo parte de los acuerdos de paz durante la época del Presidente Barco que concluyeron en la actual administración con su reincorporación a la vida civil, cambiando su denominación por la de Esperanza, Paz y Libertad.  Sus miembros se encuentran en pleno proceso de reinserción, confrontando los problemas que ha venido presentando este programa.  Los miembros del EPL en proceso de reinserción han sido víctimas de un elevado número de asesinatos, atribuídos por sus dirigentes fundamentalmente a la facción disidente que no firmó los acuerdos de paz y las FARC, así como a grupos paramilitares opuestos a las negociaciones de paz.

 

          Los tres grupos guerrilleros que se encuentran actualmente en actividad conforman lo que se denomina la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

 

          M-19 (Movimiento 19 de Abril)

 

          Nace fundamentalmente como movimiento urbano de enfrentamiento a los partidos tradicionales y a sus oligarquías.  Era un movimiento populista que pretendió ganar a las grandes masas urbanas desprestigiando ante éstas la fórmula democrática electoral como medio para transformar el país, movimiento que se compuso de un número reducido de efectivos en comparación con las FARC.  El M-19 se presentó siempre como un movimiento sensacionalista a través de sus espectaculares intervenciones, con las cuales atrajo la atención de la prensa en los actos en los que le tocó participar.

 

          El nombre de su movimiento tiene como origen el robo espectacular que propició este movimiento, el día 19 de abril de 1974, de la espada del General Simón Bolívar, hecho que tuvo lugar en la Quinta Museo del Libertador ubicada en la ciudad de Bogotá, donde se encontraba desde hacía muchos años.  El M-19 surge dentro de la política nacional aliándose al movimiento denominado Alianza Popular Nacional, vinculado originalmente al entonces extinto General Rojas Pinilla, fracasando en esa oportunidad en su intento de llegar al poder, mediante las elecciones que tuvieron lugar el 19 de abril de 1970.  La derrota electoral de ANAPO en la que sólo obtuvo cerca de 500.000 votos frente a casi 3.000.000 votos que recibió como apoyo el candidato López Michelsen, frustró no sólo las aspiraciones políticas del M-19 sino que condicionó su repulsa desde esa ocasión en contra del sistema electoral democrático.  Durante todos los años en que se mantuvo la lucha armada, el M-19 actuó en la clandestinidad.  El M-19 definió su ideología y acción política expresando ser parte y continuación de las luchas populares por la liberación nacional y por el socialismo denominándose, asimismo, como una organización político-militar, nacionalista y revolucionaria por el socialismo y como una entidad con cuadros armados, con una concepción y una práctica político-militar, impulsadora de la guerra del pueblo.[5]

 

          El M-19, incorporado a la vida democrática en marzo de 1990, rompió el tradicional bipartidismo colombiano participando en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo para su candidato Antonio Ramiro Wolff la más alta votación nacional.  El aporte del M-19, ahora convertido en la Alianza Democrática M-19, al Gobierno progresista del Presidente Gaviria ha sido, sin dejar su posición crítica, bastante constructiva.

 

          D.            LAS AUTODEFENSAS Y LOS PARAMILITARES

 

          El paramilitarismo no es un fenómeno nuevo en Colombia, ya que se encuentra vinculado estrechamente a la historia del país.  El paramilitarismo es precisamente lo contrario al monopolio o control total de la fuerza de parte de la fuerza armada, utilizando en su lugar organizaciones ilícitas de personas que pretenden sustituir el sistema de autoridad y de justicia del Estado, mediante el uso de la violencia privada a través de milicias mercenarias apoyadas en algunos casos por agentes del Estado.

 

          Las primeras autodefensas que aparecen en la historia de Colombia fueron creadas por el Partido Comunista Colombiano y surgen como autodefensas de masas, para proteger a los campesinos víctimas de la violencia del Ejército.  En efecto, en el XII^o Congreso del Partido Comunista Colombiano se adoptó, el 5 de diciembre de 1975, el siguiente acuerdo:  "Artículo 1:  La Autodefensa es un movimiento popular de masas en el que caben todas las personas cuya integridad física e intereses sean amenazadas por la represión reaccionaria, la voracidad de los latifundistas, la colonización territorial, económica, política, ideológica y cultural del Imperialismo Yanqui".

 

          El movimiento guerrillero de los años 60 se desarrolla y surgen otros grupos, aún más extremistas y violentos y la lucha armada subversiva se tecnifica a través del apoyo y la asesoría internacional.  Ello genera un problema para el Ejército colombiano, preparado para otro estilo de defensa nacional, pero no para una confrontación interna contra los propios colombianos.  La guerra subversiva a cada momento adquiría mayores proporciones, rompía con todos los esquemas tradicionales y por valiosos e importantes que fuesen los objetivos de justicia social que perseguía, resultaban inexplicables las atrocidades que cometía en su lucha contra su adversario militar y contra el pueblo colombiano a quien pretendía defender.

 

          Este problema, el tamaño relativamente pequeño de las Fuerzas Armadas colombianas y las dificultades para financiar su expansión, dieron lugar a que los políticos civiles a cargo de la dirección del Estado consideraran preferible armar provisionalmente a ciudadanos particulares.  La situación tenía  además  antecedentes, ya que las guerras civiles del siglo XIX habían enfrentado fundamentalmente a civiles armados.[6]

 

          Debido a la vigencia de la Ley 48 de 1968, que crea las autodefensas, surgen en los años 70 y se consolidan en los años 80, grupos de individuos vinculados a sectores económicos o políticos de las diferentes regiones del país, quienes, con el patrocinio o aquiescencia de sectores de las Fuerzas Armadas, defendían intereses partidarios o de grupo mediante la utilización de la violencia.  Originalmente la vinculación que se establece entre los grupos de autodefensa y las organizaciones estatales de la defensa nacional tienen un carácter ocasional e informal.  Sin embargo, estos grupos legales de autodefensa en forma progresiva empiezan a reforzarse y a tomar cuerpo precisamente cuando el Ejército comienza a enfrentar tropiezos y limitaciones en su tarea de defender el orden público y jurídico del país.

 

          Surge también para enfrentar la guerra subversiva, además de la formación de estos grupos paramilitares, lo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional, nueva concepción estratégica y militar que aparece a finales de los años 70 y principios de los 80, sobre la base que esa época estaba dominada por la confrontación entre dos bloques; que el antagonismo dominante entre los Estados Unidos y la Unión Soviética polarizaba todo el conflicto desde profundas raíces ideológicas entre la civilización cristiana de Occidente y el materialismo dialéctico comunista de Oriente, conflicto en el que se jugaba la dominación o liberación del mundo; que existía una ofensiva permanente y sistemática de dominación mundial del comunismo soviético; que la acción subversiva constituía un fenómeno internacional de agresión orquestado desde afuera y fabricado desde adentro, al que había abierto paso la demagogia de los políticos tradicionales a través de una maligna y sistemática siembra de odios y promesas utópicas e irrealizables;[7]  que esta situación hacía necesario forjar una unidad nacional en torno a la concepción del hombre y la sociedad basada en el pensamiento cristiano occidental y combatir el antagonismo entre los diferentes grupos humanos de la misma nación sembrado por la teoría de la lucha de clases; que dada la complejidad del problema era necesario replantear una estrategia global de lucha en todos los campos:  de la política, la economía, la cultura y el militar; que el enemigo es omnipresente y difuso y que todo aquel que le prestase ayuda debía considerarse también como enemigo; que los grupos subversivos se habían infiltrado en las universidades, las asociaciones de trabajadores, de profesionales y en los sindicatos, por lo que se consideraban organizaciones potencialmente peligrosas lo mismo que algunas aldeas y poblaciones en las que había ocurrido lo mismo.

 

          Respondiendo a la inquietante pregunta de por qué se tuvo que recurrir a crear grupos de autodefensa y paramilitares en Colombia, el sacerdote Adolfo Galindo Quevedo expresa lo siguiente:

 

                   A mí me parece una reacción lógica, es decir, uso las palabras que eran comunes; en tres meses hay tal cantidad de secuestros, y por secuestros se piden 600 millones; el dueño de una finca dice:  "si tengo que pagar 20 millones por secuestro, entonces pago un millón para defenderme y ahorro 19 millones"; y si cien señores hacen esas reflexiones, se van a tener 100 millones para defenderse...  Por otro lado, encuentro en este tiempo una especial coincidencia:  aparecen en Puerto Boyacá todas las extremas derechas, desde los muchachos de Tradición, Familia y Propiedad, algunos Coroneles con unas ideologías muy especiales y la gente que estaba pensando que a éstos había que defenderlos.  Algunos elaboraron esta frase "Si nos quieren quitar la tierra que nos la quiten peleando".  Este es mi análisis, una situación violenta, y el que muestre más los dientes controla... [8]

 

          La subversión, por su parte, se había desarrollado considerablemente imponiendo cada cual a su manera un sistema tributario obligatorio denominado "voluntario" mediante el cual se obligaba a pagar a determinadas personas un impuesto de guerra.  La decisión de formar autodefensas resultó no solamente una necesidad sino, para los empresarios del agro, un buen negocio ya que resultaba menos caro mantener un mini Ejército de hombres completamente leales y dispuestos a todo, que pagar un impuesto a la guerrilla, que resultaba mayor y con lo cual contribuía a mantener la zozobra y la intranquilidad en la zona, además que ello no garantizaba completamente la no agresión o neutralidad de la guerrilla en su contra.  Otro fenómeno que produjo el desarrollo de las autodefensas fue que los empresarios del agro y la población civil que trabajaba en agricultura entendieron que existía una alianza natural entre el Ejército y los agricultores. 

 

          Las operaciones en conjunto entre autodefensas y miembros del Ejército, si bien fueron en un principio exclusivamente de colaboración de los primeros a los segundos y de protección y defensa, progresivamente fueron tornándose en acciones de agresión y persecución de la guerrilla.  Una de las primeras acciones en conjunto que se llevó a cabo entre Ejército y autodefensas fue lo que se conoce como el trabajo de "fumigar" la región, expulsando a los subversivos.  Galindo Quevedo consigna la siguiente explicación al hecho:  "Ya se había comenzado aquí, el proceso de la 'vacuna' al que se le hizo frente con el proceso de la 'fumigación'; entonces fuerzas paramilitares comenzaron a 'fumigar' a todos los elementos que antes estaban vacunando o que ellos consideraban que pertenecían a la política de la vacuna." [9]

 

          Un ejemplo que proporciona una explicación a la manera como esta espiral de violencia fue tomando cuerpo, y que explica la creación de autodefensas, según el punto de vista del Presidente de ACDEGAM, es el siguiente:

 

                   Aquí hace unos 20 años empezó a regir un movimiento que combatía ladrones y que predicaban la igualdad... que había que combatir a los ricos, que eran los explotadores...  Vino la época tormentosa de los secuestros y las cuotas familiares, las vacunas ganaderas, los chantajes, la extorsión, boleteo.  Esto aquí se tornó invivible... de esas personas que podían pagar secuestran a muchos y los sacan corriendo... entonces quedamos una gente que sin ser ricos teníamos una finca, con unos ganaditos y entonces esa carga que iba repartida entre los que se habían ido y los que fuimos quedando en turno, fue la carga para esta gente, comenzaron a secuestrar gente que no tenía cómo pagar los rescates... entonces ahí fue cuando la gente abandonó los campos y eso fue ahora hace cuatro años y medio (1981-1982), esa gente estuvo muriéndose de hambre... hasta que resolvieron venir a morirse a manos de un bandido que les pegara un tiro, que morirse de hambre con su familia... entonces la gente se unió y empezaron a entrar a las fincas más cercanas de acá del pueblo, por las que la guerrilla ya estaba secuestrando a menos de 45 minutos del pueblo y a 20 minutos de la Base Militar que se llama Calderón, ahí todos unidos, cierto, y llevaban pues naturalmente sus escopetas, listos para pelear con el que fuera, a esa gente le entró la rebeldía y un deseo de hacerse respetar.  Entonces fueron entrando con el Ejército.[10]

 

          El considerable desarrollo de las autodefensas, la transformación de muchas de éstas en verdaderos Ejércitos de paramilitares, el rebasamiento a todo control efectivo por parte del Ejército, los constantes desmanes y hechos atroces que de una u otra manera se atribuían a las Fuerzas Armadas de Colombia y, además, el constante desafío de la agresión guerrillera, obligaron al Gobierno de Colombia a optar por aumentar el poderío del Ejército.  La lucha antisubversiva condujo, casi inevitablemente, a la militarización del país y de hecho ésta se fue convirtiendo gradualmente más en un asunto militar que político, lo que condujo a dejar en manos de los militares la definición de las estrategias de esta guerra.  La autonomía militar condujo a debilitar progresivamente el respeto de sus miembros por las normas legales vigentes y fue imponiendo un clima de tolerancia hacia la violencia contra los guerrilleros y contra la población civil presuntamente vinculada a ellos.[11]

 

          Se suma al fenómeno del fortalecimiento del paramilitarismo el grave problema de que algunos comenzaron a ser absorbidos y luego manejados por las organizaciones del narcotráfico, las cuales los utilizaron originalmente para prestar defensa y protección a las empresas legales que habían adquirido con el producto de sus negocios ilícitos, pero posteriormente hicieron uso de ellos como verdaderos Ejércitos para eliminar opositores políticos y para confrontar y resolver problemas entre los carteles del narcotráfico, especialmente entre las bandas del cartel de Medellín y las del cartel de Cali.  Se incrementó asimismo dentro de la actividad paramilitar la tecnificación de dichas fuerzas y su entrenamiento altamente especializado a través de la contratación de mercenarios israelíes, británicos, y de otras nacionalidades, quienes formaron campamentos de entrenamiento y verdaderas escuelas de formación de paramilitares y sicarios, utilizados por los narcotraficantes en sus guerras de pandillas y también en sus misiones suicidas para asesinar a connotadas personalidades y dirigentes de la política colombiana.

 

          Para controlar el desarrollo del paramilitarismo, que se había amparado en la Ley 48 expedida en el año 1968, se dictaron especialmente bajo la administración del Presidente Barco, disposiciones restringiendo primero y prohibiendo más adelante, de forma definitiva, la actividad de los grupos paramilitares.  El rechazo oficial a la actividad paramilitar fue confirmado por una sentencia de la Corte Suprema de Colombia, según la cual el decreto de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la Ley 48, fue declarado inconstitucional.  Otro organismo que se pronunció también en contra de las organizaciones paramilitares fue el Consejo de Estado, el cual dispuso que los particulares que tenían en su poder armas de guerra debían devolverlas al Ejército y abstenerse de usarlas.

 

          Esta campaña en contra del paramilitarismo produjo apoyo en un sector de la ciudadanía y violentas críticas y oposición en otro, que consideraba que la supresión de las autodefensas vulneraba su seguridad y dejaba indefenso a un importante sector civil, fundamentalmente el productivo, ya que era evidente que el Estado no tenía capacidad para asumir el papel que las autodefensas venían cumpliendo en defensa de los empresarios, agricultores, ganaderos, industriales, y demás grupos económicos del país.

 

         No obstante las disposiciones legales que prohibieron la formación de grupos privados armados de autodefensa o paramilitares, muchos de estos grupos han continuado existiendo, aunque ahora sin el apoyo legal abierto que tenían antes de 1989. Algunos pocos entregaron sus armas y se acogieron a las normas que en 1990 les permitieron hacerlo, quedando con sentencias suspendidas por la pertenencia a grupos armados ilegales y por el porte de armas.  Otros se han disuelto como resultado de los conflictos internos, y de la muerte o huída de los grandes narcotraficantes que habían logrado su control.  Otros han sido debilitados por la acción del Ejército, que en algunos casos se ha enfrentado a ellos.  Sin embargo, en muchas áreas rurales los propietarios siguen utilizando grupos armados para defenderse de los posibles ataques de la guerrilla y para dar muerte a quienes consideran vinculados a ésta.  La debilidad del Gobierno para dar cumplimiento a sus propias normas, ordenando la disolución de los grupos de autodefensa y paramilitares, sigue siendo uno de los factores perturbadores que más afectan la paz en los sectores rurales. Igualmente, aunque el Gobierno ha destituído algunos oficiales por prestar clandestina­mente apoyo a grupos paramilitares, son muy frecuentes y no se han desvirtuado las denuncias de que en algunos sitios las autoridades militares locales siguen promoviendo la formación de grupos de autodefensa o invitando a los campesinos a vincularse a ellos.

 

          La credibilidad del Gobierno en el tema de los derechos humanos depende en buena parte de su capacidad para controlar efectivamente a estos grupos.  El rebasamiento y la falta de control estatal de los grupos paramilitares constituye, sin duda, una de las fuentes de mayor violación a los derechos humanos de los cuales se hace responsable al Gobierno de Colombia, 1^o por no brindar a la población la debida protección a la que tiene derecho; 2^o porque muchas de las acciones de los paramilitares cuentan, de alguna manera, con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y, 3^o por el hecho de que casi un 90% de los asesinatos y actos de barbarie cometidos por los grupos paramilitares permanecen impunes y sin ninguna posibilidad de esclarecimiento, hecho éste que no solamente ha dañado internacionalmente la imagen de la administración de justicia colombiana, sino también el de las últimas administraciones políticas, pese a que son evidentes los verdaderos esfuerzos que éstas han hecho para controlar el desbordamiento de la violencia que lamentablemente se vive en Colombia.