|
CONTEXTO
PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
1. En general, se acepta que la situación de los derechos humanos en Colombia es actualmente una de las más difíciles y graves de las Américas. La gravedad de la situación deriva de la violación masiva y constante de los derechos humanos más fundamentales, en particular el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. La naturaleza y las causas de esta situación de derechos humanos son múltiples. Aparte de la violencia vinculada al conflicto armado, en especial la violencia atribuible a extremistas de derecha y de izquierda, existen otras fuentes de violencia que provocan la muerte y otras violaciones de los derechos fundamentales. El narcotráfico, los abusos de autoridad, la violencia socioeconómica arraigada en la injusticia social y las disputas por la tierra son algunas de las fuentes de violencia que han llevado al deterioro de la situación de los derechos humanos en Colombia. 2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la "Comisión", la "CIDH" o la "Comisión Interamericana") reitera que comprende cabalmente que existen numerosos protagonistas que contribuyen a la situación de violencia en Colombia y que el Estado no es internacionalmente responsable de todos los daños causados a sus ciudadanos por agentes no estatales. La Comisión también reconoce plenamente que el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y la de sus ciudadanos. El Estado actúa justificadamente cuando adopta medidas contra los grupos disidentes armados, los narcotraficantes y otros que cometen delitos o amenazan con desestabilizar o derrocar el orden constitucional. 3. Sin embargo, el poder del Estado no es ilimitado ni autoriza o justifica cualquier medio para alcanzar sus objetivos. En Colombia, los agentes del Estado algunas veces han cruzado la línea que delimita los poderes del Estado y han cometido violaciones de los derechos humanos. En otros casos, el Estado ha sido responsable de violaciones por aquiescencia o por no reaccionar debidamente ante los daños cometidos. El daño causado en esos casos en que el Estado incurre en responsabilidad por violaciones de los derechos humanos es particularmente grave puesto que quienes son explícitamente encargados de la protección de la ciudadanía han, por el contrario, abusado de su poder en perjuicio de la población. 4. La función primordial de la Comisión es examinar situaciones y casos en que el Estado es responsable de la comisión de violaciones a derechos fundamentales del individuo. Como norma, el Estado es responsable de los actos ilegítimos u omisiones de sus agentes, incluso cuando actúen fuera de la esfera de su autoridad o en violación del orden jurídico interno. Estas situaciones quedan claramente comprendidas en el mandato de la Comisión, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la "Convención" o la "Convención Americana") y a otros instrumentos ratificados por Colombia y los demás Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos ("OEA"). En contraste con ello, las acciones ilegales de los particulares y de los grupos privados que causan daños a terceros, pero que no son imputables al Estado, no comprometen la responsabilidad internacional del Estado y, por tanto, no quedan comprendidas en la jurisdicción de la Comisión. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Estado incurrirá en responsabilidad por los actos ilegales de protagonistas privados cuando haya permitido que tales actos ocurran sin adoptar las medidas pertinentes para evitarlos o para castigar posteriormente a quienes los perpetran. El Estado también incurre en responsabilidad cuando estos actos de particulares son cometidos con el apoyo, la tolerancia o la aquiescencia de agentes del Estado. 5. Dadas sus atribuciones, derechos y obligaciones singulares de acuerdo con el derecho interno y el derecho internacional, el Estado es necesariamente el objeto del análisis de la Comisión, y no los demás protagonistas que provocan la violencia en Colombia. Es únicamente el Estado el encargado de aplicar la ley, mantener el orden, impartir justicia y cumplir las obligaciones jurídicas internacionales. Por tales razones, la Comisión no puede tratar ni trata al Estado colombiano en el mismo nivel que a otros protagonistas de la violencia en ese país. Al mismo tiempo que reconoce el derecho y la obligación del Estado de combatir la violencia y el delito, la Comisión insiste en que las acciones del Estado cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos y con esa perspectiva las ha de evaluar. 6. A fin de dar cabal cumplimiento a su labor, sin embargo, la Comisión debe considerar y describir los múltiples factores que contribuyen a la violencia y a la difícil situación de derechos humanos que impera en Colombia. Con este fin, la Comisión ofrece un breve análisis histórico de la violencia en Colombia. 7. Como lo señala la Comisión en el comunicado de prensa emitido al concluir su visita in loco, "Colombia se encuentra inmersa en una dramática espiral de violencia que afecta a todos los sectores de la sociedad, socava los cimientos mismos del Estado, y conmueve a la comunidad internacional por entero".(1) Las causas de la violencia han sido estudiadas e investigadas exhaustivamente por comisiones gubernamentales, académicos y otros. El fenómeno es de tal naturaleza que quienes estudian este campo han merecido un título especial. En Colombia se les llama "violentólogos".
8. Muchos de los estudios realizados sobre Colombia distinguen tres etapas en la violencia política del país: 1) las guerras civiles bipartidistas, (en esencia, conflictos y rivalidades entre las clases gobernantes del país durante buena parte del siglo diecinueve); 2) "La Violencia", que tuvo lugar a mediados del siglo veinte y, por último, 3) la violencia actual, que gira en torno a la insurrección armada. El período de "La Violencia" es considerado el antecedente más directo de la situación de violencia actual. 9. El cambio de gobierno en 1946, que transfirió el poder del partido liberal al partido conservador, fue seguido por un enfrentamiento severo entre los dos grupos políticos. Este enfrentamiento violento entre los dos partidos se tornó especialmente agudo en los años cincuenta, período que dio en llamarse de "La Violencia". 10. Grupos revolucionarios armados también se formaron en los años cincuenta, por lo menos en parte, como respuesta a la persecución patrocinada por el Gobierno de los integrantes del partido liberal en las zonas rurales. En algunos casos, agricultores liberales eran perseguidos como medio de expansión de la agricultura capitalista, permitiendo la formación y consolidación del sistema latifundista de tenencia de la tierra. Las víctimas de esta violencia no sólo eran asesinadas, sino también desalojadas de sus hogares mediante el terror. 11. Tras la caída del gobierno de facto del General Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957, se inició un período de reconciliación con la consolidación del sistema de gobierno llamado Frente Nacional, que duró unos 16 años. Esta etapa de la vida política de Colombia fue muy singular. El poder fue compartido de manera paritaria entre liberales y conservadores, que alternativamente asumían el poder y se dividían los cargos administrativos, en un empeño por mantener una estabilidad que permitiera el desarrollo económico y social. 12. Durante esta etapa de la vida nacional, los grupos de resistencia armada aliados con el partido liberal se desintegraron y depusieron las armas, tras lo cual se concedieron amnistías. Las fuerzas armadas recuperaron el control del uso de la fuerza y empezaron a combatir a los nuevos grupos disidentes armados que se formaban en las zonas rurales. 13. La movilización de los grupos revolucionarios en los años sesenta y la reanudación de la violencia coincidió con la implementación de un sistema político cerrado a través del Frente Nacional, que concedía el poder político y las oportunidades políticas únicamente a los dos partidos tradicionales. Los movimientos revolucionarios que se crearon tenían fundamentos morales, políticos e ideológicos. La revolución cubana también influyó en los nuevos movimientos. Algunos de los movimientos guerrilleros revolucionarios que se formaron en los años sesenta siguen activos hoy, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ("FARC") y el Ejército de Liberación Nacional ("ELN"). En esta etapa surgieron otros grupos, incluido el Movimiento 19 de Abril ("M-19") el Ejército Popular de Liberación ("EPL"), la Autodefensa Obrera ("ADO"), el grupo Ricardo Franco y el grupo guerrillero indígena Quintín Lame. 14. Al mismo tiempo, el fracaso de los acuerdos de paz y de las amnistías que siguieron a la formación del sistema de Frente Nacional para alcanzar a todos los habitantes de la campaña permitió el desarrollo de un nuevo tipo de violencia. Este nuevo tipo de violencia se denomina "bandolerismo". Cuando este tipo de violencia alcanzó proporciones críticas en 1964, "había más de 100 bandas activas, constituidas por grupos de campesinos armados que, más o menos organizadamente y desconociendo los acuerdos de paz entre las directivas oficiales de los partidos tradicionales, prolongaron la lucha bipartidista".(2) 15. El narcotráfico también empezó a incidir decisivamente en la vida nacional colombiana durante este período. El comercio de la droga empezó con el auge de la marihuana, que generaba violencia, en particular en la Costa Atlántica. A ello siguió la producción y el tráfico de cocaína, con lo que se consolidó el narcotráfico. Esta consolidación trajo a Colombia la violencia inherente a esa actividad. También determinó el enfrentamiento violento entre el Estado y los narcotraficantes, en particular el tristemente célebre Cartel de Medellín, incluido Pablo Escobar. Este enfrentamiento incluía el asesinato político y otros actos de violencia y terrorismo que cometían los grupos de narcotraficantes contra el Estado como medio para controlar la política y la acción del Estado en los asuntos vinculados al comercio de la droga. 16. Al mismo tiempo que los grupos armados disidentes empezaron a tomar fuerza en los años sesenta y setenta, se elaboró al interior del Estado una doctrina de seguridad nacional. A esta altura también se afianza el fenómeno de los paramilitares. 17. El decreto 3398, aprobado como parte del estado de emergencia declarado en 1965, fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968. Esta ley autorizó la creación de patrullas civiles que recibían del Ministerio de Defensa armas de uso privativo de las fuerzas de seguridad del Estado. 18. A fines de los años setenta y en los ochenta, se fortalecieron los grupos paramilitares de autodefensa vinculados a los sectores económicos y políticos en las diferentes zonas del país. Estos grupos, patrocinados o aceptados por sectores de las Fuerzas Militares, buscaban defender los intereses de algunos individuos o grupos mediante la violencia. En gran parte fueron creados como reacción contra la violencia de las zonas rurales del país, con frecuencia incluyendo secuestros extorsivos. Procuraban combatir a los grupos armados disidentes que se habían formado, pues éstos eran responsables de la mayoría de estos secuestros y de otros actos de violencia. Además, los grupos armados disidentes empezaron a aplicar un impuesto de guerra, denominado "vacuna", con lo que amenazaban la situación económica de muchos terratenientes medianos y grandes y a la agroindustria del país. 19. Los paramilitares tenían pues una motivación contrainsurgente. Como resultado de ello, establecieron lazos con el Ejército colombiano. Esta vinculación entre los paramilitares y el Ejército será explorada en mayor profundidad en otras secciones del presente Informe. 20. Durante ese período, los grupos paramilitares también establecieron estrechos lazos con las organizaciones de narcotraficantes. Al ampliarse y tornarse más lucrativo el comercio de la droga, muchos de sus protagonistas se transformaron en terratenientes y en dirigentes de otras empresas económicas. Procuraban defender el negocio de la droga y sus intereses económicos frente a los actos violentos de extorsión y expropiación que llevaban a cabo los grupos armados disidentes en contra de sus intereses. Empezaron a financiar y respaldar a los grupos paramilitares. Es así que, por ejemplo, se formó un nuevo grupo en el Magdalena Medio, en 1981, con el nombre de "Muerte a Secuestradores" ("MAS"). El grupo fue fundado por narcotraficantes en represalia por el secuestro realizado por el M-19 de la hermana de varios miembros del Cartel de Medellín. 21. De manera que una serie de fuerzas e intereses convergían para dar especial fuerza a los grupos paramilitares. Los grupos empezaron a llevar adelante acciones de "limpieza" en varias regiones del país, a eliminar a los grupos armados disidentes y a sus simpatizantes para despejar el camino a los principales terratenientes y a otros hombres de negocios. Finalmente, el fenómeno de los paramilitares adquirió tal grado de violencia y descontrol que el Gobierno colombiano y el Ejército se vieron obligados a actuar para afirmar su control. 22. A fines de los años ochenta y particularmente durante la administración del Presidente Virgilio Barco, el Estado colombiano empezó a imponer restricciones legales a las actividades de los grupos paramilitares y eventualmente los declaró ilegales. El rechazo legal de los grupos paramilitares fue confirmado por una decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales las normas jurídicas por las que se establecían los grupos paramilitares. Análogamente, el Consejo de Estado sostuvo que los individuos que poseían armas de guerra debían devolverlas al Ejército colombiano. 23. Pese a las prohibiciones legales, los grupos paramilitares siguen existiendo en Colombia, aunque sin el apoyo legal de que gozaban antes de 1989. En general, estos grupos se han alejado de las actividades del narcotráfico, aunque los ataques de paramilitares contra funcionarios judiciales que investigan delitos de la droga demuestran que en algunos casos todavía existe esa conexión. Se calcula que en 1997 los paramilitares fueron responsables de aproximadamente el 60% de las muertes violentas de carácter político en Colombia. 24. También a partir de los años ochenta, sucesivos gobiernos colombianos se empeñaron en negociaciones de paz con los distintos grupos disidentes armados. A comienzos de los años noventa concluyeron las negociaciones de paz con el M-19, el EPL y el Quintín Lame y varios miles de integrantes de esos grupos fueron desmovilizados. Sin embargo, esta desmovilización, en particular en el caso del EPL, no fue completa. Las FARC y el ELN no se desmovilizaron y siguen operando. 25. En los últimos veinte años, el crimen organizado también ha tenido incidencia extraordinaria en la vida nacional colombiana, afectando todos los aspectos de la sociedad, inclusive el proceso electoral y el sistema judicial. Los movimientos disidentes armados han creado una confusa combinación de alianzas y de choques simultáneos con otros protagonistas de las organizaciones delictivas. Los grupos disidentes armados también han establecido lazos con el narcotráfico, conforme a lo cual con frecuencia aplican un impuesto contra los productores de la droga y sus transportadores a cambio de proteger su actividad. Como resultado de esta participación en actividades de extorsión, secuestro, homicidio y narcotráfico, los grupos disidentes armados han perdido buena parte de su credibilidad e influencia ideológicas en los últimos años. 26. Los grupos disidentes armados que siguen activos, las FARC y el ELN, así como algunos disidentes del EPL, forman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El otro grupo disidente armado que antes desempeñaba una función significativa en la vida nacional de Colombia, pero que ya no participa en el conflicto armado, es el M-19. A continuación se ofrece una breve descripción de los antecedentes de los tres grupos disidentes armados que siguen actualmente funcionando: 27. Las FARC constituyen el grupo disidente armado más antiguo de Colombia y tradicionalmente ha sido uno de los mejor organizados de América Latina. Esta organización guerrillera tiene raíces en los movimientos armados disidentes de los cincuenta e inclusive en las más antiguas luchas agrarias de los años treinta y cuarenta, cuando se crearon los primeros sindicatos y ligas agrícolas.(4) 28. Los orígenes del grupo se retrotraen a 1947, año en que el comité central del partido comunista colombiano decidió organizar un sistema de autodefensa en oposición al régimen conservador de Mariano Ospina Pérez, que asumió el poder en 1946. Este grupo popular de autodefensa más tarde se transformaría en un movimiento disidente armado. Las FARC también establecieron estrechos vínculos con el campesinado colombiano. 29. Las FARC no sólo pasaron a ser el movimiento guerrillero más importante en territorio colombiano, sino también el mejor equipado, tanto material como financieramente, para la lucha armada. Sus integrantes suman aproximadamente 12.000 efectivos y controlan o mantienen una fuerte presencia en el 40 a 50% de los 1.071 municipios de Colombia.(5) 30. Las FARC siempre han obtenido sus recursos ilegalmente, mediante el secuestro, la extorsión y las "vacunas". Más tarde, las FARC empezaron a recibir fondos a través de asociaciones con los carteles de la droga, que les proporcionaban armas y dinero. A cambio de este patrocinio, el movimiento guerrillero cesa las hostilidades contra los carteles de la droga, protege las instalaciones de producción y el comercio de la droga y facilita su transporte. Sin embargo, la alianza que formaron los narcotraficantes y los grupos paramilitares, por lo menos en una época, creó inestabilidad y una situación explosiva en esta relación. Sin embargo, la relación entre las FARC y el narcotráfico continúa. Asimismo, se entiende que algunos subgrupos de las FARC se dedican directamente a la producción y la venta de drogas. 31. Las FARC han demostrado su poder en los últimos años, en particular en los Departamentos meridionales de Colombia. El 30 de agosto de 1996, las FARC atacaron una base militar en Las Delicias, Departamento de Putumayo, cerca del límite con el Departamento de Caquetá. Los disidentes mataron a 29 soldados y retuvieron a 60 más. Los soldados permanecieron bajo el control del grupo armado disidente durante 289 días, hasta el 15 de junio de 1997. 32. El 21 de diciembre de 1997, las FARC capturaron a otros 18 efectivos en un ataque contra una instalación militar en Patascoy, en la frontera entre los Departamentos de Nariño y Putumayo. A comienzos de marzo de 1998 se inició un feroz conflicto entre el Ejército y las FARC en las selvas del Caguán, Departamento de Caquetá. Las pérdidas que sufrió el Ejército se cuentan entre las más graves en su historia. 33. Las FARC también empezaron a combatir más cerca de la capital en los últimos tiempos. En febrero de 1997, estalló un fuerte combate en una zona montañosa a 30 millas al este de Bogotá, cerca de la ciudad de San Juanito. En ese combate murieron aproximadamente 20 soldados. 34. Además de participar en combate con el Ejército, las FARC también cometen actos que demuestran el grado de deterioro del conflicto. Por ejemplo, tras un enfrentamiento armado en el Departamento de Cundinamarca, el 18 de febrero de 1998, integrantes de las FARC colocaron una granada en el cadáver de un soldado que había resultado muerto. Cuando el cuerpo fue devuelto a la base militar para su sepultura, la granada explotó y dio muerte a dos soldados e hirió a otros cinco. 35. Las FARC han anunciado su interés en mantener conversaciones para una posible negociación de paz. El 10 de julio de 1998, después de su elección a la presidencia y antes de asumir el poder, Andrés Pastrana se reunió personalmente con Manuel Marulanda Vélez (conocido como Tirofijo) y Jorge Briceño (conocido como Mono Jojoy), integrantes del secretariado nacional de las FARC, para discutir la posibilidad de iniciar negociaciones de paz. Las conversaciones han avanzado a partir de aquel momento aunque recientemente fueron suspendidas cuando las FARC anunciaron que no continuarían hasta que fueran convencidas de que el Gobierno del Presidente Pastrana estaba adoptando medidas efectivas para combatir a los paramilitares. 36. Disidentes de las FARC formaron el ELN. Este grupo concitó el apoyo de los sectores sindicalistas del Departamento de Santander. Elementos universitarios se unieron a sus filas, al igual que una serie de sacerdotes católicos, siguiendo el ejemplo del Padre Camilo Torres que se sumó al movimiento y murió en un enfrentamiento con el Ejército en 1966. El ELN fue liderado durante muchos años por el Padre Manuel Pérez, religioso español que murió en febrero de 1998. 37. En los últimos años, el ELN ha puesto mucho énfasis en su ataque a la legitimidad del proceso democrático y ha secuestrado a numerosos funcionarios públicos y candidatos electorales. El ELN actuó contra figuras políticas con particular virulencia en los meses que antecedieron a las elecciones municipales de octubre de 1997. Sin embargo, después de las elecciones, el ELN siguió secuestrando a alcaldes y concejales locales en gran número. El ELN también ha luchado a favor de la nacionalización del petróleo. Como parte de esta campaña, el ELN ha realizado más de 600 ataques con dinamita desde 1986 contra la infraestructura utilizada por estos sectores industriales. El ELN cuenta actualmente con unos 3.000 a 4.000 integrantes.(6) 38. El ELN ha anunciado su interés en procurar una solución política negociada al conflicto armado. El Presidente Pastrana se reunió, después de su elección a la presidencia, con los encarcelados representantes del ELN, Felipe Torres y Francisco Galán, para discutir las propuestas del grupo disidente para las negociaciones de paz. El grupo ha exigido la celebración de una convención nacional para discutir la paz con la sociedad civil y recientemente llevó a cabo varias reuniones preparatorias para dicha convención con el aval del Estado. 39. El ELN ha sugerido que, mientras se prepara la convención nacional, las negociaciones deben conducir a la humanización del conflicto, incluyendo una aplicación más estricta de las normas del derecho internacional humanitario. El ELN afirma que actualmente respeta las normas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, las prácticas del ELN en materia de secuestros para la extorsión, etc. dejan en claro que en realidad no respeta estas normas como son interpretadas conforme al derecho internacional. En junio de 1998, el ELN firmó un acuerdo en el cual se comprometió a respetar ciertas reglas mínimas del derecho internacional humanitario. Este acuerdo fue firmado con representantes del Comité Nacional de Paz de Colombia en Mainz, Alemania, después de un diálogo entre dirigentes del ELN, representantes del Estado colombiano y representantes de la sociedad civil. Las conversaciones de paz con el ELN han avanzado en los últimos meses a través de algunos contactos y reuniones dentro y fuera de Colombia. 40. El EPL surgió en 1965. El grupo originalmente se negó a participar en las negociaciones de paz iniciadas por el Presidente Belisario Betancur. Posteriormente, uno de sus dirigentes, William Calvo, cambió de posición y firmó un acuerdo de paz en 1980. Muchos de los integrantes del grupo aprovecharon la amnistía política que se les ofreció. Sin embargo, muchos otros que se reinsertaron en la vida civil eventualmente regresaron a la lucha guerrillera cuando William Calvo fue asesinado en una calle de Bogotá, el 20 de noviembre de 1985. 41. El EPL pasó luego a ser una de las partes en los acuerdos de paz concertados durante el Gobierno del Presidente Virgilio Barco. Posteriormente, muchos de sus miembros se integraron a la vida civil y han formado un partido político denominado "Esperanza, Paz y Libertad". 42. Un número muy elevado de integrantes del EPL reinsertados han sido asesinados. Estos asesinatos son primordialmente llevados a cabo por la facción disidente del EPL, que no firmó los acuerdos de paz, y por las FARC. Al menos en parte como resultado de la violencia de que fueron objeto, algunos de los anteriores integrantes del movimiento armado disidente se han aliado ahora con las fuerzas de seguridad del Estado e inclusive con los grupos paramilitares. 43. La historia de la formación de los actuales grupos paramilitares ya ha sido esbozada. Tal como se anotó anteriormente, algunos de los grupos paramilitares siempre han tenido conexiones importantes con elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque funcionan en muchos casos con gran autonomía. También existen importantes evidencias de vínculos entre grupos paramilitares y el narcotráfico. 44. En los últimos años, los grupos paramilitares han crecido considerablemente en número, poderío y control. Actualmente existen grupos a nivel local, regional y nacional. Por ejemplo, los grupos paramilitares del Departamento del Norte de Santander, particularmente en la zona de Ocaña, distribuyen volantes anunciado las actividades de las "Autodefensas Campesinas - Nororiente Colombiano". Análogamente, existen grupos paramilitares que actúan en la violenta región del Magdalena Medio, bajo la dirección del conocido Ramón Isaza. 45. La Organización paramilitar regional más conocida es la denominada "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá" ("ACCU"). Este grupo, fundado por dos hermanos, Fidel y Carlos Castaño, originalmente operaba en la región de Urabá, en la zona noroccidental del país. Más recientemente, la organización ha extendido su influencia a nuevas zonas que incluyen los Departamentos de Sucre y Bolívar, así como el norte de Antioquia. El padre de los hermanos Castaño fue secuestrado y muerto por las FARC y los hermanos originalmente actuaron con el MAS a comienzos de los ochenta. 46. Las ACCU aparentemente tienen estrechos vínculos con una organización nacional relativamente nueva denominada "Autodefensas Unidas de Colombia" ("AUC") o "Autodefensas de Colombia". La decisión de crear una organización nacional de grupos paramilitares surgió de una conferencia de estos grupos que dio lugar a la preparación de un documento que reflejaba esa decisión. Ese documento, elaborado en la primera cumbre de grupos de autodefensa colombianos, afirmaba que los grupos paramilitares se unirían con el objetivo primordial de "combatir la subversión". El documento establece un plan de estructuración de la organización nacional. De acuerdo con ese plan, la organización incluiría unidades para acciones militares y logísticas, inteligencia y promoción. Desde entonces, las organizaciones paramilitares han celebrado otras conferencias y han publicado documentos adicionales esbozando sus posiciones. 47. Numerosas actividades violentas y matanzas han sido atribuidas a esta organización nacional. De acuerdo con los documentos publicados por la propia organización, el grupo es ahora capaz de movilizar sus fuerzas de una zona del país a otra para llevar a cabo sus ataques y tomar el control de nuevas zonas del territorio nacional. Recientemente reivindicó el secuestro de cuatro miembros del Instituto Popular de Capacitación, en Medellín, como parte de una estrategia que amenaza directamente a quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. La Comisión en su momento expresó su enfática condena al secuestro mediante un comunicado de prensa.(7) 48. Pese a las campañas antidroga, incluida una fumigación sin precedentes de las plantaciones en 1997,(8) el territorio colombiano produce una de las cosechas de drogas ilícitas más voluminosas del mundo. De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional colombiana, se planta coca en 50.000 hectáreas de tierras colombianas. Otros cálculos arrojan cifras aún mayores.(9) 49. El comercio de la droga es intrínsecamente violento pues implica actividades fuera de la ley que incluyen el manejo de abultadas sumas de dinero. Puesto que las normas y los mecanismos legales no se aplican a estas actividades, las controversias que inevitablemente surgen también se resuelven ilegalmente, en general, mediante la violencia. 50. Además, los que participan en el comercio de la droga deben procurar constantemente su protección y la de sus actividades contra el escrutinio de la ley. Utilizan su capacidad para cometer actos de violencia como principal medio para alcanzar esos fines. Al mismo tiempo, utilizando la amenaza de la violencia, participan en actos de soborno y extorsión de funcionarios públicos, lo que provoca niveles extremos de corrupción en las entidades del Estado que deben controlar la actividad. De manera que el Estado se ve de este modo afectado sea por la violencia contra sus agentes o por la corrupción. 51. Los agentes del narcotráfico y el negocio mismo traen a Colombia violencia y corrupción que han alcanzado niveles intolerables y que amenazan con destruir el tejido social, político y económico del país. Además, los fondos que el Estado debe destinar a la lucha contra la droga podrían destinarse a financiar programas estatales encaminados a satisfacer las necesidades de los pobres. La desviación de estos fondos contribuye a una situación de desigualdad social y económica que a su vez, con frecuencia, produce violencia adicional.(10) 52. La Comisión hizo constar en su informe anual de 1996 que ese año perecieron en forma violenta en Colombia 26.710 personas. De esta cifra, aproximadamente 3.600 personas fueron muertas por razones políticas o ideológicas.(11) Estas estadísticas pueden compararse con las correspondientes a otros años recientes. La Comisión observa, pues, que la gran mayoría de los actos de violencia que se cometen en Colombia no tienen causas o implicaciones políticas directas. El Estado no es responsable de la mayoría de estos actos, que, por tanto, no constituyen violaciones de los derechos humanos.(12) Sin embargo, el alcance y la naturaleza de los actos cometidos como delitos comunes no son menos horrendos. 53. Estadísticas aceptadas indican que la tasa de asesinatos de Colombia ha llegado aproximadamente a 89,5 por cada 100.000 habitantes al año.(13) Esta tasa de asesinatos es la más alta de América Latina y es casi nueve veces mayor que la de los Estados Unidos. En sus observaciones al Informe, el Estado citó una estadística diferente aunque igualmente alarmante. El Estado señaló que, según fuentes de la Policía Nacional, la tasa de homicidios es de 67 por cada cien mil habitantes. 54. Colombia también registra la más alta tasa de secuestros del mundo. En efecto, casi la mitad de los secuestros que se registran en el mundo ocurren en Colombia.(14) En 1996, la Oficina de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional informó sobre 1.436 secuestros. Estadísticas aportadas por una organización no gubernamental indicaban que en 1997 se habían producido 1.693 secuestros.(15) La tasa real de secuestros es sin duda muy superior puesto que estas estadísticas deben basarse en informes o denuncias sobre secuestros. En muchos casos, los individuos afectados por los secuestros no denuncian este delito en la esperanza de liberar a la víctima más fácilmente si no se ponen en contacto con las autoridades. 55. Aproximadamente el 40% de los secuestros son cometidos por grupos disidentes armados.(16) Muchos de los secuestros que llevan a cabo los grupos disidentes armados tienen el propósito de obtener el pago de un rescate. La Comisión examinará en el Capítulo sobre violencia y violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario la aplicación del derecho internacional a estos actos. Sin embargo, cabe señalar a este respecto que el derecho internacional humanitario no respalda en modo alguno la comisión de tales delitos, que no pueden considerarse componente legítimo del enfrentamiento armado. Por lo tanto, no es en modo alguno impropio referirse a este tipo de secuestros extorsivos en esta sección dedicada a los delitos comunes, aunque los secuestros sean cometidos por grupos disidentes armados. 56. La elevada tasa de delitos violentos también tiene repercusiones económicas, dado que una importante porción de recursos privados y públicos se distraen de otros usos más beneficiosos para destinarse a la protección. El sector privado también ha gastado crecientes montos en el pago de rescates para recuperar a los secuestrados. Las estadísticas del gobierno sugieren que los sectores privados perdieron más de 800 millones de dólares a raíz de los secuestros, la extorsión y el robo entre 1990 y 1994. 57. La Comisión desea subrayar la relación que existe entre la violencia vinculada a los delitos comunes y las violaciones de los derechos humanos. Se ha sugerido que el mejoramiento de la situación de derechos humanos no tendría mayores efectos en la situación general de violencia de Colombia, dado que la mayor parte de la violencia se vincula al delito común y no a violaciones de derechos humanos en los que tenga responsabilidad el Estado. La Comisión no comparte este punto de vista. 58. Cuando agentes del Estado y el propio Estado son responsables de actos de violencia que violan los derechos humanos, cometidos al amparo de la autoridad oficial, es más probable que aumente la incidencia de los delitos comunes que no implican responsabilidad del Estado. Cuando sus agentes y colaboradores cometen actos violentos ilegítimos, el Estado permite e inclusive participa en la creación de una cultura de violencia. Las leyes sirven en una sociedad para moldear el comportamiento humano hacia el cumplimiento de esas normas, a través de un sistema de desincentivos y sanciones a quienes las desobedecen. El Estado, por medio de sus agentes, tiene el cometido de hacer cumplir esas leyes y normas. Cuando los agentes del Estado no respetan la ley que deben hacer cumplir, la sociedad en su conjunto se ve estimulada a desconocer el imperio del derecho. 59. Además, cuando los agentes del Estado participan en violaciones de la ley y de los derechos humanos, su atención es apartada de la tarea de hacer cumplir la ley. Los delincuentes comunes se benefician de esta desviación de recursos que les permite cometer actos violentos impunemente. Asimismo, la estructura de impunidad que debe crearse para evitar represalias contra protagonistas del Estado que cometen violaciones de derechos humanos beneficia a todos los que actúen en forma delictiva en la sociedad. Cuando las facultades indagatorias y judiciales del Estado son debilitadas para dar protección a quienes cometen violaciones de los derechos humanos, el Estado enfrenta graves dificultades para llevar a los delincuentes comunes ante la justicia. La Comisión considera, pues, que si se contienen las violaciones cometidas con responsabilidad del Estado, cabe razonablemente esperar que se produzca una mejora general en la situación delictiva y de violencia de Colombia. 60. De todos los países de América Latina, con excepción de Brasil, Colombia ha experimentado el mayor crecimiento económico en los últimos 35 años. En los ochenta, Colombia registraba el más elevado crecimiento de todo Sudamérica. Sin embargo, inclusive durante este período de auge, han existido graves desigualdades sociales y económicas, incluida la concentración de la riqueza en manos de un pequeño porcentaje de la población. 61. De acuerdo con cifras de 1991 citadas por el Banco Mundial, el 10% de la población de menores recursos recibe el 1,3% del ingreso nacional.(17) En otro estudio en que se analizan las cifras de 1992 se señala análogamente que el 10% más rico de la población de Colombia percibe 41,7 veces lo que percibe el 10% más pobre de la población.(18) 62. En este Informe se considerará en mayor profundidad la situación de los derechos económicos y sociales en Colombia en capítulo especial. Sin embargo, la Comisión observa que las desigualdades que han persistido pese al desarrollo y el crecimiento económicos, han sido una constante fuente de conflicto en Colombia. Pero también es preciso señalar que países con disparidades de riquezas similares o mayores, no han sido víctimas del mismo tipo de conflictos. 63. También cabe señalar que el gasto del Estado en programas sociales, que serviría para paliar los problemas que crea la pobreza y la desigualdad económica, con frecuencia son desviados a otros fines a raíz del costo del combate contra las distintas fuerzas que amenazan al Estado. Aproximadamente el 4% del producto interno bruto de 1996 se destinó al conflicto interno.(19) Se calcula que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reciben aproximadamente el 25,4% de los ingresos que recauda el Estado.(20) 64. Análogamente, el gasto privado de ricos y pobres se aparta de usos más productivos debido al actual clima de violencia que impera en el país. Por ejemplo, una mujer de un barrio pobre de Medellín declaró, al ser entrevistada por la Comisión, que no podía sacar a su familia de la pobreza porque se veía obligada a gastar una importante porción de sus ingresos en funerales y entierros de familiares que eran asesinados. Las dificultades económicas que enfrentan muchos colombianos, pues, deben percibirse a la vez como causa y efecto del conflicto armado interno y de las otras formas de violencia que imperan en Colombia.
65. La situación de los derechos humanos en Colombia presenta ciertos aspectos positivos que la Comisión debe considerar en su análisis. Como lo ha señalado la Comisión en anteriores informes y en el comunicado de prensa emitido tras la conclusión de su visita in loco, existen numerosas instituciones colombianas y oficinas estatales dedicadas a la protección y el fomento de los derechos humanos, la mayoría de las cuales participan en un empeño serio y constante por mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia. Como lo señaló anteriormente la Comisión, las instituciones de esta naturaleza deben recibir el apoyo necesario, tanto del Gobierno como de la sociedad civil, para que puedan llevar adelante su labor en forma aún más efectiva y eficiente. 66. La Comisión señala a la atención, por ejemplo, la labor de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Nación. Este órgano ha logrado avanzar algo en la lucha contra la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y en la superación de los obstáculos que se le han interpuesto en este contexto. 67. La Comisión también atribuye importancia al programa para la protección de los defensores de los derechos humanos y de otras personas amenazadas. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión 1290 y la Defensoría del Pueblo merecen todas el reconocimiento como instituciones empeñadas en una labor seria y comprometida en favor de los derechos humanos. 68. Además, la Comisión toma nota del grado de organización que existe en la sociedad civil colombiana. Existen organizaciones no gubernamentales dedicadas a laborar en casi toda esfera imaginable de interés para la población colombiana. Muchas de estas organizaciones actúan en forma dinámica y constante en pro del mejoramiento de la situación de los derechos humanos en Colombia a través de la educación, la protesta pacífica legal, la formulación de denuncias ante sistemas jurídicos nacionales e internacionales, así como por otros medios. Estas organizaciones y el resto de la sociedad civil expresan abiertamente y sin restricciones sus inquietudes acerca de los problemas que enfrentan los colombianos. 69. Muhas de estas organizaciones han manifestado un creciente interés en lograr la paz en Colombia y han reconocido la importancia de la defensa de los derechos humanos como condición necesaria para lograr esa paz y superar la violencia que afecta al país. Esta contribución necesariamente fomenta las posibilidades de mejorar la situación de los derechos humanos y lograr la paz en el país. 70. Desde el inicio de su mandato el Presidente Pastrana ha adoptado un número de valerosas medidas para impulsar el proceso de paz en Colombia. La Comisión felicita al Presidente por este importante esfuerzo que es de vital importancia para el futuro del país y hace votos para que las conversaciones iniciadas con tanta dedicación y seriedad conduzcan al logro de una paz duradera en Colombia. La Comisión nota, sin embargo, que los problemas que afectan el respeto de los derechos humanos según son señalados en este Informe no han disminuido en los últimos meses y deben ser considerados como tema prioritario para el nuevo Gobierno. [ Indice | Anterior | Próximo ]
4. Véase Estanislao Zuleta, Colombia: Violencia, Democracia y Derechos Humanos, 1991. 6. Washington Post, "New Peace Council Faces Daunting Task," 5 de abril de 1998. 7. CIDH Comunicado de prensa 2/99 del 4 de febrero de 1999, Informe Anual de la CIDH 1998. 13. Latin American Weekly Report, 4 de marzo de 1997, citando un informe del Banco Mundial. 14. "América Latina, paraíso del secuestro", El Tiempo, 27 de octubre de 1995. 16. Estadísticas de la Oficina de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional. 17. Informe del Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1997, "State in a Changing World" pág. 223. 19. "El Costo de la Guerra", El Tiempo, 11 de marzo de 1998. 20. Comisión Colombiana de Juristas, Colombia, Derechos Humanos y Derecho Humanitario 1966, pág. 55.
|
