INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
                LAS LLAMADAS "COMUNIDADES DE POBLACION EN RESISTENCIA"
DE GUATEMALA(*)  

          I.        INTRODUCCION 

          La situación de las comunidades desarraigadas por el conflicto interno de Guatemala que se aislaron en las selvas del Ixcán y en la Sierra desde principios de 1980 y reaparecieron a la luz pública en 1991 autodenominándose "Comunidades de Población en Resistencia", fue considerada por la Comisión en sus distintos informes a partir de 1983.[1]         

          En enero de 1994, durante una audiencia especial en el 851 Período de Sesiones, los representantes de las CPR pidieron a la CIDH verificar en el lugar el proceso de normalización que pensaban concretar en las CPR del Ixcán el 2 de febrero de 1994.  El Gobierno de Guatemala en esa misma audiencia invitó oficialmente a la CIDH a realizar esa visita de observación. 

          Dicha invitación  fue reiterada por la Sra. Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala Gladys Marithza Ruíz de Vielmann, por nota del 4 de febrero.  La Comisión decidió enviar una Delegación especial formada por su Segundo Vicepresidente Dr. Leo Valladares Lanza, el Secretario Ejecutivo Adjunto Dr. David Padilla y los Especialistas Dr. Osvaldo Kreimer, y Dra. Elizabeth Houppert. 

          La misión de observación se realizó entre los días 4 y 11 de marzo de 1994, en los cuales la delegación tomó contacto con representantes de las CPR, con organismos de derechos humanos, con organismos técnicos del Gobierno entre ellos CEAR (Comisión Nacional de Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados) y FONAPAZ (Fondo Nacional para la Paz), con autoridades nacionales entre ellos los Ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa, el Procurador de los Derechos Humanos y el Director de la Policía Nacional, todos ellos junto a sus colaboradores inmediatos. 

          La Delegación visitó el Quiché durante los días 9 y 10, teniendo la oportunidad de conversar con líderes y pobladores de las CPR normalizadas en Santiaguito, San Luis, San Francisco, Los Altos y La Esperanza, (Ixcán) y las CPR  en Cabá y Santa Clara (Sierra).  La Comisión visitó también poblaciones cercanas en Centro Veracruz, (Ixcán) y Asunción del Copón (Sierra), así como "trabajaderos" (áreas de cultivo) de algunas de las CPR y se entrevistó con patrullas militares operando en esos territorios. En dichos viajes la Delegación pudo observar también otras poblaciones del área, así como los cuarteles abandonados por el Ejército en Tercer y Cuarto Pueblo. 

          Al final de su estadía, la Delegación tuvo la oportunidad de presentar un amplio informe verbal al Sr. Presidente de la Nación Lic. Ramiro de León Carpio, entregándole una serie de recomendaciones preliminares que a juicio de la Delegación podrían facilitar la completa normalización de la situación y la plena vigencia de los derechos humanos de dichas poblaciones. 

          El presente informe especial cubre fundamentalmente el período entre mediados de 1993 y marzo de 1994.  Su texto fue considerado por la Comisión con fecha 7 de Abril de 1994, y enviado al Gobierno para su conocimiento y comentarios.  En base a los mismos que fueron recibidos el 2 de junio de 1994, la Comisión produjo este Informe Especial. 

          II.       ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS CPR 

                   En su informe de 1985 decía la CIDH: 

                   Es un hecho incontrovertible ... que ningún sector ha sido más afectado por la violencia durante estos últimos años como lo han sido la población campesina y la raza indígena de (Guatemala).  La guerra ... ha dejado en el campo un saldo de muertes y destrucción sin precedentes.  Los bombardeos, saqueos y quema de aldeas, la destrucción de cosechas y demás fuentes de trabajo, el asedio, hostilidad y asesinato masivo a sus pobladores, dejo sin hogar y sin tierra a la mayoría de los afectados, generando entre otras reacciones la fuga masiva de miles de indígenas y campesinos guatemaltecos, creando entre los que se quedaron o volvieron, uno de los más graves y angustiosos problemas sociales, culturales y económicos de toda su historia.[2] 

          En el período 1981-82, en el que más de cuatrocientos pueblos y aldeas fueron arrasadas y miles de guatemaltecos brutalmente asesinados, la reacción de los sobrevivientes "atrapados entre dos fuegos" fue sea huir, sea ponerse bajo el control del Ejército forzados a participar en las patrullas de autodefensa o reubicados en las "aldeas modelo" donde fueron concentrados.[3] 

          La fuga de cientos de miles de campesinos los llevó a todos los rincones de su tierra y a países vecinos.  Un porcentaje menor de los afectados, unas cincuenta mil personas totalmente desposeídas se escapó a zonas selváticas del Departamento del Quiché, unos en la Sierra Ixil, y otras en el Ixcán fronterizo con México; pasando esos años escondidos del mundo exterior y fuera de control gubernamental. 

          La vida de esas cincuenta mil personas que buscaban refugio en las selvas y en las montañas del norte del Quiché se desarrolló en condiciones materiales infrahumanas pero a la vez creando un profundo vínculo organizacional.  Una década después aproximadamente la mitad se mantenían aún allí.  Las ofensivas del Ejército entre Amachel y Sumal entre 1987 y 1989 hicieron salir de allí a unas cinco mil personas.[4]  Posteriormente otras se establecieron por su cuenta fuera de las CPR, al Norte de Uspantán.  (Ver Sección IV).  A mediados de 1992, según información de representantes de las CPR quedaban unos 17.000 habitantes de las CPR de la Sierra y unos seis mil en el Ixcán, o sea un total aproximado de 23.000 personas. 

          Etnicamente las CPR del Ixcán son en su gran mayoría K'iches mientras que en las comunidades de la Sierra son en su mayoría Ixiles, siendo el resto Chajuleños, Cotzaleños y K'iches, así como ladinos.[5]  Las comunidades visitadas resaltaron la convivencia en pie de igualdad de sus miembros de todo origen. 

          Las CPR surgieron a la luz pública en febrero de 1990 después de su 1ra. asamblea general, en la que decidieron lanzar una campaña nacional e internacional para obtener apoyo, denunciando los ataques del Ejército.  Algunos analistas sostienen que las CPR salieron a la luz porque se cansaron de mantenerse escondidos esperando un futuro mejor , pero que en la práctica sólo sufriendo un empobrecimiento mayor cada año y renovados ataques de los militares.[6]   

          Sin embargo los asaltos militares continuaron, tanto por las fuerzas regulares de tierra, como por aire.  Por lo menos hasta principios de 1993 continuaron los bombardeos de las poblaciones y las quemas de sus ranchos y posesiones.[7]  También la violencia contra ellos se tradujo en "desapariciones" y en detenciones injustificadas cuando se dirigían a comerciar o visitar a sus familiares en poblaciones vecinas. 

          Durante 1992 y 1993, numerosos observadores nacionales e internacionales han visitado a las CPR tanto en la Sierra como en Ixcán, y han indicado que son civiles desarmados que viven en gran pobreza y que apenas pueden sobrevivir plantando maíz, frijoles, y criando animales de chacra.  Así lo dijo el Experto Independiente para Guatemala de Naciones Unidas Christian Tomuschat.  

          Llegaron a la misma conclusión el entonces Procurador General de Derechos Humanos Lic. Ramiro de León Carpio y su adjunto, el Lic. César Alvarez Guadamuz, así como numerosas autoridades de Iglesias locales y extranjeras que las visitaron.

          Durante la visita de la CIDH a Guatemala en septiembre de 1993, las CPR enviaron una delegación de seiscientas personas a la  Ciudad de Guatemala para iniciar un diálogo con las autoridades nacionales.  Recibidas por el Presidente de la República, convinieron iniciar ese diálogo a fin de dicho mes, diálogo que continuó en varias sesiones, sin lograr llegar a un acuerdo definitivo.

          En enero de 1994, las CPR de Ixcán hicieron público su propósito de asentarse pacíficamente a partir del 2 de febrero en sus ubicaciones anteriores entre los ríos Ixcán y Xalbal en tierras de la Cooperativa del Ixcán Grande, cuyos socios son en su mayoría miembros de las CPR, e invitaron a la CIDH a comprobar su situación en lo que se refiere a derechos humanos.

          III.      LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DENUNCIADOS RECIENTEMENTE
                     Y LA POSICION GUBERNAMENTAL 

          Cuatro temas: 1) el hostigamiento militar, 2) los problemas de reconocimiento jurídico personal y colectivo, 3) la provisión de servicios básicos por el Estado, y 4) los problemas de tierras y desarrollo económico, son los principales asuntos que aquejan a las CPR.  

          En los últimos meses y durante su visita, la Comisión recibió numerosas denuncias al respecto, obtuvo información adicional de fuentes gubernamentales y privadas, y pudo dialogar ampliamente con habitantes de las CPR y autoridades nacionales sobre las mismas.

          También organismos del Estado han ofrecido a la Comisión información sobre su acción y actitud en cuanto a los problemas denunciados por las CPR.  En forma abierta y no confidencial la Comisión ha recibido de todos los sectores del Gobierno  seguridades de respeto a los derechos de las CPR y de sus intenciones de realizar esfuerzos especiales para normalizar la situación.

          La Comisión ha transmitido públicamente en sus visitas a las CPR dichos mensajes gubernamentales, los que fueron atentamente recibidos por sus integrantes.  Sin embargo tanto sus líderes como muchos de los integrantes señalaron incidentes concretos que tienden a desmentir dichas seguridades así como pautas de conducta de las fuerzas de seguridad en el pasado, que les impiden confiar plenamente en dichas promesas.

          En este informe la Comisión presenta tanto las denuncias, como esas manifestaciones gubernamentales, entendiendo que hacer públicas ambas puede conducir a mejorar la vigencia de dichos derechos humanos para las CPR.

          1.       Ataques y hostigamiento por parte de los militares 

          Distintas formas de hostigamiento militar han sido denunciadas como que constituirían una política sistemática contra las CPR:  a) acciones intimidatorias y ataques directos, b) la antagonización de las poblaciones vecinas contra las CPR, c) violación a sus derechos de movilizarse y de comerciar,  d) destrucción y apropiación indebida de cosechas, y e) falta de desminado de zonas recuperadas.  Tal como se indica más adelante el Gobierno rechaza que esa sea su intención y que ha dado muestras de ello.

          a)       Acciones militares intimidatorias contra las comunidades 

                   Denuncias 

          La Comisión recibió las siguientes denuncias relacionadas con las CPR de la Sierra: 

          -         El 10 de noviembre de 1993, un grupo de soldados procedentes de Amachel penetró en dirección de Santa Clara, disparando muy cerca de las comunidades.  Al día siguiente, un helicóptero militar ametralló sobre cultivos de la CPR, cerca de Cabá.  

          -         El 25 de enero, un helicóptero militar ametralló cultivos en la comunidad de San Marcos, área de Cabá.  

          -         El 27 de diciembre de 1993 a las 8:20 de la noche, dos helicópteros de regreso a Playa Grande desde Cuarto Pueblo pasaron ametrallando el Centro Santiaguito y Los Altos, cayendo las balas entre las casas.  

          -         Presunto cerco militar en marzo de 1994 en torno a las comunidades de la Sierra con el supuesto objetivo de atacarlas.  

          Relacionadas con las CPR del Ixcán: 

          -         Presunto cerco militar en febrero de 1994 en torno a las comunidades del Ixcán con el supuesto objetivo de atacarlas. 

          -         Sobrevuelos amenazantes a las comunidades:  el día 3 de marzo a las 11:45 p.m. dos helicópteros sobre asentamiento La Esperanza.  

          Posición del Gobierno respecto a las alegadas acciones militares y el hostigamiento 

          Tanto el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, como el Ministro de Defensa aseguraron a la Comisión --y le autorizaron a llevar dicho mensaje a las CPR-- que dichos movimientos militares no estaban destinados a cercar, atacar o perseguir a las comunidades CPR, ni existía esa intención. 

          En sus comentarios del 2 de junio sostiene el Gobierno:  

          En cuanto al presunto cerco militar, que considerando el enfrentamiento armado provocado por la URNG que ha causado inseguridad en la población, y en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 2 de la Constitución Política de la República, ha dado instrucciones a su Ejército para mantener operaciones en las áreas referidas, donde hay presencia de grupos armados de la URNG... ... el propósito de fortalecer las garantías constitucionales de sus habitantes y preservar la integridad del territorio nacional.
 

          Con respecto al calificativo utilizado de "vuelos amenazantes," estima que el mismo es impropio, puesto que se ha interpretado mal una acción legal, que en cumplimiento de los deberes de Estado han llevado a cabo las fuerzas armadas, quienes se han visto obligadas a utilizar ocasionalmente y para el efecto, aeronaves con el fin de combatir a los grupos armados que operan en la región.... 

          El Ministro de Defensa General Mario Enriquez señaló que está tratando de edificar la confianza necesaria para lograr la paz.  Con respecto a la denuncia de movimientos de fuerzas militares que son vistas como un cercamiento de las comunidades reasentadas del Ixcán, aseguró que no era esa la intención militar, y que por el contrario había dado instrucciones estrictas a los Comandantes de Batallón de respetar la integridad y derechos de esas poblaciones, incluyendo restricciones especiales en cuanto a la conducción de la lucha antisubversiva en esas áreas.  Entre esas restricciones señaló la orden de evitar disparar excepto en defensa propia, de reparar o indemnizar cualquier daño causado en cumplimiento de acciones militares, y de buscar establecer una relación franca y amistosa con dichas poblaciones.[8] 

          Señaló también como logro y aporte militar hacia la normalización, el retiro del cuartel de Tercero y Cuarto Pueblo, así como planes para reducir o retirar otros destacamentos del área. 

          Sostuvo que existen fenómenos que los alientan, como la propia normalización de las comunidades del Ixcán.  Indicó como un valioso hecho el que un soldado mordido por una serpiente "barba amarilla" había sido salvado gracias al suero antiofídico provisto por la CPR cercana.[9]  Igualmente señaló que tenían información que desde hacía un año las CPR no permiten que la guerrilla trate de reclutar combatientes entre su población.

          b)       Campañas para antagonizar a las poblaciones vecinas contra las CPR 

          Según las denuncias el Ejército continúa actuando contra las CPR considerando que "son elementos que siguen la orientación de la guerrilla".[10]  Dentro de ese contexto la Comisión ha recibido denuncias sobre acciones de los miembros del Ejército que tienden a crear desconfianza y antagonismo y distanciamiento entre las  comunidades vecinas y las CPR. 

          Esa apreciación se vuelve más peligrosa por la presencia y acción de las PACs. (Comités Voluntarios de Autodefensa Civil),  de los comisionados militares y por las campañas de presión del Ejército para que la población participe en dichas patrullas armadas. 

          Denuncias 

          -         En los últimos meses de 1993, el Ejército y las PAC de Nebaj y Chajul han movilizado grupos de personas que amenazan y controlan abiertamente a los habitantes de las CPR de la Sierra cuando visitan a sus familiares en aldeas y pueblos, o salen a comerciar. (Sierra) 

          -         Oficiales militares y de las PAC han organizado a grupos de campesinos sosteniendo que los acompañantes internacionales tienen como objetivo repartir las tierras de esos campesinos. (Sierra) 

          -         En los últimos días de febrero un oficial alegadamente proveniente del cuartel de Chajul se reunió con los comandantes de las PAC sosteniendo que las CPR son comunistas de las URNG y que van a repartir la producción de las aldeas vecinas.  Indicó que debe impedírseles el paso y no recibirlos en los pueblos.  Ordenó armar a todas las PAC con fusiles GALIL en prevención del aumento de la guerra.  Ordenó también en esa reunión listar a los patrulleros que quieren dejar de serlo, "ya que el Ejército va a arreglar cuentas con ellos". (Sierra) 

          -         Fuerzas del Ejército con base en el Destacamento de Los Cimientos amenazaron a fines de febrero con ocupar la comunidad de XAXBOJ, área de Xeputul. (Sierra). 

          -         El 7 de febrero de 1994 miembros evangélicos de las CPR de Santa Clara celebraron un servicio del culto en la Aldea Amachel y el Ejército rodeó la Iglesia en actitud amenazante. (Sierra). 

          -         Los días 23 al 25 de marzo de 1994 los militares lanzaron una operación de reclutamiento forzoso en Nebaj y Chajul, con instrucciones de incorporar mil jóvenes de esa zona al Ejército. (Sierra). 

          -         La Comunidad de Santa Clara, denuncia contínuas amenazas en estos meses de los jefes militares de los Destacamentos de Amachel y Vijomistan, así como del Comandante de la PAC de Chel, Sr. Rubén Cruz. (Sierra).

          Posición del Gobierno en cuanto al antagonizamiento de poblaciones vecinas contra las CPR 

          En su respuesta del 2 de junio el Gobierno sostiene que existen indicios de que miembros de las CPR comercian y se comunican con los guerrilleros presentes en el área, lo que "crea desconfianza y dificulta la relación con las poblaciones vecinas..." y que, "el Ejército no realiza campañas de presión para que la población participe en los Comités Voluntarios de Defensa Civil.  Que éstos están integrados voluntariamente en organizaciones propias para procurarse la defensa de sus comunidades, sus familias y sus bienes, ante los efectos de los enfrentamientos armados, como de los ataques de la URNG...".

          La Comisión ha expresado su posición frente a los Comités Voluntarios de Defensa Civil (conocidos como PACs) en sus informes anuales, en los que condena  seriamente como sistema, sus abusos, la falta de control que sobre ellos ejerce el Ejército, y  la situación de inseguridad y en casos de terror que su existencia mantiene en grandes zonas rurales de Guatemala.[11]   Durante su visita de marzo de 1994, la Comisión recibió declaración de patrulleros armados de poblaciones vecinas a las CPR de la Sierra, que dijeron que la razón por la que patrullaban era porque se lo ordenaba el Ejército, y que desde hacia por lo menos siete años no habían sabido que hubiera guerrilleros en su zona, ni había habido enfrentamientos armados.

          c)       Atentados contra la libertad de locomoción y comercio 

                   Denuncias 

          -         El 6 y 7 de noviembre de 1993, cuando habitantes de las CPR en Chel trataban de comerciar en dicha población, fueron obligados a marcharse por elementos militares del Destacamento de Vijomisán vestidos de civil, que los acusaron de guerrilleros.  (Sierra).  

          -         El 11 de marzo de 1994 a las 15:00 hs. un grupo militar que se dirigía al destacamento militar de Chel detuvo a un grupo de campesinos de las CPR y acompañantes internacionales que se dirigían hacia Cabá, amenazándoles, intimidándoles y provocándolos durante una hora.  (Sierra).

          -         A principios de marzo, una lancha proveniente de Puerto Rico, México, fue detenida cerca del centro Nueva Concepción (San Luis) sobre el río Xalbal.  Sus once pasajeros debieron identificarse y su carga fue revisada, mientras soldados vigilaban apuntándolos con sus armas.  Indica la denuncia también que el tratamiento pese a lo intimidatorio, fue respetuoso.  Por su parte, efectivos militares explicaron que se trataba de una verificación de rutina en zona fronteriza y de conflicto. (Ixcán) 

          Posición del Gobierno sobre el respeto al derecho a comerciar y transitar libremente   

          Las autoridades civiles y militares expresaron a la Comisión que estaban dispuestas a garantizar la libertad de comercio y tránsito de los miembros de estas comunidades.

          d)       Destrucción o apropiación de cosechas 

                   Denuncias 

          -         Denuncia sobre destrucción parcial de trabajaderos de la comunidad San Luis sobre la playa del río Xalbal en febrero de 1994. (Ixcán)

          La Comisión comprobó que efectivamente fuerzas militares habían destruido parcialmente siembras en ese sector.  Los militares en el lugar explicaron que debieron hacerlo en acción militar con guerrilleros en la que debieron tomar posiciones y que para evacuar heridos graves tuvieron que limpiar un terreno para aterrizaje de helicópteros.  Dijeron también que estaban dispuestos a pagar las pérdidas de sembrados, y reintegrar todos los objetos de la CPR que pudieran encontrar y que estaban esperando que los propietarios les hicieran un detalle de las mismas.  

          Las CPR sostienen que si bien las pérdidas son parciales (la Comisión comprobó que son aproximadamente entre un diez al veinte por ciento de lo sembrado en esos "trabajaderos"), debieron abandonar la siembra dejando elementos de cultivo y sin poder retornar a la misma para poder cosechar el resto por la presencia amenazante del Ejército en el mismo.

          La Comisión entiende que existen las condiciones para que las comunidades puedan seguir trabajando allí con seguridad, y que el Ejército pueda cumplir legalmente sus tareas.  En ese sentido entiende --y lo ha propuesto durante su visita al lugar-- que sería posible y conveniente que representantes de la comunidad de San Luis y de los militares operando en el puesto del Río Xalbal se reunan en el lugar para establecer normas que permitan a ambas partes llevar adelante sus tareas con las garantías necesarias.

          La comunidad Victoria 20 de enero denunció la destrucción de una siembra de frijol de una cuerda y el pisoteo de dos quintales de ese producto, lo que fue verificado el 13 de marzo de 1994 por una Comisión que incluía al representante de la Procuraduría de Derechos Humanos.  La denuncia indica que el Ejército expresó su voluntad de pagar por los daños. (Ixcán).

          Posición del Gobierno sobre la destrucción o apropiación de cosechas por el Ejército 

          Las autoridades militares indicaron a la Comisión, que han dado órdenes específicas de indemnizar a las comunidades por daños a plantaciones o bienes de las mismas que se deben utilizar o dañar con motivo de acciones militares.  La Comisión comprobó en varios casos que el Ejército había puesto a disposición de los representantes de las CPR indemnizaciones por daños causados en acción militar.    

          e)       Terrenos minados 

                   Denuncias  

          Según las denuncias, minas y proyectiles no desactivados quedaron en los terrenos aledaños a los cuarteles de Tercer y Cuarto Pueblo que fueron abandonados por el Ejército.  Ello impide que los pobladores del Ixcán puedan cultivar dichas tierras. 

          También se recibieron denuncias que el Ejército estaría minando caminos que permitan a los miembros de las CPR de la Sierra transitar hasta pueblos vecinos. 

          La Comisión recibió testimonios de que efectivamente existen minas en esas áreas, minas y proyectiles cuya procedencia los grupos guerrilleros y el Ejército se acusan mutuamente de haber colocado.  

          Posición del Gobierno 

          En su respuesta del 2 de junio dice que; 

          El Gobierno reconoce que el Ejército ha minado con explosivos convencionales, únicamente los alrededores de sus instalaciones en las áreas de enfrentamiento, mismos que ha levantado al retirarse, toda vez que cuenta con mapas que establecen donde han sido colocadas sus minas, por el contrario la guerrilla ha guardado silencio sobre sus operaciones al respecto, ... y el informe no hace mención de las prácticas de minaje que han llevado a cabo los grupos guerrilleros.... 

          Es importante señalar que se ha tratado de proteger a la población civil por medio de operativos efectuados con el fin de retirar las minas quitapie colocadas por la insurgencia, y en el caso de los terrenos en donde se ha asentado la población retornada , el Ejército ha procedido a desminarlos, tal como lo han afirmado representantes de las Comunidades Permanentes de Refugiados (CC.PP). 

          En sus reuniones con la Comisión, las autoridades militares también negaron toda intención de minar rutas civiles con el objeto de impedir el tránsito o intimidar de esa forma a los habitantes de las CPR.

          2.       Denuncias sobre problemas de identificación individual y reconocimiento institucional 

          Los representantes y habitantes de las CPR del Ixcán señalaron que el Estado no les provee la documentación civil necesaria, y que ello les impide gozar de sus derechos civiles y políticos, además de mantenerlos en una situación que en consecuencia las autoridades presumen como irregular.   

          Un problema típico es el de habitantes que quieren movilizarse fuera de la región y no lo pueden hacer porque las autoridades militares, patrullas y policía mantienen un control estricto en todas las rutas, como lo comprobó la Comisión.  Más aún, esa situación impide su participación electoral tanto a nivel municipal como departamental o nacional. 

          La falta de registro y documentación civil adecuada, se acrecienta por el apoderamiento por el Ejército de los libros de bautismo y registro de nacimientos de estas comunidades, los que alegadamente les fueron retirados el 30 de noviembre de 1992 y el 8 de marzo de 1993, sin haber sido restituídos. 

          Con respecto a su identificación colectiva, las CPR han venido demandando que el Estado las reconozca públicamente como poblaciones civiles no combatientes, tal como se señala en otros puntos de este informe, y que como tal sean tratadas por el Estado con el respeto debido a su población civil, y sea dotada de las facilidades y garantías correspondientes.

          Posición del Gobierno respecto a la documentación individual de los habitantes de las CPR  

          En su respuesta del 2 de junio dice el Gobierno: 

          ...dichos problemas han sido reconocidos por las autoridades guatemaltecas desde hace varios años, y se ha tratado de resolver esta problemática a través de varias acciones.  En este sentido, el Congreso de la República ha aprobado diversos mecanismos para agilizar la documentación de los ciudadanos afectados por el enfrentamiento, los cuales han sido utilizados por las diferentes instituciones que trabajan con las mencionadas poblaciones.

          No obstante lo anterior, distintas autoridades reconocieron a la Comisión que el problema subsiste y que sus consecuencias afectan los derechos humanos de los miembros de las CPRs., entre ellas las autoridades del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional, de CEAR  y FONAPAZ, y han ofrecido su colaboración para resolver las dificultades y atrasos para la emisión de la identificación civil en Guatemala, la "cédula de vecindad" mencionada anteriormente.

          Al respecto indicaron su voluntad y capacidad práctica de preparar y entregar en las propias comunidades en un plazo de pocas semanas a quienes lo soliciten, inclusive a los menores de edad, un documento provisorio de identidad en base a un trámite simplificado,  e iniciar inmediatamente el trámite de obtención de dicha cédula de vecindad.  Las autoridades militares y policiales aseguraron que darían las órdenes necesarias para que dicho documento provisorio fuera conocido y respetado por sus agentes como válido y suficiente a efectos identificatorios.

          Posición del Gobierno y medidas respecto a sus derechos como población civil 

          Dentro de las acciones que el Gobierno indicó que está dispuesto a llevar adelante dado que como población civil les corresponde, se incluyen además las siguientes:

          -         Derechos políticos y participación electoral de los miembros de las      Comunidades 

          Las autoridades del Ministerio de Gobernación, CEAR y FONAPAZ, de la Policía Nacional y de la Procuraduría de los Derechos Humanos indicaron su voluntad de trabajar en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral, en las tareas de empadronamiento y de organización para la participación de los integrantes de las CPR en los futuros procesos electorales, y respetar su derecho a elegir y ser elegidos. 

          Igualmente todas las autoridades expresaron su voluntad de respetar la libertad de pensamiento y expresión de sus miembros, así como su actividad política realizada dentro de los preceptos legales.   

          -         Policía local de las Comunidades 

          Las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobernación indicaron que estaban dispuestos a que las comunidades eligieran entre sus miembros personas que cumplieran con los requisitos mínimos establecidos para rendir el examen, y que luego de un entrenamiento básico esas personas volverían a su propias comunidades como funcionarios policiales, con la autoridad correspondiente.  Al mismo, tiempo al ser oriundos de la comunidad, ésta podría reclamarles directamente el fiel cumplimiento de sus funciones.  Señalaron que dicho procedimiento ya había sido implementado en Tecpán.  También indicaron que podrían considerarse otras posibilidades de participación comunitaria policial, como la puesta en práctica en Santiago Atitlán.   

          -         Presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos 

          El Procurador de los Derechos Humanos consideró posible y expresó su voluntad de tramitar la instalación de delegados de la Procuraduría en el Ixcán y la Sierra, tal como ya lo ha realizado en ciudades donde habían llegado personas refugiadas en México.

          -         Extensión a las CPR de medidas especiales otorgadas a los refugiados 

          Las autoridades guatemaltecas indicaron su aceptación para extender la exención por tres años del servicio militar obligatorio a los jóvenes de las CPR.      

          -         Respecto a la formación o promoción de nuevas PACs 

          Igualmente indicaron que no promoverán ni aceptarán la formación o existencia de comités civiles de autodefensa (o PACs.) en las mismas. 

          3.       Demandas sobre servicios básicos de salud y educación 

          La situación de servicios de salud y educación en estas poblaciones es sumamente precaria.  La debilidad general de la provisión por el Estado de estos servicios en zonas rurales guatemaltecas, se agrava por las circunstancias especiales de la relación entre el Estado y las CPR. 

          La Comisión comprobó la existencia de servicios de salud y educación organizados y apoyados por las propias comunidades, tanto en el Ixcán como en la Sierra.  En algunos casos como en la Sierra donde las poblaciones por su aislamiento geográfico han estado establecidas por más tiempo, los servicios de salud están en condiciones de proveer incluso operaciones de cirugía menor, y con la ayuda de la organización "Médicos sin Fronteras" están construyendo una clínica modelo.  Las CPR de la Sierra mantienen un sistema educativo con dieciocho escuelas (7 en Cabá, 5 en Santa Clara) donde concurren alrededor de 3.500 niños. 

          Entre sus demandas al Estado, las CPR consignaron sus derechos a los servicios básicos.  En ese sentido, el Gobierno informó a la Comisión que está dispuesto a coordinar con las comunidades el apoyo a esos servicios, y que al respecto está dispuesto a que concurran a las CPR las más altas autoridades de los ministerios respectivos para discutir el desarrollo de esos servicios y el papel del Estado en ellos.   

          4.       Problemas de tierras y desarrollo económico 

          a)       Propiedad y reivindicación de tierras 

          La Cooperativa del Ixcán Grande que a su vez reúne a cinco cooperativas con miembros de 2.400 familias, es titular de una propiedad de unos 40 Km² (4.000 hectáreas) entre los ríos Xalbal e Ixcán, en la frontera con México.  Dicha propiedad está legalmente titulada y reconocida por las autoridades. 

          Sin embargo, como informó FONAPAZ existen problemas surgidos en la década de los 80, cuando el Ejército radicó o indujo a familias de otras áreas a radicarse en tierras previamente propiedad o ocupadas por las CPR o desplazados.  Desde 1991, FONAPAZ esta buscando evitar que el retorno produzca nuevos conflictos con estas familias, lo que podría derivar, en palabras de su Director, en una "guerra de machetazos". 

          Así FONAPAZ logró reubicar a 428 familias de otras comunidades que habían sido llevadas a tierras de la Cooperativa Ixcán, y en mayo de 1993, logró también retirar a otras áreas unas 5.000 personas  para facilitar el asentamiento de retornados.  Este tipo de reasentamientos se hizo para facilitar la vuelta de 2.300 refugiados a Veracruz en diciembre de 1993, en tierras vecinas a las de la Cooperativa del Ixcán. 

          Con respecto a las tierras donde están establecidas las Comunidades CPR de la Sierra, la Comisión recibió información en relación a que las rivalidades étnicas con poblaciones vecinas constituye uno de los principales factores socioeconómicos a resolver y es de naturaleza catastral.  Dada la naturaleza del terreno y la falta de registros definidos de propiedad, y la posesión "de hecho" de muchas tierras, existe poca seguridad jurídica respecto al dominio, tanto de las CPR como de comunidades y propietarios vecinos, lo que puede hacer aún más difícil la solución de las desconfianzas nacidas del conflicto armado. 

          b)       Desarrollo económico 

          Las condiciones generales económicas de las CPR son muy precarias pese a su gran potencial productivo.  Con gran esfuerzo personal las familias mantienen una economía agrícola de subsistencia, con relaciones comerciales dificultadas por su aislamiento, temores y la tirantez con las patrullas civiles y autoridades militares en áreas vecinas. 

          Si bien las CPR del Ixcán y la Sierra enfrentan dificultades comunes para su desarrollo surgidas del hostigamiento y desconfianzas históricas, su situación económica varía por la configuración geográfica diferente entre la selva y la montaña, y por la diferente situación legal respecto a sus tierras. 

          La economía del Ixcán tiene características especiales.  Según información de FONAPAZ, 80% de su comercio es hacia el Norte con el Estado de Chiapas, México, con el que comparte una amplia frontera.  Sólo últimamente se están abriendo caminos que facilitarán en el futuro la conexión vial y comercial con el centro y sur de Guatemala.  Por otra parte la Comisión observó que la reubicación de refugiados, y la normalización de las CPR, han creado un movimiento productivo importante en la zona, con el establecimiento de nuevas comunidades, apertura de zonas al cultivo, mayor comercio, etc.[12]  

          La ayuda, tanto internacional como nacional a los refugiados retornados en áreas del Ixcán, está generando fricciones con comunidades vecinas que se consideran discriminadas lo cual puede generar situaciones que deriven en violaciones a los derechos humanos, sobre todo por la acción desequilibrante de las patrullas de autodefensa de comunidades vecinas. 

          FONAPAZ informó al respecto que su posición es trabajar en un Plan Integral del Ixcán, que cubra a las 196 comunidades que existen en la región, tradicionales o reasentadas.  Indicó que las CPR mantienen su posición de participar en dicho plan luego de lograr una solución a sus demandas de reconocimiento como población civil campesina, de retiro del Ejército del área, y de reparación por daños sufridos.  Un plan especial se está llevando a cabo con relación al Triángulo Ixil, incluyendo la creación de un Banco de Desarrollo local. 

          La economía de las CPR aunque también agrícola parece estar más desarrollada por la relativa mayor estabilidad de las poblaciones que les permite el aislamiento físico.  Sus cultivos de maíz, cardamomo, frijoles, etc., les dan la posibilidad de fuerte crecimiento y su organización y disciplina --logradas al igual que las del Ixcán por años de sufrimiento-- son un capital importante.  Su capacidad de crecimiento lo muestran con su contínua expansión y el establecimiento de nuevas comunidades, creando un tejido social crecientemente próspero y de alta productividad.  

          Posición del Gobierno con respecto al reconocimiento de la Cooperativa del Ixcán Grande (Federación) y de sus cooperativas integrantes 

          En todas sus conversaciones las autoridades reconocieron la existencia y funcionamiento de la Cooperativa, así como su propiedad de los territorios, propiedad que está debidamente registrada.

          Respecto a las Cooperativas o sus integrantes como sujetos de crédito 

          Las autoridades de CEAR indicaron su voluntad de ampliar a las comunidades normalizadas las gestiones que realizan a favor de los refugiados, para que sean sujetos de crédito ante los bancos privados y estatales, de acuerdo a las leyes y reglamentos.  

          IV.     ASENTAMIENTOS ESPONTANEOS INCOMUNICADOS (Las comunidades perdidas)

          El Director de FONAPAZ hizo saber a la Comisión su preocupación por la población de un grupo de comunidades --fuera del sistema de las CPR pero cercanas a ellas--  establecidas espontáneamente en áreas prácticamente incomunicadas del Quiché y de Alta Verapaz, y que se encuentran en pésimas condiciones de sobrevivencia.   

          Estas poblaciones han decidido conscientemente reubicarse en áreas remotas no consideradas de insurgencia y desarrollar su vida fuera del alcance de los grupos armados, de las patrullas y del Ejército, desarrollando una economía de subsistencia, y evitar llamar la atención pública.  Algunas de las familias que la integran han formado parte en el pasado de las CPR y han decidido reubicarse fuera de la zona de conflicto.

          Según la información recogida por la Comisión, estas comunidades aisladas están ubicadas en el área de Uspantán, en el Quiché, donde existen entre 60 y 90 comunidades de este tipo con una población que varía entre 30 a 50 familias cada una; y en Alta Verapaz en el área de Ochabal, Chisec y Sejalaute.  La Delegación de la Comisión pudo comprobar su existencia en el Quiché, y sobrevolarlas, aunque no tuvo condiciones propicias para visitarlas. 

          V.      CONCLUSIONES 

          -         Las CPR son poblaciones civiles, trabajadoras, con problemas y soluciones propias.  Su normalización es a la vez factor coadyuvante y consecuencia del proceso de pacificación general guatemalteco. 

          -         Las CPR están haciendo esfuerzos serios para su reincorporación a la vida normal guatemalteca, y su reasentamiento abierto en el Ixcán y el incremento de sus relaciones normales con sus vecinos y autoridades, así lo confirman.

          -         La Comisión comprobó que existen actitudes concretas de las autoridades civiles y militares que buscan la reducción del enfrentamiento y apoyan la normalización de la situación de las CPR.  Comprobó también que atentan contra las mismas las desconfianzas mutuas existentes, y acciones que pretenden ampararse en la existencia de un conflicto armado cuya presencia es mínima en las zonas de las CPR.  Esa realidad y la búsqueda de la paz y la superación de los odios y heridas históricas obligan a evitar cuidadosamente toda acción que pueda ser interpretada como hostigamiento y atemorización, que dada la situación son un atentado a la integridad personal y libertad de la población civil.

          -         En ese sentido, la Comisión también ha constatado una reducción del nivel de desconfianza surgido de la comprobación práctica recíproca de conductas concretas positivas de ambos sectores.  

          -         Es en ese contexto que deben medirse cuidadosamente las expresiones y contactos entre la población civil y elementos militares.  Las seguridades ofrecidas por las autoridades militares y las órdenes impartidas a sus subordinados, parecen estar respetándose.  Sin embargo, movimientos militares amenazantes, vuelos rasantes sobre poblaciones, afirmaciones arrogantes, etc., reviven terrores en las CPR, justificados en las experiencias trágicas sufridas en el pasado. 

          -         La presencia física y expresiones verbales de los militares son interpretadas en forma totalmente distinta por ellos y por los miembros de las CPR.  Lo que es considerado por los militares como una presencia propia normal, restringida y respetuosa, es interpretado como agresión, intimidación y amenaza por las CPR.  Inversamente, lo que es visto como una denuncia objetiva por parte de las CPR es interpretada por el Ejército como parte de un plan desestabilizador y agresivo.  

          -         El artículo 5 de la Convención señala que "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral" y el artículo 11 señala que "Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, o en su domicilio...".  La Comisión ha comprobado en sus contactos con la población, que muchos de sus integrantes siguen aterrorizados por los crímenes que presenciaron de matanzas crueles de sus familiares y vecinos, y por los años de vivir escondidos de los ataques militares.  Toda integración pacífica de esas poblaciones debe iniciarse por el reconocimiento por parte de los agentes del Estado no sólo de que son poblaciones civiles y campesinas, sino que son poblaciones que viven todavía en su realidad psíquica el terror sufrido.[13] 

          -         Concluye también la Comisión de sus contactos con los líderes y miembros de las comunidades, que ellos están conscientes que "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática" como señala el artículo 32 de la Convención.  Numerosos hechos, como la propia normalización del Ixcán iniciada el 2 de febrero de 1994, los distintos contactos buscando soluciones prácticas con los elementos militares, así como la participación de sus directivos en los organismos municipales de desarrollo, muestran una voluntad de superar situaciones pasadas, sin que por eso renuncien a sus derechos y reclamaciones justas.

          -         Con respecto a la calificación por parte de las autoridades militares de las CPR como "poblaciones retenidas" la Comisión ha obtenido distintos testimonios y comprobado que no existen pruebas fehacientes que indiquen que las comunidades y sus miembros estén retenidos por la guerrilla o por sus propias autoridades ni imposibilitados por ellos de radicarse fuera de las CPR, o comerciar, trasladarse, o comunicarse con el exterior. 

          Por el contrario, la Comisión ha comprobado que las dificultades para una relación normal con el exterior --y ésto es más pronunciado con respecto a las CPR de la Sierra-- provienen de los miedos justificados que generan algunos oficiales militares, comisionados militares y PACs., impidiendo su comercio libre y amenazando a quienes comercian con ellos, acusándolos de guerrilleros, interfiriendo su paso normal, o distribuyendo rumores para enemistarlos con poblaciones circundantes.[14] 

          -         La Comisión considera que parecerían existir casos de hostigamiento consciente de las CPR directamente por oficiales militares o inducidos por ellos.  Las Fuerzas Armadas deben investigar firmemente y sancionar severamente toda denuncia contra cualquier elemento militar que con sus acciones hostigue o persiga a las CPR, imponga restricciones ilegales a su derecho de comerciar libremente, las acuse de guerrilleros o limite su libertad de locomoción sin causa justificada.  

          -         La Comisión considera que dado el aterrorizamiento histórico que sufrieron las CPR, deben darse instrucciones específicas para evitar vuelos rasantes amenazadores o injustificados sobre población civil, y evitar manifestaciones innecesarias sobre las prerrogativas militares en área civil. 

          -         Del análisis directo de la situación y de la evolución positiva hacia una normalización y pacificación que tiene lugar en este momento como  comprobara la Comisión, ésta concluye que es necesario establecer contactos específicos entre representantes de la población civil y efectivos militares en el terreno, a nivel de cada comunidad para establecer normas prácticas locales y específicas de tranquilidad y seguridad en cuanto a trabajos agrícolas, locomoción y comercio.[15] 

          -         El proceso de normalización de las CPR y su impacto en contribuir a la desaparición de los factores que las vinculaban con el "conflicto armado", implica el descongelamiento de antiguos conflictos que pueden volver a dañar la vigencia de los derechos humanos.  Esos antiguos conflictos son en general vinculados con la propiedad de tierras, y con rivalidades interétnicas o regionales.[16] 

          -         Entre los conflictos emergentes a los que debe darse inmediata solución se encuentra en primer lugar el de las familias asentadas por el Ejército en tierras previamente ocupadas o de propiedad de las comunidades CPR que ahora son reivindicadas.  El Estado tiene la responsabilidad de ofrecer soluciones a dichas familias, no sólo por razones de paz social, sino porque fue el propio Estado el que motivó su asentamiento en tierras potencialmente conflictivas.  FONAPAZ está abocado a esa tarea y ya ha solucionado algunos casos grupales. 

          -         No puede olvidar la Comisión los derechos humanos de las "comunidades perdidas"  de Uspantán y Alta Verapaz a las que se refiere en la Sección IV.  Dadas las difíciles condiciones de su supervivencia, la Comisión considera que los organismos estatales deben prestar la atención debida a dichas poblaciones, cuyos sacrificios para desarraigarse y volver a establecerse fuera de las zonas de conflicto, no puede hacerlas posibles del olvido estatal, en cuanto a servicios mínimos de comunicación, educación y salud, y desarrollo en general. 

          -         La Comisión está convencida de la necesidad inmediata de disolver las PAC que operan en áreas circundantes a las CPR.  Las mismas son una fuente continua de abusos a los derechos de las CPR y sus miembros y un obstáculo a su normalización.  El control por parte de los militares es insuficiente y muchas veces son utilizadas por oficiales militares locales para hostigarlas.  Si el Estado necesita defender el territorio debe hacerlo con las fuerzas armadas regulares.  

          -         La Comisión hace un llamado a las autoridades nacionales, y a las CPR para que continúen avanzando en la solución de los aún difíciles problemas analizados en este informe, y expresa su esperanza que a través de esos avances se llegue en corto plazo a la normalización y a la plena vigencia de los derechos humanos para dichas poblaciones.

MEDIDAS DE NORMALIZACION RECOMENDADAS PARA MEJORAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LAS "COMUNIDADES DE POBLACION EN RESISTENCIA" 

          GENERALES PARA EL IXCAN Y LA SIERRA 

          a.       Reiteración pública por altas autoridades del propósito de respetar y garantizar derechos, y de que no existe intención de atacar o cercar militarmente, ni de hostigar. 

          b.       Documentación identificatoria:  Provisión a todos los que lo deseen de cédula de vecindad, y mientras ésta se tramita proveer inmediatamente identificación provisoria por CEAR, documentación ésta que sea reconocida y respetada por toda autoridad sea civil o policial. 

          c.       Exoneración de conscripción militar por tres años. 

          d.       Declaración de no formación de PACs. en áreas reasentadas. 

          e.       Oferta de reparación de todo daño futuro causado sobre bienes y cosechas por causas de enfrentamiento armado.  Creación de mecanismo efectivo de evaluación de daño y pago inmediato. 

          f.       Instalación en áreas reasentadas y en Sierra de delegaciones del Procurador de Derechos Humanos. 

          g.       Oferta a las CPRs para que tengan servicio policial siguiendo el modelo Santiago Atitlán o modelo Tecpán, en ambos casos legitimado y en coordinación con la Policía Nacional. 

          h.       Establecimiento de representación de Ministerio Público. 

          i.        Establecimiento de Juez local. 

          j.        Nombramiento de Auditor para evaluación de daños pasados causados a pobladores por operaciones de seguridad. 

          k.       Declaración pública de que no existirá campaña de presión psicológica contra miembros de las CPR, poblaciones, ni sobre comunidades vecinas contra ellos o para impedir comercio o tránsito libre. 

          l.        Acción del Tribunal Supremo Electoral para preparar garantías de participación de población CPR en actos electorales.

          MEDIDAS ESPECIALES PARA EL IXCAN

          m.      Contacto y plan para garantizar recogida de cosecha existente y nuevas plantaciones con plena seguridad para soldados en área y para trabajadores de CPR. 

          n.       Estudiar posibilidad de creación de nueva municipalidad en área de Cooperativa Ixcán Grande y de refugiados.

          MEDIDAS ESPECIALES PARA LA SIERRA 

          ñ.       Regularización de tenencia de tierra actual, demarcación y titulado. 

          o.       Oferta de análisis conjunto de medidas para facilitar comercio desde Sierra, incluso delineado de camino de acceso. 

          p.       Estudio por el Ministerio de Educación para reconocimiento de grado y eventual apoyo a dieciocho escuelas CPR existentes. 

          q.       Análisis de instalación de sucursal o servicios de futuro Banco del Triángulo Ixil en Sierra. 

          r.       Disolución inmediata de las PACs. en poblaciones circundantes a CPR de Sierra (Ej. Copón, etc.). 

          s.       Declaración pública de autoridades civiles y militares que no coartarán el derecho a comercio y locomoción de y hacia las CPR Sierra. 

          RESPUESTA DEL GOBIERNO A LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA CIDH

          El Gobierno en su respuesta del 2 de junio señala con respecto a estas recomendaciones que algunas de ellas están siendo implementadas, y que: 

          ... en el "Plan para el Respeto de los Derechos Humanos", que retoma las recomendaciones de la experta independiente de Naciones Unidas, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en su "Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala", fueron incluídas una serie de acciones encaminadas a mejorar la situación de los derechos de estas poblaciones, las que fueron remitidas a cada una de las instituciones del Gobierno responsables de ejecutarlas.  Las acciones en favor de las poblaciones de las CPRs. incluídas en el mencionado Plan son las siguientes: 

          1.       La reactivación del proyecto de vacunación para los habitantes de las CPRs., convenido con el Comité Internacional de la Cruz Roja.
 

          2.       Llevar a cabo operativos periódicos para desminar las áreas donde se asienta la población civil.
 

          3.       Realizar los esfuerzos necesarios para incorporar a las CPRs. a la vida nacional.
 

          4.       Desarrollar y ejecutar programas que tiendan a solucionar los problemas de vivienda, empleo
y documentación de estas poblaciones.
 

          5.       Hacer los esfuerzos para realizar el diálogo con las CPRs.
 

          6.       La no realización de operaciones militares en el asentamiento de las CPRs., en tanto se llega a un cese total del fuego dentro del marco de las negociaciones de paz.
 

          7.       Hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos de los miembros de las CPRs., aún cuando se encuentren en un área de enfrentamientos.
 

          8.       Estudio para determinar si es conveniente la creación de municipios en las áreas donde se asientan los repatriados y las CPRs., para garantizar su homogeneidad de intereses y su representatividad política.
 

          9.       Apoyar financiera y técnicamente los proyectos tendientes a la facilitación de tierras.
 

          10.     Realizar las acciones necesarias para trasladar los destacamentos militares localizados en las tierras propiedad de estas poblaciones.

      CONSIDERACIONES FINALES 

      La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, luego de analizar y revisar el presente Informe a la luz de la respuesta del Gobierno recibida el 2 de Junio de 1994, reitera que lo importante en este momento es la rápida implementación de las medidas concretas tanto las planeadas por el Gobierno como las recomendadas por la CIDH, base necesaria para la vigencia de los derechos humanos de los habitantes de las CPRs y zonas vecinas. 

      La Comisión tiene la intención de verificar en forma permanente durante los meses próximos el cumplimiento de estas medidas y espera que tanto autoridades como instituciones y entidades nacionales contribuyan a dicha tarea.