(... continuación)

Derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior (artículo 8.2.h) 

          250.   El artículo 8 de la Convención Americana establece los requisitos que deben observarse en las diversas etapas procesales, para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales.^[1] Según la jurisprudencia sentada por la Corte, el mencionado artículo:  

          reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.^[48] 

          251.   La razón por la cual tanto en el sistema interamericano como en el europeo, la existencia de una disposición que desarrolla las garantías procesales consagradas en beneficio del acusado, reside en el convencimiento de los Estados en el sentido que una eficaz protección de los derechos humanos requiere, además de la debida observancia de derechos sustanciales, la consagración de garantías procesales que aseguren la salvaguardia de los mismos.^[49] 

          252.   Un aspecto esencial derivado del debido proceso es el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine la legalidad de toda sentencia jurisdiccional que resulte en un gravamen irreparable a una persona, o cuando ese gravamen afecte los derechos o libertades fundamentales, como es la libertad personal.^[50]  El debido proceso legal carecería de eficacia sin el derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra una sentencia adversa. 

          253.   El artículo 8.2.h de la Convención Americana establece que:  

          Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:...h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

          254.   La Comisión procederá a examinar si los recursos de la legislación argentina, que estaban a disposición de los peticionarios en la causa Abella, permitieron efectivamente a dichas personas intentar la revisión de la sentencia condenatoria ante un juez o tribunal superior.   A tal efecto, la Comisión deberá analizar y definir el alcance y contenido de este derecho consagrado por el artículo 8.2.h de la Convención.  En tal sentido, la Comisión ha tenido la oportunidad de considerar la misma cuestión en el Caso 11.086 respecto a Guillermo Maqueda, quien fue condenado a 10 años de prisión por su presunta vinculación al ataque al cuartel del RIM 3 de La Tablada.  La cuestión referente a la supuesta violación del artículo 8.2.h en el presente caso es virtualmente idéntica a la del caso Maqueda, motivo por el cual la Comisión utilizará la misma línea de análisis seguida en este último caso. 

          255.   Guillermo Maqueda era miembro del MTP y se encontraba en las inmediaciones del cuartel de La Tablada el 23 de enero de 1989.  El mismo fue detenido cuatro meses después del ataque, juzgado por la Ley 23.077 y condenado el 11 de junio de 1990.  Maqueda interpuso un recurso extraordinario, rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 25 de octubre de 1990; en consecuencia, presentó recurso de queja por denegación del recurso extraordinario, que fue rechazado el 17 de marzo de 1992 por la Corte Suprema de Justicia. 

          256.   En el trámite del Caso 11.086, la Comisión aprobó el Informe 17/94 en su sesión 1222 del 9 de febrero de 1994.  En dicho informe, la Comisión determinó que el Estado de Argentina había violado, entre otros, el derecho de recurrir a un juez o tribunal superior consagrado en el artículo 8.2.h, conjuntamente con las garantías judiciales del artículo 25.  Transcurrido el plazo fijado en el informe mencionado sin haberse cumplido las recomendaciones de la Comisión, ésta sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Finalmente, el caso fue resuelto mediante una solución amistosa, en virtud de la cual el Sr. Maqueda recuperó su libertad luego de una conmutación de pena por el Estado de Argentina.  La Comisión dedujo ante la Corte Interamericana el desistimiento de la acción, la cual fue admitida por resolución del 17 de enero de 1995. 

          257.   Es preciso notar que la Constitución Argentina vigente durante la causa Abella no dividía ni multiplicaba instancias, ni adjudicaba competencias entre los tribunales federales.  Por lo tanto, en principio, las causas de jurisdicción federal podían ser reguladas por ley del Congreso, con instancia única o múltiple.  El resultado de esta situación era que la garantía constitucional del debido proceso y la defensa en juicio no imponía la doble instancia.^[5]  La doble instancia no constituía, por sí misma, requisito constitucional en la época de la causa Abella; sin embargo, cabe señalar que la Convención Americana, al ser aprobada por Ley 23.054 y ratificada por el Estado de Argentina el 5 de septiembre de 1984, se convirtió en ley suprema de la nación conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Nacional entonces vigente.^[52] 

          258.   En el caso sub judice, los peticionarios sólo tuvieron una oportunidad de ser oídos y de presentar su caso.  Los mismos fueron juzgados con arreglo a las disposiciones procesales de la Ley 23.077, que crea un procedimiento penal especial que, no contempla apelación ni recurso amplio ante ningún tribunal de alzada.  Sin embargo, se permite la interposición del recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la Ley 48. 

          259.   La Comisión analizará a continuación el propósito y características del derecho garantizado por el artículo 8.2.h.  Es importante destacar que la Convención Americana, a diferencia de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagra ampliamente el derecho de apelación.^[53]  La Comisión considera que este recurso, establecido en favor del inculpado, le permite proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa.  El recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable  de impugnar la sentencia y lograr un nuevo examen de la cuestión.  Esta revisión en sí tiene como objeto el control del fallo como resultado racional de un juicio justo, conforme a la ley y a los preceptos de garantía, y de la aplicación correcta de la ley penal. 

          260.   El Estado trató de justificar la naturaleza de la Ley 23.077 citando los fundamentos del proyecto que fue presentado al Congreso, y refiriéndose a las mejoras en el sistema judicial.  No obstante las mayores garantías que establece el juicio oral por ser una oportunidad en la que los asuntos son discutidos y confrontados, el derecho del inculpado de delito de recurrir del fallo a una instancia superior es fundamental para garantizar el derecho de defensa.  La oportunidad de recurrir a una segunda instancia en el proceso penal refuerza la protección en contra del error judicial. 

          261.   La Comisión observa que el artículo 8.2.h se refiere a las características mínimas de un recurso que controle la corrección del fallo tanto material como formal.  En este sentido, desde un punto de vista formal, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, a que se refiere la Convención Americana, debe en primer lugar proceder contra toda sentencia de primera instancia, con la finalidad de examinar la aplicación indebida, la falta de aplicación o errónea interpretación, de normas de Derecho que determinen la parte resolutiva de la sentencia.  La Comisión considera, además, que para garantizar el pleno derecho de defensa, dicho recurso debe incluir una revisión material en relación a la interpretación de las normas procesales que hubieran influido en la decisión de la causa, cuando hayan producido nulidad insanable o provocado indefensión, así como la interpretación de las normas referentes a la valoración de las pruebas, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de las mismas.  

          262.   De lo expuesto surge que el derecho previsto en el artículo 8.2.h requiere la disponibilidad de un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes.  Dicha revisión resulta especialmente relevante respecto a las resoluciones que puedan causar indefensión o daño irreparable por la sentencia definitiva, incluyendo la legalidad de la prueba.  El recurso debería constituir igualmente un medio relativamente sencillo para que el tribunal de revisión pueda examinar la validez de la sentencia recurrida en general, e igualmente controlar el respeto a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y el debido proceso. 

          263.   Por lo tanto, la Comisión debe examinar la naturaleza del recurso extraordinario previsto en la Ley 48, el único disponible en el procedimiento previsto por la Ley 23.077, a fin de determinar si el mismo constituye un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho reconocido por el artículo 8.2.h de la Convención Americana. 

          264.   En el ordenamiento jurídico argentino, el recurso extraordinario es excepcional y se limita al fuero federal.  Como tal, no es una instancia que se añade a todos los juicios, sino que funciona como una instancia nueva pero reducida y parcial, que se limita a la materia federal, frente a las sentencias arbitrarias.  En última instancia, el recurso extraordinario existe para asegurar la supremacía constitucional. 

          265.   En general, la Corte Suprema de Justicia de Argentina interpreta de manera restringida la aplicación del recurso extraordinario.  En su denegación del recurso de hecho presentado por los defensores de la causa Abella, la Corte Suprema sostuvo: 

          5o.) Que, según doctrina de este Tribunal, para satisfacer el requisito de fundamentación autónoma que exige el artículo 15 de la ley 48, el recurso extraordinario debe contener una enunciación clara y precisa de los hechos de la causa que permitan vincular a ellos las cuestiones que, como de naturaleza federal, se intenta someter a conocimiento de la Corte...  

          7o.) Que la exigencia de la fundamentación suficiente tiene por mira conocer los concretos agravios de naturaleza federal que puedan justificar la intervención del Tribunal para revisar una sentencia que ha puesto fin al proceso, y que sólo puede ser revisada en los casos específicos que marca la ley...^[54] 

          266.   El recurso extraordinario de la causa Abella se fundó en la presunta nulidad de las actuaciones debido a irregularidades en su sustanciación, en la interpretación del artículo 21 de la Constitución Nacional, en la calificación legal de los hechos, y por último, en la valoración de las pruebas, que la defensa consideró arbitrarias.  En tal sentido, cabe mencionar que en su sentencia del caso Maqueda, emitida en la misma fecha que la anterior, la Corte Suprema explicó que  

          Por lo demás, lo relativo a la valoración de las pruebas y la existencia del dolo en la conducta de Maqueda constituyen cuestiones de hecho, derecho común y procesal, que han sido resueltas por el a quo con suficientes fundamentos de tal naturaleza, sin que corresponda al Tribunal analizar esas discrepancias dado el carácter restringido del recurso.^[55] 

          267.   En el sistema legal argentino, la arbitrariedad de la sentencia es considerada materia federal, y por ende susceptible de revisión sólo por recurso extraordinario.  Cabe notar, como ya se ha dicho, que este recurso es interpretado restrictivamente, y como consecuencia, no se considera la arbitrariedad de la sentencia porque sea errónea, o pueda discutirse en sus fundamentos.^[56]  

          268.   La Cámara Federal explicó lo siguiente en su denegación del recurso extraordinario presentado por el Sr. Maqueda: 

          ...la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter excepcional e impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su procedencia.  Lo contrario importaría abrir una tercera instancia ordinaria en los casos en que las partes consideran equivocadas o desacertadas las resoluciones de los jueces en la causa, lo que resulta ajeno a la naturaleza del recurso o en situaciones que se vinculen con la selección e interpretación de las pruebas y la aplicación del derecho que hubiese hecho de alzada...por ello este instituto sólo queda expedito en aquellas hipótesis en que la decisión, por carecer de fundamentos, merezca ser descalificada como acto judicial.^[57] 

          269.   De lo expuesto, se entiende que el recurso extraordinario no tiene por objeto remediar decisiones supuestamente erróneas, sino sólo omisiones o desaciertos de gravedad extrema.  Teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Suprema sostiene que el recurso extraordinario no abarca la revisión del procedimiento, y que la doctrina de la arbitrariedad impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su procedencia, en la práctica, el recurso extraordinario no permite la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la idoneidad y legalidad de la prueba, ni permite examinar la validez de la sentencia recurrida con relativa sencillez.  Es un recurso de extensión, limitado y extraordinario, de restringida procedencia, por lo que no satisface la garantía del inculpado a impugnar la sentencia. 

          270.   La sentencia de 7 de abril de 1995 en la causa No. 32/93 de Horacio David Giroldi de la Corte Suprema de Justicia de Argentina --emitida con posterioridad al rechazo del recurso de queja en la causa Abella-- resulta de particular relevancia para el presente análisis.  En dicho juicio, el Sr. Giroldi había sido condenado  por un Tribunal Oral en lo Criminal a un mes de prisión en suspenso como responsable del delito de robo simple en grado de tentativa, decisión contra la que la defensa interpuso un recurso de casación por considerar que la misma violaba el derecho de defensa en juicio y que el límite procesal al recurso en razón del monto de la pena era inconstitucional.  La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el planteo de inconstitucionalidad y rechazó el recurso de casación; contra dicho pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación motivó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina. La Corte Suprema admitió el recurso de hecho, y dejó sin efecto la sentencia apelada citando como fundamento la garantía del artículo 8.2.h de la Convención Americana. 

          271.   En la sentencia del caso Giroldi, la Corte Suprema manifestó lo siguiente: 

          8o)...en tales condiciones puede sostenerse hoy con nuevos fundamentos que, en hipótesis como la de autos, el recurso extraordinario no constituye un remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la doble instancia que debe observarse dentro del marco del proceso penal como "garantía mínima" para "toda persona inculpada de delito"...
 

          12o)...a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado...ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional. 

          272.   En las circunstancias particulares del presente caso, el recurso extraordinario no constituyó un instrumento efectivo para garantizar el derecho de recurrir de un fallo ante un juez o tribunal superior porque, como comprueban los hechos, los peticionarios no tuvieron oportunidad de recurrir a un juez o tribunal superior, para impugnar la sentencia de la Cámara Federal de San Martín. 

          273.   Con base en el precedente análisis, la Comisión considera que el recurso extraordinario, único recurso disponible contra sentencias dictadas de acuerdo al procedimiento que establece la Ley 23.077, no satisface los presupuestos consagrados en el artículo 8.2.h de la Convención Americana.  En consecuencia, la aplicación del procedimiento penal especial establecido por la Ley 23.077, en el presente caso, constituyó una violación del derecho de los peticionarios a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, como lo exige dicho artículo de la Convención Americana.  El efecto de dicha circunstancia fue que los peticionarios procesados en la causa Abella no tuvieron acceso a un recurso efectivo que los ampare contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, en virtud de lo cual la Comisión concluye que el Estado argentino es igualmente responsable de la violación del artículo 25.1 de la Convención Americana respecto a dichas personas.  

D.      LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
(Artículo 7.5) 

          274.   Los peticionarios denuncian la violación a la libertad personal de los procesados en la causa Abella, debido a la duración del proceso, que consideran excesiva.  Como fundamento de tal afirmación, indican que al principio del proceso hubo una "velocidad injustificada", ya que desde el momento de los hechos hasta la sentencia transcurrieron 252 días, que estiman insuficiente teniendo en cuenta la complejidad de la causa.  Contrastan dicha celeridad con la demora de la Corte Suprema de Justicia en resolver el recurso extraordinario, que totalizó casi dos años. 

          275.   El artículo 7.5 de la Convención Americana establece lo siguiente: 

          Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.  Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

          276.   Del análisis de los términos de la denuncia, resulta que el fondo de la cuestión no se centra en la demora de la totalidad del proceso, sino en la comparación del tiempo que demoró la Corte Suprema de Justicia en expedirse, con respecto a lo que consideran un proceso injustificadamente rápido ante la Cámara Federal de San Martín. 

          277.   La Comisión no puede limitarse a analizar solamente una de las etapas procesales en el orden interno, sino determinar si ha sido razonable el plazo transcurrido desde el momento de la privación de libertad hasta la sentencia condenatoria.  En el presente caso, los procesados fueron juzgados por el órgano determinado en la legislación argentina, y la condena resultante fue expedida en menos de un año. Los propios peticionarios ponen de manifiesto la velocidad con que se pronunció la Cámara Federal de San Martín, de manera que resulta evidente que no existió demora de parte de este órgano, sino lo contrario.  

          278.   En su Informe No. 12/96, la Comisión sostuvo que 

          ...para determinar si una detención es razonable se debe hacer, inevitablemente, un análisis de cada caso. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que se establezca una norma que determine un plazo general más allá del cual la duración sea considerada ilegítima prima facie, independientemente del delito que se impute al acusado o de la complejidad del caso...^[58] 

          279.   La Ley 24.390 vigente en Argentina desde el 21 de noviembre de 1994 establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, pero que el plazo mencionado podrá prorrogarse un año más por resolución fundada cuando "la cantidad de delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado".  Dicha ley fue aprobada con posterioridad a la finalización del proceso judicial en la causa Abella, estableciendo el beneficio del cómputo doble de cada día transcurrido en prisión preventiva sin condena. 

          280.   Aún en el caso de que se tomara el plazo general de dos años como límite de la duración legítima de la prisión preventiva, resulta infundada la denuncia sobre violación del derecho a la libertad personal de los procesados en la causa Abella.  La petición indica que se trataba de una causa compleja, lo cual resulta igualmente evidente de los hechos, la cantidad y naturaleza de delitos investigados. Sin embargo, el tiempo que permanecieron detenidos sin condena de la instancia originaria fue de 252 días.  La Comisión toma en cuenta los fundamentos que anteceden para determinar que en el presente caso no se verifica una violación del artículo 7.5 de la Convención Americana. 

          E.       LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (Artículo 24) 

          281.   Los peticionarios invocan la violación del artículo 24 de la Convención Americana, que consagra el derecho a la igualdad ante la ley.  Su argumento se centra en la diferencia de tratamiento de que son objeto civiles y militares por parte del Estado ante situaciones similares.  Se insiste así, en trazar un paralelismo entre el trato de que fueron y son objeto los militares involucrados en los episodios del 3 de diciembre de 1990 en Argentina,^[59] y la situación de quienes fueron condenados en la causa Abella.  Afirman en consecuencia los peticionarios, que el crimen cometido por los atacantes al cuartel de La Tablada fue calificado por los órganos jurisdiccionales argentinos como rebelión, mientras que otros delitos militares comparables y que los peticionarios describen como más peligrosos para la estabilidad constitucional, merecieron la calificación jurídica de simples amotinamientos, o faltas a la disciplina militar.  Asimismo, manifiestan los peticionarios, que existe una doble valoración de la figura delictiva de asociación ilícita que no se aplica a militares, y sí a civiles cuando protagonizan hechos de similares características. 

          282.   Comparan también los peticionarios su situación particular con la de los oficiales beneficiados por la Ley 23.521, y desprocesados por aplicación del eximente de obediencia debida, y la situación de los militares indultados por el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de atribuciones que la Constitución le confiere.  Afirman adicionalmente, que el Padre Juan Antonio Puigjané fue objeto de un trato discriminatorio por su condición de sacerdote defensor de la llamada Teología de la Liberación, y describen notorias diferencias entre las condiciones carcelarias de los civiles procesados bajo la Ley 23.077, y los militares condenados por la misma ley en virtud de la participación de estos últimos en los hechos de diciembre de 1990.  Los peticionarios relatan que éstos se encuentran en cárceles especiales, a pesar de haber sido condenados por delitos comunes, estando sometidos a un tratamiento carcelario que les permite pasar la mayor parte del tiempo fuera del penal, salir permanentemente para trabajar y recibir servicios médicos variados, realizar actividades políticas, gozar de permisos especiales para cuestiones familiares, y efectuar estudios universitarios. 

          283.   El Estado argentino disputa lo afirmado en relación al trato discriminatorio del que fuera objeto Antonio Puigjané, transcribiendo lo expresado en la sentencia de la Cámara Federal de San Martín, en cuanto a que la ideología de dicho procesado no formaba parte del debate, y que sólo se analizaban las conductas concretas del mismo.  Se afirma también que las medidas de desprocesamiento debidas a la aplicación del eximente de obediencia debida consagrado en la Ley 23.521, no guardan simetría con la situación de los condenados en la causa Abella, por estar acotada a episodios sucedidos con anterioridad a la restauración democrática.  Finalmente, el Estado resalta en su respuesta el carácter discrecional de la facultad de indultar, cuya propia naturaleza la excluye del principio de igualdad. 

          284.   El artículo 24 de la Convención Americana establece la igualdad de todas las personas ante la ley, garantizando el derecho a igual protección de la misma sin discriminación.  La Corte Interamericana se ha pronunciado en los siguientes términos respecto a dicho artículo: 

          ...es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.
 

          No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma...^[60]  

          285.   La Comisión estima que los supuestos alegados por los peticionarios como violatorios del derecho a la igualdad ante la ley describen situaciones de hecho no comparables para fundamentar tal transgresión.  En efecto, la Comisión coincide con lo expresado por el Estado argentino, en el sentido de que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares durante la última dictadura militar, y los hechos que motivan la presente petición, no son comparables y constituyen situaciones completamente diferentes.  En cuanto a los oficiales militares que fueron juzgados bajo la Ley 23.077, luego del restablecimiento de la democracia, debe indicarse que los delitos que les fueron imputados eran diferentes a los de los procesados en la causa Abella, y en consecuencia las penas también fueron distintas. 

          286.   Por lo tanto, la Comisión concluye que los hechos alegados por los peticionarios no caracterizan una violación del artículo 24 de la Convención Americana. 

          287.   No obstante lo expresado precedentemente, la Comisión no puede pasar por alto lo mencionado por los peticionarios en relación a las condiciones carcelarias que padecen los condenados en la causa Abella que están alojados en la Unidad No. 1 de Caseros, en particular la limitada y deficiente atención médica, el confinamiento en celdas pequeñas carentes de las más mínimas condiciones de salubridad y la escasez de alimentos y medicamentos, cuyo suministro debe ser complementado por aportes de los familiares.  En tal sentido, cabe destacar que el artículo 1.1 de la Convención Americana establece que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades establecidos en la misma  

          ...sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

          V.      OBSERVACIONES DEL ESTADO AL INFORME DEL ARTÍCULO 50 

          288.   Durante su 96º período de sesiones, la Comisión aprobó en el presente caso el Informe Nº 22/97 de acuerdo al artículo 50 de la Convención Americana, el cual fue transmitido al Estado el 30 de abril de 1997, otorgándole un plazo a fin de que adoptara las recomendaciones propuestas.  Luego de una prórroga, el Estado remitió su respuesta el 29 de agosto de 1997, consistente en un documento, de unas setenta páginas de extensión.  La Comisión procederá a resumir los aspectos principales de dicho documento (en adelante "las observaciones"), reflejando lo pertinente en las conclusiones al presente informe. 

          289.   El Estado describe su planteamiento en los siguientes términos: 

          "consideraciones de derecho que no han sido anteriormente aducidas" con el objeto de coadyuvar a la reconsideración de algunas conclusiones a las que se arribara en Informe Confidencial 22/97. 

          290.   El Estado igualmente efectúa consideraciones sobre hechos que la Comisión ha tenido por acreditados, por entender aquél que subyacen "criterios jurídicos de admisibilidad, selección y valoración de la prueba, cuestiones de derecho esenciales para el cometido de la CIDH."  En el mismo documento el Estado hace la siguiente aclaración: 

          No escapa al conocimiento del Gobierno que la reconsideración de la opinión de la Comisión sólo está reglamentariamente prevista respecto de las resoluciones emitidas en las peticiones relativas a terceros estados en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 54 del Reglamento de la CIDH). 

          291.   Continúa el Estado aduciendo que tampoco escapa a su conocimiento que la Comisión ha aceptado pedidos de esta naturaleza respecto de los informes del artículo 50 de la Convención.  El Estado respalda su afirmación citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana que había aceptado la posibilidad de una solicitud de reconsideración ante la Comisión 

          ...dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad, puede admitirse que una solicitud de reconsideración, fundamentada en la voluntad de resolver un caso planteado ante la Comisión, con los medios internos de que dispone el Estado, se adecua al propósito general que tienen los procedimientos que se siguen en la Comisión, en el sentido de obtener una solución satisfactoria de la violación de los derechos humanos denunciada, a través de la cooperación del Estado afectado (cf. Corte IDH, Caso Velá_quez Rodríguez, excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987, #69) (énfasis agregado) 

          292.   El Estado afirma que las cuestiones de derecho formuladas en las observaciones "sólo tienen en mira allanar los obstáculos en la senda de la verdad objetiva".  Posteriormente, el Estado efectúa "consideraciones generales del contexto legal del análisis" del capítulo titulado "Hechos Posteriores a la Rendición" (IV.B del presente informe).  A tal efecto, analiza el agotamiento de los recursos internos respecto de las denuncias formuladas sobre las llamadas "causas judiciales paralelas", sosteniendo que el rechazo del recurso de hecho en la causa Abella no produce el efecto que se le asigna respecto a las otras causas mencionadas.  El Estado afirma que en cada una de las cuestiones conexas denunciadas se substanció un expediente judicial, y que 

          ...en todos los casos, la investigación satisfizo al Estado; empero, cabía a los accionantes ejercer el derecho de proponer medidas para cambiar el curso de la investigación. 

          293.   En los casos específicos de Ricardo Veiga, Roberto Sánchez y Carlos Alberto Burgos, el Estado indica que no se han efectuado denuncias ante los tribunales nacionales. 

          294.   El Estado deja igualmente constancia de su desacuerdo respecto al valor probatorio asignado por el presente informe a la cinta de video aportada por los peticionarios, que reproduce filmaciones de diversos canales de televisión de Argentina. 

          295.   Respecto a la inversión de la carga de la prueba, el Estado considera que  

          ...sólo resulta razonable con el objeto de obligar al Estado argentino a demostrar la realización de la investigación mas no debe extremarse este concepto hasta exigir al Estado acreditar, con la certeza de un pronunciamiento definitivo, que las denuncias son falsas, y sólo en tal caso, proceder a rechazar la petición. 

          296.   Señala además el Estado que si el mismo "tuviera por acreditados los delitos denunciados y determinara responsabilidades sobre la sola base de la seriedad de las denuncias", estaría violando la Constitución, normas internas de derecho procesal penal y la propia Convención respecto a los condenados, incurriendo nuevamente en responsabilidad internacional ante la Comisión.  Estima el Estado que los procedimientos del derecho penal no pueden revisarse sin considerar los principios que los rigen, por más que sean distintos de los que se aplican al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. 

          297.   El Estado afirma que su preocupación por los hechos sucedidos en el cuartel de La Tablada va más allá de las actuaciones en la causa Abella.  Considera que ello estaría demostrado por las diversas causas substanciadas para investigar cada una de las cuestiones alegadas por los procesados en Abella.  Igualmente pone de manifiesto el Estado que el entonces Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, se hizo presente en el lugar de los hechos una vez que finalizó el combate; el mismo solicitó la centralización de todas las investigaciones en la Procuraduría General de la Nación.  La última parte de esta sección de las observaciones del Estado menciona la denuncia de los detenidos en cuanto a que habrían sido encapuchados para su traslado, situación que se habría corregido con la intervención del juez sumariante. 

          298.   La siguiente sección de las observaciones del Estado hace referencia a los hechos posteriores a la rendición en el cuartel de La Tablada, que fueron expuestos en el Capítulo IV.B del presente informe.  El documento del Estado no sólo contiene un análisis detallado de los elementos de prueba utilizados por la Comisión para establecer los hechos del caso y las conclusiones respecto a las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura de los atacantes y quienes fueron condenados como cómplices en la causa Abella; también hace referencia a múltiples testimonios y pruebas adicionales orientadas a desvirtuar las conclusiones a las que llegó la Comisión en su informe.  Como elementos de prueba, presenta una copia del expediente No. 921 de la causa "Sosa, Juan Aníbal", un mapa del cuartel de La Tablada y de sus alrededores, un mapa de la ciudad de Buenos Aires, un cuadro con la lista de las llamadas "causas paralelas", una grabación denominada "La Verdad sobre La Tablada" con la voz de Enrique Gorriarán Merlo, y una copia del expediente de habeas corpus presentado en favor de Carlos Samojedny. 

          299.   El análisis de dichos elementos lleva al Estado a concluir que no existe evidencia de que Carlos Alberto Burgos y Roberto Sánchez hayan sobrevivido y estado en poder de los militares que recuperaron el cuartel de La Tablada.  Afirma el Estado que los citados atacantes habrían fallecido en un incendio en la Guardia de Prevención del cuartel.  Agrega que no hubo una investigación especial de los sucesos relacionados con Burgos y Sánchez, pero que tampoco hubo denuncia alguna en Argentina sobre la detención y ejecución extrajudicial de los mismos. 

          300.   En cuanto a Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, el Estado recurre a las declaraciones de los soldados y oficiales en la causa Abella para señalar que el Sargento Esquivel, último militar que estuvo a cargo de los citados atacantes, falleció de un disparo en la cabeza.  El Estado efectúa una reconstrucción de los hechos, que le lleva a concluir que Ruiz y Díaz dejaron de estar bajo la custodia y control de agentes del Estado a partir de la muerte de Esquivel.  Igualmente, el Estado concluye que las circunstancias que rodearon a la muerte de Esquivel, demostrarían que fue posible la fuga de Ruiz y Díaz del cuartel.  Menciona además el Estado el caso de una persona de nombre Fernando Falco, quien habría participado del ataque pero que fue detenido después de cierto tiempo en Río de Janeiro, Brasil.