GUATEMALA 

            1.         El 29 de diciembre de 1996, el pueblo de la República de Guatemala (en adelante el Estado o Guatemala) celebró la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), que puso fin a 36 años de conflicto armado.  El costo del conflicto, desde el punto de vista del sufrimiento humano, es difícil de describir o cuantificar.  Aproximadamente 150.000 personas perdieron la vida, muchas fueron heridas o quedaron incapacitadas, y miles fueron desplazadas o buscaron refugio en el extranjero.  La firma del acuerdo definitivo fue un momento histórico para Guatemala y la región. 

            2.         La CIDH ha seguido detenidamente los desarrollos en Guatemala por muchos años y ha informado regularmente sobre violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos durante el período del conflicto armado.  Reconociendo que la firma de los acuerdos de paz presenta nuevas oportunidades para Guatemala, lo que ha iniciado un proceso de transformación, la Comisión presenta este informe bajo su criterio de informar sobre países que se encuentran en una situación de transición. 

            I.          EL CONTEXTO POLÍTICO Y LOS ACONTECIMIENTOS DE 1996 

            3.         El Presidente Alvaro Arzú (Partido de Avance Nacional, PAN) tomó posesión de su cargo el 14 de enero de 1996, habiendo ganado una elección que los observadores, entre ellos la Misión de Observadores de la OEA, consideraron libre y justa en general.[1]  En la campaña electoral participaron 24 partidos.  Una coalición de organizaciones locales y organizaciones del sector civil, el Frente Democrático para una Nueva Guatemala (FDNG), algunos de cuyos miembros habían previamente promovido la abstención en el proceso político, participaron activamente en la campaña electoral de 1996, y seis de sus candidatos fueron elegidos diputados. 

            4.         Las elecciones se desarrollaron en gran parte de acuerdo con las normas aplicables; sin embargo, hubo incidentes aislados de violencia que pueden haber estado relacionados con el proceso electoral o motivadas por éste.  A finales de 1995, varios candidatos a cargos oficiales fueron asesinados, entre ellos un candidato al Congreso en Moyuta, Jutiapa, un candidato a la alcaldía en La Democracia, Huehuetenango, y un candidato a la alcaldía en San Lucas Tolimán, Sololá, así como dos activistas que hacían campaña en San Jerónimo, Baja Verapaz, y el líder principal de un partido político en El Petén.  Otros incidentes sobre los que se tiene información incluyen el intento de secuestro de un candidato a la alcaldía en Momostenango, Totonicapán, y un asalto al hogar del alcalde de Chiquimula. 

            5.         Aproximadamente el 47% de los votantes registrados participaron en la primera ronda de las elecciones y el 37% en la segunda.  El registro de votantes fue bajo, así como la participación de aquellos votantes que se registraron.  Algunos votantes que vivían en áreas remotas no tuvieron acceso a las mesas electorales, ya que no tenían forma de viajar a éstas.  Estos votantes también tuvieron dificultades para registrarse, porque la ley guatemalteca limita la ubicación de las oficinas de registro de votantes a las capitales municipales.  Además, el proceso de registro es innecesariamente complicado.[2] 

            6.         Pocas semanas después de su toma de posesión, el Presidente Arzú decidió suspender todas las acciones contra los insurgentes y la URNG indicó que dejaría de atacar objetivos gubernamentales.  El 6 de mayo de 1996, el Gobierno y la URNG firmaron un acuerdo sobre la situación socioeconómica y agraria, en el que el Gobierno se compromete a adoptar medidas para mejorar la situación de los sectores más pobres y marginados de la sociedad nacional.  El acuerdo incluye disposiciones concernientes al desarrollo social, la educación, la salud, la vivienda, los derechos de los trabajadores, los derechos de la mujer, la propiedad y distribución de tierras, las políticas fiscales y el desarrollo rural. 

            7.         Antes de la firma del acuerdo final, el Gobierno y la URNG firmaron acuerdos sobre el papel del Ejército, el cese del fuego definitivo, las reformas constitucionales y el sistema electoral, la reincorporación de la URNG, y sobre la implementación y verificación de los acuerdos de paz.  De conformidad con la resolución del 20 de enero de 1997 del Consejo de Seguridad, observadores militares internacionales asistirán a Guatemala bajo los auspicios de las Naciones Unidas con respecto al cumplimiento de ciertos acuerdos.  Se han enviado 155 observadores militares a varios lugares de Guatemala durante tres meses para la verificación del acuerdo de cese definitivo del fuego, la separación de las fuerzas y el desarme y desmovilización de los combatientes de la URNG. 

            8.         Conforme a su continuo papel de vigilar el cumplimiento de ciertos acuerdos, en 1996, MINUGUA continuó verificando la situación de los derechos humanos en Guatemala e informando sobre ésta.  MINUGUA ha desempeñado un papel de gran importancia desde su establecimiento en noviembre de 1994, conforme a la firma del acuerdo global sobre derechos humanos entre el Gobierno y la URNG.  Se atribuye en parte a su labor de verificación del cumplimiento con ese acuerdo y de las disposiciones pertinentes del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, el hecho de la apertura de un nuevo espacio político en Guatemala y su presencia a lo largo del país; las investigaciones que realiza y la información que proporciona sobre las violaciones de los derechos humanos han alentado y apoyado los avances que se han logrado en materia de derechos humanos en Guatemala. 

            La disolución de las PAC y reformas en las fuerzas de seguridad 

            9.         Siguiendo la iniciativa del entonces Presidente Ramiro de León de Carpio de separar del servicio aproximadamente a 25.000 Comisionados militares en septiembre de 1995, justo un año después, en septiembre de 1996, el Presidente Arzú tomó una decisión de fundamental importancia: disolver las Patrullas de Auto defensa Civil, llamados más tarde Comités Voluntarios de Defensa Civil (PAC o CVDC), que se estima alcanzaban más de 500.000 en el punto álgido de sus actividades. 

            10.       Tal y como la Comisión y una gama de organizaciones nacionales e internacionales han informado, los comisionados militares y las PAC, organizados y dirigidos por las fuerzas armadas, cometieron varias violaciones graves de los derechos humanos.  El Ombudsman de Derechos Humanos ha investigado e informado constantemente sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las PAC y, en dos ocasiones, emitió resoluciones que solicitaban que el Congreso Nacional las disolviera.[3] 

            11.       A pesar de que, supuestamente, se requería que estas unidades consistieran de voluntarios, en realidad, muchos miembros fueron forzados a participar en las patrullas.  Aquellos que rehusaban, y aquellos miembros de la comunidad que se oponían a dichas patrullas, corrían el peligro ser amenazados, asaltados y, en varios casos, asesinados.  Aunque se sabía que ciertos miembros de las PAC y comisionados militares cometían serias violaciones, éstos siempre actuaron con impunidad.  Durante 1996, la Comisión abrió el caso 11.667, en el que se acusa a antiguos miembros de las PAC de haber perseguido a Diego Velásquez Soc y a Matías Velásquez, y de haberles asesinado el 24 de mayo de 1996.  La CIDH continúa tramitando un número substancial de casos relacionados con supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas por los miembros de las PAC.  

            12.       Las medidas adoptadas por el Ejecutivo para disolver y desarmar a las PAC tienen gran significado y la Comisión aprecia su valor, habida cuenta de sus recomendaciones constantes en ese sentido.[4]  MINUGUA señaló a este respecto que el número de denuncias de violaciones atribuidas a los integrantes de los PAC ha "descendido de forma muy importante".[5]  No obstante, como el Procurador de los Derechos Humanos ha advertido en repetidas ocasiones, es fundamental verificar su disolución y desarme.  Informes tempranos indican que algunas de las PAC que ya se han disuelto todavía no han iniciado el proceso de desarme y que, en algunas comunidades, se están formando grupos sucesores similares.  Durante el primer semestre de 1996 MINUGUA informó que: 

            Se ha constatado también el surgimiento de distintas organizaciones civiles que efectúan rondas de vigilancia, establecen toques de queda y detienen personas, las que están presentes, por ejemplo, en Comitancillo, San Marcos; en aldeas de Alta Verapaz; en Samayac y San Lorenzo, Suchitepéquez y en Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán, Sololá.  La verificación realizada evidencia la poca importancia de su denominación y objetivos formales, por cuanto ha comprobado que se trata de grupos armados que se atribuyen cometidos propios de la institución policial y cuyas actividades, con la tolerancia, influencia o control de agentes del Estado, vulneran los derechos de las personas.[6] 

La Comisión también está preocupada por el número de armas de fuego en circulación, la permanencia de guardias o grupos particulares de seguridad armados y la falta de mecanismos para vigilarlos o controlarlos. 

            13.       Durante 1996, la Administración Arzú adoptó medidas importantes y prometedoras para empezar a depurar las fuerzas armadas y la policía de miembros corrompidos.  Varios generales y coroneles del Ejército fueron separados del servicio activo.  Similarmente, un número importante de policías fueron despedidos en conexión con presuntas actividades de corrupción y violaciones de los derechos humanos.[7]  Durante la primera mitad de 1996, MINUGUA informó que 113 miembros de la Policía Nacional y 25 Guardias de Hacienda habían sido separados del servicio y que más de 100 policías involucrados en diversos delitos y faltas habían sido consignados a los tribunales.[8] 

            14.       Por su parte, el Congreso de Guatemala procedió a reformar el Código Militar, haciéndolo inaplicable a los miembros de las fuerzas armadas implicados en delitos comunes.  La Comisión valora esta importante medida encaminada a reducir el poder de los tribunales militares y asegurar que los delitos perpetrados por el personal militar que corresponden al Código Penal estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, lo que es consecuente con sus recomendaciones al respecto. La jurisprudencia de la CIDH confirma que las violaciones de los derechos humanos, en particular, corresponden debidamente al Código Penal y están sujetos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios.  Esta reforma representa, por lo tanto, un avance necesario e importante.  Se informó que en 1996 varios casos en los que estaban involucrados oficiales militares fueron transferidos a los tribunales civiles. 

            15.       Sin embargo, los informes indican que las fuerzas armadas continúan desempeñando un papel importante en las actividades contra el delito que corresponden debidamente a la policía.[9]  La Comisión ha expresado constantemente su preocupación por el uso de los miembros de las fuerzas militares para combatir el delito, lo que significa el despliegue de tropas que han sido capacitadas para el combate en situaciones que básicamente requieren personal capacitado para hacer cumplir la ley.  Además, la policía es capacitada para actuar recíprocamente con los civiles y asistirles en la medida de lo posible, mientras que las fuerzas armadas son capacitadas para luchar contra un enemigo designado.  Además, el uso de personal militar, que sirve bajo la autoridad del Ejecutivo, para llevar a cabo actividades relacionadas con la investigación de delitos, suscita preocupación con respecto a la necesidad vital de la independencia en materia de investigaciones judiciales.  En su sexto informe MINUGUA señaló que, en algunos casos, la participación del personal militar en la investigación de casos penales relacionados con sus compañeros tenían el efecto de obstaculizar el proceso.[10] 

            16.       El acuerdo del Gobierno 90-96 del 7 de marzo de 1996, establecía cierto nivel de separación en el desarrollo de planes de seguridad pública, pero continúa la duplicación de las funciones civiles y militares.  Como MINUGUA ha manifestado, "para una lucha eficaz contra la impunidad, es fundamental la profesionalización de la Policía Nacional y ... que supone la separación de las funciones policial y militar".[11]  Dado el clima de inseguridad personal y la falta de confianza en la policía por parte del público, debe darse prioridad a la profesionalización y fortalecimiento de la capacidad de las fuerzas de seguridad civiles para hacer cumplir la ley.  Los informes destacan la falta de disciplina dentro de esas fuerzas y la necesidad de desarrollar sistemas de capacitación y vigilancia más sólidos.  La CIDH hace hincapié en la importancia de desarrollar las estructuras institucionales, los modelos para la capacitación, los recursos y la supervisión necesarios, para lograr que la fuerza de policía pueda desempeñar sus funciones independientemente de los militares. 

            II.          EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

            17.       La Comisión observa que se ha avanzado un poco respecto a la situación socioeconómica desde su informe de 1993, Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala.  Según estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el índice de desarrollo humano en Guatemala ha aumentado y actualmente forma parte de la lista de países con un desarrollo humano medio.[12]  Sin embargo, estas mismas estadísticas indican que muchos guatemaltecos continúan careciendo incluso de las necesidades más básicas para vivir. 

            18.       Se estima que aproximadamente el 80% de la población vive en la pobreza, y un 59% en condiciones de extrema pobreza.  Los datos recopilados por el PNUD de 1985 a 1995 indican que sólo el 34% de la población tenía acceso a servicios de salud, el 62% tenía acceso a agua potable y el 60% a servicios sanitarios. Las estadísticas más recientes indican que el 54.6% de los guatemaltecos adultos son alfabetizados.[13]  Cuando se comparan las poblaciones urbanas y rurales, se observa que las poblaciones rurales están en una situación de gran desventaja en cuanto al acceso a los servicios mencionados. 

            19.       En su informe de 1996, el Ombudsman de Derechos Humanos informó sobre un aumento en el número de denuncias recibidas concernientes a violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.  El Gobierno de Guatemala ha reconocido la necesidad de llevar a cabo una reforma y tomar medidas urgentes en lo que respecta a la vida social, económica y cultural del país.  El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y la situación agraria establece ciertos objetivos que se pretenden lograr en este sentido y el Gobierno ha indicado que las reformas del sistema fiscal serán un aspecto importante del cambio. 

            III.         EL DERECHO A PROTECCIÓN JUDICIAL Y DEBIDO PROCESO 

            20.       El sistema judicial de Guatemala continúa siendo, en gran parte, incapaz de administrar justicia en forma oportuna y eficaz.  El problema afecta a todas las esferas del sistema judicial, pero es particularmente grave en el contexto de la justicia penal, donde el retraso sin justificación de las investigaciones o diligencias esenciales que deben ordenar los jueces y de los procesos judiciales perjudican los derechos de la víctima y del acusado.  Esto es verdad en cuanto a casos relacionados con violaciones de los derechos humanos, así como aquellos casos concernientes a delitos comunes.  

            21.       La comunidad internacional ha sido informada en numerosas oportunidades en el pasado de los problemas relacionados con la administración de justicia y el impacto negativo y de gran alcance sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.  Así, MINUGUA informó durante el primer semestre de 1996 que: 

            En la situación de impunidad que vive el país, la mayoría de los delitos graves y violaciones de los derechos humanos quedan sin sanción ... no por ser imposible esclarecer los hechos e identificar a los autores ... sino debido a la ineficacia de los organismos nacionales competentes para investigar, juzgar y sancionar, así como por la influencia que ejercen sobre ellos determinados grupos, principalmente los vinculados al Estado.[14] 

La Administración Arzú ha emprendido algunas iniciativas importantes para hacer frente a la impunidad, entre ellas la separación del servicio de miembros corruptos de las fuerzas armadas y la policía.  Además de estas valiosas iniciativas, se precisa de una mayor coordinación y cohesión, las cuales son necesarias para luchar con eficacia contra la impunidad. 

            22.       Las deficiencias del sistema de justicia penal se atribuyen a una serie de causas, entre ellas, la falta de coordinación entre las instituciones competentes, insuficientes recursos humanos y materiales, actos de amenaza e intimidación contra los jueces y fiscales, y la corrupción dentro del sistema.  A pesar de que el actual Código Procesal Penal, vigente desde mediados de 1994, prevé una serie de avances notables en los procesos de justicia penal, los problemas relacionados con su implementación continúan impidiendo su debida aplicación.  Puesto que la independencia y la imparcialidad son requisitos fundamentales para el ejercicio del poder judicial, la CIDH está particularmente preocupada por los informes que ha recibido sobre el uso de amenazas y persecución contra jueces y fiscales.  MINUGUA informó que dos investigadores de la Oficina del Fiscal General fueron asesinados en mayo de 1996 mientras trabajaban en un caso, y que el Fiscal había recibido amenazas de muerte.[15]  La Comisión considera que la aprobación por el Congreso, a mediados de 1996, de la ley que protege las personas conectadas con la administración de justicia, es un paso importante hacia lo que debe ser un esfuerzo de gran amplitud para encontrarle solución a esta situación. 

            23.       La falta de confianza popular en la capacidad del sistema judicial de cumplir con su mandato se manifiesta en actividades ilícitas de diversa índole, entre ellas, linchamientos,[16] actos de "limpieza social"[17] y el uso de la fuerza y la violencia por parte de los guardias de seguridad privados o grupos de defensa.[18]  No se dispone de estadísticas exactas respecto a los linchamientos.  El Grupo de Apoyo Mutuo dio cuenta de 71 linchamientos en 1996.[19]  En varios casos, como el asesinato del artista Oziel Calderón y otros, las informaciones aparecidas en la prensa aclaran que las víctimas fueron linchadas debido a un error de identidad.  En cualquier caso, estos actos de vigilancia representan un rechazo flagrante de los principios más básicos del debido proceso.  Estos tipos de actividades ilícitas constituyen una grave amenaza para el orden democrático del Estado, ya que socavan el imperio de la ley. La Comisión está especialmente preocupada por el hecho de que muchos de estos actos se han llevado a cabo sin respuesta, o con muy poca respuesta, por parte del Estado.  La Comisión subraya que tales actividades extralegales no pueden ser toleradas y que la solución apropiada, dentro del actual proceso de transición, es fortalecer la capacidad de la policía para luchar contra el delito.  

            24.       Con respecto a la administración de justicia y al derecho a la libertad, la CIDH recibió varias informaciones coincidentes en el sentido de que la detención preventiva y las medidas sustitutivas se aplican en forma arbitraria.  Según la Oficina del Arzobispado para los Derechos Humanos y MINUGUA, los acusados con pocos recursos son sometidos regularmente a detención preventiva, sin mayor consideración de la gravedad del delito aducido, la posibilidad de no comparecencia, ni la necesidad de proteger de interferencias la investigación; en tanto que a otros acusados de delitos como homicidio y secuestro se les conceden medidas sustitutivas.  Entre los ejemplos notorios de casos en que se otorgaron estas medidas y los acusados no comparecieron están los del ex comisionado militar Raúl Martínez, quien se cree secuestró al equipo de una misión de la ONU, entre otros delitos, y el de Víctor Román Cutzal, implicado en los asesinatos de los sacerdotes presbiterianos Serech y Saquic.  Las órdenes de arresto emitidas subsecuentemente en estos casos no se han cumplido todavía. 

            25.       La Comisión ve con gran preocupación que, según informaciones recibidas, en los centros de detención generalmente no se separa a los menores de los adultos como lo requiere el artículo 7 de la Convención Americana.  A menudo no existen instalaciones para menores en zonas remotas y por consiguiente a éstos se les recluye con adultos en instalaciones inapropiadas. 

            Previas violaciones de los derechos humanos y la necesidad de mecanismos para combatir la impunidad 

            26.       En febrero de 1997, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la Verdad fue establecida con el nombramiento del profesor alemán y ex-Experto Especial de las Naciones Unidas en Derechos Humanos Christian Tomuschat para dirigir la Comisión, cuyos miembros son la educadora Otilia Inés Lux García de Cotí y el jurista Alfredo Balsells.  La Comisión dispone, en principio, de seis meses para llevar a cabo su investigación, aunque este período puede extenderse en caso de ser necesario.  Su mandato es Aesclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad@ las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que ha sufrido el pueblo guatemalteco, "vinculados con el enfrentamiento armado" y "aclarar plenamente y en detalle@ las violaciones en cuestión, pero sin individualizar la responsabilidad y sin ningún propósito o efecto judicial.  La CIDH le desea éxito a la Comisión de la Verdad en el cumplimiento de tan importante mandato, como es el de investigar y aclarar las violaciones pasadas.  La provisión de recursos humanos y materiales apropiados será un factor importante en cuanto a la habilidad de dicha Comisión para cumplir con su labor. 

            27.       El alcance total de las violaciones a estudiar no está claro, pero se ha  dado amplia cuenta de que el conflicto causó la muerte de más de 150.000 personas,  el arrasamiento de 440 aldeas, el desplazamiento interno de 1.000.000 de personas  y 45.000 refugiados.  Durante 1996, se llevaron a cabo varias exhumaciones para obtener pruebas físicas de los delitos, los cuales todavía no han sido oficialmente explicados, investigados, procesados o sancionados. El Equipo de Antropología Forense de Guatemala realizó exhumaciones en Agua Fría, Chicaman, Quiché; Josefinas, La Libertad, Petén; Pinares, Cahabon, Alta Verapaz; Pan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz; Saguachil, Chisec, Alta Verapaz; El Chal, Dolores, Petén; San Diego, La Libertad, Petén; Chorraxaj, Joyabaj, Quiché; Las Flores, Dolores, Petén; y La Amistad, Dolores, Petén.   

            28.       La divulgación oficial de la verdad sobre las violaciones pasadas de derechos humanos puede desempeñar un papel fundamental en el proceso de recuperación y reconciliación y en sentar las bases para el debido procesamiento y castigo dentro del sistema judicial.  El informe de la Comisión de la Verdad en Guatemala ayudará a consolidar el proceso de reconciliación que se inició a finales del año de 1996.  La revelación de tales atrocidades perpetradas durante el conflicto armado, dentro de un informe oficialmente aprobado, dará al pueblo de Guatemala la posibilidad de reflexionar sobre las mismas, preparar respuestas coherentes y adoptar medidas para garantizar la paz en el futuro. 

            29.       En este sentido debe mencionarse la "Ley de Reconciliación Nacional", aprobada por el Congreso el 18 de diciembre de 1996, después de la firma del acuerdo de amnistía entre el Gobierno y la URNG el 12 de diciembre de 1996.[20]  La ley fue aprobada tras un intenso debate en el seno de la sociedad guatemalteca.  Se creó una coalición que comprendía los sectores sociales y las organizaciones no gubernamentales bajo el lema la "Alianza contra la impunidad", para oponerse al acuerdo y a la adopción de dicha ley. 

            30.       De acuerdo con la ley, la extinción de responsabilidad penal puede aplicarse a: delitos políticos contra la seguridad del Estado, el orden institucional y la administración pública (artículo 2); delitos comunes "directa, objetiva, intencional y casualmente" vinculados con delitos políticos (artículo 3); y delitos comunes perpetrados con el objetivo de prevenir, impedir, perseguir o reprimir delitos políticos y delitos comunes afines (artículo 5).  Sin embargo, el artículo 8 estipula que la amnistía no deberá aplicarse a los siguientes delitos: genocidio, tortura, desaparición forzada y aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con la legislación interna o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. 

            31.       Se informó a la CIDH que la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y MINUGUA han tomado algunas medidas para informar a los jueces sobre la relación entre las disposiciones de esta ley y las obligaciones de Guatemala en los tratados internacionales.  Los miembros de la Alianza contra la Impunidad presentaron un recurso de inconstitucionalidad para impugnar dicha ley, el cual continuaba pendiente sin decidirse para finales de febrero de 1997.  Se ha informado a la CIDH que a partir de finales de febrero de 1997 las solicitudes de amnistía presentadas en conformidad con la ley han sido denegadas en los casos que se han iniciado en relación con los asesinatos de Myrna Mack y Jorge Carpio Nicolle.[21]  En este aspecto, la Comisión ha articulado, en varios casos específicos, los criterios relacionados a la interrelación  respeto la impunidad y las leyes disponiendo amnistía y medidas comparables.[22] 

            IV.        EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA 

            32.       El tipo de violaciones de los derechos humanos en Guatemala ha cambiado favorablemente desde que el conflicto armado concluyó.  Tal como MINUGUA señala en su Sexto Informe: "Es alentador que en el período no se haya comprobado ninguna desaparición forzada de personas y la notable disminución de las denuncias admitidas por esta grave violación de derechos humanos.  Ello consolida la percepción de que esta condenable práctica criminal no se realiza hoy en Guatemala".[23]  Asimismo, la Comisión ha notado una disminución en el número de las peticiones recibidas con respeto al derecho a la vida e integridad física.  Sin perjuicio de estas manifestaciones positivas relativas al derecho a la vida, la Comisión debe señalar que continúan existiendo denuncias en este materia.  Así por ejemplo, la Oficina del Procurador de Derechos Humanos informó que durante 1996 tramitó 173 casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, 47 casos concernientes a desapariciones forzadas, 15 casos asociados con violaciones a la integridad personal y 12 casos de tortura. Durante los primeros diez meses del año, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala informó que había tramitado 112 casos de ejecuciones extrajudiciales y seis casos de tortura.  

            33.       Respecto al derecho a la vida, durante la primera mitad de 1996 MINUGUA verificó 13 de los 69 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados; 42 de los 54 intentos de ejecución extrajudicial; y 91 de las 267 denuncias de amenazas de muerte que se presentaron ante ésta.  Estas denuncias cubren también situaciones anteriores a 1996.  En cuanto al respeto a la integridad física de la persona durante este mismo período, se verificaron 2 de los 8 casos de tortura; 9 de las 10 denuncias de trato cruel, inhumano o degradante; 27 de las 73 denuncias de malos tratos; 103 de los 116 casos de uso excesivo de la fuerza; y 1.010 de las 1.060 amenazas de otra índole contra las personas.  Muchas de estas denuncias, que se refieren en buena parte a situaciones anteriores al gobierno actual, todavía están siendo verificadas.[24]  La Misión de las Naciones Unidas observó que la ausencia de una investigación adecuada en aquellos casos relacionados con violaciones cometidas por agentes del Estado o por grupos o individuos relacionados con éstos, hace que la verificación sea difícil.  Durante el último semestre de 1996, MINUGUA verificó 76 casos de ejecuciones extrajudiciales; 214 de amenazas de muerte; 13 violaciones del derecho a no ser sometido a tortura; 23 casos de empleo excesivo de fuerza y 206 casos de otros tipos de amenazas contra las personas.[25] 

            34.       MINUGUA informó que el uso inadecuado de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad había provocado muertes y reflejaba la evidente falta de respeto al derecho a la vida, y la inadecuada preparación y capacitación de los agentes.[26] 

            35.       La Comisión está especialmente preocupada por la incidencia continuada de amenazas y actos de violencia contra individuos que trabajan en la promoción de los derechos humanos, líderes sindicales y comunitarios, miembros de los círculos universitarios y testigos oculares de casos relacionados con la violación de los derechos humanos, así como la falta persistente de suficientes investigaciones, medidas de protección y procesamientos de aquellos responsables. 

            36.       En marzo de 1996, de conformidad con el artículo 63.2 de la Convención Americana, la Comisión solicitó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara medidas provisionales para proteger la vida e integridad física del Padre Daniel Vogt (caso 11.497), el cual había recibido varias amenazas en conexión con su trabajo comunitario en El Estor.  Al mes siguiente, la CIDH solicitó medidas provisionales para proteger a los testigos en el caso del asesinato de los sacerdotes presbiterianos Pascual Serech y Manuel Saquic en 1994 y 1995 (caso 11.570), los cuales habían recibido amenazas en conexión con el procesamiento de ese caso.  La Comisión solicitó que se reanudaran las medidas provisionales que se adoptaron inicialmente en 1994 y 1995 en los casos de Juan Chanay Pablo ("Colotenango", caso 11.212) y Jorge Carpio Nicolle (caso 11.333).  La Corte autorizó dichas solicitudes por medio de resoluciones del 10 septiembre de 1996, y ordenó al Gobierno y a la CIDH que informaran periódicamente sobre la situación de cada caso. 

            37.       La Comisión, de conformidad con el artículo 29 de su Reglamento, se dirigió al Gobierno en varias oportunidades para solicitar la adopción de medidas cautelares en favor de 28 individuos específicamente identificados (cuya lista se encuentra en el Informe Anual en la sección sobre las actividades de la Comisión), entre ellas algunas a favor de varios sindicalistas que presuntamente habían recibido amenazas y habían sido objeto de actos de violencia en conexión con sus actividades; Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro, Amílcar Méndez y Manuela Alvarado, miembros del Frente Democrático Nueva Guatemala que habían recibido amenazas de muerte; trabajadores de la oficina jurídica de IXCHEL, que defiende los derechos humanos en el Petén; los testigos en el caso del asesinato de Martín Pelicó Coxic y otras seis personas (caso 11.658) en San Pedro Jocopilas, los cuales habían sido objeto de amenazas y asaltos relacionados con el procesamiento de ese caso.  

            La pena de muerte y el artículo 4 de la Convención Americana 

            38.       Antes de entrar en vigor la Convención Americana con respecto a Guatemala, el artículo 201 de su Código Penal había establecido la pena de muerte para los culpables de secuestros que tuvieran como resultado la muerte de la víctima.  Mediante los decretos legislativos 38-94, 14-95 y 81-96, el Congreso enmendó el artículo 201 para imponer la pena de muerte a los secuestradores aunque no esté seguido de la muerte de la víctima.  MINUGUA, el Procurador de Derechos Humanos y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, se unieron a otros grupos para advertir que esta reforma contradecía la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Un abogado de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 14-95.  En su sentencia del 26 de marzo de 1996, en la que rechazaba ese recurso, la Corte Constitucional decidió que la Constitución no prohibía expresamente la extensión de la pena de muerte en la forma establecida y que, aunque la Constitución de Guatemala dispone que los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen sobre la legislación interna, la Convención Americana no constituía un parámetro de análisis constitucional. 

            39.       El 30 de enero de 1997, la Novena Sala del Tribunal de Apelaciones conmutó tres sentencias de muerte, en un caso determinado, por sentencias no conmutables de 50 años, tomando como fundamento que Guatemala es parte en la Convención Americana; que de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales tienen precedencia sobre la ley interna, y que el artículo 4 de la Convención Americana establece que la pena de muerte no puede cubrir delitos para los cuales no era aplicable en el momento de la ratificación.  La Sala Novena falló que el tribunal de primera instancia había interpretado y aplicado erróneamente el artículo 201 del Código Penal, tal como fuera enmendado por el decreto 14-95, y por tanto se violó el artículo 4.2 de la Convención Americana.  La Comisión encuentra valioso este último fallo, puesto que otorga la debida consideración a las obligaciones internacionales que debe tener en cuenta el Estado, como parte en la Convención Americana, al interpretar y aplicar su legislación interna. 

            40.       Sin entrar en los detalles de la reforma en cuestión, la CIDH recuerda que el texto del artículo 4, sección 1, de la Convención Americana dispone que el derecho a la vida será respetado.  La sección 2 estipula que: 

            En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

El artículo 4, sección 3 estipula que, "[n]o se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido".  Cada Estado parte en la Convención Americana ha emprendido, conforme al artículo 2, medidas para asegurar que todos los derechos y libertades reconocidos en la Convención estén protegidos por las disposiciones legislativas internas o de otro carácter.  Por consiguiente, en el momento de la ratificación, cada Estado parte se compromete a mantener su legislación interna en conformidad con sus obligaciones establecidas en la Convención. 

            41.       La Comisión enfatiza en este sentido la clara interpretación del artículo 4 articulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-3/83 concerniente a las ARestricciones a la Pena de Muerte@.  De conformidad con el principio de irreversibilidad de los derechos, en cuanto al artículo 4.2, la Corte determinó que no podía haber ninguna duda de que esta disposición prohíbe la extensión de la pena de muerte a Adelitos para los cuales no estaba prevista anteriormente".  "Se impide así cualquier expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena".  (Se agregó el énfasis).  El artículo 4.2 constituye, en las palabras de la Corte una "prohibición absoluta" de dicha extensión.[27]  También se hace referencia a la Opinión Consultiva OC-14/94, que trata sobre cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Estado y reafirma la mencionada interpretación del artículo 4.2. 

            42.       Independientemente de las cuestiones relacionadas con la ampliación de la pena capital en virtud del artículo 4, la Comisión observa que el 10 de septiembre de 1996 se dirigió al Estado de Guatemala para solicitarle que tomara las medidas necesarias para suspender la ejecución, cuya fecha ya se había fijado, de Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, sentenciados a muerte por la violación y asesinato de una niña.  Se hizo esta solicitud con el objeto de permitir que la Comisión analizara una petición del 14 de agosto de 1996, según la cual el juicio de estas dos personas no había respetado determinados requisitos del debido proceso.  Específicamente, los peticionarios alegaron que los acusados no contaron con defensa jurídica efectuada por abogados.  En su respuesta del 12 de septiembre de 1996, el Gobierno indicó que no se daría curso a la solicitud debido a que la legislación interna de Guatemala no contemplaba medidas para suspender la ejecución de una sentencia de pena capital.  Las solicitudes de medidas especiales se formulan de conformidad con la competencia que tiene la Comisión para atender las peticiones que se le presentan, tal como lo estipula el artículo 41 de la Convención, y para solicitar medidas cautelares cuando sea necesario para evitar que las personas sean lesionadas en forma irreparable, de conformidad con el artículo 29 de su Reglamento.  Considerando el deber de todo miembro del sistema interamericano de los derechos humanos de dar vigencia a sus normas, la Comisión estima que la respuesta del Estado en esta materia desconoció ese deber, y que el rechazo de su  solicitud obstruyó el desempeño de sus funciones.  

            V.        LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

            43.       Los informes de que dispone la CIDH indican que la libertad de expresión es generalmente ejercida a través de los distintos medios de comunicación.  La prensa local refleja una amplia gama de información y opiniones, entre ellas la opinión política.  Los medios de comunicación han desempeñado un papel importante en el proceso de apertura hacia el diálogo político. 

            44.       La Sociedad Interamericana de Prensa señaló, sin embargo, una serie de amenazas contra periodistas en conexión con su trabajo.  Aunque ni la identidad de los actores ni la motivación detrás de los actos se han aclarado, la Sociedad Interamericana de Prensa informó que, entre otros incidentes violentos, había explotado una bomba frente a la casa del Director de Radio Victoria; se había encontrado una granada de fragmentación en el garaje de La Prensa; y tres periodistas habían sido asesinados.  La Sociedad de Prensa expresó su interés en que estos incidentes sean investigados en la debida forma y solicitó especialmente que se aclarara el asesinato de Jorge Carpio Nicolle en el año 1993.  Asimismo, la Comisión recibió información de que continúan instancias de intimidación y violencia contra representantes de medios de información.  MINUGUA informó en esta materia sobre el secuestro y tortura de Vinicio Pacheco, de Radio Sonora, en febrero de 1996.[28]  

            45.       La libre expresión es un derecho fundamental en una sociedad democrática, está expresamente consagrado en la Convención Americana y debe ser garantizado de acuerdo con esa categoría.  Este derecho no puede ejercerse como es debido en un clima en el que se toleran las amenazas y la violencia contra los periodistas.  La CIDH reitera que en el caso de delitos cometidos tanto por actores públicos como privados, es responsabilidad del Estado asegurar que éstos son investigados, juzgados y sancionados de la debida forma.  

            VI.        LA SITUACIÓN RESPECTO A LOS DERECHOS LABORALES Y DE TIERRAS 

            46.       La Comisión continúa vigilando la situación de los derechos laborales y las condiciones de trabajo en Guatemala.  De conformidad con la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del Guatemala, el Estado adoptó un nuevo Reglamento para el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica y la Aprobación de Estatutos e Inscripción de Organizaciones Sindicales para agilizar dichos trámites ante el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.    

            47.       En cuanto a las condiciones de trabajo, el 2 de enero de 1996 el salario mínimo aumentó a 17.60 quetzales por una jornada de ocho horas ($2.93).  Aunque la ley establece este salario, no siempre se cumple y además no es suficiente para satisfacer las necesidades mínimas.  Las normas de salud y seguridad se consideran inadecuadas, y, en cualquier caso, tampoco se cumplen como es debido.  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas indicó que estaba: 

            profundamente perturbado por la inobservancia clara y manifiesta de la legislación laboral, por las alarmantes informaciones acerca de la impunidad de los empleadores y por el incumplimiento de las normas sobre salarios mínimos, condiciones de trabajo y sindicación, sobre todo porque afectan a personas empleadas en un gran número de los sectores agrícolas.[29] 

El Comité mencionó que ciertos acuerdos ordenan adoptar medidas para mejorar la vigilancia y cumplimiento de las normas laborales pero mostró su preocupación en lo que concierne a la implementación de dichas medidas. 

            48.       Respecto a la situación agraria, el Comité declaró que Ala cuestión de la propiedad y distribución de la tierra es decisiva para resolver agravios económicos, sociales y culturales de una parte considerable de la población@.[30]  La ocupación de granjas continúa generando tensión en ciertos departamentos de Guatemala.  Los grupos que más a menudo llevan a cabo estas ocupaciones son las comunidades indígenas, las cuales intentan reclamar tierras tomadas por los propietarios ladinos, y los empleados de las fincas, quienes intentan protestar por las condiciones de trabajo y los bajos salarios.  El Gobierno ha informado que los desalojos sólo se llevan a cabo pacíficamente y de acuerdo con una orden judicial.  La CIDH ha recibido informes de desalojos llevados a cabo por los propietarios de las tierras mediante el uso de la violencia.  La CIDH investigará estas situaciones en los casos que se le presenten para establecer su veracidad. 

            49.       En su informe sobre el segundo semestre de 1996, MINUGUA expresó su continua preocupación por el empleo de violencia en estos desalojos.  Cita un ejemplo, de septiembre de 1996, ocurrido en Los Ocós, San Marcos, con ocasión del desalojo de campesinos que ocupaban una finca, practicado por la Policía Nacional, que dejó un saldo de un muerto y docenas de heridos.  Pasando a un aspecto más alentador, MINUGUA también informó que en noviembre y diciembre de 1996, respectivamente, había tenido la oportunidad de colaborar con el Gobierno en la solución pacífica de la ocupación de una instalación petrolífera por parte de obreros y del bloqueo de una carretera por productores locales, mediante diálogo y negociaciones.[31] 

            50.       En cuanto a la distribución de las tierras y la situación agraria, el clima de tensión continúa teniendo un impacto sobre la situación de los retornados.  Por esta y otras razones, el ritmo de retornos descendió durante 1996.  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados informó que 2.599 refugiados regresaron durante la primera mitad de 1996, sólo un poco más del 25% del número de refugiados que habían regresado durante el mismo período el año anterior.  Según informes, en todo el año de 1996 regresaron un poco más de 4.000 refugiados.  

            VI.        LOS DERECHOS DEL NIÑO 

            51.       Debido a las necesidades especiales y la vulnerabilidad de los niños, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos especifica que todo niño "tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado".  En un país como Guatemala, donde aproximadamente el 46% de la población es menor de 15 años de edad, la situación del niño y sus derechos deben estar muy presentes en los intereses y acciones del Gobierno.  En octubre de 1996, el Estado de Guatemala adoptó un nuevo Código de Niñez y Juventud, pero todavía no está en vigor. 

            52.       El Gobierno ha informado que la tasa de mortalidad infantil, que había sido 50 por cada 1.000 en 1990, disminuyó a 40 por cada 1.000 en 1993, y que la tasa de mortalidad infantil en niños menores de cinco años de edad había disminuido de 105 a 69 por cada 1.000 durante el mismo período.[32]  Estas tasas, sin embargo, continúan siendo más elevadas dentro de determinados grupos socioeconómicos.[33] Conforme a los acuerdos de paz, el Gobierno se ha comprometido a aumentar en un 50% los gastos públicos que se asignan al área de la educación, la nutrición y la salud desde 1996 hasta el año 2000.  El aumento del gasto público en estas áreas será especialmente importante para los niños, los cuales continúan sufriendo en gran número los efectos de la pobreza, la desnutrición y la falta de acceso a la educación y a los cuidados de salud.  Los informes del Gobierno indican que el sistema escolar acogió al 68.2% de los niños en edad escolar primaria (7-12), pero sólo el 20% de aquellos niños entre los 13 y 15 años y el 10.9% de aquellos entre los 15 y los 18 años.[34] 

            53.       La Comisión está particularmente preocupada por la situación de los niños, los cuales, por razones de necesidad económica, tienen que trabajar en lugar de asistir a la escuela.  Un estudio de UNICEF de 1995 indicaba que casi 1.000.000 de niños guatemaltecos estaban trabajando en vez de ir a la escuela.[35]  Además, se ha informado a la CIDH que muchos de estos niños trabajan en condiciones precarias, que hay muy pocos sistemas para vigilar el cumplimiento de las normas, o para hacerlas cumplir, y que, en este sentido, no se cumplen las obligaciones de Guatemala de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. 

            54.       El Gobierno ha reconocido que la situación de los niños de la calle en Guatemala se considera trágica debido a que son víctimas de actos de violencia que Ahasta hace poco, quedaban completamente impunes@.[36]  La Oficina del Procurador de Derechos Humanos cuenta con un programa especial, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que se dedica a proteger los derechos del niño, y la COPREDEH, el Ministerio Público y Casa Alianza participan en un comité permanente para vigilar la situación de los niños de la calle.  La Comisión señala que en diciembre de 1996 un guardia de seguridad privado fue sentenciado a prisión por el asesinato de un niño de la calle, Oscar René Marroquín, y dos policías fueron sentenciados como cómplices por haber ayudado a ocultar el cuerpo.  La Comisión considera que estas sentencias son una respuesta importante, y expresa la esperanza de que toda esa clase de violaciones encuentre la reacción requerida en términos de investigación, enjuiciamiento y sanción, de manera que estos delitos no permanezcan impunes.  

            55.       No obstante, la Comisión continúa recibiendo informes, que examinará en los casos que se le presenten, sobre actos de violencia contra los niños de la calle, entre ellos asaltos y delitos sexuales, detención ilegal y arbitraria y, en varios casos, homicidios.  Casa Alianza continúa documentando dichos casos, que según dicha institución incluye instancias de abuso por parte de agentes del Estado.[37]  En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó en 1996 que: 

            lamenta la situación de los niños de la calle en Guatemala, los cuales están sujetos a violaciones graves de sus derechos humanos ... particularmente su derecho a la vida y su derecho a no ser sometido a torturas y malos tratos.  La Comisión observa con preocupación la intensidad del abuso contra los niños de la calle por parte de personas con autoridad, entre ellas, la policía privada y pública.[38] 

Por su parte, el 30 de enero de 1997 la CIDH sometió el caso de Anstraum Villagrán y Otros (11.583), conocido como el caso de "Los Bosques de San Nicolás", a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual la Comisión declaró responsable al Estado por las violaciones del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a torturas, que practicaron los agentes del Estado contra varios niños de la calle guatemaltecos en el año 1990.  

            VIII.        EL DERECHO A IGUALDAD DE PROTECCIÓN Y A UNA VIDA LIBRE DE         DISCRIMINACIÓN 

            Igualdad y los Derechos de los Pueblos Indígenas 

            56.       La participación en la vida nacional de los pueblos indígenas, los cuales constituyen más de la mitad de la población, ha mejorado en varios aspectos importantes.  En la esfera política, la Comisión ha observado la representación que han obtenido como resultado de las elecciones que se celebraron a finales de 1995 y en enero de 1996, por medio de las cuales los candidatos indígenas fueron elegidos alcaldes en 100 municipalidades, entre ellas, las capitales de los departamentos de Sololá y Quetzaltenango, y seis diputados indígenas fueron elegidos al Congreso Nacional.   

            57.       A nivel estatal, se han tomado varias medidas importantes.  En 1995, el Gobierno empezó a adoptar las medidas necesarias para establecer el delito por motivos de odio racial o étnico, el cual no había sido previamente codificado.  En 1996, Guatemala ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dentro del marco de las negociaciones de paz, el Gobierno y la URNG firmaron un acuerdo sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. 

            58.       Debe tenerse en cuenta además que Guatemala cuenta con un programa de educación bilingüe que fue concebido para proporcionar estudios en el idioma local en áreas mayoritariamente indígenas, e introduciendo el español en una fase posterior.  La metodología que se utiliza para el aprendizaje de la lengua recibió recientemente un premio de la UNESCO. 

            59.       Sin perjuicio de dichos avances, la situación de los pueblos indígenas con respecto a su acceso a la justicia continúa preocupando a la CIDH.  La falta de respeto que persiste por la diversidad cultural es la causa de ejemplos de discriminación de facto y de jure.  Por ejemplo, los tribunales generalmente funcionan en castellano, aunque muchos de los habitantes de Guatemala hablan idiomas indígenas, y rara vez pueden ofrecer la traducción o interpretación necesarias para garantizar el debido proceso.  Por otra parte, frecuentemente es muy difícil para las poblaciones indígenas, de zonas alejadas, tener acceso a la justicia debido a la escasez de instalaciones.  MINUGUA ha estado trabajando con el Estado con el objeto de fortalecer la habilidad del poder judicial para acomodar el pluralismo lingüístico del país y establecer un centro para la administración de justicia en Nebaj, que ofrezca los servicios de enjuiciamiento, defensa y policía que actualmente no existen. 

            60.       El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha mostrado su preocupación: ALa discriminación racial extremadamente extendida, la pobreza extrema y la exclusión social en relación con la población indígena influyen negativamente sobre el goce de los derechos económicos, sociales y culturales por esta población@.[39]  En cuanto al acceso de los niños indígenas a la educación, el Experto Especial de las Naciones Unidas sobre Guatemala indicó que sólo 30 de cada 100 niños indígenas atienden a la escuela primaria (comparado con 73 de cada 100 niños no indígenas) y que sólo 6 de cada 100 niños indígenas atienden a la escuela secundaria (comparado con 32 de cada 100 niños no indígenas).[40] 

            Igualdad y los Derechos de la Mujer 

            61.       Luego de la ratificación por parte de Guatemala de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 1995, el Congreso aprobó a finales de 1996 la "Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar".  La ley establece una serie de medidas para proteger a las víctimas de la violencia ocurrida a manos de familiares, lo que incluye cónyuges, ex-cónyuges y el padre de algún hijo de la víctima, así como violencia entre personas que compartan o hayan compartido un mismo domicilio.  Personas particularmente vulnerables, tales como las mujeres, los niños, los ancianos y personas discapacitadas, recibirán protección especial con base en las circunstancias del caso.  La ley tiene aplicación para cualquier acto u omisión que directa o indirectamente causare daño o sufrimiento físico, sexual, patrimonial o psicológico, tanto en el ámbito público como privado, y rige independientemente de las disposiciones del Código Penal.  Las denuncias pueden elevarse ante la institución estatal pertinente, la que a su vez debe registrarla y remitirla al tribunal de familia o tribunal penal correspondiente dentro de las 24 horas siguientes.  Según el amplio conjunto de medidas protectoras que se han establecido, se puede ordenar al presunto agresor o agresora que abandone el domicilio compartido; se le puede ordenar que se abstenga de poseer armas, y éstas pueden ser confiscadas; se pueden suspender también los derechos de custodia y visita, y pueden dictarse otras medidas que impidan que el agresor perturbe la vida de la víctima.  La Policía Nacional tiene la obligación de intervenir en estos casos, de oficio, o cuando lo solicite la víctima o una tercera persona.  La Comisión valora la promulgación de esta significativa ley que reconoce los deberes contraídos por el Estado al adherirse a la Convención de Belém do Pará y constituye un avance fundamental en la lucha contra esta violencia desvastadora, y espera con interés información sobre la acción que se tome para poner en ejecución todas sus disposiciones.  

            62.       La Comisión señala además que, a principios de 1996, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los artículos 232 a 235 del Código Penal (relacionados con el adulterio y el concubinato) tomando como fundamento su efecto discriminatorio de la mujer.  Los alegatos ante la Corte, al evaluar las disposiciones impugnadas, hicieron referencia a la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  Este fallo tiene un gran significado dentro del contexto del esfuerzo que realizan varias ramas del Estado para ajustar las leyes guatemaltecas a las obligaciones nacionales e internacionales del país.  

            63.       La Comisión continúa observando con interés los esfuerzos para modificar otras disposiciones legales, particularmente las secciones del Código Penal guatemalteco relacionadas con la función y representación de los esposos dentro de la unidad marital de modo que se logre plena capacidad de la mujer para ejercer sus derechos y libertades en pie de igualdad.   

            IX.        CONCLUSIONES 

            64.       Durante 1996 se han observado cambios extraordinarios en la situación de los derechos humanos en Guatemala.  Se ha logrado el objetivo principal de poner fin al conflicto armado.  Los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca han abierto un nuevo espacio político, y de esa manera han generado oportunidades de diálogo y colaboración para abordar la difícil ejecución de los acuerdos negociados entre el Gobierno y la URNG.  Es importante señalar que el objetivo de que toda persona pueda disfrutar cabal y equitativamente de sus derechos y libertades tuvo prioridad durante el proceso de la negociación.  Los esfuerzos del Estado y de la sociedad guatemalteca para poner término al conflicto armado y dar comienzo a la paz satisfacen una condición previa necesaria para el progreso de los derechos humanos y proporcionan la base para la labor en pro de la reforma.  La Comisión reconoce y valora los avances que se han logrado.  De particular importancia en este sentido es el inicio de transformaciones de la estructura represiva anterior, como se ejemplifica por la disolución de las PAC.  Asimismo, la acción del Gobierno dirigida a obtener cumplimiento de los derechos humanos, en particular, el respecto al derecho a la vida por parte de sus agentes.  

            65.       Sin perjuicio de estos desarrollos, la Comisión continúa seriamente preocupada por que no se ha alcanzado aún en Guatemala una situación que permita el goce pleno de los derechos humanos.  El largo conflicto que sufrió Guatemala ha dejado secuelas serias en áreas culturales e institucionales, lo que requiere de un esfuerzo concertado y permanente para su superación: 1) la actividad policial no está controlada plenamente; 2) el poder judicial no garantiza actualmente que haya justicia en todos los casos; 3) hay incertidumbre respecto a la aplicación de la Ley de Reconciliación; 4) a pesar del texto expreso de la Convención Americana hay una extensión de la pena de muerte por los decretos legislativos 38-94, 14-95 y 81-96; y, 5) ha habido instancias de justicia por mano propia (linchamientos) en contravención a los principios básicos del imperio de la ley.  La Comisión continuará observando con mucho interés el progreso que se hará en relación a la situación de los derechos humanos en Guatemala.  

            X.        RECOMENDACIONES 

            66.       La CIDH insta a las partes en las negociaciones de paz a perseverar en su dedicación a la consolidación de la paz, a dar cumplimiento pleno a los acuerdos de paz, y a avanzar con la implementación de las reformas necesarias. 

            67.       La Comisión recomienda que se otorgue atención prioritaria a las reformas del sistema judicial, incluyendo la provisión de más recursos, capacitación y coordinación mejorada, y la reestructuración y fortalecimiento necesarios para desarrollar su capacidad de investigar y responder oportuna y cabalmente a las violaciones de los derechos humanos y los delitos comunes. 

            68.       La CIDH recomienda que alguna instancia de amenaza o intimidación de jueces, fiscales e investigadores, sea rápidamente afrontada, incluso con medidas eficaces de protección cuando sea del caso, y con la investigación y la aplicación de la justicia a los responsables. 

            69.       La Comisión recomienda que los autoridades pertinentes investiguen, enjuicien y castiguen firmamente los linchamientos, intentos de efectuar linchamientos y los actos llamados de "limpieza social", que son inaceptables dentro del sistema interamericano de los derechos humanos.  

            70.       Recomienda que se concluyan las medidas que deberían ser tomadas dentro del marco legal para lograr la igualdad plena de la mujer. 

            71.       La Comisión recomienda que se dedique mayor atención a la proliferación de armas y de fuerzas y grupos de seguridad privados, a fin de lograr la vigencia de las debidas medidas legislativas, administrativas y judiciales encaminadas a controlar el número de las armas de fuego y su empleo, así como la vigilancia y fiscalización de las actividades de los agentes de seguridad privados. 

            72.       La Comisión recomienda que el Estado amplíe, de conformidad al acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, sus esfuerzos encaminados a remediar los casos de discriminación de facto y de jure de modo que se logre su participación plena en la vida y desarrollo nacionales. 

            73.       La Comisión urge al Estado a que otorgue una mayor prioridad a la protección del niño, a la satisfacción de sus necesidades básicas de nutrición, atención de salud y educación adecuadas, y para asegurar que los niños que deban trabajar lo hagan en condiciones que concedan prioridad a su educación y que prohíban el trabajo nocturno y otras formas de empleo que ponen en peligro su salud, seguridad o desarrollo.