CAPÍTULO IV 

PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

        DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS.  PROCESO DE PREPARACIÓN, CONSULTA REGIONAL Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó en su 951 Período de Sesiones una propuesta de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, siguiendo la recomendación al respecto de la Asamblea General (AG/RES. 1022 (XIX-O/89)[1].  Esta propuesta recoge sugerencias y comentarios de los gobiernos, organizaciones indígenas e intergubernamentales, expertos, y reuniones especiales de consulta que se realizaron entre octubre de 1995 y febrero de 1997, sobre la base de un Borrador de Consulta aprobado por la CIDH en su 901 Período de Sesiones, y toma en cuenta la tarea de Naciones Unidas y otras organizaciones gubernamentales (AG/RES. 1404 (XXVI-O/96). 

            Tal como se especifica en la Recomendación 8 del Capítulo VII de este Informe Anual, esta propuesta se eleva a la Asamblea General y a su Consejo Permanente, y se hace pública por la Comisión con el objetivo de que sea considerada en la próxima Asamblea General y en forma amplia por gobiernos y pueblos y organizaciones interesadas, de manera que sea aprobada por los Estados miembros en la Asamblea General de 1998, en conmemoración del 501 aniversario de la Organización. 

            ANTECEDENTES 

            Desde octubre de 1995, la Comisión inició una amplia ronda de consultas[2] sobre el Borrador de Consulta que preparara y aprobara entonces sobre la base de consultas anteriores, las constituciones y legislaciones nacionales, instrumentos internacionales y declaraciones sobre el tema.  Dicho borrador tuvo amplia difusión y se solicitaron en forma directa por correspondencia comentarios a gobiernos y varios centenares de organizaciones indígenas, no gubernamentales y expertos, además de difundirse el texto a través de medios de comunicación. 

            En esta consulta se utilizaron distintos mecanismos: a) la consulta directa por correspondencia, ya mencionada; b) la presentación y discusión del Borrador en reuniones técnicas especializadas; c) consultas nacionales y multinacionales indígenas y d) reuniones regionales.

            REUNIONES TÉCNICAS 

            El Borrador de Consulta se presentó y analizó en varias reuniones técnicas: en Arequipa, Perú, en la APrimera Reunión Mundial de Pueblos Indígenas@, octubre 1995, organizada por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas; en Ottawa, en la reunión especial "Widening the Circle@, febrero 27 de 1996, organizada por la Fundación Canadiense para América Latina y el Caribe (FOCAL), la Universidad de Ottawa y el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, con más de cien delegados de todo el continente; en Guatemala, organizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en marzo de 1996; ante el Congreso General Kuna, en Ogubscun, Panamá, 1996; y ante el Sovereignty Symposium, Tulsa, Oklahoma, 1996.

            CONSULTAS NACIONALES Y REGIONALES 

            Para las consultas nacionales y regionales la CIDH coordinó y contó con la cooperación del Instituto Indigenista Interamericano, de la Unidad para la Promoción de la Democracia, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del Fondo Interamericano para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (con sede en Bolivia), y con la cooperación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo. 

            Se concretaron las siguientes consultas nacionales: 

            ARGENTINA 

            Organización Responsable:  ORIANA (Organización Regional Indígena Andina del Norte Argentino).  Cobertura: Todo el país.  Participaron catorce delegados representando  dieciocho pueblos indígenas del país.  Realizada en Buenos Aires, del 20 al 23 de octubre de 1996. 

            BOLIVIA 

            Se realizaron dos consultas paralelas.  I. Organización Responsable: CIDOB (Organizaciones de las Tierras Bajas) y CSUTCB (Organizaciones de las Tierras Altas) con el auspicio de la Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, que publicó el Borrador de la CIDH en los periódicos para su más amplia difusión.  Los resultados de la consulta fueron asumidos por el Gobierno de la Nación.  Cobertura: Todo el país.  Se realizaron dos Talleres, uno en la ciudad de Santa Cruz para la región de Oriente, Chaco y Amazonia y otro realizado en Oruro para la región Andina.  II. Organización Responsable: Parlamento Indígena de Bolivia (Honorable Cámara de Diputados). Cobertura: Participaron en la consulta diez diputados indígenas al Parlamento Nacional de Bolivia. 

            BRASIL 

            Organización Responsable: CAPOIB (Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil).  Cobertura: Todo el país.  Participaron dirigentes de las organizaciones envueltas más directamente: COIAB, COR, UNI, AC y CAPOIB, además de abogados asesores de estas dos últimas.  Realizada en Brasilia en octubre de 1996. 

            COLOMBIA 

            Organización Responsable: ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia).
Cobertura: Nacional.  Realizada en Bogotá en octubre de 1996.

 

            COSTA RICA 

            Realizada en San José del 11 al 14 de diciembre de 1996, organizada por la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica --filial de la CICA-- y en el proceso se realizaron dos talleres regionales, dos talleres nacionales y algunas jornadas locales. 

            CHILE 

            Organización Responsable: Representante de los pueblos indígenas de Chile ante el Fondo.  Cobertura: Se realizaron dos consultas, una entre los pueblos Aymaras y otra entre el pueblo Atacameño (norte de Chile). 

            ECUADOR 

            Organización Responsable: Secretaría de Asuntos Étnicos, y Comisión integrada paritariamente por representantes de los pueblos Indígenas y Afroecuatorianos. Cobertura: Todo el país.  Se realizó un seminario nacional en Quito de tres días del 7 al 9 de octubre de 1996.  Una comisión bipartita redactó el informe final. 

            EL SALVADOR 

            Se realizó un Seminario Taller de la Mesa Indígena de El Salvador, con representantes de los pueblos indígenas del país, en diciembre de 1996.  

            HONDURAS 

            Se realizó en "Ruinas de Copán" los días 9 y 10 de noviembre de 1996, por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras CONPAH, con aproximadamente 100 representantes de los pueblos Misquitos, Garifuna, Pech, Talupanes O-Xroquaz, Incas, Negros de habla inglesa, y Chortis.

            MÉXICO 

            Se realizaron consultas directas y un seminario taller en Tuxtepec, Oaxaca, los días 7 y 8 de diciembre de 1996, con 19 representantes de 15 entidades nacionales y estaduales indígenas. 

            PANAMÁ 

            Organización Responsable: COONAPIP (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá), representando a los Ngobe-Bugle, Kuna Yala, Kuna de Mandugandi, Embera Wounan (Comarca y tierras colectivas) y Kuna de Takarkunyala.
Cobertura: Todo el país. 

            PARAGUAY 

            Organización responsable: Quince organizaciones indígenas del Paraguay. Cobertura: Todo el país.  Participaron quince líderes de otras tantas organizaciones.
La reunión se realizó en la Ciudad de Benjamín Aceval, el 15 de noviembre de 1996. 

            PERÚ 

            Organizaciones Responsables: UNCA (Unión de Comunidades Aymaras) y CAH (Consejo Aguaruna Huambisa).  Cobertura: Todo el país.  Convocó a seis organizaciones nacionales (AIDESEP, CONAP, CNA, CCP, COICAP, Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca); y a las organizaciones regionales de todo el país.  Participaron 26 líderes de nivel nacional.  El Seminario se realizó en Lima en noviembre de 1996. 

            CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS 

            Además de la presentación en distintas reuniones técnicas ya indicadas, se recibieron respuestas de centros representativos de derechos indígenas, y se realizó con el auspicio del Council of Energy Resources Tribes (USA) y la International Organization of Indigenous Resources Development y el Grand Council of the Crees (Canadá) una reunión en Denver, Colorado, donde se preparó una revisión con representantes de 140 pueblos indígenas de Norteamérica.  Esta versión fue luego aprobada por aclamación por el Gran Consejo de los Crees y de los Hobema; y fue presentada en la Conferencia sobre Pueblos Amerindios, organizada por UNESCO en París, en junio de 1996.  

            REUNIONES MULTINACIONALES 

            Consejo Indígena de Centro América (CICA).  Reunión realizada el 18 de octubre de 1996, en la ciudad de Guatemala.

            Coordinadora de Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).  Realizó una reunión de consulta especial del 1 al 4 de octubre de 1996 en Quito, con 11 representantes de CONFENIAE (Ecuador), OPIAC (Colombia), COIAB (Brasil), APA (Guyana), OIS (Suriname), y COICA (Perú). 

            REUNIONES REGIONALES 

            Las reuniones regionales para Sudamérica en Quito, Ecuador; y para Centroamérica y el Caribe, en Guatemala, se realizaron en noviembre de 1996.  En ellas los delegados de las consultas nacionales y otros expertos y representantes gubernamentales presentaron los resultados de sus consultas, y discutieron el proceso de preparación. 

            I.          Reunión Regional para Centroamérica y Caribe 

            Sede: Parlamento Centroamericano.  Ciudad de Guatemala.  14 al 16 de noviembre de 1996.  Auspicio gubernamental: Ministerio de Cultura y Deportes.  Los participantes declararon que apoyaban el proceso, y que el mismo debía extenderse para profundizar las consultas.  Participantes: 67 personas, de las cuales 28 eran representantes de organizaciones indígenas de Guatemala, 17 eran representantes de organizaciones indígenas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y Suriname; 6 representaban a los Gobiernos de Belice, Canadá, Guatemala y México; y 16 eran representantes y/o expertos de Minugua, Flacso, PNUD, I.I.I., IIDH y el Parlamento Centroamericano. Participaron también delegados de la CIDH, del I.I.I., de la UPD, del Fondo Indígena, y del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. 

            II.          Reunión Regional de Consulta para Sudamérica 

Sede: Hotel Quito.  Quito, Ecuador.  21 al 23 de noviembre de 1996.  Auspicio Gubernamental: Secretaría de Asuntos Étnicos.  Ministerio de Asuntos Indígenas.  Participantes: 165 participantes, de los cuales 77 eran representantes indígenas y afroecuatorianos, y 20 eran representantes indígenas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, 19 eran representantes diplomáticos y técnicos acreditados a la reunión por los Gobiernos de Argentina, Bolivia (el Subsecretario de Asuntos Técnicos), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay; 4 eran directivos de organizaciones regionales (la COICA, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y  el IIDH).  Participaron además funcionarios de la CIDH, la UPD y el I.I.I. 

            En diciembre el Instituto Indigenista Interamericano realizó en México el Primer Foro Indígena de las Américas, con la presencia de dieciocho líderes indígenas de la región, cuyo objetivo principal fue la discusión del instrumento interamericano sobre derechos indígenas.  El mismo apoyó la iniciativa y recomendó mayor amplitud en la consulta. 

            COMENTARIOS DE GOBIERNOS 

            Se recibieron comentarios de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, México, Venezuela.  El Gobierno de Bolivia se adhirió a las observaciones de la consulta nacional. 

            RESPUESTAS INSTITUCIONALES Y DE EXPERTOS. 

            Se recibieron respuestas de organizaciones intergubernamentales con comentarios al texto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua).  Se recibieron también de organizaciones no gubernamentales, en particular del Indian Law Resource Center (USA); del Inter-American Dialogue; del Child Rights International Research Institute, del International Indian Treaty Council (US) y de Hutchins, Soroka, Dionne (Ottawa, Canadá). También se recibieron respuestas de expertos: de Augusto Willemsen Díaz (de Guatemala), de Aureliano Turpo Choquehuanca (Consejo Mundial de Pueblos Indígenas), del Prof. Fernand de Varennes (U. Murdoch, Australia); del Prof. Joe Palacio (de la UWI, Belice), y del Dr. Hugo Mondragón (Colombia).   

            REUNIÓN TÉCNICA CIDH DE REVISIÓN 

            Teniendo en cuenta todas las respuestas y conclusiones de las reuniones, en enero de 1997, la CIDH concretó una Reunión Técnica para revisar el Borrador y proponer una versión revisada para ser tratada por la CIDH en su 951 Período Ordinario de Sesiones.  Participaron en dicha reunión los miembros relatores Dr. Carlos Ayala Corao y Embajador John Donaldson, y los expertos contratados Dra. Magdalena Gómez Rivera (Directora de Procuración Legal del Instituto Nacional Indígena de México), Dr. Patrick Robinson (ex-miembro de la Comisión y relator sobre el tema) y Dr. Wilton Littlechild, Q.C. (Abogado indígena, miembro del Parlamento de Canadá) con la colaboración del especialista principal de la CIDH, Dr. Osvaldo Kreimer. 

            PROPUESTA DE LA COMISION 

            La Comisión aprobó el texto que se transcribe, como propuesta de  Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a ser presentada a la Asamblea General en respuesta a la recomendación contenida en la resolución AG/RES. 1022  (XIX-0/89).  La CIDH propone igualmente a la Asamblea General en su recomendación No. 8 de este Informe Anual que luego de considerar la misma en su reunión de junio 1997, realice las consultas y pasos necesarios para aprobar dicha Declaración en su reunión anual de 1998 a realizarse en Caracas, Venezuela, en conmemoración del 501 Aniversario de la Organización.

                            PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE
                                LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
 

      (Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero
           de 1997, en su sesión 1333a. durante su 951 Período Ordinario de Sesiones) 

            PREÁMBULO 

            1.         Las instituciones indígenas y el fortalecimiento nacional 

            Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (en adelante los Estados), 

            Recordando que los pueblos indígenas de las Américas constituyen un segmento organizado, distintivo e integral de su población y tienen derecho a ser parte de la identidad nacional de los países, con un papel especial en el fortalecimiento de las instituciones del Estado y en la realización de la unidad nacional basada en principios democráticos; y 

            Recordando además, que algunas de las concepciones e instituciones democráticas consagradas en las Constituciones de los Estados americanos tienen origen en instituciones de los pueblos indígenas, y que muchos de sus actuales sistemas participativos de decisión y de autoridad contribuyen al perfeccionamiento de las democracias en las Américas. 

            Recordando la necesidad de desarrollar marcos jurídicos nacionales para consolidar la pluriculturalidad de nuestras sociedades. 

            2.         La erradicación de la pobreza y derecho al desarrollo 

            Preocupados por la frecuente privación que sufren los indígenas dentro y fuera de sus comunidades en lo que se refiere a sus derechos humanos y libertades fundamentales; así como del despojo a sus pueblos y comunidades de sus tierras, territorios y recursos;  privándoles así de ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de acuerdo a sus propias tradiciones, necesidades e intereses. 

            Reconociendo el severo empobrecimiento que sufren los pueblos indígenas en diversas regiones del Hemisferio y que sus condiciones de vida llegan a ser deplorables; 

            Y recordando que en la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, en diciembre de 1994, los Jefes de Estado y de Gobierno declararon que en consideración a la Década Mundial del Pueblo Indígena, enfocarán sus energías a mejorar el ejercicio de los derechos democráticos y el acceso a servicios sociales para los pueblos indígenas y sus comunidades.

            3.         La cultura indígena y la ecología 

            Reconociendo el respeto al medio ambiente por las culturas de los pueblos indígenas de las Américas, así como la relación especial que éstos tienen con él, y con las tierras, recursos y territorios que habitan. 

            4.         La convivencia, el respeto y la no discriminación 

            Reafirmando la responsabilidad de los Estados y pueblos de las Américas para terminar con el racismo y la discriminación racial, para establecer relaciones de armonía y respeto entre todos los pueblos. 

            5.         El territorio y la supervivencia indígena 

            Reconociendo que para muchas culturas indígenas sus formas tradicionales colectivas de control y uso de tierras, territorios, recursos, aguas y zonas costeras son condición necesaria para su supervivencia, organización social, desarrollo, bienestar individual y colectivo; y que dichas formas de control y dominio son variadas, idiosincráticas y no necesariamente coincidentes con los sistemas protegidos por las legislaciones comunes de los Estados en que ellos habitan. 

            6.         La seguridad y las áreas indígenas 

            Reafirmando que las fuerzas armadas en áreas indígenas deben restringir su acción al desempeño de sus funciones y no deben ser la causa de abusos o violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. 

            7.         Los instrumentos de derechos humanos y otros avances en el derecho  internacional 

            Reconociendo la preeminencia y aplicabilidad a los Estados y pueblos de las Américas de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos sobre derechos humanos del derecho interamericano e internacional; y 

            Recordando que los pueblos indígenas son sujeto del derecho internacional, y teniendo presentes los avances logrados por los Estados y los pueblos indígenas, especialmente en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, en distintos instrumentos internacionales, particularmente en la Convención 169 de la OIT; 

            Afirmando el principio de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y la aplicación a todos los individuos de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

            8.         El goce de derechos colectivos 

            Recordando el reconocimiento internacional de derechos que sólo pueden gozarse cuando se lo hace colectivamente. 

            9.         Los avances jurídicos nacionales 

            Teniendo en cuenta los avances constitucionales, legislativos y jurisprudenciales alcanzados en las Américas para afianzar los derechos e instituciones de los pueblos indígenas, 

            DECLARAN: 

SECCIÓN PRIMERA.  PUEBLOS INDÍGENAS 

            Artículo I.         Ámbito de aplicación y definiciones 

            1.         Esta Declaración se aplica a los pueblos indígenas, así como a los pueblos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras secciones de la comunidad nacional, y cuyo status jurídico es regulado en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones o por regulaciones o leyes especiales. 

            2.         La autoidentificación como indígena deberá considerarse como criterio fundamental para determinar los pueblos a los que se aplican las disposiciones de la presente Declaración. 

            3.         La utilización del término "pueblos" en esta Declaración no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a otros derechos que puedan atribuirse a dicho término en el derecho internacional.        

SECCIÓN SEGUNDA.  DERECHOS HUMANOS 

            Artículo II.        Plena vigencia de los derechos humanos 

            1.         Los pueblos indígenas tienen derecho al goce pleno y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos; y nada en esta Declaración puede ser interpretado en el sentido de limitar, restringir o negar en manera alguna esos derechos, o en el sentido de autorizar acción alguna que no esté de acuerdo con los principios del derecho internacional, incluyendo el de los derechos humanos. 

            2.         Los pueblos indígenas tienen los derechos colectivos que son indispensables para el pleno goce de los derechos humanos individuales de sus miembros.  En ese sentido los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas inter alia a su actuar colectivo, a sus propias culturas, de profesar y practicar sus creencias espirituales y de usar sus lenguas. 

            3.         Los Estados asegurarán el pleno goce de sus derechos a todos los pueblos indígenas, y con arreglo a sus procedimientos constitucionales, adoptarán las medidas legislativas y de otro carácter, que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en esta Declaración. 

            Artículo III.       Derecho a pertenecer a los pueblos indígenas 

            Los individuos y comunidades indígenas tienen derecho a pertenecer a los pueblos indígenas, de acuerdo con las tradiciones y costumbres de los pueblos respectivos.  

            Artículo IV.      Personalidad jurídica 

      Los pueblos indígenas tienen derecho a que los Estados dentro de sus sistemas legales, les reconozcan plena personalidad jurídica.  

            Artículo V.       Rechazo a la asimilación 

        1. Los pueblos indígenas tendrán derecho a preservar, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento de asimilación. 

            2.         Los Estados no adoptarán, apoyarán o favorecerán política alguna de asimilación artificial o forzosa, de destrucción de una cultura, o que implique posibilidad alguna de extermininio de un pueblo indígena.  

            Artículo VI.      Garantías especiales contra la discriminación 

            1.         Los pueblos indígenas tienen derecho a garantías especiales contra la discriminación que puedan ser requeridas para el pleno goce de los derechos humanos reconocidos internacional y nacionalmente, así como a las medidas necesarias para permitir a las mujeres, hombres y niños indígenas ejercer sin discriminación, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y espirituales.  Los Estados reconocen que la violencia ejercida sobre las personas por razones de género o edad impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

      2    .           Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente en la determinación de esas garantías. 

SECCIÓN TERCERA.  DESARROLLO CULTURAL  

            Artículo VII.     Derecho a la integridad cultural 

            1.         Los pueblos indígenas tienen derecho a su integridad cultural, y a su patrimonio histórico y arqueológico, que son importantes tanto para su supervivencia como para la identidad de sus miembros. 

            2.         Los pueblos indígenas tienen derecho a restitución respecto a la propiedad intregrante de dicho patrimonio de la que fueran despojados, o cuando ello no fuera posible, a la indemnización sobre bases no menos favorables que el estándar del derecho internacional. 

            3.         Los Estados reconocen y respetan las formas de vida indígena, sus costumbres, tradiciones, formas de organización social, instituciones, prácticas, creencias, valores, vestimentas, y lenguas. 

            Artículo VIII.    Concepciones lógicas y lenguaje 

            1.         Los pueblos indígenas tienen el derecho a sus lenguas, filosofía y concepciones lógicas como componente de la cultura nacional y universal, y como tales los Estados deberán reconocerlos, respetarlos y promoverlos, en consulta con los pueblos interesados. 

            2.         Los Estados tomarán medidas para promover y asegurar que sean transmitidos programas en lengua indígena por las radios y teleemisoras de las regiones de alta presencia indígena, y para apoyar la creación de radioemisoras y otros medios de comunicación indígenas. 

            3.         Los Estados tomarán medidas efectivas para que los miembros de los pueblos indígenas puedan comprender y ser comprendidos con respecto a las normas y en los procedimientos administrativos, legales y políticos.  En las áreas de predominio lingüístico indígena, los Estados realizarán los esfuerzos necesarios para que dichos lenguajes se establezcan como idiomas oficiales, y para que se les otorgue allí el mismo status de los idiomas oficiales no-indígenas. 

            4.         Los pueblos indígenas tienen derecho a usar sus nombres indígenas, y a que los Estados los reconozcan. 

            Artículo IX.      Educación 

            1.         Los pueblos indígenas tendrán el derecho a: a) definir y aplicar sus propios programas, instituciones e instalaciones educacionales; b) preparar y aplicar  sus propios planes, programas, currículos y materiales de enseñanza; y c) a formar, capacitar y acreditar a sus docentes y administradores.  Los Estados deben tomar las medidas para asegurar que esos sistemas garanticen igualdad de oportunidades educativas y docentes para la población en general y complementariedad con los sistemas educativos nacionales. 

            2.         Cuando los pueblos indígenas así lo deseen, los programas educativos se efectuarán en lenguas indígenas e incorporarán contenido indígena, y les proveerán también el entrenamiento y medios necesarios para el completo dominio de la lengua o lenguas oficiales.  

            3.         Los Estados garantizarán que esos sistemas educacionales sean iguales en calidad, eficiencia, accesibilidad y en todo otro aspecto a los previstos para la población en general. 

            4.         Los Estados incluirán en sus sistemas educativos nacionales, contenidos que reflejen la naturaleza pluricultural de sus sociedades.  

            5.         Los Estados proveerán la asistencia financiera y de otro tipo, necesaria para la puesta en práctica de las provisiones de este Artículo. 

            Artículo X.       Libertad espiritual y religiosa 

            1.         Los pueblos indígenas tendrán derecho a la libertad de conciencia, de religión y práctica espiritual, y de ejercerlas tanto en público como en privado. 

            2.         Los Estados tomarán las medidas necesarias para prohibir los intentos de convertir forzadamente a los pueblos indígenas o imponerles creencias contra su voluntad. 

            3.         En colaboración con los pueblos indígenas interesados, los Estados deberán adoptar medidas efectivas para asegurar que sus sitios sagrados, inclusive sitios de sepultura, sean preservados, respetados y protegidos.  Cuando  sepulturas sagradas y reliquias hayan sido apropiadas por instituciones estatales, ellas deberán ser devueltas. 

            4.         Los Estados garantizarán el respeto del conjunto de la sociedad a la integridad de los símbolos, prácticas, ceremonias sagradas, expresiones y protocolos espirituales indígenas. 

            Artículo XI.  Relaciones y vínculos de familia 

            1.         La familia es la unidad básica natural de las sociedades y debe ser respetada y protegida por el Estado.  En consecuencia el Estado reconocerá y respetará las distintas formas indígenas de familia, matrimonio, nombre familiar y de filiación. 

            2.         Para la calificación de los mejores intereses del niño en materias relacionadas con la adopción de niños de miembros de los pueblos indígenas, y  en materias de ruptura de vínculo y otras circunstancias similares, los tribunales y otras instituciones pertinentes considerarán los puntos de vista de los pueblos, incluyendo las posiciones individuales, de la familia y de la comunidad. 

            Artículo XII.  Salud y bienestar 

            1.         Los pueblos indígenas tendrán derecho al reconocimiento legal y a la práctica de su medicina tradicional, tratamiento, farmacología, prácticas y promoción de salud, incluyendo las de prevención y rehabilitación.  

            2.         Los pueblos indígenas tienen el derecho a la protección de las plantas de uso medicinal, animales y minerales, esenciales para la vida en sus territorios tradicionales. 

            3.         Los pueblos indígenas tendrán derecho a usar, mantener, desarrollar y administrar sus propios servicios de salud, así como deberán tener acceso, sin discriminación alguna, a todas las instituciones y servicios de salud y atención médica accesibles a la población en general. 

            4.         Los Estados proveerán los medios necesarios para que los pueblos indígenas logren eliminar las condiciones de salud que existan en sus comunidades y que sean deficitarias respecto a estándares aceptados para la población en general. 

            Artículo XIII. Derecho a la protección del medioambiente 

            1.         Los pueblos indígenas tienen derecho a un medioambiente seguro y sano, condición esencial para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo. 

            2.         Los pueblos indígenas tienen derecho a ser informados de medidas  que puedan afectar su medioambiente, incluyendo información que asegure su efectiva participación en acciones y decisiones de política que puedan afectarlo. 

            3.         Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger su medioambiente, y la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos. 

            4.         Los pueblos indígenas tienen derecho de participar plenamente en la formulación, planeamiento, ordenación y aplicación de programas gubernamentales para la conservación de sus tierras, territorios y recursos. 

            5.         Los pueblos indígenas tendrán derecho a asistencia de sus Estados con el propósito de proteger el medioambiente, y podrán recibir asistencia de organizaciones internacionales. 

            6.         Los Estados prohibirán y castigarán, e impedirán en conjunto con las autoridades indígenas, la introducción, abandono, o depósito de materiales o residuos radioactivos, sustancias y residuos tóxicos, en contravención de disposiciones legales vigentes; así como la producción, introducción, tránsito, posesión o uso de armas químicas, biológicas o nucleares, en áreas indígenas. 

            7.         Cuando el Estado declare que un territorio indígena debe ser área protegida, y en el caso de tierras y territorios bajo reclamo potencial o actual por pueblos indígenas, y de tierras sujetas a condiciones de reserva de vida natural, las áreas de conservación no deben ser sujetas a ningún desarrollo de recursos naturales sin el consentimiento informado y la participación de los pueblos interesados. 

SECCIÓN CUARTA.  DERECHOS ORGANIZATIVOS Y POLÍTICOS 

            Artículo XIV.   Derechos de asociación, reunión, libertad de expresión y pensamiento 

            1.         Los pueblos indígenas tienen los derechos de asociación, reunión y expresión de acuerdo a sus valores, usos, costumbres, tradiciones ancestrales, creencias y religiones. 

            2.         Los pueblos indígenas tienen el derecho a reunirse y al uso por ellos de sus espacios sagrados y ceremoniales, así como el derecho a mantener contacto pleno y actividades comunes con sus miembros que habiten el territorio de Estados vecinos. 

            Artículo XV.    Derecho al autogobierno 

            1.         Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su status político y promover libremente su desarrollo económico, social, espiritual y cultural, y consecuentemente tienen derecho a la autonomía o autogobierno en lo relativo a, inter alia, cultura, religión, educación, información, medios de comunicación, salud, habitación, empleo, bienestar social, actividades económicas, administración de tierras y recursos, medio ambiente e ingreso de no-miembros; así como a determinar los recursos y medios para financiar estas funciones autónomas.  

            2.         Los pueblos indígenas tienen el derecho de participar sin discriminación, si así lo deciden, en la toma de decisiones, a todos los niveles, con relación a asuntos que puedan afectar sus derechos, vidas y destino.  Ello podrán hacerlo directamente o a través de representantes elegidos por ellos de acuerdo a sus propios procedimientos.  Tendrán también el derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de decisión; y a igualdad de oportunidades para acceder y participar en todas las instituciones y foros nacionales. 

            Artículo XVI.   Derecho indígena 

            1.         El derecho indígena deberá ser reconocido como parte del orden jurídico y del marco de desenvolvimiento social y económico de los Estados.    

            2.         Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y reforzar sus sistemas jurídicos, y de aplicarlos en los asuntos internos en sus comunidades, incluyendo los sistemas relacionados con asuntos como la resolución de conflictos, en la prevención del crimen y en el mantenimiento de la paz y armonía. 

            3.         En la jurisdicción de cada Estado, los asuntos referidos a personas indígenas o a sus intereses, serán conducidos de manera tal de proveer el derecho a los indígenas de plena representación con dignidad e igualdad  frente a la ley.  Ello incluirá la observancia del derecho y costumbre indígena y, de ser necesario, el uso de su lengua. 

            Artículo XVII.  Incorporación nacional de los sistemas legales y organizativos indígenas 

            1.         Los Estados facilitarán la inclusión en sus estructuras organizativas, de instituciones y prácticas tradicionales de las pueblos indígenas, en consulta y con el consentimiento de dichos pueblos. 

            2.         Las instituciones relevantes de cada Estado que sirvan a los pueblos indígenas, serán diseñadas en consulta y con la participación de los pueblos interesados para reforzar y promover la identidad, cultura, tradiciones, organización y valores de esos pueblos. 

SECCIÓN QUINTA.  DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y DE PROPIEDAD 

            Artículo XVIII.  Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural.  Derecho a tierras y territorios 

            1.         Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas y particulares de su posesión, dominio, y disfrute de territorios y propiedad. 

            2.         Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con respecto a las tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente, así como al uso de aquéllos a los cuales hayan tenido igualmente acceso para realizar sus actividades tradicionales y de sustento. 

            3.         i)          Sujeto a lo prescripto en 3.ii.), cuando los derechos de propiedad y uso de los pueblos indígenas surgen de derechos preexistentes a la existencia de los Estados, éstos deberán reconocer dichos títulos como permanentes, exclusivos, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

                        ii)         Dichos títulos serán sólo modificables de común acuerdo entre el Estado y el pueblo indígena respectivo con pleno conocimiento y comprensión por éstos de la naturaleza y atributos de dicha propiedad. 

                        iii)        Nada en 3.i debe interpretarse en el sentido de limitar el derecho de los pueblos indígenas para atribuir la titularidad dentro de la comunidad de acuerdo con sus costumbres, tradiciones, usos y prácticas tradicionales; ni afectará cualquier derecho comunitario colectivo sobre los mismos.  

            4.         Los pueblos indígenas tienen derecho a un marco legal efectivo de protección de sus derechos sobre recursos naturales en sus tierras, inclusive sobre la capacidad para usar, administrar, y conservar dichos recursos, y con respecto a los usos tradicionales de sus tierras, y sus intereses en tierras y recursos, como los de subsistencia. 

            5.         En caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o que tenga derechos sobre otros recursos existentes sobre las tierras, los Estados deberán establecer o mantener procedimientos para la participación de los pueblos interesados en determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección, planeamiento o explotación de los recursos existentes en sus tierras.  Los pueblos interesados deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir indemnización sobre bases no menos favorables que el estándar del derecho internacional, por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.  

            6.         A menos que justificadas circunstancias excepcionales de interés público lo hagan necesario, los Estados no podrán trasladar o reubicar a pueblos indígenas, sin el consentimiento libre, genuino, público e informado de dichos pueblos; y en todos los casos con indemnización previa y el inmediato reemplazo por tierras adecuadas de igual o mejor calidad, e igual status jurídico; y garantizando el derecho al retorno si dejaran de existir las causas que originaron el desplazamiento.  

            7.         Los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de las tierras, territorios y recursos de los que han tradicionalmente sido propietarios, ocupado o usado, y que hayan sido confiscados, ocupados, usados o dañados; o de no ser posible la restitucion, al derecho de indemnización sobre una base no menos favorable que el estándar de derecho internacional. 

            8.         Los Estados tomarán medidas de todo tipo, inclusive el uso de mecanismos de ejecución de la ley, para prevenir, impedir y sancionar en su caso, toda intrusión o uso de dichas tierras por personas ajenas no autorizadas para arrogarse posesión o uso de las mismas.  Los Estados darán máxima prioridad a la demarcación y reconocimiento de las propiedades y áreas de uso indígena. 

            Artículo XIX.   Derechos laborales 

            1.         Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno goce de los derechos y garantías reconocidos por la legislación laboral internacional y nacional, y a medidas especiales, para corregir, reparar y prevenir la discriminación de que hayan sido objeto históricamente. 

            2.         En la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general,  los Estados tomarán las medidas especiales que puedan ser necesarias a fin de: 

            a)  proteger eficazmente a trabajadores y empleados miembros de las comunidades indígenas para su contratación y condiciones de empleo justas e igualitarias; 

            b)  mejorar el servicio de inspección del trabajo y aplicación de normas en las regiones, empresas o actividades laborales asalariadas en las que tomen parte trabajadores o empleados indígenas; 

            c)    garantizar que los trabajadores indígenas: 

                        i)  gocen de igualdad de oportunidades y de trato en todas las condiciones del empleo, en la promoción y en el ascenso; y otras condiciones estipuladas en  el derecho internacional; 

                        ii)  gocen del derecho de asociación, derecho de dedicarse libremente  a las actividades sindicales, para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores u organizaciones de trabajadores; 

                        iii) a que no estén sometidos a hostigamiento racial, sexual o de cualquier otro tipo; 

                        iv) que no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas la servidumbre por deudas o toda otra forma de servidumbre, tengan éstas su origen en la ley, en la costumbre o en un arreglo individual o colectivo, que adolecerán de nulidad absoluta en todo caso; 

                        v) que no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud y seguridad personal; 

                        vi) que reciban protección especial cuando presten sus servicios como trabajadores estacionales, eventuales o migrantes , así como cuando estén contratados por contratistas de mano de obra de manera que reciban los beneficios de la legislación y la práctica nacionales, los que deben ser acordes con normas internacionales de derechos humanos establecidas para esta categoría de trabajadores, y 

                        vii) así como que sus empleadores estén plenamente en conocimiento acerca de los derechos de los trabajadores indígenas según la legislación nacional y normas internacionales, y de los recursos y acciones de que dispongan para proteger esos derechos. 

            Artículo XX.    Derechos de propiedad intelectual 

            1.         Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento y a la plena propiedad, control y la protección de su patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico y científico, y a la protección legal de su propiedad intelectual a través de patentes, marcas comerciales, derechos de autor y otros procedimientos establecidos en la legislación nacional; así como medidas especiales para asegurarles status legal y capacidad institucional para desarrollarla, usarla, compartirla, comercializarla, y legar dicha herencia a futuras generaciones.   

            2.         Los pueblos indígenas tienen derecho a controlar y desarrollar sus ciencias y tecnologías, incluyendo sus recursos humanos y genéticos en general, semillas, medicina, conocimientos de vida animal y vegetal, diseños y procedimientos originales . 

            3.         Los Estados tomarán las medidas apropiadas para asegurar la participación de los pueblos indígenas en la determinación de las condiciones para la utilización pública y privada de derechos enumerados en los párrafos 1 y 2. 

            Artículo XXI.   Derecho al desarrollo 

            1.         Los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir democráticamente respecto a los valores, objetivos, prioridades y estrategias que presidirán y orientarán su desarrollo, aún cuando los mismos sean distintos a los adoptados por el Estado nacional o por otros segmentos de la sociedad.  Los pueblos indígenas tendrán derecho sin discriminación alguna a obtener medios adecuados para su propio desarrollo de acuerdo a sus preferencias y valores, y de contribuir a través de sus formas propias, como sociedades distintivas, al desarrollo nacional y a la cooperación internacional. 

            2.         Salvo que circunstancias excepcionales así lo justifiquen en el interés público, los Estados tomarán las medidas necesarias para que las decisiones referidas a todo plan, programa o proyecto que afecte derechos o condiciones de vida de los  pueblos indígenas, no sean hechas sin el consentimiento y participación libre e informada de dichos pueblos, a que se reconozcan sus preferencias al respecto y a que no se incluya provisión alguna que pueda tener como resultado efectos negativos para dichos pueblos.  

            3.         Los pueblos indígenas tienen derecho a restitución e indemnización sobre base no menos  favorable al estándar del derecho internacional por cualquier perjuicio, que pese a los anteriores recaudos, la ejecución de dichos planes o propuestas pueda haberles causado; y a que se adopten medidas  para mitigar impactos adversos ecológicos, económicos, sociales, culturales o espirituales. 

SECCIÓN SEXTA.  PROVISIONES GENERALES 

            Artículo XXII.  Tratados, Actos, acuerdos y arreglos constructivos 

            Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento, observancia y aplicación de los Tratados, convenios y otros arreglos que puedan haber concluído con los Estados o sus sucesores y Actos históricos, de acuerdo a su espíritu e intención; y a que los Estados honren y respeten dichos Tratados, Actos, convenios y arreglos constructivos, así como los derechos históricos que emanen de ellos.  Los conflictos y disputas que no puedan ser resueltos de otra manera serán sometidos a órganos competentes.  

            Artículo XXIII. 

            Nada en este instrumento puede ser interpretado en el sentido de excluir o limitar derechos presentes o futuros que los pueblos indígenas pueden tener o adquirir. 

            Artículo XXIV. 

            Los derechos reconocidos en esta Declaracion constituyen el mínimo estándar para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas de las Américas.  

            Artículo XXV. 

            Nada en esta Declaración implica otorgar derecho alguno a ignorar las fronteras de los Estados. 

            Artículo XXVI. 

            Nada en la presente Declaración implica o puede ser interpretado como permitiendo cualquier actividad contraria a los propósitos y principios de la Organización de los Estados Americanos, incluyendo la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados. 

            Artículo XXVII.  Implementación 

            La Organización de los Estados Americanos y sus órganos, organismos y entidades, en particular el Instituto Indigenista Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deberán promover el respeto y aplicación plena de las provisiones de esta Declaración.


     [1] Esta resolución fue reiterada en años posteriores por las resoluciones AG/RES. 1044 (XX-O/90); AG/RES. 1169 (XXII-O/92); AG/RES. 1269 (XXII-O/94); y AG/RES. 1331 (XXV-O/95).

     [2] Una primera ronda de consultas para obtener pareceres sobre los temas y enfoques del instrumento, fue realizada por la Comisión entre 1991 y 1993, y sus resultados publicados en el Informe Anual de la CIDH 1992-93 pp. 281-330.