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V.
ADMISIBILIDAD
52.
La denuncia satisface los requisitos de admisibilidad formal
establecidos en el artículo 46.1 de la Convención y el artículo 32 del
Reglamento.
53.
i.
La Comisión es competente para conocer del presente caso por
exponer hechos que caracterizan violaciones de derechos consagrados en la
Convención, a saber, los artículos 7 (derecho a ser juzgado dentro de un
plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe
el proceso) y 8 (garantías judiciales, que incluye el derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad),
en relación al artículo 1.1.
54.
Del examen de la petición no resulta manifiestamente infundada ni
es evidente su total improcedencia. El
Gobierno ha argumentado que la petición del señor Giménez es
inadmisible por cuanto el
pretendido agravio denunciado
ha perdido virtualidad, toda
vez que la sentencia que lo condenó a la pena de 9 años de prisión por
la comisión de varios delitos de robo computó el tiempo transcurrido en
detención para efectos de la compurgación de la pena impuesta en la
sentencia.
55.
La Comisión no comparte este punto de vista, porque el agravio por
el cual se denuncia al Estado trata del tiempo de privación de libertad
sin condena. El hecho de que un individuo sea posteriormente condenado o
excarcelado no excluye la posible transgresión del plazo razonable en
prisión preventiva conforme la normativa de la Convención.
56.
ii.
La petición no se encuentra pendiente de otro procedimiento de
arreglo internacional ni es la reproducción de una petición ya examinada
por la Comisión.
57.
iii.
La Comisión considera que en el caso del señor Giménez, el
agotamiento de recursos dice relación con los remedios procesales
internos para obtener el término de su prisión sin condena.
En el contexto de la prisión preventiva, para el agotamiento de
recursos es suficiente la solicitud de excarcelación y su denegatoria.
Considerando los antecedentes allegados a los autos, la Comisión
concluye que el señor Giménez agotó los procedimientos establecidos en
la legislación argentina para impugnar su prisión preventiva.
58.
iv.
En cuanto a la solución amistosa contemplada en el artículo
48.1.f de la Convención y el artículo 45 del Reglamento de la Comisión,
ésta se ha puesto a disposición de las partes, pero no se logró un
entendimiento.
VI.
CONSIDERACIONES DE FONDO
59.
El presente caso versa sobre la interpretación de varias
disposiciones de la Convención. En
primer lugar, debe establecerse qué significa "ser juzgado dentro de
un plazo razonable", en el contexto del artículo 7.5 de la Convención.
En particular, si en este caso la privación de libertad prolongada
sin condena dejó de ser razonable. Otra
cuestión es determinar si dicha privación de libertad, más allá de un
plazo razonable, constituye una violación del principio de presunción de
inocencia recogido en el artículo 8.2.
Asimismo, la Comisión debe considerar si la detención prolongada
del señor Giménez vulneró también su derecho a un juicio dentro de un
plazo razonable conforme el artículo 8.1 de dicha Convención.
A.
Derecho Interno
60.
Los tribunales argentinos han fundado sus decisiones denegatorias
de libertad provisional en diversas disposiciones de derecho positivo
interno.
61.
Bajo el artículo 366 del Código de Procedimientos en Materia
Penal, la prisión preventiva puede ser ordenada cuando se reúnen los
siguientes requisitos: existe
prueba prima facie de un delito; el acusado ha rendido declaración indagatoria o está
enterado de los cargos en su contra, y existe una sospecha razonable sobre
su culpabilidad.[2]
62.
El artículo 379 del Código de Procedimientos en Materia Penal
establece las condiciones bajo las cuales un acusado puede ser dejado en
libertad provisional. En particular, el párrafo sexto establece que la excarcelación
debe concederse cuando el período de detención preventiva haya superado
el término establecido en el artículo 701, el que en ningún caso puede
exceder de dos años.[3]
63.
A su turno, el artículo 701 del Código de Procedimientos en
Materia Penal previene que "todas las causas deben terminarse
completamente dentro de los dos años; pero no se tomarán en cuenta las
demoras resultantes de las peticiones de las partes, los procedimientos
relacionados con oficios o cartas rogatorias, declaraciones de testigos o
expertos u otros trámites necesarios cuya duración no dependa de la
actividad del juzgado". El
Gobierno argumenta que el término de dos años que estipulan los artículos
379.6 y 701 constituye la base para "un plazo razonable" que
guarda relación con las garantías establecidas en el artículo 7.5 de la
Convención. Sin embargo, el
Gobierno opina que las leyes mencionadas no dan lugar a que se considere
que el término de detención preventiva superior a dos años haya
excedido lo que se considera un plazo razonable y que, por lo tanto, se
aplicará el artículo 379.6 en forma automática.
Más bien, el Gobierno opina que el Código de Procedimientos en
Materia Penal, al usar la palabra "podrá" consagra en el juez
la facultad, pero no la obligación, de conceder la libertad a un acusado
que está bajo prisión preventiva.
64.
Asimismo, el Gobierno opina que la interpretación del artículo
379 está acotada por las disposiciones del artículo 380 del Código de
Procedimientos en Materia Penal, que establece:
No obstante lo
dispuesto en el artículo anterior, podrá denegarse la excarcelación
cuando la objetiva valoración de las características del hecho y de las
condiciones personales del imputado permitieran presumir, fundadamente,
que el mismo intentará eludir la acción de la justicia.
Lo dispuesto en este artículo no obstará a la aplicación de los
incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo anterior.
65.
El Gobierno, basándose en el pronunciamiento del Informe No. 17/89
de la Comisión, afirma que "Al consagrar esta facultad, el
legislador apela a la 'sana crítica' del juez".
En otras palabras, se trata de una facultad regulada, y no de una
obligación, y, por lo tanto, la excarcelación del detenido cae dentro
del ámbito de la autoridad discrecional del juez.[4]
66.
Por lo tanto, el Gobierno argumenta que, en cada caso, la definición
de un "plazo razonable" debe estar fundamentada en la
consideración armónica de los artículos 379.6 y 380.
La detención preventiva que exceda dos años puede ser "razonable"
con arreglo a la legislación argentina si así lo decide una autoridad
nacional judicial de conformidad con lo establecido en el artículo 380.
67.
La Comisión considera que no se puede establecer en forma
abstracta el "plazo razonable" de prisión sin condena y, por lo
tanto, contradice el punto de vista expresado por el Gobierno de que el
plazo de 2 años que estipula el artículo 379.6 encierra un criterio de
razonabilidad que guarda relación con las garantías que ofrece el artículo
7.5 de la Convención. No se
puede juzgar que un plazo de detención preventiva sea "razonable"
per se, solamente basándose en lo que prescribe la ley. Más bien, como el Gobierno argumenta al defender su análisis
del artículo 380, cuando el término de detención excede un plazo
razonable, debe fundamentarse en la "sana crítica" del juez,
quien llega a una decisión utilizando los criterios que establece la ley.
68.
Por lo tanto, la Comisión, para llegar a una conclusión en este
caso sobre la compatibilidad o falta de compatibilidad de la detención
sin condena con lo estipulado en la Convención, debe determinar qué se
entiende por "plazo razonable" de prisión sin fallo de
culpabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la
Convención.
69.
El Gobierno de la Argentina, al responder a los alegatos del
peticionario, reconoció, al igual que la Comisión en su Informe
No.17/89, que no es posible definir con precisión el concepto de "plazo
razonable" establecido en la Convención.[5]
En este sentido, la Comisión ha reconocido que los Estados
miembros de la Convención no tienen la obligación de fijar un plazo fijo
para la privación de libertad previa a la sentencia que sea independiente
de las circunstancias de cada caso.[6]
En vista de que no es posible establecer criterios abstractos para
un "plazo razonable", se debe hacer un análisis de qué es lo
razonable a la luz de los hechos específicos correspondientes a cada caso.[7]
70.
La Comisión ha mantenido siempre que para determinar si una
detención es razonable, se debe hacer, inevitablemente, un análisis de
cada caso. Sin embargo, esto
no excluye la posibilidad de que se establezca una norma que determine un
plazo general más allá del cual la detención sea considerada ilegítima
prima facie, independientemente de la naturaleza del delito que se
impute al acusado o de la complejidad del caso.
Esta acción sería congruente con el principio de presunción de
inocencia y con todos los otros derechos asociados al debido proceso
legal.[8]
71.
Aunque la Comisión concuerda con el Gobierno que el artículo 701
del Código de Procedimientos en Materia Penal no implica necesariamente
una excarcelación automática cuando se trata de detención preventiva,
cualquier detención preventiva que se prolongue más allá del plazo
estipulado debe ser considerada ilegítima prima facie.
Esto guarda relación con el razonamiento de que la interpretación
de una norma que autoriza la excarcelación de un prisionero no puede
conducir a una detención sin sentencia más prolongada que el plazo
considerado razonable en el Código de Procedimientos para todo el proceso
judicial.
72.
El interés del Estado en resolver presuntos casos penales no puede
contravenir la restricción razonable de los derechos fundamentales de una
persona. Esta preocupación
está presente en la legislación argentina que regula los límites en los
plazos de los procesos penales. En este sentido, es esencial tomar nota de que la detención
preventiva se aplica sólo en casos excepcionales y que su duración se
debe examinar a fondo, especialmente cuando el plazo es superior al límite
que estipula la ley para todo el proceso penal.
La detención sin condena puede no ser razonable aunque no exceda
dos años; al mismo tiempo, dicha detención puede ser razonable aún
después de cumplido el límite de dos años que estipulan los artículos
379.6 y 701.
73.
Como consecuencia, y ya que éste es un punto que en la legislación
argentina está sujeto, en gran medida, a la interpretación de los
tribunales, cabe a la Comisión decidir si los criterios elegidos por los
tribunales internos "son pertinentes y suficientes" para
justificar la duración del período de privación de libertad anterior a
la sentencia.
B.
Razonabilidad de la duración de la detención preventiva
74. El
artículo 7.5 de la Convención estipula que:
Toda persona
detenida...tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o
ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
75.
Para comprender el alcance preciso de esta disposición es útil
ubicarla en las circunstancias debidas.
El artículo 7, que comienza con la afirmación de que toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, especifica las
situaciones y condiciones en que se puede permitir la derogación del
principio. Es a la luz de
esta presunción de libertad que los tribunales nacionales y
posteriormente los órganos de la Convención deben determinar si la
detención de un acusado antes de la sentencia final ha sido, en algún
momento, superior al límite razonable.[9]
76.
El fundamento que respalda esta garantía es que ninguna persona
puede ser objeto de sanción sin juicio previo que incluye la presentación
de cargos, la oportunidad de defenderse y la sentencia.
Todas estas etapas deben cumplirse dentro de un plazo razonable.
Este límite de tiempo tiene como objetivo proteger al acusado en
lo que se refiere a su derecho básico de libertad personal, así como su
seguridad personal frente a la posibilidad de que sea objeto de un riesgo
de procedimiento injustificado.
77.
El Estado debe probar la culpa dentro de un plazo razonable para
asegurar e institucionalizar la confianza en la imparcialidad procesal del
sistema. La declaración de
culpabilidad o inocencia es igualmente equitativa siempre y cuando se
respeten las garantías del procedimiento judicial.
La equidad y la imparcialidad del procedimiento son los objetivos
finales que debe lograr un Estado gobernado por el imperio de la ley.
78.
Por lo tanto, el principio de la legalidad que establece la
necesidad de que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los
delitos, no justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la
resolución de un asunto de índole criminal.
De otro modo, se asumiría de manera implícita que el Estado
siempre enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es irrelevante el tiempo
que se utilice para probar la culpabilidad.
De conformidad con las normas internacionales, el acusado debe ser
considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.
79.
El artículo 8.2 de la Convención establece el derecho a que se
presuma la inocencia de toda persona acusada:
Toda persona
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se establezca legalmente su culpabilidad.
80.
Además, aumenta el riesgo de que se invierta el sentido de la
presunción de inocencia cuando la detención previa al juicio es de
duración no razonable. La
presunción de inocencia se torna cada vez más vacía y finalmente se
convierte en una burla cuando la detención previa al juicio es
excesivamente prolongada dado que, a pesar de la presunción, se está
privando de la libertad a una persona todavía inocente, castigo severo
que legítimamente se impone a los que han sido condenados.
81.
Otra consecuencia grave de una detención preventiva prolongada es
que puede afectar el derecho a la defensa que garantiza el artículo 8.2.f
de la Convención porque, en algunos casos, aumenta la dificultad del
acusado para organizar su defensa. A
medida que transcurre el tiempo, aumentan los límites de riesgos
aceptables que se calculan en la capacidad del acusado para presentar
pruebas y contra-argumentos. También
disminuye la posibilidad de convocar testigos y se debilitan dichos
contra-argumentos.
C. La
privación de libertad prolongada sin condena del señor Giménez no es
razonable
82.
En el presente caso la Comisión analizará las razones en que se
basan las autoridades judiciales argentinas para negar en forma repetida
las solicitudes de excarcelación presentadas por el señor Giménez, para
poder concluir de manera debida si son
"pertinentes y suficientes" las justificaciones
utilizadas para mantenerlo privado de libertad sin condena, y
determinar si la detención es "razonable" de conformidad con el
artículo 7.5 de la Convención.[10]
83.
A estos efectos, la Comisión ha elaborado un análisis en dos
partes para establecer si el encarcelamiento previo a la sentencia de un
acusado contraviene el artículo 7.5 de la Convención.
En primer lugar, las autoridades judiciales nacionales deben
justificar la privación de libertad sin condena de un acusado utilizando
criterios pertinentes y suficientes.
En segundo lugar, si la Comisión llega a la conclusión de que los
resultados de la investigación muestran que las razones utilizadas por
las autoridades judiciales nacionales son debidamente "pertinentes y
suficientes" como para justificar la continuación de la detención,
debe proceder después a analizar si las autoridades procedieron con
"diligencia especial" en la instrucción del proceso para que el
período de detención no fuera excesivo.[11]
Los órganos de la Convención deben determinar si el tiempo
transcurrido, por cualquier razón, antes de que se dicte sentencia al
acusado, ha en algún momento sobrepasado un límite razonable de manera
que el encarcelamiento se haya constituido en un sacrificio mayor, en las
circunstancias del caso, que el que se podría esperar tratándose de una
persona que se presume inocente.[12]
Por lo tanto, cuando la prolongación de la detención deja de ser
razonable, bien sea porque las justificaciones para la detención no son
"pertinentes o suficientes", o cuando la duración del proceso
judicial no es razonable, se debe otorgar la libertad provisoria.[13]
84.
El objetivo de la detención preventiva es asegurar que el acusado
no se evadirá o interferirá de otra manera en la investigación
judicial. La Comisión
subraya que la detención preventiva es una medida excepcional y que se
aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el
acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación
preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia.
Se trata de una medida necesariamente excepcional en vista del
derecho preminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la
detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de
inocencia y las garantías de debido proceso legal, incluido el derecho a
la defensa.
85.
En el presente caso, los tribunales argentinos fundan su negativa
para otorgar la excarcelación al señor Giménez en las características
del hecho que se le atribuye, en su historia criminal y en la perspectiva
de una pena severa. Estos
criterios, según los juzgadores, les ha permitido estimar que de
concederse la libertad provisional al señor Giménez, éste se sustraería
a la acción de la justicia.
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