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n. Colombia: El
21 de junio de 1985 presentó un instrumento de aceptación por el cual
reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por tiempo indefinido bajo condición de estricta reciprocidad y para hechos
posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o
aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la
competencia en el momento que lo considere oportuno.
El mismo instrumento reconoce la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo condición de
reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos
relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose
el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere
oportuno.
o. Suriname:
Adhesión.
Reconocimiento de competencia:
El
12 de noviembre de 1987, presentó en la Secretaría General de la OEA, el
instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención.
p. Panamá:
El
9 de mayo de 1990, presentó en la Secretaría General de la OEA, un
instrumento fechado 20 de febrero de 1990, mediante el cual declara que el
Gobierno de la República de Panamá reconoce como obligatoria de pleno
derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
q. Chile:
(Declaraciones hechas al ratificar la Convención)
a)
El Gobierno de Chile declara que reconoce la competencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, por tiempo indefinido y bajo condiciones
de reciprocidad, para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado
parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de derechos
humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
los términos previstos en el artículo 45 de la mencionada Convención. b) El Gobierno de Chile declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención de conformidad con lo que dispone su artículo 62. Al formular las mencionadas declaraciones, el Gobierno de Chile deja constancia que los reconocimientos de competencia que ha conferido se refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este Instrumento de Ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Igualmente el Gobierno de Chile, al conferir la competencia a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara que estos órganos, al aplicar lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 21 de la Convención, no podrán pronunciarse acerca de las razones de utilidad pública o de interés social que se hayan tenido en consideración al privar de sus bienes a una persona.
r. Nicaragua:
Reconocimiento de Competencia:
El
12 de febrero de 1991 presentó en la Secretaría General de la OEA, un
instrumento de fecha 15 de enero de 1991, mediante el cual el Gobierno de
Nicaragua declara: I. El Gobierno de Nicaragua reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, inciso 1 de la misma. II.
El Gobierno de Nicaragua, al consignar lo referido en el punto I de esta
declaración, deja constancia que la aceptación de la competencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con
carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que
los casos en que se reconoce la competencia, comprenden solamente hechos
posteriores o hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la
fecha del depósito de esta declaración ante el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos.
s. Trinidad
y Tobago:
(Reservas hechas al adherir la Convención)
1.
Con respecto al artículo 4(5) de la Convención, el Gobierno de la
República de Trinidad y Tobago formula una reserva por cuanto en las leyes
de Trinidad y Tobago no existe prohibición de aplicar la pena de muerte a
una persona de más de setenta (70) años de edad. 2. Con respecto al artículo 62 de la Convención, el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se estipula en dicho artículo sólo en la medida en que tal reconocimiento sea compatible con las secciones pertinentes de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago, y siempre que una sentencia de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos o deberes existentes de ciudadanos particulares.
t. Brasil:
(Declaración
hecha al adherirse a la Convención)
El Gobierno de Brasil entiende que los artículos 43 y 48, letra d, no incluyen el derecho automático de visitas e inspecciones "in loco" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales dependerán de la anuencia expresa del Estado.
u. Paraguay
Reconocimiento de competencia:
El
11 de marzo de 1993, presentó en la Secretaría General de la OEA, el
instrumento de reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
"por tiempo indefinido, y debe interpretarse de conformidad a los
principios que guían el derecho internacional, en el sentido de que este
reconocimiento se refiere expresamente a los hechos ocurridos con
posterioridad a este acto y sólo para aquellos casos en que exista
reciprocidad".
v. Dominica
(Reservas hechas al ratificar la Convención) El 3 de junio de 1993 ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos con las siguientes reservas: 1. Artículo 5. No debe interpretarse que ello prohibe el castigo corporal aplicado de acuerdo con la Ley de Castigo Corporal de Dominica o la Ley de Castigo de Menores Delincuentes. 2. Artículo 4.4. Se expresan reservas acerca de las palabras "o crímenes comunes conexos". 3. Artículo 8.21 (e). Este artículo no se aplicará en el caso de Dominica. 4. Artículo 21.2. Esto debe interpretarse a la luz de las disposiciones de la Constitución de Dominica y no debe considerarse que amplía o limita los derechos declarados en la Constitución. 5. Artículo 27.1. También debe interpretarse teniendo en cuenta nuestra Constitución y no debe considerarse que amplía o limita los derechos declarados en la Constitución. 6. Artículo 62. Dominica no reconoce la jurisdicción de la Corte.
w. Bolivia Reconocimiento de competencia:
El El 27 de julio de 1993, presentó en la Secretaría General de la OEA, el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el Artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la siguiente declaración:
I.
El Gobierno
Constitucional de la República, de conformidad con el artículo 59, inciso
12, de la Constitución Política del Estado, mediante ley 1430 de 11 de
febrero, dispuso la aprobación y ratificación de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica",
suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y el
reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de conformidad con los artículos 45 y 62 de la Convención. II. En uso de la facultad que le confiere el inciso 2, del artículo 96 de la Constitución Política del Estado, se expide el presente instrumento de Ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", así como el reconocimiento como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido de la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al artículo 62 de la Convención".
x. El
Salvador
Reconocimiento de competencia: I. El Gobierno de El Salvador reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin Convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José". II.
El Gobierno de El Salvador, al reconocer tal competencia, deja
constancia que su aceptación se hace por plazo indefinido, bajo condición
de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la
competencia, comprende sola y exclusivamente hechos o actos jurídicos
posteriores o hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución sean
posteriores a la fecha del depósito de esta Declaración de Aceptación,
reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo
considere oportuno. III. El Gobierno de El Salvador, reconoce tal competencia de la Corte, en la medida en que este reconocimiento es compatible con las disposiciones de la Constitución de la República de El Salvador
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