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V.            DERECHO DE CIRCULACION  

            La Comisión ha continuado recibiendo denuncias sobre personas que son procesadas y luego condenadas por intentar salir del país ilegalmente.[1]  Cabe señalar que los cubanos que intentan salir ilegalmente y son detenidos se enfrentan con penas privativas de la libertad de uno a tres años, y si se emplea violencia en el intento, la pena es de tres a ocho años de prisión.  

            Según el artículo 216 del Código Penal Cubano, son procesadas no sólo las personas capturadas después de haber iniciado el viaje, sino también aquellas de las que se sospecharía que pudieran intentarlo.    

            Artículo 216.  

1. El que, sin cumplir con las formalidades legales, salga o realice actos tendientes a salir del territorio nacional, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas.

 

2. Si para la realización del hecho a que se refiere el apartado anterior, se emplea violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, la sanción es de privación de la libertad de tres a ocho años.

 

3. Los delitos previstos en los apartados anteriores se sancionan con independencia de los que se cometan para su ejecución o en ocasión de ella.  

            Artículo 217.  

1. El que organice, promueva o incite la salida ilegal de personas del territorio nacional, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años.

 

2. El que preste ayuda material, ofrezca información o facilite de cualquier modo la salida ilegal de personas del territorio nacional, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas.  

            Así, según informaciones proporcionadas, por salida ilegal del país existen alrededor de 3,000 presos en las cárceles cubanas.  Las fuentes de información indican que 25 personas intentan salir diariamente de manera irregular, calculándose a grandes rasgos que sólo una de cada tres logra su propósito.  Se estima también que en 1992 llegaron a las costas de Estados Unidos de Norteamérica 2.975 balseros, y desde principios del presente año hasta finales de agosto 1.600.  Se ha señalado asimismo que aparte de las razones políticas, están primando las razones económicas como una de las causas principales de la emigración por la falta de oportunidades y alternativas.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe manifestar su preocupación al respecto, ya que la salida de la isla en forma irregular conlleva un grave riesgo para la vida de las personas que lo intentan.  

            También se informó que patrullas guardacostas cubanas han disparado en reiteradas oportunidades contra personas que trataban de llegar por mar, e incluso a veces también por tierra, a la base naval norteamericana de Guantánamo con la intención de pedir asilo.  Esta situación ha generado severas críticas ya que el empleo de la fuerza resulta excesivo e innecesario si el objetivo es solamente detener a estas personas.  Similares incidentes se han denunciado también en otros puntos de la costa en relación con personas que trataban de abandonar el país por sus propios medios en balsas rudimentarias, así como otros casos en los que embarcaciones dirigidas por ciudadanos estadounidenses o personas residentes en Estados Unidos se acercaron a las costas cubanas a fin de recoger a ciudadanos de este país. 

            En efecto, de acuerdo con informaciones proporcionadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Renato Rodríguez Sánchez, quien se encuentra recluido en la prisión de Valle Grande desde hace varios meses bajo la acusación de piratería, intentó abandonar la isla el 16 de septiembre de 1992, conjuntamente con once personas más.  La barca fue ametrallada por los guardafronteras del lugar.  

            Existen otras personas con similares acusaciones y privadas de la libertad, como es el caso del Subteniente de las Fuerzas Armadas Gamal Abdel Hernández Torres, detenido el 23 de enero de 1993 por supuestos planes de salida ilegal, quien fue condenado el 4 de mayo del mismo año a dos años y medio de prisión, y actualmente ha sido trasladado desde la cárcel de Valle Grande a la prisión de mayor rigor en Toledo.  

            La Comisión Interamericana ha sido informada de la situación que vive la señora Nidia Cartaya, Presidente de la Asociación de Rehenes Cubanos.  La señora Cartaya, de 55 años de edad, tiene su pasaporte retenido en Inmigración y desde hace ocho años las autoridades no aprueban su viaje como represalia, ya que su marido se asiló hace 9 años en los Estados Unidos.  

            Otra información proporcionada indica que el escritor cubano Norberto Fuentes, reconocido internacionalmente, fue arrestado por los guardacostas cubanos el día 10 de octubre de 1993, y desde esa fecha se le mantiene incomunicado.  Más de 2.600 miembros de la Asociación de Escritores de Estados Unidos han solicitado al Presidente cubano que permita la libertad de este reconocido intelectual.  

            Por su parte, el miembro de la Confederación de Trabajadores Democráticos, Benigno Torralba Sánchez, fue detenido arbitrariamente acusado del delito de querer abandonar el país.  Fue condenado a tres años de cárcel por la mera presunción de que quería abandonar el país.  Otro caso es el de Alejandro Joaquín Fuerte García, ex oficial del Ministerio del Interior, quien es víctima de represalias en la prisión.  Fuerte García, de 32 años de edad, fue detenido en 1991 por intento de salida del país y actualmente está recluído en la prisión de Cinco y Medio del Pinar del Río.  Fue condenado a cinco años de privación de libertad.  

            Renato Rodríguez Sánchez se encuentra detenido desde octubre de 1992 en la prisión de Valle Grande bajo la acusación de piratería.  El señor Rodríguez Sánchez intentó abandonar Cuba por un lugar denominado "Boca del Mariel", en una lancha particular, la cual fue ametrallada por los guardafronteras del lugar, resultando heridos por impacto de bala la joven Ivette Molina y Jorge Luis Marrero. 

            También se informó sobre los casos de Israel Martínez Torvo, Pedro Luis González y Angel Díaz, desmovilizados del Servicio Militar y reincidentes de otros intentos de salida del país, quienes fueron detenidos el 2 de abril de 1993, cuando el camión en que viajaban hacia Boca de Mariel fue registrado, encontrando una balsa rústica.  Actualmente se encuentran en la prisión de Valle Grande.  Por las mismas razones se encuentran en Valle Grande los hermanos Jorge y Juan Valladares Salabarría, detenidos el 21 de mayo de 1993, quienes todavía están a la espera de juicio.  Finalmente está el caso de Pedro Reinaldo Amador, activista de la Confederación Nacional por los Derechos Políticos, quien se encuentra detenido sobre la base de una causa pendiente desde hace más de un año por "intento de salida ilegal."

            VI.            CONCLUSIONES  

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe manifestar su profunda preocupación por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba.  La exposición realizada a lo largo de este Informe pone de manifiesto los extremos a los que ha llegado el Gobierno cubano en su represión de toda forma de desestimiento al amparo de una legislación elaborada en función de subordinar los derechos del individuo a las exigencias del Estado.  En ese sentido, es evidente que el sistema político cubano continúa otorgando una exclusividad absoluta al Partido Comunista, el cual se constituye, en los hechos, en una fuerza superior al Estado mismo, lo que impide la existencia de un sano pluralismo ideológico y partidario que es una de las bases del sistema democrático de gobierno.  

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera oportuno citar la segunda conclusión de su Séptimo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, ya que complementa lo señalado en el párrafo precedente, así:  

Esta peculiaridad se ve reforzada por el empleo en la Constitución, de términos y conceptos extraídos de doctrinas político-filosóficas, los cuales resultan de poca utilidad para lograr una efectiva vigencia de los principios de objetividad y legalidad, imprescindibles garantías contra la vulneración de los derechos de los ciudadanos por parte del poder político.  Es motivo de particular preocupación de la CIDH las fórmulas legales empleadas por el ordenamiento jurídico cubano para establecer los límites al ejercicio de los derechos y libertades reconocidas a los ciudadanos.  De acuerdo a dichas fórmulas, son éstos quienes deben adecuar ese ejercicio a los fines perseguidos por el Estado; la concepción democrática es exactamente lo contrario:  es el Estado quien debe limitar su acción frente a los derechos inherentes a la persona y reducir su intervención sólo para lograr la vigencia práctica de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, y culturales de todos los gobernados.  La subordinación del individuo al Estado es acentuada por la inexistencia de la necesaria división de poderes, resultado de lo cual es la dependencia de la administración de justicia del poder político.[2]  

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los argumentos planteados en su Séptimo Informe permanecen vigentes, ya que los hechos expuestos en la presente sección del Informe Anual demuestran que el ejercicio del derecho a la justicia y del debido proceso se ven gravemente menoscabados con la subordinación de hecho y de derecho de la administración de justicia al poder político.  Ello sigue creando un negativo clima de incertidumbre y temor entre la ciudadanía, que se refuerza por la debilidad de las garantías procesales, especialmente en aquellos juicios que directa o indirectamente pueden afectar el sistema de poder que continúa existiendo en Cuba.  

            En materia de libertad de expresión, es evidente que persiste un absoluto control y sometimiento de toda discrepancia política e ideológica por parte del  Gobierno y del Partido.  Por ello, la Comisión Interamericana sigue considerando que en Cuba no existe una libertad de expresión que permita la discrepancia política que es fundamental en un sistema democrático de gobierno.  

            Con respecto al derecho a la libertad y seguridad personal, continúa la falta de garantías contra la detención arbitraria.  Asimismo, la Comisión Interamericana debe manifestar su preocupación por las negativas condiciones carcelarias, hecho que afecta aún más a las personas privadas de su libertad por razones políticas.  Las condiciones deliberadamente severas y degradantes están generando mayores y más graves violaciones a los derechos humanos, no solamente por ese hecho en sí mismo, sino porque las protestas son reprimidas a menudo con maltratos físicos, haciendo peligrar de esta forma la vida de los reclusos.  

            En cuanto al derecho de circulación, la Comisión Interamericana considera que a pesar de los cambios efectuados,[3] su ejercicio sigue extremadamente restringido de hecho y de derecho.  Ello en virtud de los artículos 216 y 217 del Código Penal cubano, que sanciona no solamente a las personas que son capturadas después de haber iniciado un viaje de manera irregular, sino también aquellas de las cuales se sospecha que pudieran intentarlo.  Asimismo, las personas que en un momento dado asumieron posiciones críticas hacia al Gobierno y luego intentaron salir del país han sido objeto de mayores restricciones y represalias por parte del mismo.  

            A la luz de las conclusiones expuestas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera pertinente reproducir una amplia Carta Pastoral emitida por los Obispos de Cuba, a principios de 1993:  

Nos parece que, en la vida del país, junto a ciertos cambios económicos que comienzan a ponerse en práctica, deberían erradicarse algunas políticas irritantes, lo cual produciría un alivio indiscutible y una fuente de esperanza en el alma nacional:

 

1) El carácter excluyente y omnipresente de la ideología oficial, que conlleva la identificación de términos que no pueden ser unívocos, tales como: Patria y socialismo, Estado y Gobierno, autoridad y poder, legalidad y moralidad, cubano y revolucionario.  Este papel, centralista y abarcador de la ideología produce una sensación de cansancio ante las repetidas orientaciones y consignas.

 

2) Las limitaciones impuestas, no sólo al ejercicio de ciertas libertades, lo cual podría ser admisible coyunturalmente, sino a la libertad misma.  Un cambio sustancial de esta actitud garantizaría, entre otras cosas, la administración de la justicia independiente lo cual nos encaminaría, sobre bases estables, hacia la consolidación de un Estado de pleno derecho.

 

3) El excesivo control de los Organos de Seguridad del Estado que llega a veces, incluso, hasta la vida estrictamente privada de las personas.  Así se explica ese miedo que no se sabe bien qué cosa es, pero se siente, como inducido bajo un velo de inasibilidad.

 

4) El alto número de prisiones por acciones que podrían despenalizarse unas y reconsiderarse otras, de modo que se pusiera en libertad a muchos que cumplen condenas por motivos económicos, políticos u otros similares.

 

5) La discriminación por razón de ideas filosóficas, políticas o de credo religioso, cuya efectiva eliminación favorecería la participación de todos los cubanos sin distinción en la vida del país.  

 

            La permanente negativa del régimen cubano de reconocer los derechos fundamentales de la persona humana, sumado a una profunda crisis económica y social en dicho país, crea un peligroso potencial de conflictos sociales.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará observando estrechamente la situación interna en Cuba, de acuerdo con su mandato de protección y promoción de los derechos humanos en cada uno de los países del hemisferio.

GUATEMALA  

I.  SITUACION GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS[4]  

              1.            INTRODUCCION  

            En su informe de junio de 1993,[5] la Comisión presentó una visión de las difíciles condiciones socioeconómicas y políticas que restringen la vigencia de los derechos humanos de esa nación.

              Coincidentemente un reciente informe del Gobierno sintetiza esa posición así:  

Guatemala ha sido un país donde el 10% de la población ha usufructuado sus riquezas mientras el 90% sólo ha tenido una presencia ocasional en el escenario nacional para mostrar una realidad generalmente desatendida e ignorada.  Este cuadro determinó no sólo una crisis económica sino también de moral y de autoridad.  La corrupción ha permeado todos los niveles del aparato estatal.  Un estado de desmoralización y desaliento ha privado en la conducta y actitudes de funcionarios y población.[6]  

            En su visita in loco de septiembre de 1993,[7] la Comisión comprobó que pese a los esfuerzos positivos del Gobierno subsisten grupos que violan o encubren violaciones a los derechos humanos.  La militarización de las instituciones de seguridad y de la vida rural, los ataques contra líderes sindicales, políticos y de derechos humanos; y la ineficacia de la justicia siguen predominando sobre las acciones positivas de la administración del Lic. Ramiro de León Carpio, especialmente del Ministerio de Gobernación, del Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, y aún de aquellos militares que quieren hacer respetar los derechos fundamentales.  

            La militarización del poder se mantiene no sólo a través de las PACs (patrullas de defensa civil, hoy llamadas Comités de Defensa Voluntaria Civil o CDVCs) con más de medio millón de personas organizadas en varios miles de comunidades, sino además por la subsistencia del Estado Mayor Presidencial como ente militar que administra la operación de la Presidencia de la República; en la falta de respeto a la población civil en las acciones antisubversivas; y en la obstaculización militar institucional a colaborar en la investigación de las graves violaciones de años pasados.  

            Por su parte, aún con su reducida presencia, la acción provocadora de los grupos subversivos refuerza esa militarización y la posición de las Fuerzas Armadas.  

       A partir del 5 de junio, luego del reemplazo constitucional del Presidente Serrano por el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Lic. Ramiro de León Carpio, el Gobierno realizó acciones positivas tantos de reforma institucional como de adopción de políticas favorables a la vigencia de los derechos humanos.  Se destacan entre ellas:  

            - La afirmación de la jurisdicción civil y del Ministerio de Gobernación sobre problemas de refugiados o de violaciones cometidas por las PACs; 

            - La diferenciación entre las tareas de la Policía Nacional y la vuelta a sus actividades específicas de los oficiales militares que allí actuaban;  

            - Las instrucciones del Ministerio de Gobernación para que todo allanamiento domiciliario sea hecho con la correspondiente orden judicial y de manera legal;  

            - Las medidas de facilitación del retorno de refugiados en México y los programas de Fonapaz (Fondo Nacional por la Paz) y Fonatierra (Fondo Nacional de Tierras-I.N.T.A.) aunque, limitados en su alcance para resolver problemas de refugiados, desplazados y retornados;  

            - La facilitación de los trámites necesarios para formar asociaciones profesionales.  

            -   La promesa de retirar el destacamento militar del área urbana de Tercer Pueblo en el Quiché, en cumplimiento de los acuerdos con los refugiados en México que desean retornar.

            No obstante todos esos esfuerzos gubernamentales, desde el 6 de junio hasta el 14 de octubre se reportan 53 "ejecuciones extrajudiciales" atribuídas a grupos paramilitares, sin que las autoridades hayan identificado a ninguno de los responsables.[8]  

        El Procurador de los Derechos Humanos en su Informe sobre 1993, reporta 160 denuncias no desestimadas sobre muertes extrajudiciales, de las cuales 146 están en investigación y 14 ya han sido tipificadas como tales.  En cuanto a "desapariciones forzadas" informa de 62 denuncias, de las cuales 22 corresponden a personas aparecidas con vida, 29 a "no aparecidos en investigación", 9 a aparecidos sin vida, y 2 casos ya tipificados como desapariciones forzosas.  Señala también haber recibido denuncias sobre 54 casos de tortura, 185 de abuso de autoridad, 182 de amenazas y 53 de detenciones ilegales.  Ademas señala 174 casos de denuncias sobre reclutamiento militar irregular.  

        Según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, entre enero y agosto de 1993 se habían producido un total de 774 trasgresiones a las garantías individuales.  Entre éstas, destacan las ejecuciones extrajudiciales de 108 personas, y el asesinato de otras 282; 19 desapariciones forzadas,  146 atentados, 216 personas amenazadas y 3 casos de tortura.  El Presidente de León Carpio replicó en declaraciones públicas que muchas de esas muertes están ocurriendo a raíz del conflicto interno armado.  

            El clima de mayores libertades públicas[9] que se ha abierto, así como la continuidad de las amenazas contra las mismas, han llevado a la formación de nuevas instituciones defensoras de los derechos humanos.  Catorce pueblos indígenas en consenso crearon la Defensoría de los Derechos Mayas.[10]  Consiste en una red de auxiliares de derechos mayas en las aldeas y cantones y una red de comités y comisiones de derechos humanos y derechos mayas a nivel de los municipios.  Es autónoma y decidirá sus pasos conforme el pensamiento, experiencia y trabajo de los auxiliares de derechos mayas en las aldeas y de los comités y comisiones a nivel municipal. 

            Se ha constituído también la CONADEHGUA, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, integrada por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Coordinadora Etnica Runjel Junam (CERJ), la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) con sede en México, el Consejo Nacional de Desplazados (CONDEG) y representación del Centro de Investigación y Estudios por los Derechos Humanos (CIEPRODH), de la Asociación Guatemalteca de Juristas, la Coordinadora de las Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Wucu'b Noj (CDHI).

            2. LA CONTINUA VIOLACION Y AMENAZA A LIDERES SOCIALES  

            Desafortunadamente este período confirmó lo indicado por la CIDH en su Cuarto Informe respecto a la resurgencia de ataques contra líderes de distintos sectores civiles, urbanos y campesinos, buscando generar un atemorizamiento general de los movimientos reivindicativos y de defensa de los derechos humanos.[11]  

             2.1. Ataques a defensores de derechos humanos  

            - Un autodenominado "movimiento anticomunista" amenazó públicamente de muerte a 21 líderes de organismos de derechos humanos el 6 de octubre.  

            - Distintos funcionarios de la justicia, y miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos han sido amenazados o agredidos.  Lo mismo ha ocurrido con Mario Cabrera Ramazzini, representante del Ministerio Público en Sololá, a un juez y sus empleados que estaban investigando la muerte de Tomás Lares Cipriano, miembro del CERJ.  

            - El 10 de septiembre una bomba estalló en las oficinas de la Asociación de Juristas de Guatemala, sin causar víctimas personales.   

            - Luego de la manifestación del 10 de diciembre conmemorando el Día Universal de los Derechos Humanos, cinco hombres armados con ropa y armamento militar secuestraron, maltrataron y luego liberaron al dirigente del GAM Mario Polanco, quien debió ser hospitalizado.  

             2.2 Ataques a instituciones campesinas o Mayas  

            Durante el segundo semestre de 1993 y especialmente en octubre y noviembre de 1993, miembros del Ejército de Guatemala, de la G-2, Comisionados Militares y Patrulleros Civiles han cometido violaciones contra la CONAVIGUA en la Capital y el interior del país, en lo que parece ser una política sistemática de hostigamiento por sus actividades en defensa de la libertad de asociación, por el reclutamiento militar legal, y por el derecho a no participar en los C.D.V.C.   

            Estos ataques incluyen seguimientos y vigilancia de directivos y atentados contra sus instalaciones, y distintos atentados en Colotenango, La Democracia, Chimaltenango, Momostenango, en el Nebaj (Quiché).  También ocurrieron atentados contra oficinas de CONIC (Coordinadora Nacional de Instituciones Indígenas y Campesinas), CONDEG (Coordinadora Nacional de Desplazados de Guatemala).  

             2.3 Ataques a dirigentes sindicales  

            Subsisten durante este período las amenazas y ataques contra líderes sindicales. Los mismos incluyen ataques a dirigentes de UNSITRAGUA (Unión de Trabajadores de Sindicatos de Guatemala), y de distintos sindicatos, entre ellos los de trabajadores del Poder Judicial, de hospitales, postales, de servicios agrícolas.  También continúan los hostigamientos a los trabajadores tanto urbanos como rurales que desean ejercer su derecho de asociación en sindicatos.  

             2.4 Ataques a dirigentes universitarios y docentes  

            Dirigentes estudiantiles y docentes han sido también agredidos por sus actividades en este período.  La Comisión ha recibido denuncias de casos de docentes y dirigentes universitarios que han sido desaparecidos, baleados, y de otros casos en que tras ser amenazados han debido exiliarse con sus familias en el exterior.  Por lo menos en uno de los casos, el asesinato ocurrió después de que el dirigente estudiantil en cuestión dio cuenta de esas amenazas a la Procuraduría de Derechos Humanos.   

             2.5 Ataques a periodistas  

            Este clima de atemorizamiento selectivo opera también sobre la prensa, sin que la actitud condenatoria del Gobierno ni las medidas que hubiera tomado para investigarlos haya podido erradicar ese clima.  Durante el período septiembre de 1993 hasta fin de año ocurrieron entre otros los siguientes acontecimientos:  

            - El asesinato del Lic. Jorge Carpio Nicolle, Director Propietario del Diario El Gráfico y Secretario General del Partido Unión del Centro Nacional, asesinato cuyo procesamiento penal se alega está siendo viciado para evitar la identificación de los responsables.  

            - Amenazas de muerte al Director de TV Dionisio Gutiérrez después de entrevistar a comandantes de la URNG en México.  

            - El periodista Oscar Granados, Presidente del Sindicato de Periodistas Parlamentarios y coordinador del Consejo de Defensa de Periodistas, debió exiliarse en el extranjero con su familia después de varias amenazas de muerte, allanamiento extrajudicial de su casa y robo de documentos.  

            - Fue ametrallada la oficina del diario Siglo XXI en agosto, con armas del calibre exclusivo de las fuerzas de seguridad, y tres de sus periodistas fueron amenazados por oficiales policiales.  Fueron también amenazados el director y un reportero del Diario Prensa Libre, y un fotógrafo del Diario La Hora, así como el Presidente del Sindicato de Periodistas de Escuintla.  

            - Oscar Masaya, director de TV Noticias, fue atacado y herido el 8 de octubre.  Pocos días antes apareció una lista amenazando a periodistas.  

            - El 25 de noviembre el periodista Felipe Sigal Cervantes del Diario Prensa Libre, fue atacado y varias personas armadas trataron de secuestrarlo, escapando herido. 

            - En enero de 1994 se reanudaron las amenazas contra los periodistas y Director de la revista opositora "Tinamit".  

            - Familiares o personas cercanas de periodistas independientes han sido también asesinadas.  Tal es el caso de María Eugenia Muñoz de Mejía, de 42 años, y María Alejandra Polanco Muñoz, de catorce años, esposa e hija respectivamente del periodista Marco Vinicio  Mejía.  Ambas fueron primero "desaparecidas" y posteriormente sus cuerpos fueron hallados con evidentes señales de tortura a principios de 1994.  

            - La prensa extranjera acreditada en Guatemala reclamó por las investigaciones que realizan los oficiales de migración sobre el estatus legal de los corresponsales extranjeros, sosteniendo que era una forma de amenaza ya que la investigación estaba a cargo de oficiales militares de inteligencia.  

            3.  ACCIONES GUERRILLERAS DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS  

            Durante el período que cubre este Informe, los grupos subversivos han realizado distintas acciones en el país, destruyendo elementos de infraestructura como puentes y torres de energía eléctrica.  Entre los más notorios:  

            - En agosto una bomba destruyó una torre de la red eléctrica cercana a Colotenango, Huehuetenango.  

            - El 14 de octubre la guerrilla destruyó con una bomba un puente en Tiquisate, Escuintla.  

            - El 17 de octubre y luego el 20 de dicho mes, saboteó un puente en Taxisco, Santa Rosa.  

            - El 20 de noviembre una bomba destruyó el puente Las Ilusiones, en el Depto. de Santa Rosa.  

            - El 19 de noviembre en Nenton, Huehuetenango, la guerrilla levantó barricadas que impedían el paso de vehículos hacia las aldeas cercanas.  

            La guerrilla fue también acusada de mantener su anterior política de secuestros y extorsiones.  Sin embargo, el Presidente de Anacafé, Asociación Nacional del Café, indicó que durante los últimos dos años los guerrilleros no habían molestado con extorsiones a los agricultores.[12]  

         Durante los días anteriores a la "consulta popular" del 30 de enero de 1994, la guerrilla realizó una campaña de ataques con explosivos en distintos lugares del país que causaron una muerte y la destrucción de torres de comunicaciones, campaña destinada a crear un clima contrario al proceso electoral.  Expertos en explosivos de la Policía Nacional lograron desactivar a tiempo otros diez explosivos en varios centros comerciales.  

            4. REORGANIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA NACIONAL  

            Autoridades del presente Gobierno han confirmado a la Comisión que el actual sistema de justicia es obsoleto e ineficaz para las actuales necesidades.  Dentro de la esfera de su competencia, el Poder Ejecutivo ha tomado medidas para hacer más efectivo al Ministerio Público.  Este año se ha llevado el número de fiscales de 38 a 112, asistidos por otros tantos estudiantes avanzados de derecho, y se les está proveyendo de movilidad propia.  Se crearon nuevas unidades dedicadas a casos de niños, ataques a mujeres, en lo laboral, de amparo constitucional, de medio ambiente, y para entrenamiento.  

            La Policía Nacional, que depende del Ministerio de Gobierno, ha comenzado a  desmilitarizarse y transformarse durante la presente administración.  Todas sus autoridades son civiles, con formación profesional en seguridad y materias afines, reemplazando a los militares que estaban asignados a la misma y que la mantenían como un apéndice de la estructura militar.  La Comisión fue informada que al retirarse, las fuerzas militares han retenido equipos y recursos que corresponden a funciones que mantiene la Policía Nacional, debilitando su capacidad de acción.  

            La nueva dirigencia policial informó que su enfoque se basa en la protección del ciudadano, y que se están iniciando cursos y directivas en ese sentido.  La Comisión ha recibido información oficial de que el actual plantel de 11,300 plazas de agentes de policía (muchas de las cuales están vacantes) deberían triplicarse a 36,000 policías para servir eficazmente todo el territorio nacional.  

            El Ministerio de Gobierno por su parte ha iniciado un proyecto experimental de desarrollo de Policía Municipal, que a su vez tendría el valor de reforzar a las autoridades civiles locales.  Además, con apoyo de UNICEF se está formando una policía especializada en problemas de los menores.  

            5.            LA CRISIS INSTITUCIONAL  

            El proceso de reemplazo constitucional del ex Presidente Serrano Elías llevó a la creación de una coalición de fuerzas políticas sin precedente en la historia guatemalteca, reunidas en la Instancia Nacional de Consenso (I.N.C.) que se formó con la participación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cámara Empresarial C.A.C.I.F., varios partidos políticos y el Foro Multisectorial Social que reunía a su vez a 35 organizaciones sindicales, de derechos humanos, indígenas y religiosas.  

            La I.N.C. cumplió un papel central en lograr una salida constitucional a los acontecimientos de mayo y por su diversidad y representatividad otorgó a la situación condiciones potenciales para la recuperación de la vigencia de los derechos humanos.  

            A partir de agosto, el Ejecutivo inició una campaña destinada a obtener la llamada "depuración del Legislativo y del Poder Judicial" a través de lograr renuncias voluntarias de los Congresales y Miembros de la Corte Suprema.  Luego de numerosas tensiones y negociaciones, en noviembre se logró un acuerdo entre el Ejecutivo y representantes de los partidos políticos mayoritarios en el Congreso para reformar la Constitución y someter la reforma a una consulta electoral a fines de enero de 1994.  Las reformas llevarían --entre otras-- a un cese anticipado del término de los parlamentarios y a nuevas elecciones para reemplazarlos aproximadamente en agosto, previas a las elecciones para Presidente a principios de 1995.[13] 

              El consenso con que venía operando la Instancia Nacional se rompió a fines de agosto cuando no se aceptó la posición del Foro Multisectorial Social para que la depuración cubriera todos los sectores del Gobierno, inclusive al Ejecutivo y a las fuerzas armadas.  El Foro se separó de la I.N.C. el 8 de octubre.  

              Las 37 reformas constitucionales entrarán en vigor dos meses después de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de los comicios y 15 días más tarde el organo electoral deberá convocar a elecciones dentro de los 120 días para renovar al actual Parlamento.  El nuevo Congreso tomará posesión un mes después de las elecciones y sus integrantes serán transitorios, hasta que en 1995 se elijan los nuevos congresistas por período completo.  

              La "consulta popular" respecto a las medidas de reforma constitucional mencionadas, se realizó sin mayores incidentes el día 30 de enero de 1994.  Los votos afirmativos consagrando la reforma obtuvieron una absoluta mayoría (377.044 votos afirmativos y 70.761 votos por el "no").  El 84.6% de los tres millones y medio de posibles votantes se abstuvo de votar.  

            6. LA NECESIDAD DE UNA REFORMA ELECTORAL  

            En un país eminentemente rural cuyos departamentos tienen una composición social e intereses muy distintos entre sí, la exclusividad de presentar candidatos parlamentarios que la Ley Electoral otorga a los partidos nacionales impide que un grupo predominante en uno o varios departamentos (como varias de las distintas etnias Maya-Quiche) puedan presentar sus candidatos al Congreso, pues no tienen presencia en todo el país.  La Comisión considera conveniente que el Estado promueva reformas destinadas a aumentar la autenticidad y representatividad de la presente organización democrática, permitiendo la presentación de candidatos a congresistas por partidos regionales.  

            7. NEGOCIACIONES DE PAZ  

            El 13 de julio de 1993, la nueva Administración presentó una propuesta para la reanudación del proceso de negociaciones de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que consistía en separar las discusiones sobre el conflicto armado, de las relativas a los problemas del país, inclusive la vigencia de los derechos humanos.  Las primeras estarían a cargo de una Comisión Especial de Negociación, con la colaboración de las NN.UU. y de la OEA; y las segundas se realizarían en Guatemala dentro de un Foro con la presencia de representantes de los distintos sectores.  

            Dicha propuesta fue rechazada por la URNG y por representantes de la Iglesia Católica, la que había mediado en las negociaciones anteriores, así como por distintas organizaciones reivindicativas.  

            Ultimamente, sin embargo, la Asamblea Nacional Permanente del Pueblo Maya, formada por más de 200 organizaciones, aceptó el 20 de noviembre integrar la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y participar en el proceso de pacificación.  Este es un indicador más de la independencia de los sectores Mayas con respecto a la URNG, la cual ha rechazado el plan gubernamental.  

            A principios de enero de 1994, el Gobierno y la URNG acordaron reunirse bajo los auspicios de las NN.UU. para discutir las "nuevas reglas del juego" que aceptarían para reiniciar las negociaciones.  

            El 10 de enero el Gobierno y la URNG acordaron en México continuar la discusión de la posible agenda de negociaciones, y en primer lugar los tópicos relacionados con los derechos humanos.  La agenda contiene temas sustantivos y operativos.  Los primeros incluirían la situación de los derechos humanos, el problema de la propiedad de la tierra, de las poblaciones desplazadas, y las reformas constitucionales.  Los temas operativos se refieren al cese del fuego, la desmobilizacion de los rebeldes y su integración a la legalidad.  Una asamblea de sectores civiles ratificaría los acuerdos que se logren entre el Gobierno y la guerrilla. Las conversaciones continuarán en el mes de marzo y el Presidente de la República hizo público su objetivo de completar las negociaciones durante el presente año 1994.  

            8. DECLARACION OFICIAL DE DERECHOS HUMANOS DE OCTUBRE DE  1993 

            Los preacuerdos sobre derechos humanos a los que se había llegado en las negociaciones de paz durante la Administración Serrano quedaron en suspenso dentro de la nueva propuesta.  En cambio, en octubre el Gobierno emitió una Declaración Oficial sobre Derechos Humanos en el que reafirma su compromiso de perfeccionar y hacer observar los derechos humanos "sin que para ello sea necesario acuerdo o entendido con facción alguna".  

            Continúa la declaración diciendo que el Gobierno reconoce y se obliga a actuar con firmeza contra la impunidad.  Para ello, entre otros, promete presentar a aprobación legislativa tipificaciones y sanciones drásticas contra las desapariciones forzadas, así como las ejecuciones extrajudiciales.  Con referencia a los miembros de las fuerzas de seguridad, sostienen que ningún fuero o jurisdicción privativa puede escudar la impunidad.  Se compromete a la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad, y a luchar contra la existencia de cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de seguridad.  

            Con respecto a las PACs, atribuye al Procurador de los Derechos Humanos la responsabilidad de controlar su voluntariedad y la legalidad de sus actos.  Declara que no alentará la formación de nuevas PACs y las bases de las que se pretendan formar deberán decidirse por la comunidad bajo la supervisión del Procurador de Derechos Humanos.[14]  Remarca la importancia de los derechos de asociación, locomoción y movimiento.  

            Señala la Declaración que el servicio militar obligatorio debe ajustarse a los preceptos constitucionales y no ser discriminatorio.  También señala su decisión de proteger a los defensores de los derechos humanos e investigar cualquier atentado contra ellos, así como asistir a las víctimas de violaciones y erradicar los sufrimientos de la población civil provocados por el enfrentamiento armado.  

        Termina la declaración oficial del Gobierno reconociendo la tarea de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA y de sus países miembros para coadyuvar con el Estado en fortalecer, capacitar y perfeccionar los mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos.  

            II.  DERECHOS SOCIOECONOMICOS, DE PROPIEDAD Y DE COMERCIO  

            En su Cuarto Informe la CIDH remarcó que las diferencias en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala son abismales y discriminan efectivamente contra grandes sectores de la población y en particular contra los Guatemaltecos Mayas.  La indivisibilidad de estos derechos de los derechos civiles y políticos queda evidenciada especialmente en la situación guatemalteca.  

            La desigual distribución del ingreso, de los servicios esenciales y de la propiedad de fundos; y la falta de respeto a la propiedad de los campesinos y Mayas son las manifestaciones más exacerbadas de esa problemática. 

            1. LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y SERVICIOS PUBLICOS, Y LA FALTA DE UNA POLITICA FISCAL APROPIADA

            Datos de la Universidad de San Carlos[15] señalan que 2% de la población recibe el 65% de los ingresos, y que el 80% de los impuestos son indirectos, es decir que pesan sobre toda la población.  El "Programa de Administración Fiscal" del Ministerio de Finanzas señala que de dieciseis países latinoamericanos estudiados, Guatemala tiene la menor carga tributaria, aproximadamente del 7%.[16]  

            Aproximadamente el 89% de los guatemaltecos viven en situación de pobreza y dos tercios de éstos en extrema pobreza.  El analfabetismo alcanza en algunos Departamentos a más del 75% de la población de más de quince años, departamentos (Alta y Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Totonicapan) que son justamente donde existe mayor violencia rural.[17]  

            En el área de salud resaltan los problemas de desnutrición, mortalidad materno-infantil y enfermedades infecciosas.  La mortalidad materna ha sido una tragedia ignorada y la tasa en las madres indígenas es 50% superior al promedio de toda la población femenina.  Estas mujeres no tienen acceso a la satisfacción de necesidades mínimas de salud.[18]  

            Una evaluación de julio de 1990 encontró que un 41.2% de los niños menores de 5 años se encontraban en estado de desnutrición aguda, moderada o severa.  La prevalencia de bocio se elevó entre 1979 a 1989 del 8 al 20.4% de la población.  Las enfermedades respiratorias agudas son una de las principales causas de morbi-mortalidad, sufriendo cada niño de 5 a 8 episodios promedios por año, registrándose alrededor de 10,000 muertes por esta causa en 1990.  

            La malaria se ha extendido a 20 de los 22 departamentos y ha crecido el número de casos de 41,771 en 1990 a 57,560 en 1992.  Similares tasas de crecimiento se dan con respecto al dengue cuya población en riesgo es de 383,281 habitantes.[19]  Una persona muere diariamente a raíz del cólera y otras 31 la contraen según datos oficiales.  Según Segeplan (Secretaría General de Planeamiento) 60% de la población carece de servicios sanitarios y arroja sus residuos a lagos y ríos.  Sólo 38% de la población tiene servicio de agua corriente.  

            Entre los avances positivos han disminuído en cambio las enfermedades prevenibles con vacuna como el sarampión y las diarréicas.  Los programas de vacunación intensificados por el Estado a partir de 1985 han logrado entre otras, que la cobertura por vacunación para menores de 1 año subiera de 10% en 1985 al 60% en 1990.  

            La actual administración ha diseñado un programa importante llamado "Lineamientos de Política de Salud 94-95" por el cual la población a través de sus autoridades locales, municipales y departamentales adquiere mayor participación en las decisiones y en el manejo de los recursos.  El modelo de salud basado en el autocuidado familiar con participación social y comunitaria, se iniciará experimentalmente en 61 municipios prioritarios, que coinciden con las áreas donde se han registrado mayores violaciones a los derechos humanos, Huehuetenango, Quiché y Alta y Baja Verapaz.  

            Según los lineamientos el modelo de salud tendrá un enfoque pluricultural y multilinguístico y tendrá especial cuidado en dar prioridad a grupos postergados, migrantes y aldeas de extrema pobreza.  Actualmente la atención de salud y de servicios sanitarios favorece discriminatoriamente a sectores urbanos y de ingresos medios y altos; por ejemplo, en el Departamento de Guatemala (área capitalina) existen tres veces más camas hospitalarias que en todo el resto del país.  Más del 80% de todos los recursos están concentrados en la capital y las cabeceras departamentales, en un país de predominante población rural.[20]  50% de la población carece de atención de salud y un 20% a 30% recibe atención inadecuada, según el informe del Gobierno.

continua...

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[1]  Se ha señalado que las restricciones derivadas de las normas de migración de algunos países, los complicados trámites legales exigidos por las autoridades cubanas y las represalias a que son sometidas dichas personas, son algunas de las razones por las cuales numerosas personas continúan saliendo del país en balsas y botes rudimentarios.  Cabe señalar que cuando las autoridades cubanas de migración han negado un visado, ésta no es suceptible de apelación.

[2]  La Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Séptimo Informe, CIDH, 1983, pág. 233.

[3]  En agosto de 1991, el Gobierno de Cuba redujo la edad para viajar al extranjero a 20 años de edad, tanto para hombres como para mujeres.

[4]  La presente sección sobre Guatemala cubre el período junio 1993 a enero 1994.

[5] CIDH "Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala" OEA/Ser.L/V/11.83.            

[6] Rep. de Guatemala.  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  "Lineamientos de política de salud, 1994-1995".  La Situación Nacional y el Compromiso del Gobierno.  Octubre 1993.

[7]  Ver detalles de la visita en el Comunicado de Prensa Nº 18/93, publicado al final del presente Informe Anual.

[8]  Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.  Octubre de 1993.

[9]  Como un ejemplo de ello, por primera vez miembros de UASP participaron en la marcha civico-militar en celebración del Día de la Independencia el 15 de septiembre.

[10]  Su Presidente Juan León, de la Comisión Coordinadora, dijo que "En los tribunales de justicia los secretarios de los juzgados nos tiran a la basura los memoriales y nos obligan a firmar documentos sin que reconozcamos nuestros derechos porque los mismos no son en nuestros propios idiomas.  Hay cientos de casos de violaciones que han quedado impunes.  Nuestros hijos son reclutados por la fuerza."

[11]  Estos ataques tienden también a paralizar la acción de la justicia; así, la quema de los archivos del Tribunal de Santa Cruz del Quiche, donde se tramitan numerosos casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

[12]  Publicado en la prensa.  FBIS 16 de noviembre de 1993.

[13]  Las reformas propuestas aprobadas por el Congreso en base al acuerdo con el Ejecutivo, y que son puestas a referendum, establecen la reducción de términos para el Presidente, Vicepresidente y Diputados, que serán electos por cuatro años; una reducción del número de congresales; la ampliación del número de jueces de la Corte Suprema de 9 a 13 miembros, con mandato por cinco años elegidos por el Congreso en base a una lista a proponerse por los decanos de las Escuelas de Derecho y Asociaciones de abogados. (Continúa)

15  (Continuación)  Establece también cambios en los controles administrativos de finanzas.  Las reformas entrarían en vigor 60 días después de aprobarse por la ciudadanía y quince días después el Tribunal Supremo Electoral llamaría a elecciones parlamentarias para elegir un nuevo Congreso que actuaría hasta el 14 de enero de 1996, fecha en que también cesa el término del actual Presidente de León Carpio.  

Participarán en el referendum 4.5 millones de Guatemaltecos registrados de una población total de 9 millones, de los cuales más del 60% son miembros de 23 grupos étnicos indígenas.

[14]  Ver Capítulo III sobre el sistema de las PACs, página 17.

[15]  Rector de la Universidad en entrevista con la CIDH. 9-9-93.

[16]  Diario Siglo XXI, septiembre 7 de 1993.

[17]  Recuerda la Comisión denuncias recibidas en la década del ochenta en las que se indicaba la ejecuciones extrajudiciales de campesinos que sabían escribir, lo que se consideraba como indicador de apoyo a la subversión.

[18]  Organización Panamericana de la Salud "Situación de la Salud en Guatemala y sus tendencias" 1993.

[19]  OPS loc. cit.

[20]  60% de la población habita en zona rural, en 20,017 localidades, de las cuales el 87% tiene menos de 500 habitantes.