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INFORME
N°
9/91
PERU
15
de febrero de 1991
VISTO el contenido de los informes Nos. 8/90, 9/90, 10/90,
11/90, 12/90, 13/90, 14/90, 15/90, 16/90, 17/90, 18/90, 19/90, 20/90,
21/90, 22/90, 23/90, 24/90, 25/90, 26/90, 27/90, 28/90, 29/90, 30/90,
31/90, 32/90, 33/90, 34/90, 35/90, 36/90, 37/90, 38/90, 39/90, 40/90,
41/90, 42/90, 75/90, 76/90, 77/90, 78/90, 79/90, 80/90, 81/90, 82/90,
83/90, 84/90, 85/90, 86/90, 87/90, 88/90 y 89/90, en cuyos numerales
se fijó un plazo para que el Gobierno del Perú diera cumplimiento
a las recomendaciones formuladas en cada uno de dichos informes y
solucionar el caso respectivo, o formulara observaciones, vencido
el cual la Comisión procedería de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 48 de su Reglamento incluyéndolos en su Informe Anual, y
CONSIDERANDO:
1. Que el Gobierno
del Perú no ha cumplido con las recomendaciones formuladas por la
Comisión en cada caso, ni dado solución a los mismos en los términos
propuestos;
2. Que tampoco ha
presentado observaciones a los informes y no ha dado respuesta a las
comunicaciones efectuadas al respecto, y
3. Que no existen
en esta Comisión nuevos elementos de juicio que requieran modificar
dichos informes originales.
LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
RESUELVE:
Publicar dichos informes en su Informe Anual 1990-1991.
INFORME N° 81/90
CASO 10.463
PERU
VISTOS los antecedentes obrantes en
el caso a saber:
1. La
denuncia recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
el 15 de septiembre de 1989, cuyas partes pertinentes se transcriben a
continuación:
Se presenta la denuncia sobre la ejecución extrajudicial del
ciudadano peruano Coqui Samuel Huamalí Sánchez, de 32 años, ocupación
abogado, casado, con 2 hijos menores, Samuel y Jorge Miguel de 4 y 2 años
respectivamente, miembro del Directorio del Comité de Defensa de los
Derechos Humanos de Pasco en el cargo de la Secretaría de Relaciones
Nacionales e Internacionales, integrante de la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos del Perú, delegado del Colegio de Abogados de
Huánuco,
Pasco, Ucayali, ante la Federación Nacional del Colegio de Abogados
del Perú, fue asesinado por varios desconocidos que vestían uniforme
militar, que tenían los rostros cubiertos con pasamontaña y estaban
fuertemente armados, con armas de uso militar, cuyos hechos son como
sigue:
El miércoles 23 de agosto de 1989, a horas 1:30 a.m. allanan
en forma violenta la vivienda del Dr. Coqui Huamali S., sita en el Jr.
Bolívar ‑ Barrio San Juan Pampa de la ciudad de Cerro de Pasco,
donde se encontraba durmiendo, preguntaron por él, inicialmente sale
el propietario, luego su señor padre: Sabino Huamalí Arias (55), a
quien le golpean e inquieren por su hijo, conminándolo a que les
acompañe (actitud propia de los miembros de las FF. PP. y Militares);
en dichas circunstancias sale de su dormitorio e inmediatamente es
sacado y golpeado por siete sujetos uniformados con armas de fuego (metralletas
HK y armas cortas) mientras otros esperaban en el exterior de la
vivienda. Su perro que
sale en defensa de su dueño es muerto de un disparo por estos
uniformados, amenazando al resto de la familia y testigos que si le
siguen incendiarían la casa. A
unos 15 metros de la casa el Jefe del Grupo Operativo dio la orden de
libertad del padre.
Por la mañana los familiares se apersonaron a las dependencias
policiales y a la Jefatura del Comando Político Militar de Pasco sin
ningún resultado.
El cuerpo del Dr. Huamali es hallado sin vida en el Barrio
Paragsha, a 3 cuadras del barrio, en una zona de desmontes de mineral,
el mismo que se encuentra a una distancia de 2 kilómetros de la casa.
Había sido asesinado por tres impactos de bala a la altura de
la cabeza, encontrándose casquillos de 9 mm. y para confundir este
hecho letal, estos desconocidos dejaron un volante en el que se leía
"muerte por traidor" con una hoz y martillo en tinta roja.
Como antecedente de este asesinato en las últimas semanas
miembros del Ejército (militares) han venido realizando operaciones
rastrillo en los barrios Paragsha, Túpac Amaru y Uliachin de la
ciudad de Cerro de Pasco, ésto a consecuencia de que la Federación
Minera del Perú se encuentra en una Huelga Nacional por
reivindicaciones sindicales (salarios, discusión del Pliego Unico de
los Trabajadores Mineros).
2. La
Comisión, mediante nota del 28 de septiembre de 1989
inició la tramitación del caso y solicitó al Gobierno del
Perú la información pertinente sobre los hechos materia de dicha
comunicación, así como cualquier elemento de juicio que permitiera
apreciar si en el caso objeto de la solicitud se habían agotado los
recursos de la jurisdicción interna, concediéndosele el plazo de 90
días para dar respuesta a dicho pedido.
3. En
fecha 7 de marzo de 1990, la Comisión reiteró al Gobierno del Perú
su solicitud de información, mencionando que de no recibirse dicha
información en un plazo de 30 días, la Comisión entraría a
considerar la posible aplicación del Artículo 42 del Reglamento, el
cual establece la presunción de los hechos relatados en la denuncia,
toda vez que el Gobierno aludido no suministre la información
correspondiente dentro del plazo señalado por la Comisión.
4. La
Comisión reiteró al Gobierno del Perú, el 12 de abril de 1990, su
pedido de información sobre la desaparición de Coqui Samuel Huamalí
Sánchez bajo apercibimiento de la aplicación del Artículo 42 del
Reglamento.
CONSIDERANDO:
1. Que
la Comisión es competente para conocer del presente caso por tratarse
de violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Artículo 4, relativo al derecho a la vida y
Artículo 7, derecho a la libertad personal, tal como lo dispone el
Artículo 44 de la citada Convención, de la cual Perú es Estado
Parte.
2. Que
la reclamación reúne los requisitos formales de admisibilidad
contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el
Reglamento de la Comisión.
3. Que
en el presente caso resulta a todas luces evidente que el peticionario
no ha podido lograr una protección efectiva de parte de los
organismos jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los
requisitos referentes al agotamiento de los recursos internos
contenidos en el Artículo 46 de la Convención.
4. Que
la reclamación no se encuentra pendiente de otro procedimiento de
arreglo internacional ni es la reproducción de petición anterior ya
examinada por la Comisión.
5. Que
pese al tiempo transcurrido y a las reiteradas gestiones efectuadas
por la Comisión, el Gobierno del Perú no ha proporcionado respuesta
relativa a los hechos en relación con el presente caso.
6. Que
al no haber dado respuesta el Gobierno del Perú ha incumplido la
obligación internacional de suministrar información a la Comisión
dentro de un plazo razonable, como lo establece el Artículo 48 de la
Convención.
7. Que
la Comisión ha manifestado reiteradamente su terminante rechazo a
este grave fenómeno de la desaparición forzada de personas en sus
informes sobre la situación de los derechos humanos, expresando en
diversos documentos que:
... este procedimiento es cruel e inhumano y que la desaparición
no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino
también un gravísimo peligro para la integridad personal, la
seguridad y la vida misma de la víctima.1
8.
Asimismo, la Asamblea General de la OEA en diversas
resoluciones ha destacado la necesidad de que en los países donde
hubiesen ocurrido desapariciones forzadas se pusiese inmediato fin a
esa práctica, instando asimismo, a los gobiernos a que lleven a cabo
los esfuerzos necesarios para determinar la situación de esas
personas. Además, a
propuesta de la Comisión, la Asamblea General de la OEA ha declarado
que la desaparición forzada de personas en América constituye un
crimen de lesa humanidad.2
9. Por
otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
sentencia de 29 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez,
declaró lo siguiente:
La práctica de desapariciones, además de violar directamente
numerosas disposiciones de la Convención (...),
significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto
implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad
humana y de los principios que más profundamente fundamentan el
sistema interamericano y la misma Convención.1
10. Que
el Artículo 42 del Reglamento de la Comisión establece lo siguiente:
Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición
y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del
Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de
conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no
suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de
otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa.
11. Que
al no ser aplicable el procedimiento de solución amistosa (Artículo
48. 1. f, de la Convención), por la naturaleza misma de los hechos
denunciados y por la ausencia de respuesta de parte del Gobierno, la
Comisión debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50,
inciso 1, de la Convención Americana, emitiendo sus conclusiones y
recomendaciones sobre la denuncia sometida a su consideración.
LA COMISION INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS,
RESUELVE:
1.
Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación
del 15 de septiembre de 1989, relacionados con la detención y
posterior desaparición de Coqui Samuel Huamalí Sánchez por parte de
agentes del estado peruano, el 23 de agosto de 1989.
2.
Declarar que el Gobierno del Perú no ha cumplido con las
obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías impuestas
por el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3.
Declarar que tales hechos constituyen violaciones del derecho a
la vida y al derecho a la libertad consagrados en los Artículos 4 y 7
de la Convención.
4.
Formular al Gobierno de Perú las siguientes recomendaciones (Artículo
50, inciso 3 de la Convención y Artículo 47 del Reglamento de
Comisión):
a. Realice una exhaustiva,
rápida e imparcial investigación sobre los hechos denunciados, a fin
de identificar a los responsables y someterlos a la justicia, para que
reciban las sanciones que tan grave conducta exige.
b. Adopte las medidas
necesarias para evitar la comisión de hechos similares en lo sucesivo.
c. Repare las
consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de
los derechos antes enunciados y pague una justa indemnización
compensatoria a las partes lesionadas.
5.
Transmitir el presente informe al Gobierno del Perú para que
éste se pronuncie sobre las medidas adoptadas para solucionar la
situación denunciada dentro del plazo de 3 meses contados a partir de
la fecha de remisión. El
Gobierno no está facultado para publicar el presente informe,
conforme lo estipulado en el Artículo 50 de la Convención.
6. Si
transcurrido el plazo de 3 meses el caso no ha sido solucionado por el
Gobierno del Perú, la Comisión podrá emitir su opinión y
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración en virtud
del Artículo 51.1 de la Convención, e incluirá el presente informe
en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 63, inciso g, del
Reglamento de la Comisión.
1. Cf. Informe Anual 1978, 1980-1981, 1982-1983,
1985-1986, 1986-1987.
2.
Cf. Res. 443 (IX-0/79), 510 (X-0/80), 543
(XI-0/81), 618 (XII-0/82), 666 (XIII-0/83) y 742
(XIV-0/84).
1. Cf.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez,
Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C. No. 4, párr. 158.
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