SURINAME

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos produjo dos informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en Suriname desde que el gobierno constitucional de ese país fuera derrocado por un golpe militar en 1980. Además, la Comisión ha informado sobre los derechos humanos en Suriname en sus diversos informes anuales desde 1983. La Comisión ha efectuado también cuatro visitas in loco a Suriname y una a la vecina Guayana Francesa (para investigar la situación de los Cimarrones surinameses exilados allí) durante este periodo.

 

En 1987, con la adopción de una nueva Constitución, la celebración de elecciones nacionales, la selección de un Jefe Ejecutivo y gabinete, todos civiles, y su instalación legal a principios de 1988, la Comisión, junto al pueblo de Suriname, esperaban el retorno a una democracia constitucional, paz social y el retiro del Ejército surinam6s de sus funciones civiles gubernamentales volviendo a sus cuarteles.

 

Desafortunadamente ese no fue el desarrollo de los acontecimientos. En su informe anual 1988-89 la Comisión publicó cinco resoluciones sobre casos individuales y colectivos --todos relativos a violaciones al derecho a la vida-- en Suriname. Hasta la fecha, el Gobierno de Suriname no ha implementado ninguna de las recomendaciones contenidas en esas resoluciones.

 

Durante el periodo cubierto por este informe, contrariamente a las conclusiones de la Comisión en los dos años previos, ha aumentado notablemente la incidencia de violaciones a los derechos humanos en Suriname, así como la violencia generalizada.

 

Para entender estos acontecimientos es importante contextual izarlos históricamente. Desde fines de 1986 y en 1987, un movimiento guerrillero cimarr6n, conocido como el Comando de la Jungla, liderado por el ex-Sargento Ronnie Brunswijk, se rebeló contra el Ejército, encabezado entonces por el dictador militar, Teniente Coronel Desi Bouterse.

 

La represión del Ejército fue inmediata, violenta e indiscriminada contra el pueblo Cimarr6n. (Los Cimarrones, también conocidos como Bushnegroes, son descendientes de esclavos africanos fugitivos y constituyen un diez por ciento de la población). Como consecuencia de la represión miles de Cimarrones y cientos de Amerindios fueron desalojados de sus tierras y hogares. Mis de 200, incluyendo mujeres y niños fueron muertos. Aproximadamente diez mil Cimarrones huyeron a la Guayana Francesa y un número similar se refugió en la ciudad capital, Paramaribo. Las resoluciones referidas anteriormente se relacionan con algunos de estos casos.

 

Sin embargo, en 1988, fue instalado un nuevo Gobierno, elegido democráticamente y, una de sus primeras tareas fue negociar el fin de la lucha entre el Ejército y los Cimarrones. A tal f in, se preparó un acuerdo tripartito entre los gobiernos de Francia, Suriname y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para proveer un retorno seguro de los Cimarrones surinameses que habían buscado santuario en campos cerca de St. Laurent, Guayana Francesa.

 

Además, el Gobierno negoció un acuerdo de paz con el Comando de la Jungla, acuerdo conocido como los Acuerdos de Kourou. En este pacto se prevé entre otras cosas, que el Comando de la Jungla serviría como fuerza policial en las áreas Cimarrones del este y centrosud de Suriname.

 

Antes de que los acuerdos de Kourou pudieran ser implementados, sin embargo, el Jefe del Ejército, Teniente Coronel Bouterse, los denunció como, "traición" e "inconstitucionales". Desde esa fecha el rol de Bouterse y el Ejército ha crecido a tal punto que el gobierno civil debidamente electo tiene, en realidad, un papel secundario en el proceso de pacificación, habiendo sido reemplazado prácticamente por el Ejército.

 

Esto comenzó con una serie de encuentros, cara a cara, entre el Teniente Coronel Bouterse y el líder del Comando de la Jungla, Brunswijk, en los cuales ambos llegaron, por un periodo de tiempo,, a un aparente modus vivendi.

 

Así, a principios de octubre de 1989 la ciudad de Moengo, el centro de bauxita de Suriname,, fue ocupada pacíficamente por el Comando de la Jungla con la aceptación del Ejército. Algún tiempo después, sin embargo, un grupo de Amerindios llamados Tucayama Amazonas, alegadamente organizados y armados por el Ejército, efectuaron un ataque sobre las fuerzas del Comando de la Jungla en Moengo. Los informes indican que veinte personas murieron en la lucha.

 

La Comisión ha sido informada que el Ejército se aprovecha de viejas querellas que los Amerindios tienen contra los Cimarrones, quienes se asentaron relativamente tarde en tierras que originalmente eran ocupadas por los Amerindios. Parecería que el Ejército ha convencido a algunos Amerindios que los Acuerdos de Kourou otorgaron ventajas injustas

a los Cimarrones.

 

Desde ese ataque inicial, los Amerindios se han dividido en pro-ejército y anti-ejército, y los primeros se trenzan en lucha contra la policía a instancias del Ejército, rival histórico de la Policía. Esa facción Amerindia ha estado también comprometida en detenciones arbitrarias y muertes de otros Amerindios que se oponen a la militarización de los Indios que lleva a cabo el Ejército.

 

Un incidente que ocurrió en enero de 1990, es evidencia de la complicidad entre el Ejército y la facción pro-Ejército de los Tucuyama. En el mismo, jefes Tucaya mantuvieron una conferencia de prensa televisada desde la oficina del Teniente Coronel Bouterse. Los lideres declararon públicamente "guerra contra la policía nacional" y amenazaron a dos periodistas que identificaron por sus nombres. Aunque el Teniente Coronel Bouterse no estaba presente, dos oficiales de Inteligencia del Ejército podían verse claramente detrás en la pantalla televisiva. Dos días después el Teniente Coronel Bouterse negó tener previo conocimiento del hecho, aunque no lo condenó.

 

La violencia entre los grupos pro y anti-ejército fue particularmente intensa durante febrero de este año. El 5 de febrero de 1990, el Ejército, en un intento de proteger a sus aliados Amerindios, atacó a los rebeldes, e informes que llegaron a la Comisión indican que al menos catorce Indios fueron muertos. Además, varios Indios insurgentes fueron capturados y mantenidos incomunicados.

 

Según los informes, un caso peculiar ocurrió al comienzo de estas hostilidades. Once Indios insurgentes huyeron a Guayana buscando seguridad, pero fueron detenidos y entregados al Ejército surinam6s por las autoridades de inmigración de Guayana. Los once fueron trasladados a Paramaribo donde se los mantuvo detenidos. Alrededor del 19 de febrero de 1990, cuatro de los prisioneros fueron aparentemente Llevados en un pequeño avión al oriente de Suriname, llamado Apoera, donde debían dar testimonio respecto a la insurgencia anti-Ejército. Fueron llevados por un piloto y un oficial del Ejército que luego indicaron que estaban desarmados. El oficial y el piloto sostienen que, de pronto, 30 desconocidos enmasca­rados aparecieron y se llevaron a los cuatro prisioneros, los cuales no fueron vistos nunca más. El piloto y el oficial volaron de regreso a la capital. Desde que esto ocurriera, la Comisión ha abierto un caso al respecto (Caso 10.520) y está a la espera de la información del Gobierno. Entretanto, las viudas de los once Indios han mantenido una vigilia pacifica frente al Palacio Nacional reclamando una explicación de lo acontecido.

 

Además de estos incidentes, que por lo general ocurrieron en zonas rurales, han ocurrido una serie de incidentes preocupantes en Paramaribo.

 

El 6 de diciembre, a las 3 de la mañana, una persona no identificada hizo siete disparos contra el hogar de Stanley Rensch. El señor Rensch es un importante abogado en la lucha por los derechos humanos en Suriname. Al día siguiente el Sr. Rensch viajo por temor a Holanda, donde vive actualmente.

 

Además, otros activistas de derechos humanos han sido amenazados en los últimos meses.

 

Han habido otras instancias de violencia urbana en Suriname, un tradicionalmente con bajo índice criminal.

 

Así, en diciembre de 1989, un tiroteo desde un vehículo en Paramaribo central dejó un policía muerto y dos heridos. Nadie ha sido procesado aún por este crimen.

 

El 8 de diciembre de 1989, desconocidos prendieron fuego a la sede de los Tribunales en el centro de Paramaribo, arrasándola. Nadie ha sido procesado.

 

El 30 de diciembre de 1989, una granada de mano fue arrojada a través de la ventana de la casa del Ministro de Finanzas Munzur, destruyéndola en gran parte. Nadie ha sido procesado.

 

En enero de 1990 la esposa de un policía fue asesinada a tiros desde un automóvil.

 

Además, han habido informes de brutalidad policial (aunque no de tortura), interferencia con la correspondencia postal, requisamiento de pasajeros por la Policía Militar en el aeropuerto, y de limites a viajes por el interior.

 

El cuadro que emerge lleva a dos conclusiones generales. Primero, las autoridades legalmente electas no tienen control de la situación militar en Suriname. Segundo, el Ejército es, de facto, quien controla el poder en el país. Actúa con impunidad, violando los derechos humanos de los ciudadanos, sean policías, lideres civiles, Cimarrones o Amerindios, cuando así lo considera conveniente. Un hecho preocupante es que ha utilizado la muy delicada relación que existe entre diferentes grupos raciales en este país, étnicamente complejo, en provecho de sus propios fines, o sea el mantenimiento de su virtual monopolio de poder. Una de las más serias consecuencias de la violencia ejército-grupos étnicos, ha sido la falta de alimentos y medicinas en el interior del país, de donde llegan informes alarmantes de hambre y enfermedades.

 

Pese al hecho que el Ejército ha recurrido a la fuerza excesiva y violado el derecho humanitario en los conflictos internos, varios derechos humanos contenidos en la Convención Americana han sido paradójicamente respetados en Suriname. Así, por ejemplo, las libertades de religión, reunión y de expresión, son generalmente practicadas sin problemas. También es de importancia un proyecto de ley recientemente aprobado por la Asamblea Nacional, pero que todavía no ha sido promulgado en forma de ley por el Presidente Shankar, el cual despojaría a la policía militar de Suriname de poderes para arrestar a ciudadanos. La Comisión considera que la puesta en vigencia de esta ley representará un avance significativo en el respecto de los derechos humanos en ese país.

 

La promulgación como ley de este proyecto legislativo constituiría un primer paso hacia el establecimiento de la verdadera democracia en el sentido que los militares deben de ser subordinados a las autoridades civiles elegidas. Además, es imperativo que las autoridades en el Ministerio de Justicia, la oficina del Procurador General y la fuerza policial civil tomen apropiadas medidas para investigar y enjuiciar los crímenes que constituyen violación a los derechos humanos. A menos que las autoridades constitucionales de Suriname puedan ejercitar reales poderes policiales con el propósito de garantizar la seguridad pública, la democracia en Suriname no será efectiva.

 

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