NICARAGUA

 

La Comisión ha observado con especial atención el desarrollo de la situación de los derechos humanos durante el periodo que va desde septiembre de 1989, fecha de aprobación de su Informe Anual 1988-1989, hasta el mes de abril de 1990. El objeto de esta sección es presentar los hechos más relevantes en materia de derechos humanos ocurridos durante el período mencionado, completando de esta forma la información que la Comisión ha venido presentando desde el año 1978, fecha de su primer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, elaborado a solicitud de la XVII Reunión de Consulta, que fuera complementado luego con su Informe de 1981, el elaborado sobre la situación de los indígenas Miskitos en 1984 y en los sucesivos informes anuales elevados a la Asamblea General.

 

El periodo cubierto por la presente sección ha sido dominado por la campaña que culminó en las elecciones del 25 de febrero de 1990 en las que triunfara la Unión Nicaragüense Opositora con el 55,2% de los votos, llevando a la Presidencia a la señora Violeta Barrios de Chamorro y a la Vicepresidencia al señor Virgilio Godoy. Los candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el poder y que obtuvieron el 40,8 de la votación, habían sido el comandante Daniel Ortega y el señor Sergio Ramírez Mercado.

 

Un aspecto de especial importancia ocurrido durante el periodo que cubre este Informe, fue el indulto concedido el 7 de febrero de 1990 a las 39 personas que fueran excluidas del indulto del 17 de marzo de 1989 y a la totalidad de personas procesadas y condenadas bajo las disposiciones de la Ley de Mantenimiento de la Seguridad y el Orden Público. Tal medida fue adoptada luego que la candidata de oposición anunciara su decisión de liberarlos inmediatamente si ganaba las elecciones y que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a través de Su Eminencia, Cardenal Miguel Obando Bravo, solicitara la liberación de esas personas en la etapa previa a las elecciones y no después de ellas como había sido anunciado por el Presidente Ortega.

 

La puesta en libertad de tales personas el 14 de febrero de 1990 viene a cumplir con una recomendación formulada reiteradamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión ha podido constatar que contra estas personas se produjo una campaña de graves acusaciones por parte del Gobierno y la prensa afín a él. La Comisión ha sido informada, además, que las personas liberadas fueron objeto de amenazas por parte de altos funcionarios gubernamentales en el momento previo a ser liberados, generando fundados temores acerca de su seguridad personal. Aducen al respecto estas personas que aun cuando se haya producido un cambio de las más altas autoridades, las instituciones como la Policía y la Seguridad del Estado seguirán controladas por funcionarios pertenecientes al Frente Sandinista y eso los lleva a temer por su seguridad personal. La Comisión espera que le sean concedidas todas las garantías y facilidades para que esas personas gocen a plenitud de sus derechos.

 

Diversas irregularidades fueron denunciadas por los partidos de oposición durante la campaña electoral, algunas de las cuales fueron satisfechas por el Consejo Supremo. La de mayor gravedad fueron los disturbios producidos en Masatepe, durante una manifestación de la UNO el 10 de diciembre de 1989, en el cual resultó muerto un simpatizante de esta agrupación en incidentes con grupos del Frente Sandinista. Las circunstancias y responsabilidades no pudieron ser cabalmente esclarecidas. Cabe mencionar que la Policía Sandinista no intervino para imponer orden. También fue denunciado por los partidos políticos de oposición durante el proceso electoral el desigual acceso de los contendores a los medios de comunicación en beneficio del Frente Sandinista durante toda la campaña. También una modalidad preocupante que se desarrolló durante la campana electoral fue el recurso al hostigamiento y a la intimidación de opositores al Gobierno, lo cual provocó la renuncia de numerosos candidatos a legisladores y a los Consejos Municipales. El partido en el Gobierno, por su parte, indicó que sus partidarios también habían sido objeto de amenazas especialmente en las regiones en que se encontraba activa la Resistencia Nicaragüense.

 

En lo que se refiere a las condiciones generales en que se llevó a cabo el proceso electoral debe señalarse que el mes de noviembre de 1989, durante la cumbre de Presidentes centroamericanos de San Isidro Coronado, en Costa Rica, el Presidente Daniel Ortega anunció que no renovaría la declaración unilateral de cese de fuego con los combates contra la Resistencia nicaragüense debido a la continuación de los ataques por parte de ésta. El 20 de diciembre siguiente, con motivo de la invasión de las tropas de Estados Unidos a Panamá, el Ministerio de Defensa de Nicaragua emitió un comunicado en el cual se dan las instrucciones en caso de invasión a Nicaragua, entre las cuales se encontraba la de

 

En caso de la intervención yanque ... aplicar los planes de corte y ejecución de todos aquellos elementos vendepatrias más recalcitrantes que tanto abierta como solapadamente han venido alentando la intervención yanque.

 

Este comunicado despertó una ola de protestas entre la oposición y organizaciones independientes provocando que el propio Consejo Supremo Electoral dirigiera una. nota al Ministro de Defensa solicitando una explicación sobre la forma en que las medidas anunciadas en el comunicado afectarían el desarrollo de la campaña electoral. De acuerdo con la respuesta a tal comunicación, el Gobierno no afectaría el normal desarrollo de las actividades proselitistas.

 

La Comisión Interamericana debe resaltar la trascendencia de que la elección realizada en Nicaragua el 25 de febrero de 1990 se haya llevado a cabo con total corrección y respeto a las normas establecidas, con un escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones por parte del Consejo Supremo Electoral y en un ambiente de paz, con alta participación de la población. La Comisión está convencida que ese acto electoral, al igual que la pacifica transferencia del poder que lo sucedió el 25 de abril pasado, son en si mismos una importante contribución a la paz y a la vigencia de los derechos humanos. La Comisión espera que esos actos sean también el inicio de la solución de los graves problemas que afectan a la sociedad nicaragüense.

 

Producidas las elecciones con el resultado mencionado en la primera parte de esta sección, se han llevado a cabo numerosas medidas por parte del Gobierno. Así, se concedió una amnistía amplia que cubre todos los delitos que puedan haberse cometido durante estos últimos diez años, incluidos aquellos delitos económicos cometidos en ejercicio de la función pública y los que habrían provocado violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el Gobierno procedió a conceder la propiedad de alrededor de diez mil viviendas que habían sido confiscadas después del triunfo de 1979 y que estaban siendo usadas por personas individuales o funcionarios gubernamentales.

 

Las elecciones han sido seguidas por un periodo de difíciles negociaciones tendientes a enfrentar los graves problemas que aquejan a la sociedad nicaragüense. Así, se considera que debe separarse el Ejército Popular Sandinista del Partido y lograrse su subordinación al poder civil, al igual que la subordinación de los organismos dependientes del Ministerio del Interior: la Policía Sandinista, la Seguridad del Estado y el Sistema Penitenciario Nacional. La desmovilización de la Resistencia nicaragüense constituye otro problema de difícil solución en el que están colaborando activamente la Iglesia Católica, a través de Su Eminencia Cardenal Obando Bravo, ONUCA y la Comisión de Seguimiento y Verificación. De especial importancia para el nuevo Gobierno será emprender la tarea de recuperar las armas que hoy se encuentran en manos de la población civil.

 

Debe señalarse, por último, que espera una gran tarea para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, cuya vigencia se ha visto seriamente afectada por un conjunto de factores tanto internos como externos --conflicto armado, bloqueo económico y mala administración económica, entre otros-- conduciendo a un agudo deterioro en las condiciones de vida, en especial, de los sectores más desfavorecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su esperanza que la primera transferencia democrática del poder en la historia reciente de Nicaragua, después de un positivo ejercicio de los derechos políticos, sea un paso decisivo en el logro de soluciones enmarcadas en las instituciones democráticas y con el pleno respeto de los derechos humanos, incluidos, por cierto, los derechos económicos, sociales y culturales en cuya consecución tiene también una responsabilidad la comunidad internacional.

 

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