GUATEMALA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace más de 10 años ha ido informando año tras año a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos sobre la evolución y el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Guatemala. La CIDH, además, ha elaborado tres informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en dicho país y realizado dentro de la pasada década tres visitas in loco, en 1982, 1985 y 1988 y la última, entre el 28 de enero y 3 de febrero de 1990.

En su. 76º período de sesiones que tuvo lugar del 18 al 29 de septiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró la invitación oficial del Gobierno de Guatemala para que la CIDH efectuase una visita "in loco" a Guatemala con el objeto de hacer las investigaciones que considerase necesarias respecto a los hechos ocurridos en noviembre de 1988 en la Aldea "El Aguacate" (caso 10.400), y pudiese comprobar "que la jurisdicción interna estaba operando y que, en consecuencia, no se había agotado". La Comisión agradeció dicha invitación, designó de acuerdo con su, Reglamento una Comisión Especial para tal efecto y, de común acuerdo con el Gobierno de Guatemala, envió con una semana de anticipación, del 22 al 28 de enero, a un funcionario de la Secretaria para iniciar las gestiones de la visita y se constituyó en dicho país entre el 29 de enero y el 3 de febrero del año 1990. Las actividades cumplidas por la Comisión Especial en dicha visita se hallan descritas en el Capitulo II del presente informe.

Durante el período a que se refiere el presente informe, la CIDH ha recibido amplia colaboración del Gobierno de Guatemala no sólo para la realización de la citada visita in loco, sino también para la tramitación de las denuncias presentadas a la Comisión. Sobre este particular cabe también destacar el importante cambio operado dentro del Ministerio de Defensa, antes receloso y reacio a colaborar con las investigaciones de las entidades de derechos humanos, el cual recientemente ha creado una oficina especializada para colaborar y apoyar las tareas de los organismos internacionales de derechos humanos con la finalidad de facilitar su trabajo y hacer viables sus investigaciones. Asimismo, cabe destacar que el Gobierno de Guatemala ha venido promoviendo activamente las investigaciones solicitadas por la CIDH y proporcionando informes especiales sobre los progresos logrados en materia de derechos humanos y sobre las desapariciones y ejecuciones ilegales de personas. Igualmente, a través de un representante se ha hecho presente en los períodos de sesiones de la Comisión con la finalidad de informar sobre el desarrollo de los hechos y acontecimientos acaecidos en la República de Guatemala.

Durante este mismo período, en materia de derechos políticos, la Comisión se complace en comprobar que, pese a todas las dificultades que ha tenido que confrontar, el proceso de consolidación e institucionalización de la democracia en Guatemala ha registrado considerables avances.

El Gobierno constitucional del Presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo instaurado en enero del año 1986, después de muchos años de dictaduras militares, concluirá al final del presente año su mandato después de cinco años de gestión, dando paso a que se instale una nueva administración democrática en Guatemala a través de un proceso electoral que deberá llevarse a cabo en octubre del año en curso y que, de acuerdo con la Constitución y las leyes de Guatemala, dará lugar al cambio de mando el próximo mes de enero de 1991.

Para el próximo proceso electoral Guatemala cuenta con más de una docena de personas que aspiran a la Presidencia de la República. El gobernante partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) postulará a su Secretario General, Lic. Alfonso Cabrera; la Unión del Centro Nacional (UCN), el mayor partido de oposición del Gobierno, lanzará la candidatura de su máximo líder, quien también es director y propietario del importante matutino "El Gráfico" señor Jorge Carpio Nicolle; por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), de centro derecha, va como candidato el señor Alvaro Arzú, ex Alcalde de la ciudad de Guatemala electo en 1985 con una votación superior a la que logró el propio Presidente Cerezo en el distrito metropolitano; el Movimiento Acción Solidaria (MAS), vinculado con la Internacional Liberal presenta nuevamente la candidatura del ingeniero Jorge Serrano Elías quien alcanzó, después del Presidente Cerezo y el señor Carpio la tercera posición en las pasadas elecciones de 1985; el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), de derecha, liderado por el señor Sandoval Alarcón, ha designado como precandidato al señor Miguel Ayau, Rector de la Universidad Francisco Marroquin; un sector con importante apoyo político ha promovido la candidatura del ex-Jefe de Estado General Efraín Ríos Montt, candidatura que ha sido cuestionada como contraria a la Constitución según la cual ningún jefe o caudillo de un movimiento militar puede aspirar a la Presidencia, lo que ha sido confirmado recientemente por la Corte de Constitucionalidad que ha declarado que el General Ríos Montt no podía presentarse como candidato a tales comicios; el Partido Revolucionario (PR) ha seleccionado al ex Alcalde de Guatemala, señor José Angel Lee para la nominación a la presidencia; el Partido Socialista Democrático (PSD) de izquierda, presenta la candidatura del señor René de León Schlotter, presidente honorario y fundador de dicho partido que perdió en las elecciones primarias de agosto último frente a don Alfonso Cabrera.

En el curso del semestre a que se refiere el presente informe, la Comisión ha continuado recibiendo múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que afectan principalmente al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal y a la falta de garantías de debido proceso, siendo de todos ellos el derecho a la vida el que resulta más seriamente afectado como resultado de los secuestros, desapariciones y ejecuciones sumarias que se registran casi diariamente y a veces con dos o tres víctimas al día , lo que es de conocimiento de la Comisión por las múltiples denuncias que diariamente recibe y también lo que es de conoci­miento público en Guatemala y en todas partes, por las informaciones que se publican en los órganos de expresión de la Ciudad de Guatemala y se retrasmiten al extranjero. La práctica de la desaparición forzada de personas, como la Comisión lo ha hecho notar con preocupación a las autoridades guatemaltecas, ha recrudecido con las mismas características alarmantes a que se hizo referencia en pasados informes anuales de la Comisión. Igualmente, han continuado las campañas de asedio, amedrentamiento y agresión física y de graves amenazas de muerte en contra de los directivos de organismos de derechos humanos y de las entidades sindicales, laborales y universitarias.

De otro lado, como agente o como causa de la violencia, ha caracterizado también este período la reactivación de la actividad guerrillera a través de múltiples actos de terrorismo y hostigamiento en diferentes zonas de Guatemala, entre otras, en la zona de Santa Lucia Cotzumalguapa, en el Departamento de Escuintla, atacando el Cuartel Militar N' 12 con asiento en dicha localidad, empleando lanza cohetes y equipo militar pesado. Asimismo, en el área del Quiché en los alrededores del Cuartel Militar de Pueblo Nuevo se produjo una fuerte confrontación que ocasionó 29 bajas a los insurgentes y 17 bajas al Ejército, además de daños a un helicóptero, según fuente de la agencia Cerigua. Se presentaron también casos en el Departamento de El Petén, en las inmediaciones de la Aldea "Las Pozas", en Sayaxché en los que la guerrilla capturó y secuestró a un grupo de soldados. Asimismo en Chimaltenango, en las proximidades del cerro Balanjuyu, un campesino fue alcanzado por una bomba "claymore" dejada en la ruta con destino a causar daño a personal de Ejército. Igualmente se conoció que en el anillo periférico cerca de la Colonia Lo De Bran, se produjo un ataque en contra de policías militares. También la población del Quiché, en el Departamento del mismo nombre, fue ocupada militarmente por guerrilleros del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), quienes lanzaron ataques al edificio de la Municipalidad, a la Sub-Estación de Policía, a la Comandancia de la Patrulla de Defensa Civil y distribuyeron entre la población panfletos y propaganda. En la misma zona del Quiché, en el valle de Ixcan, grupos guerrilleros efectuaron incursiones en las localidades de Pueblo Nuevo, Santa Cruz y Tercer Mundo. Grupos de repatriados agrupados en cooperativas agrícolas al norte de dicho departamento, habrían sido asesinados por guerrilleros, los que al mismo tiempo causaron daños a la infraestructura, destruyendo puentes y carreteras con el propósito de aislar completamente a dicha cooperativa, la que habría sufrido la pérdida de 11 personas en esta acción. En Huehuetenango la subversión hizo detonar una bomba destruyendo el local del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas. En el Departamento Suchitepequez, un grupo de 200 guerrilleros bloqueó temporalmente un tramo carretero entre Nahualate y Chicacao, efectuando un mitin en contra del Gobierno, ocasionando un bloqueo en dicha área de circulación.

Según se ha dicho, la guerrilla ha pasado de las emboscadas convencionales y el cobro de "impuestos de guerra" en las carreteras del suroccidente del país, al hostigamiento directo de destacamentos militares y subestaciones policiales, así como a la destrucción de infraestructura económica en áreas de producción destinada a la exportación y en municipios circunvecinos a la ciudad capital. En el Congreso de la República algunos diputados han solicitado garantías y seguridades contra acciones de la guerrilla señalando que sus actividades atentan cada día más contra la economía y la infraestructura de Guatemala.

Coincidente con este recrudecimiento de la violencia antiguberna­mental, la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG), a través de pronunciamientos que los diarios de la capital publican sin ninguna restricción, han expresado, por su parte, su protesta por el calificativo de "terroristas" que se viene dando por la prensa y demás sectores a los actos realizados por la guerrilla en su lucha por la justicia social del pueblo de Guatemala y su consternación por la ola represiva desatada, según indican, por el Gobierno en contra de todos los sectores de la sociedad guatemalteca, expresando, finalmente, que la RUOG se adhiere al frente nacional contra la violencia y que no cejará en su esfuerzo de exigir de la comunidad internacional un tratamiento a Guatemala acorde con la situación de los derechos humanos.

Los primeros hechos graves de violencia registrados durante el período a que se refiere el presente informe, tuvieron lugar entre el 23 de agosto y el 10 de setiembre de 1989, cuando la Comisión fue informada que diez estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala habían sido secuestrados. Sus nombres son los siguientes: Silvia María Azurdia Utrera, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, Iván Ernesto González, Carlos Contreras Conde, Hugo Leonel Gramajo, Mario Arturo de León, Carlos Leonel Chuta Camey, Carlos Humberto Cabrera, Eduardo Antonio López Palencia y Aaron Ochoa. La Comisión ha iniciado la tramitación de un caso por los hechos en cuestión bajo el Nº 10.441.

Cuatro de los estudiantes secuestrados aparecieron muertos el 10 de septiembre y otro cadáver más se halló el 21 del mismo mes. Tal como se acostumbraba en tiempos que parecían ya superados, casi todos los cadáveres de los estudiantes tenían perforaciones de bala, estaban mutilados, con las manos amputadas y muestras de haber sido sometidos a crueles torturas. El hecho revestía todas las características del terrorismo de amedrentamiento por exhibición de horrores. Con este motivo, se suscitó una protesta internacional a la que se sumaron prácticamente todas las entidades no gubernamentales de derechos humanos e inclusive la propia Comunidad Europea, la que expresó su preocupación por esta escalada de recrudecimiento de violencia y de terrorismo que vivía Guatemala.

Estos hechos, no obstante haberse iniciado una investigación judicial en Guatemala, continuaron presentándose. Con tal motivo, el Ministro de Defensa de Guatemala, General Héctor Alejandro Gramajo, acusó en forma directa como responsables a un grupo de disidentes del Ejército al servicio de la extrema derecha y del sector privado, manifestando que esos grupos realizaban acciones desesperadas y reñidas con la ley al fracasar en su intento de cambiar al Gobierno mediante un golpe de estado.

Víctima también de esta escalada de violencia, que afectó inclusive a miembros del Partido Gubernamental, fue asesinado el señor Danilo Barillas, ex Secretario General de la Democracia Cristiana y ex Embajador de Guatemala en España.

Asimismo, el 31 de octubre se dio cuenta de un informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que hacia referencia al hallazgo de cinco cadáveres de hombres no identificados encontrados en una finca ubicada a 14 kms. al sur de la Ciudad de Guatemala, todos ellos con muestras de haber sido sometidos a torturas. Igualmente se tuvo conocimiento también del hallazgo ese mismo día de otros seis cadáveres y del asesinato de siete personas, registrando 24 víctimas el último día de dicho mes.

A los secuestros, asesinatos y reapariciones de cadáveres en la vía pública se sumó a mediados del mes de septiembre una serie de atentados con bombas en distintos lugares de la República de Guatemala. Por su parte también, el propio Presidente de la República, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, declaró que dichos actos de terrorismo estaban destinados a provocar una situación de inestabilidad en el país con la finalidad de que se instaurase nuevamente en Guatemala un régimen militar. Asimismo el Presidente Cerezo declaró, durante un discurso pronunciado ante el Congreso Trienal de la Internacional Demócrata Cristiana (IDC), que se realizaba en esos momentos en Guatemala, que terroristas infiltrados en los cuerpos de seguridad del Estado eran los responsables de esta ola de violencia que en las últimas semanas había causado la muerte a casi 20 dirigentes estudiantiles secuestrados. Por tal motivo, el Jefe de Estado pidió a las organizaciones populares no caer en la trampa de quienes estaban tratando de provocar un enfrentamiento entre todos los sectores y el Gobierno, para sembrar la semilla de la discordia y lograr el rompimiento de la institucionalidad Constitucional, calificando tales actos como un "complot" que se estaba desarrollando contra la democracia guatemalteca, manifestando que ello constituía un gran reto "a nuestras convicciones". Finalmente, el Jefe de Estado dijo que era decisión del Gobierno el enfrentar al terrorismo con todas sus fuerzas, a pesar de que puedan estar implicadas a1gunas personas relacionadas con los organismos de seguridad del Estado. La Comisión desconoce el resultado de las investigaciones gubernamentales al respecto.

En tanto así se expresaba el Jefe de Estado de Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibía cientos de denuncias y protestas por los hechos antes comentados. Pese a esta situación de extrema violencia, el Gobierno Constitucional manejó la situación en la medida de sus posibilidades descartando recurrir a la suspensión de garantías o a la imposición del estado de sitio en Guatemala.

A fines del mes de septiembre, con motivo de su viaje a la ciudad de Nueva York con la finalidad de intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente Cerezo declaró que durante los ú1timos tres años su Gobierno había tratado de crear las condiciones para producir un clima de estabilidad a largo plazo y que contra ésto, precisamente, atentaban los asesinatos perpetrados por grupos de ultra derecha a los que calificó de fascistas y autores de los hechos del secuestro, tortura y muerte de sindicalistas, periodistas y estudiantes, hechos éstos cometidos con el fin de provocar inestabilidad en el país, no descartando que entre ellos figurasen ex-oficiales de las fuerzas de seguridad. Expresó estar dispuesto a someter a juicio a los autores de estos hechos aclarando que por el momento, aparte de las acusaciones, sospechas y temores se carecía de pruebas suficientes que sirvieran para inculpar y llevar a los tribunales a los autores.

Otro hecho grave se registró a fines del mes de diciembre cuando el ciudadano de nacionalidad nicaragüense señor Jorge Vargas, quien se desempeñaba como Segundo Secretario de la Embajada de Nicaragua en Guatemala, fue asesinado de seis balazos de grueso calibre por desconocidos que lo atacaron mientras caminaba por la calle 20 y 15 avenida de la Zona 10 del sur de la capital, momentos después de haber salido de su residencia. De acuerdo con testigos presenciales, el señor Vargas fue acribillado a balazos de un vehículo de color blanco desde el cual varias personas lanzaron diferentes ráfagas de ametralladora en su contra. Se tuvo conocimiento asimismo, que previamente los funcionarios de dicha misión diplomática habían recibido reiteradas amenazas de muerte.

Continuando con los hechos que afectan al derecho a la vida, el primer asesinato grave con que se dio inicio a la década de los 90 tuvo lugar el 12 de enero de 1990, cuando el ciudadano salvadoreño Héctor Oqueli Colindres, dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario y de Convergencia Democrática de El Salvador, segundo hombre del líder salvadoreño Guillermo Ungo fue secuestrado cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de Guatemala por un grupo de personas fuertemente armadas, quienes lo introdujeron a un automóvil y se lo llevaron con rumbo desconocido. Acompañaba al señor Oqueli la Lic. Gilda Amparo Flores Arévalo. Poco después fue hallado el cadáver del aludido dirigente político y el de la Lic. Flores. Los cadáveres, sin muestras de tortura, presentaban un balazo en la cabeza cada uno.

De acuerdo con testigos presenciales que observaron personalmente los hechos, los secuestradores les cruzaron el vehículo y por la fuerza saca­ron del auto a quien venia conduciendo que era la Licenciada Flores y mientras ésta pedía auxilio a gritos, el señor Oqueli abrió la manizuela de la puerta derecha y trató de escapar corriendo pero fue perseguido y alcanzado.

El Gobierno de Guatemala, mediante un comunicado oficial, expresó severa condena por el hecho expresando que adquiría un compromiso sólido para esclarecerlo a efecto de no dejarlo en la impunidad. Seguidamente ordenó un operativo "extraordinario" de investigación que incluía el cierre de las fronteras y anunció que pediría ayuda internacional para capturar al comando extranjero que lo había realizado.

Con posterioridad a estos graves hechos, han continuado repitiéndose los casos de secuestros, desapariciones y ejecuciones sumarias de personas, en todos los cuales existe el mismo, patrón común: se realizan abiertamente a cualquier hora del día y de la noche, en cualquier lugar de Guatemala y sin importar la presencia de testigos presenciales; los secuestradores utilizan automóviles o camionetas sin placas o con placas robadas; ninguna persona y menos autoridad policial hace nada por impedir tales hechos; las investigaciones no concluyen a ningún resultado y los órganos responsables se inculpan el uno al otro por la falta de investigación.

En cuanto a la libertad e integridad personal, la Comisión ha recibido muchas denuncias por detenciones ilegales y malos tratos y torturas, pero dentro de todas ellas sin duda, una de las más graves se refiere al hecho ocurrido el 2 de noviembre de 1989, día en que el Arzobispo Metropolitano de Guatemala, Monseñor Próspero Penados del Barrio, denunció que esa misma noche la religiosa norteamericana Diana Mack Ortiz, de 20 años, Profesora de primaria de la Escuela San Miguel Acatin, del Departamento de Huehuetenango, perteneciente a la Orden de las Ursulinas, había sido secuestrada cuando se encontraba participando en un curso sobre pastorales en la Posada de Belén en Antigua, Guatemala. Al lograr su liberación, veinticuatro horas después, decidió abandonar el país. La religiosa había recibido previamente amenazas de muerte y exhortaciones de abandonar el país. Al llegar a los Estados Unidos la hermana Diana Mack Ortiz rehusó prestar declaraciones a la prensa y a cooperar con la investigación del caso. Su negativa, según se explica, se debió al grave impacto emocional que le causó el secuestro y cautiverio, el martirio al que fue sometida en el que le aplicaron mis de cien quemaduras de cigarrillo que han dejado marcas indelebles en su cuerpo y los maltratos y vejámenes sexuales de que fue objeto.

El Gobierno de Guatemala ha puesto en duda la verosimilitud de la denuncia y reprochó la falta de colaboración de la Hermana Diana con las investigaciones de la policía y las fuerzas de seguridad de Guatemala. El propio Jefe de Estado declaró que en dicho caso no se podía hablar de violación a los derechos humanos porque había sido un hecho perpetrado por grupos extragubernamentales que escapaban del control de las autoridades. Con fecha 8 del mismo mes se conoció la siguiente constancia médica: "La Hermana Diana Ortiz estuvo en nuestras oficinas el día de hoy. En su examen encontramos que ella tiene en su espalda ciento once quemaduras circulares de segundo grado, de aproximadamente un centímetro de ancho, las que se encuentran en proceso de curación sin infección. También ella tiene dos moretones de cerca de tres centímetros uno en su maxilar y otro en el pecho izquierdo. Si puedo ser útil más adelante, por favor hagan contacto conmigo". Firma el doctor G.R. Gutiérrez con oficinas en Medical Group P.A. en 1010 Roosevelt, Grants, Estado de Nuevo México.

La ola de protestas que se levantó en Guatemala incluyó pronunciamientos de prácticamente todos los sectores. La Policía Nacional de Guatemala, sin embargo, aseguró haber detectado que la denuncia había sido fraguada por algunos dirigentes religiosos y la misma monja sobre un hecho inexistente para llamar la atención a gobiernos extranjeros, en especial a Estados Unidos, con el fin de privar a Guatemala de ayuda económica, negando categóricamente haber intervenido en tales hechos. El ex ministro de Gobernación, diputado Roberto Valle Valdizin, restó credibilidad al hecho por lo absurdo que resultaba que las fuerzas de seguridad, que cuentan con sus propios vehículos, hubieran tenido que utilizar, conforme al testimonio de la Hermana Diana, un autobús de pasajeros para el secuestro.

Recuperada parcialmente del impacto emocional y del dolor físico y moral de que fue víctima, la Hermana Diana Mack Ortiz ha decidido presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y colaborar decididamente en la investigación de los hechos. La Comisión, sin prejuzgar la admisibilidad de la denuncia, ha transcrito los graves hechos descritos por la víctima, ahora de dominio público, al Gobierno de Guatemala y solicitado la investigación de los mismos con la esperanza de que en esta oportunidad en que la víctima y testigo sobreviviente de los mismos está dispuesta a colaborar a fondo con la investigación, sea posible identificar no sólo a los responsables directos sino también aquellos que, ocultos, los dirigen y patrocinan desde la clandestinidad. El presente caso ha quedado identificado con el número 10.526.

El 20 de diciembre como a las 7 de la noche, tras recibir muchas amenazas de muerte previas, tres señoritas miembros de las Brigadas Internacionales de Paz que proveen protección mediante la presencia de su compañía a las personas cuyas vidas están en peligro y a los organismos no gubernamentales de derechos humanos, fueron atacadas en una esquina en la que hay una pequeña tienda a una cuadra de su casa y oficina, ubicada en 10-10 Calle Mariscal, Zona 11, cuando regresaban al final de un día normal de labores. Los atacantes corrieron al encuentro de las jóvenes brigadistas Meredith Larsen, de nacionalidad estadounidense, 23 años y Rosa Jeremic y Mitchell Goldberg, canadienses de 28 y 23 años respectivamente, y sin decir palabra alguna, tomándolas totalmente por sorpresa, empezaron a darles de puñaladas en los pechos y los brazos causándoles largas y profundas heridas. La tercera brigadista, que trató de defender a sus compañeras, recibió cortes en sus manos, muñecas y en la cintura. Las brigadistas fueron vistas y escuchadas gritando y tratando de escapar de sus atacantes, quienes finalmente huyeron. En ningún momento los atacantes pidieron dinero o trataron de arrebatarles sus carteras, las que cayeron y quedaron botadas en el pavimento sin que los atacantes hicieran nada por apoderarse de ellas. Con motivo de este incidente que las dejó mal heridas, los brigadistas de paz tuvieron que abandonar el país, no así la organización que, pese a lo ocurrido, continuará prestando sus servicios en Guatemala.

Como antecedentes de este hecho se señala que el 8 del mismo mes de diciembre las brigadistas Rosa Jeremic y Jemmy luego de asistir a una marcha en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde aseguran que era evidente la presencia de cuerpos de seguridad que aparentando vender helados tomaban fotos a los participantes, fueron asaltadas en un bus urbano por cinco hombres que portaban tres revólveres. Rosa al pedir auxilio fue golpeada en la cara. Ninguno del resto de los pasajeros fue molestados.

La agresión a los brigadistas de paz, que por definición son "pacifistas" y están entrenados en el culto de "la no violencia" y en consecuencia no llevan consigo armas de defensa personal de ninguna clase, es muestra de la naturaleza de la violencia que se practica en estos momentos en Guatemala. Esta clase de actos de agresión, asedio y amedrentamiento practicados por pequeñas pandillas de delincuentes mandados y pagados por personas que se ocultan y no dan nunca la cara, pone una y otra vez de manifiesto lo que ha venido sosteniendo la Comisión acerca de la existencia de reales organizaciones de asesinos asalariados que prestan servicios "profesionales" a grupos políticos que, amparados hasta ahora por un velo de anonimato y también de impunidad impenetrables, están dedicados diariamente al planeamiento y ejecución de esta clase de actividades.

En lo que se refiere a la situación del derecho a la libre expresión, pese a que como se ha dicho el Gobierno no pone dificultades al ejercicio de este derecho, a fines del mes de diciembre de 1989 se inició una campaña de amenazas y de intimidación en contra de los dos diarios de mayor circulación de Guatemala, "El Gráfico" y "La Prensa Libre", los que publicaron a toda página sendos comunicados de protesta en los que se expresaba lo siguiente:

En las últimas semanas, hombres armados se han dedicado a hostilizar a voceadores de EL GRAFICO y PRENSA LIBRE, y los han intimidado, con el propósito de impedir la venta de estos órganos de información. Recientemente, esos sujetos asaltaron un vehículo que transportaba ejemplares del diario El GRAFICO, se apoderaron de los periódicos y los quemaron. El jueves 21 de los corrientes se produjo otro incidente similar: un grupo armado interceptó a un camión que transportaba ejemplares de PRENSA LIBRE, obligó a bajar y amarró a los ocupantes y luego quemó el vehículo con los periódicos. Por añadidura, otros desconocidos han proferido amenazas de muerte contra algunos trabajadores dedicados a la distribución de los dos periódicos. Los hechos criminales hoy denunciados, son indicio de una campana organizada contra los dos medios de comunicación escritos, de más amplia difusión en el país. La participación de hombres armados de ametralladoras y otras armas que no son de uso común, comprueba la gravedad de la situación.

Al hacer esta denuncia pública, las empresas editoras EL GRAFICO y PRENSA LIBRE protestan por los hechos consumados y solicitan a las autoridades competentes una exhaustiva investigación, a fin de localizar a los delincuentes y evitar nuevos actos como los descritos, para proteger la vida, la seguridad y el trabajo del personal que presta sus servicios en estas dos empresas. Es necesario manifestar que la naturaleza y forma de los asaltos, causan inquietud por la suerte que podrían correr los trabajadores. Es en protección a ellos y a sus familiares, que se debe poner coto a hechos como los que motivan esta denuncia.

Con motivo de estos incidentes, precisamente destinados a boicotear el ejercicio de la libre expresión en Guatemala donde, como antes se ha señalado, hasta la guerrilla está permitida de publicar, a toda página, sus comunicados oficiales, se produjo una condena generalizada de la opinión pública repudiando estos actos de violencia contra el normal desenvolvimiento de los órganos de prensa. Estos ataques contra la libertad de prensa que la CIDH condena con toda energía, son promovidos por los mismos sectores intolerantes e intransigentes que promueven el resto de las acciones de violencia en todo el país.

En relación con el proceso de retorno de los refugiados y desplazados de Guatemala, en cuya tarea ha cumplido un importante papel la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha sufrido asimismo, una considerable disminución en consideración, principalmente, al temor que los refugiados tienen de volver a sus tierras porque en Guatemala persiste el fenómeno de la violencia. Monseñor Próspero Penados del Barrio, que visitó recientemente los campamentos de refugiados en Chapas, México, explicó que en Guatemala se vive en estos momentos una situación de guerra y de violencia por lo que, lógicamente, los refugiados se sienten inseguros.

Ello no obstante en enero, de acuerdo con informaciones proporcionadas por la Comisión Especial de Atención a los Repatriados, se logró el retorno, después de 10 años de exilio, de 66 guatemaltecos (15 familias) procedentes de los campamentos de Cuchumatin, Quintana Roo, San Carlos del Río, Chiapas, Santo Domingo Las Palmas, El Paraíso y El Porvenir, del Estado de Chiapas, en México.

Además de no poder controlar la violencia, el actual Gobierno se desprestigia también con la inacción de los órganos de administración de justicia, llamados a investigar y sancionar los hechos delictuosos descritos en este informe, cuyos jueces simplemente no investigan a fondo, aterrorizados por lo que les ha ocurrido a quienes si efectuaron investigaciones y actuaron con valentía frente al terrorismo, como consecuencia de lo cual resultaron finalmente víctimas de los de izquierda y derecha. No se puede ignorar que Guatemala es un país donde, por acción del terrorismo, el miedo se ha convertido en un factor que condiciona el quehacer de sus habitantes y, por falta de reales garantías, cada cual cuida su vida e integridad personal de la mejor manera que puede.

El problema de la credibilidad e inoperancia del Organismo Judicial constituye, de esta manera, otro de los grandes problemas para la consolidación del proceso democrático y la vigencia de los derechos humanos en Guatemala; ello, pese a los denodados esfuerzos del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema doctor Edmundo Vázquez Martínez, bajo cuya dirección, justo es reconocerlo, ha registrado importantes progresos. En esta materia hay tanto por hacer que todo lo hecho parece poco o nada. Lo que resulta paradójico es que pocas personas en Guatemala son más conscientes de este problema que el propio Dr. Vázquez Martínez y probablemente ninguna otra ha hecho mis por cambiar esta situación. La CIDH, que es uno de los organismos más constantemente críticos sobre este particular, admira su tenacidad en la lucha por modificar los defectos del sistema que é1 mismo ha venido señalando desde el principio.

Al abordar el tema de la administración de justicia y los derechos humanos en Guatemala, tratando de presentar el problema en sus reales proporciones, el Embajador de dicho país ante la OEA, señor John Schwank, dijo en una conferencia en Washington, en marzo último: "Por qué pedir al Organismo Judicial poner solución a un problema que hasta ahora nadie ha podido resolver?", haciendo alusión al hecho que el problema de la justicia es de tal modo complejo que implica también cambiar muchas otras cosas en Guatemala, lo que no está en las manos del Organismo Judicial poderlo hacer.

Algunas de las serias reformas que actualmente se trata de poner en marcha, por recomendación del profesor Julio Maier, asesor de Naciones Unidas, que la CIDH también hace suyas, son las siguientes: establecer el juicio público en materia penal; modificar el sistema de investigación preliminar de los, casos penales, otorgando protagonismo al Ministerio Público como director de la investigación y a la Policía, como su auxiliar inmediato; reservar para los jueces la tarea de decidir, inclusive durante la investigación preliminar (interlocutoriamente), cuando algún acto de investigación de la Policía o del Ministerio Público roce garantías individuales relativas a los derechos humanos del inculpado; crear un sistema de selección de casos que permita descongestionar la carga excesiva de trabajo del servicio judicial en materia penal, mediante métodos racionales, con soluciones de consenso (diversión), y así enjuiciar eficientemente los casos importantes que ingresan al sistema, conforme a los recursos humanos y materiales posibles.

La CIDH apoya plenamente los esfuerzos del Organismo Judicial de Guatemala, lo exhorta a seguir en su empeño y a continuar con la asistencia técnica que viene contando en estos momentos de parte del Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas en cuestiones de administración de la justicia; del Programa internacional de asistencia para adiestramiento en investigación criminal con asesoramiento y financiación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América; del curso de capacitación de funcionarios de la policía en España, financiado por dicho país; del programa. de capacitación a funcionarios en Alemania, financiado por la República Federal de Alemania; del Proyecto Regional de Administración de Justicia por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); del Proyecto de la Universidad de Harvard para establecer tribunales pilotos

modelo; y del Proyecto bilateral AID --Organismo judicial, para la transformación o mejoramiento de todas las instituciones involucradas con la administración de justicia.

Dentro del periodo a que se refiere este informe se ha producido también un cambio en la Procuraduría de los Derechos Humanos. El día 10 de octubre presentó la dimisión irrevocable del cargo que ocupó desde el año 1987 el Lic. Gonzalo Menéndez de la Riva, de 82 años, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, aduciendo razones estrictamente de carácter personal. Seguidamente, el día 8 de diciembre el Congreso de Guatemala eligió al abogado y profesor universitario de derecho constitucional Lic. Ramiro de León Carpio como nuevo Procurador de los Derechos Humanos. La Procuraduría, bajo la nueva dirección del Licenciado de León ha impreso una nueva técnica dentro de la cual se han descrito los siguientes objetivos fundamentales: Reubicación de la sede central en la ciudad capital en un lugar mis accesible al público, con una biblioteca para servicio de estudiantes y profesionales y con una sala para cursos, conferencias, seminarios, etcétera, impulsar un Departamento de Registro para que ayude al público en aquellas demandas que no sean propiamente de derechos humanos.

Asimismo, se pretende abrir auxiliaturas en los 22 departamentos, ya que actualmente sólo se cuenta con ocho, fortalecer el Departamento de Educación y Promoción sobre derechos humanos y sobre los mecanismos legales que deben utilizar cuando éstos son violados, en especial a los grupos indígenas en su propio idioma. Crear también el Departamento de Relaciones Internacionales y el de Investigación para tener autonomía en la investigación de los casos que se presenten y poder así obtener resultados en los casos de desaparecidos, detenidos ilegales, asesinados, etc.

En lo que se refiere al diálogo entre el Gobierno de Guatemala y la guerrilla guatemalteca --alzada en armas hace casi 30 años siendo la de mayor antigüedad en el continente-- durante la segunda semana del mes de diciembre el Presidente Cerezo expresó estar dispuesto a dialogar con ella si manifestaba su decisión de abandonar las armas e incorporarse a la vida legal. Aludió a que la situación era propicia en consideración a que los pueblos centroamericanos estaban hartos de la violencia y de la guerra. Dijo que había hecho un llamado a la paz a los grupos guerrilleros con el fin de ponerse al día con la corriente internacional de distensión y de diálogo, agregando que las medidas adoptadas en la cumbre, iban a servir para controlar la situación en que están viviendo algunos países del área. Por su parte la guerrilla guatemalteca, agrupada desde 1982 en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que comprende a la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), afirmó en esa ocasión que seria imposible lograr una solución negociada mientras no se reconociera que en Guatemala había un conflicto armado.

Posteriormente, el 15 de marzo del año en curso, el Presidente de la República y el Ejército de Guatemala expresaron públicamente que apoyaban las conversaciones entre la guerrilla y representantes de la Comisión de Reconciliación Nacional (CRN), que tendrían lugar en la ciudad de Oslo, Noruega. Encabezando la delegación de la Comisión de Reconciliación Nacional, el representante de los partidos políticos de oposición Lic. Jorge Serrano Elías viajó a dicho país con la finalidad de orientar y explorar los caminos que permitan encontrar soluciones razonables al enfrentamiento armado que dura casi tres décadas. Las últimas conversaciones entre la Unidad Revolucionaria Guatemalteca y la Comisión de Reconciliación Nacional habían tenido lugar en agosto de 1988 en la República de Costa Rica.

Como resultado de las indicadas conversaciones, que tuvieron lugar del 26 al 30 de marzo, se llegó a un acuerdo entre las partes, en el que: La Delegación de la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala, CNR, actuando con pleno respaldo del Gobierno de la República de Guatemala y en la función reconciliadora que le asigna el Acuerdo Esquipulas II, y la Delegación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, con pleno respaldo de su Comandancia General, con la voluntad expresa de encontrar caminos de solución pacifica a la problemática nacional por medios políticos, y reconociendo ambas partes que este objetivo es básico para lograr la reconciliación entre los guatemaltecos y para superar la problemática nacional, acordaron iniciar un proceso serio que culmine con el logro de la paz y el perfeccionamiento de una democracia funcional y participativa en Guatemala. Para ello, procederán a gestionar la viabilización y el mantenimiento de las actividades a que se refiere este acuerdo para la búsqueda de la paz, interponiendo sus buenos oficios y nombrando de común acuerdo con la URNG, como conciliador a Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, cuyas funciones serán las de proponer iniciativas a todas las partes, gestionar y mantener acciones de diálogo y negociación, dinamitando este proceso y resumiendo las posiciones convergentes y divergentes que entre las partes puedan darse, teniendo la facultad de proponer iniciativas y soluciones con el objeto de que puedan ser discutidas y acordadas; y todas aquellas otras funciones para el correcto cumplimiento de su cometido.

Ambas partes han convenido en establecer actividades que generen las condiciones en las cuales la paz y el perfeccionamiento de la democracia, puedan lograrse plenamente, tales como celebrar una reunión entre representantes de los partidos políticos de la República de Guatemala y representantes de la URNG. La Comisión Nacional de Reconciliación y la URNG de común acuerdo establecerán las condiciones para que este encuentro se realice. Las partes harán todos los esfuerzos necesarios para que la reunión se efectúe en la segunda quincena de mayo de 1990. Asimismo la Comisión Nacional de Reconciliación, de común acuerdo con la URNG, creará los mecanismos que permitan celebrar, de preferencia en el mes de junio de 1990, las reuniones necesarias entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y representantes de los sectores populares, religiosos y empresariales del país, así como otras entidades políticamente representativas, a efecto de encontrar los caminos de solución a los problemas nacionales.

En una fecha que será fijada de común acuerdo por el Gobierno de Guatemala y la URNG, serán celebradas conversaciones encaminadas a lograr la solución política del enfrentamiento armado interno, entre representantes --con capacidad de decisión-- del Gobierno de la República y el Ejército de Guatemala y la Comandancia General de la URNG. La Comisión Nacional de Reconciliación participará en estas reuniones para los efectos de constatación y verificación, en conformidad con las funciones que le asigna el Acuerdo Esquipulas II.

Sobre la responsabilidad los hechos que vienen ocurriendo y son materia del presente informe, el propio Jefe de Estado Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo en ocasión del Congreso Trienal de la Internacional Demócrata Cristiana, ha expresado lo siguiente: "Hay algunas personas que pretenden imponer con la violencia, la fuerza de sus ideas, hay algunas personas que pretenden superar, con el enfrentamiento y la polarización, la voluntad unitaria del pueblo de Guatemala. Estas personas están promoviendo, en este momento, un complot en contra de la democracia guatemalteca". "Este Gobierno, que yo represento, rechaza la posibilidad siquiera de pensar que nosotros somos causantes de la muerte de dirigentes políticos que tienen la voluntad de trabajar y de participar. El pueblo de Guatemala me conoce. Sabe que yo sufrí la persecución y la posibilidad de un exilio. El Gobierno que represento, no aceptaría jamás la posibilidad de atacar la vida de un estudiante, de un joven, de un sindicalista, de un político, quienes representan el futuro y la esperanza de la patria, y les pedimos a todos que sigan teniendo confianza, porque existe un clima propicio que permite la organización y la lucha por la grandeza de nuestra nación". "Pero acepto la responsabilidad, como Gobernante de la República, que nosotros estamos en la obligación de brindarle al pueblo la seguridad que merece".

En atención a lo expuesto, la Comisión considera que se ha registrado en Guatemala, durante el período a que se refiere el presente informe, el más grave incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos ocurrido durante el Gobierno del Presidente Cerezo.

Según lo establece el artículo I* de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Guatemala es parte, los Estados se hallan comprometidos no sólo a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino también, a garantizar su pleno y libre ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. Si bien el Jefe de Estado y el de la Fuerza Armada, no pueden ser responsabilizados de la autoría de los hechos graves citados en el informe, es evidente que han resultado una vez más ineficaces en prevenirlos, controlarlos, reprimirlos y sancionarlos, e inclusive, de ejercer control sobre sus propias fuerzas de seguridad dentro de las cuales parece haber habido participación en la ejecución de varios de ellos. Esta situación es motivo de honda preocupación para la Comisión, como también lo es, el que no se haya detenido y sometido a proceso, ni siquiera a uno de los responsables directos o indirectos de los secuestros y asesinatos mencionados.  La Comisión, que ha alentado constantemente la consolidación de la democracia en Guatemala, confía que dentro de la institucionalización del referido proceso y para la plena vigencia de los derechos humanos, se de pleno cumplimiento y observancia a las normas de la citada Convención Americana.