INFORME No. 121/09

PETICIÓN 1186-04

ADMISIBILIDAD

OPARIO LEMOTH MORRIS Y OTROS (BUZOS MISKITOS)

HONDURAS

12 de noviembre de 2009

I.          RESUMEN

1.        El 5 de noviembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por la Asociación de Miskitos Hondureños de Buzos Lisiados (AMHBLI); la Asociación de Mujeres Miskitas Miskitu Indian Mairin Asla Takanka (MIMAT) y el Consejo de Ancianos Almuk Nani Asla Takanka, respectivamente representados por Arquímedes García López, Cendela López Kilton y Bans López Solaisa, todos en representación del pueblo indígena Miskitu, del departamento de Gracias a Dios (en adelante “los peticionarios”)[1], por la responsabilidad internacional del Estado de Honduras (en adelante “Honduras”, “el Estado” o “el Estado hondureño”), en perjuicio de los buzos del pueblo Miskitu que habita el Departamento de Gracias a Dios y, en especial, respecto de 48 buzos individualizados (en adelante las “presuntas víctimas” o los “buzos miskitos”).

2.        En la petición se alega que el Estado ha omitido supervisar las condiciones de trabajo de las personas que se dedicaban y dedican a la pesca submarina en el departamento de Gracias a Dios, quienes son objetos de explotación laboral, lo que ha causado una situación de tal proporción y gravedad que pone en peligro la integridad del Pueblo Miskitu  debido a que, miles han sufrido discapacidades físicas severas e irreversibles y muchos han muerto. Se alega que el Estado es responsable de violar los derechos fundamentales de los buzos miembros del pueblo miskitu establecidos en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8.1 (garantía judicial), 17.1 (protección a la familia), 19 (derecho del niño), 24 (igualdad ante la ley), 25 (protección judicial) y 26 (desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales), en concordancia con el artículo 1.1 y 2 todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes” (en adelante “Convenio 169 de la OIT”). En relación con los requisitos de admisibilidad, expresan que no han tenido acceso a los recursos de jurisdicción interna, en instancias administrativas y judiciales debido a su condición de extrema pobreza y a la ausencia de mecanismos adecuados de parte del Estado. Expresan que, en los casos en que han accedido a los recursos internos, éstos no fueron expeditos ni efectivos configurándose un retardo injustificado para resolver las denuncias.

3.        Por su parte, el Estado manifiesta que cuenta con un sistema legal específico de protección que regula las relaciones laborales entre patronos y trabajadores, los procedimientos a seguir, las instituciones y el personal competente, para que las personas dedicadas a la pesca submarina, exijan el respeto y cumplimiento de sus derechos. Además, argumenta que los casos presentados por los afectados ante los órganos competentes, tanto en la sede administrativa como en la judicial, no fueron concluidos por omisión y abandono de los peticionarios por lo que solicita que se declare la inadmisibilidad de la petición, por falta de agotamiento de los recursos internos.

4.        Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y tras analizar la información disponible y verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad consagrados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como en los artículos 30 y 37 de su Reglamento, la CIDH concluye que la petición es admisible en cuanto a la presunta violación de los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 8.1, 17.1, 19, 24, 25 y 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales consagradas por los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional. Además, por aplicación del principio iura novit curia la Comisión concluye que la petición es admisible por la presunta violación del artículo 6.2 de la Convención. La Comisión decide notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

II.       TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.        El 5 de noviembre de 2004, la Comisión recibió la petición y le asignó el número 1186-04. El 8 de diciembre de 2004 transmitió las partes pertinentes al Estado, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante el “Reglamento”). La respuesta del Estado fue recibida el 23 de febrero de 2005.

6.        Además, la CIDH recibió información de los peticionarios en las siguientes fechas: 7 de diciembre de 2004; 14 de agosto y 18 de septiembre de 2006; 18 de diciembre de 2007; 7 de julio, 4 y 13 de agosto, 9 de octubre de 2008, 3 de abril y 4 de mayo de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.

7.        Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 21 de enero de 2005, 23 de febrero de 2005; 27 de mayo de 2008, 10 y 21 de octubre de 2008 y 28 de enero de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.

8.        El  22 de octubre de 2008, se realizó una audiencia durante el 133º período ordinario de sesiones de la CIDH sobre argumentos de  admisibilidad de la petición.

III.      POSICIÓN DE LAS PARTES

A.         Los peticionarios

9.        Los peticionarios argumentan que el Estado de Honduras ha omitido adoptar una política integral de seguridad social, salud pública y de trabajo con el objeto de  supervisar las condiciones de trabajo en que se desarrolla la explotación submarina en el departamento Gracias a Dios, lo que ha provocado una violación sistemática de los derechos fundamentales de las buzos miskitos, situación que por sus proporciones y gravedad, ha afectado la integridad misma del Pueblo Miskitu. Indican que el pueblo indígena Miskitu es un pueblo binacional que comparte los territorios fronterizos de Honduras y Nicaragua. Los miskitos en Honduras, en su mayoría habitan en el Departamento de Gracias a Dios, región conocida como la Mosquitia hondureña, una de las zonas más marginadas de Honduras y aislada geográficamente, en donde las condiciones de vida y de salud son las más precarias[2].

10.    Según los peticionarios, los buzos miskitos son reconocidos mundialmente por su capacidad de inmersión innata, y considerados dentro de los mejores buzos a pulmón del planeta. Indican que la pesca submarina es una de las principales actividades económicas del Departamento de Gracias a Dios[3]. Ante la falta de oportunidades laborales, los miembros del Pueblo Miskitu (hombres, jóvenes e incluso niños) se ven obligados a trabajar como buzos para empresas pesqueras en condiciones infrahumanas, sin la debida capacitación, garantías de seguridad y salud ocupacional, siendo víctimas de explotación laboral de parte de los propietarios y capitanes de las embarcaciones[4]. Agregan que ante la escasez de los recursos marinos en aguas poco profundas, los buzos son obligados por sus patronos, bajo amenazas y en algunos casos a punta de pistola, a descender a mayores profundidades y a estar sumergidos por más tiempo, contradiciéndose las normas básicas de buceo, a riesgo de sufrir el síndrome de descompresión[5] y otros accidentes laborales, lo que ha ocasionado y sistemáticamente sigue provocándose la discapacidad parcial, permanente e inclusive la muerte de miles de buzos[6].

11.    De la información proporcionada por los peticionarios se desprende que el  Ministerio de Salud, señala que “hay cerca de 9000 buzos en la Mosquitia […]. De los 9000 buzos, un 47% (4.200) ha quedado lisiado como consecuencia del Síndrome de Descompresión[7]”. Agregan los peticionarios que como agravante de esta situación, los buzos discapacitados no tienen la oportunidad de realizar una actividad laboral de subsistencia, colocándolos en una situación de pobreza extrema aguda que afecta a su familia, y en ocasiones son abandonados por sus esposas y familiares. Ante esta situación se han reportado casos en que los mismos buzos quisieran suicidarse pero debido a su condición no pueden cometerlo[8].

12.    Los peticionarios señalan que el Código de Trabajo no prevé la situación especial de los trabajadores de la pesca. El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Pesca Submarina del año 2001, establece las obligaciones que tienen los patronos y los trabajadores en relación con los riesgos de trabajo que surgen de la actividad de pesca, garantiza la seguridad y prevención de accidentes ocupacionales, a la vez, fijan diferentes normas de seguridad tanto para las embarcaciones como para las diferentes actividades[9]. Indican que la legislación hondureña prevé para la solución de conflictos laborales entre patronos y trabajadores, la vía administrativa ante la Dirección General del Trabajo[10] y la judicial ante los Juzgados de Trabajo correspondientes[11], debiéndose agotar las instancias administrativas antes de ir a la judicial. Argumentan que en la práctica estos mecanismos no son efectivos ni idóneos debido a la inefectividad de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas.

13.    Con respecto del agotamiento de los recursos internos los peticionarios señalan, que al menos 30 personas acudieron a las instancias administrativas, en algunos casos, y otros a las instancias judiciales sin resultado alguno, permaneciendo en diferentes etapas procesales. Indican que sólo el señor Flaviano Martínez obtuvo una sentencia en su favor el 22 de octubre de 1996, la cual permanece sin ejecutar. En todos estos casos, argumentan que el Estado incumplió su deber de impulsar de oficio los procesos administrativos y judiciales. Argumentan que la inefectividad de las actuaciones de las autoridades administrativas ha sido determinante para que los reclamos de los buzos no hayan superado la fase previa a la judicial[12] y en la fase judicial las autoridades judiciales han mantenido una actitud pasiva y no han realizado ninguna gestión para concluir los procesos en forma efectiva[13], lo que sumado al ocultamiento, contumacia e interposición de recursos dilatorios por parte de los demandados, ha contribuido a que no se ha ejecutado ni una sola sentencia judicial en favor de los buzos[14] siendo víctimas de la retardación de justicia. Agregan que durante los procesos, no cuentan con traducción a su idioma materno.

14.    Por otra parte, los peticionarios alegan que la mayoría de los buzos o sus familiares se han visto impedidos de acceder a los recursos de jurisdicción interna, tanto en la vía administrativa como judicial, debido a las condiciones de extrema pobreza en que viven, bajos niveles de educación, falta de información, la ubicación geográfica de la Mosquitia y los altos costos del proceso que implica desplazarse a las sedes administrativas o judiciales[15], la obligatoriedad de contar con representación legal[16] y ausencia de traducción en los procesos administrativos y judiciales internos, así como la condición de invalidez de los buzos en la mayoría de los casos.

15.    Por lo anterior, los peticionarios señalan que el Estado es responsable de violar los derechos fundamentales de los buzos del pueblo Miskitu que habita el Departamento de Gracias a Dios. En relación con la presunta violación del derecho a la vida y a la integridad personal, individualizan a las siguientes personas[17]:

a.         Derecho a la vida porque fallecieron: 1) Opario Lemoth Morris (2001); 2) Timoteo Lemus Pizzati (2002); 3) Saipón Richard Toledo (2004); 4) Licar Méndez G de 16 años (2003)[18]; 5) Eran Herrera Paulisto (2002); 6) José Martínez López (2004); 7) Alfredo Francisco Brown (2004); 8) Rómulo Flores Enríquez; 9) José Trino Pérez Nacril; 10) Bernardo Julián Trino; 11) Lorenzo Lemon Bonaparte; 12) Andrés Miranda Clemente; 13) Hildo Ambrocio Trino; 14) Amilton Bonaparte Clemente; 15) Bernardo Blakaus Emos; 16) Alí Herrera Ayanco; 17) Mármol Williams García; 18) José Martínez López; 19) Alfredo Francisco Brown Manister; 20) Ramón Allen Ferman; 21) Róger Gómez Alfred; 22) Saipon Richard Toledo; 23) Ramon Allen Felman; 24) Especel Bradle Valeriano; 25) Próspero Bendles Marcelino; 26) Timoteo Salazar Zelaya (2002).

b.         Derecho a la integridad personal porque sufrieron el síndrome de descompresión con consecuencia de diferentes niveles de discapacidad: 1) Flaviano Martínez López (1992); 2) Carcoth Padmoe Millar (1993); 3) Cooper Cresencio (1999); 4) Willy Gómez Pastor (2003); 5) Roberto Flores Esteban (2000); 6) Efraín Rosales Kirington (2003); 7) Daniel Dereck (2000); 8) Evecleto Londres Yumidal (2001); 9) David Esteban Bradley (2003); 10) Amisterio Bans Valeriano (2000); 11) Ex Dereck Claro (1995); 12) Ralph Valderramos Álvarez (1996); 13) Leonel Saty Méndez (2001); 14) Arpin Robles Tatayon (2002); 15) Fredy Federico Salazar (2003); 16) Félix Osorio Presby (1995); 17) Onasis Cooper Brown (2001);18) Melecio Pamistan Maick (2003); 19) Rolando Monico Thomas (1999); 20) Daniel Flores Reyes (2002); 21) Efraín Rosales Kirington (2003); 22) Carlos Castellón Cárdenas (2000).

16.    Los peticionarios indican que las víctimas y sus familiares no han recibido ni justicia ni indemnización. Por esto, argumentan que el Estado es responsable por violar los siguientes derechos:

a.         Derecho a las garantías judiciales (artículo 8) respecto de las presuntas víctimas, porque habrían accionado en la vía administrativa y judicial, sin resultado y sufriendo retardo injustificado en el trámite de sus demandas.

b.         Derecho a la protección de la familia (art. 17.1), de las presuntas victimas debido a la tragedia humana que viven los buzos discapacitados, sin recibir indemnización justa, sin seguridad social, si posibilidad de rehabilitación y sin perspectiva para vivir de forma digna, siendo la familia quien tiene que cargar con el drama humano de sus seres queridos desaparecidos o accidentados.

c.         Derechos del niño (art. 19), con respecto de Licar Méndez Gutiérrez, que fue sometido a condiciones de trabajo extenuantes y contrarias a su condición de menor y desapareció presumiéndose su muerte[19].

d.         Igualdad ante la ley, protección judicial y derechos económicos, sociales y culturales (artículos 24, 25 y 26), con respecto al pueblo Miskitu y sus miembros que se dedican a la pesca submarina, al no contar con la protección de ley y políticas públicas en materia de supervisión laboral en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para prevenir los accidentes laborales. Invocan el artículo 26 de la Convención en relación con el 45 de la Carta de la Organización de Estados Americanos en los incisos a), h) e i) que hacen referencia a la protección del trabajo, el desarrollo de una política eficiente de seguridad social y la necesidad de disposiciones adecuadas para que todas las personas tengan la debida asistencia legal para hacer valer sus derechos. Todos los derechos antes señalados en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.

B.         El Estado

17.    El Estado expresa que la situación planteada en la petición como violaciones graves y sistemáticas, calificada por los peticionarios como “tragedia humana” no es desconocida ni escapa a la preocupación del Estado. Al respecto, señala que cuenta con políticas de seguridad social, salud y trabajo dirigidas a la población dedicada a la pesca submarina, las cuales están establecidas en la Constitución de la República, Código del Trabajo, y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Pesca Submarina[20]. No obstante, afirma que la naturaleza de la actividad que realizan los buzos miskitos,”así como los aspectos culturales propios de su pueblo, han vuelto más compleja la efectiva aplicación de la normativa que regula las condiciones de higiene y seguridad ocupacional de los trabajadores de la pesca a prevenir los accidentes”[21].

18.    El Estado señala los procedimientos administrativos y judiciales que los peticionarios deben seguir para el logro de sus pretensiones, de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo. Expresa que en la vía administrativa, se debe acudir ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en la vía judicial, la demanda laboral debe interponerse ante el Juzgado de Trabajo correspondiente. En caso de que los trabajadores no tengan recursos para acceder a los servicios de un abogado, pueden ser representados por la Procuraduría del Trabajo, que funciona en las oficinas regionales de la Secretaría del Trabajo ubicadas en La Ceiba y Puerto Lempira.

19.    El Estado afirma que la mayoría de los funcionarios judiciales del Departamento Gracias a Dios hablan la lengua miskitu. Si bien, los procedimientos son redactados en español, que es el idioma oficial de Honduras, se proporcionan intérpretes en los casos en que sean requeridos. Respecto a la exigibilidad de asistencia legal, el Estado indica que el Código del Trabajo establece que las partes podrán actuar por sí mismas, sin intervención de abogados en los juicios de única instancia y en las audiencias de conciliación.

20.    Con respecto a los argumentos de los peticionarios sobre las dificultades geográficas o altos costos de trasporte que implicaría a los peticionarios acceder a los procedimientos administrativos y judiciales, argumenta que le parece una apreciación generalizada y muy subjetiva de los peticionarios, reconoce que pueden haber dificultades  de trasporte, pero de ninguna manera acepta que mantiene obstáculo de hecho o de derecho[22].  El Estado afirma que para evitar que los miskitos se trasladen a las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección de Previsión Social, ha nombrado personal calificado en las oficinas regionales de La Ceiba y Gracias a Dios, donde se pueden realizar los reclamos administrativos. Agrega que para evitar que los afectados se trasladen a Tegucigalpa para establecer el cálculo de la indemnización, son evaluados en el Hospital de Puerto Lempira del Departamento de Gracias a Dios, y en caso de que el domicilio de la empresa estuviera en las Islas Bahía o La Ceiba, la evaluación se realizará en las ciudades más cercanas a su jurisdicción[23].

21.    El Estado afirma que las personas afectadas e individualizadas por los peticionarios tuvieron acceso a la administración de justicia, tanto en sede administrativa como en la judicial, pero los procesos no concluyeron por omisión y abandono de los mismos; en ese sentido el Estado entrega información para demostrar que las presuntas víctimas y sus familiares acudieron a las oficinas de la Secretaría del Trabajo en Puerto Lempira, La Ceiba y Roatán, pero no dieron continuidad a los trámites iniciados por ellos mismos. Indica que ha cumplido con la realización de sus deberes señalados en el procedimiento legal y cita casos[24] específicos de indemnizaciones pagadas por accidente mortal[25]. Asimismo, señala que, la Secretaría de Trabajo tiene un registro de 57 casos conciliados desde 1997 a 2001[26].

22.    Agrega que atendieron debidamente a los buzos miskitos, los remitieron oportunamente a la Unidad de Evaluación Médica de la Secretaría de Trabajo, se calcularon las indemnizaciones laborales, se citaron a los empleadores, se dejó constancia de los acuerdos conciliatorios entre las partes cuando se concretaron los mismos y, en caso de no comparecencia de los empleadores, se les extendieron las constancias necesarias para que acudieran a la vía judicial[27]. Por otra parte, afirma que la Secretaría del Trabajo exige la celebración de un contrato individual de trabajo escrito entre empleadores y trabajadores, como requisito indispensable para autorizar el zarpe de los barcos pesqueros, antes de lo cual realiza inspecciones in situ a los mismos, y en el período de la veda, se verifica que los trabajadores reciban el material, equipo y capacitación necesaria y se planifique el buceo de repetición.

23.    El Estado afirma que para reducir la incidencia de accidentes por síndrome de descompresión de la población de buzos y proponer alternativas productivas para el desarrollo de la región de la Mosquitia creó en el 2004,  la “Comisión Interinstitucional para el Reordenamiento de la Pesca Comercial por Buceo”. En ese sentido describe las actividades realizadas por esta comisión para controlar, supervisar y mejorar las condiciones de la pesca submarina[28]. También afirma que garantiza la promoción de la salud, a través de capacitaciones sobre el buceo seguro y a través de su red hospitalaria garantiza la prevención de la discapacidad así como la reparación integral de los buzos afectados por su actividad en la pesca submarina. Por otro lado, indica que se ha apoyado a las organizaciones de protección de los buzos con un subsidio de L.200.000,00 entregado por la  Secretaría de Gobernación y Justicia a la Asociación de Misquitos Hondureños de Buzos Lisiados por intermedio de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras durante los años 2004 y 2005.

24.    En conclusión, el Estado de Honduras señala que cuenta con políticas de seguridad social, salud y trabajo dirigidas a la población dedicada a la pesca submarina, quienes cuentan con un cuerpo legal que regula las relaciones laborales entre patronos y trabajadores, los procedimientos a seguir, las instituciones y el personal competente donde pueden acudir los afectados para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos. Finalmente, solicita que se declare inadmisible la petición por cuanto no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna.

IV.     ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

A.       Competencia ratione personae, ratione temporis, ratione loci y ratione materiae de la Comisión Interamericana

25.    Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH.

26.    Los peticionarios presentan como presuntas víctimas a los buzos del pueblo Miskitu que habita el Departamento de Gracias a Dios y, en especial, a 48 buzos miskitos que fueron individualizados en el párrafo 15 del presente informe[29] respecto de quienes el Estado de Honduras se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana.

27.    Honduras ratificó la Convención Americana el 8 de septiembre de 1977, fecha en que depositó el instrumento de ratificación respectivo y aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de septiembre de 1981, por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. La Comisión tiene competencia ratione materiae debido a que la petición se refiere a denuncias de violación de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. La Comisión tiene asimismo competencia ratione temporis por cuanto los hechos alegados ocurrieron cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos por la Convención ya estaba en vigor para el Estado hondureño, que la ratificó el 8 de septiembre de 1977. La Comisión tiene competencia ratione loci porque los hechos alegados ocurrieron en el territorio de Honduras, país que ratificó la Convención Americana.

28.    Respecto de lo planteado por los peticionarios en la denuncia, sobre que se declare que el Estado desconoció el Convenio 169 de la OIT, la Comisión carece de competencia para aplicarlo directamente, aunque puede y debe utilizar el citado Convenio 169 como pauta de interpretación de las obligaciones convencionales, a la luz de lo establecido en el artículo 29 de la Convención Americana.

B.        Otros requisitos de admisibilidad de la petición

1.         Agotamiento de los recursos internos

29.    El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una petición presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. El artículo 46.2 de la Convención establece que no se aplicará el requisito de agotamiento previo cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;  b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

30.    Según ha establecido la Corte Interamericana, toda vez que un Estado alega la falta de agotamiento de los recursos internos por parte del peticionario, tiene la carga de demostrar que los recursos que no han sido agotados resultan “adecuados” para subsanar la violación alegada, vale decir que la función de esos recursos dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida[30].

31.    En el presente caso, el Estado alega que la petición no satisface el requisito de previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna previsto en los artículos 46 de la Convención Americana, debido a que los procedimientos administrativos y judiciales laborales, no fueron debidamente agotados, por omisión y abandono de las presuntas víctimas[31]. Afirma que Honduras cuenta con un sistema legal que protege los derechos de las personas que se dedican a la pesca y que provee asistencia legal gratuita.

32.    Respecto del agotamiento de los recursos internos, los peticionarios argumentan diferentes situaciones:

a)         Demandas interpuestas por las presuntas víctimas en las instancias administrativas y judiciales, entre 1994 y 2004, por accidentes laborales y  por muerte de los buzos, los cuales permanecen en diferentes etapas procesales sin respuesta[32], lo que configura retardo injustificado para resolver las denuncias.

b)         Situación del señor Flaviano Martínez López, quien presentó su reclamo laboral ante la Secretaría de Trabajo de La Ceiba el 13 de abril de 1993, obteniendo sentencia favorable el 22 de octubre de 1996. Sin embargo, a la fecha está pendiente su cumplimiento.

c)         Imposibilidad de acceder a los recursos de jurisdicción interna por la alegada situación de vulnerabilidad de las presuntas víctimas y sus familiares (discapacidad y pobreza extrema); falta de servicios públicos adecuados; costos de los procedimientos administrativos y judiciales y aislamiento geográfico.

33.    La Corte ha establecido que la efectividad de los recursos se mide en función de la capacidad de los mismos de producir el resultado para el cual fueron creados[33], en este sentido la Corte también ha mencionado que los recursos internos deben ser adecuados[34].

34.    La Comisión observa que los hechos denunciados en el presente caso tienen relación con la protección efectiva de los derechos a la vida e integridad personal, protección judicial y acceso a la justicia de los buzos del pueblo indígena Miskitu que habita el Departamento de Gracias a Dios. Al respecto, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha determinado que en lo que  respecta a pueblos indígenas, es necesario que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres[35].

35.    De acuerdo al sistema jurídico de Honduras, la Comisión observa que en materia de justicia laboral, el artículo 669 del Código de Trabajo de Honduras[36] establece que reclamada su intervención en forma legal,  corresponde a los tribunales del trabajo actuar de oficio para impulsar el curso normal de asuntos sometidos a su conocimiento.

36.    Por lo anterior la Comisión considera que respecto de las presuntas víctimas que presentaron reclamos ante las instancias administrativas y judiciales, no se ha logrado establecer las responsabilidades y reparaciones de las situaciones reclamadas ante las autoridades ni garantizar los derechos de las presuntas víctimas, produciendo con ello un retardo injustificado en la tramitación de sus reclamos.

37.    Con respecto a la situación de las presuntas víctimas que no pudieron acceder a los recursos de jurisdicción interna, la Comisión observa que si bien la legislación hondureña prevé  procedimientos para denunciar violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, así como procedimientos para reclamar derechos laborales, incluyendo de acuerdo al Estado, la posibilidad de solicitar la asistencia legal gratuita, en la práctica, estos mecanismos no serían adecuados ni efectivos en el Departamento de Gracias a Dios. Lo anterior, debido a que los procedimientos no  contemplan las particularidades propias del pueblo Miskitu. En especial, en el presente caso la Comisión observa que los recursos a disposición de las presuntas víctimas no consideran la especial situación de vulnerabilidad de los buzos miskitos y de sus familias, por su situación de pobreza, discapacidad, aislamiento geográfico y ausencia de  traducción a la lengua materna de los diferentes procedimientos, todo lo anterior les habría imposibilitado acceder a dichos recursos. 

38.    En relación con los argumentos del Estado sobre este asunto (ver párrafos supra 19 y 20), la Comisión observa que al departamento de Gracias a Dios solo se puede acceder por vía aérea o marítima, significando que el traslado a La Ceiba o Tegucigalpa, donde se encuentran las altas Cortes, implica altos costos de traslado que se pueden realizar sólo en avionetas que no cuentan con las condiciones para el traslado de los buzos miskitos discapacitados. La Comisión observa que las medidas informadas por el Estado para reducir la incidencia de accidentes por síndrome de descompresión entre la población de buzos y las encaminadas a dotar el departamento de Gracias a Dios de funcionarios estatales que pudieran atender las denuncias de los buzos miskitos en materia laboral, habrían sido iniciadas en el año 2004.

39.    Por otra parte, la Comisión toma en cuenta la información presentada por los peticionarios en el sentido de que la presencia del poder judicial en la zona específica donde viven las presuntas víctimas es escasa, y que la presentación de recursos que tienen que ver con las empresas pesqueras, puede implicar interponer recursos en la zona donde se encuentran registradas –normalmente Roatán o la Ceiba- dichas empresas. Los peticionarios han indicado que las autoridades no han logrado implementar medidas para hacer accesible estas vías para personas con discapacidad[37], y que tampoco cuentan con los recursos necesarios para viajar (por vía aérea o marítima como únicas posibilidades). La información indica, además, que la presencia del Estado en la zona específica es escasa y que los funcionarios tampoco cuentan con recursos para hacer efectivos los recursos disponibles en el sistema legal. 

40.    Por  lo anterior, la Comisión observa que en el presente caso se aplican las excepciones al requisito de previo agotamiento de recursos internos, contempladas en el artículo 46.2 letras c y b de la Convención Americana, porque de acuerdo a los hechos denunciados, ha habido un retardo injustificado en la decisión de los recursos utilizados por algunas de las presuntas víctimas o bien porque en la práctica no han tenido acceso a los recursos de jurisdicción interna en razón de la falta de condiciones adecuadas para que los buzos miskitos discapacitados puedan acceder a la justicia.

41.    Sólo resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia.  Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, vis á vis a las normas sustantivas de la Convención.  Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.  Cabe aclarar que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el Informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana.

2.         Plazo de presentación

42.    La Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a  partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva.  En el reclamo bajo análisis, la CIDH ha establecido la aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos internos conforme al artículo 46.2 letras c y b de la Convención Americana.  Al respecto, el artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.

43.    En relación con las circunstancias específicas de los hechos alegados en la petición, la falta de efectividad de los recursos internos, la extrema pobreza e discapacidades de las presuntas víctimas, las deficiencias del sistema administrativo y judicial en el Estado de Honduras, las acciones de las presuntas víctimas y sus familiares para buscar justicia, la situación y contexto en el que han ocurrido las alegadas violaciones y el hecho de que aún están pendientes varias investigaciones y procesos judiciales, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.

3.         Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

44.    No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por este u otro órgano internacional. Por ello, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.

4.         Caracterización de los hechos alegados

45.    Según ya ha manifestado la Comisión en otros casos, no corresponde en esta etapa del procedimiento establecer si se verifica o no una violación de la Convención Americana.  A los fines de la admisibilidad, la CIDH debe decidir simplemente si los alegatos exponen hechos que podrían caracterizar una violación a la Convención Americana, según estipula su artículo 47.b, y si la petición es “manifiestamente infundada” o sea “evidente su total improcedencia”, según el inciso c. del mismo artículo.  El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre el fondo del reclamo.  En la presente etapa la CIDH debe realizar una evaluación prima facie de carácter sumario que no implica un juicio previo o el adelanto de una opinión sobre el fondo.  Su propio Reglamento refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizarse a los fines de declarar una petición admisible y la requerida para determinar si efectivamente se verifica la responsabilidad del Estado, al establecer etapas claramente diferenciadas para el estudio de la admisibilidad y el fondo.

46.    En el presente caso, los peticionarios alegan la violación por parte del Estado de los artículos 4, 5, 8.1, 17.1, 19, 24, 25 y 26, en concordancia con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana.

47.    Habiendo revisado la información presentada por las dos partes, la Comisión encuentra que los peticionarios han formulado alegaciones que no son "manifiestamente infundadas" o "evidentemente improcedentes" y que, de comprobarse como ciertas, podrían configurar violaciones de los artículos 4, 5, 8.1, 17.1, 19, 24, 25 y 26 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional.

48.    En particular, la Comisión considera que corresponde señalar que los hechos de la presente petición se relacionan fundamentalmente con la supuesta responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la falta de medidas de seguridad social, salud pública y de trabajo que garanticen el derecho a la vida y a la integridad personal de los buzos mískitos en el departamento Gracias a Dios. Esta omisión, de acuerdo a los hechos alegados, habría implicado que más de 4.000 buzos miskitos -parte sustancial del pueblo indígena Miskitu que habita el Departamento de Gracias a Dios, hayan sufrido el síndrome de descompresión provocándoles discapacidad parcial, permanente e inclusive la muerte, asunto de proporción y gravedad de tal magnitud que pondría en peligro incluso la integridad del Pueblo Miskitu en Honduras. Por lo anterior, en el presente caso, los hechos alegados tienden a caracterizar una presunta violación a los derechos contemplados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana y además 19 respecto del niño Licar Méndez Gutiérrez.

49.    Por otra parte, los hechos del caso tienden a caracterizar una presunta violación de los artículos 8, 25 y 24 de la Convención Americana, en relación con los argumentos sobre denegación de justicia.  Asimismo, los hechos alegados tienden a caracterizar una presunta violación del artículo 17.1 de la Convención Americana en razón de las consecuencias que habría significado para la familia de los buzos la discapacidad o muerte de uno a más de sus miembros, quienes, en general, representaban el único sustento económico del grupo familiar, aunado a la falta de asistencia médica y servicios de rehabilitación, la denegación de justicia y la falta de reparación.

50.    Además, la CIDH observa que los hechos descritos por los peticionarios podrían caracterizar una presunta violación al artículo 26 de la Convención Americana sobre desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. El referido artículo establece que los “Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. A su vez, el artículo 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que los Estados dedicarán sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. Además, la misma Carta establece en su artículo 50 que los Estados “fortalecerán los sistemas de educación de adultos y habilitación para el trabajo”.  La Comisión observa que, de acuerdo con los hechos alegados, las condiciones laborales de los buzos mískitos no reunirían, siquiera, las mínimas condiciones para asegurar su vida e integridad personal. Por lo anterior, la Comisión considera que de ser probados los hechos reclamados, podrían caracterizar una violación del artículo 26 de la Convención Americana.

51.    Adicionalmente, en aplicación del principio iura novit curia la Comisión observa que los hechos alegados podrían caracterizar una violación al artículo 6.2 de la Convención Americana porque la omisión del Estado prolongada en el tiempo, respecto de hechos de amplio conocimiento público y de mucha gravedad, sin garantizar las condiciones de trabajo de los buzos miskitos habría significado que fueran objeto de explotación laboral y trabajo forzoso al ser obligados a trabajar más horas de las permisibles, descender a mayores profundidades y sumergirse por tiempo excesivo, a riesgo de sufrir el síndrome de descompresión o morir.

52.    Por lo anterior, la Comisión analizará, en la etapa de fondo, si existe una posible violación de los artículos 4, 5, 8, 17.1, 19, 24, 25 y 26, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas.  Asimismo, en aplicación del principio iura novit curia la Comisión analizará si existe una posible violación del artículo 6.2 de la Convención Americana.

53.    En consecuencia, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 47.c de la Convención Americana.

V.         CONCLUSIÓN

54.    La Comisión concluye que tiene competencia para conocer la  denuncia presentada por los peticionarios, que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención por la presunta violación de los artículos 4, 5, 8, 17.1, 19, 24, 25 y 26 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 y 2 del mismo Convenio. Además, por aplicación del principio iura novit curia la Comisión analizará en la etapa del fondo la posible aplicación de los artículos 6.2 de la Convención Americana.

55.    En virtud de los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.        Declarar admisible la presente petición respecto a los artículos 4, 5, 8, 17.1, 19, 24, 25 y 26 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 y 2 del mismo Convenio.

2.        Además, por aplicación del principio iura novit curia la Comisión analizará en la etapa del fondo la posible aplicación de los artículos 6.2 de la Convención Americana.

3.        Transmitir el presente informe a los peticionarios y al Estado.

4.        Continuar con su análisis de los méritos del caso.

5.        Publicar el presente informe e incluirlo en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días del mes de noviembre de 2009.  (Firmado): Víctor E. Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Florentín Melendez y Paolo G. Carozza,  Miembros de la Comisión.