INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS 2008 

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.      En el 2008 se cumplieron 60 años de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumentos que junto con la Carta de Naciones Unidas y a nivel regional, con la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), marcaron el inicio de una nueva etapa en la concepción de la dignidad del ser humano y de la necesidad de ubicarlo en un lugar central en cualquier discusión a nivel nacional e internacional que pudiese afectar sus derechos más fundamentales.

2.      Si bien es indudable que durante estas seis décadas se ha avanzado en el fortalecimiento y la protección de los derechos humanos en el mundo y que graves violaciones a estos derechos han sido identificadas y rechazadas por la mayoría de los Estados, mediante la ratificación de instrumentos internacionales y la adopción a nivel interno de medidas de protección, los ideales de 1948 están muy distantes de haber sido cumplidos. La pobreza, el hambre, la persistente desatención de enfermedades fácilmente curables, la discriminación, el analfabetismo, la tortura, las desapariciones forzadas, la injusticia, continúan siendo parte de la realidad actual y siguen azotando a nuestra región y al mundo entero. Ello hace que el sexagésimo aniversario de la Declaración Americana y Universal se constituya en un momento de reflexión más que de celebración, en el que se renueve el espíritu que movilizó a los forjadores de estos importantes instrumentos internacionales, un momento en el que se evalúen los errores cometidos y los avances alcanzados, y en el que la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad sean el fin principal de los Estados, así como el propiciar las circunstancias que le permitan a cada persona desarrollarse plenamente como ser humano y alcanzar la felicidad.

3.      Esta reflexión resulta especialmente relevante en el contexto de los actuales desafíos que enfrentan los Estados miembros de la región. Uno de los retos que está adquiriendo cada vez mayor relevancia, pues afecta de manera directa el pleno goce de los derechos fundamentales de las personas, es la seguridad ciudadana. La inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad de los países de la región e influye en el desarrollo democrático, social y económico de los Estados miembros.

4.      El Hemisferio cuenta con algunos de los índices más altos en criminalidad y violencia social del mundo. Tan solo en América Latina y el Caribe, el promedio de homicidios en el 2006 era de 25,1 por cada 100.000 habitantes, duplicando el promedio mundial.[1] El problema de la violencia está además altamente relacionado con los altos niveles de pobreza y la falta de acceso a servicios básicos, salud y educación, que aún afecta a una gran parte de los habitantes de los países de la región. Si bien es importante no generalizar una relación directa entre la pobreza y la criminalidad, pues gran parte de la inseguridad en la región es producto de fenómenos como el crimen organizado, es necesario reconocer que la seguridad no es un tema que puede ser considerado aisladamente y que para enfrentar esta problemática es esencial darle un acercamiento integral, en el que las distintas necesidades y dimensiones de las comunidades más afectadas por la violencia sean tenidas en cuenta a la hora de aplicar políticas públicas de seguridad.

5.      Lo anterior demanda acciones efectivas por parte de los gobiernos para prevenir, controlar y reducir el crimen. Factores como la falta de cohesión social, la insatisfacción de necesidades básicas y la desconfianza ciudadana hacia las autoridades, han contribuido al crecimiento cada vez mayor del problema general de inseguridad en los distintos países de la región. Muchas de las políticas adoptadas por los Estados para enfrentar los desafíos de la seguridad ciudadana no sólo han fallado en cumplir el objetivo de reducir las tasas de criminalidad, sino que han exacerbado la violencia social, amenazando directamente el pleno respeto por los derechos humanos de sus ciudadanos y generando en ocasiones, un clima de desconfianza que afecta negativamente la vida comunitaria.

6.      En efecto, la región ha tenido una larga tradición en la adopción de políticas para combatir la inseguridad pública con tendencias más represivas que preventivas, en las que junto a una retórica agresiva, predomina la adopción de medidas como la elevación de penas privativas de la libertad, la ampliación de prerrogativas legales a las fuerzas de seguridad, la limitación o el condicionamiento excesivo de ciertos derechos fundamentales, entre otras. Estas políticas, que han dejado de lado el rol fundamental de la prevención del delito, de la rehabilitación de los delincuentes, de la reparación de las víctimas y especialmente, de la intervención social a través de políticas públicas que garanticen un mayor goce de servicios públicos, salud y educación de los habitantes de una región,  en lugar de reducir las tasas de criminalidad, han desembocado en grandes incrementos de los índices de violencia y en esa medida, en un deterioro del respeto por los derechos humanos de sus habitantes.

7.      Los planes de atención a la problemática de seguridad ciudadana en la región, deben estar permeados por una consideración constante y absoluta del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, en medidas concretas como la modernización de las instituciones de seguridad, debe enfatizarse en la capacitación en derechos humanos y en la adopción de los tratados internacionales en esta materia, como criterios a seguir de forma obligatoria por quienes cumplen el rol esencial de garantizar la seguridad ciudadana. La Comisión reiteradamente ha recomendado a los Estados miembros implementar medidas educativas en derechos humanos, las cuales cumplen varias funciones, entre ellas, prevenir la repetición de abusos de la fuerza por parte de agentes del Estado y crear una cultura de respeto por los derechos humanos no solo al interior de las instituciones de seguridad sino en la sociedad en general. Los propios Estados han reconocido la importancia de “integrar de manera transversal las disposiciones del derecho internacional en la cultura institucional, doctrina, la formación, el entrenamiento y la actuación de las fuerzas de seguridad pública”.[2]

8.      En todo Estado democrático las fuerzas de seguridad cumplen un papel crucial en la protección de los ciudadanos, sus derechos y sus bienes. Es por ello que los Estados miembros deben prestar especial atención al entrenamiento que se brinda a los integrantes de estas fuerzas, para que capacitados en las normas del derecho internacional de los derechos humanos, puedan ejercer sus funciones de forma adecuada, confiable y constructiva para la restauración del orden en la sociedad. De igual forma, un mayor profesionalismo y respeto de los derechos humanos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, trae como consecuencia la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus autoridades públicas y crea la atmósfera propicia para una convivencia pacífica.

9.      La preocupación por abordar de una manera más adecuada y efectiva los problemas de seguridad ciudadana ha sido reflejada en distintas iniciativas de la OEA que incluyen la realización de la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, llevada a cabo en México D.F. el 7 y 8 de octubre de 2008 y en el cual se adoptó un Compromiso por la seguridad pública en la región[3]. En este documento, los Ministros reconocieron que la seguridad pública es un deber y una obligación exclusiva del Estado y destacaron el rol que desempeña el pleno respeto de los derechos humanos y en especial, la promoción de la educación, la salud y el desarrollo socio-económico en el mejoramiento de las condiciones de seguridad. Igualmente, el compromiso destacó la necesidad de promover y fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en el proceso de ejecución de planes y programas de seguridad pública.

10.    Asimismo, ante el evidente impacto que generan los problemas de seguridad ciudadana en la plena vigencia de los derechos humanos y con miras a aportar elementos al debate sobre políticas públicas en esta materia, actualmente la Comisión Interamericana se encuentra elaborando un informe temático sobre la interrelación entre este tema y los derechos humanos. El objetivo central del estudio es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en las Américas y específicamente, identificar y clarificar los estándares aplicables en este campo para poder formular recomendaciones a los Estados miembros de la OEA en el establecimiento de políticas efectivas de seguridad ciudadana que respeten los derechos humanos.

11.    El compromiso de los Estados por crear condiciones de seguridad que permitan a todas las personas el goce pleno de sus derechos, en el marco de una política integral de acceso en condiciones de equidad a la educación, la salud, a fuentes de trabajo y la participación activa de la ciudadanía en el diseño e implementación de estas políticas, debe convertirse en una prioridad en la región. La CIDH continuará sus labores de promoción y protección de los derechos humanos, así como el acompañamiento a estos procesos que permitan que los ideales proclamados hace 60 años sean una realidad en el Hemisferio.

12.    Asimismo, en el año 2009 se celebrará el 50º aniversario de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El cincuentenario indudablemente brinda una excelente oportunidad para efectuar una evaluación profunda sobre la situación actual de los derechos humanos en la región y sobre las medidas concretas que se requieren para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Para ello, la Comisión se pone a disposición de los Estados y de la sociedad civil para facilitar un diálogo constructivo entre los distintos actores del sistema, cuyos resultados serán incluidos en el informe anual de la CIDH correspondiente al año 2009.