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ANEXO 3
DISCURSOS DURANTE EL AÑO 2006
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2005 DE LA CIDH, POR PARTE DEL PRESIDENTE, DOCTOR EVELIO FERNÁNDEZ ARÉVALOS. Washington, D.C., 27 de abril de 2006
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CIDH, EVELIO FERNÁNDEZ ARÉVALOS, EN LA APERTURA DEL 126º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES. Washington D.C., 17 de octubre de 2006
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2005 DE LA CIDH, POR PARTE DEL PRESIDENTE, DOCTOR EVELIO FERNÁNDEZ ARÉVALOS
Jueves 27 de abril de 2006 Washington, D.C.
Señor Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos,
Distinguidos representantes de los Estados Miembros y observadores de la Organización,
Señoras y señores,
Como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”), tengo el placer de presentar el Informe Anual de 2005 de la Comisión a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente. En el día de hoy me acompañan el Secretario Ejecutivo y el personal profesional de la Secretaría.
El informe que hoy presentamos a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos fue aprobado por la Comisión en su 124º período ordinario de sesiones que tuvo lugar entre el 27 de febrero y el 17 de marzo de este año. El informe fue preparado de conformidad con los lineamientos de la resolución AG/RES. 331 (VIII-0/78) de la Asamblea General, y en observancia del artículo 57 del Reglamento de la CIDH. El informe refleja las actividades generales de la CIDH bajo la presidencia del Dr. Clare K. Roberts. Complementaré la presentación de este informe con una presentación de PowerPoint que incluye detalles acerca del sistema de peticiones individuales y la condición financiera de la Comisión.
Situación de los derechos humanos en 2005
Desde su último informe anual, la CIDH ha constatado importantes avances en materia de derechos humanos: la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que anula las leyes de obediencia debida y punto final, recomendado por la Comisión Interamericana; una amplia reforma constitucional en Chile, que elimina algunos obstáculos para una participación política igualitaria, también recomendado por la CIDH; firma de acuerdos e importantes avances en procesos de solución amistosa en casos sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Se destacan también avances normativos en materia de derechos de las mujeres, tales como la adopción de la Ley de Violencia Familiar en Chile, la ratificación por parte de Jamaica de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la “Convención de Belém do Pará”, y la ratificación por parte de Honduras y Colombia de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Al finalizar el año 2004 se presentó un amplio programa nacional de derechos humanos en México y se aprobaron reformas constitucionales en Brasil tendientes a modernizar el sistema judicial y a ampliar los mecanismos judiciales disponibles para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos. Asimismo, la CIDH tomó nota de los profundos cambios que el Gobierno brasilero está realizando en materia de promoción de la igualdad racial en Brasil. Cabe hacer referencia al reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino, durante el presente año, por las falencias en la investigación judicial en el caso del ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Otros Estados, han reconocido su responsabilidades tanto ante la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH destaca asimismo el continuo crecimiento de la legitimidad y efectividad del sistema interamericano de derechos humanos, expresado a través del constante incremento en el número de personas que acuden a plantear sus peticiones, la diversidad de temas que se presentan y organizaciones que asisten a las sesiones y audiencias, el alto nivel de representación estatal y de la sociedad civil en las mismas, el aumento de utilización de la jurisprudencia del sistema por múltiples tribunales de nuestra región, y los importantes resultados logrados en la defensa de los derechos humanos gracias a la utilización del sistema. Asimismo, la Comisión Interamericana desea reconocer el importante trabajo que realizan los defensores de derechos humanos en el hemisferio y reiterar a los Estados miembros la obligación de otorgar a las personas que acuden a las audiencias todas las garantías necesarias.
Lamentablemente, persisten aún problemas. La debilidad del Estado de derecho en varios países de la región afecta la plena vigencia de los derechos humanos. La deficitaria situación socioeconómica de la gran mayoría de los Estados Miembros de la OEA impide el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. Asimismo, persisten problemas estructurales de décadas anteriores referentes a la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos, como por ejemplo, en casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; la detención arbitraria; la fragilidad del Poder Judicial en muchos países de la región; y, en algunos países, los ataques contra la independencia e imparcialidad de dicho poder del Estado; hacinamiento y otras condiciones inhumanas que sufren las personas privadas de libertad y gravísimos incidentes de violencia carcelaria que han causado la muerte de decenas de detenidos. Tampoco ha variado la situación de desigualdad fáctica y jurídica que afecta a grupos tradicionalmente discriminados, tales como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y homosexuales. En el año 2005 se volvió a presenciar la creciente inseguridad pública por el aumento de la criminalidad, así como la insuficiente respuesta estatal de poner en práctica políticas de “mano dura” sin atender debidamente a las causas del problema, y sin considerar la aplicación de políticas de prevención y readaptación.
A pesar de importantes mejoras económicas en varios países de la región, la situación social presenta graves problemas. Por ejemplo, con relación al derecho al trabajo, el tema elegido para la Cumbre de las Américas celebrada en noviembre de 2005, actualmente en América Latina y el Caribe hay más de veinte millones de desempleados, 7 de cada 10 nuevos empleos son informales y muchos trabajadores no ganan lo suficiente para mantener a sus familias por encima de la línea de la pobreza. El Banco Mundial en su Informe “Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos”, recientemente lanzado, ha vuelto a señalar que América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los Estados Miembros de la OEA es aumentar la gobernabilidad en la región y la calidad de la gestión pública como requisito indispensable para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos. Las debilidades estructurales de muchas instituciones básicas de sociedades democráticas, sumados a importantes crisis coyunturales que generan inestabilidad política, impiden la formación de consensos amplios y perdurables que permitan identificar e implementar políticas públicas inclusivas necesarias para el respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con el ejercicio igualitario del derecho a la participación política, acceso a una justicia independiente, imparcial y el goce de un recurso efectivo, una amplia libertad de expresión, los derechos de asociación y reunión, igual protección ante la ley y de los derechos económicos, sociales y culturales.
En este marco, las sociedades de los países americanos y sus gobiernos deben hacer uso de los mecanismos interamericanos con los que se dispone. En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana, implican avances irreversibles de la región al establecer obligaciones jurídicas internacionales que contienen los compromisos para fortalecer una comunidad de naciones libres, cuyos gobiernos no sólo se generan democráticamente, sino también gobiernan con pleno apego al estado de derecho, garantizando cabalmente los derechos humanos de todos sus habitantes. La Comisión Interamericana, como el órgano principal del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos está a disposición de los habitantes americanos y de sus gobiernos para avanzar en esta agenda hemisférica.
La contribución para paliar esas carencias a través de la protección y la promoción de los derechos humanos debe considerarse la misión esencial de la Comisión Interamericana en los próximos años. Ello bajo el entendimiento de que es principalmente mediante acciones en el plano nacional como se pueden traducir en hechos reales las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos asumidas por los Estados Miembros de la OEA. Entendemos que las responsabilidades que competen a la CIDH ocupan un segundo plano frente a la función primordial del Estado. Por lo tanto, el cumplimiento de su mandato exige a la Comisión ante todo trabajar con los gobiernos. Por ello, valora de manera esencial el diálogo y contacto con los gobiernos que permiten analizar los obstáculos que impiden el cumplimiento de las obligaciones internacionales y tratar de superarlos. Asimismo, la Comisión debe fortalecer su capacidad permanente para poder reaccionar rápidamente ante crisis coyunturales, prestar apoyo sobre el terreno, fomentar la capacidad en materia de derechos humanos de los Estados, asesorar y asistir técnicamente. Así como fortalecer el sistema de peticiones individuales y medidas cautelares, a los cuales la CIDH dedica gran parte de sus esfuerzos. Todo esto sin olvidar el rol crucial que la sociedad civil cumple y que la Comisión valora de manera primordial y considera, junto a los Estados, natural en la empresa de promover y defender libertades fundamentales.
Estructura y resumen del Informe Anual 2005
Como en años anteriores, el Informe Anual está dividido en tres volúmenes: los dos primeros se refieren al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el tercero contiene el informe del Relator Especial para Libertad de Expresión de la Comisión.
Asimismo, siguiendo la práctica iniciada en 1999, el Capítulo I del Informe Anual 2005 está dedicado a una evaluación de la situación de derechos humanos en el Hemisferio, y los mayores obstáculos para el disfrute de esos derechos. Al comienzo de mi presentación, me concentré en varios de los asuntos tratados en el Capítulo I del informe.
El Capítulo II ofrece una breve introducción sobre los orígenes y bases legales de la Comisión y describe las principales actividades realizadas por la Comisión durante el año. En este orden, el Capítulo subraya las actividades llevadas a cabo durante sus dos períodos ordinarios de sesiones.
El Capítulo II también describe las visitas in loco y las visitas especiales y de promoción, así como otras actividades desarrolladas por la Comisión durante el año y las actividades de la Comisión en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2005 la Comisión realizó tres visitas a la República de Haití, con apoyo financiero proporcionado por el Gobierno de Francia y apoyo logístico de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití. Igualmente, en julio de 2005 la Primera Vicepresidenta y Relatora de la CIDH para la República de Guatemala, Susana Villarán, visitó dicho país, gracias al respaldo financiero proporcionado por la Comisión Europea. La CIDH también visitó Colombia en dos oportunidades: en enero de 2005 una delegación encabezada por la Vicepresidenta y Relatora de la CIDH para Colombia, Susana Villarán, se desplazó a presentar formalmente el Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia; a mediados de diciembre una delegación de la CIDH encabezada por el Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton visitó Bogotá, para realizar el seguimiento del proceso de desmovilización en Colombia conforme al mandato establecido por la resolución resolución 859 (1397/04) del Consejo Permanente de la OEA, en que se invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a prestar servicios de asesoramiento a la MAPP/OEA. Finalmente, el entonces Relator para México, Dr. José Zalaquet, visitó México entre el 25 y el 31 de agosto de 2005. El programa de la misión comprendió la primera visita oficial de la Comisión al Estado de Oaxaca, donde la delegación se reunió con organizaciones de la sociedad civil, con personal técnico del Proyecto de Naciones Unidas para la Implementación de las Recomendaciones del Diagnóstico de Derechos Humanos en México.
Adicionalmente, a través de sus relatorías especializadas la CIDH desplegó un intenso trabajo. Durante el 2005 la Relatoría de los Pueblos Indígenas participó en visitas de la Comisión a Colombia en junio de 2005, Guatemala en julio de 2005 y México en agosto de 2005, donde se reunió con representantes de los pueblos indígenas de esos Estados y obtuvo importante información. La Relatoría, para esa fecha a cargo del Comisionado José Zalaquet y en la actualidad bajo el encargo del Dr. Paolo Carozza, también participó en una variedad de conferencias y seminarios sobre derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la presentación del tema de los derechos de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la conferencia anual de la Asociación de Escuelas Americanas de Derecho, en enero de 2005 y el seminario sobre Justicia de los Pueblos Indígenas, organizado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEPHAPI) bajo el auspicio de la Comisión de Estado de los Derechos Humanos y del Sub-Secretario para los Derechos Humanos de la Gobernación de Oaxaca en noviembre de 2005.
Durante el último año, el programa de trabajo de la Relatoría sobre los derechos de la mujer, encabezada hoy por el Comisionado Víctor Abramovich, quien sucedió a la Comisionada Susana Villarán, se centró en una tarea prioritaria para los derechos de la mujer en el continente: cómo asegurar el acceso efectivo de la mujer a la justicia, en particular cuando ha sido sometida a la violencia y a la discriminación. La Relatoría llevó a cabo durante el 2005 un proceso destinado a recoger información para identificar los mayores logros y desafíos para las mujeres acceder efectivamente a la justicia en las Américas. Las actividades que han sido implementadas son la distribución de un cuestionario a Estados Miembros de la OEA y expertos de la sociedad civil, agencias internacionales y el sector académico y la organización de cinco reuniones de expertos en Washington, DC (abril 19-20), Perú (agosto 1-2), Costa Rica (agosto 11-12), Argentina (septiembre 12-13) y Jamaica (septiembre 29-30), a nivel regional y subregional.
Las actividades de la Relatoría de la Niñez en el año 2005 incluyeron la realización de un seminario en Brown University, dirigido por el Comisionado encargado de la relatoría, Dr. Paulo Sergio Pinheiro; y la participación, en junio de 2005, en la Consulta para América Latina, efectuada en el marco del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y los Adolescentes, que se efectuó en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, la relatoría participó junto con la oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF de una visita de observación a Haití durante el mes de diciembre. Adicionalmente, en marzo de 2005, la CIDH envió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer caso relativo a niños soldados en el Hemisferio.
En cumplimiento de su mandato, durante el año 2005, el Relator Especial para los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, Comisionado Florentín Meléndez, participó en numerosas actividades promocionales, de observaciones y de asesoría. El Relator Especial viajó a numerosos países de la región, incluyendo Brasil y Colombia, con el objeto de analizar en el terreno las condiciones de detención de personas privadas de la libertad en esos países. Adicionalmente, en ejercicio de sus funciones de promoción, el Relator Florentín Meléndez participó en el seminario organizado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Teotônio Vilela sobre “El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Implementación en Brasil y otros Estados Federales y Descentralizados”, que tuvo lugar del 22 al 24 de junio de 2005 en São Paulo, Brasil. La Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes y contra la Discriminación Racial, a través de su relator, Comisionado Clare K. Roberts, realizó una visita de trabajo a Brasil, en respuesta a una invitación oficial de ese Gobierno. Durante esta visita, el Relator Especial participó en la Primera Conferencia Nacional de Promoción de Igualdad Racial y, se reunió con autoridades y distintos representantes de la sociedad civil, concretamente, el Movimiento Social Negro. El Relator Especial visitó la capital Brasilia, Salvador y Sao Paulo. Adicionalmente, durante el mes de agosto de 2005, el Relator participó en la creación del Parlamento Negro de las Américas en San José de Costa Rica. El actual relator reconoció durante la reunión que mejorar la participación política y la representación son un imperativo para el avance de los movimientos de los descendientes africanos en toda la región.
Por su parte, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría Ejecutiva participó en varias visitas a países del Hemisferio con el objeto de recibir información y reunirse con defensoras y defensores. Una de las principales tareas de la Unidad durante el presente período fue la conclusión de un Proyecto de Informe Integral sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas. A este efecto, quiero comunicarles que la Comisión Interamericana discutió y aprobó el “Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas” en su 124º período ordinario de sesiones, en cumplimiento con el mandato establecido por la Asamblea General de la OEA mediante la resolución AG/RES. 1818 (XXXI-O/01). La CIDH resalta en su informe que la labor de promoción y protección de los derechos humanos que realizan las defensoras y defensores es una actividad esencial que coadyuva con una obligación esencial de los Estados, y por lo tanto, genera en éstos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos.
En conclusión, la Comisión ha cumplido con todos los mandatos que le fueron asignados por la Asamblea General y la Cumbre de la Américas. Sin embargo, varias de estas actividades fueron desarrolladas por la Comisión a través de contribuciones voluntarias y fuentes externas de financiamiento, debido a la falta de presupuesto regular de la Comisión. En este sentido, queremos enfatizar una vez más, la necesidad de los Estados Miembros de cumplir con sus compromisos de aumentar el presupuesto regular de la Comisión a fin de que ésta pueda continuar cumpliendo con sus crecientes responsabilidades y mandatos.
El Capítulo III, el más largo del informe, contiene las decisiones de la Comisión respecto a peticiones y casos sobre violaciones de derechos humanos en los Estados Miembros de la Organización. El capítulo también incluye estadísticas correspondientes al trabajo de la Comisión, resúmenes de las medidas cautelares adoptadas o ampliadas durante 2005, y una visión general del seguimiento de las recomendaciones sobre decisiones publicadas desde el 2001.
En el período bajo análisis, la Comisión publicó un total de 84 informes, incluyendo 53 informes de admisibilidad de peticiones, 16 informes de inadmisibilidad de peticiones, 8 informes de soluciones amistosas y 7 informes de fondo. En el mismo período la Comisión otorgó un total de 33 medidas cautelares de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, a fin de prevenir daño irreparable a las personas. Asimismo, durante el año 2005, la Comisión recibió un total de 1330 peticiones individuales e inició el trámite de 150 de las mismas, de las que resultaron un total de 1137 casos y peticiones individuales tramitadas por la Comisión en el año 2005. Asimismo, la Comisión refirió un total de 10 casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto se logró como resultado de los incansables esfuerzos del pequeño grupo de personal de la Secretaría Ejecutiva y los miembros de la Comisión. Estas circunstancias imponen una presión considerable en la Secretaría Ejecutiva, en su intento por manejar esta carga de casos en incremento y los crecientes mandatos de la Comisión en otras áreas con un presupuesto que se mantiene constante o que incluso es recortado en términos reales.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
EVELIO FERNÁNDEZ ARÉVALOS, EN LA APERTURA
Washington, D.C.
Su excelencia, señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA;
Su excelencia, Albert R. Ramdin, Secretario General Adjunto de la OEA;
Su excelencia, Marina Annette Valère, Embajadora, Representante Permanente de Trinidad y Tobago ante la OEA y Presidenta del Consejo Permanente de la Organización;
Honorables, Embajadores, Representantes Permanentes y Alternos, y Funcionarios de los gobiernos de los Estados Miembros de la OEA;
Honorables Embajadores y Representantes de los Observadores Permanentes ante la OEA;
Apreciados Colegas, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
Estimado Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e igualmente estimado y apreciado personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH;
Señoras y señores representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
Invitados Especiales, Señoras y señores:
Tengo a honra dirigirme a ustedes, en mi carácter de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta ceremonia inaugural de nuestro 126º período ordinario de sesiones. Es un placer contar en esta oportunidad con la presencia de mis colegas: Paulo Sergio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente y los Comisionados Freddy Gutiérrez, Paolo Carozza y Víctor Abramovich. Por otro lado, lamentamos que por motivos de fuerza mayor, el Comisionado Clare Kamau Roberts no pueda acompañarnos en esta ocasión.
Quisiera iniciar esta intervención agradeciendo todo el apoyo recibido de los Estados y del Secretario General al trabajo que la Comisión Interamericana realiza. Sin lugar a dudas, la voluntad de cooperación que hemos encontrado en los Estados miembros de la OEA y en el Secretario General ha sido fundamental para fortalecer la protección de los derechos humanos de los habitantes de nuestra América.
Un punto novedoso que deseamos compartir con ustedes, es el cambio de formato de las sesiones que estamos promoviendo a partir de este año. Ahora, en lugar de nuestros tradicionales dos periodos de sesiones de tres semanas, celebraremos tres periodos de dos semanas cada uno, de los cuales uno de ellos se llevará a cabo en el territorio de algún estado miembro, siempre que nuestra débil situación financiera lo permita.
Es importante comentarles que esta modalidad fue puesta en marcha en Guatemala con una sesión muy fructífera, razón por la que me permito aprovechar la oportunidad para hacer público nuestro sincero agradecimiento al pueblo y al Gobierno Guatemalteco por la hospitalidad brindada en el pasado mes de julio.
Volviendo al motivo principal que nos reúne, la Comisión tiene previsto un intenso cronograma de actividades para las sesiones ordinarias que dan inicio hoy. Como es habitual, la mayor parte de nuestro trabajo será orientado al estudio y consideración de informes sobre peticiones y casos individuales de distintos países del Hemisferio que se hallan en las etapas de admisibilidad, solución amistosa, fondo o decisión de envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También, la Comisión ha convocado alrededor de 50 audiencias sobre casos y peticiones en las etapas antes mencionadas. Asimismo, recibiremos en audiencia a distintas personas, organizaciones y representantes de los Estados miembros que presentarán informes sobre la situación de los derechos humanos en sus respectivos países, ya sea con carácter general o sobre algún derecho o tema específico que sea de la competencia de la Comisión.
Adicionalmente, durante las sesiones se continuará analizando la situación actual de los derechos humanos en el Hemisferio y las diversas maneras de fortalecer el Sistema Interamericano como mecanismo fundamental para responder a las crecientes necesidades de la región en esta área. En toda nuestra trayectoria de trabajo en materia de derechos humanos, reconocemos desafíos, tales como la vigencia del Estado de Derecho en nuestros países, la protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, la seguridad ciudadana y la inclusión social.
Como lo hemos expresado reiteradamente, el tema de la democracia y el Estado de Derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos en las sociedades democráticas. De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
Es precisamente, este régimen democrático con pleno respeto a los derechos y libertades, el que debe dar respuesta a la preocupante realidad que revela que el grupo de los países que integran la Organización de los Estados Americanos, se constituye como el más desigual del mundo: la exclusión de los beneficios del progreso, así como la falta de satisfacción de las necesidades básicas y a la educación, son elementos que colocan a grandes sectores sociales en una situación de especial vulnerabilidad ante los ajustes estructurales y los desajustes de la economía.
Esta situación genera nuevos desafíos y demandas a la Comisión. Para ello, siguiendo nuestra tradición histórica, ajustaremos nuestras metodologías de trabajo para dar respuesta eficiente a las nuevas demandas y realidades regionales. Las innovaciones en el formato de sus sesiones son solo una manifestación. Con cada reforma estamos buscando una mirada estratégica acerca del Sistema, para colaborar con los Estados en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. En este sentido, el compromiso que hemos encontrado en los Estados nos muestra una vez más la importancia de afianzar una interacción mancomunada, de tal forma que nuestras decisiones sobre casos individuales e informes temáticos y por países, apunten precisamente a acompañar a los Estados en la tarea de mejorar la protección de los derechos humanos.
Otro de los más grandes desafíos para la Comisión y para la comunidad hemisférica es cómo responder de manera ágil y efectiva en situaciones de violaciones graves o estructurales de los derechos humanos. En este sentido, la Comisión como el órgano principal de la organización en materia de derechos humanos debe utilizar sus herramientas en aras de proteger a los habitantes de América frente a violaciones de sus derechos alertando a la OEA y a sus Estados Miembros sobre aquellas situaciones particularmente preocupantes. Para ello, particularmente, la Comisión observa con detenimiento la situación especialmente crítica de algunos Estados de la región, y durante estas sesiones discutiremos qué países serán incluidos en el capítulo IV de nuestro Informe Anual y para emitir sus respectivas consideraciones.
El inicio de todo período de sesiones siempre es propicio para realizar un balance general, es por esta razón que considero necesario destacar tres aspectos. En primer lugar, que el funcionamiento del Sistema Interamericano en el último año se ha visto facilitado, en gran medida, gracias a la absoluta independencia garantizada a la Comisión por el Secretario General; y gracias también a que encontró en los Estados un decidido apoyo. Y en segundo lugar, quisiera recalcar que un importante soporte de esa independencia es lograr el financiamiento necesario para poder desarrollar sus funciones. Sea esta la oportunidad para agradecer a todos los países que apoyan financieramente las actividades de la Comisión: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, México, Suecia y República Dominicana.
Finalmente, la Secretaría de la Comisión Interamericana ha continuado mejorando su gestión basada en la dedicación y constancia de todo su personal. Considero oportuno entonces, aprovechar para agradecer el compromiso, excelente desempeño y profesionalismo tanto del Secretario Ejecutivo como de todo el equipo que trabaja incansablemente por afianzar la protección de los derechos humanos de los habitantes de América.
Señor Presidente, señor Secretario General, señoras y señores representantes, estimados colegas, compañeras y compañeros de trabajo:
Antes de concluir quisiera dar la bienvenida a los participantes del Segundo Curso sobre el Sistema Interamericano Universal de los Derechos Humanos, co- organizado junto con el Servicio Internacional por los Derechos Humanos y American University. Contamos este año con defensores de 7 países de la región. Este curso complementara al que concluimos recientemente con la Corte y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos dirigido a funcionarios de las Cancillerías de vuestros países.
El siglo XXI se nos ha presentado con múltiples retos que requieren nuevos enfoques y creatividad en el momento de encontrar mecanismos para fortalecer la proteccion de las libertades fundamentales de los habitantes de nuestra América. Sin embargo, debemos evitar la tentación de ver en cada desafío una ocasión para desestimar las conquistas que ya hemos logrado en materia de derechos humanos a lo largo de todo este tiempo. Las respuestas a los problemas que enfrentamos deben ser halladas en el marco de la legalidad interamericana y no fuera de ella. La vigencia del Estado de Derecho es un pilar básico de una sociedad justa, que reconoce en la superación de la pobreza y el pleno respeto de los derechos humanos la esencia de la dignidad de las personas, como claramente lo proclama la Carta de la OEA. De esta forma, declaro abierto el 126º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
* Se tomó en cuenta la cantidad de decisiones tomadas por el GRUMECA y por la CIDH en el período indicado, incluyendo los seguimientos realizados. Debe tenerse en cuenta que una solicitud de medida cautelar puede tener más de una decisión y que solicitudes recibidas fuera de este período pueden haber sido evaluadas durante éste.
La fortaleza del sistema interamericano de protección de los derechos humanos depende del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, las decisiones de la Corte y las medidas urgentes de protección. Como se observa en el cuadro que indica el seguimiento, varios Estados han dado cumplimiento a las recomendaciones de manera total o parcial. Por otro lado hay muchos casos en los que los Estados involucrados aun deben implementar, de manera plena, las recomendaciones emitidas. En este sentido, es importante reiterar la obligación de los Estados Miembros de hacer el mayor esfuerzo posible a fin de cumplir de buena fe con las recomendaciones de la Comisión.
El Capítulo IV del Informe Anual de 2005 contiene el análisis de las situaciones de derechos humanos en Colombia, Cuba, Ecuador, Haití y Venezuela. Dicho capítulo incluye aquellos Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial.
Respecto a Colombia, la Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Estado en aras a combatir a los actores armados y terminar con la violencia. Asimismo, la CIDH observa en el 2005 con beneplácito el importante paso que el Estado tomó mediante la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, la Comisión continúa preocupada por el impacto de la violencia generada por los actores del conflicto armado interno en el respeto de los derechos fundamentales de la población civil en Colombia y, en particular, de los sectores más vulnerables. Asimismo, continúan registrándose ataques contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicales, y periodistas.
A pesar del diálogo entre el Estado y el comando mayor negociador de las AUC, el compromiso de cese de hostilidades y las desmovilizaciones efectuadas en varias regiones del país, prosiguen las acciones de grupos paramilitares contra la población civil.
La CIDH reconoce que una situación tan compleja, dolorosa y prolongada como la colombiana requiere desactivar a los actores armados mediante mecanismos de negociación. Por ello, para asegurar la perdurabilidad de la paz, se debe garantizar la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Ello requiere el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar en forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA.
Respecto a Cuba, la CIDH ha observado y evaluado la situación de los derechos humanos durante el año 2005, período dentro del cual recibió, en especial, información sobre violaciones al debido proceso legal y la falta de independencia del poder judicial; las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en razón de ser disidentes al gobierno; la violación del derecho a la libertad de expresión; sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos; la vulneración de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y las restricciones impuestas al ejercicio del derecho de residencia y tránsito de los habitantes de la isla.
Además, la Comisión reseña en su informe que el embargo comercial impuesto contra Cuba desde hace más de 40 años debe terminar. Esta sanción de carácter económico ha generado un grave impacto en el disfrute de los derechos económicos y sociales de la población y, en definitiva, quienes han sufrido sus consecuencias han sido los sectores más vulnerables de la población cubana.
Sobre la situación de Ecuador, el informe se concentra en la situación por la cual atravesó este país al final de 2004 y durante el transcurso del año 2005. La Comisión resalta las iniciativas adoptadas por el Gobierno del Presidente Palacio, las cuales constituyen un signo positivo para el reestablecimiento de algunas de las instituciones. En este marco, el proceso inédito de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema, asegurando una selección transparente y con verificación internacional, constituye un paso importante, sobre todo al haber sido el resultado de un diálogo democrático interno.
Pese a esto, el año 2005 fue testigo de un débil estado de derecho y consecuente frágil protección de los derechos humanos en el Ecuador. La seguridad del sistema democrático se vio afectada por una inestabilidad política, que si bien no es un producto reciente en la historia del país ni responsabilidad del gobierno actual, ha puesto en evidencia las falencias de una estructura de poderes que ha sido endeble al momento de dar respuestas en sus políticas públicas a las reformas estructurales necesarias para la protección de los derechos humanos de la mayoría de la población ecuatoriana; ó que, en ocasiones, se vio imposibilitada de desarrollar programas de trabajo eficaces debido a la temporalidad de sus funciones ya que el promedio de duración de los presidentes ecuatorianos en la última década ha sido de apenas dos años. Esta erosión se vio reflejada, también, en la incapacidad del sistema político de dar respuesta a problemas sociales, lo cual contribuye a perpetuar falencias estructurales de derechos humanos.
De manera similar a las conclusiones plasmadas en el Informe Anual de la Comisión en 2004, durante 2005 la Comisión presenció un mayor deterioro de las condiciones en Haití, debido fundamentalmente al aumento de la violencia causada por grupos y bandas armadas, aunado al hecho de que el gobierno, con la asistencia internacional, no haya garantizado la seguridad de la población en todo el país. Por ejemplo, en algunos barrios de la ciudad de Puerto Príncipe, como Cite Soleil, no hay presencia ni de la Policía Nacional ni de las fuerzas internacionales, por lo cual estas zonas no cuentan con ningún tipo de seguridad. Aunque se han hecho algunos esfuerzos por aprehender a criminales peligrosos, el hecho de que no se haya desarmado a los grupos y bandas armadas en Haití es una preocupación primordial para la Comisión, no sólo por la amenaza inmediata que esta violencia plantea a la vida e integridad física de los haitianos, sino también porque, en buena parte, el futuro del país depende de la que los esfuerzos en pro de la seguridad se hagan efectivos. Si no existe un eficiente control estatal de la seguridad, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, las personas amenazadas por sus opiniones políticas y otros protagonistas clave para el ejercicio de la democracia seguirán amenazados y disminuirán las perspectivas de celebrar elecciones plenas y libres, al igual que las oportunidades de cooperación internacional y de desarrollo a largo plazo del país. A la luz de estas consideraciones, la Comisión exhorta una vez más al gobierno a adoptar las medidas urgentes necesarias, acordes con los principios y normas del derecho internacional, para afirmar su control de la seguridad en Haití y reclama de la comunidad internacional que redoble sus empeños por ayudar al gobierno en esta tarea.
Respecto a Venezuela, la Comisión destaca algunas acciones dirigidas a dar cumplimento a decisiones emanadas de los órganos del sistema y los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Entre estas acciones se cuentan la sanción de la Ley Aprobatoria del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el cual la CIDH espera que el instrumento de ratificación sea depositado a la brevedad; el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en una audiencia pública realizada el 29 de junio de 2005 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Blanco Romero y otros; y el pago de las pensiones adeudadas y la indemnización por daños morales y materiales a los jubilados de VIASA, en el marco de un acuerdo suscripto ante la CIDH entre el Estado y los representantes de la petición 667/01 Jesús Manuel Naranjo Cárdenas y otros (Jubilados de la Empresa Venezolana de Aviación VIASA).
No obstante estos avances, la Comisión lamenta la persistencia de una posición contendiente del Estado venezolano con el sistema interamericano a través de la reafirmación de la Sentencia 1942 del Tribunal Supremo de Justicia que establece la sujeción constitucional al cumplimiento de las decisiones de los órganos del sistema.
Igualmente, en su informe, la Comisión dio particular atención a las situaciones relacionadas con la administración de justicia, la falta o retardo procesal en las investigaciones de denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, y la existencia de un ambiente hostil al disenso político y a organizaciones no gubernamentales o medios de comunicación que hacen señalamientos públicos sobre violaciones de derechos humanos o irregularidades en la administración pública del país. También, en el último año la Comisión ha sido alertada sobre las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad.
El Capitulo V del Informe de 2005 de la Comisión contiene el Séptimo Informe de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, el que establece los parámetros de las principales actividades realizadas en esta área durante 2005. El Informe presenta un panorama sobre hechos trascendentes en materia migratoria y derechos humanos, así como revisa la jurisprudencia del sistema interamericano y la política y prácticas nacionales relacionadas a los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias.
Como en los informes de años pasados, el Relator Especial para la Libertad de Expresión preparó su informe de 2005 en el tema, el mismo que constituye el Volumen III del Informe Anual. De acuerdo al mandato de la Comisión el informe cubre los temas y las actividades que fueron prioritarias para la Relatoría durante el año, incluyendo la evaluación del estado de la libertad de expresión en el Hemisferio, un resumen de la jurisprudencia sobre libertad de expresión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y jurisprudencia interna de los Estados Miembros, un informe sobre acceso a la información en el Hemisferio, un informe acerca de las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de religión, y un informe sobre libertad de expresión y procesos electorales respecto a encuestas de opinión y los sondeos a boca de urna. Asimismo, durante 2005, la Relatoría publicó el informe “Impunidad, autocensura y conflicto armado: un análisis sobre la situación de la libertad de expresión en Colombia”, estudio basado en información obtenida durante su visita a Colombia.
Como muchos de ustedes saben, durante su 124º período ordinario de sesiones la CIDH seleccionó al Dr. Ignacio Álvarez como Relator Especial para la Libertad de Expresión. El Dr. Álvarez, de nacionalidad venezolana, se ha venido desempeñando como abogado especialista en derechos humanos de la CIDH desde 1998 y es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una especialización en derecho procesal de la Universidad Central de Venezuela y una maestría en derecho internacional de la Facultad de Derecho de American University, en Washington, D.C.
Finalmente, los anexos del Informe Anual contienen información respecto al estado actual de las convenciones y protocolos de derechos humanos adoptados dentro del marco del sistema interamericano, así como las copias de los comunicados de prensa emitidos por la Comisión durante el 2005 y los discursos pronunciados a nombre de la Comisión.
Conclusión
Sr. Presidente, Sres. Representantes, estimados colegas, damas y caballeros,
No quisiera terminar ni dejar de resaltar que el apoyo de los Estados Miembros y su colaboración con el trabajo de la Comisión son cruciales para asegurar la genuina efectividad del sistema interamericano en la protección de los derechos humanos. La búsqueda constante de mecanismos para consolidar las democracias crea nuevas oportunidades para el compromiso de los Estados Miembros con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión y la Corte son, conforme al propósito de los Estados Miembros, medios para ayudar al desarrollo de "un régimen de libertad personal y de justicia social", que es el objetivo final consignado en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con ello, la Comisión renueva su compromiso de trabajar con los Estados Miembros en el cumplimiento de su mandato para defender la dignidad humana mediante el ejercicio de su mandato en la protección y la promoción de los derechos humanos. En nombre de la Comisión, quiero expresar nuestra gratitud por el apoyo que los Estados Miembros han brindado a la Comisión para que ésta continúe honrando ese compromiso común de velar por el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas de nuestro Hemisferio.
Quiero agradecer asimismo, en nombre de la Comisión al Secretario General José Miguel Insulza, quien desde su asunción ha apoyado constantemente nuestro trabajo y ha consagrado en la estructura el reconocimiento a la independencia de la Comisión dentro de la Organización de los Estados Americanos, a la vez de apoyar la gestión de aumento presupuestario.
En relación con el presupuesto de la CIDH, en primer lugar, deseo reiterar nuestro agradecimiento también a los órganos políticos de la Organización, en especial a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, a su Presidente, Embajador Manuel María Cáceres, y al Consejo Permanente, quienes autorizaron las adiciones presupuestarias que permitieron la celebración de nuestro 123º período ordinario de sesiones. Adicionalmente, quiero agradecer de manera expresa la aprobación del ajuste del programa-presupuesto 2006, que en el caso de la CIDH se traduce en la creación de siete nuevos cargos que resultan absolutamente vitales para su funcionamiento.
En segundo lugar, quiero expresar que a pesar de dichos esfuerzos, los montos previstos en el programa-presupuesto anual de la Organización no corresponden a las necesidades reales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ha recibido con entusiasmo los mandatos asignados a ella por la Asamblea General, así como lo encomendados por las Cumbres de las Américas, toda vez que demuestran la legitimidad creciente del sistema y el reconocimiento de los Estados de su relevante rol y área prioritaria dentro de la Organización. Sin embargo, la capacidad de la Comisión Interamericana de cumplir con su amplio y diverso mandato requiere un compromiso equivalente en el plano de la asignación de los recursos financieros y humanos.
El monto del presupuesto ajustado de la Comisión para 2006 es de U.S.$ 3.719.700, lo que representa el 4,6 % del presupuesto global de la Organización (U.S.$81.497.700). De conformidad con el programa presupuesto 2006, los US$716.400 aprobados para las operaciones están utilizados para sufragar gastos de los dos períodos de sesiones ordinarios, los elementos de oficina, costo de los servicios comunes visitas de observación, algunas actividades de promoción de derechos humanos, incluidas las becas “Rómulo Gallegos” y de la participación en número reducido de audiencias ante la Corte Interamericana. En consecuencia, dicho monto no alcanza para pagar la preparación, edición y publicación de documentos de la Comisión, del Informe Anual a la Asamblea General, de informes sobre situación derechos humanos en diferentes países, de Informes especiales sobre temas relacionados con derechos humanos y del Manual de Normas vigentes en materia de derechos humanos. Tampoco incluye el Centro de Documentación y la Biblioteca Especializada, la compra de libros y subscripciones. Todos estos gastos deberán ser cubiertos con fondos específicos.
En dicho contexto, quiero agradecer el compromiso y apoyo financiero de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y México que con sus contribuciones hicieron posible el trabajo de la Comisión durante el 2005. Asimismo, la Comisión invita a todos los Estados Miembros a que se solidaricen con la asignación de mayores recursos para el adecuado y regular funcionamiento de los órganos de derechos humanos del sistema interamericano. La Comisión aprovecha también la oportunidad para expresar su gratitud por las contribuciones recibidas de Italia, España, Irlanda, Suecia, Francia, Finlandia, la Organización Derechos y Democracia, la Fundación MCormick, la Secretaría del Commonwealth y la Comisión Europea, las cuales hicieron posible llevar a cabo múltiples actividades vitales para su trabajo de protección y promoción de los derechos humanos.
Finalmente, quisiera expresar mi aprecio por el sentido de profesionalismo y dedicación de nuestro Secretario Ejecutivo y del personal administrativo y profesional de la Secretaria por su trabajo incansable en el apoyo de los derechos humanos, en circunstancias extremadamente difíciles y dentro de la total extensión de sus capacidades. |
