HAITÍ

Introducción

199.        La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH” o “la Comisión”) decidió incluir en el presente Capítulo algunos aspectos vinculados a la República de Haití, estado miembro de la OEA, cuyas prácticas de derechos humanos merecen especial atención, pues puede decirse que se encuentra en una situación cubierta por el quinto criterio estipulado en el Informe Anual de la CIDH de 1997 antes citado, a saber:

Situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del estado de derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales.

200.        La Comisión elaboró esta sección del Capítulo IV de su Informe Anual de acuerdo con el artículo 57(1)(h) de su Reglamento y basó su análisis en la información obtenida durante la visita que se describe más adelante y otras fuentes confiables disponibles al público. El 25 de enero de 2006, la CIDH remitió al estado copia de un borrador de esta sección del Capítulo IV de su Informe Anual de 2005, de conformidad con el artículo citado, y pidió al Gobierno de la República de Haití que presentara sus observaciones sobre la misma dentro de un plazo de 15 días.  A la fecha del presente informe la Comisión no ha recibido una respuesta del Estado haitiano.

201.        El año 2005 constituyó el segundo año del gobierno de transición de Haití, tras violentos disturbios y la partida del Presidente Jean-Bertrand Aristide a fines de febrero de 2004, la instalación de un gobierno de transición en marzo de 2004 y la llegada de una nueva Misión de las Naciones Unidas —la Misión para la Estabilización de Haití (MINUSTAH)— en junio de 2004. Las actividades de la Comisión en Haití en 2005 inevitablemente se vieron afectadas por estos importantes sucesos e incluyeron la supervisión de la situación de derechos humanos durante este segundo año de transición, en especial la capacidad del estado de proteger la vida de sus ciudadanos, el proceso de desarme, el proceso electoral y las actividades tendientes a lograr el consenso nacional y la reconciliación en materia de gobernanza. Para ello, la Comisión visitó Haití en abril, julio y noviembre de 2005 para evaluar la situación de derechos humanos imperante y efectuar investigaciones sobre el estado de la administración de justicia en Haití y la violencia contra menores de edad.

202.        A raíz de estas actividades en relación con Haití a lo largo del año, la Comisión sigue hondamente preocupada por las numerosas esferas en que los derechos básicos del pueblo haitiano carecen de protección y garantías. Durante su visita a Haití en septiembre de 2004, la Comisión expresó la esperanza de que el país y su pueblo superaran las dificultades del pasado y avanzaran hacia un futuro en que imperaran el estado de derecho, la democracia y el respeto pleno por los derechos humanos. Si bien la Comisión sigue empeñada en este objetivo, durante sus visitas en abril y julio de 2005 observó con desasosiego el marcado aumento en la cantidad de civiles muertos y heridos como consecuencia de la violencia armada y el grave deterioro de la situación de seguridad en Haití. La Comisión observa que desde principios de 2005, Haití ha sufrido una violencia generalizada y creciente derivada de conflictos entre las autoridades policiales y grupos armados ilegítimos, así como un aumento en delitos como asesinato, tortura, secuestro y robo de vehículos, en particular en la capital, Port-au-Prince.[228] Ante estas circunstancias, la Comisión insta al gobierno a adoptar con urgencia las medidas necesarias, congruentes con los principios y normas internacionales en materia de derechos humanos, para ejercer control sobre la seguridad en Haití, y exhorta a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para ayudar al gobierno en esta tarea. Con la adopción de estas medidas, aumentarán las posibilidades de que Haití avance hacia un futuro de mayor prosperidad.

Resumen de los principales acontecimientos registrados en Haití en 2005

203.        Como contexto para el análisis de la situación de derechos humanos en Haití en 2005, la Comisión ofrecerá un breve panorama de los principales acontecimientos registrados en el año.

204.        Tras los violentos disturbios ocurridos en febrero de 2004[229] y la instauración de un régimen de transición encabezado por el Presidente Boniface Alexandre, este gobierno interino, en el último de sus dos años de mandato, siguió enfrentando dificultades significativas para garantizar la seguridad de la población. En consecuencia, el pueblo haitiano continuó viendo seriamente amenazadas su vida y su seguridad personal a causa de diversos factores, una grave escasez de policías y de los recursos que éstos requieren para cumplir con sus funciones, la destrucción de los destacamentos y juzgados durante los sucesos de febrero de 2004 y la escalada de violencia que han generado personas y grupos que portan armas ilegalmente y cometen delitos con impunidad. En términos generales, la situación en materia seguridad y respeto a los derechos humanos en Haití se agravó de 2004 a 2005, al persistir las deficiencias del gobierno de transición e incrementarse las actividades de los grupos armados tanto en intensidad como en cobertura, lo que pasó a afectar todos los sectores de la sociedad y casi paralizó las actividades cotidianas de la población, principalmente en Port-au-Prince.[230]

205.        La organización de las elecciones fue difícil y se vio obstaculizada por numerosos atrasos. La ley electoral no se promulgó sino hasta febrero de 2005, el proceso de registro electoral se inició apenas en abril de 2005 y para mediados del verano muchos centros de registro no se habían instalado todavía. En agosto de 2005 se amplió la fecha límite para el registro, de mediados de agosto a mediados de septiembre, y las elecciones presidenciales que se habían programado para el 9 de octubre de 2005 se pospusieron para el 21 de noviembre. Finalmente, por no estar listos los preparativos necesarios (no se habían distribuido todavía las credenciales para votar), el Consejo Electoral Provisional (CEP) canceló las elecciones de noviembre y, a la fecha en que se redactó este informe, no había fijado nueva fecha oficial. El proceso padeció numerosas deficiencias logísticas, por ejemplo, para el establecimiento de un número adecuado de centros de registro en áreas remotas y la producción y distribución en un lapso razonable de las credenciales para votar de todos los electores registrados. Asimismo, la falta de seguridad en la capital planteó obstáculos para el funcionamiento normal del CEP, como el ataque armado que éste sufrió el 25 de marzo de 2005 y el retraso en la apertura de los centros de registro en Cité Soleil por la prevalencia de bandas armadas y la dificultad en el acceso a esta zona de la ciudad por la ausencia de autoridad estatal en el área. A pesar de estos problemas, aproximadamente 3 de los 4 millones de ciudadanos con derecho de votar calculados se habían registrado a la fecha del presente informe, se esperaba la apertura de 806 centros electorales y el 9 de noviembre el CEP publicó la lista de los 38 candidatos oficiales, representantes de por lo menos un número equivalente de partidos políticos, entre ellos el Fanmi Lavalas.

206.        El acontecer nacional en el último año en Haití también se vio acompañado por el despliegue creciente de efectivos militares y oficiales de la policía civil de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, inicialmente autorizada para un período de seis meses a partir del 1o de junio de 2004, y que se ha renovado desde entonces en tres ocasiones, incluida la más reciente del 22 de junio de 2005 que la prorrogó hasta el 15 de febrero de 2006.[231] En esta última resolución se amplió también “temporalmente” de 6,700 a un máximo de 7,500 efectivos el componente militar de la MINUSTAH y su componente de policías civiles de 1,622 a un máximo de 1,897 miembros. El mandato de la MINUSTAH fue definido por el Consejo de Seguridad e incluyó garantizar la seguridad y estabilidad para el proceso constitucional y político de Haití, brindar asistencia al gobierno de transición para la reforma de la Policía Nacional de Haití y ayudar con programas amplios y sostenibles de desarme, desmovilización y reinserción, entre otras tareas. Al 30 de septiembre de 2005, las fuerzas de la MINUSTAH comprendían un total de 8,104 efectivos uniformados, entre ellos 6,595 soldados y 1,509 policías.[232] Visitaron también el país representantes del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, para evaluar las condiciones de paz y seguridad, y el experto independiente sobre Haití, el Sr. Louis Joinet, efectuó por lo menos dos visitas al país y publicó un informe con sus resultados y recomendaciones para mejorar la protección de la población civil y el respeto a los derechos humanos.

207.        La Comunidad del Caribe (CARICOM), de la que Haití es miembro, condenó las circunstancias que condujeron a la salida del Presidente Aristide en febrero de 2004 y subsecuentemente decidieron no permitir al gobierno transición participar en sus Consejos. Al final de la XXVI Reunión General de Jefes de Gobierno en julio de 2005, la Comunidad no readmitió a Haití en sus reuniones, pero decidió que la CARICOM estaría dispuesta a participar en la observación internacional de las elecciones “cuando fueran propicias las condiciones en el sitio”.[233]

208.        Por su parte, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó la Resolución AG/RES. 2147 (XXXV)-O/05,[234] durante su trigésimo quinto período ordinario de sesiones del 5 al 7 de junio de 2005 en Fort Lauderdale, Florida. En esa ocasión, la Asamblea General identificó como principal preocupación de la OEA en Haití el restablecimiento pleno del orden democrático duradero y del bienestar económico, social y político de los ciudadanos de Haití. La Asamblea General instruyó también al Secretario General a establecer la coordinación necesaria con el Secretario General de las Naciones Unidas e identificar espacios de colaboración entre la Misión Especial de la OEA y las Naciones Unidas, en especial en lo relativo al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la organización de las elecciones y la promoción de los derechos humanos. La Asamblea General instó asimismo a la CIDH a continuar vigilando e informando respecto a la situación de los derechos humanos en Haití y a trabajar con la Misión Especial de la OEA en la promoción y observancia de esos derechos.

209.        Hay numerosas iniciativas emprendidas por órganos y agencias de la OEA para poner en ejecución los términos de la Resolución de la Asamblea General. El 5 y 6 de julio de 2005, el recién electo Secretario General José Miguel Insulza encabezó la visita a Haití de una delegación de la Secretaría General que se reunió con funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil, partidos políticos, la comunidad internacional e instituciones del sistema interamericano y exhortó a todos los grupos políticos y sociales a participar activamente en el proceso electoral.[235] El Secretario General Adjunto, Embajador Albert Ramdin, llevó a cabo una visita de un día a Haití el 26 de septiembre de 2005 para evaluar los avances logrados en los preparativos para las elecciones presidenciales en el país.[236] Durante esta visita, el Embajador Ramdin expresó su preocupación por el fortalecimiento del Consejo Electoral Provisional (CEP) y obtuvo información sobre la situación de las personas privadas de la libertad por tiempo prolongado en Haití. Según un acuerdo de cooperación para la organización, vigilancia y conducción de las elecciones en Haití, suscrito por la Secretaría General de la OEA y la ONU en 2004, la OEA, en colaboración con las Naciones Unidas y el CEP, suministraron asistencia estratégica, recursos, capacitación y apoyo técnico para el proceso de registro de electores. Entre las acciones en este sentido se incluyeron el diseño y emisión de credenciales de registro, que se utilizarán no solamente para fines electorales sino también como carnet de identificación para los ciudadanos haitianos. En una declaración pública posterior a la Cuarta Cumbre de las Américas en noviembre de 2005, se expresó apoyo inequívoco por la organización de comicios libres y justos en Haití y por el respeto del 7 de febrero como fecha establecida para la transferencia de poder al nuevo gobierno electo.

210.        Tras una conferencia inicial de donantes internacionales en Washington, D.C., en julio de 2004, en la que se prometieron más de mil millones de dólares a Haití, hubo dos reuniones de seguimiento con los donantes: la Reunión Ministerial sobre la Reconstrucción de Haití en Cayena, Guyana Francesa, en marzo de 2005, y la Conferencia internacional sobre la situación en Haití en Montreal, Canadá, el 16 y 17 de junio de 2005. Según el Director del Banco Mundial para los países del Caribe, para mayo de 2005 se habían desembolsado aproximadamente $400 millones del monto total prometido en Haití a través de un Marco Interino de Cooperación. Los proyectos a que se han asignado estos fondos incluyen actividades de reparación de infraestructuras y edificios públicos, educación pública y capacitación policial.

211.        Otras organizaciones intergubernamentales reaccionaron ante los graves acontecimientos en Haití. La Comunidad del Caribe (CARICOM), de la que Haití es miembro, condenó las circunstancias que condujeron a la salida del Presidente Aristide y subsecuentemente decidieron no permitir al gobierno transición participar en sus Consejos. Durante la más reciente cumbre de la CARICOM, en noviembre de 2004, se rechazó la solicitud de readmisión de Haití a las reuniones, y los Estados Miembros que la objetaron citaron su preocupación respecto a la seguridad y el respeto a los derechos humanos.

212.        También durante 2005, varias organizaciones no gubernamentales publicaron informes respecto a la situación en Haití, entre ellos el International Crisis Group[237] y el Haiti Democracy Project[238] y los acontecimientos en el país recibieron amplia cobertura en los medios de comunicación internacionales.

213.        En conclusión, durante el año pasado, Haití avanzó lentamente por una difícil coyuntura derivada de las circunstancias bajo las cuales se nombró al actual gobierno de transición, la fuerte polarización política de sus sectores y el significativo desafío que representa para el gobierno la recuperación del orden y la estabilidad en todo el país, a la vez que carece de los recursos suficientes para cumplir la obligación de garantizar la seguridad y organizar las elecciones para febrero de 2006. La situación con respecto a la seguridad es desesperada y no se han adoptado medidas apropiadas para suprimir la violencia y desarmar a grupos armados y bandas. Además, la política haitiana sigue siendo altamente polarizada y se han hecho pocos esfuerzos eficaces para intentar unir a todos los sectores de la sociedad con miras a construir un camino más pacífico hacia el futuro. No obstante, las oportunidades de cambio y progreso siguen abiertas, mediante elecciones y mediante la cooperación proactiva y constante de la comunidad internacional. Ante estas circunstancias, la Comisión presentará un informe actualizado sobre la situación global de los derechos humanos en Haití, misma que se describió en principio en el Informe Anual del año pasado.[239]

Actividades de la Comisión en relación con Haití en 2005

214.        Durante el segundo año del régimen de transición en Haití, la Comisión siguió expresando su honda preocupación respecto a ciertos aspectos de la situación de los derechos humanos bajo el nuevo gobierno. Entre ellos se incluyó el reciente fenómeno de secuestros por parte de bandas armadas, en algunos casos con la participación de miembros de la policía nacional haitiana, la acelerada escalada de la violencia entre grupos armados y la policía nacional, la falta de investigación, proceso y castigo a los autores de delitos violentos o abusos de los derechos humanos y la detención preventiva arbitraria y prolongada de individuos relacionados estrechamente con el régimen anterior.

215.        La Comisión efectuó una visita del 18 al 22 de abril de 2005 por invitación del gobierno de transición de Haití y con apoyo financiero del gobierno francés. La delegación de la Comisión estuvo integrada por el Comisionado Clare K. Roberts, Presidente y Relator para Haití; Brian Tittemore, Especialista Principal en Derechos Humanos, Ismene Zarifis, abogada de la Comisión y Ourania Georgoulas, becaria del programa Rómulo Gallegos. La visita se efectuó de acuerdo con el mandato de la CIDH y con las funciones que le asignan a la Comisión la Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos, y de conformidad con los términos de la Resolución AG/RES. 2058 (XXXIV)-O/04 del 8 de junio de 2004.

216.        La Comisión dedicó esta visita a obtener información sobre la situación de la protección de los derechos humanos en Haití de modo general, concentrándose particularmente en el estado de la administración de justicia en el país. Con tal fin, la Comisión se reunió con representantes del gobierno de transición de Haití y con miembros de la sociedad civil, así como con representantes de organizaciones internacionales. La Comisión se reunió con el Presidente de la República, Sr. Boniface Alexander; con el Primer Ministro, Sr. Gérard Latortue; el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Hérard Abraham; el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sr. Bernard Gousse; el Ministro del Interior, Sr. Georges Moise; el Presidente y los Jueces de la Suprema Corte de Haití, el Vicepresidente y los Jueces de la Corte de Apelaciones de Haití, el Presidente y el Secretario de la Corte de Primera Instancia de Haití y el Fiscal Principal de Port-au-Prince. La Comisión se reunió también con el Inspector General de la Policía Nacional de Haití, Sr. Franz Jean François, el Jefe del Gabinete del Director General de la Policía Nacional de Haití, Sr. Max Jacques Louis y el Defensor del Pueblo, Sr. Necker Dessables, así como con representantes del Consejo Electoral Provisional y el Consejo de Sabios. Además, la Comisión mantuvo conversaciones con representantes de distintos sectores de la sociedad civil, que incluyeron a un número sustancial de organizaciones no gubernamentales nacionales, organizaciones de mujeres y la asociación de magistrados y representantes de asociaciones no gubernamentales internacionales, entre ellas el International Crisis Group y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, la Comisión se reunió con personal de la Misión Especial de la OEA en Haití, el Jefe de la MINUSTAH, Embajador Juan Gabriel Valdés, y con otros funcionarios de dicha misión de las Naciones Unidas, incluyendo representantes de su sección de derechos humanos. También se efectuó una visita a la Penitenciaría Nacional en Port-au-Prince.

217.        Al inicio de su visita, la Comisión organizó un seminario de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos con funcionarios de distintos ministerios y dependencias gubernamentales. Además, con apoyo del Primer Ministro y el Ministro de Relaciones Exteriores, la Comisión sentó las bases para el establecimiento por parte del estado de un grupo de trabajo interministerial para coordinar las responsabilidades internacionales del estado haitiano en materia de derechos humanos. Como complemento de esta iniciativa, el gobierno expresó su compromiso de ratificar los tratados regionales sobre derechos humanos de los que Haití no es todavía parte, medida que ayudará a una mejor consolidación de la protección de los derechos fundamentales y el estado de derecho en Haití. La Comisión felicita al estado por su compromiso hacia estas iniciativas y espera dar seguimiento a su ejecución.

218.        La Comisión emitió el comunicado de prensa 19/05 el 6 de mayo de 2005 con base en la información recibida sobre la detención prolongada sin formulación de cargos del ex Primer Ministro Yvon Neptune en la Penitenciaría Nacional de Port-au-Prince desde junio de 2004 y de su delicado estado de salud a causa de una huelga de hambre iniciada en febrero 2005 como protesta a la falta del debido proceso en su caso. En su declaración, la Comisión observó que la situación del Sr. Neptune formaba parte de un problema más amplio y antiguo, relacionada con la privación prolongada de la libertad de individuos sin formulación de cargos o proceso, y citó una observación efectuada durante su visita en abril de 2005 en el sentido de que en la Penitenciaría Nacional había un total de 1,054 reclusos de los cuales solamente nueve habían sido condenados por algún delito. En este sentido, la Comisión subrayó la obligación del estado de acabar con la impunidad respecto a todos los abusos de los derechos humanos a través de procedimientos probadamente justos y eficaces, congruentes con las normas internacionales. 

219.        Tras su visita, la Comisión emitió un comunicado de prensa y sus observaciones preliminares sobre la situación de derechos humanos de Haití en junio de 2005. La Comisión efectuó otra visita a Haití del 11 al 15 de julio de 2005 para llevar a cabo reuniones de seguimiento con representantes del gobierno, la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de esta visita fue en su mayor parte recabar información sobre la administración de justicia en Haití a efecto de elaborar un informe de país en la materia. La Misión Especial de la OEA en Haití y la Comisión organizaron conjuntamente un seminario de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Asistieron aproximadamente 45 participantes en representación de diversas ONG de derechos humanos activas en Port-au-Prince y en las provincias.

220.        Como respuesta a la creciente violencia y a la pérdida de vidas humanas en enfrentamientos entre bandas armadas y la Policía Nacional, la Comisión publicó dos comunicados de prensa en junio y julio de 2005 en los que expresó su alarma por la falta de control de seguridad ejercido por el gobierno y las fuerzas internacionales e hizo un llamado para una mayor cooperación entre la Policía Nacional Haitiana y las fuerzas internacionales para proteger eficazmente las vidas de la población civil. La Comisión continuó su seguimiento de los acontecimientos en Haití, ante la creciente violencia y otros sucesos alarmantes en el país, y consideró esta situación durante sus 122º y 123º períodos ordinarios de sesiones en febrero y octubre de 2005, respectivamente. Al concluir estas dos reuniones, la Comisión emitió un comunicado de prensa en el que expresó su intensa preocupación por la situación de los derechos humanos en Haití.[240]

221.        Durante su 123º período ordinario de sesiones, la Comisión aprobó un informe de país sobre Haití que se enfocó a identificar las deficiencias en la administración de justicia y en el que se ofrecieron recomendaciones para fortalecer el sistema de justicia en Haití. El borrador de este informe se le envió al estado para sus comentarios de conformidad con el artículo 58 del Reglamento de la Comisión, y la decisión sobre su publicación está pendiente.

222.        La Comisión efectuó una visita conjunta a Haití con la UNICEF del 2 al 6 de noviembre de 2005.[241] La delegación de la CIDH estuvo integrada por el Relator de la Niñez, el Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, con la asistencia de funcionarios de la Secretaría Ejecutiva. Representó a la UNICEF la Dra. María Jesús Conde, Asesora Regional de Protección de la Infancia para América Latina y el Caribe. Los objetivos principales de esta visita consistieron en recabar información sobre la situación de la violencia contra los niños en Haití y, más específicamente, contra los jóvenes participantes en bandas armadas, menores en conflicto con la ley y niños de la calle. La Unidad para Defensores de Derechos Humanos de la Comisión llevó a cabo una sesión informativa para las ONG de derechos humanos.

223.        Sobre la base de su visita y de otras actividades en relación con Haití en el curso de 2005, la Comisión detectó numerosas esferas que le provocan profunda preocupación respecto a la protección de los derechos humanos en el país, aspectos a los cuales se hará referencia más adelante. Cabe señalar que algunos de estos problemas existían desde hace mucho y han sido materia de análisis en anteriores informes anuales y comunicados de prensa de la CIDH.[242]

Observaciones de la Comisión sobre la situación de derechos humanos en Haití en 2005

224.        En sus observaciones preliminares publicadas tras su visita in loco al país en abril de 2005, la Comisión observó que Haití continúo enfrentando múltiples y graves problemas de derechos humanos, por lo que subrayó la importancia y necesidad de que el gobierno, el pueblo haitiano y la comunidad internacional aumenten su cooperación y la coordinación de sus esfuerzos para garantizar plenamente la seguridad de la población civil.[243] No obstante, desde esa fecha, la Comisión se ha venido preocupando cada vez más por la falta de progreso en varias esferas fundamentales identificadas durante sus visitas al país en julio y noviembre.[244] Si no existe un mayor empeño por parte del gobierno y de la comunidad internacional por abordar una serie de problemas cruciales, en particular la aplicación de un programa integral de desarme, la promoción de la iniciativa por un Diálogo Nacional para fomentar discusiones y consensos entre los distintos sectores y, por último, la adopción de las medidas necesarias para afirmar el control de la seguridad a lo largo y ancho del país, que incluya la adopción de medidas firmes para eliminar la impunidad por abusos y delitos contra los derechos humanos, estos factores solamente persistirán y agravarán la situación de derechos humanos de por sí alarmante del país, mientras que la paz a largo plazo en Haití seguirá siendo esquiva.

Seguridad y desarme

225.        Una de las principales preocupaciones de la Comisión desde 2004 y durante todo 2005 ha sido la situación de la seguridad en Haití. Según información recibida por la Comisión, la falta de seguridad eficaz para la población en gran parte del país sigue siendo un problema urgente. Desde la revuelta en febrero de 2004, la mayoría de los policías abandonaron sus puestos y dejaron al gobierno de transición la labor de reclutar, capacitar y desplegar un nuevo grupo de efectivos. La debilidad de la presencia policial en el país y las graves carencias de recursos han provocado que grupos armados ilegales lleguen a ejercer el control de la seguridad en muchas zonas de Haití. Se ha informado que en algunos casos estos grupos actúan en cooperación con la policía nacional o en sustitución de ésta. Un fenómeno reciente surgido en 2005 es el de las zones de non-droit, o áreas de la ciudad capital de Port-au-Prince donde predominan las bandas armadas y no existe presencia del estado. Estas zones de non-droit están ubicadas a todo lo largo y ancho de la ciudad y son extremadamente peligrosas, pues se caracterizan por la violencia indiscriminada y los enfrentamientos entre los grupos armados y la policía, que intenta efectuar operativos de seguridad. Los habitantes señalan que evitan la mayor parte del centro de Port-au-Prince, el área portuaria y los vecindarios de Belair, Cité Soleil, Martissant, Carrefour y el camino al aeropuerto, por considerarlas zonas de alto riesgo a la seguridad. En consecuencia, la seguridad de las poblaciones en muchas de estas áreas no ha sido garantizada efectivamente por el estado.

226.        Hasta el grado en que un porcentaje de la violencia se está perpetrando por motivos políticos vinculados con el proceso electoral y como resultado de la extrema polarización de los grupos políticos en Haití, la Comisión considera que convocar elecciones libres y justas y adoptar medidas para reunir a los diversos partidos políticos y otros grupos son medidas cruciales que deben adoptarse si se han de lograr la paz y la estabilidad duraderas y efectivas en Haití. En este sentido, el 7 de abril de 2005 se puso en marcha una iniciativa por un “Diálogo Nacional”, mediante la nominación por parte del gobierno de transición de una comisión de 12 miembros de distintos sectores de la sociedad haitiana, con el objetivo de suministrar un foro de reconciliación para todos los haitianos, incluidos los diversos grupos políticos. Aunque la información disponible actualmente parece indicar que el Diálogo Nacional no ha avanzado significativamente desde sus inicios, la Comisión entiende que, el 14 de junio de 2005,[245] 17 partidos políticos, entre ellos representantes moderados del Partido Lavalas, suscribieron un Código de Conducta Ética no obligatorio en que se comprometen a la no violencia y otros aspectos cruciales para un proceso electoral democrático apropiado y efectivo. A ello siguió un Pacto de Gobernanza y Estabilidad el 27 de septiembre de 2005, en el que 12 partidos, incluido el Famni Lavalas, se comprometieron a respetar los resultados de las elecciones y otorgar calidad oficial a la oposición.

227.        Como señaló la Comisión en su capítulo sobre Haití en su Informe Anual de 2004 y reiteró en sus comunicados de prensa publicados en 2005,[246] es esencial para la futura estabilidad del país que el gobierno haitiano, en colaboración con la comunidad internacional, adopte las medidas urgentes necesarias para recuperar el control de la seguridad en todas las regiones del país, promover el diálogo entre los diversos sectores políticos, desarmar a los grupos que ahí operan y garantizar los derechos fundamentales de las personas en todo el territorio nacional. La información recibida por la Comisión durante el año señala que se ha logrado cierta coordinación entre las fuerzas policíacas y los efectivos militares de la MINUSTAH, lo que incrementa la seguridad en la ciudad, pero que es necesario aumentar esta coordinación y comunicación. Por otro lado, la estrategia seleccionada de llevar a cabo operativos aislados ha generado gran cantidad de víctimas, con civiles heridos, entre ellos mujeres y niños. Aunque las cifras varían, un informe de la Comisión de Justicia y Paz (CJP) en Haití registró 2,015 muertes violentas en Port-au-Prince en los últimos tres años, de las cuales 1,151 ocurrieron entre marzo de 2004 y junio de 2005 y, de éstas, 79 ocurrieron en mayo de 2005 y 90 en junio del mismo año, aunque es probable que las cifras reales sean mayores, pues no todos los casos se notifican. Además, en informes de la ONG Médecins Sans Frontières, que opera una clínica para indigentes en Port-au-Prince, se señala que durante el mes de julio se atendió a entre 20 y 50 personas por semana, incluida una alta proporción de mujeres y niños, por heridas de bala.[247] La cifra de muertes violentas se debe en su mayor parte a enfrentamientos entre grupos armados y la policía, lo que dificulta definir con seguridad cuál grupo es responsable de ellas. Así pues, la Comisión ha reiterado su insistencia en que los derechos humanos de todas las personas se respeten durante el proceso de restablecimiento del orden y la seguridad en el país y que cualquier violación de los derechos humanos sea investigada, procesada y castigada debidamente, sin importar quién sea responsable.

228.        La Comisión es consciente de que el 5 de febrero se estableció una Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción con el objetivo de asegurar la reducción del número de armas ilegales que circulan en el país. Sin embargo, parecería por la información de que dispone la Comisión que no se ha puesto en marcha ningún plan integral o sistemático de desarme y que, si acaso, es muy poco lo que se ha avanzado en esta esfera, en parte debido a la insuficiencia de recursos. Como ha subrayado la Comisión en múltiples ocasiones, es necesario poner en práctica a la brevedad un programa eficaz de desarme, desmovilización y reinserción con respecto a todos los grupos armados, incluidos ex militares y bandas, si el estado ha de tener alguna posibilidad de sofocar la violencia y el descontento a corto y largo plazo.

229.        La ausencia de medidas de desarme o de un control real del flujo de armas a Haití ha perpetuado y exacerbado a su vez la situación de violencia en el país. Desde principios de 2005, la intensidad de la violencia en Haití ha aumentado de manera significativa y continua, en especial en Port-au-Prince. Se informó a la Comisión, por ejemplo, que durante los primeros quince días de enero se notificaron 80 robos de vehículos, mientras que en marzo los casos reportados llegaron a 130. Aunque los observadores en Haití indican que se ha presentado una ligera reducción en el nivel de violencia en Port-au-Prince desde julio de 2005, gracias a los esfuerzos de la policía nacional haitiana y las fuerzas de la ONU, los informes de la policía nacional registraron 140 secuestros en los meses de julio, agosto y septiembre, con 55, 44 y 41 casos notificados en cada uno de esos meses, respectivamente.[248] Las luchas entre bandas y los enfrentamientos con la policía siguen siendo frecuentes, y a menudo generan lesiones o muerte de civiles inocentes. En este sentido, los funcionarios locales señalan que la tasa de homicidios creció en forma marcada en el país en el primer semestre de 2005 y que incluye a policías y civiles por igual.

230.        La Comisión sigue subrayando la importancia de que el gobierno adopte medidas urgentes y eficaces, con ayuda de la comunidad internacional, para controlar esta situación. Si no ejerce una autoridad efectiva en materia de seguridad, el gobierno no estará en condiciones de cumplir su obligación de garantizar la protección de los derechos humanos del pueblo haitiano. Este punto fue resaltado también por la Asamblea General de la OEA en su Resolución AG/RES. 2147 sobre la situación en Haití, adoptada durante su período ordinario de sesiones en junio de 2005. La falta de implementación rápida y decisiva de las iniciativas de desarme no ha hecho más que alentar a los grupos armados ilegales y a las bandas armadas, con lo que la violencia ha proliferado ante la ausencia de una seguridad pública efectiva, al igual que otros tipos de delitos.

231.        Además de constituir una amenaza diaria a la vida de la gente de Haití, la falta de policías suficientes y equipados para ofrecer seguridad adecuada puede afectar las elecciones programadas para 2005, al privar a la población de un entorno en el que pueda ejercer plena y libremente su derecho democrático al voto y a ser elegida, de conformidad con el Artículo 23 de la Convención Americana. Debido a los actos de violencia diarios e indiscriminados, incluido el ataque a la sede del CEP en marzo, los secuestros de civiles para pedir rescate, muchos de los habitantes que se han visto afectados gravemente por la violencia o que poseen los medios para hacerlo, han huido de la ciudad para buscar refugio en otras partes del país, o han salido de Haití en busca de refugio en países vecinos. Una gran mayoría de los habitantes de la ciudad han limitado sus actividades a las que consideran esenciales para seguir adelante con sus vidas.

232.        En este respecto, la Comisión reconoce que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití se ha fortalecido hasta cubrir las cifras estipuladas en su mandato y mostró un incremento adicional en el número de efectivos desplegados en Haití para proveer seguridad durante el período electoral. La resolución del Consejo de Seguridad extendió además el mandato de la Misión para incluir una mayor vigilancia y participación de la policía civil de la MINUSTAH para ayudar a la profesionalización de la policía nacional haitiana. Así pues, la MINUSTAH ha realizado acciones para mejorar la seguridad en el país. Por otro lado, los informes de daños colaterales, civiles heridos, abusos de fuerza y daños a la propiedad derivados de las operaciones de seguridad de las fuerzas de la MINUSTAH han contribuido a las tensiones entre la población y estas fuerzas. Así pues, el mandato de ayudar a la seguridad pública debería ir acoplado con el deber de proteger la vida y la integridad física de las personas en todo momento. La Comisión tiene la esperanza de que con el aumento en el número de efectivos militares y policiales y otras operaciones proactivas adicionales, se logre controlar efectivamente la situación de seguridad en Haití. Asimismo, el personal de la sección de derechos humanos de la MINUSTAH asciende ahora a un total de 48 funcionarios nombrados, y se han desplegado observadores en todas las regiones país, lo que permite a la sección enviar informes regulares sobre las condiciones de los derechos humanos en la totalidad del territorio. Por otro lado, la Comisión observa que en la sección judicial/legal de la MINUSTAH persiste la escasez de personal, y subraya la importancia de cubrir rápidamente esta deficiencia a efecto de vigilar y fortalecer eficazmente el sistema judicial haitiano.

Administración de justicia

233.        Es evidente por la información disponible que la falta de progreso en materia de seguridad puede atribuirse en buena medida a la ausencia de una fuerza policial nacional suficientemente dotada y capacitada en Haití. El número total estimado de efectivos en el cuerpo de policía nacional haitiano se ubica entre 3,000 y 5,000, muy por debajo de la cantidad necesaria para una población total de más de 8 millones de habitantes. En este sentido, la Comisión también continúa preocupada por las deficiencias en el estado de la administración de justicia en Haití. Las fuentes a que ha tenido acceso la Comisión indicaron que el sistema judicial sigue mostrando una gravísima debilidad y padeciendo deficiencias fundamentales. Entre ellas se incluyen una grave escasez de recursos para jueces, magistrados, cortes y la policía, así como la constante presencia de violaciones al debido proceso, como la detención prolongada de personas sin que sean llevadas ante un juez. Como se indicó antes, la policía también se ha contado entre las víctimas de la violencia y ha pasado a convertirse en uno de los principales objetivos en enfrentamientos con grupos armados.

234.        La Comisión también ha tomado nota de información que indica que algunas instancias de ejecuciones extrajudiciales pueden ser atribuibles a la policía. Según informes, por ejemplo, en enero de 2005, la policía supuestamente asesinó a dos personas durante un operativo de seguridad en Village de Dieu, un vecindario pobre en Port-au-Prince, y después de que el periodista Abdias Jean intentó notificar sobre este incidente, se dice que fue ejecutado por esos mismos policías. Aunque la Comisión no se encuentra en posición de sacar conclusiones respecto a estas afirmaciones, reitera su declaración anterior de que los incidentes de esta naturaleza, al igual que cualquier ejecución extrajudicial, deben ser objeto de investigaciones rápidas, independientes e imparciales, y que debe procesarse y castigarse a los responsables. La Comisión considera alentador el reciente informe publicado por la policía nacional haitiana respecto a las investigaciones policiales de las muertes de por lo menos siete personas en Martissant el 20 de agosto de 2005, en el que se revela que varios policías se vieron implicados en este incidente, se pide la suspención de varios miembros de la policía nacional haitiana en noviembre y se recomienda el despido de dos jefes de policía.[249] Asimismo, la Comisión recibió informes de la Relatoría sobre la Libertad de Expresión de ataques y golpizas a periodistas que intentan cumplir con su labor. Impactó particularmente a la Comisión la enconada golpiza que recibieron dentro de un juzgado el corresponsal de Reuters Joseph Guyler Delva y el reportero de Radio Metropole Jean Wilkins Merone.[250] Según información obtenida por la Relatoría, estos dos periodistas estaban cubriendo una ceremonia que marcaba el inicio del año judicial cuando dos guardias de seguridad del Presidente Boniface Alexandre los arrastraron hacia el interior del juzgado y los golpearon con gran saña.[251] La Comisión recibió también información sobre ataques cometidos contra los periodistas de Radio Megastar Raoul Saint-Louis y Makenson Remy. Saint-Louis recibió amenazas de muerte y fue herido en la mano cuando alguien disparó contra él y su esposa fuera de la estación radiofónica.[252] Apenas 10 días después, Remy fue detenido en un semáforo por agentes policíacos, golpeado, acusado de hacer declaraciones en favor de Aristide y amenazado de muerte si no dejaba su trabajo en la estación radiofónica.[253] La Comisión condena expresamente esta clase de violencia, observa la probable participación de agentes del estado en ambos casos y recuerda al estado su responsabilidad en cuestiones de este tipo.

235.        Preocupan también a la Comisión los arrestos y las detenciones aparentemente arbitrarios que se denuncia ocurrieron en 2005. La Comisión observa que los arrestos y detenciones arbitrarios no constituyen un problema nuevo en Haití, sino uno que ha sido ya anteriormente criticado por la Comisión.[254] Particularmente, se expresaron preocupaciones en relación con el arresto y la detención de varios miembros del gobierno anterior, incluidos el ex Primer Ministro Yvon Neptune y el ex Ministro del Interior Jocelerme Privert. En este sentido, se presentó una petición a nombre del Sr. Neptune en que se denuncian la arbitrariedad de su detención y la falta de debido proceso y garantías judiciales en su caso. La Comisión declaró la petición admisible el 12 de octubre de 2005 durante su 123º período ordinario de sesiones.

236.        En el presente informe, la Comisión recalca una vez más la prohibición de los arrestos arbitrarios consagrada en el Artículo 7 de la Convención Americana, y reitera la obligación del estado de asegurar la investigación y el proceso de estos delitos a través de procedimientos imparciales y efectivos, acordes con las normas internacionales del debido proceso, incluido el derecho del detenido a ser notificado rápidamente del cargo o cargos que se le imputan y de ser llevado ante un juez sin demora.

237.        Al igual que en 2004, la Comisión continuó recibiendo informes de casos de violencia contra reclusos y entre los reclusos en las prisiones y otras instituciones de detención, así como de las condiciones en general inadecuadas y de hacinamiento en estas instituciones. Según un director de la administración penitenciaria, solamente 17 de las 22 prisiones haitianas se encuentran en operación, pues muchas se vaciaron o fueron destruidas durante los actos violentos en febrero de 2004. Al igual que en el caso de los arrestos y detenciones arbitrarias, la violencia y las condiciones deficientes de las cárceles no es un problema nuevo en Haití, y la Comisión reitera insistentemente su llamado para que el estado garantice que las personas objeto de detención o reclusión no sean víctimas de violencia o de otros malos tratos a manos de agentes del estado o de otros reclusos y que no estén sometidos a condiciones que no satisfagan las normas internacionales mínimas de tratamiento de los reclusos, incluidas las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de Reclusos.

238.        Durante las visitas de la Comisión en abril y julio de 2005, el estado señaló que estaba adoptando medidas para abordar los problemas relativos a la administración de justicia, algunas de las cuales se han puesto en práctica en colaboración con la Misión Especial de la OEA en Haití. En especial, el Ministro de Justicia Dorleans introdujo un plan de acción para enfrentar el problema de la detención preventiva prolongada y otros más, que incluyen la reforma judicial, la capacitación de los jueces y la reconstrucción de los juzgados. Las acciones del Ministro de Justicia para reducir el número de detenidos sin proceso incluyeron la revisión sistemática de los expedientes de todos los reclusos en la Penitenciaría Nacional y las prisiones conexas para definir aquellos casos que pudieran ser cerrados fácilmente o programados para su procesamiento. Asimismo, los tribunales de primera instancia en Port-au-Prince empezaron a operar audiencias en las tardes para agilizar el procesamiento de casos. La Comisión considera que estos actos constituyen un primer paso en los esfuerzos por mejorar el sistema de justicia en el país. Aunque la cantidad de personal policíaco para los 8 millones de habitantes de Haití se sigue ubicando muy por debajo del nivel adecuado, la Comisión observa también el aumento en los policías reclutados y capacitados de aproximadamente 2,000 el año pasado a 3,000 para este año. El proceso de investigación de antecedentes, dirigido a descalificar a aquellos candidatos que hayan estado vinculados a abusos de los derechos humanos en el pasado, instituido por la policía nacional haitiana en estrecha colaboración con la CIVPOL y la Misión Especial de la OEA, se ha mantenido en operación continua y ha dado como resultado la suspensión de agentes cuando se ha detectado que han estado implicados en violaciones de los derechos humanos. La Comisión ha estimulado estas medidas y ha subrayado la necesidad de que el estado, con el apoyo de la comunidad internacional, siga adoptando las medidas necesarias para abordar éstos y otros problemas que afectan al sistema judicial. La Comisión también subraya la necesidad de que los reclutas de la policía reciban una capacitación sólida en materia de derechos humanos, incluidas las normas y los principios internacionales que rigen el uso de la fuerza, y de que toda alegación de participación policial en asesinatos y demás abusos de los derechos humanos sea rápida y efectivamente investigada y se juzgue y sancione a los responsables. Además, la Comisión considera crucial que la capacitación en materia de derechos humanos se extienda más allá de la policía y se imparta a todos los funcionarios que trabajan en la administración de justicia, incluidos carceleros, jueces, empleados de los tribunales y demás autoridades que corresponda.

Impunidad

239.        Vinculado a las deficiencias de la administración de justicia en Haití está el problema persistente de la impunidad por pasados abusos de los derechos humanos. En 2005, la Comisión recibió críticas sobre el tratamiento de ciertas personas específicas dentro del sistema judicial del estado. Éstas incluyeron la decisión de la corte suprema de anular una decisión histórica en la que se condenó a quince personas por la masacre de Raboteau, ocurrida en 1994. Varias de ellas fueron sentenciadas in absentia, por estar fuera del país. El juicio de Raboteau, concluido en 2000, marcó un hito entre el gran número de casos que todavía están pendientes ante las cortes haitianas. Sin embargo, en abril de 2005, una decisión de la Cour de Cassation (el tribunal supremo del país) provocó gran consternación entre la comunidad de derechos humanos en Haití y entre los defensores internacionales de los derechos humanos al anular la decisión del Tribunal Penal de Gonaïves, anulación basada en la falta de jurisdicción del tribunal inferior. Según observadores internacionales y defensores haitianos, la decisión del juez de la Cour de Cassation se deriva de una doctrina previa a la Constitución de Haití y en conflicto con la Sección 50 de la Constitución, en la que se exigen juicios con jurado en asuntos penales que incluyen “crímenes de sangre” (“crimes de sang”) o delitos políticos.[255] Como resultado, Louis Chamblain fue absuelto y subsecuentemente, en julio, liberado de la prisión. Se sospecha que Chamblain, ex líder del grupo paramilitar FRAPH en la década de los noventa, fue responsable de numerosas violaciones de derechos humanos, como asesinatos y actos de tortura de cientos de personas durante el gobierno militar de 1991 a 1994. Asimismo, el principal sospechoso del asesinato del Padre Jean Marie Vincent en 1994 fue exonerado cuando la corte anunció que no contaba con pruebas suficientes para acusarlo de dicho delito. Tras una investigación prolongada durante nueve años, se ordenó la liberación de Jackson Joanis, inicialmente detenido por las autoridades. Según organizaciones de derechos humanos que siguieron el tratamiento de este caso en los tribunales, la Corte de Apelaciones no consideró evidencias materiales y es así como se llegó al fallo de que las pruebas eran insuficientes para acusar a los sospechosos, Joanis y Yuri Latortue.[256] Decisiones como ésta representan serias causas de preocupación en cuanto al respeto de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana y perpetúan la cultura de impunidad en Haití. Ante tales deficiencias, la tasa de criminalidad violenta y abusos de los derechos humanos ha aumentado frente a una falta de respuesta adecuada del estado.

240.        Además, el poder judicial haitiano no ha asegurado la justicia en casos del pasado, como el asesinato del conocido periodista Jean Dominique, ni ha tenido éxito en investigar, procesar y castigar a los responsables de atrocidades más recientes, como el asesinato de 13 personas en Fort National el año pasado, los violentos motines en diciembre de 2004 en la Penitenciaría Nacional o los cientos de casos de secuestro que se han convertido en sucesos cotidianos y en los que se sospecha la participación de miembros de la policía nacional haitiana. La Comisión recibió también información a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión sobre la investigación en curso respecto al asesinato del presentador de Radio Echo 2000, Brignol Lindor, ejecutado a machetazos el 3 de diciembre de 2001 en el pueblo sureño de Petit-Goâve. Según informes recibidos por la Comisión, los residentes de la población cercana de Miragoâne detuvieron a uno de los supuestos asesinos y lo entregaron a las autoridades competentes en marzo de 2005.[257] Éste ha sido el único arresto dentro de la investigación, a pesar de que se asentaron 10 acusaciones en septiembre de 2002.[258] La familia Lindor, en un intento por hacer valer la justicia a nombre de la víctima, ha presentado una apelación del caso ante la corte suprema, la cual no ha tomado medida alguna desde la primavera de 2003.[259] La Comisión expresa su preocupación por la impunidad continua en este caso.

241.        Con respecto a estas cuestiones, la Comisión ha reiterado su preocupación en cuanto a la obligación del estado de poner fin a la impunidad por todos los abusos de los derechos humanos, a través de procedimientos imparciales y efectivos congruentes con las normas internacionales, y el correspondiente derecho de todas las personas al debido proceso de la ley y a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, sin discriminación de tipo alguno. La Comisión también ha observado que, aunque ciertos procedimientos legales puedan cumplir con la legislación nacional, el estado está obligado a garantizar que la investigación, el proceso y el castigo por violaciones de los derechos humanos esté de acuerdo con las normas internacionales. La Comisión considera importante resaltar la responsabilidad del estado de investigar y procesar los abusos de los derechos humanos de acuerdo con estas normas, sea quien sea el responsable y sin importar cuáles hayan sido los abusos cometidos, incluidas las violaciones perpetradas durante la dictadura militar de comienzos de la década de 1990 o en el curso de los gobiernos anteriores y actual. El estado también debe tomar las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona implicada en tales delitos sea incorporada a las fuerzas de seguridad del estado.

Situación de algunas personas y grupos

242.        Las preocupaciones expresadas por la Comisión en 2005 incluyen también situaciones vinculadas a grupos que han merecido atención especial en la labor de la Comisión, incluidas las mujeres, los niños y los defensores de los derechos humanos, así como los periodistas y personas que han sido objeto de violencia y malos tratos por su filiación u opinión política. En reuniones con grupos defensores de los derechos de la mujer en abril y julio, la información a que tuvo acceso la Comisión señala que existe un alto índice de violaciones sexuales de mujeres y jóvenes por grupos armados durante actos de secuestro o robo a casa habitación, mientras que los informes de Médicos sin Fronteras indican que la mayoría de las víctimas en enfrentamientos armados entre bandas y la policía son mujeres y niños. Incluso más alarmantes son los informes sobre jovencitas sistemáticamente forzadas a proporcionar servicios sexuales a miembros de bandas. No es posible determinar con precisión la incidencia de las violaciones sexuales, pues la mayoría de los casos no son notificados, lo que permite a sus autores continuar actuando con impunidad. La Comisión condena los incidentes de esta naturaleza y ha continuado subrayando la obligación del estado de investigar las acusaciones en este sentido y, en caso de corroborarlas, de juzgar y sancionar a los responsables.

243.        El problema de la violencia sexual contra las mujeres y las jóvenes se ve acompañado por otras graves violaciones de los derechos humanos, como la discriminación, y la mujer es particularmente victimizada por las deficiencias en los sistemas de salud y educación. Con respecto a estos problemas, la Comisión ha reiterado la necesidad de que el estado adopte medidas concretas para promover y proteger los derechos de las mujeres, lo que incluye la investigación y proceso eficaces de denuncias de violencia sexual contra mujeres y jóvenes, como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada por Haití el 2 de junio de 1997. En este sentido, la Comisión considera alentadora la introducción de nuevas leyes antitráfico, dirigidas a proteger a mujeres y jóvenes contra la trata de personas, comúnmente vinculada a la prostitución y el trabajo forzados. La Comisión entiende también que se ha adoptado en la legislación de Haití un decreto que criminaliza la violación sexual. La Comisión valora esta iniciativa y dará seguimiento a los esfuerzos del estado por dar efecto a esta ley trascendental.

244.        También los niños habrían sido víctimas de violaciones de derechos humanos particularmente oprobiosas en el curso de 2005. La Comisión visitó Haití en noviembre de 2005 para recabar información sobre la situación de violencia contra los niños. Durante esta visita, la Comisión recibió denuncias de víctimas y grupos defensores respecto a que los niños han sido víctimas de trabajo infantil, trata organizada, secuestros, abuso, arresto y detención arbitrarios por parte de la policía, y que son cada vez más víctimas de la violencia generalizada de los grupos armados. En su visita a la población de Ouanaminthe, en la frontera con República Dominicana, la Comisión constató la falta de control y parámetros legales para verificar el tránsito entre ambos países y expresó su preocupación sobre graves denuncias recibidas en relación a la recurrente trata y tráfico de niños y adolescentes utilizados para trabajos domésticos, explotación sexual y otras ocupaciones degradantes de su condición.

245.        Además, hay niños encarcelados en la prisión Delmas para menores, en violación a la ley haitiana sobre la delincuencia juvenil de 1961,[260] también se sabe que se les mantiene detenidos junto con los adultos en otras instalaciones penitenciarias cuando no se cuenta con espacio suficiente para mantenerlos separados. Estas prácticas se oponen a lo estipulado por la legislación haitiana y a las normas internacionales de los derechos humanos sobre privación de la libertad.[261] Una visita del Relator sobre la Infancia de la Comisión al centro de detención de Delmas para menores reveló que había 63 jóvenes encarcelados, la mayoría de los cuales no habían comparecido ante un juez. Según versiones de dos jóvenes detenidos de dieciséis años de edad, ambos fueron arrestados sin orden de aprensión y a ninguno de ellos se le había informado sobre los cargos en su contra a lo largo del año en que llevaban detenidos. La edad de los jóvenes detenidos en Delmas fluctuaba entre 10 y 16 años y, aunque recientemente se les había trasladado a instalaciones nuevas, se detectaron deficiencias de alimentación nutritiva adecuada, servicios de salud, educación, asesoría psicosocial y asesoría jurídica. La ley haitiana establece que los niños entre 13 y 16 años de edad condenados por un delito deben ser colocados durante cierto lapso en un centro educativo estatal en lugar de aplicárseles sentencia penal en un centro penitenciario.[262] En su comunicado de prensa publicado a la conclusión de esta visita,[263] la delegación declaró que no es posible esperar a que se resuelvan los complejos conflictos político-sociales de Haití para empezar a otorgar adecuada atención a los derechos de los niños y adolescentes haitianos. En ese sentido, es importante que las autoridades competentes adopten medidas inmediatas para resolver el problema de la detención preventiva prolongada de menores, en particular porque constituyen una clase de personas vulnerable y con protección especial de la legislación haitiana. Ante esta situación, se deben aportar los recursos necesarios para remodelar y reformar el Centre d’accueil, el centro estatal destinado a albergar y rehabilitar a los delincuentes juveniles y capacitarlos para su reinserción en la sociedad.

246.        La Comisión y el UNICEF han determinado que la violencia en Haití ha tenido un impacto particularmente grave en los 2,000 niños de la calle que se calcula viven en Port-au-Prince y en las 120,000 niñas dedicadas al trabajo doméstico en todo el país. Los niños han sido víctimas de asesinato, se les ha reclutado en bandas y ha aumentado el número de violaciones sexuales y secuestros de niños. Como ha señalado ya la Comisión en otras ocasiones, la niñez conforma uno de los elementos más vulnerables de nuestras sociedades y requiere protección especial del estado para garantizar la efectiva salvaguarda de sus derechos. Por lo tanto, la Comisión insta al estado a adoptar las medidas necesarias para dar pleno efecto a los derechos de los niños plasmados en el Artículo 19 de la Convención Americana, a las medidas de protección que exige su condición de menores de edad por parte de sus familias, la sociedad y el estado, así como a los derechos y libertades establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Haití el 8 de julio de 1995.

247.        La Comisión, a través de su Relatoría Especial, ha recibido también información sobre un aumento en la violencia contra periodistas y medios de comunicación, así como del uso de intimidación con fines de censura.[264] Se ha denunciado a servicios de seguridad del gobierno, milicias relacionadas con el partido Lavalas del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide y desconocidos por ataques ocurridos durante 2005.[265] En particular, la Comisión recibió información sobre el asesinato en Port-au-Prince de Abdias Jean, corresponsal de una estación radiofónica de Miami.[266] Según información recopilada por la Relatoría, Jean fue asesinado supuestamente en represalia por haber sido testigo de la ejecución de tres niños en un caso en que estuvieron implicados miembros de la policía nacional.[267] La Comisión también recibió información sobre el secuestro, tortura y subsecuente asesinato del comentarista y editor Jacques Roche,[268] así como respecto a la muerte en la línea de fuego del periodista Robenson Laraque.[269] Aunque parece que ninguno de ellos fue asesinado intencionalmente debido a su trabajo, la Relatoría afirma que sus muertes, en especial la de Roche,[270] han inducido a los periodistas a restringir sus actividades, lo que afecta negativamente la libertad de expresión.[271] La Comisión expresa su honda preocupación respecto a estas muertes y considera que demuestran la falta de la debida diligencia por parte de Haití para proteger las vidas de los periodistas. En el caso de Laraque, la Comisión también considera importante señalar la participación de tropas de la ONU en el enfrentamiento en que perdió la vida. A la vez que reconoce los esfuerzos que ha hecho la MINUSTAH para mejorar la seguridad en Haití, la Comisión desea subrayar la importancia y la responsabilidad de las fuerzas en la preservación y protección los derechos humanos mediante el resguardo de la vida e integridad personal de personas ajenas a los enfrentamientos. Por último, el artículo 13 de la Convención Americana establece que “todos tienen el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho incluye libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de toda clase.”[272] En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la CIDH expresó que violaciones tales como el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los “comunicadores sociales” violan derechos fundamentales, y que por ende es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores.[273]

248.        La Comisión ha recibido múltiples denuncias acerca actos de violencia, amenazas y hostigamiento como represalia por la labor de denuncia de las defensoras y defensores, especialmente en zonas del país donde no hay presencia estatal. En dichas zonas, las defensoras y defensores son la única fuente de información sobre las violaciones a los derechos humanos. La Comisión valora la importante labor que desarrollan muchas personas que en estas difíciles condiciones promueven y protegen los derechos humanos en Haití. En este sentido, la CIDH recuerda que es deber del estado garantizar las condiciones necesarias para la protección de su trabajo. Particularmente, la Comisión manifiesta su preocupación por la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. En septiembre de 2005, la Comisión otorgó medidas cautelares a los miembros de la Organización No Gubernamental CONOCS, con sede en Cite Soleil. Las medidas fueron concedidas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de la organización, quienes fueron víctimas de amenazas de muerte proferidas por miembros de milicias armadas, en represalia por la ejecución de un seminario en el cual se denunciaron violaciones a los derechos humanos cometidas en Cite Soleil.

249.        En relación a los comunicaciones entre la Comisión y el estado, la Comisión entiende que el Gobierno de Haití tomó un compromiso de establecer un comité interministerial de coordinación de las comunicaciones entre el Gobierno de ese país y los órganos de los tratados de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana, pero no ha recibido mayor información sobre la funcionamiento de este comité.[274] En su última visita, la Comisión recibió información que indica que a la fecha no hay ninguna autoridad encargada de verificar la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La Comisión fue informada que en el caso de CONOCS, los beneficiarios deambularon varios días por distintas dependencias estatales para acordar las medidas de protección, sin llegar a conseguir una persona responsable de recibir sus peticiones. La Comisión reitera al estado la importancia de honrar dicho compromiso, así como cumplir de manera rápida y efectiva las medidas cautelares y provisionales otorgadas por los órganos del Sistema interamericano, lo cual incluye informar oportunamente acerca de las medidas adoptadas.

250.        La Comisión reitera que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia. La labor de las defensoras y defensores, a través de la protección de individuos y grupos de personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, de la denuncia pública de las injusticias que afectan a importantes sectores de la sociedad y del necesario control ciudadano que ejercen sobre los funcionarios públicos y las instituciones, entre otras actividades, los convierten en una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera.[275]

Situación de los derechos económicos, sociales y culturales

251.        Las preocupaciones que ha señalado la Comisión deben ser examinadas también a la luz de los problemas fundamentales de la sociedad, como la extrema pobreza, la alta tasa de analfabetismo y la desnutrición, que siguen privando a los haitianos de sus derechos económicos, sociales y culturales elementales y que, al mismo tiempo, exacerban las consecuencias resultantes de la negación de los derechos civiles y políticos básicos. En numerosas ocasiones, la Comisión ha reconocido que ello plantea un desafío extraordinario para el estado haitiano y ha exhortado al gobierno a que, en cooperación con todos los demás sectores de la sociedad y con el apoyo de la comunidad internacional, diseñe y ejecute un plan de desarrollo de largo aliento que aborde las necesidades económicas y sociales fundamentales de cada uno de los ciudadanos haitianos.

252.        Como señaló la Comisión en su Comunicado de Prensa al concluir su visita en abril de 2005, el pueblo haitiano continúa enfrentando graves problemas sociales y económicos del país, incluidos la pobreza, la falta de acceso a una adecuada atención de la salud, el desempleo y el analfabetismo. La información recibida por la Comisión indica que más del 80% de los habitantes de Haití viven bajo la línea de pobreza y más de dos tercios de la fuerza de trabajo carece de un empleo formal. Las condiciones de salud son deficientes y sólo el 53% de la población se considera alfabetizada, mientras que el 21% de los niños entre 6 y 9 años de edad no asisten a la escuela y solamente el 15% de los maestros cumplen con los requisitos académicos para desempeñar su labor de enseñanza. En un informe del PNUD en el que se evaluó a profundidad la situación socioeconómica en Haití se informa que las tasas de desnutrición y mortalidad son extraordinariamente altas, en especial entre la niñez: un 42 por ciento de los menores de 5 años sufren desnutrición y una de cada tres muertes en Haití es de un niño.[276] La tasa de mujeres que mueren de parto ha convertido a ésta en la segunda causa de muerte entre las mujeres haitianas y, por último, con base en las actuales tasas de transmisión se estima que para 2015 el 10.5 por ciento de la población estará infectada con el virus de VIH/SIDA, en comparación con el 6.31 por ciento en 2002. La situación del sistema de salud en Haití es desesperada, sus hospitales padecen una escasez extrema de personal y equipo y gran parte de la población no cuenta con fondos necesarios para adquirir medicinas de crucial importancia. Esta situación agrava el aumento en el número de muertos o heridos por la violencia armada en la capital.

253.        Estas deficiencias a su vez han contribuido a los problemas relativos a la seguridad, la administración de justicia y otras fallas en la garantía de los derechos políticos y civiles básicos. Aunque la situación de la inseguridad en Haití ha sido resultado de una variedad de factores, también es cierto que, como ya ha señalado el Primer Ministro, no es posible lograr una seguridad duradera si no se enfrentan primero las deficiencias sociales y económicas subyacentes, como la pobreza y el desempleo. Es por ello que estas graves dificultades requieren atención urgente, a fin de abordar las amenazas inmediatas a la vida y la integridad de los haitianos por la propagación de enfermedades y falta de medicinas y servicios de salud adecuados, y se deben diseñar estrategias para el desarrollo a más largo plazo de los sistemas de salud y educación de Haití, así como otros medios para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales fundamentales de la población del país. En este sentido, deben hacerse esfuerzos por agilizar la entrega de los $1,080 millones que se le prometieron a Haití durante la conferencia de donantes en julio de 2004, para que se pueda empezar a combatir la desesperada situación del país con proyectos de recuperación y desarrollo. Esto a su vez requerirá la adopción de medidas por parte del gobierno para eliminar los obstáculos para la entrega de la ayuda, entre ellos las interferencias de los grupos armados ilegales, y para asegurar que los proyectos se pongan en práctica de manera eficaz y transparente.

Observaciones finales

254.        De manera similar a las conclusiones plasmadas en el Informe Anual de la Comisión en 2004, durante 2005 la Comisión presenció un mayor deterioro de las condiciones del país, debido fundamentalmente al aumento de la violencia causada por grupos y bandas armadas, aunado al hecho de que el gobierno, con la asistencia internacional, no haya garantizado la seguridad de la población en todo el país. Aunque se han hecho algunos esfuerzos por aprehender a criminales peligrosos, el hecho de que no se haya desarmado a los grupos y bandas armadas en Haití es una preocupación primordial para la Comisión, no sólo por la amenaza inmediata que esta violencia plantea a la vida e integridad física de los haitianos, sino también porque, en buena parte, el futuro del país depende de la que los esfuerzos en pro de la seguridad se hagan efectivos. Si no existe un eficiente control estatal de la seguridad, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, las personas amenazadas por sus opiniones políticas y otros protagonistas clave para el ejercicio de la democracia seguirán amenazados y disminuirán las perspectivas de celebrar elecciones plenas y libres, al igual que las oportunidades de cooperación internacional y de desarrollo a largo plazo del país. A la luz de estas consideraciones, la Comisión exhorta una vez más al gobierno a adoptar las medidas urgentes necesarias, acordes con los principios y normas del derecho internacional, para afirmar su control de la seguridad en Haití y reclama de la comunidad internacional que redoble sus empeños por ayudar al gobierno en esta tarea.

255.        La Comisión también desea subrayar la importancia de convocar a elecciones libres y justas tan pronto sea posible. Se ha avanzado a este respecto merced a la colaboración entre el gobierno de transición, el Consejo Electoral Provisional, la OEA, la ONU y otras partes interesadas, y es sólo a través de una cooperación constante de esta naturaleza que será posible celebrar elecciones plenas y libres y consolidar la democracia, de acuerdo con la Convención Americana y con la Carta Democrática Interamericana. Las elecciones deben ser abiertas e incluir a todos, y deben ser congruentes con el sistema pluralista de partidos políticos y de organizaciones políticas, lo que debe significar la participación de todos los partidos.

256.        Además, la Comisión elogia las promesas de apoyo continuo de los jefes de gobierno que participaron en la Cuarta Cumbre de las Américas, para la celebración de elecciones libres y justas en Haití. La Comisión espera que estas expresiones de apoyo incluyan esfuerzos acelerados para desembolsar los fondos prometidos al país, lo cual, a su vez, exige un contexto en el que los recursos puedan ser utilizados en forma transparente, eficiente y efectiva. Debe aportarse un apoyo financiero y de otra índole a los esfuerzos de la ONU, de la OEA y de otros, en cooperación con el gobierno de Haití, para crear condiciones que permitan celebrar las elecciones como se han planeado.

257.       La Comisión seguirá supervisando la situación de Haití y ofreciendo su asistencia al gobierno y al pueblo de este país en el curso del próximo año.