...continuación (Capítulo IV)

HAITÍ

          Introducción

          101.   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la CIDH” o “la Comisión”) decidió incluir en el presente Capítulo aspectos vinculados a la República de Haití, Estado miembro de la OEA, cuyas prácticas de derechos humanos merecen especial atención pues puede decirse que se encuentra en una situación comprendida por el quinto criterio estipulado en el Informe Anual de la CIDH de 1997 y mencionado antes, a saber,

Situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales.

          102.   La Comisión preparó esta sección del Capítulo IV de su Informe Anual de acuerdo con el artículo 57(1)(h) de su Reglamento y ha basado su análisis en la información obtenida durante la visita que se describe más adelante y en otras fuentes confiables de acceso público.  El 25 de enero de 2005, la CIDH remitió al Estado copia de un borrador de la presente sección del Capítulo IV de su Informe Anual de 2004, de acuerdo con el artículo mencionado, y pidió al Gobierno de la República de Haití que presentara sus observaciones sobre la misma dentro de los 20 días.  El Estado no ha presentado observaciones dentro de ese plazo.

          103.   El año de 2004 fue testigo de cambios dramáticos en el panorama político de Haití, como la partida del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, a fines de febrero de 2004, tras violentos disturbios, la instalación de un gobierno de transición en marzo de 2004 y la llegada de una nueva Misión de las Naciones Unidas, la Misión para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), en junio de 2004.  Las actividades de la Comisión en Haití, en 2004, se vieron necesariamente influenciadas por estos eventos importantes, a los que la Comisión dio seguimiento a lo largo del año.  Ello incluyó la visita del Relator de la Comisión para Haití, del 1 al 3 de septiembre de 2004, con el propósito de reunirse con miembros del gobierno de transición y otros protagonistas importantes, a efectos de evaluar la situación de derechos humanos imperante.

          104.   Tras estas actividades en relación con Haití, este año, la Comisión sigue hondamente preocupada por las numerosas esferas en que los derechos básicos del pueblo haitiano carecen de protección y garantías.  En momentos de la visita de la Comisión a Haití, a comienzos de septiembre, ésta expresó la esperanza de que el país y su pueblo superaran las dificultades del pasado y avanzaran hacia un futuro en que imperara el estado de derecho, la democracia y el respeto pleno por los derechos humanos.  Si bien la Comisión sigue empeñada en este objetivo, se siente cada vez más alarmada por la situación de seguridad en Haití, que se ha deteriorado sustancialmente en los últimos meses de 2004.  Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Comisión insta al gobierno a adoptar con urgencia las medidas necesarias, congruentes con los principios y normas internacionales en materia de derechos humanos, para controlar la seguridad de Haití, y exhorta a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para ayudar al gobierno en esta tarea.  De no mediar estar medidas, existirán pocas posibilidades de que Haití avance hacia un futuro de mayor prosperidad.

          Resumen de los principales acontecimientos registrados en Haití en 2004

105.   Como contexto para el análisis de la situación de derechos humanos de Haití en 2004, la Comisión brindará un breve panorama de los principales acontecimientos registrados en el año.

106.        A fines de 2003 y comienzos de 2004, se registraron numerosas manifestaciones de violencia en las calles de Port-au-Prince contra el gobierno del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide.  Estos hechos fueron acompañados por actos de sabotaje contra periodistas y contra bienes de los medios de comunicaciones, actos que fueron condenados por el Relator Especial de la Comisión para la Libertad de Expresión.[132]

107.         El 5 de febrero de 2004, estalló un conflicto en Gonaïves, la cuarta ciudad del país, a raíz de que grupos antigubernamentales armados atacaron destacamentos policiales y juzgados, obligando a la policía y a las autoridades locales a huir.  Los dirigentes de la insurgencia incluían a algunos ex miembros de la Policía Nacional de Haití (PNH) y a grupos paramilitares, como el Frente Revolucionario Armado para el Progreso (FRAPH), entre otros.  En las tres semanas siguientes, la violencia aumentó y se extendió a otras partes del país, como consecuencia de lo cual se estima que murieron 200 personas.

108.         El 29 de febrero de 2004, cuando los insurgentes amenazaron avanzar hacia Port-au-Prince, el ex Presidente Aristide abandonó el país en circunstancias controvertidas.  Pocas horas después de la partida de Aristide, el Presidente de la Corte Suprema Boniface Alexandre prestó juramento como nuevo presidente interino.  El 4 de marzo de 2004, se creó un Consejo Tripartito integrado por un representante del Partido Fanmi Lavalas del ex Presidente Aristide, uno de Plataforma Democrática, un grupo opuesto al ex Presidente Aristide, y un representante de la comunidad internacional.  Al día siguiente, el Consejo Tripartito seleccionó a siete personas eminentes entre los principales actores de la sociedad para integrar un Consejo de Sabios, encargado de seleccionar al Primer Ministro interino.  Gérard Latortue, hombre de negocios y consultor de las Naciones Unidas, residente en Estados Unidos, fue designado Primer Ministro el 9 de marzo de 2004, formándose una semana después un gobierno de transición.

109.         En un empeño por forjar un amplio consenso político, el 4 de abril de 2004, el Primer Ministro Latortue suscribió un “Pacto para un consenso sobre la transición política”, en nombre del Gabinete de Transición de 13 miembros, miembros del Consejo de Sabios, y representantes de varios grupos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, con excepción del Fanmi Lavalas.  El Pacto estableció las medidas que debían adoptarse en relación con aspectos tales como la seguridad, el combate contra la impunidad y la corrupción, las elecciones, la reforma judicial, la reintegración de antiguos elementos armados, la profesionalización de la Policía Nacional de Haití y el apoyo a las víctimas.  En el Pacto también se establecía la celebración en 2005 de elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.  Se creó con este fin un Consejo Electoral Provisional (CEP), que al principio se integró con sólo ocho de los nueve miembros requeridos, debido a la negativa de Fanmi Lavalas a participar, aunque posteriormente fue designado un noveno miembro que representaba a la justicia y a los sectores de la sociedad civil.  Aunque la labor del CEP estuvo caracterizada por las controversias, incluida la renuncia de su Presidente en noviembre de 2004, tras acusaciones de conducta indebida, el objetivo parece ser la celebración de elecciones en noviembre de 2005, seguidas por la transmisión del poder al nuevo gobierno, en febrero de 2006. 

110.         En su intento de recuperarse de los hechos violentos de febrero y marzo de 2004 y hacer avanzar al país, el Gobierno de transición y el pueblo de Haití siguieron enfrentando numerosas dificultades, incluida una grave escasez de agentes de policía y la persistente crisis causada por las personas y los grupos ilegalmente armados en el país, que, en conjunto, exacerbaron los graves problemas de derechos humanos y seguridad de esta nación.  Como se indicó antes, los últimos meses de 2004 fueron testigos de una creciente violencia entre grupos armados ilegales y pandillas, en Port-au-Prince y en otras ciudades, lo cual habría detonado por un choque con la policía en el curso de una manifestación pro Aristide, en Port-au-Prince, el 30 de septiembre de 2004.  Estos hechos dieron lugar a una mayor preocupación de parte de la Comisión y de otros actores en relación con los esfuerzos por estabilizar al país.  Más adelante, brindaremos más detalles sobre estos aspectos.

111.         Los hechos a nivel interno en Haití se vieron acompañados por la evolución de la participación de la comunidad internacional en el país.  En particular, el 29 de febrero de 2004, fecha de la partida del ex Presidente Aristide, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1529 (2004)[133] por la que se autorizaba el emplazamiento inmediato de una Fuerza Multinacional Provisoria por un período de tres meses.  El despliegue de las tropas se inició ese mismo día. 

112.         A ello siguió la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU, el 30 de abril de 2004, de la Resolución 1542 (2004) por la que se creaba la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de  Haití (MINUSTAH), una fuerza de estabilización de la ONU integrada, según lo previsto, por 6.700 efectivos militares, 1.622 policías civiles y personal civil local adicional.[134]  La Misión fue al principio autorizada por seis meses, a partir del 1 de junio de 2004, y el 20 de noviembre de ese mismo año fue prorrogada hasta junio de 2005, con la intención de renovarla por nuevos períodos.[135]  El mandato de la MINUSTAH fue definido por el Consejo de Seguridad y el mismo incluía garantizar la seguridad y estabilidad para el proceso constitucional y político de Haití, brindar asistencia al Gobierno de transición para la reforma de la Policía Nacional de Haití y ayudar con programas amplios y sostenibles de desarme, desmovilización y reinserción, entre otras tareas.  A fines de noviembre de 2004 se desplegaron en Haití 4.790 de los 6.700 efectivos proyectados para el establecimiento de la paz, y 1.270 de los 1.622 agentes de la policía civil previstos.[136]

113.         Otras organizaciones intergubernamentales reaccionaron ante la dramática situación de Haití.  La Comunidad del Caribe (CARICOM), de la que Haití es miembro, condenó las circunstancias que dieron lugar a la partida del ex Presidente Aristide y posteriormente decidió no permitir que el Gobierno de transición participara en sus Consejos.  En la última cumbre de CARICOM, en noviembre de 2004, se rechazó el pedido de Haití de ser readmitido a las reuniones, oportunidad en que los Estados miembros que objetaron su incorporación mencionaron preocupaciones en materia de derechos humanos y seguridad.[137]

114.         Por su parte, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el curso del Trigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones convocado para el 6 al 8 de junio de 2004, en Quito, Ecuador, aprobó la Resolución AG/RES (XXXIV)-O-04[138] en la que reiteraba que la principal preocupación de la OEA en Haití era el pleno restablecimiento de un orden democrático duradero y el bienestar económico, social y político de la ciudadanía.  La Asamblea General también encargó al Secretario General que estableciera la coordinación necesaria con el Secretario General de las Naciones Unidas para definir las áreas de cooperación entre la Misión Especial de la OEA y la de las Naciones Unidas, especialmente en lo relativo al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la celebración de elecciones y la promoción de los derechos humanos.  Además, la Asamblea General instó a la CIDH a que realizara el seguimiento de la situación de derechos humanos en Haití e informara al respecto, y que actuara conjuntamente con la Misión Especial de la OEA en la promoción y observancia de tales derechos.

115.         Desde junio de 2004, los órganos e instituciones de la OEA emprendieron numerosas iniciativas para implementar los términos de la resolución de la Asamblea General. Una delegación del Consejo Permanente de la OEA efectuó una visita a Haití, del 9 al 11 de septiembre de 2004, a efectos de evaluar la situación y resaltar la necesidad de fomentar el pleno restablecimiento de la democracia en ese país.  Además, el 3 de noviembre de 2004, la Secretaría General de la OEA y la ONU suscribieron un acuerdo de cooperación para la organización, el control y la celebración de elecciones en Haití, previstas para 2005.  Además, el Instituto Federal Electoral de México, la ONU y la OEA organizaron un seminario en Ciudad de México, durante la semana del 22 de noviembre de 2004, para la preparación de las elecciones en Haití.  Más adelante se describe la labor de la CIDH en relación con la situación de derechos humanos en Haití en el curso de 2004.

116.         También en 2004, varias organizaciones no gubernamentales divulgaron informes sobre la situación de Haití, incluida Amnistía Internacional[139] y el International Crisis Group,[140] y los acontecimientos acaecidos en el país fueron materia de amplia cobertura de los medios de comunicaciones internacionales. 

117.         También es importante mencionar que Haití fue víctima de graves desastres naturales en el curso de 2004; primero, en mayo, cuando una inundación causada por lluvias torrenciales en zonas fronterizas con República Dominicana, causó la muerte de más de 1.700 personas, y posteriormente, en septiembre, ocasión en que Haití sufrió los devastadores efectos del huracán Jim, uno de los peores desastres naturales que sufrió el país, que dejó el saldo de unas 1.900 muertes y 900 desaparecidos o presuntas muertes. Estos desastres y sus efectos posteriores, incluida la falta de alimentos, vivienda, higiene y servicios de salud, así como la consiguiente propagación de enfermedades, exacerbaron los problemas que enfrentaba Haití y su necesidad de una asistencia internacional sólida y decisiva.  Al respecto, en el curso de la conferencia de donantes realizada en Washington, D.C., en julio de 2004, se prometieron al país unos 1.080 billones de dólares.  Si bien estos recursos brindarán una asistencia imperiosamente necesaria para que el país enfrente los numerosos desafíos que tiene por delante, la Comisión entiende que ha habido atrasos en el desembolso de los fondos.  Por tanto, la CIDH exhorta al Estado y a la comunidad internacional a adoptar iniciativas urgentes para acelerar el desembolso y la utilización efectiva de estos recursos y avanzar así el proceso de recuperación y asignación de la asistencia a la población.

          Actividades de la Comisión en relación con Haití en 2004

118.         Con ocasión de los violentos hechos registrados en Haití en febrero y marzo de 2004, la Comisión expresó que deploraba la violencia y la pérdida de vidas resultante, el deterioro de la situación humanitaria y el abuso de los derechos humanos.  Al desarrollarse los hechos en Haití, la Comisión exhortó a las partes involucradas a que resolvieran sus diferencias pacíficamente, por la vía democrática y constitucional, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[141]

119.         Tras la instalación del Gobierno de transición, la Comisión siguió expresando su preocupación en relación con ciertos aspectos de la situación de derechos humanos en el nuevo régimen.  Ello incluía las circunstancias que rodearon el juicio de agosto de 2004 contra el ex dirigente paramilitar Louis-Jodel Chamblain y el ex oficial de policía Jackson Joanis por el homicidio ocurrido en 1993 en perjuicio de Antoine Izméry, que la Comisión consideró no demostraba un compromiso con la eliminación de la impunidad por los abusos de derechos humanos del pasado a través de un proceso claramente imparcial y efectivo acorde con las normas internacionales.[142]

120.         A estas actividades siguió una visita de la Comisión, del 1 al 3 de setiembre de 2004, por invitación del Gobierno de Haití y con el apoyo financiero del Gobierno de Francia.  La delegación de la Comisión estuvo integrada por sus miembros Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente y Relator para Haití,  Brian Tittemore, Especialista Principal en derechos humanos, Bernard Duhaime, funcionario asociado de la OEA y profesor de derecho de la Universidad de Québec, en Montreal; Candis Hamilton, Abogada Consultora de la CIDH y Julie Santelices, Asistente Administrativa.  La visita fue efectuada de acuerdo con el mandato de la CIDH y con las funciones que asignan a la Comisión la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de conformidad con los términos de la Resolución AG/RES. 2058 (XXXIV)-O-04 del 8 de junio de 2004.[143]

121.         La visita era la primera que efectuaba la Comisión desde que se desató la violencia armada en Haití, a comienzos de 2004, y después de la instalación del Gobierno de transición.  En consecuencia, en el curso de la visita, la Comisión se empeñó en obtener información sobre la situación de las protecciones de los derechos humanos en el país con posterioridad a estos eventos.  Con tal fin, la Comisión se reunió con representantes del Gobierno de transición de Haití y con miembros de la sociedad civil, así como con representantes de organizaciones internacionales.  La Comisión se reunió con el Presidente de la República, Sr. Boniface Alexander; con el Primer Ministro, Sr. Gérard Latortue; el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr.  Yvon Siméon; el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sr. Bernard Gousse; el Ministro del Interior, Sr. Hérard Abraham; la Ministra de Asuntos de la Mujer, Sra. Adelina Magloire Chancy; el Director General de la Policía Nacional de Haití, Sr. Leon Charles; y el Defensor del Pueblo, Sr. Necker Dessables.  La Comisión también mantuvo conversaciones con representantes de distintos sectores de la sociedad civil, inclusive con un número sustancial de organizaciones no gubernamentales, con diversos puntos de vista, así como con asociaciones de magistrados y abogados.  Además, la Comisión se reunió con el Jefe de la MINUSTAH, el Embajador Gabriel Valdés, y con otros funcionarios de dicha misión, así como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).  Además, la Comisión organizó un seminario de capacitación sobre el sistema de derechos humanos con funcionarios de distintos ministerios y organismos gubernamentales.[144]

122.         Tras su visita, la Comisión emitió un comunicado de prensa  y sus observaciones preliminares sobre la situación de derechos humanos de Haití, a la vez que presentó sus observaciones al Consejo Permanente de la OEA en el curso de una sesión ordinaria del mismo, el 7 de septiembre de 2004.[145]  La Comisión continuó con el seguimiento de los hechos en Haití en septiembre y octubre.   A la luz de la creciente violencia y de otros hechos inquietantes acaecidos en el país, la Comisión examinó la situación en el curso del 121º período ordinario de sesiones, en octubre de 2004, y emitió un comunicado de prensa al concluir dicho período de sesiones, en el cual expresó su creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en Haití.[146]

123.         Sobre la base de su visita y de otras actividades en relación con Haití, en el curso de 2004, la Comisión detectó numerosas esferas en las que tenía graves preocupaciones acerca de la protección de los derechos humanos en el país, aspectos a los cuales haremos referencia más adelante.  Corresponde señalar que algunos de estos problemas existían antes de 2004 y fueron materia de análisis en anteriores informes anuales y comunicados de prensa de la CIDH.[147]

Observaciones de la Comisión sobre la situación de derechos humanos en Haití en 2004

124.         En su comunicado de prensa, después de la visita de septiembre a Haití, la Comisión observó que el país seguía enfrentando numerosos problemas graves de derechos humanos, no obstante lo cual, la Comisión tenía esperanzas de que el Gobierno y el pueblo de Haití, en cooperación con la comunidad internacional, pudieran avanzar, superando las dificultades del pasado, hacia un futuro más provisorio.  Sin embargo, desde esa fecha, la Comisión se ha venido preocupando cada vez más por la falta de avances en varias esferas fundamentales identificadas durante su visita.  Si no existe un mayor empeño de parte del Gobierno y de la comunidad internacional por abordar una serie de problemas centrales, como el desarme de los grupos y bandas armadas ilegales y la afirmación del control  en las cuestiones de seguridad a lo largo y ancho del país, el progreso para Haití y para su pueblo seguirá siendo esquivo.

          Seguridad y desarme

125.         Entre las principales preocupaciones de la Comisión en 2004 cabe señalar la situación de Haití en materia de seguridad.  De acuerdo con la información a que tuvo acceso la Comisión, la falta de seguridad efectiva para la población en buena parte del país ha sido y sigue siendo un problema urgente.  Desde la revuelta de febrero y marzo, grupos armados ilegales han mantenido el control de la seguridad en muchas partes del país, en particular en el norte, y se informa que en algunos casos estos grupos han operado en cooperación con la Policía Nacional o en sustitución de ésta.  En consecuencia, la seguridad de la población en muchas de estas zonas no ha sido efectivamente garantizada por el Estado.

126.         Como señaló la Comisión en el curso de su visita, es esencial para la futura  estabilidad del país que el Gobierno haitiano, en colaboración con la comunidad internacional, adopte las medidas urgentes necesarias para recuperar el control de la seguridad en todas las regiones del país, desarmar a los grupos que en ellas operan y garantizar los derechos fundamentales de las personas en todo el territorio nacional.  La Comisión también ha reiterado con insistencia que los derechos humanos de todas las personas sean respetados en el proceso de restablecimiento del orden y la seguridad del país y que toda violación de los derechos humanos que se produzca sea efectivamente investigada, procesada y penada, independientemente de quien sea el responsable.  Aunque se había establecido el plazo del 15 de septiembre de 2004 para desarmar a los grupos ilegales --función que competiría a las fuerzas de la ONU y a la policía de Haití-- el plazo venció sin que se avanzara sustancialmente en la confiscación de armas, la recuperación de la autoridad en los destacamentos policiales en manos de los rebeldes y ex soldados, o las demás medidas necesarias para afirmar un control efectivo de la seguridad en Haití.

127.         Al no realizarse un desarme efectivo, se ha perpetuado y exacerbado la situación de violencia en el país.  Los funcionarios locales indicaron que la tasa de homicidios aumentó en 2004, en comparación con años anteriores, en particular en los últimos meses del año.  Buena parte de la violencia se produce en el contexto de enfrentamientos de bandas armadas ilegales y la policía.  El impacto de la violencia se ha generalizado, afectando no sólo a la policía y a los efectivos de la ONU, sino a la población civil, en términos más generales.  Se ha atacado a conductores de ambulancias, se han perpetrado secuestros y se ha robado la ayuda a las víctimas de los desastres naturales, lo que ha incrementado el temor de la población.

128.         Este aumento de la violencia parece haberse producido a partir del 30 de septiembre, cuando los partidarios de Aristide intensificaron sus manifestaciones de protesta en la capital, Port-au-Prince, para exigir su regreso del exilio en Sudáfrica, circunstancias en que se informó que la policía disparó contra los manifestantes, causando dos muertes.  A ello siguió un incidente retaliatorio, el mismo día, cuando se denunció que tres agentes de policía habían sido muertos a tiros y decapitados, en episodios perversamente denominados por los responsables como la “Operación Bagdad”, refiriéndose a atrocidades similares perpetradas por los terroristas en Irak, el año pasado.  Desde el 30 de septiembre, se estima que la violencia en Haití ha costado la vida a más de 100 personas, incluyendo a 19 agentes de policía.

129.         La Comisión se ve obligada a insistir en la importancia de la adopción de medidas urgentes y efectivas de parte del Gobierno, con la asistencia de la comunidad internacional, para poner control a esta situación.  Si no ejerce una autoridad efectiva en materia de seguridad, el Gobierno no estará en condiciones de cumplir su obligación de garantizar la protección de los derechos humanos del pueblo haitiano.  La no implementación de las iniciativas de desarme con rapidez y en forma decisiva no ha hecho más que alentar a los grupos armados ilegales y a las bandas armadas, con lo que la violencia ha proliferado, en ausencia de una seguridad pública efectiva, al igual que ocurrió con otro tipo de delitos.

130.         Aparte de amenazar la seguridad cotidiana de la población, las deficiencias en el control de la seguridad también tienen repercusiones para el progreso y la prosperidad del país a más largo plazo.  Como se analiza con mayor detalle más adelante, las deficiencias en la seguridad pueden poner en peligro las elecciones programadas para 2005, al privar a la población de un entorno en el que pueda ejercer plena y libremente su derecho democrático al voto y  a ser elegida, de conformidad con el artículo 23 de la Convención Americana.  En la medida en que la violencia se manifiesta en enfrentamientos entre las fuerzas de la ONU, la policía y los partidarios del ex Presidente, debe encontrarse una solución a estas situaciones para asegurar que las elecciones sean abiertas y comprendan  a todos los partidos políticos, incluido Fanmi Lavalas.  La perpetuación de los problemas de seguridad también puede inhibir las relaciones de Haití con otros Estados, organizaciones gubernamentales e instituciones financieras, y el desembolso y uso de la ayuda internacional, en momentos en que la consolidación y el aumento del apoyo internacional es crucial para el progreso de Haití a corto y largo plazo. 

131.         A este respecto, la Comisión observa que, pese al mandato asignado a la MINUSTAH de asistir en la garantía de un entorno seguro y estable en Haití, la Misión ha venido operando por debajo de la capacidad plena durante 2004, situación que la Comisión ha instado y sigue instando a la comunidad internacional a corregir.  La Comisión también reconoce que, pese a la falta de recursos, la MINUSTAH se ha empeñado en mejorar la seguridad en el país.  Ello ha incluido iniciativas para proteger la prestación de la ayuda humanitaria a las víctimas de los desastres naturales en Haití y una operación ejecutada el 18 de diciembre de 2004, en que los trabajadores de la paz lograron retirar a los ex soldados que ocupaban la propiedad del ex Presidente. Sólo aumentando los efectivos y la policía y emprendiendo otras iniciativas operativas podrá efectivamente controlarse la situación de seguridad en el país.

Administración de justicia

132.         Es evidente, a partir de la información disponible, que la falta de progreso en materia de seguridad puede atribuirse en gran parte a la ausencia de una fuerza policial nacional suficientemente dotada y capacitada.  A este respecto, la Comisión también se siente preocupada por las deficiencias en la administración de justicia de Haití.  Las fuentes a que tuvo acceso la Comisión indicaron que el sistema judicial sigue siendo gravemente frágil y continúa enfrentando carencias fundamentales.  Ello incluye una grave escasez de recursos para los jueces, magistrados, tribunales y la policía, así como la incidencia de violaciones del debido proceso, como la detención prolongada de personas sin que sean llevadas ante un juez.  Como ejemplo de la carencia fundamental de recursos, la Comisión fue informada en la visita de septiembre que la fuerza policial cuenta con sólo entre 2.000 y 4.000  integrantes responsables de una población total de más de 8 millones. Como se indicó antes, la policía ha estado también entre las víctimas de la violencia en el país, habiéndose dado muerte a unos 19 agentes sólo desde fines de septiembre de 2004. 

133.         La Comisión también ha tomado nota de información que indica que algunas instancias de ejecuciones sumarias pueden ser atribuibles a la policía.  Se informó, por ejemplo, que el 26 de octubre de 2004, 13 personas fueron ejecutadas en la zona de Fort National, en Port-au-Prince, por parte de dos hombres que, según los testigos, parecían ser integrantes de la policía.  Los incidentes de esta naturaleza, al igual que las ejecuciones extrajudiciales, deben ser objeto de investigaciones rápidas, independientes e imparciales, y debe procesarse y sancionarse a los responsables. 

134.         La Comisión también está preocupada por los arrestos y las detenciones aparentemente arbitrarios que se denuncia ocurrieron en 2004.  Estos incluyen el arresto, el 2 de octubre de 2004, en la Radio Caraibe, del ex Presidente del Senado Yvon Feuille, el ex Presidente de la Cámara de Diputados Rudy Heriveaux y el activista Lesly Gustave, y el 13 de octubre de 2004, el arresto y la detención del Padre Gerard Jean-Juste, en la Parroquia de Port-au-Prince.  En su comunicado de prensa del 28 de octubre de 2004 sobre Haití, la Comisión expresó su preocupación por estos incidentes.  De acuerdo con información pública disponible, el Padre Jean-Juste fue liberado siete semanas después, el 29 de noviembre de 2004, tras una audiencia ante un juez en la que se llegó a la conclusión de que existían pruebas insuficientes para procesarlo.  Análogamente, la Comisión tiene entendido que el 23 de diciembre de 2004, los señores Feuille, Heriveaux y Gustave fueron liberados en tanto continuaban las investigaciones contra ellos.  La Comisión observa que la perpetración de arrestos y detenciones arbitrarias no es un problema nuevo en Haití, sino que ha sido objeto de críticas por parte de la Comisión en al pasado. [148]  En el presente informe, la Comisión recalca una vez más la prohibición de los arrestos arbitrarios consagrada en el artículo 7 de la Convención Americana, y reitera la obligación del Estado de asegurar la investigación y el procesamiento de estos delitos a través de procedimientos imparciales y efectivos, acordes con las normas internacionales del debido proceso, incluido el derecho del detenido a ser notificado rápidamente del cargo o los cargos que se le imputan y de ser llevado ante un juez sin demora.

135.         Durante 2004, también se ha informado de casos de violencia contra reclusos y entre los reclusos en las prisiones y otras instituciones de detención, así como de las condiciones en general anormales de estas instituciones.  En particular, se informó que el 1º de diciembre de 2004 se produjo un violento episodio en la Penitenciaría Nacional, en el curso del cual resultaron muertos no menos de siete reclusos. También, la Comisión recibió información durante el año que indica que algunas prisiones y otras instituciones de detención en Haití están bajo control de las autoridades aparte del Estado, incluyendo paramilitares. Al igual que en el caso de los arrestos y detenciones arbitrarias, la violencia y las condiciones deficientes de las cárceles no es un problema nuevo en Haití y la Comisión reitera insistentemente su pedido de que el Estado garantice que las personas objeto de detención o reclusión no sean víctimas de violencia o de otros malos tratos a manos de agentes del Estado o de otros reclusos y que no estén sometidos  a condiciones que no satisfagan las normas internacionales mínimas de tratamiento de los reclusos, incluidas las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de Reclusos. Además, la Comisión exhorta al gobierno de Haiti a adoptar con urgencia las medidas necesarias para recuperar el control de todas las la seguridad en todas las prisiones y otras instituciones de detención en el país.

136.         En el curso de la visita de la Comisión, a comienzos de septiembre, el Estado indicó que estaba adoptando medidas para abordar algunos de los problemas relacionados con la administración de justicia.  Se informó a la Comisión, por ejemplo, que se estaba redactando un proyecto de ley para transferir la autoridad de designar, ascender y sancionar a los jueces del Ministerio de Justicia  a un órgano independiente y que los sueldos de los jueces habían sido aumentados recientemente. Aunque estos aumentos pueden no ser suficientes, la Comisión consideró que constituían un primer paso hacia el mejoramiento de la administración de justicia en el país.  También se informó a la Comisión que el Gobierno había elaborado un plan para contratar y capacitar a nuevos miembros de la fuerza policial a corto y largo plazo, previéndose unos 1.500 agentes más antes de las elecciones, como proyecto para el año próximo.  También de acuerdo con el Gobierno, el proceso de selección del nuevos reclutas descalifica a los candidatos que hayan estado vinculados a abusos de los derechos humanos y se ha incluido la capacitación en derechos humanos como componente clave del entrenamiento policial.  La Comisión ha estimulado estas medidas y ha subrayado la necesidad de que el Estado, con el apoyo de la comunidad internacional, siga adoptando las medidas necesarias para abordar estos y otros problemas que afectan al sistema judicial.  La Comisión también subraya la necesidad de que los reclutas de la policía reciban capacitación en la esfera de los derechos humanos, incluidas las normas y los principios internacionales que rigen el uso de la fuerza, y de que toda alegación de participación policial en los asesinatos y demás abusos de los derechos humanos sean rápida y efectivamente investigada y se juzgue y sancione a los responsables. Además, la Comisión considera que es crucial que todos los funcionarios que trabajar en la administración de justicia, incluyendo los jueces, reciban capacitación en la esfera de los derechos humanos.

Impunidad

137.         Vinculado a las deficiencias de la administración de justicia en Haití está el problema permanente de la impunidad por los abusos de los derechos humanos.  En 2004, la Comisión recibió críticas sobre el tratamiento de personas específicas dentro del sistema judicial del Estado.  Como se señaló, estas incluyen una presunta conducta indebida en el juicio de agosto de 2004 contra Louis-Jodel Chamblain y Jackson Joanis por el asesinato de Antoine Izméry en 1993, incluido el hecho de que el juicio fue celebrado en la noche del 16 al 17 de agosto y que sólo se llamó a un testigo de la parte acusatoria.  También durante el año se expresaron preocupaciones en relación con el arresto y la detención de varios miembros del gobierno anterior, incluido el ex Primer Ministro Yvon Neptune y el ex Ministro del Interior Jocelerme Privert.  En la visita de septiembre de 2004, la Comisión tuvo oportunidad de reunirse con estos dos ex ministros en la Penitenciaría Nacional y verificar su estado.

138.         Con respecto a estas cuestiones, la Comisión ha reiterado su preocupación en cuanto a la obligación del Estado de poner fin a la impunidad por todos los abusos de los derechos humanos a través de procedimientos imparciales y efectivos acordes con las normas internacionales, y el correspondiente derecho de todas las personas al debido proceso de la ley y a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, sin discriminación de tipo alguno.  La Comisión también ha observado que, aunque ciertos procedimientos legales puedan cumplir con la legislación nacional, el Estado está obligado a garantizar que la investigación, el procesamiento y el castigo por violaciones de los derechos humanos esté de acuerdo con las normas internacionales.   La Comisión considera importante resaltar la responsabilidad del Estado de investigar y procesar los abusos de los derechos humanos de acuerdo con estas normas quien quiera que sea el responsable y cualesquiera que hayan sido los abusos cometidos, incluidas las violaciones cometidas durante la dictadura militar de comienzos de la década de 1990 o en el curso de los gobiernos anteriores y actual.  El Estado también deben tomar las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona implicada en tales delitos sea incorporada a las fuerzas de seguridad del Estado.

Situación de algunas personas y grupos

139.         Las preocupaciones expresadas por la Comisión en 2004 incluyen situaciones vinculadas a grupos que han merecido atención especial en la labor de la Comisión, incluidas las mujeres, los niños y los defensores de los derechos humanos, así como los periodistas y personas que han sido objeto de violencia y malos tratos por su filiación u opinión política.  Por ejemplo, en el curso del año, la Comisión también recibió información y denuncias de actos de violencia contra personas en base a su filiación o a la percepción de su filiación con el ex Presidente y su partido político, así como de otros incidentes de violencia presuntamente atribuibles a partidarios del ex gobierno, incluido un episodio de agosto de 2004 en el que el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República de Francia fue objeto de un ataque en el curso de una visita a un hospital de Cité Soleil.  La Comisión ha condenado los incidentes de esta naturaleza y ha seguido recalcando la obligación del Estado de investigar las alegaciones de violencia como estas, y, en los casos en que se sustancien, de procesar y sancionar a los responsables. 

140.         También de acuerdo con información recibida por la Comisión, la violación de mujeres y jóvenes cometidas por grupos armados y bandoleros, entre otros, sigue siendo un grave problema para la sociedad haitiana, que ha empeorado en el curso de 2004 debido a que los ex paramililtares han adquirido poder en el país y han seguido utilizando la violación como arma para la consecución de sus objetivos políticos.  El problema de la violencia sexual contra las mujeres y las jóvenes se ve acompañado por otras graves violaciones de los derechos humanos, como la discriminación, y la mujer es particularmente victimizada por deficiencias en los sistemas de la salud y educación.   Por ejemplo, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales locales, las mujeres son remuneradas considerablemente por debajo de sus contrapartes masculinas aunque se calcula que un 60% de los hogares están encabezados por mujeres. También se calcula que el 6,7% de las jovencitas viven con VIH/SIDA.  Los grupos de mujeres han denunciado que cada vez se les hace más difícil funcionar debido a la falta de recursos y al temor por la violencia.  Con respecto a estos problemas, la Comisión ha reiterado la necesidad de que el Estado adopte medidas concretas para fomentar y proteger los derechos de la mujer, lo cual incluye la investigación y el procesamiento efectivo de las denuncias de violencia sexual perpetrada contra mujeres y jovencitas.  A este respecto, la Ministra de Asuntos de la Mujer informó a la Comisión, en el curso de su visita de septiembre, acerca de los esfuerzos de su Ministerio por estimular iniciativas de reforma legislativa pertinentes a las necesidades de la mujer, incluyendo propuestas para incorporar a la legislación haitiana la figura del delito de violación, y empeños por crear grupos de mujeres en las distintas regiones del país.  La Comisión tiene entendido que, en el período transcurrido, el Consejo de Ministros ha admitido la aprobación de un decreto que define la violación como delito penal en la legislación haitiana.  La Comisión encomia esta iniciativa y proseguirá con el seguimiento de los empeños del Estado por implementar esta ley fundamental. 

141.         También los niños habrían sido víctimas de violaciones de derechos humanos particularmente oprobiosas, en el curso de 2004.  Se alega, por ejemplo, que los niños han sido víctimas de trabajo infantil, secuestros y actos de violencia perpetrados por grupos armados, y que con frecuencia se les mantiene detenidos junto con los adultos, en las cárceles.  UNICEF ha informado que la violencia en Haití ha tenido un impacto especialmente grave para los 2.000 niños de la calle que se encontrarían en Port-au-Prince y las 120.000 jovencitas que trabajan como empleadas domésticas en el país.  Los niños han sido víctimas de asesinatos y han sido incorporados a las bandas, habiendo también aumentado el número de violaciones de menores.  Como ha señalado la Comisión en ocasiones anteriores, el de los niños es el segmento más vulnerable de nuestras sociedades y tienen derecho a una protección especial del Estado para salvaguardar efectivamente sus derechos.  En consecuencia, la Comisión insta al Estado a que adopte las medidas necesarias para dar pleno efecto al derecho de los niños consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana, a saber, el derecho a las medidas de protección que exige su condición de menores, de parte de sus familias, de la sociedad y del Estado, así como los derechos y libertades establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que Haití ratificó el 8 de julio de 1995.

142.         Además, la Comisión ha sido informada de amenazas y de otros actos de violencia e intimidación perpetrados contra los defensores de los derechos humanos, contra periodistas y, en general, contra los medios de comunicación del país.  Estos incidentes incluyen el homicidio, el 13 de septiembre de 2004, del Reverendo Moleste Lovinsky Bertomieux, comentarista de un programa diario de Radio Caraibe.  Como lo ha observado la Comisión en numerosas ocasiones, las violaciones y coerciones de esta naturaleza, de no ser contenidas, coloca a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas en una posición vulnerable e impide efectivamente que cumplan su labor.  La Comisión exhorta una vez más al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para investigar, procesar y evitar los incidentes de esta naturaleza.

          Derechos económicos, sociales y culturales y problemas afines

143.         Las preocupaciones que ha señalado la Comisión deben ser examinadas también a la luz de los problemas fundamentales de la sociedad, como la extrema pobreza, la alta tasa de analfabetismo y la malnutrición, que siguen privando a los haitianos de sus derechos económicos, sociales y culturales elementales y que, al mismo tiempo, exacerban  las consecuencias resultantes de la negación de los derechos civiles y políticos básicos.  En numerosas ocasiones, la Comisión ha reconocido que ello presenta un desafío extraordinario para el Estado haitiano y ha exhortado al Gobierno a que, en cooperación con todos los demás sectores de la sociedad y con el apoyo de la comunidad internacional, diseñe y ejecute un plan de desarrollo que aborde las necesidades económicas y sociales fundamentales de cada uno de los ciudadanos haitianos.

144.         Entre los estudios más recientes sobre las dificultades económicas, sociales y culturales que enfrenta el país, cabe mencionar el informe conjunto del 17 de noviembre de 2004, preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Haití, con el título  de “Visión común de un desarrollo sostenible”.[149]  El informe brinda información y análisis vinculados a numerosos problemas que afectan a Haití, incluida la pobreza extrema, la mortalidad infantil, la salud y mortalidad materna, la proliferación del VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades, así como las graves deficiencias de la educación.  Por ejemplo, de acuerdo con el informe, el 76% de los haitianos vive con menos de US$ 2.00 por día, en tanto el 55% vive con menos de US$1.00 por día.  Las tasas de malnutrición y mortalidad son particularmente graves entre los niños, grupo en que el 42% de los menores de cinco años sufren de malnutrición, y una de cada tres muertes del país corresponde a un niño.  La tasa de mujeres que mueren en el parto se ha deteriorado, al punto de que ahora es esta la segunda causa de muerte entre las mujeres.  En el informe también se llega a la conclusión de que, a las tasas actuales de transmisión, se calcula que el 10,5% de la población estará infectada de VIH/SIDA en el 2015, en comparación con el 6,31 en 2002 y  el 4,98 de 1996.  El sistema de salud de Haití es una situación desesperante, con hospitales infradotados de recursos humanos y materiales y en que buena parte de la población carece de los fondos necesarios para comprar medicamentos vitales.  La escasez de recursos se ha visto agravada por las lesiones y enfermedades causadas por los desastres naturales y la constante violencia que afecta al país.  En cuanto a la situación de la educación, en el informe se indica que más del 21% de los niños de 6 a 9 años no concurren a la escuela y sólo el 15% de los maestros satisfacen los requisitos docentes. 

145.         Estas graves dificultades requieren una atención urgente para abordar de inmediato las amenazas a la vida y a la integridad de los haitianos causadas por la propagación de enfermedades y la falta de medicamentos y atención de la salud adecuados, y el diseño de estrategias para el desarrollo a largo plazo de los sistemas de salud y educación de Haití, así como otros medios de garantizar los derechos económicos, sociales, y culturales fundamentales de la población.  A este respecto, deben desplegarse esfuerzos para acelerar el desembolso de los US$ 1.080 billones prometidos a Haití en la conferencia de donantes de julio de 2004, a efectos de empezar a abordar esta grave situación mediante proyectos de recuperación y desarrollo.  Esto, a su vez, exigirá medidas de parte del Gobierno para eliminar los obstáculos a la prestación de asistencia, incluida la interferencia de los grupos armados ilegales, y garantizar que los proyectos se ejecuten en forma efectiva, eficiente y transparente.

          Observaciones finales

146.         En su visita de septiembre, la Comisión se vio estimulada por indicios de parte de funcionarios del Gobierno de transición de que los derechos humanos merecerían una atención fundamental en su labor.  En el período transcurrido, la Comisión ha presenciado un mayor deterioro de las condiciones del país, debido fundamentalmente al aumento de la violencia causada por grupos y bandas armadas , a lo que se suma el hecho de que el Gobierno, con la asistencia internacional, no haya garantizado la seguridad de la población en todo el país.  El hecho de que no se haya desarmado a los grupos y bandas armadas en Haití es una preocupación muy seria para la Comisión, no sólo por la amenaza inmediata que esta violencia plantea a la vida e integridad física de los haitianos, sino también porque, en buena parte, el futuro del país depende de la implementación con éxito de los empeños en pro de la seguridad.  Si no existe un control estatal efectivo de la seguridad, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, las personas amenazadas por sus opiniones políticas y otros protagonistas clave para el ejercicio de la democracia, seguirán amenazados y disminuirán las perspectivas de celebrar elecciones plenas y libres, al igual que las oportunidades de cooperación internacional y de desarrollo a largo plazo del país.  A la luz de estas consideraciones, la Comisión exhorta una vez más al Gobierno a adoptar las medidas urgentes necesarias, de acuerdo con los principios y normas del derecho internacional, para afirmar su control de la seguridad en Haití y reclama de la comunidad internacional que redoble sus empeños por ayudar al Gobierno en este emprendimiento.

147.         La Comisión también desea subrayar la importancia de avanzar con las elecciones de 2005 tal como se han programado.  Se ha avanzado a este respecto merced a la colaboración entre el Gobierno de transición, el Consejo Electoral Provisional, la OEA, la ONU y otras partes interesadas, y es sólo a través de una cooperación constante de esta naturaleza que será posible celebrar elecciones plenas y libres y consolidar la democracia, de acuerdo con la Convención Americana y con la Carta Democrática Interamericana.  Las elecciones deben ser abiertas e incluir a todos y deben ser congruentes con el sistema pluralista de partidos políticos y de organizaciones políticas, lo que debe significar la participación de todos los partidos, incluido el Fanmi Lavalas.

148.         Además, la Comisión exhorta a la comunidad internacional a mantener y redoblar sus esfuerzos por asistir y apoyar a Haití en el enfrentamiento de los numerosos desafíos que tiene por delante.  Estas medidas deben incluir esfuerzos acelerados de parte del Gobierno y de los donantes internacionales para desembolsar los fondos prometidos al país en julio de 2004, lo cual, a su vez, exige un contexto en el que los recursos puedan ser utilizados en forma transparente, eficiente y efectiva.  Ello también debe incluir el nivel de los componentes militares y civiles de MINUSTAH de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad y diseñar e implementar estrategias de desarme vigorosas para retomar el control de la seguridad del país.  Debe aportarse un apoyo financiero y de otra índole a los esfuerzos de la ONU, de la OEA y de otros, en cooperación con el Gobierno de Haití, para crear condiciones que permitan celebrar las elecciones en 2005.  Por último, la Comisión insta a la comunidad internacional a seguir brindando la ayuda humanitaria necesaria al pueblo de Haití para que este pueda recuperarse de los devastadores desastres que afectaron al país en el curso del año.

149.         La Comisión seguirá controlando la situación de Haití y ofreciendo  su asistencia al Gobierno y al pueblo de este país en el curso del próximo año.

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