CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1. Durante 2004, la región ha logrado avances en varias áreas, tales como en estabilidad política, disminución de la corrupción y en la administración de justicia. El fortalecimiento de todas estas áreas resulta necesario para la plena vigencia de las libertades fundamentales.

2. La CIDH destaca algunos resultados sumamente positivos en la región: el lanzamiento de un comprensivo programa nacional de derechos humanos en México, que incluye la reforma estructural de las políticas públicas en esta materia; la aprobación de reformas constitucionales para modernizar la justicia y ampliar los mecanismos jurídicos para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos en Brasil; y la realización de un referéndum a pesar de las condiciones de extrema polarización política en Venezuela.

3. El período al que se refiere este informe se ha caracterizado igualmente por el mantenimiento de los esfuerzos para combatir la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas precedentes. La Comisión destaca, entre otros, el sometimiento a juicio de un ex-gobernante de Chile por las atrocidades cometidas durante la dictadura militar en dicho país; la eliminación de algunos de los obstáculos jurídicos que se interponían al procesamiento judicial en casos de desapariciones y otras violaciones de derechos humanos en Argentina; el establecimiento de una Comisión de la Verdad en Paraguay; un informe integral sobre la prisión política y la tortura que completa la documentación oficial de los hechos ocurridos durante la dictadura militar en Chile; los reconocimientos de responsabilidad internacional por graves violaciones de derechos humanos formulados por Guatemala y Perú respectivamente, en casos pendientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la firma de un acuerdo integral de solución amistosa en casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil en Honduras. También observa la Comisión con beneplácito algunos importantes desarrollos jurisprudenciales ocurridos durante 2004, tales como la reafirmación en Estados Unidos del derecho a gozar de un recurso judicial o de revisión ante la detención de ciudadanos o de personas calificadas como combatientes enemigos en el marco de la guerra contra el terrorismo, la consagración del derecho a la verdad y la limitación de la jurisdicción militar para investigar violaciones a los derechos humanos formuladas por el Tribunal Constitucional peruano, la posibilidad de reabrir investigaciones penales basadas en decisiones de organizaciones internacionales en Colombia.

4. Estos avances positivos se han dado en el marco de un renovado énfasis en materia de seguridad interna de los Estados y de la lucha contra el terrorismo. La Comisión y la Corte reconocen el derecho y el deber impostergable de los Estados de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin perjuicio de lo cual han cuestionado muchos excesos cometidos en nombre de la seguridad. Durante 2004 la región observó que en Estados Unidos prosigue la detención por tiempo indefinido de centenares de ciudadanos extranjeros sin cargo juicio alguno. Las políticas de seguridad aplicadas por el Gobierno de Colombia continuaron exacerbando la ya grave crisis humanitaria y de derechos humanos de dicho país, sin que el proceso de desmovilización de los paramilitares propuesto haya detenido la violencia ni asegurado el fin de la impunidad. En algunos países de Centroamérica se implementaron políticas de “tolerancia cero” en contra de pandilleros o presuntos integrantes de estos grupos a los que en algunas ocasiones se tildó de terroristas.

5. La región continuó afectada por crisis de naturaleza política, económica y social en varios países. Estos problemas ponen al descubierto la fragilidad institucional del Estado de derecho y la precariedad del proceso de fortalecimiento democrático en el hemisferio. El deterioro de las condiciones económicas y sociales en varios países han provocado manifestaciones masivas de la población, que muchas veces han sido respondidas con un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y que, en no pocos casos, han profundizado la inestabilidad política. En Haití, la ingobernabilidad llevó a la salida del presidente electo democráticamente, en medio de una creciente violencia política, mientras las condiciones económicas imperantes en dicho país continuaron deteriorándose. En Ecuador, la remoción de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema, así como el cese de las funciones de los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral han creado una profunda preocupación en cuanto al correcto funcionamiento de instituciones fundamentales del Estado de derecho y a la vigencia del principio fundamental de división e independencia de los poderes. La corrupción, como fenómeno regional, continuó obstaculizando la construcción de sociedades democráticas y transparentes. La gran mayoría de los Estados no ha confrontado seriamente las causas producidas por la exclusión social y la discriminación basada en factores como la etnia, la clase, la raza y el género, como tampoco sus consecuencias sobre los habitantes del hemisferio.

6. El sostenido crecimiento económico experimentado por la región en 2004, como ha sido definido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), permitiría que aproximadamente cuatro millones de latinoamericanos salgan de la condición de pobreza respecto del año precedente. No obstante este mejoramiento, la propia CEPAL reconoce que es insuficiente para contrarrestar el deterioro ocurrido en el período 2001-2003. Esto implica que al menos 221 millones de personas, es decir el 44.0% de la población total de América Latina, viven en situación de pobreza, de los cuales 97 millones de personas, se encuentran en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En este mismo sentido, América Latina sigue siendo la región del planeta con peores indicadores en cuanto a distribución del ingreso, lo que se ve agravado porque en algunos países se observa incluso una acentuación de la concentración del ingreso. El Banco Mundial ha alertado durante 2004 que la desigualdad es un aspecto predominante de las sociedades latinoamericanas en lo que se refiere a las diferencias de ingreso, acceso a los servicios y poder de decisión. El Banco Mundial señala que este alto nivel de desigualdad afecta la reducción de la pobreza.

7. La Comisión observa que esta situación económica, los altos índices de pobreza y la profunda desigualdad imperante en la región, constituyen obstáculos que impiden el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, a la par de afectar negativamente la vigencia de numerosos derechos civiles y políticos. Al mismo tiempo, durante 2004 diversos grupos y líderes sociales que cuestionaron esta situación económica fueron frecuentemente reprimidos, hostigados y perseguidos penalmente por sus actividades.

8. Asimismo, la delincuencia y la inseguridad ciudadana alcanzaron proporciones alarmantes en varios países. La inseguridad generada por las altas tasas de delincuencia y la creciente desigualdad hizo que tanto los gobiernos como la población en general, mostraran una mayor tolerancia con los métodos represivos de la policía. La tortura y el uso excesivo de la fuerza constituyen, en este contexto, una herramienta frecuente de las fuerzas de seguridad en numerosos países de la región.

9. En medio de un panorama que en muchos aspectos resulta sombrío, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuó representando un importante foro para la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos en todo el continente. El sistema interamericano de derechos humanos, y la CIDH en particular, ha desempeñado un papel de crucial importancia en la respuesta a las violaciones de derechos humanos y el combate de la impunidad.

10. El análisis de los desafíos que se plantean en el plano de los derechos humanos ha llevado a la Comisión a continuar durante 2004 un proceso de reflexión sobre las formas de fortalecer el sistema interamericano como mecanismo fundamental para dar respuesta a las crecientes necesidades de la región en esta materia. La CIDH reconoce que hay nuevos retos que confrontar, entre los que se cuentan principalmente la vigencia del Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales.

11. Ante esta situación, se hace necesaria una reflexión desde el sistema sobre cómo responder más eficientemente a los problemas referidos. Esta reflexión ha sido iniciada hace un tiempo desde la Comisión y continuó el presente año con un período extraordinario de sesiones en México, que contó con la presencia de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destacadas personalidades que trabajan en organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil de distintos países de la región. El proceso de reflexión encontró también su respaldo en los órganos políticos de la OEA, que durante la última Asamblea General llamaron a un proceso paralelo y complementario.

La reflexión que la Comisión impulsa, parte de ciertas premisas esenciales a las que se hará referencia a continuación.

I. LA LEGITIMIDAD DEL SISTEMA Y LA PRUDENCIA NECESARIA

12. La región está viviendo tiempos de gran promesa en un hemisferio en el que como nunca tantos hombres y mujeres habían visto la posibilidad esencial de desarrollarse como seres libres. En este marco, el sistema interamericano goza de una amplia legitimidad, que trasciende a los órganos que la integran y que se proyecta a toda la organización regional. Esta realidad, unida a la debilidad de los sistemas nacionales de justicia, conduce a que más y más los hombres y mujeres de este hemisferio acudan a la Comisión Interamericana en busca de respuestas a sus demandas de protección de derechos humanos, y lleva a la Comisión a aumentar su trabajo de casos individuales. Es imprescindible establecer un diálogo regional sobre el sistema partiendo de esa premisa básica, y actuar con prudencia para no poner en riesgo una de las principales fuentes de legitimidad de la OEA.

II. LA NECESIDAD DE CREAR CONSENSOS ENTRE TODOS LOS ACTORES DEL SISTEMA

13. La CIDH otorga la mayor importancia al mantenimiento de un diálogo abierto y público sobre el perfeccionamiento del sistema interamericano. La legitimidad del sistema y su preservación, exigen que cualquier discusión, debate y diálogo que pretenda formar un consenso para fortalecer el sistema interamericano involucre a todos y cada uno de los actores relacionados con el sistema. En especial, cabe mencionar a los Estados, los órganos del sistema y las organizaciones de la sociedad civil. Cada uno de estos actores tiene visiones propias que emanan de sus diferentes roles, responsabilidades y experiencias. Todas ellas contribuirán a una visión integral del sistema. La formación de consensos requiere tiempo y diálogo. Por ello, la CIDH sostiene que no deben tomarse medidas precipitadas que pongan en riesgo los logros alcanzados hasta el momento.

III. LA VISIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE LA SITUACIÓN REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DE LAS NECESIDADES DEL SISTEMA

14. El proceso de reflexión debe tener un claro objetivo estratégico, que es el fortalecimiento del sistema. Todas las medidas que surjan de consensos logrados durante este proceso deben orientarse en esta dirección. Esto es, deben fortalecerse los mecanismos que funcionan efectivamente, en especial el sistema de peticiones individuales y de medidas cautelares; deben consolidarse áreas exitosas de trabajo, tales como las relatorías temáticas sobre derechos de las mujeres, pueblos indígenas, trabajadores migratorios y sus familias, personas privadas de la libertad, niños y libertad de expresión; e identificarse las situaciones no debidamente atendidas y modificarse los aspectos disfuncionales al objetivo central.

IV. EL ROL POLÍTICO/PROMOCIONAL DE LA COMISIÓN

15. La Comisión entiende asimismo que la reflexión debe incluir un análisis acerca de su rol promocional y político en el futuro. El nuevo momento por el que atraviesan los Estados y sociedades del hemisferio, reseñado más arriba, sumado al alentador espíritu de cooperación entre la mayoría de los Estados y la Comisión Interamericana, desafían a la CIDH a profundizar acciones concertadas entre los órganos estatales y la Comisión en la definición de políticas públicas que fortalezcan la protección de los derechos humanos

V. LA CAPACIDAD DE REACCIÓN RÁPIDA Y EFICAZ

16. Uno de los grandes desafíos para la Comisión y para la comunidad hemisférica es la definición de la manera de responder en forma ágil y efectiva ante situaciones de graves violaciones de derechos humanos. Si bien la responsabilidad principal por las crisis institucionales recae en los órganos políticos de la OEA, la CIDH es un órgano especializado en materia de derechos humanos de dicha Organización y, como tal, debe utilizar sus mecanismos en aras de proteger a los habitantes de América frente a violaciones de sus derechos. En este sentido, el proceso de reflexión debe promover discusiones sobre la identificación de las herramientas para permitir reaccionar, con oportunidad y eficazmente, ante situaciones de esta naturaleza.

VI. LA VINCULACIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

17. La Carta Democrática Interamericana, adoptada en septiembre de 2001 durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, señala con claridad la interrelación entre democracia y derechos humanos. En este sentido, es indispensable vincular los mecanismos políticos de reacción de la Organización ante las crisis de la gobernabilidad democrática, con la plena vigencia de los derechos humanos. La violación grave y sistemática de los derechos humanos y el incumplimiento reiterado y consistente de las decisiones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, deben ser parte central del proceso de reflexión para consolidar el Estado de derecho a través de la protección y promoción de los derechos humanos. Al mismo tiempo, y a fin de evitar la profundización de estas recurrentes crisis, debería establecerse algún tipo de mecanismo de reacción preventivo ante los llamados de atención y alerta temprana que produce la CIDH

VII. LA RATIFICACIÓN UNIVERSAL

18. El sistema interamericano de protección de derechos humanos tiene, por lo menos, tres niveles de adhesión. En primer lugar, hay un nivel universal y mínimo para todos los Estados miembros, cuyos habitantes gozan de la protección de los derechos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre por parte de la Comisión Interamericana. Un segundo nivel de protección del sistema sería el que corresponde a los habitantes de Estados miembros que han ratificado la Convención Americana pero que no han aceptado la competencia de la Corte; y el tercero respecto a los Estados que han ratificado la Convención Americana y aceptado la jurisdicción de la Corte. Este no es el sistema ideal. Desde el punto de vista de los derechos humanos, coloca a los habitantes de importantes países de la región en una situación de desventaja en cuanto al grado de protección internacional de sus derechos. La CIDH considera que la aplicación de la Declaración Americana da al sistema un sentido universal. Tampoco desconoce que en algunos de los países que no han ratificado la Convención Americana se ofrece un nivel de protección de derechos humanos comparable al ideal regional. Sin embargo, es negativo que un Estado miembro no ratifique la Convención Americana y que no acepte la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, ya que hay un riesgo de limitar el valor universal del mecanismo de protección. En un hemisferio que avanza en materia de integración comercial y económica, los derechos humanos no pueden quedar atrás.

VIII. CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE DERECHOS HUMANOS Y SU SUPERVISIÓN COLECTIVA POR LOS ÓRGANOS POLÍTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

19. Si bien el cumplimiento de las decisiones emanadas de la CIDH y la Corte Interamericana ha mejorado en comparación con la época en que imperaban numerosas dictaduras en el hemisferio, la situación aún dista mucho de ser satisfactoria. El proceso de reflexión debe conducir a identificar las medidas necesarias para permitir que los Estados actúen como garantes colectivos del sistema.

IX. LA INCORPORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO INTERNO

20. El perfeccionamiento del sistema requiere que se analicen los mecanismos más específicos para facilitar que los Estados miembros adopten las medidas legislativas necesarias para que las decisiones que adoptan la CIDH y la Corte Interamericana cuenten con un mecanismo jurídico que permita su ejecución en el ámbito interno. Además, de manera complementaria, una contribución importante al perfeccionamiento del sistema interamericano sería que los poderes legislativos de los países de la región adoptaran todas las disposiciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la normativa internacional. Asimismo, es necesario que se modifiquen o deroguen todas aquellas disposiciones que se hallan en contravención con los tratados internacionales de derechos humanos. Los poderes judiciales, por su parte, deberían aplicar plenamente tanto las disposiciones contenidas en los tratados como la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana.

X. LA NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS FINANCIEROS

21. El proceso de reflexión debe conducir a la superación de uno de los problemas endémicos y cada vez más apremiantes de nuestro sistema: la limitación presupuestaria. A lo largo de los años, la Comisión Interamericana ha asumido con responsabilidad los diversos mandatos asignados a ella por la Asamblea General de la OEA y por las Cumbres de las Américas, que demuestran la legitimidad creciente del sistema y el reconocimiento de su rol relevante por parte de los Estados. En este sentido, la reflexión debe orientarse a identificar las medidas necesarias para aumentar los fondos, que permitan al sistema interamericano cumplir a cabalidad con sus funciones y atender debidamente todas las tareas asignadas. Los mandatos se acrecientan y los recursos disminuyen, lo que pone en riesgo la viabilidad del sistema interamericano de protección y promoción de derechos humanos. Si los Estados son garantes colectivos de dicho sistema, ello debe traducirse en un aumento sustantivo de la provisión de recursos financieros en el presupuesto regular. De esta manera, se evitaría la situación actual, en la que los países y organizaciones de otras regiones del mundo, o Estados miembros de la región a título unilateral son los que permiten que la CIDH y la Corte Interamericana sigan cumpliendo con sus funciones.

XI. El FORTALECIMIENTO E INCREMENTO DE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA Y DE SU SECRETARÍA EJECUTIVA

22. La Comisión considera que para el cumplimiento eficaz y continuado de sus funciones y los mandatos asignados, resulta indispensable su plena independencia, así como la suficiente autonomía tanto desde el punto de vista administrativo y financiero como el político. Ello es indispensable para cualquier organismo internacional de derechos humanos. En la práctica, en los últimos años se logró ampliar la autonomía mediante una directiva del Secretario General de la OEA que otorga amplias prerrogativas a la Comisión Interamericana para que la selección de su personal en los cargos de mayor importancia, y a su Secretario Ejecutivo en los puestos profesionales técnicos. Ello ha permitido que el profesionalismo, coherencia, dedicación y compromiso con la causa de los derechos humanos del personal de la Secretaría Ejecutiva se hayan incrementado de manera sustancial.

23. Por todo lo anterior, el proceso de reflexión debe conducir a la consolidación de este importante aspecto, indispensable para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Las propuestas de reestructuración de la OEA durante 2004 demostraron la necesidad de fortalecer el marco legal de la autonomía de la CIDH. La Comisión debió manifestar públicamente su posición crítica en torno a tal propuesta en la medida en que disminuía sensiblemente su autonomía, debido a que ello debilitaría su capacidad de defensa de los derechos humanos. Esta posición encontró amplio consenso en los Estados miembros y en la sociedad civil.

24. Hace poco más de dos décadas se inició el restablecimiento de gobiernos electos libremente en la mayoría de los países de la región. En ese momento, la CIDH se permitió augurar una promisoria etapa de reconstrucción de la cultura democrática que coadyuvara al goce de los derechos humanos. Sin embargo, se observa con pesar en este momento que el diagnóstico revela el estado de incertidumbre y precariedad en el cual se encuentra la democracia en muchas de nuestras sociedades. Según establece la Carta Democrática Interamericana, el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía. Por su parte, los Estados miembros tienen el deber de acompañar esta participación mediante la garantía de transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y el respeto de los derechos sociales y los derechos humanos fundamentales, de modo de coadyuvar su consolidación y estabilidad. La reflexión que la CIDH propone e impulsa tiene como objetivo fortalecer su capacidad y la de los Estados del hemisferio para responder a estos desafíos.

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