IV. ANÁLISIS
A.
Competencia de la Comisión
52.
La Convención entró en vigencia para el Estado de Grenada el 18
de julio de 1978 al depositar su instrumento de ratificación.
Los peticionarios alegan la violación de los artículos 4, 5, 7, 8
y 24 de la Convención respecto de actos y omisiones producidos en Grenada
después que la Convención entró en vigencia para ese país.
Además, la petición en este caso fue interpuesta por los
peticionarios, abogados de Londres, Reino Unido, en nombre del Sr. I.
Lallion, natural del Estado de Grenada.
En consecuencia, la Comisión tiene jurisdicción ratione
temporis, ratione matariae, y ratione personae para considerar la
denuncia en este caso.
53.
El 27 de setiembre
de 1999, la Comisión, en su 104° período ordinario de sesiones, llegó
a la conclusión de que el caso del Sr. Lallion N° 11.765 era
admisible, en su informe N° 124/99, de acuerdo con la Sección 46 de la
Convención Americana.
B.
Méritos de la petición
1.
Norma de revisión
54.
En respuesta a las diversas normas que las partes han sugerido
deben orientar a la Comisión en la determinación de las cuestiones a las
que da vista, ésta desea aclarar que emprenderá el examen de los
méritos de las denuncias de los peticionarios de acuerdo con el
escrutinio más riguroso. Según
esta norma de revisión, la Comisión someterá las alegaciones de las
partes a un nivel más intenso de escrutinio para garantizar que toda
privación de la vida que imponga el Estado parte en virtud de una
sentencia de muerte cumple estrictamente con las disposiciones de la
Convención, incluyendo en particular sus artículos 4, 5, 7 y 8. La prueba de un escrutinio más riguroso es, como lo
reconoció
previamente la Comisión, congruente con el criterio restrictivo
adoptado por la Comisión y por otras autoridades internacionales
para con las disposiciones sobre pena de muerte de los tratados de
derechos humanos. La prueba de un escrutinio más riguroso tampoco impide que la
Comisión aplique la fórmula de la cuarta instancia, conforme a la cual,
en principio, no examinará la sentencia pronunciada por los tribunales
internos que actuaron dentro de su competencia y con las debidas
garantías judiciales, a menos que las alegaciones del peticionario
comporten una posible violación de algunos de los derechos consagrados en
la Convención. Por lo tanto, la Comisión aplicará el más riguroso
escrutinio a la determinación de las denuncias del presente caso.
2. Artículos
4, 5 y 8 de la Convención
Carácter obligatorio de la pena de muerte
(a) El Sr. Lallion ha sido sentenciado
a una pena de muerte obligatoria
55.
Como se detalló anteriormente, los peticionarios alegan: i) la
violación de los artículos 4, 5, 8 y 24 de la Convención, en relación
con el carácter obligatorio de la pena de muerte y el proceso para el
otorgamiento de una amnistía, el indulto o la conmutación de la
sentencia en Grenada; ii) la violación del artículo 5 de la Convención
en relación con las condiciones de detención
del Sr. Lallion, y iii) la violación del artículo 8 de la Convención en
relación con la no disponibilidad de asistencia letrada para iniciar
acciones constitucionales en Grenada.
56.
El Sr. Lallion fue condenado por homicidio en virtud de la Sección
234 del Código Penal de Grenada, que dispone que "quien quiera que
cometa un homicidio se hará pasible de sufrir la muerte y de ser
sentenciado a muerte." El delito de homicidio en Grenada puede,
por tanto,
considerarse sujeto a "pena de muerte obligatoria", a saber, una
sentencia de muerte que la ley obliga a imponer a la autoridad que
pronuncia la sentencia únicamente en base a la categoría del delito del
que es hallado responsable el acusado.
Una vez que el acusado es hallado culpable del delito de homicidio,
la pena de muerte debe ser impuesta obligatoriamente.
En consecuencia, el Tribunal no puede tener en cuenta las
circunstancias atenuantes al
imponer la pena
de muerte y, por tanto, una vez que el jurado halló culpable al Sr.
Lallion de homicidio punible con pena capital, la pena de muerte era el
único castigo disponible. El
Estado no ha negado el carácter obligatorio de la
sentencia de
muerte contra el
Sr. Lallion. En el caso del
Sr. Lallion, el Estado ha respondido en su réplica a la petición
confirmando que la sentencia de muerte es obligatoria en Grenada y
declaró lo siguiente:
En
Grenada, la sentencia de muerte es la sentencia obligatoria por homicidio
en virtud de la Sección 230 del Código Penal, en su Capítulo 1, que
desde su promulgación no fue enmendado en ningún aspecto material para
la cuestión en consideración. La
manera de la ejecución de la sentencia autorizada por la ley es la horca
y el pronunciamiento de la sentencia también
establece la autoridad legítima
para la detención del condenado en prisión hasta que se ejecute la
sentencia. La continua
validez constitucional de la sentencia de muerte está
más allá de toda duda en virtud de la Sección 2(1), que establece:
Nadie
será privado de su vida intencionalmente excepto en ejecución de la
sentencia de un tribunal respecto de un delito penal en virtud de la
legislación de Grenada por el que haya sido condenado.
57.
Por lo tanto, como lo determinara la Comisión en casos anteriores,puede considerarse que los delitos de homicidio punibles con
pena capital en Grenada están sujetos a "una pena de muerte
obligatoria", a saber, una sentencia de muerte que la ley obliga a
imponer a la autoridad que pronuncia la sentencia únicamente en base a la
categoría del delito del cual es hallado culpable el acusado.
Una vez que el acusado es hallado culpado del delito de homicidio
punible con pena capital, debe imponerse la pena de muerte.
En consecuencia, el Tribunal no puede tener en cuenta las circunstancias atenuantes al sentenciar a muerte a una
persona, una vez emitida la condena de homicidio punible con pena capital.
58.
Como se indica en la parte III de este Informe, el Sr. Lallion
alega que el Estado violó sus derechos en virtud de los artículos 4(1),
4(2), 4(6), 5(1), 5(2), 8 y 24 de la Convención Americana, porque fue
sentenciado a una pena de muerte obligatoria por el delito de homicidio.
El Sr. Lallion también argumenta que el proceso de concesión de
la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia en Grenada no
ofrece una oportunidad adecuada para considerar las circunstancias
individuales y es de por sí violatorio del artículo 4(6) de la
Convención.
(b)
Pena de muerte obligatoria contra el Sr. Lallion y
artículos 4, 5 y 8 de la Convención
Americana
59.
En casos anteriores que implican la aplicación de la pena capital en virtud de la
Sección 234 del Código Penal de Grenada, la Comisión ha evaluado el
carácter obligatorio de la pena de muerte en virtud de esa legislación,
a la luz del artículo 4 (derecho a la vida), artículo 5 (derecho a un trato
humano) y el artículo 8 (derecho a un juicio imparcial) de la Convención y los principios en que se fundan estas
disposiciones. También ha
considerado la pena de muerte obligatoria teniendo en cuenta las
autoridades pertinentes de otras jurisdicciones internacionales y
nacionales en la medida en que esas autoridades pueden informar las normas
pertinentes que han de aplicarse en virtud de la Convención Americana. Sobre la base de
estas consideraciones y análisis, la Comisión ha llegado a las
siguientes conclusiones.
60.
Primero, la Comisión ha concluido que los órganos supervisores de
los instrumentos internacionales de derechos humanos han sometido las
disposiciones sobre pena de muerte de sus instrumentos rectores a la norma
de una interpretación restrictiva para asegurar que la ley controle y
limite estrictamente las circunstancias en que las autoridades de un
Estado pueden privar de la vida a una persona.
Esto incluye el cumplimiento estricto de las normas del debido
proceso.
61.
Además, la Comisión ha identificado un reconocimiento general por
parte de las autoridades nacionales e internacionales de que
la pena de
muerte es una forma de castigo que difiere en sustancia y en grado de
otros medios de sanción. Es
la forma absoluta de castigo que resulta en la confiscación del más
valioso de los derechos, el derecho a la vida, y que, una vez
implementado, es irrevocable e irreparable.
En consecuencia, la Comisión ha determinado que el hecho de que la
pena de muerte sea un castigo excepcional también debe ser reconocido en
la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana.
62.
Por último, la Comisión ha observado que, de acuerdo con los
términos expresos del artículo 4 de la Convención, ciertas
circunstancias del delincuente y del delito del que se trate pueden
prohibir la imposición o aplicación de la pena de muerte y, en
consecuencia, deben tenerse en cuenta al sentenciar a muerte a una
persona.
63.
En el contexto de estas normas y principios interpretativos, la
Comisión también ha evaluado previamente la legislación sobre pena de
muerte en virtud de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención, y ha
llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte por
sentencia obligatoria, como lo han hecho Grenada y Jamaica respecto del
delito de homicidio punible con pena capital, no es congruente con los
términos de los artículos 4(1), 5(1), 5(2), 8(1) y 8(2) de la
Convención y los principios en los que éstos se fundan. A este respecto,
la Comisión observa que una mayoría del Comité de Derechos Humanos de
la ONU recientemente llegó a una conclusión similar en el contexto del
artículo 6(1)
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
64.
La Comisión ha determinado que la imposición de la pena de muerte
de manera congruente con los artículos 4, 5 y 8 de la Convención exige
un mecanismo efectivo por el cual el acusado pueda presentar descargos y
pruebas ante el Tribunal que pronuncia la sentencia acerca de si la pena
de muerte es un castigo permisible y apropiado en las circunstancias de su
caso. A juicio de la
Comisión, esto incluye, aunque no
se limita a
ello, argumentos y pruebas en cuanto a si algunos de los factores
incorporados en el
artículo 4 de
la Convención podrían prohibir la imposición de la pena de muerte.
65.
Para llegar a esa conclusión, la Comisión identificó un
principio común a las jurisdicciones democráticas que han mantenido la
pena de muerte, según el cual esta pena sólo debe implementarse mediante
sentencias "individualizadas". A través de este mecanismo, el acusado tiene derecho a
presentar argumentos y pruebas de toda posible circunstancia atenuante en
relación con su persona o su
delito, y el tribunal que impone la sentencia tiene discrecionalidad para
considerar estos factores al determinar si la pena de muerte es un castigo
permisible o apropiado. Los
factores atenuantes pueden vincularse a la gravedad del delito en
particular o al grado de culpabilidad del delincuente en particular, y pueden
incluir factores tales como el carácter y los antecedentes del acusado,
factores subjetivos que pudieron haber motivado su conducta, el diseño y
la manera de ejecutar el delito en particular, y la posibilidad de reforma
y readaptación social del acusado.
66.
Aplicando estas conclusiones en el contexto de los casos que
actualmente tiene ante sí, la Comisión confirmó que los condenados han
sido condenados por homicidio punible con pena capital en virtud de la
Sección 234 del Código Penal de Grenada y que no se ha identificado
disposición alguna en la Ley que permita al juez o al jurado considerar
las circunstancias personales del delincuente o del delito, tales como
los antecedentes o el carácter del delincuente, los factores
subjetivos que pudieron haber motivado su conducta, la posibilidad de
reforma o readaptación social del delincuente, al determinar si la pena
de muerte es una pena apropiada para un determinado delincuente, en las
circunstancias de su caso.
67.
En el caso del Sr. Lallion, el Tribunal no pudo considerar factores
atenuantes de su caso ni la naturaleza del delito, al condenarlo por
homicidio y antes de sentenciarlo a muerte.
El Tribunal de Primera Instancia no pudo tener en cuenta el hecho
de que fue interrogado por más de 48 horas y no fue llevado sin demora
ante el Tribunal, como lo dispone la legislación de Grenada.
El Sr. Lallion fue detenido de las 4:15 p.m. del 29 de septiembre
de 1993 a la 1:15 p.m. del
1º de octubre de 1993, más de 48 horas por encima de lo que establece la
ley interna de Grenada y durante esa detención ilegal el Sr. Joseph, ex
Superintendente Asistente de Policía, lo tomó por las ropas y otro
policía, Mason, le dio un puñetazo
en el estómago y lo obligó a firmar una confesión. Además, los
funcionarios de policía le ordenaron retirar el plástico que cubría el
cuerpo del occiso. Al
concluir el juicio y tras satisfacer los elementos de la Sección 234 del
Código, el Sr. Lallion fue condenado por homicidio.
El Tribunal de Primera Instancia carecía de discrecionalidad para
imponer una sentencia contra él puesto que la pena es automática, de
acuerdo con la ley de Grenada.
68.
En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que, una
vez que el Sr. Lallion fue hallado culpable de homicidio punible con pena
capital, la ley de Grenada no permitía una audiencia de los tribunales
para determinar si la pena de muerte era un castigo
permisible o
adecuado. No existió
oportunidad de que el juez de primera instancia o el jurado considerasen
factores tales del Sr. Lallion como su carácter y sus antecedentes, la
naturaleza o la gravedad de su delito, o factores subjetivos que pudieran
haber motivado su conducta, para determinar si la pena de muerte era un
castigo adecuado. Análogamente, el Sr. Lallion no pudo presentar
argumentos sobre estas cuestiones, como consecuencia de lo cual no existe
en autos información sobre
posibles factores atenuantes que pudieran haber sido presentados ante el
tribunal de primera instancia. El
tribunal sentenció al Sr. Lallion a una pena de muerte obligatoria
únicamente en base a la categoría del delito por el cual fue condenado.
69.
En este contexto, y a la luz del análisis anterior de la Comisión
sobre la pena de muerte obligatoria, en virtud de la Convención, la
Comisión llega a la conclusión de que el Estado violó los derechos del
Sr. Lallion consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2), y 8(1) de la
Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 de
la Convención, al sentenciarlo a una pena de muerte obligatoria.
70.
Con respecto al artículo 4(1) de la Convención, la Comisión
llega a la conclusión de que el tribunal de primera instancia se vio
obligado por la legislación del Estado a imponer una sentencia de muerte
contra el Sr. Lallion, sin ninguna discrecionalidad para considerar sus
características personales y las circunstancias particulares del delito a
fin de determinar si la pena de muerte era un castigo adecuado.
El Sr. Lallion tampoco tuvo oportunidad de presentar argumentos y
pruebas acerca de si la pena de muerte era un castigo adecuado en las
circunstancias de su caso. Por
el contrario, se impuso la pena de muerte al Sr. Lallion en forma
automática y sin una distinción o
racionalización de principios en cuanto a si era una forma adecuada de
castigo en las circunstancias particulares de su caso.
Además, la pertinencia de la sentencia impuesta no estaba sujeta a
ninguna forma de revisión judicial efectiva y la ejecución y la muerte
del Sr. Lallion a manos del Estado es inminente, habiendo su condena sido
mantenida en instancia de apelación ante el tribunal superior de Grenada.
Por lo tanto, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado,
por su comportamiento, ha violado los derechos del Sr. Lallion consagrados
en el artículo 4(1) de la Convención a no ser privado arbitrariamente de
su vida y, por tanto, la sentencia de muerte contra el Sr. Lallion es
ilegítima.
71.
La Comisión llega también a la conclusión de que el Estado, al
sentenciar al Sr. Lallion a una pena de muerte obligatoria sin considerar
sus circunstancias individuales, no ha respetado los derechos del Sr.
Lallion a su integridad física, psíquica y moral, en contravención del
artículo 5(1) de la Convención, y lo ha sometido a un castigo o
tratamiento cruel, inhumano o degradante, en violación del artículo
5(2). El Estado sentenció al
Sr. Lallion únicamente porque fue condenado de una categoría
predeterminada de delito. En
consecuencia, el proceso al que fue sometido el Sr. Lallion lo privaría
del más fundamental de sus derechos, el derecho a la vida, sin considerar
las circunstancias personales y las circunstancias particulares de su
delito. Este tratamiento no
sólo no reconoce ni respeta
la integridad del Sr. Lallion como ser humano individual, sino que en
todas las circunstancias lo ha sometido a un tratamiento de
carácter inhumano y degradante. En
consecuencia, el Estado ha violado el artículo 5(1) y 5(2) de la
Convención con respecto al Sr. Lallion.
72.
Por último, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado
ha violado el artículo 8(1) de la Convención, leído conjuntamente con
los requisitos del artículo 4 de la Convención, por someter al Sr.
Lallion a una sentencia de muerte obligatoria.
Al negar al Sr. Lallion una oportunidad para presentar argumentos y
pruebas ante el juez de primera instancia en cuanto a si su condena
ameritaba la pena capital de la muerte, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 4 de la Convención o con otro fundamento, el Estado también ha
negado al Sr. Lallion su derecho a responder y defenderse plenamente de
las acusaciones penales en su contra, en contravención del artículo 8(1)
de la Convención.
73.
De las conclusiones de la Comisión se deriva que, si el Estado
ejecutase al Sr. Lallion en virtud de su sentencia de muerte, ello
constituiría otra violación irreparable de los artículos 4 y 5 de la
Convención.
3. Artículo
4(6) de la Convención y prerrogativa de clemencia en Grenada
74.
El artículo 4(6) de la Convención dispone que "toda persona
condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la
conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los
casos. No se puede aplicar la
pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante
autoridad competente".
75.
Los peticionarios en el caso presente también han sostenido que el
proceso para la concesión de la amnistía, el indulto o la conmutación
de la sentencia en Grenada es incongruente con el artículo 4(6) de la
Convención puesto que no prevé ciertos derechos procesales que los
peticionarios afirman son necesarios para que el derecho sea efectivo.
A este respecto, la autoridad
del Ejecutivo en Grenada para ejercer la prerrogativa de clemencia
está dispuesta en las Secciones 72, 73 y 74 de la Constitución de
Grenada, que establecen lo siguiente:
72(1) El Gobernador
General puede, a nombre de Su Majestad,
(a)
otorgar el indulto, con
libertad total o sujeto a condiciones legales, a toda persona condenada por un
delito;
(b)
otorgar a toda persona
la suspensión indefinida o
por un plazo específico de la ejecución de todo castigo que se le haya
impuesto por un delito;
(c)
conmutar la pena
impuesta contra una persona por un delito, por otra forma de castigo menos
severa, o
(d)
revocar
total o parcialmente todo castigo impuesto a una persona por un
delito o toda multa o pena a favor de la Corona por un delito.
(2)
Las facultades del Gobernador General de acuerdo con la subsección
(1) de la presente sección serán ejercidas por él de acuerdo con el
asesoramiento del Ministro que pueda transitoriamente designar el
Gobernador General, actuando en conformidad con el asesoramiento del
Primer Ministro.
73(1)
Habrá un Comité Asesor sobre la prerrogativa de clemencia que
estará integrado por
(a)
el Ministro
transitoriamente designado en virtud de la sección 72(2) de esta
Constitución, que lo presidirá;
(b)
el Procurador General;
(c)
el funcionario médico
jefe del Gobierno de Grenada, y
(d)
otros tres miembros
designados por el Gobernador General, por instrumento escrito de puño y
letra.
(2) Un miembro del Comité designado por él en virtud de la subsección
(1)(d) de esta sección ocupará el cargo por el período que especifique
el instrumento por el que ha sido designado: excepto que su cargo quedara
vacante
(a)
en caso de que una
persona que, a la fecha de su designación, fuera Ministro,
si cesa en el cargo de Ministro; o
(b)
si el Gobernador
General por instrumento escrito de su puño y letra así lo instruye.
(3)
El Comité puede actuar no obstante esté vacante el cargo o ausente un
miembro y sus actuaciones no serán invalidadas por la presencia o
participación de persona alguna que no tenga derecho a estar presente o a
participar en estas actuaciones.
(4)
El Comité puede regular sus propias actuaciones.
(5)
En el ejercicio de sus funciones en virtud de esta sección, el Gobernador
General actuará de acuerdo con el asesoramiento
del Primer Ministro.
74(1)
En los casos en que una persona haya sido sentenciada a muerte
(excepto por corte marcial) por un delito, el Ministro designado
transitoriamente en virtud de la sección 72(2) de la presente
Constitución instruirá al juez que entendió en el juicio para que
redacte un informe del caso (o, si no se puede obtener
un informe del juez, un informe sobre el caso, preparado por el
Presidente de la Corte Suprema), conjuntamente con toda otra información
que surja del expediente del caso o de otro origen que pueda requerir, la
que se someterá a
consideración en una reunión del Comité Asesor sobre la Prerrogativa de
Clemencia; y una vez obtenido el asesoramiento del Comité, decidirá a su
propio juicio si asesorará al Gobernador General para que ejerza alguna
de las facultades que le otorga la sección 72(1) de la presente
Constitución.
(2)
El Ministro designado transitoriamente en virtud del artículo 72(2) de
esta Constitución puede consultar con el Comité Asesor sobre la
Prerrogativa de Clemencia antes de brindar su asesoramiento al Gobernador
General en virtud de la
sección 72(1) de esta Constitución en cualquier caso que no esté
comprendido en la subsección (1) de la presente sección pero no estará
obligado a actuar de acuerdo con las recomendaciones del Comité.
76.
Al abordar esta cuestión, la Comisión observa primero que en los
casos de Rudolph Baptiste y Donnason Knights, la Comisión
determinó que el proceso para ejercer la prerrogativa de clemencia en
virtud de la Secciones 72, 73 y 74 de la Constitución de Grenada, no
garantizaba a los condenados en esos casos una oportunidad efectiva y
adecuada para participar en
el proceso de clemencia, como lo establece el artículo 4(6) de la
Convención.
77.
Al llegar a esta conclusión, la Comisión interpretó el derecho a
solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia
consagrado en el artículo 4(6), leído conjuntamente con las obligaciones
que impone al Estado el artículo 1(1) de la Convención, en el sentido de
que comprende ciertas garantías procesales mínimas para los condenados,
a fin de que se respete y goce efectivamente ese derecho.
Se sostuvo que esas protecciones incluyen el derecho de parte del
condenado a presentar una solicitud de amnistía, indulto o conmutación
de la sentencia, a ser informado del momento en que la autoridad
competente considerará el caso del acusado, a presentar argumentos, en
persona o por vía de un asesor, ante la autoridad competente, y a recibir
una decisión de la autoridad dentro de un plazo razonable antes de su
ejecución. También se
sostuvo que implica el derecho a que no se le imponga la pena capital en
tanto esté pendiente de decisión de autoridad competente una petición.
78.
Al formular esta determinación en los casos de Rudolph
Baptiste, Donnason Knights y McKenzie y otros, la información que
tuvo ante sí la Comisión indicaba que ni la legislación ni los
tribunales de Grenada y de Jamaica
garantizaban a los reclusos en esos casos protección procesal alguna en
relación con el ejercicio de la prerrogativa de clemencia.
Por el contrario, los peticionarios y el Estado en esos
casos indicaron que, de acuerdo con la jurisprudencia interna de esa
época, el ejercicio de la facultad del indulto en Jamaica comportaba un
acto de misericordia que no estaba sujeto a derechos legales y, por tanto,
no estaba sometido a revisión judicial, y citaron en apoyo de este
argumento la decisión del Comité Judicial del Consejo Privado en el caso Reckley, supra.
79.
Desde la aprobación del informe en los casos de Rudolph
Baptiste y Donnason Knights y otros, la Comisión recibió
información en el sentido de que el 12 de setiembre de 2000, por
sentencia en el caso de Neville Lewis y otros c. el Procurador General
de Jamaica, el Comité Judicial del Consejo Privado llegó a la
conclusión de
que la petición
individual de clemencia al amparo de la Constitución de Jamaica está
abierta a revisión judicial. El Comité
Judicial del Consejo Privado también llegó a la conclusión de que el
procedimiento para la clemencia debe ser ejercido mediante un proceso
imparcial y
adecuado, que
exige, por ejemplo, que cada condenado sea notificado
con suficiente
antelación de
la fecha en que el Consejo Privado de Jamaica considerará su caso, tenga
oportunidad de
presentar argumentos en respaldo de su caso y reciba copias de los
documentos que serán considerados por el Consejo Privado de Jamaica para
tomar su decisión.
80.
Pese a la determinación en el caso
Neville Lewis, no existe
información en el presente caso que indique que el Estado ha extendido
los requisitos jurídicos articulados en esa decisión al Sr. Lallion.
En consecuencia, en base a la información disponible, la Comisión
llega a la conclusión de que el proceso a que tuvo acceso el Sr. Lallion
para procurar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia,
no le ha garantizado una oportunidad efectiva y adecuada de participar en
dicho proceso.
81.
La Comisión también llega a la conclusión de que el Estado ha
violado los derechos del Sr. Lallion en virtud del artículo 4(6) de la
Convención Americana al no garantizarle un derecho efectivo de solicitar
la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, a presentar
argumentos, en persona o por vía de un asesor, ante el Comité Asesor
sobre la Prerrogativa de Clemencia, y a recibir una decisión de dicho
Comité Asesor dentro de una plazo razonable antes de su ejecución.
82.
Habida cuenta de las conclusiones que anteceden acerca de la
legalidad de la sentencia de muerte impuesta al Sr. Lallion en virtud de
los artículos 4, 5 y 8 de la Convención, la Comisión no considera
necesario determinar si la sentencia del Sr. Lallion a una pena de muerte
obligatoria es violatoria de sus derechos a la igual protección de la
ley, consagrados en el artículo 24 de la Convención.
4.
Artículos 4 y 5 – Condiciones de detención
83.
Los peticionarios alegan que el Estado ha violado los derechos del
Sr. Lallion a que se respete su integridad física, mental y moral, así
como su derecho a no ser sometido a un castigo o tratamiento cruel,
inusual o degradante, de acuerdo con el artículo 5(1) y 5(2) de la
Convención Americana, en razón de las condiciones
de detención a
que fue sometido. Argumentaron
también que estas condiciones tornan ilegítima la ejecución del Sr.
Lallion, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Convención.
84.
En respaldo de sus alegaciones, los peticionarios suministraron a
la Comisión una declaración jurada del Sr. Lallion en que detalla las
condiciones en que ha sido detenido en espera de ejecución en la
Penitenciaría de Richmond Hill, Grenada, después de su condena por
homicidio, y sostiene lo siguiente:
Me
encuentro recluido actualmente en espera de ejecución en una unidad
constituida por una serie de celdas que contienen cada una un recluso.
Las celdas de los condenados a muerte están situadas por debajo
del edificio principal de la penitenciaría, en una zona denominada
"Jonestown" (así llamada por la matanza de Jonestown, en
Guyana, América del Sur, hace algunos años).
Mi
celda tiene aproximadamente 3 x 2 metros y paso en ella alrededor de 23
horas por día, solo. Se me
ha suministrado una cama y un colchón, pero no existe ningún otro mueble
en mi celda. Se me ha
entregado un balde que debo usar para mis necesidades.
Se me permite verter el contenido del balde una vez por día.
Una vez utilizado, me veo obligado a soportar el olor y las
condiciones antihigiénicas hasta que
se me permite
vaciarlo.
La
iluminación de mi celda es insuficiente, la celda no tiene ventanas ni
tiene iluminación natural y, por consiguiente, carece de ventilación.
La única luz de mi celda es la de una lamparilla eléctrica
situada en el corredor, en frente a la celda.
Se
me suministran tres comidas por día.
A veces se me trae la comida a la celda, donde tengo que comer
solo. La alimentación en
general es de mala calidad. Se
me suministra agua potable.
Se
me permite una hora de ejercicio por día.
No existen facilidades para el ejercicio y mi hora la paso
habitualmente de pie, en el patio.
Se
me permite una visita por mes durante 15 minutos.
Se me permite escribir y recibir una carta por mes.
Como
recluso en espera de ejecución, no se me permite el acceso a los
servicios de la penitenciaría. No
se me permite utilizar la biblioteca ni tengo acceso al capellán o a los
servicios religiosos.
Recibo
una atención médica inadecuada. Las
visitas del médico no son periódicas y no siempre está claro si podré
verlo cuando sea necesario.
No
existe un mecanismo de quejas adecuado para las denuncias que pueda tener
que hacer.
85.
Como se describió en la Parte III de este Informe, los
peticionarios también se basan en fuentes generales de información
relacionadas con las condiciones carcelarias de Grenada y de otros países
del Caribe. Estas fuentes
incluyen informes preparados en 1990 y 1991 por la organización no
gubernamental "Caribbean
Rights." Aunque ya
tienen un tiempo, los informes tienden a respaldar las alegaciones del Sr.
Lallion respecto de las condiciones en que ha sido encarcelado desde su
arresto.
86.
La Comisión considera que las alegaciones de los peticionarios
deben ser evaluadas a la luz de las normas mínimas articuladas por las
autoridades internacionales para el tratamiento de los reclusos, incluidas
las establecidas por las Naciones Unidas.
Más particularmente, las Reglas 10, 11A, 11B, 12, 13, 15, 19, 21,
22(1), 22(2), 22(3), 24, 25(1), 25(2), 26(1), 26(2), 35(1), 36(1), 36(2),
36)3), 36(4) 40, 41, 57, 71(2), 72(3), y 77 de las Reglas Mínimas de las
Naciones para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mínimas
de la ONU) disponen las normas básicas mínimas respecto del alojamiento,
higiene, ejercicio, tratamiento médico, servicios religiosos y servicios
de biblioteca para los reclusos, en los siguientes términos:
10.
Los locales destinados a los reclusos y especialmente aquellos que se
destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán
satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima,
particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie
mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.
11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar:
a) Las ventanas tendrán
que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar
con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar
aire fresco, haya o no ventilación artificial;
b) La luz artificial
tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin
perjuicio de su vista.
12.
Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso
pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en
forma aseada y decente.
15.
Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de
agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.
21.
(1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá
disponer, si el tiempo
lo permite, de una hora al día por
lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre.
(2)
Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo
permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una
educación física y recreativa. Para ello, se pondrán a su disposición
el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.
24.
El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible
después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en
particular para determinar la existencia de una enfermedad física o
mental, y tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento
de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o
contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan
constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad
física de cada recluso para el trabajo.
26.
(1)
El
médico estará encargado de velar por la salud física y mental de los
reclusos. Deberá visitar
diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de
estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención.
(2)
El médico presentará un informe al director cada vez que estime
que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada
por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.
40.
Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de
todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros
instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se
sirvan de la biblioteca lo más posible.
41.
(1) Si el establecimiento
contiene un número suficiente de reclusos que
pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un
representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo
justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá
prestar servicio con carácter continuo.
(2)
El representante autorizado nombrado o admitido conforme al
párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios
religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales
particulares a los reclusos de su religión.
(3)
Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el
representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando
un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión,
se deberá respetar en absoluto su actitud.
42.
Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los
preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios
organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de
instrucción religiosa de su confesión.
87.
Es evidente, sobre la base de las alegaciones de los peticionarios,
que el Estado no ha satisfecho esas normas mínimas de un tratamiento
adecuado para el Sr. Lallion. El
efecto acumulativo de esas condiciones, sumado al tiempo prolongado en que
el Sr. Lallion ha estado recluido en relación con su proceso penal, no
puede considerarse congruente con el derecho a un trato humano consagrado
en el artículo 5 de la Convención. Según la información suministrada por los peticionarios, las
condiciones de detención a que ha sido sometido el Sr. Lallion no cumplen
con varias de las normas mínimas para
el tratamiento de los reclusos en esferas tales como la higiene, el
ejercicio y la atención médica.
88.
Por ejemplo, el Sr. Lallion denuncia que su celda carece de
ventanas, no tiene iluminación natural ni ventilación, y que la
iluminación de la celda es insuficiente. Agrega que se le suministra un balde que debe usar para sus
necesidades y que sólo tiene derecho a vaciar ese balde una vez por día,
por lo cual se ve obligado a soportar olores desagradables y condiciones
antihigiénicas después que el balde es utilizado. El Sr. Lallion afirma que no se le permite usar la biblioteca
de la penitenciaría, ni se le permite el acceso a un capellán o a
servicios religiosos. Además,
el Sr. Lallion afirma que ha recibido atención médica inadecuada porque
las visitas del doctor no son periódicas y nunca está claro si podrá
ver al médico, de ser necesario. Finalmente,
el Sr. Lallion sostiene que no existen mecanismos ni procedimientos
adecuados en la penitenciaría para tramitar sus denuncias.
89.
El Estado no ha respondido específicamente a la petición del Sr.
Lallion con respecto a las condiciones de Grenada en general ni en lo que
atañe a las condiciones del Sr. Lallion.
El Estado, en el penúltimo párrafo de su contestación a la
petición, aborda la cuestión de la detención prolongada en espera de
ejecución, y declara lo
siguiente:
"También concuerdo en que los reclusos condenados en espera de
ejecución en principio no deben ser sometidos a un período prolongado de
encarcelamiento pues sin duda padecen una gran angustia y una agonía
mental en esas condiciones. Sin embargo, esa angustia es una consecuencia inevitable de
su detención y no constituye una violación independiente de sus derechos
constitucionales".
90.
En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que las
condiciones de detención a que ha sido sometido el Sr. Lallion no
respetan su integridad física, mental y moral, como lo requiere el
artículo 5(1) de la Convención. Por
lo tanto, la Comisión concluye que el Estado es responsable de la
violación de esta disposición de la Convención en lo que se refiere al
Sr. Lallion, conjuntamente con el cumplimiento de las obligaciones que
impone al Estado el artículo 1(1) de ese instrumento.
5.
Artículos 8 y 25 – No disponibilidad de asistencia letrada para
acciones constitucionales
91.
Los peticionarios argumentan que no existe una asistencia letrada
efectiva para acciones constitucionales ante los tribunales de Grenada y
que esto constituye una violación del derecho del Sr. Lallion a un juicio
imparcial consagrado en el artículo 8 de la Convención.
Aunque los peticionarios no se refieren específicamente al
artículo 25 de la Convención Americana, el derecho a una reparación
efectiva, la Comisión considera que sus alegaciones refieren a la
denegación de un recurso efectivo por ley, lo que también comprende el
artículo 25 de la Convención. Por
tanto, la Comisión también analizó sus denuncias con relación a la no
disponibilidad de asistencia letrada para acciones constitucionales al
amparo del artículo 25 de la Convención, en conformidad con el artículo
28(f) del Reglamento de la Comisión.
[62]
92.
Los peticionarios afirman que el hecho de que el Estado no
proporcione asistencia letrada niega al Sr. Lallion el acceso a un
tribunal, de hecho y de derecho. Los
peticionarios argumentan que la interposición de acciones
constitucionales ante los tribunales internos con frecuencia conlleva
tratar de cuestiones sofisticadas y complejas de derecho que requieren
asistencia de un asesor letrado. Además,
los peticionarios afirman que el Sr. Lallion es indigente y que en la
práctica no cuenta con asistencia letrada efectiva para emprender
acciones constitucionales en los tribunales de Grenada.
Los peticionarios también afirman que existe una gran escasez de
abogados en Grenada que estén dispuestos a representar al Sr. Lallion pro
bono.
93.
Sobre la base de la información que tuvo ante sí, la Comisión se
manifiesta satisfecha de que una acción constitucional que involucre
cuestiones legales de la naturaleza que plantea el Sr. Lallion en su
petición, como el derecho al debido proceso y la pertinencia de sus
condiciones carcelarias, son procesal y sustantivamente complejas y no
pueden ser planteadas o presentadas efectivamente por el recluso sin
contar con representación letrada. La
Comisión también ha llegado a la conclusión en casos anteriores de
Grenada, Rudolph Baptiste y Donnason Knights que el Estado no brinda asistencia letrada a los reclusos para
emprender acciones constitucionales y que el Sr. Lallion es indigente, y,
por tanto, no puede por otros medios obtener representación letrada para
emprender acciones constitucionales.
94.
La Comisión considera que en las circunstancias del caso del Sr.
Lallion, las obligaciones del Estado con relación a la asistencia letrada
para emprender acciones constitucionales se derivan de los artículos 8 y
25 de la Convención. En
particular, la determinación de los derechos a través de una acción
constitucional ante un tribunal superior debe conformarse con los
requisitos de un juicio imparcial, de acuerdo con el artículo 8(1) de la
Convención. En las circunstancias del caso del Sr. Lallion, el Tribunal
Superior de Grenada tendría que determinar si la condena del Sr. Lallion
en un juicio penal violó sus derechos constitucionales. En ese caso, la aplicación del requisito de una audiencia
imparcial en el Tribunal superior debe ser congruente con los principios
del artículo 8(2) de la Convención. En consecuencia, cuando un condenado procura una revisión
constitucional de irregularidades en un juicio penal y carece de medios
para obtener asistencia letrada a efectos de emprender una acción
constitucional, y cuando los intereses de la justicia así lo requieran,
el Estado debe otorgar asistencia letrada.
95.
Debido a la no disponibilidad de asistencia letrada, de hecho se ha
negado al Sr. Lallion la oportunidad de impugnar las circunstancias de su
condena en virtud de la Constitución de Grenada, en un juicio imparcial.
Esto, a su vez, constituye una
violación del
derecho que le otorga el artículo 8(1) de la Convención Americana.
96.
Además, el artículo 25 de la Convención otorga a las personas el
derecho a un recurso sencillo y rápido ante un tribunal competente, para
protegerse contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por las constituciones o leyes del Estado afectado o por la Convención.
La Comisión ha declarado que el derecho a un recurso consagrado en
la Sección 25, leído conjuntamente con la obligación que impone el
artículo 1(1) y las disposiciones del artículo 8(1), debe entenderse
como el derecho de toda persona a dirigirse a un tribunal cuando alguno de
sus derechos ha sido violado (sea un derecho protegido por la Convención,
la Constitución o la legislación interna del Estado afectado), a fin de
obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente,
imparcial e independiente que establecerá si ha existido o no una
violación y fijará, si corresponde, una compensación adecuada.
97.
Además, la Corte Interamericana ha sostenido que si se requieren
servicios legales, como cuestión de derecho o de hecho, para que un
derecho garantizado por la Convención sea reconocido y si la persona no
puede obtener esos servicios en
razón de su indigencia, dicha persona queda exceptuada del requisito de
la Convención de agotar los recursos internos. Si bien la Corte pronunció este dictamen en el contexto de
las disposiciones de la Convención sobre admisibilidad, la Comisión
considera que los comentarios de la Corte también arrojan luz en el
contexto del artículo 25 de la Convención, en las circunstancias del
presente caso.
98.
Al no poner a disposición del Sr. Lallion asistencia letrada para
emprender acciones constitucionales en relación con su proceso penal, el
Estado en efecto ha impedido al Sr. Lallion el recurso a un tribunal
competente en Grenada para protegerse contra actos que
pudieron violar
sus derechos fundamentales en virtud de la Constitución de Grenada y de
la Convención Americana. Además,
en casos de pena capital, en que las acciones constitucionales se vinculen
a procedimientos y condiciones a través de las cuales se ha impuesto la
pena de muerte y, por tanto, se vinculen directamente al derecho a la vida
y a un trato humano del
acusado, la Comisión opina
que una protección efectiva de esos derechos no puede quedar librada a la
perspectiva aleatoria de que un abogado esté dispuesto o disponible para
representar sin cargo al acusado. El
derecho a una protección judicial de estos derechos más fundamentales
debe estar garantizado a través de la prestación efectiva de asistencia
letrada para emprender acciones constitucionales. No se puede decir
que el
Estado ha
otorgado esa protección a los condenados.
En consecuencia, el Estado no ha cumplido las obligaciones que
dispone el
artículo 25 de la Convención Americana en relación con el Sr. Lallion.
99.
Por consiguiente, la Comisión concluye que el Estado no ha
respetado los derechos del Sr. Lallion consagrados en el artículo 8(1) de
la Convención por negarle una oportunidad de impugnar las circunstancias
de su condena al amparo de la
Constitución de
Grenada, en un juicio imparcial. La
Comisión también concluye que el Estado no ha brindado al Sr. Lallion un
recurso sencillo y rápido ante un tribunal competente para protegerse
contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución o la legislación de Grenada, o por la Convención, y, por
tanto, ha violado los derechos del Sr. Lallion a la protección judicial,
consagrados en el artículo 25 de la Convención.
6.
Artículo 7 – El derecho a la libertad personal y
a ser llevado sin demora ante un juez
100.
Los peticionarios alegan la violación de los artículos 7(2), 7(4)
y 7(5) de la Convención, porque el Sr. Lallion fue detenido bajo custodia
policial por más de 48 horas y no fue notificado sin demora de los cargos
que se le imputaban ni fue llevado sin demora ante un juez u otro
funcionario judicial. Los peticionarios sostienen que el Sr. Lallion fue detenido
de las 4:15 p.m. del 29 de setiembre de 1993 a la 1:15 del 1 de octubre de
1993, lo que supera las 48 horas establecidas por la legislación interna
de Grenada. Fue formalmente
acusado el 2 de octubre de 1993 y no fue llevado ante un juez hasta el 4
de octubre de 1993. El peticionario
indica que la Sección 22(3) de la Ley de la Policía de Grenada dispone:
"Será legítimo que un agente de policía detenga a cualquier
persona para un interrogatorio, durante un período que no exceda las 48
horas, cuando crea que hay sospechas razonables de que ha cometido o está
a punto de cometer un delito penal".
101.
Los peticionarios sostienen que cuando el Sr. Lallion negó
responsabilidad por la muerte del occiso, el Sr. Joseph, Superintendente
Asistente de la Policía, declaró que iba a ayudar al Sr. Lallion, y el
oficial Mason mandó buscar unos papeles en los que comenzó a escribir.
Los peticionarios sostienen que se pidió al Sr. Lallion que
firmara la declaración y fue luego llevado a donde yacía el occiso,
momentos en que el oficial de policía le pidió que descubriera el
cadáver. El Sr. Lallion
cumplió con la orden del policía y descubrió el cuerpo.
Los peticionarios sostienen que el Sr. Lallion fue llevado al
destacamento de policía, donde se le volvió a interrogar, se le
intimidó y posteriormente se le obligó a firmar una confesión.
102.
Al abordar la cuestión del artículo 7(5) respecto a la necesidad
de ser llevado sin demora ante un juez, la Comisión ha sostenido que es
fundamental que una persona sea llevada sin demora ante un juez después
de su detención para garantizar su bienestar y evitar toda infracción de
sus otros derechos.
[71]
En el Informe N°
2/97, en el caso Jorge Luis Bernstein y otros, la Comisión declaró que
"el derecho a la presunción de la inocencia exige que la duración
de la detención preventiva no supere el plazo razonable citado en el
artículo 7(5)".
[72]
Además, la
Comisión observó que
A
fin de garantizar una supervisión judicial efectiva de la detención, el
tribunal competente debe tomar conocimiento rápidamente de las personas
que se mantienen detenidas. Uno
de los propósitos de esta medida es proteger el bienestar de las personas
detenidas y evitar toda violación de sus derechos.
La Comisión ha determinado que, si esa detención no se comunica
al tribunal, o si el tribunal no es informado de ello luego de un plazo
razonable a partir de la privación de libertad, los derechos de las
personas en custodia no son protegidos y la detención viola los derechos
de la persona al debido proceso.
[73]
103. Además, la
Comisión declaró que, cuando llega a la conclusión de que un Estado
pretende ofrecer una justificación para la detención preventiva, la
Comisión debe determinar si las autoridades del Estado han ejercido la
diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones respectivas a fin
de garantizar que la duración de la detención no sea irrazonable.
[74]
A juicio de la Comisión, esas justificaciones pueden incluir
la presunción de que el acusado ha cometido un delito, el peligro de que
huya, el riesgo de que se puedan cometer nuevos delitos, la necesidad de
investigar, la posibilidad de colusión, el riesgo de que se presione a
los testigos, y la preservación del orden público.
[75]
104.
Otros tribunales internacionales de derechos humanos se han
empeñado en definir con más precisión la comparecencia "sin
demoras" de los detenidos ante un juez.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso Peter
Grant c. Jamaica,
[76]
llegó a la conclusión de que un período de una semana a
partir del arresto y hasta que el acusado es llevado ante un juez
constituye una violación del artículo 9(3) del PIDCP
[77]
[equivalente al artículo 7(5) de la Convención]. Además, en la decisión del Comité en el caso Paul Kelly c. Jamaica
[78]
la
opinión individual presentada por el Sr. Bertil Wennergren indicó que la
expresión "sin demora" no permite una demora de más de dos o
tres días.
105.
Además, la Corte Europea de Derechos Humanos ha subrayado la
importancia de la "celeridad" en el contexto del artículo 5(3)
de la Convención Europea, en los siguientes términos:
[79]
…Consagra
un derecho humano fundamental, a saber, la protección del individuo
contra interferencias arbitrarias del Estado con su derecho a la libertad
(cita omitida). El control
judicial de las interferencias del ejecutivo con el derecho individual a
la libertad es una característica esencial de la garantía que consagra
el artículo 5(3) [de la Convención Europea sobre Derechos Humanos] que
procura minimizar el riesgo de arbitrariedad.
El control judicial está implícito en el régimen de derecho,
"uno de los principios fundamentales de una sociedad
democrática".
[80]
106.
Además, en el caso de Brogan
y otros, la Corte Europea de Derechos Humanos llegó a la conclusión
de que un período de detención de cuatro días no cumplía con el
requisito de una comparecencia "sin demora" ante una autoridad
judicial.
[81]
Análogamente, en el caso
de Koster c. Países Bajos,
la Corte Europea llegó a la conclusión de que una demora de cinco
días superaba el significado de "sin demora" en llevar a un
detenido ante una autoridad judicial, por lo cual era violatorio del
artículo 5(3) de la Convención Europea.
[82]
107.
La Comisión considera análogamente que es esencial que el
detenido sea llevado ante una autoridad judicial a fin de revisar la
legalidad de su detención, no sólo
para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7(5),
sino para garantizar la protección de los demás derechos del recluso
mientras está en detención y reducir al mínimo el riesgo de
arbitrariedad.
[83]
Además,
la Comisión observa que la legislación interna de Grenada prohíbe que la
policía detenga por más de 48 horas a un sospechoso para ser cuestionado.
Esta disposición se halla en la Sección 22(3) de la Ley de la Policía de
Grenada, que establece lo siguiente: “Se considerará legal que cualquier
policía detenga para averiguaciones, por un período no mayor de cuarenta y
ocho horas, a cualquier persona que aquél considere bajo una
razonablemente sospechosa de haber cometido algún crimen, o de estar a
punto de cometerlo”. Sin embargo, el Estado no cumplió con su propia
legislación interna en el caso del señor Lallion, ya que lo retuvo para
cuestionarlo por un periodo de tiempo superior al permitido por la Sección
22(3) de la Ley de Policía.
108.
La Comisión considera que lo que ocurrió durante la demora
en el caso del Sr.
Lallion antes de ser llevado ante un juez es precisamente lo que la
Convención Americana y los tribunales internacionales de derechos humanos
que aplican los tratados y la jurisprudencia a que hemos hecho referencia
procuran evitar. El Sr.
Lallion fue detenido para ser interrogado alrededor de las 4:15 p.m. del
miércoles 29 de septiembre de 1993, y fue mantenido bajo arresto hasta
las 4 p.m. del 1 de octubre de 1993, después de lo cual fue obligado a
firmar una confesión.
[84]
El testimonio no juramentado del Sr. Lallion ante el Tribunal
de Primera Instancia revela que durante el período de su detención fue
interrogado durante un período prolongado acerca de su participación en
la muerte del occiso. El ex
Superintendente Asistente de Policía, Sr. Joseph, lo tomó por la camisa
y luego el agente Mason le dio un puñetazo en el estómago.
El Sr. Lallion fue luego llevado frente al cadáver, tras lo cual
un policía le pidió que destapara el cuerpo, a lo que el Sr. Lallion
accedió.
109.
La Comisión llega a la conclusión de que la demorade 3 días
en el caso del Sr. Lallion superó las 48 horas dispuestas en el Código
Penal de Grenada y, aunque no es de la misma duración que las demoras que
se concluyó constituían violaciones en el Comité de Derechos Humanos de
la ONU y la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión observa que
las disposiciones del PIDCP
[85]
y la Convención Europea
[86]
a consideración de esos tribunales son prácticamente
idénticas a las del artículo 7(5) de la Convención Americana, por lo
cual la Comisión no ve razón para que la Convención esté sujeta a una
norma menos rigurosa en lo que refiere al derecho del detenido a ser
llevado sin demora ante un juez. Además,
el Estado no ha brindado respuesta alguna a las alegaciones sobre la
cuestión de la demora, ni ha ofrecido explicación o justificación
adecuada alguna para la
demora en el caso del Sr. Lallion.
110.
Al abordar la totalidad de las circunstancias de la detención del
Sr. Lallion, la Comisión concluye que, a lo largo de la detención del
Sr. Lallion, no se le informó sin demora de los cargos que se le
imputaban, en violación del artículo 7(4).
La Comisión también concluye que, dado que el Sr. Lallion no fue
llevado sin demora ante un juez, el Estado violó su derecho garantizado
en el artículo 7(4) de la Convención y en el Código Penal del Estado,
que establece las 48 horas. Además,
la Comisión concluye que la detención del Sr. Lallion por el Estado fue
violatoria del artículo 7(4) y 7(5) y que ello constituye una privación
arbitraria del derecho del Sr. Lallion a la libertad personal en virtud
del artículo 7(2) de la Convención.
Por lo tanto, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado
violó el derecho del Sr. Lallion a la libertad personal garantizado por
el artículo 7(2), 7(4) y 7(5) de la Convención.
V. PROCEDIMIENTOS
SUBSIGUIENTES AL INFORME Nº 97/01
111.
El 11 de octubre de 2001 la CIDH, en su 113º período ordinario de
sesiones, aprobó el Informe Nº 97/01, en este caso sobre la base del
artículo 50 de la Convención.
112.
El 23 de octubre de 2001 la Comisión remitió al Estado el Informe
Nº 97/01 solicitando a éste que le informara , dentro de los meses
siguientes las medidas que hubiera adoptado para cumplir con las
recomendaciones formuladas para resolver la situación denunciada.
113.
Al 31 de diciembre de 2001, fecha de expiración del plazo de dos
meses, la Comisión no había recibido respuesta del Estado de Grenada aal
Informe Nº 97/01.
VI.
CONCLUSIONES FINALES
114.
La Comisión, sobre la base de la información presentada y del
debido análisis en conformidad con la Convención Americana, reitera sus
conclusiones de que el Estado de Grenada es responsable de lo siguiente:
115.
El Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr.
Lallion consagrados en los artículos 4(1), 5(1) 5(2) y 8(1),
conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la Convención
Americana, por sentenciar al Sr. Lallion a una pena de muerte obligatoria.
116.
El Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr.
Lallion consagrados en el artículo 4(6) de la Convención, conjuntamente
con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no brindar al Sr.
Lallion un derecho efectivo de solicitar la amnistía, el indulto o la
conmutación de la sentencia.
117.
El Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr.
Lallion consagrados en el artículo 5(1) de la Convención Americana,
conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no
respetar el derecho del Sr. Lallion a la integridad física, mental y
moral, por confinarlo en condiciones de detención inhumanas.
118.
El Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr.
Lallion consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención,
conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no
otorgar asistencia letrada para iniciar una acción constitucional.
119.
El Estado es responsable de la violación del derecho del Sr.
Lallion a la libertad personal, dispuesto en el artículo 7(2), 7(4) y
7(5) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1)
de la misma, por no proteger su derecho a la libertad personal y no ser
llevado sin demora ante un funcionario judicial.
VII.
RECOMENDACIONES
Sobre la base del análisis y las conclusiones que constan en el
presente Informe,
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA QUE EL ESTADO DE
GRENADA:
1.
Otorgue al Sr. Lallion una reparación efectiva que incluya la
conmutación de la sentencia y una indemnización.
2.
Adopte las medidas legislativas y de otra índole que considere
necesarias para garantizar que no se imponga la pena de muerte en
violación de los derechos y libertades garantizados por la Convención,
incluidos los artículos 4, 5 y 8, y, en particular, garantice que ninguna
persona sea sentenciada a muerte por sentencia obligatoria en Grenada.
3.
Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para garantizar la efectividad en Grenada del derecho
consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana a solicitar la
amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
4.
Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para garantizar la efectividad en Grenada del derecho a un
juicio imparcial consagrado en el artículo 8(1) de la Convención
Americana y el derecho a la protección judicial consagrado en el
artículo 25 de la Convención Americana tengan efecto en Grenada en
relación con el recurso a acciones constitucionales.
5.
Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para garantizar la efectividad en Grenada del derecho a un
trato humano, consagrado en el artículo 5(1)
de la Convención Americana, en relación con las condiciones de
detención del Sr. Lallion.
6.
Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para garantizar la efectividad en Grenada del
derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7(2),
7(4) y 7(5) de la Convención Americana respecto del Sr. Lallion.
VIII.
PUBLICACION
118.
El 22 de marzo de 2002, en conformidad con los artículos 51(1) y
51(2) de la Convención Americana, la Comisión envió al Estado de
Grenada el Informe Nº 28/02, aprobado el 12 de marzo de 2002,
otorgándole un plazo de un mes para adoptar las medidas encaminadas a dar
cumplimiento a las recomendaciones indicadas y resolver la situación
objeto de análisis.
119.
El plazo de un mes ha caducado y la Comisión no ha recibido
respuesta del Estado de Grenada respecto de las recomendaciones en este
caso.
IX.
ANÁLISIS FINAL Y CONCLUSIONES
120.
Por tales razones la Comisión decide que el Estado no ha adoptado
las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las recomendaciones
establecidas en el presente Informe.
121.
Sobre la base de lo que antecede y de acuerdo con el artículo
51(3) de la Convención Americana y 48 de su Reglamento, la Comisión
decide reiterar las conclusiones y recomendaciones contenidas en el
Informe No. 28/02. La
Comisión decide también divulgar públicamente el presente Informe e
incluirlo en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la
OEA.
Dado
y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de febrero de
2002. Firmado: Juan Méndez
E. Presidente; Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta; José
Zalaquett, Segundo Vicepresidente; Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo
y Clare K. Roberts Comisionados.
continúa...
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[62]
El
artículo 28 establece que “Las
peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente
información: f.
la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por
acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos
humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia
específica al artículo presuntamente violado.
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