INFORME
Nº 86/01
CASO
12.319
FEDERACIÓN
NACIONAL DE TRABAJADORES MARÍTIMOS Y
PORTUARIOS
DEL PERÚ (FEMAPOR)
FÉLIX
CAMPOS CAIPO, SERGIO VALDIVIA AYALA, ASISCLO CHINAPRO FERNÁNDEZ, VÍCTOR
BRICEÑO MIRANDA Y OTROS 4.101 TRABAJADORES MARÍTIMOS Y FLUVIALES
PERÚ
10
de octubre de 2001
I.
RESUMEN
1.
El 10 de noviembre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “Comisión Interamericana”, “Comisión” o “CIDH”)
recibió una petición presentada por la Federación Nacional de
Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú (FEMAPOR) (en adelante “peticionaria”)
contra la República del Perú (en adelante “Perú”, “Estado peruano”
o “Estado”). La peticionaria alega que el Estado peruano no ha cumplido
con la sentencia de la Corte Suprema de la República de fecha 12 de febrero
de 1992. La peticionaria sostiene que tal incumplimiento configura violación
por el Estado peruano a los derechos humanos de los Trabajadores Marítimos
y Portuarios del Perú y de sus familiares.
2.
El Estado no ha cuestionado la admisibilidad de la petición.
3.
La CIDH, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención
Americana” o “Convención”), decide admitir la petición, en lo que
respecta a eventuales violaciones a los artículos 1(1) y 25(2)(c) de la
Convención Americana. La Comisión decide igualmente notificar esta decisión
a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea
General de la OEA.
II.
TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
4.
La CIDH recibió la petición en fecha 10 de noviembre de 1998. El 17
de diciembre de 1999 la peticionaria presentó información adicional
solicitada por la Comisión. El 17 de agosto de 2000 la CIDH trasmitió las
partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió que
presentara información en un plazo de 90 días. El 23 de abril de 2001 la
CIDH se puso a disposición de las partes para iniciar proceso de solución
amistosa.
5.
El 18 de mayo de 2001 la Comisión reiteró solicitud de información
al Estado. El 25 de junio de 2001 el Estado presentó su respuesta.
III.
POSICIÓN DE LAS PARTES
A.
Posición de la peticionaria
6.
Indica que hasta el 11 de marzo de 1991, los aproximadamente 4.106
trabajadores marítimos organizados localmente en sindicatos, y afiliados
nacionalmente a FEMAPOR, laboraban rotativamente, según lo disponían las
respectivas normas legales, garantizando que las variadas actividades
portuarias fueran realizadas exclusivamente por dichos trabajadores,
debidamente registrados gremialmente en cada puerto y al servicio de sus múltiples
empleadores (agencias marítimas, navieras y Empresa Nacional de Puertos).
Agregan que tales actividades eran reglamentadas, controladas y
administradas por la Comisión Controladora del Trabajo Marítimo (CCTM),
entidad perteneciente al Ministerio de Defensa, que fuera creada en 1935 por
Decreto Supremo.
7.
Señala que mediante otro Decreto Supremo (N° 054-91 PCM), del 11 de
marzo de 1991, el Gobierno dispuso el nombramiento de una Comisión de
Disolución, con el encargo de liquidar a la referida Comisión Controladora
del Trabajo Marítimo (CCTM), para lo que, previamente debía cumplir las
siguientes funciones: a) venta
de Activos a cargo de la CCTM y de las Oficinas de Trabajo Marítimo y
Fluvial, que no fueran transferidos al Ministerio de Defensa y Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, conforme al Decreto Supremo N° 054-91-PCM.
b) Recuperación de los saldos deudores a cargo de los empleadores y
de otras acreencias de la CCTM y de sus respectivas oficinas. c) Pago de los
derechos y beneficios sociales de los trabajadores de los diferentes gremios
marítimos, comprendidas bajo la jurisdicción de las referidas entidades. e) Pago de los derechos y beneficios sociales de los
trabajadores administrativos que laboran en la CCTM y oficinas fluviales.
f) Determinación de la forma de pago de las pensiones a los
beneficiarios del Fondo de Derechos Adquiridos del ex – Sistema
Asistencial, estibadores matriculados del puerto del Callao (FODASA), y g)
otras que resultasen de competencia del proceso liquidatorio.
8.
Indica que para asegurar el cumplimiento de estos encargos, que por
otro lado siempre fueron de responsabilidad solidaria de la CCTM y los
Empleadores, el Gobierno, apoyado en lo enunciado por el artículo 4° del
citado Decreto Supremo N° 054-91 PCM, expidió la Resolución Ministerial N°
303-91 TC/15.03, mediante la cual se creó un aporte a cargo de los múltiples
empleadores, que en promedio ascendía a US$1.300.000.00 mensuales.
9.
Refiere que al resultar diminuta la liquidación sobre los montos que
le correspondían a los trabajadores marítimos, elaborada por la Comisión
de Disolución de la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo, FEMAPOR,
inició una demanda de Acción de Amparo, a efecto de que la CCTM efectuara
los cálculos correctos.
10. Aduce que en
fecha 12 de febrero de 1992, la Corte Suprema de la República dictó una
sentencia favorable a la
demandante; y que en acatamiento a dicha sentencia el Gobierno emitió el
Decreto Supremo Extraordinario N° 030-PCM/92, de fecha 4 de abril de 1992,
disponiendo que la Comisión de Disolución de la CCTM efectúe “las
acciones vinculadas a las mayores remuneraciones que le han sido
judicialmente reconocidas a los trabajadores marítimos, situación que
conlleva la adecuada reestructuración de la base de cálculo y de los
beneficios sociales, en los casos pertinentes”.
Agrega que el monto de la nueva liquidación calculada por dicha
comisión, ascendió a la suma de US$47.506.432,15.
11. Indica que en
el trámite de ejecución de sentencia, el juez respectivo concedió a
FEMAPOR el embargo de los siguientes bienes que fueron propiedad de la ex-CCTM:
a) Fondos Bancarios por la suma de US$ 3.040.745,89.
b) Inmuebles, valorizados en un total de US$ 384.583,47. c)
Mobiliario, valorizado en aproximadamente US$ 20.150,69, para un total de
aproximadamente US$ 3.445.485,05. Agrega que como consecuencia de lo
anterior quedó pendiente un saldo por cobrar de US$ 44.060.949,65, sin
considerar intereses y costos.
12. Alega que no
obstante que aún no se había recaudado los montos suficientes para
cancelar el saldo adeudado, el Gobierno, en aparente contradicción al
mandato del Poder Judicial y a sus propias normas legales, emitió con fecha
2 de septiembre de 1992, el Decreto Ley N° 25702, cuyos artículos 1° y 2°
derogaron 24 normas de carácter tributario, y confundidas entre ellas,
derogaron también dos normas referidas al proceso liquidatorio de la ex–CCTM
y fundamentalmente, al pago de los referidos beneficios sociales, o sea el
artículo 4° del Decreto Supremo N° 054-91 PCM y la Resolución
Ministerial N° 303-91 TC/15.03. Agregan que, sin embargo, el segundo párrafo
del artículo 4to. del citado Decreto Ley N° 25702, estableció que: “las demás entidades que fueron destinatarias de los
tributos que se derogan en el presente Decreto Ley, no comprendidas en el párrafo
anterior, podrán solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, en un
plazo que no excederá de 30 días naturales, contados a partir de la fecha
de entrada en vigencia de esta norma legal, la asignación de un monto
equivalente a los recursos que hubiesen dejado de percibir por dicho
concepto”.
13. Señala que con
fecha 24 de septiembre de 1992, es decir, dentro del plazo establecido en el
artículo 4to. del Decreto Ley N° 25702, los peticionarios entregaron
oficios números 114-92 y 117-92, dirigidos a los Ministerios de Transporte
y Economía, respectivamente, mediante los cuales FEMAPOR solicitó
formalmente la reposición de las normas derogadas o en su defecto, por
aplicación del artículo 4to. del Decreto Ley N° 25702: a) La asignación
de un monto equivalente del total de la liquidación de los derechos y
beneficios sociales de los trabajadores marítimos y fluviales; b) La
asignación de montos mensuales, a partir de enero de 1993, equivalentes a
las planillas de pensiones de los jubilados de los regímenes administrados
por el sistema en disolución.
14. Indica que lo
dispuesto por el Decreto Ley N° 25702, en lo concerniente a la derogatoria
del artículo 4° del Decreto Supremo N° 054-91 PCM, y por la Resolución
Ministerial N° 303-91 TC/15.03, en relación a lo determinado por su artículo
4°, constituye la subrogación del Ministerio de Economía y Finanzas como
específico responsable del pago de los derechos y beneficios sociales de
los trabajadores marítimos, que hasta la expedición del Decreto Ley N°
25702, recaía en el Ministerio obligado, por ser ambos Ministerios, partes
inseparables del Estado peruano.
15. Señala que por
tal razón, el 11 de agosto de 1997 FEMAPOR solicitó que en el trámite de
ejecución de la sentencia emitida el 12 de febrero de 1992 por la Corte
Suprema de la República, con carácter de cosa juzgada, se emplazara al
Ministerio de Economía y Finanzas para que bajo apercibimiento de trabar
embargo de bienes del Estado, cumpliera con pagar la suma adeudada a los
trabajadores marítimos y fluviales. Agrega
que tanto la jueza competente como dos vocales de la Sala Civil de la Corte
Superior del Callao se pronunciaron exonerando al Ministerio de Economía y
Finanzas de tal responsabilidad legal, sin tomar en cuenta la existencia del
Decreto Ley N° 25702. Indica que hubo un voto en discordia de un Vocal, y
que aún cuando la Sala Civil juzgadora debió llamar a uno o dos Vocales más,
según se requiriera, hasta lograr el voto coincidente de tres Vocales, ello
no había ocurrido. Señala que interpuso una queja respecto a la situación
anterior, por ante la Sala Constitucional Social de la Corte Suprema de la
República.
16.
Mediante ampliación de denuncia de fecha 12 de febrero de 2000, la
peticionaria señalaló que con fecha 28 de diciembre de 1999, recibió
resolución de la Sala Constitucional Social de la Corte Suprema de la República
que declaró infundada la queja interpuesta y dispuso su archivamiento.
17. Señala que el
incumplimiento con lo dispuesto en la mencionada sentencia dictada el 12 de
febrero de 1992 por la Corte Suprema de la República ocasiona graves
perjuicios para todos los trabajadores afectados por dicho incumplimiento,
así como para sus familiares, todos los cuales se han visto sumidos en una
situación de miseria que les impide cubrir las necesidades mínimas para
poder vivir con dignidad.
B.
Posición del Estado
18. Indica que en
el año 1935 fue creada mediante Decreto Supremo la Comisión Controladora
del Trabajo Marítimo (CCTM), entidad que reglamentaba, controlaba y
administraba las variadas actividades portuarias.
Agrega que mediante Decreto Supremo N° 054-91-PCM de fecha 11 de
marzo de 1991, se declaró en estado de disolución la Comisión
Controladora del Trabajo Marítimo, incluyendo las Oficinas de Trabajo Marítimo
y Fluvial. Señala que mediante la mencionada norma el Gobierno dispuso la
creación de una Comisión de Disolución, con el encargo de liquidar la
CCTM, disponiendo al efecto lo siguiente:
Artículo 3.- La Comisión de Disolución,
en el plazo indicado, a partir de su instalación, tendrá como funciones:
e.- Pago de derechos y beneficios sociales
de los trabajadores administrativos que laboran en la Comisión Controladora
del trabajo Marítimo y Fluvial.
d.-
Pago de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores de los
diferentes gremios marítimos, comprendidos bajo la jurisdicción de las
referidas entidades.
Art.
4.- En caso que los Fondos que administra la Comisión Controladora del
Trabajo Marítimo y Fluvial, no alcanzare a cubrir el monto requerido para
el pago de los derechos y beneficios sociales a que se refiere el Art. 3°
del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
queda autorizado a dictar las disposiciones correspondientes, con cargo a
los Agentes Marítimos que ejecuten el embarque y descarga de los productos
de importación y exportación, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas que se determinen oportunamente.
19. Señala que
mediante Resolución Ministerial N° 303-91 TC/15.03, el Gobierno peruano
creó un aporte que se efectuaría por parte de todos los empleadores del
sector, de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 3° del Decreto Supremo N°
054-91-PCM, el cual ascendió a US$1.300.000,00 mensuales.
Agrega que la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y
Portuarios del Perú (FEMAPOR), Federación Nacional que reúne a los
sindicatos locales dedicados a las variadas actividades portuarias en el país,
inició una demanda de Acción de Amparo a efectos de que la CCTM efectúe
los cálculos correctos del monto de lo adeudado.
20. Refiere que en
fecha 12 de febrero de 1992, la Corte Suprema de la República expidió
sentencia a favor de FEMAPOR, y declaró no haber nulidad en la sentencia de
primera instancia del 12 de abril de 1991, que declaró fundada la acción
de amparo, y mediante la cual se ordenó el pago de incremento adicional a
la remuneración básica mensual que percibían en su oportunidad los
trabajadores marítimos.
21. Señala que en
cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, el
Gobierno emitió el Decreto Supremo Extraordinario N° 030-PCM/92 de fecha 4
de abril de 1992, disponiendo que la Comisión de Disolución de la CCTM
efectúe las acciones vinculadas a las mayores remuneraciones judicialmente
reconocidas a los trabajadores marítimos.
22. Agrega que el
monto determinado de la nueva liquidación ascendió a la suma de US$
47,506,432.15 aproximadamente. Indica
que estando el proceso anterior en ejecución de sentencia, se le concedió
a FEMAPOR el embargo de bienes que fueron de propiedad de la ex-CCTM,
estableciéndose como monto de los mismos US$ 3.445.485,05, por lo que el
saldo pendiente por cobrar es de US$ 44.060.949,65.
23. Aduce que con
fecha 2 de septiembre de 1992, mediante Decreto Ley N° 25702, se derogó el
artículo 4° del Decreto Supremo N° 054-91-PCM y la Resolución
Ministerial N° 303-91-TC/15.03, ambos referidos a los gravámenes al
embarque y descarga de productos de comercio internacional destinados al
financiamiento de los beneficios sociales de los trabajadores a cargo de la
Comisión Controladora del Trabajo Marítimo y Fluvial.
Señala que el Decreto Ley N° 25702 dispuso en su artículo 4°, que
Las demás entidades que fueron
destinatarias de los tributos que se derogan en el presente Decreto Ley no
comprendidas en el párrafo anterior, podrán solicitar al Ministerio de
Economía y Finanzas, en un plazo que no excederá de 30 días naturales
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta norma legal,
la asignación de un monto equivalente a los recursos que hubiesen dejado
de percibir por dicho concepto.
24. Señala que
adicionalmente, mediante Decreto Supremo N° 013-92-TCC, se autorizó al
Ministerio de Economía y Finanzas a proveer, a partir del 1° de enero de
1993, los recursos necesarios para atender el pago de los beneficios que le
correspondan a los beneficiarios del fondo de derechos adquiridos del ex-
sistema asistencial de estibadores matriculados del puerto del Callao.
Agrega que FEMAPOR, dentro del término de ley, presentó sus respectivas
solicitudes al Ministerio de Economía y Finanzas, y Ministerio de
Transportes, con fecha 24 de septiembre de 1992. En ellas se señaló formalmente que la derogatoria del artículo
4° del Decreto Supremo N° 054-91-PCM y la Resolución Ministerial N°
303-91-TC/15.03 se habrían producido por error, al confundir los recursos
que generaban como tributos. En dichos escritos se solicitó que mediante
reposición de las normas derogadas o por aplicación del Artículo 4° del
Decreto Ley N° 25702, se asignara un monto equivalente al total de la
liquidación de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores marítimos
y fluviales y la asignación de montos mensuales a partir de enero de 1992,
equivalentes a las planillas de pensiones de los jubilados de los regímenes
administrados por el sistema de disolución.
25. Indica que el
11 de agosto de 1997, FEMAPOR solicitó, que en el trámite de ejecución de
sentencia del proceso contra la CCTM, se emplazará al Ministerio de Economía
y Finanzas, a que bajo apercibimiento de trabar embargo de bienes del Estado,
cumpla con pagar a los trabajadores marítimos y fluviales la suma adeudada.
Agrega que mediante auto de
fecha 15 de enero de 1998, el Juez declaró improcedente la solicitud
formulada por parte de FEMAPOR, fundamentando su resolución en que habiéndose
solicitado el pedido ante el MEF, la solicitud debió tener respuesta con
una resolución, siguiéndose el trámite administrativo correspondiente.
26. Señala que
FEMAPOR apeló el referido auto de 15 de enero de 1998 y la sala superior
competente lo confirmó, al considerar que el MEF no fue demandado y que era
improcedente el requerimiento. Agrega que FEMAPOR solicitó que se designara un vocal
dirigente en el caso, al considerar que tres votos hacen resolución,
solicitando la nulidad del mismo. Indica que la Sala declaró improcedente
la solicitud. Adiciona que
FEMAPOR planteó un recurso de nulidad contra esta resolución, la cual fue
declarada improcedente. Indica que con fecha 27 de agosto de 1998, FEMAPOR
interpuso recurso de queja, que fue declarado infundado el 28 de enero de
1999, por la Corte Suprema de Justicia.
27. Concluye
resumiendo que mediante el inciso I) del artículo 1 del Decreto Ley N°
25702, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 2 de
septiembre de 1992, fueron derogados el artículo 4° del Decreto Supremo N°
054-91-PCM del 09 de marzo de 1991 y la Resolución Ministerial N°
303-91-TC/15.03 del 26 de abril de 1991, referidos a los gravámenes al
embarque y descarga de productos de comercio internacional destinados al
financiamiento de los beneficios sociales de los trabajadores a cargo de la
Comisión Controladora del Trabajo Marítimo y de las Oficinas del Trabajo
Marítimo y Fluvial. Agrega que
el referido Decreto Ley N° 25702 estableció en el segundo párrafo del artículo
4, que la entidad destinataria de los tributos, en este caso la Federación
Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú – FEMAPOR, podría
solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de un monto
equivalente a los recursos que hubiesen dejado de percibir por la derogación
de la Resolución Ministerial N° 303-91-TC/15.03 y el artículo 4 del
Decreto Supremo N° 054-91-PCM.
28. Indica que el
Estado peruano viene evaluando la posibilidad financiera a efectos de
arribar a una solución satisfactoria en la presente petición ante la CIDH,
en función de los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Agrega
que “estando por concluir el mandato del Gobierno de Transición, las
medidas que se puedan adoptar al respecto serán derivadas al nuevo Gobierno
Constitucional entrante”.
IV.
ANÁLISIS
29.
La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad de una
petición establecidos en la Convención Americana.
A.
Competencia ratione personae,
ratione loci, ratione temporis y ratione
materiae de la Comisión
30. La peticionaria
se encuentra facultada por el artículo 44 de la Convención Americana para
presentar denuncias ante la CIDH. La
petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto
a quienes Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos
consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado la
Comisión señala que Perú es un Estado parte en la Convención Americana
desde el 28 de julio de 1978, fecha en que se depositó el instrumento de
ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione
personae para examinar la petición.
31.
La Comisión tiene competencia ratione
loci para conocer esta petición por cuanto en la misma se alegan
violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían
tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte de dicho tratado.
32. La CIDH tiene
competencia ratione temporis por cuanto los hechos alegados en la petición
tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos
establecidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el
Estado peruano.
33. Finalmente, la
Comisión tiene competencia ratione
materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos
humanos protegidos por la Convención Americana.
B.
Requisitos de admisibilidad de la petición
1.
Agotamiento de los recursos internos
34. La petición
bajo estudio se refiere al incumplimiento, por el Estado peruano, de la
sentencia de la Corte Suprema de la República de fecha 12 de febrero de
1992. El Estado no ha efectuado excepción alguna relacionada con el
requisito de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Al
respecto, la Corte Interamericana ha señalado que “la excepción de no
agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en
las primeras etapas del procedimiento, a falta de los cuales podrá
presumirse la renuncia tácita
a valerse de la misma por parte del Estado interesado”.[1]
35. La Comisión
considera cumplido el requisito previsto en el artículo 46(1)(a) de la
Convención Americana.
2.
Plazo de presentación
36. Con relación
al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención,
conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis
meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva
que haya agotado los recursos internos, la Comisión ratifica su doctrina
conforme a la cual
el
incumplimiento de una sentencia judicial firme configura una violación
continuada por parte de los Estados que persiste como infracción permanente
del artículo 25 de la Convención, en donde se consagra el derecho a la
tutela judicial efectiva. Por
tanto, en dichos casos no opera el requisito concerniente al plazo de
presentación de peticiones contemplado en el artículo 46(1)(b) de la
Convención Americana.[2]
37.
De acuerdo con lo anterior, el requisito concerniente al plazo de
presentación de peticiones contemplado en el artículo 46(1)(b) de la
Convención Americana no es aplicable en el presente caso, en donde lo
sometido a conocimiento de la CIDH es el alegado incumplimiento continuado
de la decisión dictada por la Corte Suprema de la República de fecha 12 de
febrero de 1992. Al respecto, la Comisión considera que la petición bajo
estudio fue presentada dentro de un plazo razonable, en los términos del
artículo 32 de su Reglamento, de contenido equivalente al del artículo 38
del reglamento vigente para el momento de la presentación de la denuncia.
3.
Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada
38. La Comisión
entiende que la materia de la petición no está pendiente de otro
procedimiento de arreglo internacional, ni reproduce una petición ya
examinada por este u otro organismo internacional. Por lo tanto, los
requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención
se encuentran satisfechos.
4.
Caracterización de los hechos
39.
La Comisión considera que la exposición de la peticionaria se
refiere a hechos que de ser comprobados podrían caracterizar una violación
al derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25(2)(c) de
la Convención Americana, así como a la obligación de respetar los
derechos a que se refiere el artículo 1(1) de dicha Convención.
V.
CONCLUSIONES
40.
La Comisión concluye que tiene competencia para conocer de esta
petición y que ésta es admisible, de conformidad con los artículos 46 y
47 de la Convención Americana.
41. Con fundamento
en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar
sobre el fondo de la cuestión,
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:
1.
Declarar admisible la petición, en lo que respecta a eventuales
violaciones a los artículos 1(1) y 25(2)(c)
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.
Notificar esta decisión a las partes.
3.
Iniciar el procedimiento sobre el fondo de la cuestión.
4.
Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea
General de la OEA.
Dado
y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
la ciudad de Washington, D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2001.
Firmado por Claudio Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer
Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta; Comisionados: Hélio
Bicudo, Robert K. Goldman, Peter Laurie, y Julio Prado Vallejo.
