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INFORME N° 81/01
CASO
12.228
ALFONSO
MARTÍN DEL CAMPO DODD
MÉXICO
10
de octubre de 2001
I.
RESUMEN
1.
El 13 de julio de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”)
recibió una denuncia presentada por Alfonso Martín del Campo Dodd en la
cual se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (“el
Estado”) por su detención ilegal y tortura, así como su posterior
condena a 50 años de prisión en un juicio sin respeto de las normas de
debido proceso, que incluye la utilización de una confesión obtenida bajo
tortura. En una posterior
comunicación se presentaron como peticionarios Acción de los Cristianos
contra la Tortura (ACAT) el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos
(Lawyers Committee for Human Rights).
2.
Los peticionarios alegan que los
hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención
Americana”): derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad
personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); y protección
judicial (artículo 25) y que se han cumplido todos los requisitos de
admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional.
El Estado mexicano sostiene que no se configuran violaciones de la
Convención Americana, pues el señor Martín del Campo tuvo acceso a varios
tribunales y procedimientos en los que se respetaron las normas de debido
proceso y no se estableció que fuera torturado, y su condena judicial tiene
carácter de cosa juzgada que no puede ser revisada por la CIDH.
En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que
declare inadmisible la petición.
3.
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este
informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en
los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión
a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta
violación de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana.
II.
TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
4.
El señor Martín del Campo remitió documentación adicional en
comunicación de 17 de julio de 1998, que fue contestada por la Comisión
Interamericana el 10 de agosto de 1998 con una solicitud de información
adicional acerca de los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos
46 y 47 de la Convención Americana. La
comunicación de los peticionarios de 27 de octubre de 1999 fue transmitida
al Estado mexicano el 4 de noviembre de 1999 bajo el número 12.228.
El Estado presentó sus observaciones el 2 de febrero de 2000, las
que se trasladaron a los peticionarios el 17 de febrero del mismo año.
Los peticionarios presentaron observaciones e información adicional
el 13 de abril de 2000, el 22 de marzo de 2001 y el 31 de mayo del mismo año.
Las correspondientes observaciones adicionales del Estado fueron
presentadas el 21 de julio de 2000, el 21 de abril de 2001 y el 9 de julio
de 2001. El 1°
de octubre de 2001 los peticionarios presentaron una comunicación en la
cual informaron acerca de la emisión de la sentencia final sobre el amparo
en México. La Comisión
Interamericana celebró una audiencia sobre el caso con ambas partes el 11
de octubre de 2000, durante su 108°
período ordinario de sesiones. Ambas
partes solicitaron prórrogas, que fueron concedidas por la Comisión
Interamericana.
III.
POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD
A.
Los peticionarios
5.
De acuerdo a los peticionarios, el 29 de mayo de 1992 el señor
Alfonso Martín del Campo Dodd se hallaba durmiendo en su domicilio en la
Ciudad de México, D.F. que compartía con su hermana Patricia Martín del
Campo Dodd, su cuñado Ricardo Zamudio Aldaba y las tres hijas de dicho
matrimonio, cuando lo despertaron gritos de pánico de su hermana cerca de
medianoche. Cuando intentó
acudir a ver lo que sucedía, dos personas desconocidas con la cabeza
cubierta por medias lo golpearon varias veces e intentaron desmayarlo. Luego le ordenaron que se vistiera, lo introdujeron en la
valijera de uno de los autos que estaban en la casa, y condujeron por unos
25 minutos hasta que detuvieron el auto.
El señor Martín del Campo sostiene que luego logró abrir la
valijera del auto y salió a buscar ayuda, hasta que llegó a un puesto de
la Policía Federal de Caminos, en la carretera a Cuernavaca.
6. Conforme a la
denuncia, uno de los policías acompañó al señor Martín del Campo hasta
el vehículo, donde hallaron un guante y un cuchillo, que éste reconoció
como el que habían utilizado los desconocidos para amenazarlo.
Luego fue conducido a su residencia por otro policía, y al llegar
vio que estaba estacionada una ambulancia y se enteró que su hermana y cuñado
habían sido asesinados. Luego
fue llevado a la Delegación Benito Juárez, donde los peticionarios
sostienen que el señor Martín del Campo fue torturado por policías
judiciales:
Le
colocaron una bolsa de plástico que le cubría toda la cabeza, esta bolsa
la apretaban con el fin de que le faltara aire, mientras los policías
judiciales iban redactando su versión de los hechos.
Fueron entre 10 y 12 agentes que lo presionaban, asimismo fue
severamente golpeado en el estómago con franelas mojadas así como en la
cabeza. Recibió también golpes con la mano abierta en la cara, dándole
también patadas en los testículos, los policías judiciales se turnaban
para golpearlo, obligándolo a firmar una declaración autoinculpatoria y
a colocar su huella dactilar. Dentro
de dicha declaración arrancada bajo coacción Alfonso Martín del Campo
Dodd reconoce haber asesinado tanto a su hermana como a su cuñado, señalando
también que trató de aparentar un secuestro para evadir su culpabilidad.
7.
El señor Martín del Campo fue procesado y condenado a 50 años de
prisión por el doble homicidio de su hermana y cuñado.
Los peticionarios alegan que el juicio se llevó a cabo en abierta
violación del debido proceso, fundamentalmente porque la única prueba en
que se sustenta su condena es la declaración que le fue arrancada bajo
tortura y porque no fue asistido por una persona de confianza o abogado.
Las investigaciones internas de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF) iniciadas a instancia de la familia del señor
Martín del Campo determinaron en octubre de 1994 que el agente Sotero Galván
Gutiérrez era responsable administrativamente por lo siguiente:
Haberlo
detenido arbitrariamente y por haberlo golpeado, dejando así de
salvaguardar la legalidad y honradez que debe observar realizando actos
que implicaron abuso o ejercicio indebido de su cargo, por no conducirse
con buena conducta en su empleo, por haber violado otras disposiciones jurídicas
relacionadas con el servicio público como el Manual Operativo de la Policía
Judicial, porque no respetó los principios de legalidad y
constitucionalidad del quejoso, porque no se abstuvo de usar la fuerza y
no salvaguardó los derechos fundamentales [del señor Martín del Campo].
8. Los
peticionarios sostienen que la defensa de la presunta víctima presentó
numerosos recursos en la jurisdicción interna: denuncia penal por tortura
de 11 de mayo de 1995; proceso 57/92 ante el Juzgado 55 Penal contra Alfonso
Martín del Campo Dodd; recurso de apelación ante la Octava Sala del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; juicio de amparo ante la
Octava Sala del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito
Federal; y finalmente, el reconocimiento de inocencia declarado improcedente
por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 6 de abril de
1999. Además presentaron
recursos no jurisdiccionales consistentes en quejas ante la Contraloría
Interna de la PGJDF; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Los peticionarios consideran que las evidencias presentadas en todas
las instancias mencionadas eran suficientemente contundentes como para que
se remediara la situación de Alfonso Martín del Campo Dodd, pero ninguna
de ellas revirtió la injusticia denunciada.
En consecuencia, sostienen que han cumplido con los requisitos que
establecen los artículos 46 y 47 de la Convención Americana a efectos de
la admisibilidad de las peticiones.
B.
El Estado
9.
En su primera respuesta sobre la petición bajo estudio, el Estado
realiza un resumen del trámite de la acción penal contra el señor Martín
del Campo, dentro del cual estima que la defensa de la presunta víctima
tuvo “el derecho de agotar todos los medios de prueba que consideraran
necesarios a fin de desacreditar su probable responsabilidad”.
Agrega que el juez valoró “los elementos a su disposición y con
fundamento en la legislación aplicable...determinó la culpabilidad del
procesado e impuso una sentencia de 50 años de prisión”.
Alude el Estado al recurso de apelación que confirmó la sentencia
recurrida y al amparo interpuesto por la defensa del señor Martín del
Campo, que fue denegado por “inexistencia de violación a garantías”.
El Estado mexicano menciona igualmente el recurso de reconocimiento
de inocencia que fue declarado improcedente el 29 de abril de 1999 y las
quejas ante la CNDH y la CDHDF y cita los trámites realizados y la
documentación que le llevan a la conclusión de que “no hay evidencia médico
legal de que Alfonso Martín del Campo Dodd haya sido objeto de actos de
tortura por parte de servidores públicos”.
10.
La posición del Estado mexicano en su respuesta a la Comisión
Interamericana es que “para
las autoridades jurisdiccionales este asunto ha sentado cosa juzgada”
y que tanto la CNDH como la CDHDF investigaron el asunto y “concluyeron
que no existen elementos que permitan suponer una posible violación de
los derechos humanos del Sr. Martín del Campo”.
(énfasis en el original). El
Estado mexicano pidió que la Comisión Interamericana declarara inadmisible
la petición con base en que no se configuraron posibles violaciones de la
Convención Americana. Dicha
posición fue reiterada en su comunicación de 21 de julio de 2000, en la
cual sostiene que “la CIDH no debe
ser una cuarta instancia adicional a los mecanismos jurisdiccionales de los
Estados” (énfasis en el original) y que la cuestión denunciada a la
Comisión Interamericana ha pasado en autoridad de cosa juzgada según el
artículo 23 de la Constitución Federal mexicana que dispone que “ningún
juicio criminal deberá tener más de tres instancias”.
11.
Sin embargo, en su comunicación de 21 de abril de 2001 a la Comisión
Interamericana, el Estado manifiesta que habían recursos de la jurisdicción
interna pendientes de agotar. Dicha
posición se reitera en la siguiente comunicación de 9 de julio de 2001.
IV.
ANÁLISIS
A.
Competencia ratione personae,
ratione materiae, ratione temporis y ratione
loci de la Comisión Interamericana
12.
Los peticionarios se encuentran
facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar
denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a
personas individuales, respecto a quienes México se comprometió a respetar
y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana.
En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que México es
parte en la Convención Americana desde el 24
de marzo de 1981, fecha en que se depositó el
respectivo instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene
competencia ratione personae para
examinar la petición.
13. La Comisión
tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan
violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían
tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado.
Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione
temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos
protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el
Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición.
Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian
violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
B.
Otros requisitos de
admisibilidad de la petición
a.
Agotamiento de los recursos internos
14.
Se ha planteado en el caso bajo análisis una controversia respecto
al agotamiento de los recursos internos en México, por lo que corresponde a
la Comisión Interamericana una determinación en tal sentido.
15.
En la primera oportunidad procesal que tuvo el Estado mexicano, es
decir en su respuesta de 2 de febrero de 2000 a la petición transmitida por
la Comisión Interamericana, no hizo referencia alguna a recursos internos
pendientes en México. La
segunda oportunidad se verificó en la nota de 21 de julio de 2000, con la
cual respondió a las observaciones de los peticionarios; tampoco en esta
ocasión el Estado planteó la excepción prevista en el artículo 46(1)(a)
de la Convención Americana. El 21 de julio de 2001, en su tercera comunicación a la CIDH
sobre la petición, el Estado sostiene que “como resultado de la audiencia
ante esa Honorable Comisión el 11 de octubre de 2000, quedó de manifiesto
que había recursos de jurisdicción interna que no habían sido agotados en
el presente asunto”.
16.
El Estado alega en tal sentido que los recursos internos han estado
en todo momento disponibles a los peticionarios.
Sostiene que no
se agotaron los recursos internos respecto a los hechos de tortura
denunciados a la CIDH, pues la defensa del señor Martín del Campo Dodd no
interpuso el amparo, recurso idóneo y efectivo para cuestionar la decisión
del Ministerio Público de no ejercitar la acción penal por tales hechos.
Sostiene además que sigue pendiente el
recurso de revisión contra el amparo planteado para revocar la decisión
que rechaza el reconocimiento de inocencia.
El Estado mexicano “se
reserva el derecho de proporcionar
consideraciones adicionales sobre la admisiblidad
de la petición y el
fondo de la misma, una vez que sea resuelto de manera definitiva el juicio de amparo a que se hace referencia”.
17. Los
peticionarios sostienen que la jurisdicción interna en México se agotó
con la sentencia de 29 de abril de 1999 del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal que rechazó el reconocimiento de inocencia de Alfonso
Martín del Campo Dodd. En
cuanto al amparo que fue rechazado y el recurso de revisión contra dicha
decisión, los peticionarios han sostenido en todo momento que siguieron
presentando acciones jurídicas con la salvedad de que no constituían
recursos a ser agotados, de acuerdo a la jurisprudencia del sistema
interamericano en la materia. En
su comunicación de 1°
de octubre de 2001, los peticionarios pusieron en conocimiento de la CIDH
que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito había
emitido el 3 de septiembre de 2001 la sentencia que rechaza el amparo
planteado por los representantes del señor Martín del Campo.
18.
La Comisión Interamericana observa que el Estado mexicano no invocó
en la petición bajo estudio la falta de agotamiento de los recursos
internos en las primeras etapas del procedimiento.
Por el contrario, lo hizo solamente en su tercera presentación a la
CIDH, luego de una audiencia y transcurrido más de un año desde su primera
comunicación sobre el asunto.
19.
La Corte Interamericana ha establecido reiteradas veces que la
excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, para ser
oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta
de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte
del Estado interesado.
Por lo tanto, la Comisión Interamericana considera que el Estado
mexicano renunció en este asunto a la excepción de falta de agotamiento de
los recursos internos, ya que no la presentó dentro de los plazos legales
establecidos, y tampoco lo hizo en la primera oportunidad procesal que tuvo,
es decir, en su respuesta a la petición que dio inicio al trámite.
b.
Plazo de presentación
20.
En la petición bajo estudio, la CIDH ha establecido la renuncia tácita
del Estado mexicano a su derecho de interponer la excepción de falta de
agotamiento de los recursos internos, por lo que no resulta aplicable el
requisito del artículo 46(1)(b) de la Convención Americana.
Sin embargo, los requisitos convencionales de agotamiento de recursos
internos y de presentación dentro del plazo de seis meses de la sentencia
que agota la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si
la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable.
En tal sentido, la CIDH observa que la comunicación original del señor
Martín del Campo Dodd fue recibida el 13 de julio de 1998, con anterioridad
a la interposición del recurso de reconocimiento de inocencia.
En virtud de las circunstancias particulares de la petición bajo análisis,
la CIDH considera que fue presentada dentro de un plazo razonable.
c.
Duplicación de procedimientos y cosa juzgada
21.
El expediente de la petición no contiene información alguna que
pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de
otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente
decidido por la Comisión Interamericana.
Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones
previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención
Americana.
d.
Caracterización de los hechos alegados
22.
La CIDH considera que los hechos alegados, en caso de resultar
ciertos, caracterizarían violaciones de los derechos garantizados en los
artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana.
V.
CONCLUSIONES
23.
La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para
conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad
con los artículos 46 y 47 de
la Convención Americana. Con
fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin
prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:
1.
Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas
violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la
Convención Americana.
2.
Notificar esta
decisión a las partes.
3.
Continuar con el
análisis de fondo de la cuestión, y
4.
Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la
Asamblea General de la OEA.
Dado
y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
la ciudad de Washington, D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2001. (Firmado):
Claudio Grossman, Presidente; Juan E. Méndez, Primer Vicepresidente; Marta
Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta; Hélio Bicudo, Robert K. Goldman,
Peter Laurie, y Julio Prado Vallejo, Comisionados.
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