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...continuación
c.
Violación de los derechos humanos de las víctimas
3.
La Comisión procede ahora a
analizar las violaciones específicas de los derechos consagrados en la
Convención que la desaparición de los señores Pedro Pablo López González,
Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús
Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y
Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More implica, por parte del Estado
peruano.
Derecho a la libertad personal (artículo 7 de la
Convención)
4.
La Convención Americana
establece lo siguiente:
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas
y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas
de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de
su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados
contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o
a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un
juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre
la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto
o la detención fueran ilegales. En
los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera
amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez
o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.
Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas.
Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial
competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.
5.
Una detención es arbitraria e
ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que
establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por
la ley y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de
detención, es decir, cuando se practica para fines distintos a los
previstos y requeridos por la ley. La
Comisión ha señalado también que la detención para fines impropios es,
en sí misma, un castigo o pena que constituye una forma de
pena sin proceso o pena extralegal
que vulnera la garantía del juicio previo.
6.
En el presente caso, los
ciudadanos peruanos Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez,
Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y
Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis
Tarazona More fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por miembros
de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú.
7.
Es necesario tomar en cuenta el
contexto existente en Perú, que afectaba en general a la mayoría de los
Departamentos en donde ocurrieron las detenciones y desapariciones.
Las continuas incursiones de grupos armados habían provocado un
estado de permanente zozobra sobre la población.
Por tal motivo se había declarado en diversos Departamentos el
estado de excepción, lo cual prima facie encontraba justificación en la crisis enfrentada por el
Estado peruano para combatir el terrorismo.
En virtud de tal estado de emergencia, había quedado suspendido en
muchos Departamentos el artículo 2(20)(g),
de la Constitución de Perú de 1979, de manera que las fuerzas militares
estaban legalmente facultadas para detener a una persona sin orden de juez
competente y sin necesidad de que existiera situación de flagrancia.
8.
No obstante la legitimidad prima
facie de esta medida, la facultad de detener no constituye una
facultad ilimitada para las fuerzas de seguridad, por medio de la cual
pueden proceder a detener arbitrariamente a los ciudadanos.
La suspensión de la orden judicial para detener a una persona no
implica que los funcionarios públicos quedan desvinculados de los
presupuestos legales necesarios para decretar legalmente tal medida, ni
que se anulen los controles jurisdiccionales sobre la forma en que se
llevan a cabo las detenciones.
9.
La suspensión de la garantía
a la libertad personal, autorizada por el artículo 27 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, nunca puede llegar a ser total. Existen
principios subyacentes a toda sociedad democrática que las fuerzas de
seguridad deben observar para formalizar una detención, aún bajo estado
de emergencia. Los
presupuestos legales de una detención son obligaciones que las
autoridades estatales deben respetar, en cumplimiento del compromiso
internacional de proteger y respetar los derechos humanos, adquirido bajo
la Convención.
10.
En segundo lugar, con base en
los principios anteriores, la detención policial o militar, como medida
cautelar, debe tener como único propósito evitar la fuga de un
sospechoso de un acto delictivo, y asegurar así su comparecencia ante un
juez competente, para que sea juzgado dentro de un plazo razonable o, en
su caso, puesto en libertad. Ningún
Estado puede imponer penas sin la garantía del juicio previo.
En un Estado constitucional y democrático de derecho, donde se
respeta la separación de poderes, toda pena establecida en la ley debe
ser impuesta judicialmente y tras haberse establecido la culpabilidad de
una persona dentro de un juicio justo con todas las garantías. La
existencia de una situación de emergencia no autoriza al Estado para
desconocer la presunción de inocencia, ni tampoco confiere a las fuerzas
de seguridad el ejercicio de un ius
puniendi arbitrario y sin límites.
11.
En este sentido, el artículo
7(5) de la Convención Americana prescribe que "toda persona detenida
o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad".
El numeral (6) de dicho artículo añade:
"Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir
ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora,
sobre la legalidad de su arresto o detención (...)".
La Comisión también ha señalado que toda persona privada de su
libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente
reconocidos y presentada sin demora, conforme a
su legislación interna, a la autoridad judicial competente.
En caso de que la autoridad incumpla esta obligación legal, el
Estado tiene la obligación de garantizar al detenido la posibilidad de
interponer un recurso judicial efectivo que permita el control judicial
sobre la legalidad de la detención.
12.
La Comisión llega a la
conclusión que el Estado peruano es responsable de la violación del
derecho a la libertad y la seguridad personal al haber sometido a prisión
arbitraria a los ciudadanos peruanos Pedro Pablo López González, Denis
Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo
Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos
Martín y Jorge Luis Tarazona More, y del derecho a recurrir ante un juez
o tribunal competente para que determine sobre la legalidad de su arresto,
violando de esa forma el artículo 7 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Derecho a la integridad personal (artículo 5 de la
Convención)
13.
La Convención Americana
contempla lo siguiente:
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3.
La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado
a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad
posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial
la reforma y la readaptación social de los condenados.
14.
Puesto que la desaparición
forzada involucra la violación de múltiples derechos, queda implícita
la violación al derecho a la integridad personal de los señores Pedro
Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León
Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto
Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More.
15.
En este sentido, la Corte ha
dicho que “el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los
que se ve sometida la víctima (de la desaparición) representan, por sí
mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad
psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye, por su
lado, la violación de las disposiciones del artículo 5 de la Convención
que reconocen el derecho a la integridad personal".
16.
En base a las anteriores
consideraciones la Comisión, con fundamento en los hechos que han sido
presentados, llega a la convicción, por vía de la prueba de presunción,
que los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez,
Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y
Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis
Tarazona More fueron objeto de tortura.
Las condiciones de la detención, manteniendo en la clandestinidad,
incomunicadas y aisladas a las víctimas; la indefensión a que son
reducidas las víctimas al impedírseles y desconocérseles toda forma de
protección o tutela de sus derechos, hacen sumamente factible la aplicación
de torturas sobre las víctimas por parte de las fuerzas armadas, con el
objeto de obtener información sobre grupos o agrupaciones subversivas. De
acuerdo a lo expresado, la Comisión concluye que el Estado peruano violó
el artículo 5 de la Convención, en perjuicio de las víctimas.
Derecho a la vida (artículo 4 de la Convención)
17.
La Convención Americana contempla lo siguiente:
Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir
del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá
imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia
ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que
establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales
no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá
la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos
ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de
setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía,
el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos
en todos los casos. No se
puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de
decisión ante autoridad competente.
18.
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado que la desaparición forzada de personas
implica "con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y
sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el
objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la
impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación
del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención".
La Corte estableció asimismo que el hecho de que una persona esté
desaparecida por siete años es un indicio suficiente para concluir que la
persona fue privada de su vida.
19.
En el caso de los señores
Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro
León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto
Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More ha
quedado establecida su desaparición por agentes estatales, y existen
elementos suficientes para presumir su muerte, considerando que ya han
transcurrido más de siete años de su detención y desaparición, y que
los responsables son agentes del Estado.
20.
Por lo tanto, la Comisión
considera que el Estado peruano violó en perjuicio de las víctimas el
derecho a la vida, que es un derecho fundamental protegido por la Convención
en su artículo 4, conforme al cual "toda persona tiene derecho a que
se respete su vida...nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo
3 de la Convención)
21.
La Convención Americana
establece lo siguiente:
Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
22.
El artículo 3 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica. Cuando los señores Pedro
Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León
Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto
Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More fueron
detenidos por agentes del Estado y luego desaparecidos, fueron excluidos
del orden jurídico e institucional del Estado peruano.
En este sentido, la desaparición forzada de personas significa la
negación de la propia existencia como ser humano revestido de
personalidad jurídica.
23.
Por tanto, la Comisión
encuentra que Perú violó en perjuicio de los señores Pedro Pablo López
González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez,
Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez
y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica, consagrado en el artículo 3 de la Convención.
Derecho a las Garantías Judiciales (artículo 25 de la
Convención)
24.
La Convención Americana establece que:
Artículo 25.
Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales.
2.
Los Estados partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;
b. a desarrollar las
posibilidades de recurso judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
25.
De acuerdo a la información
aportada por las partes, se comprueba que el Estado peruano no ha cumplido
con su obligación de investigar los hechos y de iniciar procedimientos
judiciales en este caso.
26.
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha expresado que los principios de derecho internacional
"no se refieren sólo a la existencia formal de (los) recursos, sino
también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resulta de las
excepciones contempladas en el artículo 46.2".
También ha aclarado que el requisito de un proceso efectivo, y no
formal, implica además de una excepción al agotamiento de los recursos
internos, una violación al artículo 25 de la Convención.
27.
La legislación peruana
establece que en todos los casos de delitos de orden público el
Ministerio Público asume la representación del Estado y de la víctima.
El Ministerio Público tiene la obligación de intervenir en la
investigación del delito y promover la acción penal.
En consecuencia, debe promover y realizar todas aquellas
actuaciones que el caso amerite (ofrecimiento de pruebas, inspecciones, y
cualquier otra) para llegar a establecer la veracidad de la denuncia, y,
en su caso, identificar a los presuntos responsables y acusarlos
criminalmente.
28.
La jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos confirma lo establecido en la legislación
interna cuando se refiere a la obligación de los Estados, y en relación
con lo expuesto en el punto anterior dice que:
"El Estado está en el deber jurídico de (...) investigar
seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima
una adecuada reparación".
29.
El Estado no puede eludir, bajo
argumento alguno, su deber de investigar un caso que involucre la violación
de derechos humanos elementales. La
Corte así lo expresa cuando dice que "la investigación debe
emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de
antemano a ser infructuosa. Debe
tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico
propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa
de la iniciativa de familiares sin que la autoridad pública busque
efectivamente la verdad".
30.
El derecho a ser presentado
ante un juez competente es una garantía fundamental de los derechos de
todo detenido. Como ha señalado
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la supervisión judicial
sobre la detención, a través del habeas
corpus, "cumple una función esencial, como medio para controlar
el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su
desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como
para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes".
31.
Precisamente por este motivo es
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 27,
ha establecido que no pueden suspenderse las garantías judiciales
indispensables para salvaguardar ciertos derechos fundamentales. Como ha
sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos "del
artículo 27.1 se deriva la necesidad genérica de que subsistan medios idóneos
para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se
adecuen razonablemente a la necesidad de la situación y no excedan los límites
estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella".
32.
Asimismo, ha señalado la
Corte: “El carácter
judicial de tales medios implica la intervención de un órgano
independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las
actuaciones que se cumplan dentro del Estado de excepción"
y "[D]ebe entenderse que...
la implantación del estado de emergencia --cualquiera que sea la dimensión
o denominación con que se le considere en el derecho interno-- no puede
comportar la supresión o la pérdida de la efectividad de las garantías
judiciales que los Estados Partes están obligados a establecer, según la
misma Convención, para la protección de los derechos no susceptibles de
suspensión o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia".
33.
Esto incluye también --según
la Corte Interamericana de Derechos Humanos-- el derecho al debido proceso
legal contenido en el artículo 8, que "abarca las condiciones que
deben de cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos
derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".
La Corte ha concluido que "los principios del debido proceso
legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en
cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos
procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías
judiciales".
34.
Las características expuestas
sobre la falta de acceso a recursos internos efectivos contra actos que
violen los derechos fundamentales constituye una violación de los artículos
8 y 25 de la Convención por parte del Estado peruano.
Obligación de respetar y garantizar los derechos
35.
En el presente caso se ha
demostrado que el Estado peruano no ha cumplido con la previsión del artículo
1(1) de la Convención de "respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción", por haber violado los
derechos contemplados en los artículos 7, 5, 4, 3, 8 y 25 de la
Convención.
36.
La primera obligación de los
Estados, emergente del artículo 1(1) de la Convención, es la de respetar
los derechos y libertades de todos los individuos dentro de su jurisdicción.
En relación con esta obligación, la Corte expresó que
"es un principio de derecho internacional que el Estado
responde por los actos de sus
agentes ...por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites
de su competencia o en violación del derecho interno".
Además, establece que "es imputable al Estado toda violación
a los derechos reconocidos por la Convención de los poderes que ostentan
por su carácter oficial".
37.
La Comisión concluye que la
desaparición forzada de los señores Pedro Pablo López González, Denis
Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo
Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos
Martín y Jorge Luis Tarazona More constituye actos
perpetrados por agentes de carácter público, por lo cual el
Estado peruano ha violado los derechos de las víctimas contemplados en el
artículo 1(1) de la Convención, con relación a las violaciones de los
artículos 7, 5, 4, 3, 8 y 25, de la Convención.
38.
La segunda obligación prevista
en el artículo 1(1) es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la Convención. En este sentido la jurisprudencia de la Corte establece:
"Esta obligación implica el deber de los Estados partes de
organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos. Como
consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y
sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención".
39.
El Estado en un caso de
"desaparición forzada" tiene el deber de determinar el destino
y situación de la víctima, sancionar a los culpables e indemnizar a sus familiares. En el caso que nos ocupa, esas
obligaciones no se han cumplido, por lo que la Comisión concluye que el
Estado peruano ha violado el artículo 1(1) de la Convención porque no
garantizó el ejercicio de los derechos y garantías de los señores Pedro
Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León
Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto
Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More.
V.
ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME N°
134/99
76.
La Comisión aprobó el Informe N0 134/99 (artículo 50)
sobre el presente caso el 19 de noviembre de 1999, durante su 105o
período extraordinario de sesiones.
Dicho Informe, con las recomendaciones de la Comisión, se
transmitió al Estado peruano el 20 de diciembre de 1999, a quien se
concedieron dos meses para que cumpliera con las recomendaciones, contados
a partir de la fecha de envío del Informe.
77.
Mediante Nota No 7-5-M/072, de fecha 22 de febrero de
2000, el Estado transmitió a la Comisión sus consideraciones al Informe
No 134/99 y manifestó su desacuerdo con aspectos de hecho y de
derecho reflejados en el mencionado informe, así como con la conclusión
a la que llegó la Comisión. El
Estado insistió en que el peticionario no habría agotado los recursos
internos.
78.
El Estado peruano indicó su discrepancia específica con la
conclusión de la CIDH a que se refiere el párrafo 82 infra,
insistiendo al efecto en que los señores Pedro
Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León
Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto Barrientos Velásquez,
Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Carlos Martín Tarazona More y Jorge
Luis Tarazona More no fueron detenidos por efectivos policiales ni de la
Marina de Guerra del Perú. Agregó que “en consecuencia, no resultan admisibles las
recomendaciones de la CIDH”.
79.
Finalmente el Estado señaló, respecto a las leyes de amnistía
Nos. 26479 y 26492, que “ambas normas fueron aprobadas por el Congreso
de la República en el ejercicio de las funciones que la Constitución política
le confiere, y forman parte de la política de pacificación iniciada por
el Estado peruano”.
80.
La Comisión se abstiene de analizar las reiteraciones del Estado
peruano a argumentos efectuados con anterioridad a la adopción del
referido Informe No 134/99, y sus manifestaciones de desacuerdo
con dicho Informe, pues conforme a lo establecido en el artículo 51(1) de
la Convención, lo que la Comisión debe determinar en esta etapa del
procedimiento es si el Estado solucionó o no el asunto. Al respecto, la
CIDH observa que el Estado peruano no ha cumplido con ninguna de las
recomendaciones que le hizo la Comisión en su mencionado informe No
134/99.
81.
Con respecto al alegato de Perú respecto a que las leyes de amnistía
se ajustan a la Constitución peruana, la Comisión considera importante
recordar al Estado peruano que al ratificar la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, el 28 de julio de 1978, contrajo la obligación de
respetar y garantizar a todos los habitantes de ese país los derechos
consagrados en ella. En
tal sentido, y conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Estado peruano no puede
invocar sus leyes internas como justificación para incumplir las
obligaciones que asumió al ratificar la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. A través
de los años esta Comisión se ha pronunciado en un número de casos
claves en los cuales ha tenido la oportunidad de expresar su punto de
vista y cristalizar su doctrina en materia de aplicación de leyes de
amnistía, estableciendo que dichas leyes violan diversas disposiciones
tanto de la Declaración
Americana como de la Convención.
Estas decisiones, coincidentes con el criterio de otros órganos
internacionales de derechos humanos respecto a las amnistías,
han declarado en forma uniforme que tanto las leyes de amnistía
como las medidas legislativas comparables que impiden o dan por terminada
la investigación y juzgamiento de agentes del Estado que puedan ser
responsables de serias violaciones de la Convención o la Declaración
Americana, violan múltiples disposiciones de estos instrumentos.
Esta doctrina ha sido confirmada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que ha establecido que los Estados partes tienen el
deber de “investigar las violaciones a los derechos humanos, procesar a
los responsables y evitar la impunidad”.
La Corte ha definido la impunidad como la falta de investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables
de las violaciones de los derechos humanos, y ha afirmado que los
Estados tienen la obligación de combatir esta situación por todos los
medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica
de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las
víctimas y sus familiares.
Los Estados partes en la Convención Americana no pueden invocar
disposiciones de su derecho interno, tales como leyes de amnistía, para
incumplir su obligación de garantizar el funcionamiento completo y debido
de la justicia.
VI.
CONCLUSIÓN
82.
La Comisión concluye que el Estado peruano, a través de miembros
de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, detuvo a los
señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez,
Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y
Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis
Tarazona More el día 2 de mayo de 1992, en los Asentamientos Humanos
“La Huaca”, “Javier Heraud”, y “San Carlos”, ubicados en el
Distrito y Provincia de Santa, del Departamento de Ancash, y que
posteriormente procedió a desaparecerlos. Por tanto, el Estado peruano es
responsable por la desaparición forzada de las víctimas antes
identificadas, violando en consecuencia los siguientes derechos: derecho a
la libertad (artículo 7), derecho
a la integridad personal (artículo 5), derecho a la vida (artículo 4),
derecho a la personalidad jurídica (artículo 3) y derecho a un recurso
judicial efectivo (artículo 25) consagrados en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Igualmente, el Estado peruano ha incumplido su
obligación general de respetar y garantizar el ejercicio de estos
derechos consagrados en la Convención, en los términos del artículo
1(1) de dicha Convención.
VII.
RECOMENDACIONES
Con fundamento en el análisis y la
conclusión del presente Informe,
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA
AL ESTADO PERUANO:
1.
Llevar a cabo una investigación
completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de la
desaparición de los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio
Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega
Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y
Jorge Luis Tarazona More, y para sancionar a los responsables con arreglo
a la legislación peruana.
2.
Dejar sin efecto toda medida
interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la
investigación, el procesamiento y la sanción de los responsables de la
desaparición forzada de los señores Pedro Pablo López González, Denis
Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo
Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos
Martín y Jorge Luis Tarazona More. En
tal virtud, el Estado debe dejar sin efecto las Leyes Nos. 26479 y 26492.
3.
Adoptar las medidas necesarias
para que los familiares de los señores Pedro Pablo López González,
Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús
Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y
Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More reciban adecuada y oportuna
reparación por las violaciones aquí establecidas.
VIII.
PUBLICACIÓN
83.
El 4 de octubre de 2000, la Comisión transmitió el informe 58/00
--cuyo texto es el que antecede-- al Estado peruano y al peticionario, de
conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención, y
le otorgó un plazo adicional al Estado para el cumplimiento de las
recomendaciones precedentes. En
fecha 20 de noviembre de 2000, Perú remitió una comunicación a la
Comisión en la cual señaló que “el Estado peruano (…) está diseñando
una solución integral a casos incluidos en esta problemática. Para tal
efecto, el Estado, conjuntamente con los Grupos Políticos de Oposición y
representantes de la Sociedad Civil se encuentran, en el marco de la Mesa
de Diálogo auspiciada por la OEA, sosteniendo conversaciones tendientes a
elaborar e implementar una política de Reconciliación Nacional, la cual
incluirá, entre otros, temas como aquél materia del presente caso”.
Sin embargo, el Estado, en dicha comunicación, no acreditó haber
cumplido con las recomendaciones efectuadas por la Comisión.
84. En virtud de las
consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3)
de la Convención Americana y 48 de su Reglamento, la Comisión decide
reiterar la conclusión y las recomendaciones contenidas en los capítulos
VI y VII supra; hacer público
el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General
de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará
evaluando las medidas adoptadas por el Estado peruano respecto a las
recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido cumplidas.
Dado y firmado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a
los 4 días del mes de diciembre de 2000. (Firmado): Hélio Bicudo,
Presidente; Claudio Grossman, Primer Vicepresidente; Juan Méndez, Segundo
Vicepresidente; Comisionados: Robert
K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.
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