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INFORME
N° 63/01
CASO 11.710
CARLOS MANUEL PRADA GONZÁLEZ Y EVELIO ANTONIO BOLAÑO CASTRO
COLOMBIA
6 de abril de 2001
I.
RESUMEN
1.
El 9 de diciembre de 1996, la Corporación Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo presentó una petición ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) en
contra de la República de Colombia (en adelante, “el Estado”, “el
Estado colombiano”, o “Colombia”) en la cual se alega que el 23 de
septiembre de 1993 miembros del Ejército ejecutaron extrajudicialmente a
Carlos Manuel Prada González y Evelio Antonio Bolaño Castro[1]
quienes se encontraban en la ciudad de Blanquicet, Departamento de Antioquia,con el fin de negociar la desmovilización de miembros del grupo
armado disidente Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se habían
sumado a la militancia de la agrupación política Corriente de Renovación
Socialista (CRS) en el contexto de negociaciones de paz.
2.
Los peticionarios alegan que el Estado incumplió su obligación de
respetar y garantizar los derechos a la vida, la integridad personal y la
protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención Americana”).
El Estado, por su parte, presentó información sobre el
procesamiento de un número de miembros del Ejército acusados en el ámbito
de la justicia penal militar.
3. Tras analizar
los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes, la Comisión
concluyó que el Estado era responsable por la violación de los artículos
4, en perjuicio de Evelio Antonio Bolaño Castro, 4 y 5 en perjuicio de
Carlos Manuel Prada González, y 8(1), 25 y 1(1) en perjuicio de ambas víctimas.
II.
TRÁMITE SOBRE EL
FONDO E INTENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA
4.
La Comisión abrió el caso N° 11.710 el 17 de diciembre de 1996 y
lo declaró formalmente admisible el 25 de septiembre de 1998.[2]
En su Informe sobre Admisibilidad, la Comisión se puso a disposición
de las partes con el fin de llegar a una solución amistosa del asunto.
5.
El 20 de enero de 1999 los peticionarios se dirigieron a la Comisión
con el fin de manifestar que la solución amistosa del asunto debía basarse
en: (1) el reconocimiento de responsabilidad del Estado; (2) el traslado de
la investigación de la justicia penal militar a la justicia ordinaria; (3)
la constitución de un comité para asegurar la reparación de los derechos
violados, incluyendo la indemnización de los familiares de las víctimas,
la reparación del daño social y la reparación política a la Corriente de
Renovación Socialista (agrupación a la cual pertenecían las víctimas);
(4) la recuperación de la memoria histórica de las víctimas; y (5) la
revisión de la investigación penal y el diseño de estrategias para
impedir que casos similares se repitan en el futuro; y (6) el
establecimiento de medidas de protección para los familiares y testigos.
6. El 2 de marzo
de 1999 se celebró una audiencia sobre el presente caso en el marco del 102°
período ordinario de sesiones de la CIDH.
Durante el curso de la audiencia un representante de la Unidad de
Derechos Humanos dependiente de la Fiscalía General de la Nación, quien
hacía parte de la delegación del Estado, se comprometió a estudiar la
posibilidad de plantear una colisión de competencias con el fin de que se
remitiera el procesamiento de los acusados por la muerte de las presuntas víctimas
de la jurisdicción militar a la ordinaria.
El 22 de abril de 1999, en Santafé de Bogotá, una delegación de la
CIDH mantuvo una reunión con el entonces Ministro de Defensa y el
Comandante General de las FFAA, en la cual se hizo referencia al contenido
del Informe 84/98 y a la
importancia de que la causa relativa a la muerte de las presuntas víctimas
fuese examinada ante la justicia ordinaria, en el marco del intento de
solución amistosa del caso 11.710.
7.
El 1° de octubre de 1999, en el marco del 104° período ordinario
de sesiones de la CIDH, se celebró una segunda audiencia con el fin de
continuar con el intento de solucionar el caso de manera amistosa.
En el curso de la audiencia, el Estado informó que el 9 de
septiembre de 1999 el Consejo Nacional de la Judicatura había decidido
desestimar la colisión de competencia planteada por la Fiscalía Nacional
conforme al compromiso asumido en la audiencia del 2 de marzo de 1999. El 13 de octubre de 1999 el Estado aportó copias de la
decisión proferida por el Consejo Nacional de la Judicatura.
8. El 13 de
diciembre de 1999 el Estado se dirigió a la Comisión con el fin de
presentar información actualizada sobre el avance de los procesos internos
relacionados con el presente caso. Asimismo expresó que, en vista de las circunstancias
procesales, la cuestión de la jurisdicción para el juzgamiento de los
presuntos responsables no podría ser materia de solución amistosa.
No obstante esto, el Estado expresó su voluntad de continuar con el
intento de solución amistosa. En
la audiencia celebrada el 2 de marzo de 2000, en el marco del 106° período
ordinario de sesiones, los peticionarios solicitaron se diera por concluido
el intento de solución amistosa del caso con el fundamento de que no
correspondía perseguir una solución de este tipo, a menos que contemplara
la protección del derecho a la justicia.
Solicitaron también un pronunciamiento sobre el fondo y que el caso
fuera elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
9. El 8 de febrero
de 2000 los peticionarios presentaron información adicional sobre el caso,
la cual fue debidamente transmitida al Estado.
El 10 de marzo de 2000, el Estado presentó las observaciones
correspondientes.
III.
POSICIONES DE LAS PARTES
A.
Posición del peticionario
10.
Los peticionarios alegan que miembros del Batallón de Infantería N°
31”Voltígeros” del Ejército Nacional colombiano ejecutaron
extrajudicialmente a los señores Prada González y Bolaño Castro el 23 de
septiembre de 1993 en Blanquicet, Municipio de Urabá, Departamento de
Antioquia, y que ese delito permanece impune.
11.
Los peticionarios alegan que las presuntas víctimas se trasladaron a
Blanquicet el lunes 20 de septiembre de 1993 en compañía de un
representante de la Oficina de la Presidencia con el fin de llevar a cabo
gestiones vinculadas a la desmovilización de un sector del ELN que se habían
sumado a la militancia de la agrupación política CRS.
El martes 21 de septiembre, los señores Prada González y Bolaño
Castro se dirigieron a un grupo de residentes de Blanquicet con el fin de
informarles que tanto el Gobierno civil como el Ejército colombiano estaban
enterados de la presencia de militantes de la CRS en la zona y que la ciudad
había sido escogida como punto de coordinación para su transferencia a la
localidad Flor del Monte.
12.
Los peticionarios alegan que efectivos militares se hicieron
presentes en Blanquicet y persiguieron a las presuntas víctimas por el
campo y una vez que éstas se entregaron con las manos en alto, y encontrándose
el señor Prada González flameando su camisa blanca en señal de tregua e
intentando explicar su presencia en la localidad, el señor Bolaño Castro
fue ejecutado de un tiro a la cabeza y su compañero obligado a cargar el
cuerpo sin vida hasta el costado de la carretera, donde fue también
ejecutado. Los peticionarios
alegan que estos hechos constituyen una grave violación de los artículos
4(1) y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
13.
Asimismo, los peticionarios alegan que la asunción de la jurisdicción
para el juzgamiento de los miembros del Ejército presuntamente responsables
por parte de la justicia penal militar, viola el artículo 8(1) de la
Convención Americana toda vez que esta instancia interna no reúne los
requisitos de independencia e imparcialidad allí requeridos, dado que no
forma parte de la rama jurisdiccional, depende del Ejecutivo y opera, por
expreso mandato legal, bajo el principio de la jerarquía militar.
También alegan la violación del artículo 25 de la Convención
Americana toda vez que se impidió a los representantes de las víctimas
acceder a un recurso judicial efectivo para proteger sus derechos.
B.
Posición del Estado
14.
El Estado alega que la investigación judicial por la muerte de las
presuntas víctimas, a cargo de la justicia penal militar, se encuentra
pendiente de resolución y que, por lo tanto, no se encuentra dispuesto a
reconocer su responsabilidad en los hechos alegados por los peticionarios.
En este sentido, presentó información sobre el procesamiento de un
número de oficiales del Ejército ante la jurisdicción penal militar y la
jurisdicción disciplinaria.
15.
El Estado reconoce que la Procuraduría General de la Nación ha
determinado la participación de miembros de las Fuerzas Militares en los
hechos que desembocaron en la muerte de las presuntas víctimas.[3]
Sin embargo, considera que la cuestión de la determinación de la
jurisdicción para el juzgamiento de los responsables es “un asunto
estrictamente jurídico y del resorte exclusivo de órganos judiciales
independientes, respecto de cuyas decisiones no tienen ni pueden tener
injerencia alguna las autoridades de la rama ejecutiva”.
En ese sentido, señala que la Fiscalía General de la Nación reclamó
en su oportunidad competencia para instruir el proceso penal y que el
Consejo Superior de la Judicatura decidió en favor de la Justicia Penal
Militar.
IV.
ANÁLISIS
A. Análisis sobre
los hechos
16.
Según se desprende de las pruebas recopiladas por las autoridades
judiciales y disciplinarias, aportadas por ambas partes, el 20 de septiembre
de 1993 los señores Prada González y Bolaño Castro se trasladaron a la
localidad de Blanquicet en compañía del señor Ernesto Parada Malavar,
representante de la Oficina de la Presidencia.
Las presuntas víctimas vestían de civil y portaban revólveres
pequeños para defensa personal. El
Coronel Becerra y el Mayor Clavijo, quienes en aquella época comandaban la
base del Ejército de la municipalidad de Carepa, posteriormente afirmaron
que el señor Ernesto Prada Malavar no les informó sobre la presencia de
representantes de la CRS en la zona y que tampoco les indicó cuál era el
motivo de su viaje. Sin
embargo, todo indica que los señores Prada González y Bolaño Castro se
dirigieron a Blauquicet con el convencimiento de que tanto el Gobierno civil
como el Ejército estaban enterados de la presencia de militantes de la CRS
en la zona, como parte de un proceso de desmovilización de un sector del
ELN, y que no había razón para temer que se suscitaran confrontaciones
armadas.
17.
Según confirman las declaraciones de testigos, el miércoles 22 de
septiembre, poco después de las 17:00 horas los señores Prada González y
Bolaño Castro, al percatarse de la irrupción de efectivos del Ejército en
la zona, hicieron un intento infructuoso de diálogo, tras lo cual
intentaron evadir a sus captores. Aproximadamente
a 400 metros decidieron detenerse con el fin de ensayar un nuevo intento de
diálogo. Según la declaración
de testigos, el señor Prada González se quitó su camisa color blanca, con
el fin de agitarla en señal de tregua.
18.
Elementos de prueba aportados por ambas partes, concretamente los
testimonios que constan en el proceso ante la jurisdicción disciplinaria,
indican que por lo menos dos testigos presenciaron la captura de los señores
Prada González y Bolaño Castro[4].
Según los testimonios recogidos, las presuntas víctimas se
entregaron a los efectivos del Ejército con las manos en alto, tras lo cual
un soldado ejecutó al señor Bolaño Castro de un disparo al cráneo.
Acto seguido, el señor Prada González fue obligado a cargar el
cuerpo del señor Bolaño Castro en dirección a la carretera, tras lo cual
fue también ejecutado. Los
testigos coinciden en que no se produjo intercambio de fuego alguno entre
las presuntas víctimas y el Ejército.
19.
El 23 de septiembre, los cuerpos fueron transportados al hospital de
Chigorodó por miembros del Ejército.
Uno de los occisos se encontraba con el torso desnudo.
Junto a él se hizo entrega de una camisa blanca, sin manchas de
sangre. Posteriormente los especialistas forenses concluyeron que los dos
hombres habían fallecido por causa de heridas de bala que no habían
ocurrido en combate.[5]
20.
Según surge de los elementos aportados por las partes, el 23 de
septiembre de 1993, el Auditor Auxiliar 10 de Guerra, situado en Carepa,
Antioquia y adscrito a la XVII Brigada del Ejército colombiano, inició una
investigación preliminar sobre la muerte de los señores Prada González y
Bolaño Castro. El 3 de enero
de 1994, el Juez 2 de Instrucción Penal Militar asumió la responsabilidad
de la investigación preliminar y el 18 de enero de 1994 vinculó al Capitán
Néstor Vargas Morales por el delito de encubrimiento y al Teniente José
Miguel Velandia, Sargento Luis García, Cabos José Herrera, Wilder Calambas
Peneche, José Manuel Arana Rojas, Ciro Antonio Duarte Sandoval y José
Joaquín Herrera Suárez, y los soldados rasos Albeiro Fernando Jiménez,
Edgar Tovar Florez, Carlos Martínez Rojas, Jorge Restrepo Díaz, Ever López
Arrieta, Misael Oyola de los Reyes, Santiago Hoyos Sierra, Jaime de Jesús
Acevedo Franco, Carlos Jaramillo Rico, Argemiro Arroyo Varilla y Manuel
Chiquillo Caraballo, por el delito de homicidio.
21.
El 19 de enero de 1994 los peticionarios solicitaron al tribunal
militar autorización para incorporarse al proceso como parte civil.
Dicha solicitud fue denegada el 28 de enero de 1994 y, en esa misma
fecha, el Juez de Instrucción Penal Militar decidió no presentar cargos
contra los efectivos vinculados así como contra otros tres oficiales de
bajo rango y catorce soldados rasos implicados.
El 15 de julio de 1994 el Juez invalidó los procedimientos
realizados hasta esa fecha. Finalmente
el 15 de noviembre de 1994, el Tribunal presentó cargos contra el Capitán
Néstor Vargas Morales por el delito de encubrimiento y contra el Teniente
José Miguel Velandia, el Sargento Luis García, el Cabo José Herrera y los
soldados rasos José Jiménez, Edgar Tovar Florez, Carlos Martínez Rojas y
Jorge Restrepo Díaz, por el delito de homicidio y ordenó la detención
preventiva de los acusados. Sin
embargo, el 21 de junio de 1995 el Tribunal Superior Militar revocó la
orden de detención preventiva emitida por el Tribunal Militar de menor
jerarquía y ordenó la libertad incondicional e inmediata de los acusados.
22.
El 18 de octubre de 1996, el Juez de Primera Instancia, General de
División Iván Ramírez Quintero, cerró el proceso contra todos los
acusados. Sin embargo, el 24 de
julio de 1997 el Tribunal Superior Militar revocó en parte la orden del
tribunal de menor jerarquía. El
Tribunal Superior ratificó el cierre del proceso contra los cabos Wilder
Calambas Peneche, José Arana Rojas, Ciro Duarte Sandoval y José Herrera Suárez
y los soldados rasos Ever López Arrieta, Misael Oyola de los Reyes,
Santiago Hoyos Sierra, Jaime Acevedo Franco, Carlos Jaramillo Rico, Argemiro
Arroyo Varilla y Manuel Chiquillo Caraballo.
Al mismo tiempo, el Tribunal Superior Militar ordenó que continuara
el proceso penal contra el Capitán Néstor Vargas Morales, el Teniente José
Velandia Mora y el Sargento Luis García por el delito de encubrimiento y
contra los soldados rasos Albeiro Fernando Jiménez, Edgar Tovar Florez,
Carlos Martínez Rojas y Jorge Restrepo Díaz, por el delito de homicidio más
allá de la defensa propia.
23.
El 8 de agosto de 1997 la causa fue devuelta al Juez de Primera
Instancia y Comandante de la Primera División del Ejército. El 3 de febrero de 1998 los peticionarios solicitaron
nuevamente su incorporación al proceso, esta vez de manera exitosa.
El 17 de febrero de 1998 la parte civil solicitó la declaración de
incompetencia del Juez de Primera Instancia, con fundamento en la decisión
del Tribunal Constitucional del 5 de agosto de 1997, que excluía de la
jurisdicción militar a los delitos de extrema gravedad perpetrados por
miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, solicitud que fue
denegada. El Tribunal opinó
que la muerte de los señores Prada González y Bolaño se había producido
en combate, y estaba íntimamente vinculada al servicio militar, dado que
habían ocurrido durante un operativo militar.
24. Convocado el
Consejo Verbal de Guerra y efectuadas las audiencia respectivas entre el 1°
y el 6 de abril de 1998, la primera División del Ejército Nacional con
sede en Santa Marta dictó la absolución de los procesados Edgar Fabian
Tovar Flórez, Albeiro Fernando Jiménez Jiménez, Carlos Augusto Martínez
Rojas y Jorge Jesús Restrepo Díaz por el delito de homicidio. Asimismo, se
absolvió al Capitán Nestor Raúl Vargas Morales, Teniente José Miguel
Velandia Mora y Sargento Segundo Luis Eduardo García, por el delito de
encubrimiento y ordenó la cesación de todo procedimiento contra Tobar Flórez,
Jiménez Jiménez, Martínez Rojas y Restrepo Díaz, por el homicidio de
Carlos Prada González.[6]
El 25 de agosto de 1998, el Tribunal Superior Militar, previo
concepto del Ministerio Público, resolvió declarar la nulidad de todo lo
actuado a partir de la convocatoria al Consejo Verbal de Guerra.
25. El 25 de marzo
de 1999, la Coordinación de Fiscalías de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación informó a la Primera División
del Ejército Nacional que le correspondía adelantar la investigación
penal contra Jiménez Jiménez, Martínez Rojas, Tovar Flórez y demás
militares implicados en la muerte de las presuntas víctimas.
Asimismo señaló que en caso de no ser aceptada su solicitud se
propondría el conflicto positivo de competencias ante el Consejo Superior
de la Judicatura. El 4 de junio
de 1999 la Primera División del Ejército rechazó la solicitud de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y remitió el expediente al Consejo
Nacional de la Judicatura con el fin de que dirimiera el conflicto.
El 9 de septiembre de 1999 la Sala Jurisdiccional y Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura resolvió la colisión de competencias en
favor de la justicia penal militar.
26.
Asimismo, el 25 de agosto de 1999 el Tribunal Superior Militar
resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la convocatoria
al Consejo Verbal de Guerra y ordenó la práctica de pruebas adicionales.[7]
El 22 de diciembre de 1999 el Comandante de Primera División del Ejército
resolvió convocar un Consejo de Guerra sin Intervención de Vocales.[8]
La Comisión ha tomado conocimiento de que el 5 de agosto de 2000 el
Consejo de Guerra decidió absolver a los imputados y ordenar la cesación
de todo procedimiento.[9]
B.
Derecho
27.
La Comisión pasa a analizar las alegaciones de hecho y de derecho
referidas a la presunta violación del derecho a la integridad física, la
vida y la protección judicial de Carlos Manuel Prada González y Evelio
Antonio Bolaño Castro.
1. El derecho a la
vida y la integridad personal
28.
Los peticionarios alegan que en el presente caso el Estado es
responsable por la violación del artículo 4 de la Convención Americana.
Esta norma establece que toda persona tiene derecho a que se respete
su vida y que nadie puede ser privado de la vida en forma arbitraria.
29.
A este respecto, el comandante del operativo militar que culminó con
la muerte de los señores Prada González y Bolaño Castro, justificó los
decesos como muertes en combate. El
Consejo Superior de la Judicatura aceptó esta hipótesis al decidir la
colisión de competencias planteada por la Fiscalía General de la Nación
en favor de la justicia penal militar.
30.
La Comisión nota, sin embargo, que los elementos probatorios
recaudados por la Fiscalía señalan que las víctimas se encontraban bajo
el control efectivo de agentes del Estado y en estado de indefensión, al
momento de su muerte. Éstos no
sólo se encontraban fuera de combate sino que no hay evidencia de que en
algún momento hubiesen entrado en combate con el Batallón Voltígeros o
que hayan tenido la intención de hacerlo al momento de ocurrir los hechos
materia del presente caso. Por
el contrario, todo indica que su misión como negociadores de paz de la CRS
los llevó a abstenerse de llevar acabo cualquier acto hostil o de provocación.
31.
Los testimonios brindados por los testigos presenciales indican que
las víctimas se entregaron con las manos en alto a los efectivos del Ejército
involucrados, quienes ejecutaron al señor Bolaño Castro de un disparo en
el cráneo. El señor Prada
González fue obligado a cargar el cuerpo sin vida de su compañero, tras lo
cual también fue ejecutado. Según
se señalara supra las pruebas
forenses practicadas por la Fiscalía confirman que las víctimas no
murieron en combate sino que fueron baleadas desde menos de un metro y medio
de distancia. Según sostuviera
la Fiscalía
[..]
los esquemas de trayectoria de los proyectiles elaborados por el médico que
practicó la necropsia, junto con los diagramas allegados por la Oficina de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación,
corroboran la ciencia del dicho de los dos testigos presenciales de que
estos fueron ejecutados después de que se entregaron al Ejército Nacional.[10]
32.
Sobre la base de estos elementos de prueba, la Comisión no puede
sino concluir que las víctimas se encontraban indefensas y bajo el control
efectivo del Ejército al momento de su muerte y que no existía justificación
alguna para privarlas de su vida a la luz de las normas del derecho
internacional vigentes. En este
sentido cabe señalar que el maltrato intencional y, aun más, la ejecución
extrajudicial de personas que se encuentran en poder de una de las partes en
cualquier tipo de conflicto armado, se encuentra absolutamente prohibida en
cualquier circunstancia a la luz de las consideraciones fundamentales de
humanidad reflejadas en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra[11].
Los hechos probados en el presente caso con relación a las
circunstancias en las cuales fueron ejecutadas las víctimas, por lo tanto,
constituyen una privación arbitraria de la vida en los términos del artículo
4 de la Convención Americana.
33. Los
peticionarios han alegado asimismo que las circunstancias de la ejecución
involucran la violación del artículo 5 de la Convención Americana, el
cual establece:
nadie
debe ser sometido a [..] tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.
En el presente caso, las declaraciones de
testigos indican que tras presenciar la ejecución del señor Bolaño
Castro, el señor Prada González fue obligado a cargar el cuerpo sin vida
de su compañero con el temor cierto de que también perdería su vida a
manos del Ejército, en total estado de indefensión, como efectivamente
ocurrió.
34. A pesar de que
no constan en el expediente alegaciones o pruebas que indiquen que el señor
Prada González haya sido objeto de maltrato físico antes de su ejecución,
los hechos que la precedieron permiten inferir el padecimiento de
sufrimiento psicológico y moral. En este sentido cabe señalar que tanto la Corte Europea de
Derechos Humanos como la Corte Interamericana han señalado que en ciertos
casos la amenaza de tortura, en sí misma, puede constituir una violación
del derecho al trato humano previsto ya sea en el artículo 3 de la Convención
Europea o en su símil, el artículo 5 de la Convención Americana,
respectivamente.[12]
En el presente caso, la Comisión considera que las circunstancias
que precedieron la ejecución del señor Prada González constituyeron un
anuncio o amenaza real e inminente de que sería privado de su vida de
manera arbitraria y que éstas, de por sí, constituyen trato inhumano en
los términos del artículo 5 de la Convención Americana en perjuicio de la
víctima.
35.
Por lo tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que
anteceden, la Comisión concluye que el Estado violó el artículo 4 de la
Convención Americana en perjuicio de Evelio Antonio Bolaño Castro y los
artículos 4 y 5 de la Convención Americana en perjuicio de Carlos Manuel
Prada González.
2.
El derecho a la debida protección judicial
36.
El peticionario alega que el Estado no ha cumplido con sus
obligaciones conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Corresponde entonces a la Comisión determinar si la
actividad judicial emprendida por los órganos del Estado en el presente
caso –que se ha extendido por siete años y se ha desarrollado ante la
justicia militar—satisface los estándares establecidos en la Convención
Americana en materia de protección judicial.
37.
El artículo 8(1) de la Convención Americana establece que:
Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial [..] para la determinación de sus derechos y obligaciones [..]
de cualquier [..] carácter.
El artículo 25 de la Convención Americana
establece que:
1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.
2.
Los Estados Parte se comprometen a:
a.
a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso;
b.
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c.
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
38.
En los casos en los cuales la violación de un derecho protegido
tiene como consecuencia la comisión de un ilícito penal en el ámbito del
derecho interno, las víctimas o sus familiares tienen derecho a que un
tribunal penal ordinario determine la identidad de los responsables, los
juzgue e imponga las sanciones correspondientes.[14]
No cabe duda que estos casos requieren de la sustanciación de un
proceso penal que incluya una investigación y sanciones penales, así como
la posibilidad de obtener una reparación.
39. Según surge de
la determinación de los hechos supra,
los procesos emprendidos en el ámbito interno con el fin de investigar la
ejecución extrajudicial de las víctimas y juzgar a los miembros del Ejército
involucrados se han sustanciado y se continúan sustanciando ante la
justicia penal militar, a pesar de los intentos de impulsar el traslado de
la causa a la justicia ordinaria. Inicialmente,
el 17 de febrero de 1998 la parte civil solicitó la declaración de
incompetencia del Juez de Primera Instancia y Comandante de la Primera
División del Ejército, solicitud que fue denegada con el argumento de que
la muerte de los señores Prada González y Bolaño Castro se encontraba íntimamente
vinculada al servicio por haber ocurrido durante un operativo militar.
40.
Una vez declarado admisible el presente caso por la CIDH, se planteó
una nueva colisión de competencias en el ámbito interno a instancias de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos dependiente de la Fiscalía General de
la Nación. En esa oportunidad,
la Fiscalía fundamentó su solicitud en que
los
Comandantes de la Patrulla del Ejército [..] tenían el deber legal y
constitucional de poner a disposición de las autoridades judiciales a
Tapias Ahumada [o Prada González] y a Bolaño Castro una vez se rindieron y
no permitir la ejecución judicial del primero una vez fue capturado, para
luego poner al segundo de los subversivos a cargar el cadáver de su compañero
hasta una vía carreteable en donde posteriormente fue ajusticiado [..] en
los esquemas de trayectoria de los proyectiles elaborados por el médico que
practicó la necropsia, junto con los diagramas allegados por la Oficina de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación,
corroboran la ciencia del dicho de los dos testigos presenciales de que
estos fueron ejecutados después de que se entregaron al Ejército Nacional.
[..] Así las cosas, no se puede aceptar que este hecho ocurrió eventual o
circunstancialmente en cumplimiento de la función militar, porque la acción
de haber ejecutado a Geniberto Tapias [o Prada González] (sic) una vez se
rindió y seguidamente obligar a su compañero Evelio Antonio Bolaño (sic),
a cargar el cadáver hacia una carretera en donde posteriormente fue
ejecutado, demuestra una ideación y una planeación del acto criminoso de
tal gravedad y magnitud que rompe todo nexo con la actividad relacionada con
el servicio.[15]
Sin embargo, el 9 de septiembre de 1999 la Sala Jurisdiccional y
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura rechazó la solicitud y
confirmó la jurisdicción de la justicia militar con el fundamento de que
los acusados se encontraban cumpliendo funciones inherentes a su condición
de miembros del Ejército al momento de producirse los hechos y que, a pesar
de la prueba producida por Fiscalía, las víctimas habían sido dadas de
baja en combate.[16]
41.
A este respecto, la Comisión debe reiterar una vez más que, por su
naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los estándares
de independencia e imparcialidad requeridos por el artículo 8(1) de la
Convención Americana, y que resultan del todo aplicables al presente caso.
La falta de idoneidad de los tribunales penales militares colombianos
como foro para examinar, juzgar y sancionar casos que involucran violaciones
de los derechos humanos ya ha sido materia de pronunciamiento por parte de
la Comisión:
El
sistema de la justicia penal militar tiene varias características
singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial
en esta jurisdicción. En primer lugar, el fuero militar no puede ser
siquiera considerado como un verdadero sistema judicial. El sistema de
justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado colombiano.
Esta jurisdicción es operada por las fuerzas de la seguridad pública y, en
tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo.
Quienes toman las decisiones no son jueces de la carrera judicial y
la Fiscalía General no cumple su papel acusatorio en el sistema de la
justicia militar.[17]
Asimismo,
la Corte Interamericana ha expresado recientemente que
En
un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener
un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de
intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley
asigna a las fuerzas militares. Así,
debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento
de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o
faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios
del orden militar.[18]
42.
Según ya ha señalado la CIDH en decisiones anteriores, la Corte
Constitucional de Colombia misma se ha pronunciado sobre la jurisdicción de
los tribunales militares para examinar casos relativos a violaciones de
derechos humanos. A este
respecto ha señalado que:
Para
que un delito se ubique dentro de la competencia del sistema de justicia
penal militar, debe haber un claro vínculo desde el comienzo entre el
delito y las actividades del servicio militar.
Es decir, el acto punible debe darse como un exceso o abuso de poder
que ocurra en el ámbito de una actividad directamente vinculada a la función
propia de las fuerzas armadas. El
vínculo entre el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio
militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de
delitos contra el género humano. En
estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia
civil.[19]
43.
La Comisión considera que la ejecución extrajudicial de Carlos
Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño Castro por parte de miembros del Ejército
no puede considerarse como una actividad legítima, vinculada a la función
propia de las Fuerzas Armadas. En
este caso la gravedad de la violación del derecho a la vida y la integridad
personal de las víctimas, ejecutadas extrajudicialmente a pesar de no
oponer resistencia a su captura, hace inapropiado el juzgamiento de los
responsables en el ámbito de la jurisdicción militar.
44. La Convención
Americana impone a los Estados la obligación de prevenir, investigar,
identificar y sancionar a los autores y encubridores de violaciones de los
derechos humanos. Según ha señalado
la Corte Interamericana
el
artículo 25 con relación al artículo 1(1) obliga al Estado a garantizar a
toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a
un recurso rápido y sencillo para lograr que los responsables de las
violaciones de derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación
del daño sufrido. Como ha
dicho esta Corte, “el artículo 25 constituye uno de los pilares básicos,
no sólo de la Convención Americana sino del propio Estado de Derecho en
una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.[20]
En este sentido, el contenido del artículo 25 guarda estrecha relación con
el artículo 8(1) que consagra el derecho de toda persona a ser oída con
las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal
independiente e imparcial y confiere a los familiares de las víctimas el
derecho a que la muerte de sus seres queridos sea efectivamente investigada
por las autoridades, se siga un proceso judicial contra los responsables, se
impongan las sanciones pertinentes y se reparen los perjuicios sufridos.[21]
45.
En el presente caso el Estado no ha arbitrado los medios necesarios
para cumplir con su obligación de investigar la ejecución extrajudicial de
las víctimas, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a los
familiares de las víctimas. La
ejecución de los señores Prada González y Bolaño Castro permanece en la
impunidad lo cual, según ha señalado la Corte, “propicia la repetición
crónica de las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión
de las víctimas y sus familiares”.[22]
46.
La Comisión considera también que el Estado ha incumplido su
obligación de garantía conforme al artículo 1(1) de la Convención
Americana, conforme a la cual los Estados partes deben asegurar el ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la Convención a las personas
bajo su jurisdicción. Se trata
de una obligación que involucra el deber de organizar el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales
se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos. Es como
consecuencia de esta obligación que los Estados partes tienen el deben jurídico
de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos
protegidos en la Convención Americana.[23]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que:
Si
el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se
restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus
derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre
y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.[24]
En el
presente caso, transcurridos ya siete años, el Estado aun no ha cumplido en
forma efectiva con su deber de juzgar y sancionar a los responsables por la
ejecución extrajudicial de las víctimas y reparar a sus familiares.
47.
Por lo tanto la Comisión, con base en los elementos de hecho y de
derecho arriba expuestos, concluye que el Estado ha incumplido con su
obligación de investigar la ejecución de las víctimas y juzgar a los
responsables conforme a los estándares previstos en los artículos 8(1) y
25 de la Convención Americana, así como su deber de asegurar el
cumplimiento con sus obligaciones conforme al artículo 1(1) de ese Tratado.
V.
ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME 77/00 APROBADO CONFORME AL ARTÍCULO
50 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
48.
El 4 de octubre de 2000 la Comisión aprobó el Informe 77/00
conforme al artículo 50 de la Convención Americana.
En dicho Informe la Comisión concluyó que agentes del Estado
ejecutaron extrajudicialmente a Carlos Manuel Prada González y Evelio
Antonio Bolaño Castro y que como consecuencia el Estado es responsable por
la violación de los artículos 4, en perjuicio de Evelio Antonio Bolaño
Castro, 4 y 5 en perjuicio de Carlos Manuel Prada González, y 8(1), 25 y
1(1) en perjuicio de ambas víctimas y sus familias. Asimismo recomendó al
Estado: (1) Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva
en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los
responsables de la ejecución extrajudicial de Carlos Manuel Prada y Evelio
Antonio Bolaño Castro; (2) Adoptar las medidas necesarias para que los
familiares de las víctimas reciban adecuada y oportuna reparación por las
violaciones aquí establecidas; (3) Adoptar las medidas necesarias para dar
pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional
colombiana y por esta Comisión en materia de investigación y juzgamiento
de casos similares por la justicia penal ordinaria.
El 30 de octubre de 2000 la Comisión transmitió dicho Informe al
Estado con un plazo de dos meses para dar cumplimiento a sus recomendaciones.
49.
El 29 de diciembre de 2000 el Estado se dirigió a la Comisión con
el fin de solicitar una prórroga,[25]
la cual fue concedida hasta el 19 de enero de 2001.
El 19 de enero de 2001 el Estado se dirigió a la Comisión con el
fin de informar que
Una
vez consultadas las entidades competentes, el Gobierno colombiano tiene el
honor de presentar [..] el proyecto que adelantará con el fin de satisfacer,
si es del caso, los requerimientos de justicia, verdad y reparación en cada
caso, en concordancia con la legislación nacional.[26]
El mencionado proyecto indica que el Estado ha considerado pertinente
solicitar al Defensor del Pueblo la elaboración de un informe especial
antes del 21 de agosto de 2001 “a fin de propender por el cumplimiento de
las recomendaciones contenidas [..] en el marco de las facultades legales y
constitucionales vigentes en nuestro país”.[27]
Conforme indica el citado proyecto, el Defensor del Pueblo elaboraría
su informe teniendo en cuenta la opinión de las partes en el proceso ante
la CIDH, las víctimas o sus beneficiarios, las autoridades judiciales y
administrativas que conocieron en los procesos correspondientes, la CIDH y
las personas e instituciones cuya opinión considere pertinente. El proyecto indica que el Defensor fijaría los plazos y las
modalidades para el cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones de su
propio informe final el cual sería también sometido a consideración de un
Comité Intersectorial de Derechos Humanos.
El proyecto indica que el Estado “se compromete a atender las
conclusiones y recomendaciones del Informe Final del Defensor“.
50.
La Comisión toma nota del contenido del proyecto presentado por el
Estado en respuesta al Informe 77/00, aprobado conforme al artículo 50 de
la Convención Americana, en el presente caso.
Asimismo aprecia su voluntad de “atender a las recomendaciones de
la Comisión” a través de la evaluación que de las conclusiones del
Informe 77/00 eventualmente llevaría a cabo la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, la respuesta del Estado no refleja la adopción de
medidas concretas o la asunción de compromisos ciertos y expresos con
relación al cumplimiento con las recomendaciones emitidas por la Comisión.
Por lo tanto ésta debe proseguir con el trámite del caso conforme
al artículo 51 de la Convención Americana.
VI.
CONCLUSIONES
51.
En vista de los antecedentes de hecho y de derecho analizados supra, la Comisión reitera sus conclusiones en el sentido de que
agentes del Estado ejecutaron extrajudicialmente a Carlos Manuel Prada González
y Evelio Antonio Bolaño Castro y que como consecuencia el Estado es
responsable por la violación del artículo 4, en perjuicio de Evelio
Antonio Bolaño Castro, y del artículo 4 y 5 en perjuicio de Carlos Manuel
Prada González, y 8(1), 25 y 1(1) en perjuicio de ambas víctimas y sus
familias.
VII.
RECOMENDACIONES
52.
En vista de las consideraciones precedentes
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES AL ESTADO COLOMBIANO:
1.
Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la
jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables
de la ejecución extrajudicial de Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño
Castro.
2.
Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas
reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí
establecidas.
3.
Adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la
doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por esta
Comisión en materia de investigación y juzgamiento de casos similares por
la justicia penal ordinaria.
VIII.
PUBLICACIÓN
53.
El 28 de febrero de 2001 la Comisión transmitió el presente Informe
al Estado colombiano de conformidad con el artículo 51 de la Convención
Americana y le otorgó un plazo de un mes contado a partir de la fecha de
envío para presentar información sobre el cumplimiento con las
recomendaciones precedentes. En
esa misma fecha, la Comisión también transmitió el informe a los
peticionarios. El 28 de enero
de 2001 el Estado solicitó una prórroga.
Ese mismo día la Comisión extendió el plazo por siete días.
54.
El 3 de abril de 2001 el Estado se dirigió a la Comisión con el fin
de referirse nuevamente al mecanismo de cumplimiento propuesto como
respuesta al informe adoptado conforme al artículo 50 de la Convención
Americana (ver supra párrafos 49
y 50). Así mismo, señaló que
"hará seguimiento al cumplimiento con las recomendaciones dirigiendo
sus esfuerzos hacia el impulso a las investigaciones y procedimientos que se
encuentren pendientes de decisión en cada caso, y someterá antes las
instancias contempladas en la Ley 288 de 1996, el estudio valorativo
tendiente a buscar una adecuada indemnización".
55.
En virtud de las consideraciones que anteceden, y de los dispuesto en
los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 del Reglamento de la
Comisión, ésta considera oportuno reiterar las conclusiones y
recomendaciones contenidas en los capítulos VI y VII supra;
hacer público el presente Informe e incluirlo en su Informe Anual a la
Asamblea General de la OEA. La
CIDH, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos que rigen
su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado
colombiano respecto de las recomendaciones mencionadas, hasta que éstas
hayan sido cumplidas por dicho Estado.
Dado y firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la ciudad de Santiago, Chile, a los 6 días del mes de abril de 2001.
(Firmado:) Claudio Grossman, Presidente; Juan E. Méndez, Primer
Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta; Comisionados Hélio
Bicudo, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.
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Corte I.D.H. Caso Velásquez
Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de
1987, párrafo 91.
Corte I.D.H. Caso Velásquez
Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 166.
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