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continuación
Derecho
a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la integridad física (artículo
I de la Declaración)
137.
El artículo I de la
Declaración dispone que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”.
Las víctimas Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton
Gomes da Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderlei Galati, todas ellas, en la
época de su muerte, de menos de 30 años de edad, eran trabajadores o
estudiantes, fueron abordados durante sus actividades rutinarias y
ejecutados extrajudicialmente por agentes de la policía militar.
Cláudio Aparecido de Moraes, Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, Celso
Bonfim de Lima y Marcos Almeida Ferreira sufrieron en las mismas
circunstancias atentados contra sus vidas con daño a su integridad
personal. Esas violaciones
ocurrieron en distintos incidentes acaecidos en el
período comprendido entre marzo de 1982 y agosto de 1989.
138.
La Comisión debe considerar si la acción de los agentes
de la seguridad pública que costó la vida o la integridad física de las
víctimas apuntaba a la necesidad de evitar un delito mayor o fue la práctica
de un acto de legítima defensa. Para
ello, se tuvieron en cuenta
los “Principios básicos sobre el uso de la fuerza y de las armas
de fuego por agentes de la ley” de las Naciones Unidas, que definen
claramente los casos en que su uso es legítimo.
Aunque el Estado no ha invocado este argumento de defensa, la
Comisión entiende que corresponde hacer referencia al mismo.
139.
En ninguno de los ocho casos en consideración existe
prueba alguna que sustente la aceptabilidad de la fuerza en los términos
de los principios mencionados ni prueba alguna de que los jóvenes contra
los que se disparó estuviesen armados o constituyesen una amenaza de
muerte tanto para los agentes como para otras personas.
Por el contrario, en los casos en cuestión existen testimonios de
que las víctimas ni siquiera habían cometido ni estaban por cometer ilícito
alguno. Ello indica que la
actuación policial, más que desproporcionada, fue injustificada.
140.
Los datos suministrados indican que, en todos lo casos en
que los cuerpos no fueron ocultados, los agentes policiales simularon
enfrentamientos directos entre las víctimas y la fuerza policial,
inclusive alegando que se habían producido tiroteos, para encubrir los
actos de violencia que habían practicado gratuitamente.
Se observa que en ocho casos aquí examinados, se registran cinco
muertos y tres heridos, lo que constituye un saldo estremecedor aún en
situaciones de enfrentamiento, que en estos casos está probado
judicialmente no lo fueron. Este
número concuerda con investigaciones realizadas en Brasil, señalados por
la Comisión en sus informes generales sobre Brasil, que indican que en
casos de enfrentamiento entre agentes policiales y civiles el número de
muertos es siempre ampliamente superior al de los heridos, lo que indica
en términos generales que la policía brasileña “tira a matar” y no
para someter a los sospechosos.
141.
Los agentes acusados alegan en relación con varias de las
víctimas que habrían sido confundidas con acusados o buscados por la
comisión de actos delictivos, para justificar su actuación. Sin embargo, aún siendo este el caso, las pruebas demuestran
el desprecio más absoluto a la presunción de inocencia y que las víctimas
ni siquiera pudieron defenderse en manera alguna, ni fueron llevadas a una
dependencia policial para los trámites que fueran adecuados, y que los
testimonios y laudos forenses verifican
ejecuciones o violaciones a la integridad, efectuadas sumariamente.
142.
Los casos aquí examinados denotan una enorme gravedad al
comprobarse que en las investigaciones, como se señaló, se llegó a la
conclusión de que no existió enfrentamiento alguno entre los jóvenes y
los agentes de la policía. Las
víctimas no estaban cometiendo actos delictivos, y sus muertes se
produjeron sin ningún motivo aparente (como en los casos de Clarival y
Delton) o por motivos absolutamente fútiles (Wanderlei Galati), encontrándose
las víctimas indefensas, bajo el control y custodia policial.
Las pruebas presentadas señalan tanto la arbitrariedad del
abordaje como de las agresiones, sean fatales o no fatales.
143.
Las circunstancias en que ocurrieron los crímenes por los
policías indican un cuadro general de falta de idoneidad, descontrol e
indisciplina en la actuación de los encargados de mantener el orden y la
seguridad en el Estado de São Paulo y la práctica consciente y espontánea
de actos de brutalidad.
144.
El período transcurrido entre los
ocho casos aquí analizados (1982-1989) demuestra ese panorama de
violencia. Se comprueba que
en uno de estos casos -el de Marcos de Assis Ruben- los agentes de la
policía acusados fueron denunciados en la misma época por el homicidio
de otras siete personas, en circunstancias semejantes. Estos datos confirman la conclusión de que la detención y
ejecución arbitrarias practicadas por los agentes de la policía militar
constituían una práctica común en el Estado de São Paulo en aquel
período.
145.
La Comisión, en casos anteriores, ya se pronunció en
contra de tales prácticas, que constituyen una de las violaciones sistemáticas
del derecho a la vida y a la integridad personal más abominable, e
implica el incumplimiento por el Estado de su obligación de garantizar
los derechos de sus ciudadanos. Al
analizar los casos, la Comisión consideró como elementos centrales de
convicción las declaraciones y las pruebas emanadas de los respectivos
procesos judiciales. La
Comisión recuerda ese cuadro general a efectos de dejar en claro que
estos no son casos aislados y anómalos sino que, más bien, son un
ejemplo de una actitud sistemática adoptada en la época por algunos
agentes de la policía.
146.
Sobre la base de las declaraciones y las pruebas que
constan en los expedientes de los casos y que fueron antes brevemente
descritas, la Comisión considera que existen pruebas claras y
contundentes que llevan a la plena convicción de que los agentes de la
policía de São Paulo violaron el derecho a la vida de Aluísio
Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da Mota, Marcos de Assis
Ruben, Wanderlei Galati, Cláudio Aparecido de Moraes, y el derecho a la
integridad personal de Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, Celso Bonfim de Lima
y Marcos Almeida Ferreira, lo cual caracteriza la violación por el Estado
del artículo I de la Declaración.
Garantías y protección judiciales (artículos 8 y 25)
147.
El Brasil depositó
su instrumento de adhesión a la Convención Americana el 25 de septiembre
de 1992. Los procesos
judiciales relacionados con los casos aquí analizados fueron efectuados
antes de esa fecha y hacen referencia a delitos cometidos a fines de la década
del ochenta. Sin embargo, los
procesos judiciales se prolongaron por varios años después de la entrada
en vigor de la Convención para Brasil, y en algunos casos aún continúan.
Una situación como esta que comienza como violación de los artículos
XVIII de la Declaración y luego cabe dentro de las violaciones
contempladas por los artículos 8 y 25 de la Convención, ha sido
interpretada reiteradamente por la Comisión como una violación
continuada. Sobre la base de
este entendimiento, la Comisión considera que se aplica a los procesos
pendientes en cada Estado miembro a la fecha de entrada en vigor allí de
la Convención, las garantías en ésta previstas.
Como lo aclara en su Informe conjunto de admisibilidad de los ocho
casos aquí analizados, la Comisión tiene competencia en ellos para
decidir sobre la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana.
148.
El artículo XVIII de la Declaración señala que:
Toda persona
puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el
cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.
En el mismo sentido, los artículos 8 y 25 de la Convención
otorgan a toda persona el derecho de acceso a los recursos judiciales
cuando sus derechos fueran violados y a ser oída por una autoridad o
tribunal competente. El artículo
25 de la Convención dispone lo siguiente:
Toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Respecto a la competencia de la Justicia Militar
149.
En todos estos casos ha
intervenido la Justicia Militar, tanto en la investigación y en la
acusación como en el juzgamiento. Ello
surge tal como lo señaló la Comisión en su Informe Especial de 1997,
La Justicia Militar Estatal es competente para
procesar y juzgar a los integrantes de las policías militares acusados de
cometer crímenes, definidos como militares, contra la población civil.
Es decir, que este fuero se regula por el derecho penal militar (Código
Penal Militar, CPM), propio de los militares, que contiene normas
sustantivas de Derecho Penal y que constituye un "complejo de normas
jurídicas destinado a asegurar la realización de los fines esenciales de
las instituciones militares, cuyo objetivo principal es la defensa de la
Patria". En este fuero prevalecen "la jerarquía y la disciplina".
Se regula, asimismo, por el Código de Proceso Penal Militar (CPPM)
que contiene normas de derecho formal o adjetivo. La nueva Ley 9.299/96
pone bajo jurisdicción ordinaria penal los casos de delitos contra la
vida con intención dolosa, pero mantiene el resto de la competencia de la
justicia militar sobre la policía.
Se trata de un orden normativo especial, con
principios y directivas propias, en el cual la mayoría de sus normas se
aplican solamente a los militares y a civiles que cometen crímenes contra
las instituciones militares, a diferencia de lo que sucede en el derecho
penal común, en el que sus normas son aplicables a todos los ciudadanos.
150.
La misma competencia
ocurre respecto al poder de promover la acción penal pública y la
investigación. En efecto,
Como un rezago de su creación bajo el régimen
militar, corresponde al Ministerio Publico Militar Estadual, la
competencia para promover la acción penal pública frente a la Justicia
Militar, y posee además, entre otras atribuciones, la de instaurar la
investigación policial-militar y ejercer el control externo de la
actividad de la policía militar. Esto
significa, a juicio de la Comisión, una falla crítica del sistema de
garantías de la acción policial, pues se quita del ministerio público
civil el control de la acción policial común (a cargo de las llamadas
policías "militares") que son justamente aquellas a las cuales
se atribuye el mayor número de violaciones a los derechos humanos.
151.
La Comisión indicó en su
Informe especial citado que este fuero especial para la policía surgió
durante el período del régimen militar en Brasil, en 1977 a través de
una enmienda constitucional (Nº 7 de 1977) y a raíz de ella el Tribunal
Supremo Federal cambió de criterio y consideró que la Justicia Militar
Estatal era competente para juzgar a los policías “militares”.
Señaló entonces la Comisión que:
Este cambio fundamental en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo Federal trajo como consecuencia el aumento de los crímenes
cometidos por policías militares que quedaron en la impunidad.
152.
Tal como se indicó entonces:
Los procesos ante los tribunales militares muchas
veces demoran años, debido, entre otras cosas, al recargo de trabajo, a la
escasez de jueces y fiscales, a las excesivas formalidades en los
procedimientos y a los incidentes dilatorios.
La Comisión ha podido establecer que estos tribunales tienden a
ser indulgentes con los policías acusados de abusos de los derechos
humanos y de otras ofensas criminales, lo que facilita que los culpables
queden en la impunidad.
En este clima de impunidad que propicia la violencia por parte de la corporación
policial militar, los policías involucrados en este tipo de actividad
se ven alentados a intervenir en ejecuciones extrajudiciales, en el abuso
de los detenidos y en otros tipos de actividad delictiva. La violencia se
ha extendido eventualmente a los fiscales cuando han insistido en
continuar las investigaciones de los crímenes cometidos por policías
"militares", quienes han sido objeto de amenazas, y aún de
amenazas de muerte. Tampoco
es extraño que testigos llamados a declarar en contra de los policías
procesados reciban amenazas intimidatorias.
En una carta dirigida a la Comisión en 1996,
el Centro "Santos Dias" expresa al respecto:
En las investigaciones (inquéritos)
militares, formalizadas en los órganos de Justicia Militar, la
parcialidad en favor de los policías incriminados, en la mayoría de
los casos, es escandalosa, hasta el punto de transformar a las víctimas
en reos. Es también muy común
la intimidación de los testigos, cuyas deposiciones judiciales son
tomadas en presencia de los policías acusados.
En estas condiciones, no es de extrañar la frecuencia con que se
determina el archivo de las investigaciones por motivo de deficiencia de
las pruebas. Si cumplida esta
etapa acaso llegase a presentarse o acogerse una denuncia, surgirían
nuevas dificultades en la marcha del proceso, deliberadamente moroso y
lleno de incidentes dilatorios: demora en la constitución de los consejos,
aplazamientos sucesivos motivados por pequeños defectos formales, etc.
Así, no es de extrañar que una
instrucción se arrastre por cuatro o cinco años,
o indefinidamente, por tiempo suficiente para apagar el recuerdo de los
hechos en las páginas de los periódicos y en la memoria de las personas.
Pasado tanto tiempo, las familias de las víctimas ya han perdido la
esperanza, los testigos han cambiado de domicilio, y las evidencias
probatorias ya se han desvanecido.
153.
La Comisión reitera su
convicción de que juzgar delitos comunes como si fueran militares por el
solo hecho de haber sido ejecutados por militares, es violatorio de la
garantía de un tribunal independiente e imparcial. Para fundamentar su
argumento invoca un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas; los principios fundamentales tercero y
quinto de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial; el artículo
16(4) de los Estándares Mínimos de Normas de Derechos Humanos en Estados
de Emergencia (París, 1984), y finalmente, la doctrina de la misma Comisión
Interamericana.
Respecto a la investigación, proceso y sanción en los casos bajo análisis
154.
Como lo señaló antes la Comisión, cuando, como ocurre en
los casos de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da
Mota, Marcos de Assis Ruben y Wanderley Galati, la víctima no se
encuentra en condiciones de procurar una reparación judicial, el derecho
a recorrer esa vía se transfiere necesariamente a sus familiares.
La Comisión llegó a la conclusión de que las víctimas y/o sus
familiares tienen derecho a una investigación judicial, a cargo de un
tribunal de la justicia penal, con objeto de establecer la responsabilidad
y sancionar a los culpables en los casos de violación de los derechos
humanos. Véanse, en general,
los informes Nº 28/92 (Argentina y 29/92 (Uruguay)) del Informe Anual de
la CIDH 1992-93, OEA/Ser.L/V/II.83, doc. 14 corr.1, del 12 de marzo de
1993, páginas 51-53 y 169-174. Ese
derecho emana de la obligación del Estado de “investigar seriamente,
por los medios a su alcance, las violaciones cometidas en el ámbito de su
jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, imponerles las
sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación”.
Caso Velásquez Rodríguez /Méritos), supra,
párrafo 174.
155.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció
como sigue en relación con la obligación del Estado de investigar los
hechos violatorios de los derechos humanos protegidos por la Convención:
La obligación
de investigar es, al igual que la de prevenir, una obligación de medio o
comportamiento que no es incumplida sólo por el hecho de que la
investigación no produjo resultados satisfactorios. Corresponde que la misma sea iniciada con seriedad y no como
mera formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener sentido y ser asumida por el Estado como un deber
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares,
que depende de la iniciativa procesal de la víctima o sus familiares o de
la contribución privada de elemento probatorio, sin que la autoridad pública
procure efectivamente la verdad.
156.
Los peticionarios informaron que las autoridades judiciales,
por falta de diligencia, no tomaron providencias para proseguir el
procesamiento de los autores de los delitos antes mencionados, a pesar de
las pruebas claras que constaban en las declaraciones de víctimas y
testigos y de los resultados de las pericias forenses que claramente
indicaban la práctica de delitos graves.
157.
Los procesos fueron extremadamente lentos, comprobándose
la reiterada suspensión de audiencias y su postergación, la declaración
de nulidad de pruebas y la anulación de diversos actos procesales, lo que
llevó a un desarrollo demasiado lento de los procedimientos. Ello determinó que varios de los juicios se realizaran
varios años después de cometidos los delitos, y que algunos de los
testigos fueran oídos sobre hechos que habían presenciado hacía más de
cinco años. El transcurso de
un lapso semejante incide en la ineficacia de la protección judicial ya
tan tardíamente obtenida.
158.
Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
establecen que las garantías y la protección judiciales, garantizadas
por el Estado en virtud de ese instrumento internacional, deben
materializarse dentro de un plazo razonable.
Para determinar la razonabilidad, la
Comisión debe proceder a analizar globalmente la investigación policial
aludida.
159.
Tanto la Comisión y la Corte Europea de Derechos Humanos
como la Comisión Interamericana establecieron una serie de criterios o
consideraciones que deben tenerse en cuenta para determinar si en el caso
objeto de consideración existió atraso o no injustificado en la
administración de justicia, “lo que no impedirá que, si corresponde, sólo
pese uno de ellos”.
Estos son los criterios establecidos por la doctrina para
determinar la razonabilidad del plazo: 1. La complejidad del caso.
2. La conducta de la parte perjudicada en relación con su
cooperación en el desarrollo del proceso.
3. La forma en la cual se tramitó la etapa de instrucción del
proceso. 4. La actuación de
las autoridades judiciales.
160.
A los efectos de un análisis adecuado de la complejidad
del caso, es necesario referirse a los antecedentes del mismo:
la violación del derecho a la vida y la integridad personal.
En consecuencia, corresponde evaluar objetivamente las características
de los delitos cometidos y las condiciones personales de sus presuntos
autores. En un único caso
estamos ante dos supuestos delitos, uno de homicidio y otro de intento de
homicidio. En los demás
casos, los procesos involucran la ocurrencia de una única figura penal.
En todos los casos los delitos fueron practicados en circunstancias
definidas y sencillas, con diversos testimonios y pericias forenses que se
utilizaron como medios probatorios. Tales
características denotan que no existió complejidad en los casos en
consideración.
161.
De acuerdo con información en poder de la Comisión,
algunos de los procesos penales aún están pendientes de una decisión
judicial definitiva.
162.
En el Brasil, los delitos practicados en los ocho casos aquí
analizados son procesados por la vía de acciones penales públicas, cuya
competencia es exclusiva del Ministerio Público Militar, no existiendo
para las partes perjudicadas oportunidad de intervenir en cuanto al
desarrollo de los procesos.
163.
La lentitud de las investigaciones y su realización por la
propia policía militar apuntan a irregularidades en la realización de
las indagatorias policiales pertinentes y en la etapa de instrucción
procesal.
164.
Por último, la ya mencionada anulación de actos
procesales y la reiterada suspensión de audiencias y la postergación en
la publicación de sentencias, entre otros demuestran desatención y
negligencia en el desarrollo rápido y efectivo de los procesos penales
por parte de las autoridades judiciales involucradas.
165.
Por todo lo antedicho, la Comisión considera que la
ineficacia, negligencia u omisión en el desarrollo de las investigaciones
y los procesos por parte de la Justicia Militar de São Paulo, lo que culminó en una demora
injustificada en la conclusión de los procesos, no sólo exime a los
peticionarios de la obligación de agotar los recursos de la jurisdicción
interna, según consta en la parte relativa a la admisibilidad, sino que
también infringe el artículo XVIII de la Declaración y los artículos 8
y 25 de la Convención, al privar a los familiares de las víctimas del
derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable por la vía de un
recurso sencillo y rápido. El
artículo 1(1) de la Convención establece que los Estados partes de la
misma se comprometen a respetar los derechos y libertades en ella
reconocidos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
sujeta a su jurisdicción.
IV. ACTUACIONES
POSTERIORES AL INFORME 74/00
166.
La Comisión aprobó el Informe N0 74/00 sobre el presente
caso el 3 de octubre de 2000, durante su 108o período de
sesiones. Dicho informe se trasmitió al Estado con
fecha 14 de noviembre de 2000, concediéndole un plazo de dos meses para
dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas, e informó a los
peticionarios de la aprobación de un informe bajo el artículo 50 de la
Convención. Pasado el plazo
concedido, la Comisión no ha recibido respuesta del Estado respecto a
dichas recomendaciones, por lo que la CIDH considera que dichas
recomendaciones no han sido cumplidas
V.
CONCLUSIONES
167.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera al Estado
de Brasil las siguientes conclusiones:
1.
La Comisión reitera su conclusión de que tiene
competencia para conocer de este caso y de que la petición de denuncia es
admisible, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la
Convención Americana.
2.
En base a los datos y al análisis anteriormente descritos,
la Comisión reitera su conclusión de que la República Federativa del
Brasil es responsable de la
violación del derecho a la vida, la integridad y la seguridad personales
(artículo I de la Declaración Americana), del derecho a las garantías y
la protección judiciales (artículo XVIII de la Declaración y artículos
8 y 25 de la Convención), y por la obligación que tiene el Estado de
garantizar y respetar los derechos (artículo 1(1)) reconocidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el
homicidio de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da
Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y en relación con las
agresiones e intentos de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso
Bonfim de Lima y Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro,
practicados todos por agentes de la policía militar del Estado de São
Paulo, así como de la falta de investigación y sanción efectiva de los
responsables.
VI.
RECOMENDACIONES
168.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera al Estado
brasileño las siguientes recomendaciones:
1.
Que el Estado brasileño lleve a cabo una investigación
seria, imparcial y eficaz de los hechos y circunstancias en que se produjo
la muerte de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da
Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y las agresiones y
tentativas de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso Bonfim de
Lima y Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, procese a
los responsables y los sancione debidamente.
2.
Que dicha investigación incluya las posibles omisiones,
negligencias y obstrucciones de la justicia que hayan tenido como
consecuencia la falta de condena definitiva de los responsables,
incluyendo las posibles negligencias e incorrecciones del Ministerio Público
y de los miembros del Poder Judicial que puedan haber determinado la
no-aplicación o reducción del carácter de las condenas correspondientes.
3.
Que se tomen las medidas necesarias para concluir, con la
mayor brevedad posible y en la más absoluta legalidad, los procesos
judiciales y administrativos referentes a las personas involucradas en las
violaciones indicadas anteriormente.
4.
Que el Estado brasileño repare las consecuencias de las
violaciones de los derechos de las víctimas y sus familiares o a quienes
tengan derecho, por los daños sufridos mencionados en este informe.
5.
Que se tomen las medidas necesarias para abolir la
competencia de la Justicia Militar sobre delitos cometidos por policías
contra civiles, tal como lo proponía el proyecto original presentado
oportunamente para la revocación del literal f) del artículo 9 del Código
Penal Militar, y se apruebe en cambio el párrafo único allí propuesto.
6.
Que el Estado
brasileño tome medidas para que se establezca un sistema de supervisión
externa e interna de la Policía Militar de Río de Janeiro,
independiente, imparcial y efectivo.
7.
Que el Estado
brasileño presente a la Comisión dentro de los sesenta días de
transmisión del presente, un informe sobre cumplimiento de
recomendaciones con el objeto de aplicar lo dispuesto en el artículo
51(1) de la Convención Americana.
VII.
PUBLICACIÓN
169.
El 12 de marzo de 2001 la
Comisión remitió este Informe al Estado brasileño de acuerdo con el artículo
51 de la Convención, concediendo el plazo de un mes a contar de su envío
para que fuesen cumplidas las recomendaciones arriba indicadas. Vencido
este plazo, la Comisión no ha recibido respuesta alguna del Estado a este
respecto. Igualmente dicho
informe fue enviado reglamentariamente a los peticionarios.
170.
En virtud de las consideraciones anteriores y de conformidad con
los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 de su Reglamento, la
Comisión decide reiterar las conclusiones y recomendaciones de los párrafos
1 y 2, haciendo público este informe e incluyéndolo en su Informe Anual
a la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
a los 16 días del mes de abril de 2001. (Firmado): Claudio Grossman,
Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta Altolaguirre,
Segunda Vicepresidenta; Comisionados Robert K. Goldman, Peter Laurie y
Julio Prado Vallejo.
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Véase Vicenzo Manzini, Diritto
penale militare, Padova, 1932, año x, pág. 1 e Ildefonso M.
Martínez Múñoz, Derecho Militar y derecho disciplinario militar,
Buenos Aires, 1977, Nº 20 y 87, págs. 36 y 194, op. cit por
Jorge Alberto Romeiro, Curso de Direito Penal Militar (Parte Geral), pág. 1, Ed. Saraiva (1994).
Reinhart Maurach, Deutsches Strafrecht, ein Lehrbuch, Allgemeiner
Teil, Karlsruhe, 1971, § 8, IV, c, p. 93-4: "O direito
penal especial de maior importância prática é o direito penal
militar" (Das praktisch wichtigste Sonderstrafrecht ist das
Wehrstrafrecht) Manzini, Diritto penale militare, cit., p. 2;
Giuseppe Ciardi, Istituzioni di diritto penale militare, Roma,
s.d., v. 1 p. 12; Rodolfo Venditti, Il diritto penale militare nel
sistema penale italiano, Milano, 1978, p. 23-5; e Heleno Cláudio
Fragoso, Licões de direito penal; parte geral, Rio de
Janeiro, Forense, 1980, p.5. Op.cit. Curso de Direito Penal
Militar, parte geral, Jorge Alberto Romeiro.
Se indica que al final de 1992, había 14,000 casos pendientes en
cuatro cortes de São Paulo que tenían únicamente un fiscal. HUMAN RIGHTS WATCH/AMERICAS, Final Justice, supra
nota 18, pág. 41 (1994).
EMBAJADA DE BRASIL, SOCIETY,
CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS IN CONTEMPORARY BRAZIL, pág. 19
(1995).
En marzo de 1982, la Orden de Abogados de Brasil, Sección de São
Paulo, afirmaba que la causa principal del aumento de muertes causadas
por los policías militares era la impunidad generada por el sistema
especial de justicia utilizado para su juzgamiento. (Folha
de São Paulo del 7 de marzo de 1982) CONSELHO
ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, Por Uma Nova Política
de Segurança E Cidadania, Comissão Permanente de Justiça,
Segurança E Questão Carcerária, Série Documentos-1, pág. 14
(1994).
Véase COUNTRY REPORTS ON
HUMAN RIGHTS PRACTICES FOR 1990, Report Submitted to the Committee
on Foreign Affairs, House of Representatives, and the Committee on
Foreign Relations, U.S Senate, by the Department of State, pág.
332 (1994).
Véase HUMAN RIGHTS
WATCH/AMERICAS, Final Justice, supra nota 18, págs.
41-42 (1994).
Se entiende por instrucción criminal la etapa procesal destinada a
recoger los elementos probatorios a fin de que el Consejo de Justicia
pueda formar su propio criterio con respecto a los hechos. Se inicia
con el interrogatorio del acusado (artículo 404 del Código de
Procedimiento Penal Militar - CPPM) y sigue hasta los alegatos finales
(artículo 428 del mismo Código).
Carta del "Centro Santos Dias" de Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de São Paulo, dirigida a la Secretaría Ejecutiva de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (29 de junio de 1994).
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