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MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMENTARIOS DE LA MISIÓN
PERMANENTE DE ECUADOR EN OCASIÓN Washington DC, 27 de Abril de 2006
Señor Presidente de la CIDH, señor Secretario Ejecutivo, Señor Presidente de la CAJP, señores Representantes:
En primer lugar agradezco al Presidente de la Comisión, doctor Evelio Fernández, a los demás Comisionados, así como a la Secretaría Ejecutiva por la elaboración de este informe anual que será sometido a la consideración de la próxima Asamblea General de la OEA.
El Ecuador, al conocer el Proyecto de Informe General sobre la situación de los Derechos Humanos en mi país, formuló una serie de comentarios. Expreso mi reconocimiento a la Secretaría Ejecutiva por recoger parte de dichas observaciones, y por haber formulado varias modificaciones, necesarias, al texto original.
En esta ocasión, el Gobierno ecuatoriano reitera que el criterio en el que la Comisión basa su decisión de emitir un Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, centrado en los hechos que vivió el país desde el mes de diciembre de 2004 hasta el 20 de abril de 2005, configurada por la CIDH como una “grave crisis institucional que justifica la preocupación de la Comisión”, no tiene la debida consistencia.
La Comisión, en efecto, tiene como función principal, de acuerdo con la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y por lo tanto, no es una Comisión de Verificación Democrática. Las crisis institucionales, esencialmente políticas, son examinadas por los órganos políticos de la OEA, que son los competentes. Aunque con retardo esos órganos entraron a funcionar una vez que el Ecuador, por vez primera en la historia de nuestra Organización Regional pidió la aplicación del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, y desde allí partió, con el respeto al principio de no intervención, un amplio dialogo, que permitió el retorno a la plena normalidad institucional instrumentada por el Gobierno del Presidente Alfredo Palacio, quien llegó al Poder en virtud de la sucesión consagrada en la Carta Política del Estado. El Consejo Permanente de la OEA en su resolución CP/RES 883, de 20 de mayo del 2006, dio el respaldo de los Estados Miembros al Gobierno y al pueblo del Ecuador por su determinación para promover una verdadera y sólida democracia.
En este sentido, me congratulo que el Informe de la Comisión reconozca que “la asunción de un nuevo Gobierno, así como las iniciativas adoptadas desde su llegada al poder, el 20 de abril, constituyen un signo positivo”.
Y así es. La determinación a que alude la resolución 883, se ha visto plasmada a través de diversas acciones, entre las que destaco las siguientes:
Las funciones del Estado y los órganos judiciales han sido reconstituidos siguiendo procedimientos ceñidos estrictamente a las normas jurídicas, luego de la crisis por la que atravesaron como consecuencia de acciones arbitrarias ejecutadas por el régimen anterior. Al respecto, cabe resaltar que en el mes de noviembre de 2005, fueron posesionados los nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como culminación de un proceso inédito, que garantizó un claro y riguroso proceso de selección, que contó con el aval de veedores nacionales e internacionales y el apoyo especial de la OEA y personal de su Secretario General. La nueva Corte, a su vez, seleccionó por concurso público a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura y éste ha abierto un concurso de merecimientos para escoger la terna de la cual el Congreso Nacional designará al nuevo Ministro Fiscal General del Estado.
El Tribunal Supremo Electoral ha sido integrado de acuerdo a lo que dispone la Carta Constitucional vigente y como una muestra del empeño del Gobierno ecuatoriano por llevar adelante, con sujeción a las normas jurídicas internas, un proceso electoral libre y transparente mediante el cual el pueblo ecuatoriano, en el curso del presente año, elegirá a los nuevos mandatarios del país y a los miembros del Congreso Nacional.
El Tribunal Constitucional también ha sido establecido en forma legal y se encuentra en pleno funcionamiento.
De esta manera, los poderes del Estado se encuentran desarrollando sus funciones con normalidad, habiendo sido constituidos de manera legítima, dentro del respeto a su profesionalidad, equilibrio e independencia.
Por estos motivos, en su discurso pronunciado ante el Consejo Permanente de la OEA, el 22 de marzo último, el Canciller de la Republica Embajador Francisco Carrión transmitió su agradecimiento a la OEA “por su apoyo político para la superación de las dificultades propias de una joven democracia como la ecuatoriana”.
Los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el período en que dejó de funcionar la Corte Suprema de Justicia debido a los sucesos políticos conocidos, no se vieron afectados pues el Ministerio Fiscal, encargado de investigar posibles violaciones a derechos humanos, las Cortes Superiores y los juzgados cantonales de primera instancia, encargados de tramitar las denuncias de posible desconocimiento de tales derechos, actuaron con absoluta normalidad, brindando de esta manera el acceso a los recursos legales previstos ante eventuales reclamos sobre protección de los derechos humanos.
En tal virtud, debo señalar que la exposición de los hechos analizados por la Comisión en su informe no permite llegar a la conclusión de que en el país la crisis política haya incidido en el irrespeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de la población.
Si bien la CIDH justifica su análisis en que “la experiencia de la Comisión demuestra que las crisis institucionales tienen consecuencias para el ejercicio y goce de los derechos”, el Gobierno del Ecuador deja constancia que el informe no consigue demostrar que en el caso ecuatoriano tales consecuencias se produjeron, y en qué magnitud. Antes bien, el informe se extiende en consideraciones y afirmaciones –respetables pero muy particulares- sobre la clase política nacional, sobre la percepción de la ciudadanía reflejada por ciertas encuestas, creíbles o no, o sobre su criterio respecto a la corrupción, sin que el análisis de estos fenómenos lleve a establecer que se han producido violaciones concretas a los derechos humanos, fundamentadas en denuncias verificables.
Dentro de este diálogo franco con la Comisión, la Delegación del Ecuador cree necesario señalar la improcedencia de que un informe de la naturaleza de los que prepara la CIDH fundamente una serie de afirmaciones en “denuncias” que dice haber recibido, y a las cuales confiere valor absoluto sin prueba en contrario toda vez que el informe no incluye elementos que definan con exactitud si las denuncias son ciertas, si están documentadas o si han sido verificadas. Este es el caso en el Informe presentado sobre la situación ecuatoriana. Al respecto mi Gobierno considera particularmente cuestionable que se incluyan ciertos datos de “denuncias recibidas”, que además se refieren a periodos lejanos al que el Informe pretende cubrir, pero sobre todo sin contrastar dichas denuncias con fuentes verificables, más aún cuando ni siquiera se ha solicitado la información respectiva al Estado afectado.
En otro aspecto, el informe en referencia incluye detenidas reflexiones y análisis sobre la situación socio-económica del país. Mi Delegación desea señalar, en primer lugar, que las dificultades para atender los complejos problemas sociales y ejecutar políticas públicas que propendan a una más equitativa distribución de la riqueza entre la población son una característica que compartimos la mayoría de países del hemisferio, con un agravante en el caso ecuatoriano: el enorme peso de su deuda externa que nos obliga a invertir casi el 50% del presupuesto nacional en el pago de la referida deuda y de sus intereses.
Sin embargo, el Gobierno presidido por el Dr. Alfredo Palacio viene realizando ingentes esfuerzos por ejecutar una política social más consistente y articulada en beneficio de las mayorías. Dos ejemplos. Se encuentra en fase de ejecución el Programa Nacional del Seguro Universal de Salud, que fomentará el acceso a servicios de salud de sectores sociales antes desprotegidos. Y, por otro lado del Fondo de Estabilización Petrolera que, hasta abril del 2005 destinaba el 70% de sus recursos al pago de la deuda externa, además del 50% ya previsto en el presupuesto nacional, hoy se encauza, en parte, para atender el pago de la deuda social en materia de salud, educación, ciencia, tecnología y financiamiento de proyectos productivos que generen empleo.
El Informe de la Comisión, en otro tema, también expresa su preocupación por el bajo nivel de representatividad de grupos particulares, como los indígenas. Sin embargo la realidad nacional demuestra que, en los últimos años, estos sectores de la población ecuatoriana han tenido activa participación en diferentes ámbitos de la institucionalidad política y social e, inclusive, han tenido roles protagónicos en la vida política del país. Así, miembros de los mencionados grupos, han desempeñado y desempeñan actualmente relevantes cargos en el Gobierno, el Congreso Nacional y en otras Instituciones del Estado. Se han creado y se encuentran en funcionamiento instituciones como la Defensoría del Pueblo y las Comisarías de la Mujer, que defienden de una manera efectiva los derechos de los grupos marginados, quienes a su vez se han organizado y han incluido sus propuestas como parte de la agenda nacional.
Otro aspecto sobre el que la Comisión expresa cuestionamientos en su informe, y que el Ecuador considera improcedente, es el que se efectúa sobre el funcionamiento de la institución del “Hábeas Corpus”. La institución del Hábeas Corpus, surgida hace alrededor de cinco siglos en el derecho anglosajón y que pasó a formar parte de diversos sistemas jurídicos occidentales, fue acogida en las Constituciones Políticas que rigieron en el Ecuador desde el Siglo XIX. En todas ellas ha sido el Alcalde Municipal o el Presidente del Concejo Municipal en los ayuntamientos menores, el funcionario encargado de determinar la presentación física del detenido, la orden de detención que deberá estar debidamente fundamentada y cumplir con requisitos y formalidades legales, así como también examinar que no existan vicios de procedimiento en la detención. La participación del Alcalde Municipal en la sustanciación del proceso de “Habeas Corpus” en ningún caso contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos que, en su artículo 7 numeral 6 establece que “toda persona privada de la libertad tiene derecho de acudir a juez o tribunal competente a fin de que decida sobre la legalidad de su arresto”. El juez competente en el Ecuador para este recurso, designado no solamente en ley ordinaria sino en la Constitución Política, es justamente el Alcalde Municipal, elegido por votación popular, funcionario que es considerado por diversas normas que regulan la protección de ciertos derechos de las personas, como el más idóneo por su autonomía e independencia frente a eventuales presiones del gobierno central y otras funciones del Estado. En el Ecuador la institución del Hábeas Corpus ha funcionado durante dos siglos con estricto apego a la normatividad jurídica y ha resultado tradicionalmente eficaz en la consecución de su objetivo, que es salvaguardar el derecho a la libertad personal a través del control de la legalidad en las detenciones.
A manera de conclusión general, señor Presidente, debo señalar que el texto del informe de la CIDH sugeriría que la inestabilidad política, que lamentablemente ha acompañado al Ecuador a través de sus diversas etapas históricas, los paros nacionales, los reclamos de ciertos sectores sociales, pero sobre todo el ejercicio legítimo del derecho de la ciudadanía para exigir de sus gobernantes el cumplimiento de sus promesas electorales y su sujeción al estado de derecho, son todos factores que conspiran contra el goce y el ejercicio de los derechos humanos de nuestra población, soslayando la realidad de que pese a tales circunstancias, ha sido tradicional y firme la postura del Estado ecuatoriano en favor del respeto y estímulo de tales derechos y libertades fundamentales y de su fortalecimiento. Las circunstancias que vive cada pueblo no admiten comparaciones. Por lo mismo, lo sucedido en otros rincones de la tierra no tiene porque ser tomado como ejemplo para la realidad ecuatoriana. Nuestras crisis políticas jamás han interferido con la promoción y defensa de los derechos humanos; gobiernos civiles, gobiernos militares, gobiernos democráticos, gobiernos dictatoriales, gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda todos han impulsado el respeto y goce de sus derechos a la persona humana. En ningún momento las instituciones militares o policiales se han enfrascado como tales en algún tipo de guerra contra la población civil. El Ecuador forma parte de la gran mayoría de instrumentos sobre derechos humanos, universales y regionales, y ha aceptado voluntariamente la jurisdicción de comisiones y comités creados para vigilar su cumplimiento. Por otro lado, nunca han existido políticas estatales para violar sistemáticamente los derechos humanos o para atentar contra la vida, dignidad y libertad de nuestros ciudadanos...Y eso habla bien y muy bien de mi país.
Resucitar una crisis institucional adecuadamente superada, con el apoyo político de la OEA, al año de ocurrida, cuando en el momento oportuno nada se dijo, no coadyuva, ciertamente a impulsar el proceso democrático en que ahora está inmerso el Ecuador. No parece ser la hora de recriminaciones o de señalamientos tardíos.
No quisiera creer, y de hecho no creo, en la vigencia de ese viejo adagio de que del árbol caído todos pretenden hacer leña, Felizmente el Ecuador no es árbol, ni accidente geográfico, ni línea imaginaria. Es un país respetable, celoso defensor de su dignidad y soberanía, que a lo largo de su vida como pueblo ha demostrado su adhesión a dos constantes: cultura y libertad. Con doce mil años de cultura, con una economía que ha salido de la etapa agraria feudal, con un pueblo noble que ha luchado siempre contra toda opresión y toda tiranía, con una sociedad civil consciente de sus derechos, el Ecuador no puede ni debe cerrar la puerta a la esperanza de un futuro mejor. En octubre próximo los ecuatorianos elegiremos un nuevo gobierno. Esta vez no tenemos derecho a equivocarnos. Con sacrificio y solidaridad, con orden y disciplina, con patriotismo y alternativas propias, intentaremos superar los desafíos e incomprensiones que se presenten.
Por último, deseo reiterar el compromiso permanente del Ecuador, y de su Gobierno con la vigencia y promoción de los derechos humanos, así como su disposición invariable para trabajar conjuntamente, y en el marco del respeto mutuo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los otros organismos del sistema en la búsqueda de los objetivos compartidos.
Finalmente, señor Presidente me permito solicitar que la presente intervención, así como el texto de las observaciones que fueran presentadas a la Comisión el pasado mes de febrero, sean adecuadamente distribuidos y publicados junto al texto del Informe en la página electrónica de la Comisión.
Muchas gracias.
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