Señor Presidente, Jefes de Delegaciones, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señoras y señores:

Antes que nada, deseo señalar nuestro reconocimiento por el apoyo expresamente dado a nuestro informe sobre el Estado de Perú presentado a esta Asamblea General, por el ilustre representante de Argentina y Estados Unidos.

Tenemos el honor de dirigirles estas palabras en compañía del Decano Claudio Grossman, Primer Vicepresidente de la Comisión; el Doctor Juan Méndez, Segundo Vicepresidente; y el Embajador Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo.

El 13 de abril pasado, la CIDH presentó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente el Informe Anual de la Comisión correspondiente a 1999, junto con el Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana y el Informe sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo dentro del sistema de determinación de la condición de refugiado en Canadá. Los informes mencionados fueron presentados para la consideración de esta Asamblea General.

En dicho informe, la Comisión Interamericana planteó una apreciación sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio y los principales desafíos a la vigencia de tales derechos. Considero que esta es una oportunidad excelente para reflexionar acerca de dicha situación que nos interesa a todos.

En primer lugar, cabe destacar la preocupación de la Comisión por actos imputables a los Estados que resultan en la vulneración de los derechos humanos fundamentales que afectan la vida, la libertad y la integridad personal.

La CIDH ha venido siguiendo los avances en materia de democracia en el hemisferio, por lo cual debe señalar con preocupación las deficiencias que continúan obstaculizando su vigencia plena. En tal sentido, hace solamente algunas semanas la República del Paraguay fue afectada por un intento armado de ruptura del orden constitucional y la democracia representativa. La reacción oportuna de los órganos políticos de la Organización en dicha oportunidad --como en otras anteriores-- es destacable, pero también es innegable la necesidad urgente de seguir fortaleciendo la democracia en dicho país y en todos los Estados miembros del hemisferio. En su reciente visita a Paraguay, el Secretario General de la OEA destacó la importancia de fortalecer el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial. Coincidimos plenamente con tales conceptos, y consideramos que las instituciones democráticas deben defenderse sin incurrir en los abusos y excesos del pasado.

La comunidad internacional ha testimoniado el desarrollo de recientes procesos electorales en el hemisferio. En el caso particular de los comicios generales de la República de Perú, los cuestionamientos generalizados de varias misiones de observación electoral --incluyendo la de la propia Organización de los Estados Americanos— han constatado serias deficiencias e irregularidades, que sin embargo no fueron tenidas en consideración por las autoridades competentes de dicho Estado miembro. La Comisión recuerda que los obstáculos y restricciones al libre goce y ejercicio de los derechos políticos constituyen una violación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en muchos casos ha sido el inicio de situaciones generalizadas de violaciones a otros derechos fundamentales de los habitantes del hemisferio.

Es fundamental la adopción de medidas para mejorar la administración de justicia en los Estados del hemisferio, y en particular la Comisión expresa su preocupación por la impunidad de las violaciones de derechos humanos que involucran a agentes del Estado, así como la utilización de la jurisdicción militar en tales casos. Entre los problemas graves que afectan a la justicia, el informe de la CIDH menciona las insuficiencias presupuestarias, falta de capacitación del personal judicial, así como la proliferación de amenazas contra magistrados, integrantes del Ministerio Público y funcionarios judiciales.

Por el impacto que tiene sobre la protección de todos los demás derechos, la Comisión sigue de cerca las denuncias sobre hostigamiento y todo tipo de ataques contra defensores de derechos humanos. En tal sentido, la Comisión ha tenido que recurrir a los distintos mecanismos de protección previstos en las normas que rigen el mandato para proteger a personas afectadas por esta situación, y lo ha señalado igualmente en sus informes generales sobre la situación de los derechos humanos en varios Estados del hemisferio.

La Comisión sigue recibiendo igualmente denuncias e información cerca de ataques y agresiones contra periodistas. La CIDH manifiesta, como lo ha hecho en varias ocasiones, su preocupación por el efecto amedrentador que tiene la falta de investigación de los atentados contra periodistas o actos restrictivos de la libertad de expresión. Siempre es oportuno recordar que el pleno ejercicio de este derecho es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en la región.

Los problemas de marginación social, racial o étnica no reciben respuesta adecuada de los Estados del hemisferio, como lo ha venido señalando la Comisión en sus informes. Se recuerda en tal sentido que el principio de no discriminación constituye uno de los soportes básicos del sistema interamericano. También es grave el cúmulo de amenazas que afectan a los niños en las Américas, debido a la pobreza, la violencia, la explotación sexual y su empleo como combatientes en situaciones de conflicto armado. La Comisión sigue evaluando además la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas, al igual que los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias en el hemisferio.

Debemos mencionar la importancia de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos mediante el incremento de los recursos materiales y humanos de los órganos de protección. Dichas medidas deben ir acompañadas por el fiel cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros de la OEA en materia de derechos humanos. En tal sentido, la Comisión reitera su voluntad e interés de seguir colaborando con los Estados y los representantes de la sociedad civil con miras a la vigencia plena de los derechos humanos en las Américas.

En nombre de la Comisión, manifestamos nuestra convicción de que todo progreso en el sistema interamericano de derechos humanos está vinculado al fiel cumplimiento por parte de los Estados miembros de las obligaciones internacionales que han asumido de manera soberana. Por ello, los Estados deben respetar tales compromisos cumpliendo de manera plena y oportuna con las decisiones y órdenes de los órganos de supervisión del sistema.

Un avance importante que debemos poner de resalto es la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte interamericana de Derechos Humanos por parte de Barbados, que se verificó el 4 de junio de 2000. La Comisión celebra este evento, que constituye una señal clara de las autoridades de dicho Estado en el sentido de ampliar y fortalecer su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, en beneficio de sus habitantes.