PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2006

DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

POR EL PRESIDENTE DE LA CIDH FLORENTÍN MELÉNDEZ

Jueves 29 de marzo de 2007

Washington, D.C.

Señor Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, distinguidos representantes de los Estados Miembros y observadores de la Organización, señoras y señores,

Como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo el honor de presentar ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, el Informe Anual del año 2006 de la CIDH.  Me acompañan en esta ocasión el Secretario Ejecutivo y el personal profesional de la Secretaría.

El informe que hoy presento ante ustedes fue aprobado por la Comisión Interamericana durante su 127º período ordinario de sesiones que tuvo lugar entre el 26 de febrero y el 9 de marzo de este año.  El informe fue preparado de conformidad con los lineamientos de la resolución AG/RES. 331 (VIII-0/78) de la Asamblea General, en observancia del artículo 57 del Reglamento de la CIDH.  El informe refleja las actividades generales de la CIDH bajo la Presidencia del Comisionado Evelio Fernández Arévalos.

Estructura del Informe Anual 2006

Como en años anteriores, el Informe Anual está dividido en tres volúmenes: los dos primeros se refieren al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el tercero contiene el informe del Relator Especial para Libertad de Expresión de la Comisión.

Asimismo, siguiendo la práctica iniciada en 1999, el Capítulo I del Informe Anual 2006 está dedicado a una evaluación de la situación de derechos humanos en el Hemisferio y de los obstáculos para el disfrute de esos derechos.

El Capítulo II ofrece una breve introducción sobre los orígenes y bases legales de la Comisión, y describe las principales actividades realizadas durante el año 2006, incluyendo las que se realizaron en el marco de los tres períodos de sesiones.  El Capítulo II también describe las visitas y otras actividades desarrolladas por la Comisión durante el año, así como las realizadas en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Capítulo III -el más largo del informe- contiene las decisiones de la Comisión respecto de peticiones y casos individuales sobre violaciones de derechos humanos en los Estados Miembros de la Organización.  Este Capítulo también incluye las estadísticas correspondientes al trabajo de la Comisión, resúmenes de las medidas cautelares adoptadas o ampliadas durante el año 2006, y una visión general del seguimiento de las recomendaciones sobre decisiones publicadas desde el año 2001.

El Capítulo IV del Informe Anual 2006 contiene el análisis de las situaciones de derechos humanos en aquellos Estados Miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos han merecido atención especial de la Comisión.  Así, el presente informe analiza la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.

Situación general de los derechos humanos en el año 2006

Desde su último informe anual, la CIDH ha constatado importantes avances en materia de derechos humanos que dan cuenta de la voluntad política de los Estados miembros de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Hemisferio.  En particular, la Comisión valora las declaraciones de la Presidenta de Chile en el sentido de que el Estado cumplirá con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la no aplicabilidad de la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.  De manera similar, la Comisión resalta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en relación con el cumplimiento de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciamiento que parte del reconocimiento de la grave situación por la que atraviesa el sistema penitenciario de una provincia de Argentina.

Cabe resaltar que cada vez es más frecuente que las autoridades judiciales nacionales tomen en cuenta en sus decisiones las recomendaciones y estándares provenientes de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.  Un ejemplo de ello es la resolución del Tribunal Constitucional de Ecuador que, siguiendo una recomendación de la CIDH, declaró inconstitucional la figura de la “detención en firme”, que era utilizada para prorrogar la prisión preventiva más allá del límite permitido por la Constitución ecuatoriana y por los estándares internacionales en la materia.  Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional ecuatoriano recomendó al Congreso Nacional adecuar urgentemente el Código de Procedimiento Penal para ajustarse a lo establecido en el fallo constitucional.  Otro ejemplo, es la adecuación de la legislación interna en Brasil a las normas internacionales sobre derechos humanos, a través de la aprobación de la Ley de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, conocida como “Lei Maria da Penha”.  Esta ley fue adoptada en atención a las recomendaciones que hiciera la CIDH en el caso del mismo nombre, y a través de ella se han mejorado sustancialmente los mecanismos de protección para las mujeres víctimas de la violencia en Brasil.

De igual forma, la Comisión Interamericana celebra la ratificación por parte de Bolivia del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  La Comisión también observa importantes avances en la situación de las personas privadas de libertad en República Dominicana, donde se han inaugurado nuevos centros penitenciarios, empleando a personal civil con apoyo de una escuela penitenciaria.

Lamentablemente, persisten aún varios desafíos.  La debilidad del Estado de derecho en varios países de la región continúa afectando la plena vigencia de los derechos humanos.  La inseguridad ciudadana, la inequidad social, la falta de acceso a la justicia, y el lento proceso de consolidación democrática y del Estado de Derecho, son sólo algunas de las áreas que requieren mayor atención de los Estados en materia de derechos humanos.  En particular, la fragilidad del poder judicial en la mayoría de países de la región, y en algunos casos los ataques contra la independencia e imparcialidad de los jueces, representan una de las dificultades más grandes que confrontan los Estados americanos para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.  Esta fragilidad se traduce en obstáculos al acceso igualitario a la justicia, en procesos judiciales lentos, y fundamentalmente en impunidad, en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Sin duda, todos los presentes somos concientes de que la marginación y la exclusión social siguen siendo los rasgos característicos de la región, lo que no sólo impide la efectiva vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de la gran mayoría de la población en el Hemisferio, sino que impide también el fortalecimiento de las instituciones democráticas.  La Comisión observa en su informe una estrecha relación entre exclusión y degradación institucional, que se expresa en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, muertes violentas, colapso de los sistemas carcelarios, detenciones ilegales y arbitrarias, golpizas y ejecuciones policiales a jóvenes de barrios populares, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza policial, abuso de la prisión sin juicio como mecanismo de control de los sectores excluidos, atropello violento a pueblos indígenas que resisten la expulsión de sus tierras, actos de discriminación por motivos étnicos y raciales por parte de las autoridades estatales, entre otros.

A pesar de que la desigualdad continúa siendo un eje central en el diagnóstico sobre la vigencia de los derechos humanos de la región, ésta sigue sin ocupar un espacio prioritario en las políticas públicas de los Estados.  En el continente rige una situación de desigualdad fáctica y jurídica que afecta a las mujeres y a los niños de la calle, así como a grupos tradicionalmente discriminados, tales como los pueblos indígenas, los campesinos, los afrodescendientes, los migrantes, las personas con discapacidad y los homosexuales.  A esto hay que añadir que millones de personas en el Hemisferio son excluidas debido a problemas de desempleo estructural, marginación social e inaccesibilidad a servicios sociales básicos.

La Comisión continúa especialmente preocupada por la creciente inseguridad ciudadana en la región y por la falta de una respuesta interinstitucional por parte de los Estados, que sea compatible con los principios de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos y del Estado de Derecho.  En ese sentido, la Comisión resalta nuevamente la impostergable necesidad de una discusión pública sobre la irrenunciable obligación de los Estados de garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a cualquier tipo de violencia, crimen y agresiones, en el marco del pleno respeto a las libertades y garantías fundamentales del ser humano.  Al respecto, la Comisión ha iniciado la elaboración de un estudio hemisférico sobre la relación entre seguridad ciudadana y derechos humanos, como una contribución a los Estados miembros para enfrentar con eficacia el reto de la prevención y erradicación de la violencia delincuencial, con irrestricto respeto de los derechos humanos.

Deseo destacar en esta oportunidad el continuo crecimiento de la aceptación y legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos, expresado a través del constante incremento en el número de personas que acuden a plantear sus peticiones, la diversidad de temas que se presentan y de organizaciones que asisten a sus audiencias, el alto nivel de representación estatal y de la sociedad civil en las mismas, el aumento de la utilización de jurisprudencia del sistema por múltiples tribunales de nuestra región, y los importantes resultados logrados en la defensa de los derechos humanos, gracias a la adecuada utilización del sistema.  Es de subrayar de manera especial la buena fe y voluntad política de algunos Estados de la región, manifestada en la conclusión de acuerdos de solución amistosa, reconocimientos de responsabilidad internacional en casos ante la Comisión y la Corte, cumplimiento de recomendaciones, así como en las invitaciones abiertas para que la Comisión pueda realizar visitas de observación de la situación de los derechos humanos en sus países.  De tal forma, la Comisión constituye un foro regional de especial importancia para debatir los desafíos que enfrentan los Estados Miembros de la OEA en el cumplimiento de su obligación de garantizar la vigencia de los derechos humanos en su territorio.  Esto demuestra que se ha avanzado en el entendimiento de que los órganos del sistema y los procesos que ante ellos se ventilan son sólo coadyuvantes de la función primordial de los Estados como garantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que el cumplimiento de los mandatos que le han sido otorgados a la CIDH exige que trabajemos no contra los gobiernos, sino con los gobiernos. Es por ello que me complace estar aquí en representación de la Comisión para llevar a cabo este espacio de diálogo con los Estados Miembros de la Organización. 

Actividades de la Comisión Interamericana durante el año 2006

Durante el año 2006 la Comisión Interamericana celebró tres períodos de sesiones: el 124º período ordinario de sesiones, que tuvo lugar del 27 de febrero al 17 de marzo de 2006; el 125º período extraordinario de sesiones, que se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, por invitación del Gobierno de Guatemala, del 17 al 21 de julio de 2006; y el 126º período ordinario de sesiones, que se celebró del 16 al 27 de octubre de 2006. 

En las sesiones de trabajo interno celebradas durante el año 2006, la Comisión dedicó especial atención al estudio y revisión de peticiones y casos referentes a distintos Estados del Hemisferio, así como al análisis de situaciones prioritarias en el área de derechos humanos.  Durante dichas sesiones la Comisión aprobó un total de 144 informes y celebró 120 audiencias en relación con casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales de derechos humanos en los distintos Estados y subregiones de las Américas. 

En el año 2006 la Comisión continuó además con el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y presentó 14 nuevos casos.

Asimismo, en el ejercicio de sus facultades de preparar estudios e informes y elaborar recomendaciones a los Estados para fomentar el debido respeto a los derechos humanos, la Comisión Interamericana discutió y aprobó el "Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, en el que se resalta la legitimidad de las actividades de promoción y protección de los derechos humanos que realizan las defensoras y defensores, que al coadyuvar una obligación esencial de los Estados, genera en éstos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos.  En marzo de 2006 la Comisión publicó también un estudio sobre la administración de justicia en Haití, a través del cual analizó las fallas sistemáticas en la protección de los derechos fundamentales del pueblo haitiano.  El estudio se denomina: “Haití: Justicia Frustrada o Estado de Derecho? Desafíos para Haití y la Comunidad Internacional.” La CIDH también publicó un informe temático sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas, a través del cual se abordan las principales manifestaciones de violencia contra las mujeres, agravadas por el conflicto armado, como son: la violencia física, psicológica y sexual; el desplazamiento forzado; el reclutamiento forzado y voluntario; la imposición de pautas de control social por grupos armados ilegales en poblaciones o territorios bajo su control; y la situación particularmente crítica de las mujeres indígenas y afrocolombianas.  El informe se denomina: “Las Mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia.”

A lo largo del año 2006 la Comisión y sus distintos relatores realizaron, además, varias visitas de trabajo a la región.  Así, la Comisión visitó Haití en el mes de mayo con el objetivo de realizar actividades de promoción; y en el mes de diciembre, con el objeto de recoger información sobre las distintas formas de violencia ejercidas contra las mujeres y niñas, la respuesta de la administración de justicia a estos hechos, y el problema de la impunidad.

La Comisión realizó también varias visitas a Colombia.  En febrero una delegación de la CIDH viajó a Bogotá para dar seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia.  En marzo se realizó una nueva visita de monitoreo a Valledupar con el propósito de observar el circuito judicial que se llevó a cabo previo al acto formal de desmovilización del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.  En abril, la delegación de la Comisión visitó la ciudad de Apartadó con el fin de observar la segunda fase de desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas.  Finalmente, en mayo se realizó otra visita de observación a Colombia durante la cual se llevaron a cabo reuniones con autoridades del Gobierno Nacional, con los funcionarios que dirigen en Colombia la oficina de la Misión MAPP/OEA, y con miembros de la comunidad internacional, de las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales.

En abril de 2006 el Relator para los derechos de la niñez realizó una visita a Paraguay, atendiendo una invitación del gobierno de dicho país, con el fin de recabar información sobre la situación de los niños y niñas de la calle en Ciudad del Este.  Durante su visita, el Relator sostuvo reuniones con niños y niñas en situación de calle, con organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre temáticas relacionadas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también con altas autoridades locales y nacionales.

Por invitación del Gobierno de Bolivia, la CIDH realizó una visita del 12 al 17 de noviembre de 2006, a fin de observar la situación general de derechos humanos en dicho país.  Durante la visita la Comisión mantuvo reuniones con altas autoridades del Estado y con numerosas organizaciones de la sociedad civil.  Asimismo, en mi calidad de Relator de país y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, participé en varias reuniones de trabajo y soluciones amistosas en el marco de los casos individuales presentados a la Comisión; y realicé visitas a varios centros penitenciarios en La Paz y el Alto, incluido un centro de mujeres privadas de libertad.

En la misma calidad de Relator de país y de Relator temático, realicé también una visita a República Dominicana por invitación del gobierno, entre el 7 y el 13 de agosto de 2006.  La visita tuvo por objeto verificar la situación de las personas privadas de la libertad en 9 cárceles del país, incluidos centros de menores de edad y de mujeres, así como realizar actividades de carácter promocional sobre el sistema interamericano de derechos humanos, y sostener reuniones con funcionarios de gobierno y con organizaciones no gubernamentales.

También, en mi calidad de Relator temático realicé una visita a Brasil del 20 al 22 de septiembre con el objeto de verificar la situación de las personas privadas de libertad en el Estado de São Paulo, que son beneficiarias de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Del 1º al 9 de diciembre presidí una visita de trabajo a Argentina como Relator del país y Relator temático, durante la cual visité varios centros de detención, incluidas comisarías policiales, un centro de detención de mujeres, y un hospital psiquiátrico; sostuve reuniones de trabajo con autoridades de los Servicios Penitenciarios Federal y Provincial, así como con miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de los centros de detención de la Provincia de Buenos Aires.  También pude realizar actividades promocionales del sistema interamericano en centros universitarios de aquél país.  Sostuve, asimismo, reuniones con altas autoridades de la Cancillería Argentina, el Ministerio de Justicia y la Defensoría de la Nación, con el fin de coordinar los esfuerzos para realizar durante el 2007 una Conferencia regional sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, que pretendemos realizar en noviembre de 2007 en Buenos Aires, con la participación de los gobiernos de la región.

Finalmente, del 11 al 14 de diciembre el Relator para los asuntos de Perú, llevó a cabo una visita de trabajo a Lima acompañado de personal de la Secretaría Ejecutiva, durante la cual sostuvieron entrevistas con el Presidente de la República, señor Alan García, y otros altos funcionarios del Estado peruano, así como con un amplio número de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones afro-descendientes y de organizaciones y comunidades indígenas.

La Comisión desea agradecer las invitaciones efectuadas por numerosos Estados miembros para que la CIDH los visite, pues las visitas permiten que la Comisión cumpla con su mandato de velar por los derechos humanos en el Hemisferio.  Sobre este particular, preocupa a la Comisión las dificultades que encuentra con el Gobierno de Venezuela al momento de desempeñar el mandato que los Estados le han conferido.  En ese sentido, uno de los aspectos a los cuales la Comisión dedicó parte de su trabajo durante el año 2006 fue el intento de materializar una visita al país, esfuerzo que se vio seriamente frustrado dada la falta de respuesta del Gobierno de Venezuela en proponer una fecha precisa para la realización de la misma por parte del Relator de país.  La Comisión considera que la imposibilidad de visitar un Estado Miembro por falta de anuencia o invitación del Gobierno, contrapone el espíritu mismo que llevó a los Estados a crear los Órganos del sistema de protección de derechos humanos.  Por ello, en su Informe anual 2006 la Comisión renueva su interés en concretar próximamente una visita oficial al país, con el fin de contribuir al desarrollo y al fortalecimiento de los derechos humanos en Venezuela, tal como regularmente se hace con muchos Estados Miembros.

Por su parte, durante el año 2006 las distintas Relatorías de la CIDH han continuado sus actividades de apoyo en el sistema de casos individuales, así como también han proseguido sus actividades de promoción y de asesoramiento a los Estados Miembros de la Organización.

En ese sentido, la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas continuó asesorando al Presidente del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.  A través de este trabajo de asesoría, la CIDH ha sido testigo de los esfuerzos de los Estados Miembros de la OEA y de los representantes de los pueblos indígenas del continente, en el proceso de negociación del proyecto. 

La Relatoría sobre los Derechos de la Mujer mantuvo como prioridad durante el año 2006 la cuestión de cómo asegurar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia, en particular cuando han sido víctimas de violencia y discriminación.  Los resultados de estos esfuerzos se han visto reflejados, por ejemplo, en el lanzamiento del informe sobre “Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas”, llevado a cabo en el marco del último período de sesiones de la CIDH, gracias al apoyo del Gobierno de Finlandia.

La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez prosiguió también sus actividades en favor de los derechos de los niños y niñas en el Hemisferio.  Es de destacar que la CIDH ha firmado un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer las actividades de esta Relatoría, el cual seguirá siendo ejecutado durante el año 2007 y le permitirá a la Relatoría desplegar actividades adicionales a las que ha venido efectuando.

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, a mi cargo, participó en numerosas actividades promocionales, de observación in loco y de asesoría a los Estados Miembros, tal como antes ha sido descrito.  La Relatoría ha seguido de cerca los reiterados incidentes que afectaron la vida, la dignidad y la integridad de las personas privadas de libertad en las Américas.  Finalmente, debo mencionar que la Relatoría a mi cargo ha avanzado significativamente en el proceso de elaboración del Proyecto de Declaración de Principios sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, a través de la cual la CIDH pretende impulsar la utilización de los principios reconocidos en los diferentes instrumentos internacionales dirigidos a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, así como de aquellos emergentes de la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos sobre la materia.  La CIDH abrió un amplio proceso de consulta regional en la que han participado varios Gobiernos, ONGs, universidades y expertos sobre la materia, cuya participación y aportaciones han contribuido a enriquecer el texto de la Declaración de Principios, la cual se pretende aprobar por la Comisión durante el año 2007, y constituye, además, una contribución de la CIDH al proceso de preparación de la Declaración Interamericana que sobre la materia han iniciado ya los Estados por encargo de la Asamblea General.

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y sobre la Discriminación Racial, continuó realizando numerosas actividades con el objeto de crear mayor conciencia en la población respecto a que el racismo y la discriminación son herramientas utilizadas para excluir e impedir el acceso de minorías políticas al ejercicio pleno de la ciudadanía en las Américas.  El Comisionado Relator asistió a la Conferencia Internacional de Intelectuales Africanos y de la Diáspora en Salvador, Bahía, Brasil. Asimismo, la Relatoría participó en la Conferencia Regional de las Américas sobre los avances y desafíos en el programa de acción contra el racismo, la discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia, llevada a cabo en Brasilia.  Ambas reuniones fueron oportunidades muy importantes para el debate sobre las formas de combate al racismo, así como para el desarrollo de estrategias que contribuyan a la implementación de políticas públicas para la reducción de las desigualdades sociales fruto del racismo.

Durante el año 2006 la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias continuó con sus actividades de promoción y asesoramiento.  Es de destacar que desde agosto de 2005 hasta finales de 2006 esta Relatoría no contó con fondos adicionales para el desarrollo de sus actividades, por lo cual su trabajo se vio mermado.  En noviembre de 2006 se recibió una importante donación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo apoyo es de gran valor para la Comisión.  Al mismo tiempo, la Comisión espera que el interés expresado por otros Estados y organizaciones sea plasmado en otros aportes financieros que permitan a la Relatoría continuar con el cumplimiento de su mandato.

Por otra parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión preparó su informe de 2006 sobre el tema, que constituye el Volumen III del Informe Anual de la CIDH.  De acuerdo al mandato de la Comisión el informe cubre los temas y las actividades que fueron prioritarias para la Relatoría durante el año, incluyendo la evaluación del estado de la libertad de expresión en el Hemisferio.  Asimismo, el informe incluye una sección sobre la jurisprudencia y doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Finalmente, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH dedicó sus labores a la publicación del Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, así como también en su difusión en diversos Estados de las Américas.  Asimismo, la Unidad continuó dando seguimiento a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el hemisferio, y al cumplimiento, por parte de los Estados, de las recomendaciones contenidas en el Informe.

En conclusión, vale decir que la Comisión ha dado cumplimiento a los mandatos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como a los mandatos que le han sido asignados por la Asamblea General y la Cumbre de las Américas. Sin embargo, varias de estas actividades son desarrolladas por la Comisión a través de contribuciones voluntarias y fuentes externas de financiamiento, debido a la falta de presupuesto regular de la Comisión.  En este sentido, debo reiterar la necesidad de que los Estados Miembros cumplan con su compromiso de aumentar el presupuesto regular de la Comisión a fin de que ésta pueda continuar atendiendo con eficacia sus crecientes responsabilidades y mandatos.

Decisiones de la Comisión Interamericana respecto a peticiones, casos y medidas cautelares

En el período bajo análisis, la Comisión decidió un total de 148 informes, incluyendo 56 informes de admisibilidad de peticiones, 14 informes de inadmisibilidad de peticiones, 10 informes de solución amistosa, 27 informes de archivo, 8 informe de publicación y 33 informes de fondo.  En el mismo período la Comisión otorgó un total de 37 medidas cautelares de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, a fin de prevenir daños irreparables a las personas.

Asimismo, durante el año 2006, la Comisión recibió un total de 1325 peticiones individuales e inició el trámite de 147 peticiones, lo que constituye un total de 1237 casos y peticiones individuales en trámite ante la Comisión durante el año 2006.

Todo esto se logró como resultado de los incansables esfuerzos del pequeño grupo de personal de la Secretaría Ejecutiva y los miembros de la Comisión.  Estas circunstancias imponen una presión considerable en la Secretaría Ejecutiva en su intento por manejar esta carga de casos en incremento y los crecientes mandatos de la Comisión en otras áreas, con un presupuesto que se mantiene constante, o incluso, es recortado en términos reales.

Dado que el mayor volumen de trabajo de la CIDH se ve reflejado en las decisiones que adopta en relación con peticiones, casos y solicitudes de medidas cautelares que se presentan para su consideración, quisiera detenerme en el análisis de algunas estadísticas que dan fe del intenso trabajo llevado a cabo por la Comisión Interamericana durante el año 2006.   

Por último, quiero resaltar que la fortaleza del sistema interamericano de protección de los derechos humanos depende del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, de las decisiones de la Corte, y de las medidas urgentes de protección.  Como se observa en el cuadro sobre el Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH  (página 1145 del Informe), varios Estados han dado cumplimiento a las recomendaciones de manera total o parcial.  Por otro lado, hay muchos casos en los que los Estados involucrados aun deben implementar, de manera plena, las recomendaciones emitidas.  En este sentido, es importante reiterar la obligación de los Estados Miembros de hacer el mayor esfuerzo posible a fin de cumplir de buena fe con las recomendaciones de la Comisión.

Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región: la situación de Colombia, Cuba, Haití y Venezuela

La Comisión Interamericana continúa con su práctica de incluir en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, un capítulo sobre la situación de los derechos humanos en aquellos Estados Miembros que han sido objeto de especial atención de la Comisión.  En base a los criterios preestablecidos por la Comisión (incluidos en su Informe Anual de 1997), la Comisión decidió incluir en el presente Informe a cuatro Estados Miembros: Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.

Respecto de Colombia, la Comisión es particularmente conciente de la compleja situación que enfrenta este país, de las consecuencias de la violencia ejercida por los actores del conflicto sobre la población civil, y de los esfuerzos del Estado por lograr la pacificación.  En este contexto, corresponde valorar los esfuerzos del gobierno colombiano en el impulso de medidas destinadas a asegurar la vigencia de los derechos humanos.  En particular, la CIDH desea resaltar el “Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sindicales”, el cual protege a numerosos beneficiarios de medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión y la Corte Interamericanas, respectivamente.  Asimismo, la CIDH reitera la necesidad de continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de protección establecidos mediante estos programas.

Sin embargo, a pesar de las iniciativas de promoción de los derechos humanos emprendidas por el Gobierno colombiano y de la disminución en las cifras de ciertas violaciones a los derechos humanos, conviven aún en Colombia los efectos del conflicto armado, los cuales continúan golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil.  Las manifestaciones de violencia perviven junto a los esfuerzos desplegados a fin de desmovilizar a los grupos armados al margen de la ley, y los intentos por administrar justicia aún no han mostrado resultados en términos de efectividad, reparación integral y remoción de los actores de violencia.

Durante el año 2006, la Comisión ha observado varios obstáculos en el proceso de desmovilización de los actores armados y el desarrollo y aplicación de su marco legal, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos vulnerables, y las continuas amenazas a defensores de derechos humanos y líderes sociales.  Asimismo, la CIDH continúa preocupada por la falta de esclarecimiento judicial de la mayoría de masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas realizadas por los actores en el conflicto armado interno como estrategia contra la población civil.

La Comisión continuó recibiendo información sobre la situación de violencia que aqueja a grupos vulnerables en Colombia, en particular los pueblos indígenas y los consejos comunitarios y comunidades afrodescendientes, en especial en ciertas regiones del país cuyos miembros son blanco de violencia en forma individual y colectiva, lo cual pone en peligro su autonomía y sus derechos territoriales y culturales.

La Comisión Interamericana ha dado un seguimiento cercano al proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia, en particular a aquellos aspectos del proceso que se relacionan con la vigencia y cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.  Durante el año 2006 la CIDH recibió preocupante información sobre la continuidad de crímenes perpetrados contra la población civil por parte de actores que se habrían reagrupado o continuarían operando tras la desmovilización, en violación a los compromisos asumidos.  Estos crímenes se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad, y redundan en la continuidad del fenómeno de desplazamiento interno.  El año 2006 marca la culminación de la fase de desmovilización de las autodefensas unidas de Colombia (AUC), y Colombia enfrenta el desafío de mostrar resultados concretos de la desarticulación de las estructuras armadas del paramilitarismo e implementar el marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados por las AUC. 

La CIDH resalta una vez más la necesidad de emplear mecanismos efectivos de negociación a fin de terminar con la violencia que afecta a los habitantes en Colombia desde hace cuatro décadas, y recuerda que el respeto de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas del conflicto armado, son cruciales para alcanzar una paz duradera y fortalecer la administración de justicia en Colombia, garantizando la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos.

Respecto de Cuba, la Comisión continuó observando y evaluando la situación de los derechos humanos de sus habitantes.  Dentro del período de este informe recibió información sobre violaciones a la libertad de expresión; la precaria condición de detención de las personas privadas de libertad, en razón de ser disidentes al gobierno; la práctica sistemática de actos de repudio contra opositores políticos; y la vulneración de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, situaciones que se ven particularmente agravadas por la falta de independencia del poder judicial.  La Comisión considera necesario insistir en que la manifestación pacífica de opiniones diversas a las del gobierno cubano no puede ser criminalizada.

Las restricciones a los derechos políticos y a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos, situación que también se ve particularmente agravada por la falta de independencia del poder judicial.  Asimismo, la Comisión considera necesario reiterar que la falta de elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo , vulnera el derecho a la participación política consagrado en el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En su Informe Anual de 2006, la Comisión señala una vez más el impacto negativo de las sanciones económicas sobre los derechos fundamentales de la población cubana, y reitera la necesidad de poner fin de inmediato al embargo económico, comercial y financiero que pesa sobre Cuba desde hace más de 40 años.

Respecto de Haití, la Comisión continúa preocupada por la falta de protección y garantías frente a las graves violaciones de derechos humanos que afectan a la población, particularmente a mujeres, niños, defensores de derechos humanos y periodistas.  La Comisión observa que persisten altos niveles de violencia en Puerto Príncipe, y que esta violencia ha cobrado cientos de vidas y víctimas de secuestros, debido al pronunciado deterioro de la situación de seguridad existente en Haití.  Alarma a la Comisión la persistencia de esas condiciones sin que se aplique una estrategia y medidas eficaces de control y prevención de dichos actos de violencia, y el hecho de que la situación de inestabilidad provocada por confrontaciones de bandas armadas e intimidación de civiles siga arraigándose en Haití. 

Si bien los niveles de violencia disminuyeron durante el período electoral a principios del 2006, y se creó una nueva Comisión Nacional de Desarme, desde mediados de 2006 Haití ha venido experimentando un proceso de reintensificación de la violencia.  Esta situación obedece en gran medida a la proliferación de bandas armadas y a la consolidación de las actividades de bandas criminales organizadas que ejercen el control exclusivo de varias partes del territorio, sumadas a la incapacidad de las fuerzas policiales de responder eficaz y adecuadamente a este fenómeno.  Preocupa a la Comisión la proliferación de actos sistemáticos de secuestro, la utilización de niños por parte de grupos armados, la explotación física y sexual de mujeres en actividades delictivas, y la falta de una respuesta adecuada por parte del Estado para llevar a la justicia a los responsables de estos actos.  En ese sentido, la Comisión, al tiempo que subraya la importancia de la prevención del crimen y la captura de criminales peligrosos para brindar mayor seguridad a la población, hace hincapié nuevamente en la prohibición de arrestos y detenciones arbitrarias consagrada en el artículo 7 de la Convención Americana.

La Comisión reitera en su Informe que el logro de una paz duradera en Haití exige que el Estado, en cooperación con la población haitiana y con respaldo de la comunidad internacional, adopte medidas decisivas para desarmar efectivamente a todos los que poseen armas ilegales, lleve a cabo un diálogo constructivo conciliatorio entre los distintos sectores para promover el consenso social y político, adopte pasos firmes para poner fin a la impunidad por abusos de los derechos humanos, y respalde la economía nacional para lograr mayores alternativas de empleo y autosostenibilidad para los haitianos.

Respecto de Venezuela, la Comisión continúa preocupada por la situación de la administración de justicia, la impunidad que rodea las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales a manos de autoridades estatales, la precaria situación de las personas privadas de libertad, y el ambiente de presión política que estarían recibiendo diversos sectores de la sociedad civil.

En relación con la administración de justicia, preocupa a la Comisión la falta de garantías de imparcialidad e independencia de los operadores judiciales y la situación de impunidad frente a las violaciones de derechos humanos, particularmente violaciones al derecho a la vida.  La seguridad ciudadana en Venezuela constituye un aspecto de especial preocupación de la Comisión dados los altos niveles de impunidad respecto a las numerosas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales bajo el fenómeno de “ajusticiamiento” de presuntos delincuentes, precisamente en el marco del supuesto “resguardo de la seguridad ciudadana”.  Asimismo, la Comisión ha conocido cifras preocupantes de los asesinatos cometidos bajo la modalidad de “sicariato”, y ha recibido  información sobre el lento avance de las investigaciones respectivas.

También siguen siendo materia de especial preocupación para la Comisión los actos de violencia contra las personas privadas de libertad en Venezuela registrados en el año 2006, ocasionando la pérdida de vidas y graves lesiones físicas de centenares de personas privadas de la libertad en instituciones penitenciarias.

El Informe anual de la Comisión incluye también algunas observaciones y recomendaciones formuladas en relación con el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que podría tener implicaciones respecto al ejercicio del derecho a la libertad de asociación en general y, en particular, a la labor que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos que reciben financiamiento externo para sus actividades.

Durante el año 2006 la Comisión también ha tomado conocimiento de numerosas situaciones que afectan el normal ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, incluyendo el asesinato de dos periodistas, actos de agresión y amenazas contra otros periodistas, el aumento del número de procesos penales en contra de comunicadores sociales, y actos que podrían configurar formas de restricción indirecta al ejercicio de esta libertad democrática fundamental.  En especial, la Comisión recibió información según la cual algunas autoridades de gobierno habrían anunciado la revisión de la concesión de ciertos medios de comunicación, por motivos que podrían incluir la línea informativa de tales medios.  Al respecto, la Comisión reconoce la potestad del gobierno de administrar el espectro radioeléctrico, de establecer previamente los términos de duración de las concesiones, y de decidir sobre su renovación a la finalización de los plazos respectivos.  Tal potestad, sin embargo, debe ser ejercida tomando igualmente en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, que incluyen, entre otras, la de garantizar el derecho a expresar ideas y pensamientos de toda índole, sin que se adopten restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión sobre la base de la línea editorial de los medios de comunicación.

En los anexos del Informe Anual se agrega información sobre el estado actual de ratificación de los tratados sobre derechos humanos del sistema interamericano, así como comunicados de prensa emitidos por la Comisión durante el 2006, y discursos pronunciados a nombre de la Comisión en el mismo período.

En relación con el estado actual de la ratificación de los tratados sobre derechos humanos, quiero resaltar que, como se desprende de los gráficos siguientes, éste es uno de los grandes desafíos pendientes para la vigencia de los derechos humanos de los habitantes de las Américas, lograr la plena universalización de los instrumentos de derechos humanos en el Hemisferio.

Conclusión

Señor Presidente, Señores Representantes de los Estados Miembros, observadores de la Organización, estimados colegas, damas y caballeros,

No quisiera concluir mi presentación sin dejar de resaltar que el apoyo de los Estados Miembros y su colaboración con el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son cruciales para asegurar la genuina efectividad del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

La Comisión y la Corte son, conforme al propósito de los Estados Miembros, medios para ayudar al desarrollo de "un régimen de libertad personal y de justicia social" en la región, que es el objetivo final consignado en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Acorde con ello, la Comisión renueva su compromiso de trabajar con los Estados Miembros en el cumplimiento de su mandato para defender, ante todo, la dignidad humana, mediante el cabal ejercicio de su mandato en la protección y la promoción de los derechos humanos.

En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiero expresar nuestra gratitud por la cooperación que los Estados Miembros han brindado a la Comisión para que ésta continúe honrando ese compromiso común de velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas de nuestro Hemisferio.  Quiero agradecer, asimismo, al Secretario General Señor José Miguel Insulza, por apoyar constantemente nuestro trabajo; por reconocer efectivamente la independencia de la Comisión dentro de la Organización de los Estados Americanos; por requerir de los Estados el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión; y a la vez, por apoyar la gestión de aumento presupuestario, tan necesaria para cumplir a cabalidad nuestro mandato.

A pesar de dichos esfuerzos, los montos previstos en el programa-presupuesto anual de la Organización no corresponden a las necesidades reales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  La CIDH ha recibido con entusiasmo los mandatos asignados a ella por la Asamblea General, así como los encomendados por las Cumbres de las Américas, toda vez que demuestran la creciente legitimidad del sistema y el reconocimiento de los Estados de su relevante rol dentro de la Organización.  Sin embargo, la capacidad de la Comisión Interamericana de cumplir con sus amplios y diversos mandatos requiere un compromiso equivalente en el plano de la asignación de los recursos financieros y humanos.

El monto del presupuesto de la Comisión previsto para 2007 es de US$ 3,677,700, lo que representa el 4.5% del presupuesto global de la Organización (US$ 81.500.000).  Al respecto, quiero agradecer el compromiso y apoyo financiero efectuado por los gobiernos de los siguientes países Miembros de la Organización: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, República Dominicana y Venezuela, que con sus contribuciones hicieron posible el trabajo de la Comisión durante el año 2006.  Asimismo, a nombre de la Comisión deseo invitar a todos los Estados Miembros a que se solidaricen con la asignación de mayores recursos para el adecuado y regular funcionamiento de los órganos de derechos humanos del sistema interamericano.

La situación presupuestaria actual obliga a la Comisión a cubrir muchos de sus gastos a través de fondos específicos, por lo que no puedo dejar de lado esta oportunidad para expresar mi gratitud por las contribuciones recibidas de Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suecia, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, la Fundación Open Society, y la Secretaría del Commonwealth, las cuales hicieron posible llevar a cabo múltiples actividades vitales para el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos en la región.

Finalmente, deseo expresar mi especial aprecio y reconocimiento al sentido de responsabilidad, profesionalismo, solidaridad, entrega y dedicación con el que laboran el Secretario Ejecutivo y el personal administrativo y profesional de la Secretaría, cuyo trabajo incansable tiene un impacto fundamental en los esfuerzos de la Comisión para proteger y promover los derechos humanos en el Hemisferio.