COMUNICADO DE PRENSA
No.
54/10
CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
Tegucigalpa, 19 de mayo de 2010 - La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Honduras del
15 al 18 de mayo de 2010, con el objeto de hacer un seguimiento a la
visita in loco efectuada en agosto de 2009 y al
Informe Honduras:
Derechos Humanos y Golpe de Estado. La delegación estuvo compuesta por
el Presidente de la CIDH, Felipe González; el Primer Vicepresidente,
Paulo Sérgio Pinheiro; el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton; la
Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina
Botero; y personal de la Secretaría Ejecutiva.
La CIDH tuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado,
defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales,
representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación. Además, se reunió con representantes del
sistema de Naciones Unidas en Honduras y con embajadores del Grupo de
Seguimiento a la Declaración de Estocolmo (G 16). En un plazo breve, la
Comisión hará público el Informe sobre la visita.
Al finalizar la visita la Comisión expresa su profunda preocupación
porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto
del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009. Sin
perjuicio de los avances realizados para el retorno a la
institucionalidad democrática, la CIDH y la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión han recibido información sobre el asesinato de
varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de
derechos humanos. La CIDH y la Relatoría Especial han manifestado su
profunda preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que
conduzcan al esclarecimiento de estos hechos. Sin perjuicio de la alta
tasa de criminalidad que en general existe en Honduras, la CIDH
considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón
de violencia que la CIDH denunció en el Informe Honduras: derechos
humanos y golpe de Estado, publicado el 20 de enero de 2010.
La CIDH también recibió información sobre las amenazas y hostigamientos
que han recibido defensoras y defensores de derechos humanos,
periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros de la
Resistencia. Varios docentes han sido amenazados y hostigados por su
actividad en contra del golpe de Estado. Asimismo, se recibió
información sobre amenazas y agresiones contra comunicadores para
impedir que sigan cumpliendo con su labor.
Desde el golpe de Estado, la CIDH ha otorgado medidas cautelares para
proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en
situación de riesgo. Durante la visita, la CIDH recibió información que
indica que el mecanismo de coordinación interinstitucional para la
implementación de las medidas cautelares es inefectivo. Es fundamental
que se provea a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del
personal idóneo y recursos suficientes para que pueda responder de
manera eficiente a las medidas cautelares de la CIDH.
De especial preocupación son los actos de hostigamiento contra jueces y
juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado. La
Comisión se reunió con miembros de la Asociación de Jueces por la
Democracia, quienes fueron despedidos de sus cargos por la Corte Suprema
de Justicia (CSJ). Sin perjuicio de las motivaciones formales que pueda
argumentar la CSJ, las causas que motivaron el proceso y la decisión
final están vinculadas indudablemente a la participación en
manifestaciones contra el golpe de Estado, o haber expresado su opinión
contra el mismo. El sistema interamericano de derechos humanos ha
expresado reiteradamente el rol central del Poder Judicial en el
funcionamiento del sistema democrático. Es inaceptable que las personas
encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre
democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la
democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta
situación que afecta seriamente el estado de Derecho.
La Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones
a los derechos humanos, tanto las verificadas por la CIDH y la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como las que
continúan ocurriendo. La Comisión fue informada que sólo una persona
está privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, sólo 12
han sido imputadas y los procesos no avanzan, entre otros factores, por
la falta de investigación de los distintos órganos del Estado, en
particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las
investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los
derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la CSJ que
debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la CSJ
durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado,
sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro,
despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías
democráticas.
En relación con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) es
importante destacar la importancia que estas instituciones han tenido en
numerosos países de la región. La Comisión ha expresado que el derecho a
conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos
humanos así como el derecho a conocer la identidad de quienes
participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte
en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los
familiares de las víctimas como a la sociedad en general.
La CVR ha iniciado sus funciones hace sólo 14 días. Actualmente se
encuentra en el proceso de emitir su propio reglamento interno, plan de
trabajo y metodología. Es fundamental que la CVR cuente con recursos,
personal e independencia suficiente para realizar su trabajo de manera
efectiva. Asimismo, es necesario que en la definición de su reglamento,
plan de trabajo y metodología se incorpore como eje central de su
trabajo la investigación de las denuncias de violaciones a los derechos
humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado. La CIDH seguirá de
cerca el trabajo de la CVR.
Sin perjuicio de las acciones que en definitiva realice la CVR, ellas no
eximen al Estado de su obligación internacional de investigar, juzgar y
sancionar por vía judicial a los agentes estatales que hayan cometido
violaciones a los derechos humanos.
La Comisión valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de
derechos humanos. Sin embargo, observa que a la fecha no ha recibido los
recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo
y de transformación del Estado hacia una cultura de respeto a los
derechos humanos. Con la estructura actual, es prácticamente imposible
que la Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia
de los derechos humanos.
Finalmente, la CIDH desea expresar que las violaciones a los derechos
humanos afectan de forma especial a aquellos sectores de la población
históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y
los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y
garífuna.
La visita de la CIDH contó con todas las facilidades necesarias para
llevar a cabo su misión. La CIDH manifiesta su agradecimiento a los
representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y
agencias internacionales por la información y la colaboración
proporcionadas. La Comisión recuerda que de acuerdo a lo establecido en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en su Reglamento, no se
deben tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o
entidades que hayan cooperado con la CIDH mediante informaciones o
testimonios.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), que deriva su mandato de la Carta de la OEA y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está
conformada por siete miembros independientes que actúan a título
personal, sin representar a ningún país y son elegidos por la Asamblea
General de la OEA.
Enlaces útiles:
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